El Consejo de Ministros ha acordado este martes elevar el techo de gasto para financiar una nueva y condicionada mejora de las bonificaciones a los vehículos pesados que circulen por la autopista León-Asturias AP-66, siempre que sean viajes recurrentes. Esta medida supone el paso previo para la tramitación y aprobación del Real Decreto que permitirá incrementar al 60% las rebajas de los peajes de la autopista a los vehículos pesados, que actualmente está en el 40%, y que por lo tanto estarán en vigor en una fecha qyue aún no se ha concretado.
La subida de las bonificaciones a los vehículos pesados se suma a la aprobada el pasado 15 de octubre para vehículos ligeros que amplía las ayudas desde su primer viaje, con rebajas del 15% en el primer recorrido y del 30% en el segundo a los usuarios habituales, ya que sigue siendo necesario que al menos se haga el trayecto tres veces dentro del mismo mes para que se pueda aplicar este descuento. En este otro caso, la mejora de las bonificaciones a vehículos ligeros que utilicen la AP-66 autopista del Huerna de forma recurrente entrará en vigor este viernes 1 de noviembre.
El Gobierno asegra que con estas medidas pretende que las mejoras sirvan para incentivar el uso de esta vía de gran capacidad frente a su única alternativa, la carretera N-630, de un carril por sentido a su paso por el Puerto de Pajares, y así reforzar la seguridad vial en los tramos más sensibles.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto que bonifica un 40% el importe del peaje a todos los vehículos pesados y hasta el 30 de septiembre se han bonificado 1.140.345 tránsitos de vehículos pesados, generando ahorros de unos 13,6 millones de euros.
Hay que recordar que, en buena lógica, la concesión de la autopista AP-66 tenía que haber terminado en el año 2021, al agotarse el plazo inicial de 75 años, pero se amplió unilateralmente hasta 2050 por parte del Gobierno de José María Aznar. También está pendiente la resolución final del procedimiento sobre la posible irregularidad de esa ampliación de plazo, vista la apertura de un proceso sancionador a España por la Comisión Europea tras una denuncia de Podemos en Bruselas.