La mayoría absoluta del PP en la Cámara Baja le ha servido para aprobar —a pesar de contar con el rechzo en bloque de todos los grupos de la oposición— la nueva Ley de Parques Nacionales. Tan solo se han considerado 3 de las 166 enmiendas propuestas, en concreto, una del PSOE, otra de CIU y una más del grupo de la Izquierda Plural.
La norma incluía una moción sobre la imposibilidad de desarrollar proyectos urbanísticos en los Parques Nacionales, con la excepción de aquellos en los que haya núcleos urbanos. Sin embargo, es aquí donde radica la polémica, tal y como informó Ileón.com, puesto que una de esas excepciones la constituye el de los Picos de Europa —además del de Monfragüe—, dado que en él se encuentran los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, lo que ha provocado la contundente respuesta de asociaciones ecologistas al considerar que se trata de “una ”peligrosa excepción para la transformación urbanística en los parques“.
Otro punto de confrontación es el tratamiento de la caza, que para los grupos ecologistas esta nueva norma la favorece y facilita, camuflándola con autorizaciones justificadas por el “control de poblaciones”. Según las asociaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF esto desmonta el espíritu con el que nacieron los parques nacionales y pone en riesgo su continuidad.
En líneas generales, esta ley introduce como novedades la prohibición de la construcción —con las excepciones antes referidas—, la caza, la pesca y la tala comercial, así como permite navegar en Monfragüe y el vuelo sin motor en Guadarrama. Después de superar la votación del Congreso continúa su trámite parlamentario en el Senado.
La oposición la considera una ley partidista
Todos los grupos de la oposición mostraron su rechazo a la norma con distintos argumentos. El portavoz del PSOE, Alejandro Alonso, fue el más beligerante, al asegurar que la ley, que modificaría la vigente, de 2007, responde a “algún prurito personal de algún alto cargo del Ministerio” de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente relacionado con “intereses económicos”.
Alonso señaló que la Ley de Parques Nacionales de 2007 se aprobó con “el consenso de todos los grupos” y que la modificación normativa obedece a “la obsesión del PP por degradar las políticas ambientales”. “Ustedes van a cambiar una ley consensuada por una ley partidista”, añadió dirigiéndose a los diputados populares, al tiempo que destacó que la normativa vigente cuenta con “el respaldo del movimiento ambiental y científico, y el consenso de todas las comunidades autónomas”, así como que “terminó con décadas de conflictos competenciales” y se ha aplicado “razonablemente bien” y “sin conflictos”.
Además, solicitó a los populares mayor precisón porque la norma permite actividades de “control de poblaciones” que pueden llevar aparejadas “monterías encubiertas”. “¿Van a permitir que se realicen monterías en los parques nacionales o no? Creo que molestan a las organizaciones ecologistas y a los cazadores”, apostilló.
El portavoz de CiU, Martí Barberà, enumeró en su intervención un sinfín de motivos de rechazo, todos ellos relacionados con la “invasión competencial flagrante” hacia las comunidades autónomas, encargadas de la gestión de estos espacios verdes. Álvaro Sanz (La Izquierda Plural), Toni Cantó (UPyD) y Olaia Fernández (Grupo Mixto) también mostraron argumentos contrarios a la aprobación del proyecto de Ley de Parques Nacionales.
Por contra, Olga Iglesias y José María Alonso, del PP, aseguraron que, con este proyecto de ley, “el Gobierno muestra su compromiso con el medio ambiente y con la biodiversidad”, que uno de sus “hitos” es “mejorar la coordinación de la red estatal de los parques nacionales”.