El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido 18 resoluciones este verano sobre la limpieza de solares privados y lugares públicos, advirtiendo el peligro de incendio que supone no efectuar un adecuado mantenimiento de las vías y espacios públicos, así como fincas privadas ubicadas en el entorno urbano que pueden también supone un riesgo en caso de incendio.
De las 18 resoluciones que se recogen en su información pública categorizadas dentro de incendios, 17 se han emitido desde el 21 de agosto hasta mediados de septiembre, justo en plena explosión de la peor oleada de incendios de la historia autonómica, que se ha cebado especialmente con la provincia de León, donde se ubica la sede del defensor del pueblo de la comunidad.
Las resoluciones son reclamaciones de ciudadanos sobre la no actuación de las administraciones locales ante la exigencia de mantenimiento adecuado de solares y parcelas, tanto públicas como privadas. El Procurador del Común recrimina en todas ellas la persistente inactividad de los ayuntamientos para hacer cumplir la normativa vigente. Entre los que han recibido escritos están los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo, Cistierna, Burgos o San Bartolomé de Béjar (Salamanca), ya que en varios casos el defensor autonómico borra el nombre del municipio al que le ha realizado el requerimiento.
La mayoría de las quejas recibidas por el Procurador se centran en el estado de abandono de parcelas privadas, tanto urbanas como periurbanas, donde la acumulación de maleza y vegetación seca constituye un “riesgo objetivo, severo y evidente de incendio”. Esta situación, señalan varias resoluciones, se agrava en el contexto de emergencia climática y el aumento de incendios forestales y de interfaz urbano-forestal.
En las resoluciones se reitera que la responsabilidad principal de mantener los terrenos en condiciones de seguridad recae en sus propietarios, emanado por la Ley de Urbanismo de Castilla y León y que no requiere de un aviso previo por parte de la administración.
Pero los ayuntamientos tienen un deber subsidiario, que es instar al propietario a la limpieza del solar a cumplir la normativa de tenerlo en condiciones de seguridad. Teniendo incluso herramientas legales, recuerda el Procurador, de órdenes de ejecución subsididiaria a costa del propietario. Además, se puede imponer multas coercitivas a quienes no se hagan cargo de su solar.
En las resoluciones sobre fincas privadas el Procurador subraya que los ayuntamientos tienen el deber el cumplimiento de la ley y actuar ante su inobservancia y que la pasividad municipal puede derivar en responsabilidad patrimonial para la administración en caso de producirse daños a terceros como puede suceder en un incendio. Y en el caso de fincas o espacios públicos el defensor del pueblo autonómico recalca la obligación de los ayuntamientos de mantener los espacios públicos en las pertinentes condiciones de seguridad.
“Cuando se trate de actuaciones de conservación que hayan de ser reiteradas año tras año como, por ejemplo, las de desbroce y limpieza de maleza, ha de tenerse en cuenta esa circunstancia para que ese Ayuntamiento actúe periódicamente en el ejercicio de las competencias antedichas, ejercitando la orden de ejecución e, incluso, la ejecución subsidiaria a costa del propietario del bien si fuera necesario, a fin de que las fincas se mantengan en adecuado estado de conservación”, señala de forma reiterada el Procurador.
Además, en algunos casos el Procurador reprocha que las quejas ciudadanas no es que no hayan sido atendidas, es que ni siquiera han sido contestadas, lo que contraviene los principios de buena administración por lo que se deben regir.
Riesgo de incendio por un parrillada popular
Una de las resoluciones más llamativas se ha dado en la provincia de León, aunque el Procurador no desvela ni el ayuntamiento ni la junta vecinal afectadas. Se trata de una resolución de una denuncia presentada hace un año, en julio del 2024, al advertir un vecino que se regulara la celebración de una parrillada popular celebrada en el casco urbano en unas fiestas. Según el denunciante la celebración del evento sin las debidas autorizaciones, suponía un grave riesgo de incendio por realizarse junto a viviendas.
La investigación del Procurador desveló que la parrillada de julio de 2024 se llevó a cabo sin ningún tipo de autorización alguna. El ayuntamiento admitió no tener conocimiento previo de los hechos debido a la falta de vigilancia y la junta vecinal, presunta organizadora, no ha responido al Procurador del Común pese a ser requerida en cuatro ocasiones. Este hecho ha provovcado que se incluya en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras.
La resolución del Procurador señala la necesidad de compatibilizar las celebraciones festivas con derechos constitucionales como el disfrute de un medio ambiente adecuado, la salud y la inviolabilidad del domicilio. Se recuerda que la Ley 7/2006 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León exige autorización municipal para estas actividades, pudiendo denegarse si menoscaban derechos de terceros. Además, es imperativo que los organizadores suscriban un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de daños e incendio, conforme al artículo 6 de dicha ley.
Por ello el Procurador del Común insta al ayuntamiento a autorizar expresamente y de forma motivada la ubicación de futuras parrilladas, eligiendo un lugar seguro y alejado de las viviendas para evitar la arbitrariedad. Y a la junta vecinal se le pide motivar sus propuestas de ubicación y cumplir con la suscripción del seguro obligatorio. Finalmente, se solicita que, de ser necesario, se requiera la intervención de la Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas y, en caso de incumplimiento, formular las denuncias pertinentes.
Anillos de seguridad en los pueblos
Precisamente hace unos días la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales han acordado priorizar la creación de “anillos de seguridad” o cortafuegos alrededor de las localidades en municipios de alto riesgo de incendios, 114 en León, para impedir que los incendios forestales lleguen a las viviendas, medida que ya estaba proyectada en 2013. Se contempla que en 2026 todos los núcleos de población considerados de alto riesgo (714 municipios en toda la comunidad) dispongan de estos perímetros protectores. Además, la Junta asumirá la financiación completa para la compra de maquinaria pesada y subvencionará planes municipales de prevención y evacuación, además de colaborar en la revisión de infraestructuras como hidrantes o bocas de riego.
El acuerdo surgido tras los graves incendios de agosto que han arrasado más de 100.000 hectáreas solo en la provincia de León también se ha comprometido una inyección de 2 millones de euros para mejorar las condiciones de brigadistas, voluntarios y personal municipal en cuanto a equipamiento, comunicación y protección laboral. Además, se pretende flexibilizar la normativa para permitir que los ayuntamientos intervengan más fácilmente en la limpieza y mantenimiento de sus entornos, reduciendo burocracia, fomentando prácticas como las quemas controladas, y articulando colaboración entre instituciones provinciales, municipales y organizaciones agrarias.