La Justicia se va de vacaciones de verano hasta septiembre sin ejecutar las sentencias firmes de cárcel de Victorino Alonso. La Audiencia Provincial de León rechazó la semana pasada los recursos del 'rey del carbón' para eludir entrar en prisión pero se 'olvidó' de emitir la providencia de ingreso voluntario en el plazo de diez días, por lo que Alonso también se libra por ahora y al menos hasta que pase el periodo estival de cumplir sus condenas por sus minas ilegales de carbón a cielo abierto.
El Tribunal Supremo falló en contra del empresario minero leonés dos veces en menos de un mes. En mayo condenó a Victorino Alonso a cuatro años de cárcel y una multa de 24,3 millones de euros por Nueva Julia en Cabrillanes, y en junio a un año y diez meses de prisión, multa de 10 meses con cuota diaria de 15 euros y la inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de mineras durante un año y cinco meses por El Feixolín en Villablino. Ambas condenas firmes se podrían ver traducidas, en la práctica, en hasta siete años de cárcel si 'el rey del carbón' no paga las millonarias indemnizaciones puesto que a ojos de la Justicia es 'insolvente' y que las cuotas no satisfechas de responsabilidad civil se convierten en días de privación de libertad.
Lo cierto es que en estos momentos, y a pesar de esas dos condenas firmes de cárcel, 'el rey del carbón' tiene todavía libertad de movimiento dentro y fuera de España, puesto que la Audiencia Provincial tampoco ha resuelto la retirada de su pasaporte para evitar que se pudiese fugar tal y como exigió el Ministerio Fiscal en el momento en el que se conoció la primera de las condenas.
El Feixolín y Nueva Julia
Los dos procesos penales que han conseguido condenas firmes por delitos medioambientales para Victorino Alonso son las explotaciones ilegales mineras a cielo abierto de El Feixolín en Villablino y Nueva Julia en Cabrillanes.
El 'rey del carbón' empezó a dinamitar un monte con una explotación minera a cielo abierto totalmente ilegal que llamó El Feixolín en 1995, primero a través de su empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y que continuó con Coto Minero Cantábrico (CMC) hasta al menos 2006. Sin ningún tipo de licencia urbanística, estudio de impacto ambiental ni licencia ambiental, tal y como admite la sentencia, sacó durante décadas toneladas de carbón del paraje del Alto Sil, cercano a Villablino, incluido en la Red Natura 2000, dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana y en terrenos de aplicación del plan de recuperación del oso pardo aprobado por la Junta de Castilla y León. Al respecto, el área afectada es conocida como corredor ecológico de Leitariegos y es de gran importancia para la conservación de dos especies amenazadas como el oso pardo y el urogallo.
La sala lo condenó en 2019 por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a dos años y medio de prisión de los ocho que se pedían inicialmente, al pago de una indemnización de 135.000 euros al denunciante, un hostelero de Villablino, y a diecinueve meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (8.500 euros en total), con un día de privación de libertad por cada dos cuotas que no se satisfagan, por arrasar sin permiso el monte y a dos años y tres meses de inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales. Después el Supremo le rebajó la condena a un año y diez meses, la multa de 19 a 10 meses con cuota diaria de 15 euros, y la inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de mineras de dos años y tres meses a un año y cinco meses.
Por otro lado, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León condenó nuevamente en 2021 al empresario minero a cuatro años de cárcel por los daños causados al medio ambiente en una zona protegida con la explotación de la mina de carbón a cielo abierto 'Nueva Julia' y 'La Mora', en el municipio de Cabrillanes, entre las comarcas leonesas de Babia y Laciana.
La sala lo declaró culpable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, a pagar una indemnización de 24.346.882 euros en concepto de responsabilidad civil, multa de veinte meses con una cuota diaria de diez euros (6.000 euros) y con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de labores de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa dedicada a la extracción o tratamiento de minerales durante tres años. Una condena que ratificó el Supremo.
El propio Alonso dijo en la vista que ni se acordaba ni le interesaba si la mina 'Nueva Julia' tenía licencia ambiental, si su empresa Coto Minero Cantábrico hizo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la totalidad de los trabajadores o si se explotaron cerca de 20 hectáreas más de las permitidas en una zona protegida porque no era de su “competencia”. “Todo valía para la promotora con tal de extraer el carbón y obtener rendimientos económicos. El cumplimiento de obligaciones legales ni valía la pena ni importaba nada”, aseveraban los magistrados.
