La Junta de Castilla y León ha resuelto el expediente sancionador abierto contra el Ayuntamiento de León por acometer las obras de la llamada Ronda Interior, la nueva carretera de tráfico rodado entre la Plaza del Espolón y los barrios de La Palomera y San Mamés, sin haber cumplido con la obligación de análisis previo de posibles restos arqueológicos en la zona.
Así lo han confirmado este lunes a ILEÓN fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en León. Se resuelve así en primera instancia el expediente sancionador abierto por la denuncia de una ciudadana particular que sospechaba que el Consistorio, por las prisas de avanzar cuanto antes en un proyecto ya dilatado por muchos años -se anunció en 2021 para estar concluido en 2023-, había contravenido la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León en el apartado que obliga a hacer un análisis y seguimiento arqueológico previo de posibles restos valiosos en zonas sensibles. Y esta, muy cercana a la muralla de León en la paralela calle Carreras, recién peatonalizada, lo era.
El informe autonómico recordaba que este nuevo vial a ejecutar tras la expropiación y derribo de varios edificios, era una zona “catalogada en el artículo 311 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” de la capital “como Zona 2 de Protección Arqueológica”. Más en concreto, se estipulaba como “aglomeración cannabae de época romana y medieval”. Muy cerca de allí se situaba hasta hace unos años la considerada casa más antigua de la ciudad, efectivamente de época medieval, y que el anterior equipo de Gobierno permitió derribar a pesar de estar involucrado un alto funcionario del Ayuntamiento.
La Delegación de León, que encabeza Eduardo Diego, quien preside también la Comisión Territorial de Patrimonio, ha resuelto en primera instancia el expediente sancionador abierto y propuesto una multa al Ayuntamiento de la capital de 10.001 euros.
Esa es la cifra a la que se corresponde una falta que oficialmente considera “grave” pero que aplica en su grado mínimo dentro de la gravedad. Cabe recordar que la Ley de Patrimonio, aprobada tras algunos retoques el pasado año 2024, establece sanciones leves, graves o muy graves, y en el caso de las graves fija la horquilla entre los 10.001 euros de sanción mínima y 200.000 euros de la máxima.
Esta multa no es definitiva. Se ha comunicado hoy formalmente al equipo de Gobierno socialista y el departamento correspondiente para abrirse ahora un período de alegaciones. Si el Consistorio no se muestra conforme y recurre, ganará tiempo hasta que resuelva la Junta pero ya en Valladolid, en la Dirección General de Patrimonio de la propia Consejería.
Antecedentes
Muy cerca del lugar, a los pies de la propia muralla, ya hubo cierta confrontación hace pocos años entre Patrimonio y el Ayuntamiento a cuenta de la peatonalización de las calles Carreras y lo que permanecía con tráfico en Los Cubos, ya que el proyecto municipal en un principio preveía analizar pero después dejar enterrados los restos de los cubos de la muralla aparecidos en la excavación. La Junta dijo que 'no' y obligó a que tales bases de piedra de los cubos se mantuvieran a la vista. El Ayuntamiento finalmente accedió, no sin quejas, entre otras cosas por la demora de remodelar el proyecto y de sufragar 185.000 euros más de los previstos.
Dinero y bingo
No es la única multa por infracción en materia de protección del patrimonio que la Junta impone al actual equipo de Gobierno. En mayo de 2023, justo hace dos años, propuso que el Ayuntamiento pagara 2.400 euros, y una constructora 10.001 euros más, por haber decidido derribar varias fachadas que Patrimonio había obligado a conservar en la calle La Rúa durante la construcción de varios edificios de viviendas, garajes y bajos comerciales pegando al Camino de Santiago a su paso hacia el centro de León.
El Consistorio y la empresa actuaron de urgencia tirándolas por considerar que algún desprendimiento previo podría suponer un serio peligro, pero obviaron comunicar a Patrimonio la decisión, lo que motivó la sanción. Aquellos nuevos edificios, en una amplia promoción que ocupa incluso hasta la Plaza de San Marcelo, ya están prácticamente concluidos e incluso vendidos a altos precios, y con el aspecto final exterior de unas fachadas similares a las derribadas. En esos bajos se tramita la instalación de una sala de bingo.