La planta de biometano de Val de San Lorenzo suma oposición: agua en cubas, 74 camiones al día y 5 empleos fijos

La oposición al proyecto de una planta de biometano en el municipio de Val de San Lorenzo crece al mismo tiempo que salen a la luz los detalles de una instalación de una dimensión considerable: gestionará 233.500 toneladas de residuos y subproductos orgánicos al año de origen agroganadero, circularán casi 80 camiones al día y el suministro de agua que tendrá que realizarse mediante cisternas porque la parcela elegida no dispone de conexión a una red de abastecimiento. Un conjunto de características que alimenta las dudas sobre su encaje en el entorno pese a que el Estudio de Impacto Ambiental sometido a evaluación no identifica efectos severos o críticos.

La planta está proyectada por una empresa filial del grupo ID Energy Group y sus dimensiones han levantado una importante movilización en Astorga y la comarca maragata, que ya acusa la presencia de numerosos proyectos de gestión de residuos de todo tipo, desde el vertedero provincial de San Román de la Vega, el macrovertedero industrial de residuos peligrosos autorizado en San Justo de la Vega a la planta de tratamiento de lodos de despuradora proyectada en la localidad de Piedralba.

El nuevo proyecto contempla una inversión de 9,45 millones de euros con una previsión de empleo permanente de cinco puestos de trabajo directos y una estimación de alrededor de diez empleos indirectos, además del personal temporal durante la construcción de la instalación.

La nueva planta de biometano se suma a la otra decena que se han solicitado en la provincia de León, algunas con notable controversia, mientras que las empresas promotoras las defienden para una adecuada gestión de residuos de la creciente cabaña ganadera de la provincia de León. En las polémicas se han posicionado algunos ayuntamientos como Cistierna, que se ha endurecido sus normas urbanísticas para poner trabas a estos proyectos.

El nuevo proyecto de biometano se ubica a apenas dos kiómetros del casco urbano de Astorga y a 3,5 kilómetros de la cabecera del municipio de Val de San Lorenzo y coincidente al Camino de Santiago en el trazado soterrado de línea eléctrica. El estudio de impacto ambiental señala su cercanía a otros proyectos de gestión de residuos, como la proyectada planta de lodos de Piedralba.

Este periódico se ha puesto en contacto con ID Energy para conocer más datos sobre el proyecto sin que en el momento de publicar esta información se haya recibido respuesta.

Agua en camiones cisterna para una planta sin red

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la falta de instalación de red de agua. La parcela donde pretende construirse la planta carece de red de abastecimiento, por lo que el agua industrial tendrá que llegar en camiones cisterna y almacenarse en un depósito de 50 metros cúbicos. El proyecto calcula para el funcionamiento ordinario un consumo industrial de 982 metros cúbicos al año, con aproximadamente un llenado semanal del depósito.

A ello se suma el agua potable y sanitaria necesaria para trabajadores, vestuarios, aseos, cantina y laboratorio, también transportada desde el exterior mediante cisternas. En este caso se calcula un consumo de 60 metros cúbicos anuales durante la explotación, mientras que durante las obras la previsión alcanza los 100 metros cúbicos al mes. Según el promotor ese agua será llevada por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo en camiones cistierna. Además, antes de la puesta en marcha será necesaria una aportación extraordinaria de 8.000 metros cúbicos de agua para las pruebas hidrostáticas de las instalaciones.

El promotor sostiene que el proceso de digestión anaerobia no necesita grandes cantidades adicionales de agua porque los purines y demás materias primas que entrarán en los digestores ya presentan un elevado contenido de agua. De ahí que no sea necesaria una conexión a redes de abastecimiento. También plantea un sistema de recirculación que reutilizará aguas de limpieza, condensados del biogás, lixiviados y purgas. La planta se proyecta con el denominado 'vertido cero', sin evacuación de aguas residuales al medio ni al dominio público hidráulico, pero esa solución obliga a mantener depósitos estancos, fosas y un sistema permanente de retirada de determinadas aguas mediante gestores autorizados.

Olores, contaminación y fugas

El informe del proyecto analiza 26 factores ambientales relacionados con la atmósfera, los recursos naturales, los suelos, las aguas, la vegetación, la fauna, el paisaje y las consecuencias socioeconómicas. Entre ellos figuran expresamente la emisión de polvo, ruido, gases y olores; el consumo de recursos; la destrucción, compactación o contaminación del suelo; y los posibles efectos sobre las aguas superficiales y subterráneas. También se estudian las afecciones sobre hábitats, fauna, paisaje, espacios protegidos, vías pecuarias y patrimonio cultural.

La evaluación considera que la construcción será el momento de mayor impacto: un 65,38% de los factores analizados presentan efectos negativos, de los que un 58,82% se califican como moderados. Durante el funcionamiento, el estudio rebaja esa afección y considera compatibles el 76,92% de los impactos negativos y moderados el 23,08%. La conclusión oficial del promotor es, por tanto, que no existen afecciones severas ni críticas, aunque la extensión de medidas preventivas incorporadas al proyecto muestra la variedad de riesgos ambientales que deberán mantenerse bajo vigilancia durante toda su vida útil.

El olor es uno de los elementos que más se analiza en el proyecto. Según el documento en información pública los residuos tendrán que llegar en cubas o cajas estancas, evitando en lo posible atravesar núcleos urbanos, mientras que la recepción y determinadas operaciones deberán realizarse en naves cerradas y en depresión, con cortinas de PVC y un sistema de desodorización mediante biofiltros. También deberá protegerse el suelo frente a posibles fugas de lixiviados, digestato, combustibles u otros líquidos. Todas las zonas de carga, descarga y almacenamiento tendrán que estar pavimentadas e impermeabilizadas y el proyecto establece redes independientes para pluviales, aguas grises y lixiviados.

