El Juzgado de lo Penal número 1 de León acoge el próximo 31 de mayo, a las 10.00 horas, un procedimiento contra E.A.M., acusado de un delito de apropiación indebida y para el que la Fiscalía solicita 2 años de prisión.
Según las calificaciones provisionales de la Fiscalía a las que ha tenido acceso este periódico, el acusado era presidente y consejero de la entidad mercantil Plaza de Toros de León S.A., de la que también formaban parte otras personas. La sociedad fue disuelta en septiembre de 2006.
El Ministerio Fiscal considera que el procesado, desde la disolución de la sociedad y aprovechando que era la única persona autorizada en las cuentas bancarias de la misma, realizó hasta febrero de 2012 numerosas disposiciones de dinero en beneficio propio, mediante retiradas periódicas de efectivo en cajero o pago de cheques, oscilando en cada ocasión el importe de esas cantidades entre los 40 y los 3.500 euros.
Así, las sumas de dinero de las que se apropió fueron 3.700 euros en 2006, 15.682 en 2007; 26.790 en 2008; 24.397 en 2009; 28.500 en 2010; 23.850 en 2011 y 90 euros en 2012. En total, 123.013 euros.
Unos hechos que para la Fiscalía constituyen un delito de apropiación indebida del que es autor el acusado y por los que solicita para él dos años de cárcel. Además, pide que éste indemnice a la entidad Plaza de Toros Sociedad en Liquidación con 123.000 euros.
En el caso de la acusación que representa a la entidad Plaza de Toros de León S.A. califica los hechos como un delito de apropiación indebida de caracter continuado por lo que reclama para el acusado una pena de 5 años de cárcel. En concepto de responsablidad reclama una indemnización de 131.600 euros.
La defensa lo niega
La defensa del acusado niega los hechos. Así, asegura que su representado no se ha apropiado de ninguna cantidad de dinero de la compañía Plaza de Toros de León S.A., que fue disuelta y acordada su liquidación por acuerdo de la junta general del 9 de septiembre de 2006.
A este respecto, asegura que el liquidador de la compañía, J.M.L.L. fue quien le daba las órdenes al acusado y a quien éste le entregó todo el dinero.
Por lo tanto, la defensa precisa que no existe delito y no cabe hablar de autor responsable. Reclama la absolución del procesado.