Ecologistas en Acción de León ha denunciado un presunto fraude de ley en el proyecto de macrovertederos industriales que promueve el 'rey del zinc' en San Justo de la Vega, el empresario babiano Macario Fernández y su empresa Latem Aluminium. La organización ecologista denuncia que la consejería de Medio Ambiente que presidente el leonés Juan Carlos Suarez-Quiñones ha aprovechado el verano para instar a los interesados en un plazo de diez días para analizar la documentación final del proyecto y presentar alegaciones.
El macroproyecto de Macario Fernández se dio a conocer de forma pública el verano pasado, mediante la publicación de un 'Proyecto Regional Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega', que contempla la construcción de dos nuevos vertederos con capacidad para 5 millones de toneladas de residuos industriales, de las que un millón serán residuos peligros. El formato elegido por la Junta es un instrumento legal que permite la instalación con recortes de plazos por la condición favorable de la administración autonómica a su instalación.
El 'rey del zinc' impulsa este proyecto pese a los notables problemas financieros que afectan a sus principales empresas, Asturiana de Laminados y Latem Aluminium, paralizando su proyecto inversor en el polígono de Villadangos del Páramo y de Villabrázaro en Zamora.
Ecologistas en Acción cree que “dada la fecha elegida y el corto plazo otorgado, el trámite de audiencia es un claro ejemplo de cómo ocultar información y obstaculizar la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones”. Consideran que “en este caso muy controvertidas, por el potencial impacto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente que supone la construcción de estos nuevos vertederos, colindantes con el CTR, situados entre dos arroyos afluentes de los ríos Tuerto y Órbigo y sobre el acuífero detrítico terciario del Tuerto-Esla, caracterizado por su elevada permeabilidad. El riesgo de contaminación con sustancias tóxicas y peligrosas de las masas de agua, superficiales y subterráneas, es evidente y debería determinar la paralización inmediata de un proyecto que, además, convertirá la provincia de León en sumidero de residuos que no produce y que nadie quiere cerca”.
La organización señala que Valorización Verde, una filial de Latem Aluminium presidida por Macario Fernández, “ha tenido que modificar el proyecto como consecuencia del informe desfavorable del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de fecha 22 de septiembre de 2023”. Entre las modificaciones están que “desaparece la gestión de residuos de construcción y demolición y se reformula la gestión de los residuos industriales, sin incorporar procesos de reciclaje que deberían ser prioritarios”. Señalan que “se mantienen los vertederos de residuos industriales no peligrosos RINP y peligrosos RIP, con la misma solución constructiva, dimensión y capacidad total (2.744.679 m3 y 796.136 m3 respectivamente) pero el vertedero de RINP prolongará su vida útil hasta los 25 años”.
Para los ecologistas “Sigue faltando la documentación sectorial acreditativa del cumplimiento de las condiciones de autorización de los vertederos, establecidas en el RD 646/2020. El promotor sigue sin aportar estudio sobre riesgo de inundaciones validado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Tampoco consta el informe, preceptivo y vinculante, emitido por la CHD a la luz de los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que el Organismo de cuenca considere pertinentes; y falta también el Informe preceptivo del IGME sobre requisitos de ubicación”.
La entidad cree que “sin los informes favorables de la CHD y del IGME, no hay garantías de que la ubicación y el diseño de los vertederos sean adecuados” y que “Si, como en este caso, el terreno carece de impermeabilidad natural, no se puede asegurar que la barrera artificial de 0,5 m de espesor, proyectada con idénticas características para los vertederos de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, cumple las condiciones de protección del suelo y de las aguas impuestas por el RD 646/2020, el cual obliga a ejecutar cuando no existe barrera natural, una barrera artificial de 5 metros de espesor”.
Según Ecologistas existe un informe de CHD, de febrero 2024 de la Comisaria de Aguas, que reconoce la coincidencia territorial de los vertederos con la zona de influencia de la captación de agua para consumo humano de la localidad de San Cristóbal de la Polantera y que constata la posible afección, por contaminación de aguas superficiales y subterráneas, del tramo piscícola “Río Órbigo desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Jamuz y todas las aguas que afluyen a este tramo…”; tramo y subtramos que pertenecen a la Red Natura 2000. El informe concluye diciendo que “la afección del proyecto a las masas de agua no ha sido considerada en los documentos presentados” y considera “insuficiente el análisis de impactos para un proyecto de esta envergadura y repercusión medioambiental”.
Ecologistas en Acción ha solicitado que se paralice la tramitación del procedimiento hasta que se complete la documentación del expediente y comprenda los informes del IGME y de la CHD; así como todos los informes del Servicio de Residuos y Suelos contaminados de la Junta de Castilla y León que justifiquen la adecuación del proyecto a los principios de gestión de residuos (jerarquía de tratamiento, autosuficiencia y proximidad) que están legalmente establecidos. Y que una vez se obtengan todos los informes “se abra un nuevo periodo de información pública, con un nuevo anuncio oficial publicado en BOCyL y una nueva consulta a interesados, que haga público el expediente completo por el plazo de 30 días hábiles, conforme dispone la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental”.