El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este lunes durante su visita a León una inversión prevista de más de 3,2 millones de euros para mejorar la seguridad del centro penitenciario situado en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, que “próximamente va a ser iniciada”.
El anuncio tuvo lugar, en declaraciones recogidas por Ical, durante la atención a los medios del ministro en su visita al centro para presidir la celebración de la festividad de La Merced, donde Marlaska defendió su “compromiso absoluto”, y el de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con “garantizar la seguridad del conjunto de los funcionarios” de las cárceles españolas.
“A eso van conducidas el conjunto de inversiones”, incidió el ministro del Interior, que cifró en casi 200 millones de euros la aportación en infraestructuras del conjunto de los centros penitenciarios del país o en el Centro de Formación de Instituciones Penitenciarias en la ciudad de Cuenca.
También reivindicó la apuesta del Gobierno por mejorar la cobertura de plazas con “seis años de ofertas de empleo público” con las que se han cubierto “más de 6.000 plazas de funcionarios de instituciones penitenciarias” a los que se unirán algo más de 1.000 con la última oferta de empleo público.
Una oferta que además, según Marlaska, permite “un nuevo récord” no tanto en el número de funcionarios, que se mantiene por encima de los 25.000, sino en la tasa con respecto al número de internos en las cárceles españolas, ya que frente a los 70.000 de hace unos años, ahora “no se llega a 50.000 en los 81 centros penitenciarios españoles”.
Todo ello desde el “compromiso” del Gobierno para “garantizar que los funcionarios tengan las condiciones profesionales y laborales” para desarrollar un “trabajo excepcional en el ámbito de la reinserción social” de las personas privadas de libertad, de cara a “garantizar que puedan, una vez cumplida su pena, vivir en sociedad y dentro de los valores de convivencia”.
Por último, destacó la proposición de ley promovida por el PSOE para que, “de forma definitiva, se les conceda a los funcionarios la condición de agente de la autoridad”, una “prioridad” para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “no solo por la condición de agentes de la autoridad sino por el principio de integridad, muy importante y que no tenían, a diferencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Acto de celebración
El acto de celebración del Día de la Merced desarrollado este lunes en el centro penitenciario leonés contó con la entrega de distinciones al personal jubilado, uno de los cuales aprovechó la ocasión para reivindicar mejoras en el centro y a sus trabajadores durante la recogida del galardón, a la que acudió con diferentes carteles pegados a su camisa.
También se entregaron diferentes menciones honoríficas y medallas de bronce, plata y oro. En el caso concreto de estas últimas, la medalla de oro al mérito penitenciario recayó en Jaime Hernández Alonso, miembro de la institución desde 1982 hasta su jubilación este verano, del que Grande-Marlaska destacó su “gran dedicación, tesón, desvelo y ejemplo”. En cuanto a la del mérito social, fue para la Fundación Barrié, que desempeña desde 1974 “una posición de liderazgo en la colaboración entre instituciones privadas y administración penitenciaria de Galicia”.
El acto, que también sirvió para conmemorar el 25 aniversario de la puesta en marcha del centro penitenciario de Villahierro, estuvo dedicado ‘in memoriam’ al cabo mayor de la Guardia Civil Alejandro Cantón Alonso, fallecido recientemente. A él asistieron diferentes autoridades civiles y militares, entre las que destacaron el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente; la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, la directora del centro penitenciario de León, Henar García, o el alcalde de León, José Antonio Diez.
Deportación de saharauis y respuesta a Ábalos
Preguntado sobre otros temas de actualidad, Grande-Marlaska aseguró, en referencia a la deportación de saharauis, que el Gobierno actuará “en cumplimiento de la legalidad nacional e internacional, siempre avalada por los órganos judiciales”, y que por tanto “se deportarán o serán devueltos todos aquellos que, en conformidad a la ley, no se haya estimado como acreedores de protección internacional”.
Por último, y en relación a las preguntas registradas por el exministro José Luis Ábalos como diputado ahora del Grupo Mixto, aseguró que “serán contestadas oportunamente” pero, en todo caso, Grande-Marlaska afirmó: “Solo puedo confirmar o ratificar la plena legalidad de la actuación de cualquier funcionario del Ministerio del Interior en cualquiera de las gestiones que se plantearan antes, durante y después del Covid”.