La Junta no reclamará las millonarias subvenciones a Latem Aluminium y León Coated, en ERTE en Villadangos
La Junta de Castilla y León observa desde la barrera la acumulación de casos de crisis de empresas, regulaciones de empleos para cientos de trabajadores e incluso anuncios de fin de grandes inversiones empresariales previstas que se han producido en las dos últimas semanas en diferentes puntos referentes industriales de la provincia, tanto en el polígono industrial de Villadangos como en la comarca de El Bierzo.
Por un lado, el Gobierno autonómico tiene claro que confía en que continúen su actividad sin mayores problemas los dos importantes proyectos industriales que desembarcaron en el polígono paramés cuando en 2018 cerró sus puertas de manera traumática la multinacional de componentes eólicos Vestas, tras lo que el Gobierno central y la propia Junta se apresuraron a cerrar acuerdos ambiciosos de inversión y empleo con dos empresas del sector siderúrgico: Latem Aluminium y León Coated Solutions .
La primera, del empresario leonés Macario Fernández, el 'rey del zinc', lleva con un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desde el mes de abril y aún lo mantendrá varios meses. La Junta de Castilla y León ha llegado a sumar la entrega de 30 millones de euros en subvenciones a su producción y a la creación de empleo, como cifró hace un año el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Importantes cantidades de dinero público ha percibido también León Coated desde su implantación en 2019 en el polígono leonés, que también anuncia un ERTE propio inminente. Se estima una suma de aportaciones de ayudas, tanto autonómicas como estatales, como mínimo de 120 millones de euros en total. y cuantiosas infraestructuras ejecutadas con dinero público para facilitar su asentamiento
Sin embargo, el consejero de Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha sido hoy categórico al asegurar que en ninguno de los casos se le reclamará esas aportaciones millonarias. “Si alguien no cumple los compromisos de inversión y cierra la empresa, antes de ese período (son cinco años) tiene que devolver la ayuda; pero si no la cierra, y no es el caso que se ha producido al día de hoy, no hay que devolver ninguna ayuda”, zanjó, porque “la actividad se está produciendo”.
Recordó que gran parte de la actual crisis de ambas compañías se ve perjudicada por “los aranceles por ejemplo en la importación de bobinas de acero”, y de una solución a eso responsabilizó al Gobierno de España, como aseguró que se lo hizo saber el presidente Mañueco al presidente Pedro Sánchez en su reunión en Moncloa de hace escasos días.
El agujero de El Bierzo
Tampoco quiso entrar a valorar la situación expresa de El Bierzo, donde otras dos empresas de componentes eólicos, Emobi e Ibermón, también anuncian ERTEs que sumará una afección a unos 120 empleos más, la primera, destacada en su día como la gran esperanza industrial de la comarca, incluso anunciando un concurso de acreedores.
A esto se suma el anuncio conocido hoy de la renuncia al gran proyecto de reciclaje de material eólico que habían presentado Endesa y la consultora PreZero para terrenos junto a la antigua térmica de Compostilla II cerrada y desmantelada, símbolo del fin de la industria energética y minera de la comarca. Justo hoy la Junta ha anulado la autorización ambiental concedida en agosto a la compañía Grineo Gestión Circular, toda vez que la propia compañía haya comunicado al Gobierno autonómico su renuncia al proyecto de 12,3 millones de euros, vendido como parte importante de la reindustrialización de El Bierzo.
A todo ello, Carriedo, echando la vista atrás, se limitó a criticar que el Gobierno cerrara las minas en la provincia leonesa sin alternativas definidas, e incluso personalizó la actual crisis de tantas compañías a la ya exvicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, sin responder a la petición de una valoración de la Junta y sobre todo de si piensa adoptar alguna medida desde alguna Consejería. Únicamente, la nueva consejera de Industria, Leticia García, se limitó a ofrecer “las máximas garantías a los trabajadores” afectados por los ERTEs, de “ayudas específicas en los casos en los que pasen dificultades”.