Según la sentencia, la explotación minera produjo “un grave riesgo para el medioambiente y los recursos naturales, llegando incluso a causar graves daños en una zona protegida y en hábitats de interés comunitario”, en territorios de influencia de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.
Pronóstico de reinserción “no positivo”
Los magistrados de la Audiencia Provincial de León que desestimaron la petición de la defensa del empresario minero de suspenderle las penas de cárcel por delito medioambiental tomaron la decisión teniendo en cuenta la gravedad de las mismas, los antecedentes penales de Victorino Alonso, su pronóstico de reinserción “no positivo” y que no ha pagado ni un euro de la importante responsabilidad civil de más de 24 millones a la que tiene que hacer frente.
'El rey del carbón' había alegado para evitar la cárcel, entre otros motivos, razones de salud, sus 70 años de edad, un accidente de circulación de su esposa en el año 2000, el fallecimiento de un hijo y las heridas sufridas por una hija en el mismo, algo que para los magistrados “no justifica de por sí la concesión del beneficio pedido, pues en esa misma situación familiar se encuentran otras muchas personas que están cumpliendo con la sociedad las consecuencias penales derivadas de sus conductas delictivas”.
Ingeniería jurídica para evitar la cárcel y ahorrarse las multas
Victorino Alonso sigue clavando, por ahora, la estrategia para evitar entrar en la cárcel y pagar las millonarias indemnizaciones que le reclama la Justicia. El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca dictaminó en septiembre del año pasado la remisión de la condena de dos años de prisión por destruir la cueva de Chaves en Aragón, meses antes de que se resolviesen los casos de El Feixolín y Nueva Julia en León y sortear, así, que se sumasen.
En primera instancia, en noviembre de 2016, la justicia de Aragón lo condenó a dos años y medio de prisión y una indemnización de 25.490.805 euros como autor penalmente responsable de un delito sobre el patrimonio histórico por la destrucción del yacimiento neolítico ubicado en un coto de caza propiedad de su sociedad Fimbas y ubicado en la localidad de Bastarás en el municipio de Casba.
La jueza encargada del caso consideró probado que el magnate del carbón ordenó en 2007 vaciar la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, sin ningún tipo de autorización. El yacimiento enclavado en la Sierra de Guara, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1998, no tenía ningún tipo de protección especial, pese a que estaba considerada uno de los yacimientos neolíticos más importantes de España de la época.
Un año más tarde, en 2018, la Audiencia Provincial de Huesca estimó en parte el recurso de la defensa y le rebajó la condena a dos años de cárcel por “dilaciones indebidas” en un caso que se había iniciado casi diez años antes, sin que se modificase ni un euro la responsabilidad civil y que comparte solidariamente con Fimbas. Al año siguiente, en 2018, también la Audiencia Provincial dictó un auto por el que suspendía la entrada en prisión del empresario minero siempre y cuando no delinquiese durante un periodo de tres años.
Una vez pasado ese tiempo, y teniendo en cuenta que la justicia aragonesa consideró que Victorino Alonso había cumplido su parte del acuerdo, porque no tenía ninguna otra sentencia firme en su contra, el empresario minero se daba por librado, de entrar en prisión. No así de los 25,5 millones de euros de indemnización por el destrozo, que deberá pagar él, o su sociedad, al Gobierno de Aragón, pero que en contra de lo que pasará con las condenas por las explotaciones mineras ilegales en la provincia de León no se le traducirá en cárcel.
'Insolvente' con varias sociedades opacas en refugios fiscales
Los Papeles de Pandora (Pandora Papers), una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado en España El País y La Sexta consiguieron identificar al magnate minero en varias sociedades opacas en refugios fiscales mientras que se sigue considerando 'insolvente' para la Justicia.
La primera vez que aparece el nombre del 'rey del carbón' en los Pandora Papers es en septiembre del año 1996, cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018.
También en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en el año 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, remarcan. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que forman parte del amplio Grupo Alonso.
Tampoco fue la única. Hay otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada todavía el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan. De acuerdo con el formulario de registro, solo en esta compañía el patrimonio total ascendía a una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.
Por el momento, ningún juez ha conseguido seguir el rastro de ese dinero y dar con él para cambiar la situación jurídica de Victorino Alonso y que haga frente a sus importantes obligaciones de pago. El 'rey del carbón' sigue siendo insolvente, sin pagar sus millonarias multas y esquivando el ingreso en prisión gracias a su estrategia jurídica, al menos hasta que la Audiencia Provincial de León ejecute las dos condenas firmes que pesan sobre sus hombros.