El conocido empresario minero leonés, Victorino Alonso, vuelve a librarse de una condena, a pesar de estar condenado y de ser firme la condena, tras la decisión del Tribunal Constitucional de no revocarla, por la destrucción de un valioso patrimonio histórico en el yacimento neolótico de de la Cueva de Chaves, en Huesca (Aragón).
Según publica hoy Elheraldo.es, la condena a dos años de prisión y el pago de los 25 millones en concepto de indemnización que había decidido el Juzgado de lo Penal 1 de Huesca quedará din efecto alguno. El motivo es que el propio magistrado acaba de decidir suspender definitivamente la condena por un delito contra el patrimonio histórico, basándose, entre otros motivos, en que es insolvente para afrontar la elevada cuantía.
El empresario leonés fue juzgado en noviembre de 2016 por dar la orden de entrar con una excavadora en el yacimiento, situado en su finca, para nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras. Y por el mismo hecho, fue condenado también a pagar una indemnización de 25,5 millones de euros al Gobierno de Aragón. Los abogados Alonso consiguieron llevar el caso hasta el Constitucional, que en hace escasas semanas ratificaba la sentencia, tras lo que la acusación anunció que pediría su inmediato ingreso en prisión.
Pero lo ha vuelto a conseguir, una vez más: ahora el juez acaba de estimar la petición de la defensa de Alonso y falla en contra de la petición de las acusaciones. Cabe recordar que tanto el fiscal como los abogados del Gobierno de Aragón y de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) eran partidarios del ingreso en prisión del empresario minero.
El Juzgado entiende que el ingreso en prisión no cabe porque Alonso carece de antecedentes penales o, mejor dicho, “a la fecha de los hechos por los que ha sido condenado en esta causa (octubre de 2007) carecía de antecedentes”. Y es que asume que “todas las condenas que figuran en su hoja histórico penal (algunas ya canceladas) son de fecha posterior”.
En cuanto al hecho de no poder afrontar la millonaria indemnización, el magistrado indica que la misma asciende a 25.490.805 euros, “lo que, por sí solo, ya da una idea de la dificultad de hacer frente a tan elevada cuantía”. Y añade que Alonso fue declarado insolvente, “sin perjuicio de lo cual está realizando pagos parciales, de forma mensual, al tener embargada parte de su pensión”.
Pagará 17.538 euros en tres años con su pensión embargada
“Hay que concluir por tanto que se está haciendo frente al pago de la responsabilidad civil en la medida de las posibilidades de los deudores y se ha abonado (o está en trámite de hacerlo) una parte relevante de la misma, de modo de que no cabe negar el acceso al beneficio de la suspensión de la pena al condenado por el hecho de no haberse pagado la responsabilidad civil en su totalidad”, señala el auto fechado el pasado 29 de octubre y conocido hoy. Se estima que de este modo, en tres años se le descontarán 17.538 euros por este concepto.
La abogada de Apudepa, Pilar Villellas, ya ha avanzado que se está valorando una posible apelación de este fallo, entre otras cosas porque, recuerda, Victorino Alonso fue un poderoso empresario, presidente de empresas mineras de España como MSP, “pero ahora resulta que no puede afrontar el pago porque se ha declarado insolvente y eso lo libra de ir a prisión”.