La Junta de Castilla y León debe pagar una fianza de 24 millones de euros por la corrupción de la Trama Eólica
La Junta de Castilla y León también tendrá que responder con una fianza millonaria por la Trama Eólica, mediante la que altos cargos del Gobierno autonómico obtuvieron, junto a empresarios locales, importantes beneficios económicos gracias a las mordidas de 80 millones de euros que exigieron para autorizar parques eólicos.
El juez de Instrucción número 4 de Valladolid, que ha instruido la macrocausa, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los 17 investigados, entre los que figuran exaltos cargos de la Consejería de Economía y propietarios de empresas que se aliaron con las eléctricas por indicación de la Junta. En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juzgado da un plazo de 10 días para que abonen fianzas que cubran multas y responsabilidad civil y, en caso contrario, se procederá al embargo de sus bienes.
La Junta de Castilla y León forma parte de los encausados como persona jurídica, al igual que Iberdrola Renovables, dos sociedades del exviceconsejero de Economía, Delgado Núñez Consulting y Samuño Activos SLU, Sinae Inversiones Eólicas SA, Parque Eólico LA Boga SL (de Eyra y ACS) y la sociedad Tough Trade SA, propiedad del abogado Jesús Rodríguez Recio, considerado el testaferro de Delgado.
El Gobierno autonómico, que según el juez es responsable civil subsidiario, tendrá que aportar 24,1 millones de euros: 11,2 de forma solidaria con Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5 millones con Parque Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama.
El exviceconsejero Rafael Delgado, considerado cerebro de la trama por haber dirigido el sistema de autorización de parques que paralizaba la tramitación si las eólicas aspirantes no se asociaban con empresarios locales recomendados, tendrá que abonar una fianza de 342,6 millones en concepto de multas y responsabilidad civil, esta última compartida con el que fue director general de Energía y Minas de la Junta entre 2003 y 2007, Manuel Ordóñez Carballada, a quien el juzgado exige 7,8 millones, otros 11,2 millones también Ordóñez y tres cargos de Iberdrola Ricardo Bravo Sayas, Rafael Icaza de la Sota y Pedro Barriuso Otaola. Delgado se enfrenta a una petición de penas que suman 42 años de prisión por presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, blanqueo de capitales y, alternativamente, tres delitos contra la hacienda pública, y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según el fiscal anticorrupción, Delgado actuó siguiendo las instrucciones del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva (que fue imputado si bien su responsabilidad penal se extinguió con su repentino fallecimiento), junto con el responsable de Iberdrola, Ricardo Bravo, con quien ideó el plan para “exigir ilegalmente a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización que cedieran o permitieran la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización, participación que requería ser próxima al 40 por ciento”. El juez, deja claro en el auto que Delgado “no es el único” autor intelectual.
Otro exalto cargo de la Junta que tendrá que abonar fianza es el exdirector general de Deportes, Andrés Martín de Paz, a quien el juez exige 8 millones de multa como presunto autor de un delito de cohecho como cooperador necesario y que se expone a 6 años de prisión.
Entre los acusados está también Alberto Esgueva, director de ADE Internacional Excal entre los años 2003 y 2006, encausado también en el caso Perla Negra, cuyo juicio arranca el 14 de marzo. Esgueva fue el empresario que mayor rédito obtuvo tras figurar en sociedades junto a Iberdrola, a quien una vez autorizados los parques vendía sus participaciones y que sumó así unos rendimientos de 51 millones. La fianza que le exige el juez en concepto de multas y responsabilidad civil alcanza los 65 millones de euros y la Fiscalía pide para él 6 años de prisión por un delito continuado de cohecho y otros 6 por blanqueo de capitales.
Su hermano, Francisco Esgueva, también tendrá que hacer frente a multas por valor de 60 millones, que tendrá que abonar en fianza, y se enfrenta a 6 años de prisión por un delito de cohecho como cooperador necesario.
El empresario Germán Martín Giraldo, también acusado en el caso Perla Negra, se enfrenta a 6 años de prisión por un delito de cohecho como cooperador necesario y a otros 6 por blanqueo y tendrá que abonar una fianza de 14 millones.
Los dueños de la constructora Collosa (Corporación Llorente SA), Miguel Ángel, Patricio y Alejandro Llorente Muñoz que, según el fiscal anticorrupción, eran los únicos empresarios de la trama interesados en el negocio eólico, se enfrentan, cada uno de ellos a 6 años de prisión por un delito de cohecho como cooperadores necesarios y a multas de 45 millones, que deberán adelantar mediante fianza.
La Trama Eólica tuvo su epicentro activo en la Consejería de Economía, dirigida por el ya fallecido Tomás Villanueva en la etapa en la que Juan Vicente Herrera era presidente de la Junta de Castilla y León. Herrera llegó a decir que la trama era una “corrupción de personas” y no de la administración porque los presuntos delitos fueron materializados al margen de los procedimientos administrativos. Según su opinión los expedientes “se ajustan a la legalidad” y descartó que pueda hablarse de corrupción de “instituciones o de la propia Administración”. Con la apertura de juicio oral y la Junta encausada como persona jurídica, se tambalea la tesis defendida por el expresidente, que tendrá que declarar como testigo en juicio de Perla Negra.
