La Diputación de León ha sido condenada al abono de 400.000 euros, más intereses legales y costas, por el impago durante una década de una compensación económica al ayuntamiento, San Justo de la Vega, donde se ubica el vertedero provincial o Centro de Tratamiento de Residuos (CTR). La sentencia, a la que ha tenido acceso ILEÓN, es rotunda y rechaza los argumentos de la institución provincial de falta de cumplimiento por el ayuntamiento.
El origen de la deuda se remonta al año 2015 cuando se diseña el segundo vaso de residuos del Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega. El inicial fue puesto en funcionamiento en el año 2004 con una duración estimada de 20 años pero la decisión, política, de enterrar las basuras que se acumularon en una finca de Santa María del Páramo, hasta 500.000 toneladas sin ningún tipo de tratamiento o reciclaje, hizo que se acortara su vida útil y hubiera que diseñar un segundo vaso. Una obra que hizo la empresa de la Junta de Castilla y León Somacyl y que entró en funcionamiento en 2018 con el vertedero rebosando.
En ese año 2015, ante la urgencia de empezar a construir el segundo vaso, se firmó un convenio a tres bandas entre Ayuntamiento de San Justo de la Vega, el ente gestor de las basuras Gersul (disuelto en 2023) y la UTE Legio VII (las empresas que lo gestionan FCC y Urbaser). En él, Gersul se comprometía a pagar a San Justo de la Vega 50.000 euros al año hasta el 2024. Solo se hizo el primer año. Las obligaciones del ayuntamiento eran “soportar el tránsito de vehículos y facilitar la ampliación del vaso del CTR”.
El Ayuntamiento de San Justo de la Vega recurrió a la Justicia ante los impagos y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de León le ha dado la razón totalmente, condenando a la Diputación, como sucesora de derechos y obligaciones de Gersul, al pago de los 400.000 euros, más los intereses legales y a pagar las costas del juicio.
La Diputación alegó un supuesto incumplimiento del Ayuntamiento de San Justo de sus obligaciones, pero el juzgado ha desestimado ese asunto ya que un informe de la gerencia de Gersul aseguraba que siempre se han complido y, además, consignaba el pago en sus presupuestos anuales. Incluso la UTE Legio VII abonaba su parte del convenio,de 27.500 euros al año. Las obligaciones municipales consistían en “soportar el tránsito de vehículos y facilitar la ampliación del vaso del CTR”.
El ente Gersul fue creado en el año 1997 para solventar el problema de la gestión de basuras de la provincia de León, dando lugar al vertedero provincial que se ubicó, no sin polémica, en San Román de la Vega, entrando en funcionamiento en el año 2004. Tras una caótica y deficitaria gestión con millones de euros de deuda, estuvo sin rendir cuentas entre 2014 y 2020, la Diputación y los ayuntamientos acordaron su disolución en 2023, pasando la tasa que se cobraba por la gestión de basuras a ser municipal y dejando la gestión en manos de la Diputación, heredera universal de los derechos y obligaciones. El contrato con la UTE Legio VII, que gestiona el CTR, caducaba en 2024 aunque se ha prorrogado dos anualidades más, pendientes de un nuevo contrato en el que la Junta tiene mucho que decir por haber construído ellos el segundo vaso del vertedero.
La Diputación de León está estudiando la sentencia para decidir si la recurre o no, señalan fuentes consultadas por este periódico. Desde el Ayuntamiento de San Justo de la Vega confìan en que se asuma y se pague lo que el convenio especificaba durante una década. Es la herencia 'envenedada' de Gersul, el millonario ente público que acabó enterrado en deudas