El biogás incorpora además riesgos propios de una instalación industrial de estas características. Antes de su transformación deberá pasar por filtros de carbón activo para eliminar sulfuro de hidrógeno, mientras que los excedentes podrán quemarse en una antorcha de seguridad a temperaturas de entre 600 y 850 grados. La fábrica tendrá zonas diseñadas para atmósferas potencialmente explosivas, vigilancia mediante un sistema capaz de detectar fugas o anomalías de presión y protocolos de parada de emergencia. Incluso se prevé contratar un plan específico de desratización y desinsectación ante la posible atracción de plagas hacia las zonas donde se almacenarán residuos.

Más de 233.000 toneladas de purines y estiércoles cada año

La dimensión de la planta se aprecia especialmente en la cantidad de materia que deberá alimentar los digestores: 233.500 toneladas cada año, aproximadamente 113.500 toneladas de sustratos sólidos y otras 120.000 toneladas de materiales líquidos, una infraestructura diseñada para recibir de forma continua grandes volúmenes de residuos ganaderos.

Algo más de la mitad de toda esa materia será purín procedente de cerdos de engorde, con 120.000 toneladas anuales, el 51% del total. Le seguirán 41.000 toneladas de estiércol bovino, 33.000 de ovino y caprino, 30.000 de gallinaza y otras 9.500 toneladas de estiércol porcino. La digestión de esta mezcla permitirá obtener biogás, que posteriormente será depurado hasta producir biometano, pero dejará también enormes cantidades de digestato sólido y líquido que tendrán que abandonar nuevamente la planta.

El proyecto contempla captar estas materias fundamentalmente entre las explotaciones ganaderas del entorno y fija como zona preferente un radio aproximado de 30 kilómetros, ampliable hasta un máximo logístico de 50 kilómetros. También abre la puerta a restos agrícolas y materias procedentes de industrias agroalimentarias de la provincia. Esa necesidad de concentrar residuos desde decenas de kilómetros alrededor de Val de San Lorenzo es precisamente la que explica otra de las grandes cuestiones asociadas a la planta: el incremento permanente del transporte pesado.

74 camiones al día

La documentación calcula que será necesario transportar las materias primas y los subproductos durante 260 días al año, de lunes a viernes, utilizando vehículos de entre 20 y 24 toneladas. Para alimentar la planta se prevé la llegada de 38 camiones diarios cargados de residuos orgánicos, una cifra directamente vinculada a las más de 233.000 toneladas que deberán entrar anualmente en las instalaciones.

Pero prácticamente todo lo que entra deberá volver a salir una vez completada la digestión. El proyecto estima otros 36 camiones diarios para evacuar el digestato, 17 de ellos para transportar la fracción sólida y 19 camiones cisterna para la líquida. En total se producirán, según los cálculos de la propia empresa, 74 movimientos diarios de vehículos pesados, sin contar otros desplazamientos ligados a trabajadores, mantenimiento, suministros auxiliares o al propio transporte de agua mediante cisternas.

El biometano será la excepción, porque no necesitará trasladarse por carretera. La instalación pretende conectarse directamente a la red gasista que pasa por una de las dos parcelas donde quiere instalarse la planta y producir alrededor de 5.672 toneladas de biometano al año, equivalentes a 81.736 MWh de energía y entre 7,92 y 8,70 millones de metros cúbicos normales de gas.

Alegaciones en contra

Vecinos de la comarca están recogiendo alegaciones contra el proyecto, que se pueden presentar hasta el 28 de septiembre poniendo el foco en posibles irregularidades urbanísticas y limitaciones legales del suelo. Los escritos sostienen que parte de los terrenos resultaron afectados por un incendio en agosto de 2024 y recuerdan que la legislación forestal restringe durante décadas los cambios de uso en superficies incendiadas, una cuestión que, según los alegantes, no habría sido suficientemente analizada en la documentación ambiental. También cuestionan la validez del informe de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento de Val de San Lorenzo porque se habría emitido inicialmente para otra empresa y sobre un conjunto distinto de parcelas, además de advertir de posibles incumplimientos en alturas, retranqueos y distancias de seguridad vinculadas al almacenamiento de biogás.

Otro de los grandes frentes de oposición es el relacionado con el agua, el tráfico y las infraestructuras necesarias para sostener una instalación de esta dimensión. Las alegaciones señalan contradicciones en los datos de consumo de agua, cuestionan que el abastecimiento mediante cisternas municipales esté formalmente autorizado y apuntan que no queda aclarado de dónde procederán los 8.000 metros cúbicos necesarios para las pruebas iniciales. A ello se suma el movimiento previsto de 74 camiones pesados al día por la LE-6425, para el que, según los escritos presentados, no se habría aportado un estudio suficientemente detallado de intensidad de tráfico ni las autorizaciones correspondientes.

Los opositores denuncian además carencias en el procedimiento de consultas y en la evaluación de impactos acumulativos. Entre sus argumentos figura que no se habría consultado de forma individualizada a municipios próximos como Astorga o Santiago Millas ni a organismos considerados relevantes en materia de aguas, salud pública, patrimonio, protección civil o montes. También reprochan al estudio que no incorpore suficientemente otros proyectos próximos a la hora de valorar los efectos conjuntos sobre el entorno. Finalmente, critican que la información pública se abriera en agosto con más de un millar de páginas de documentación y unos plazos que, a su juicio, dificultaron la participación efectiva de vecinos y administraciones.