Dos años han transcurrido ya desde el atentado patrimonial que dañó más de un kilómetro de una valiosa y muy bien conservada calzada romana al sur de la provincia de León, en el municipio de Castrocalbón, y todavía no se ha identificado de manera definitiva ningún responsable.
En todo este tiempo, desde mediados de marzo del año 2023, aunque se conoció a final de ese mes, la vía judicial que se abrió por la interposición de al menos dos denuncias ante el Seprona de la Guardia Civil continúa sus trámites a un lento ritmo que hace que de momento no haya todavía fecha para la celebración de juicio alguno por aquellos graves hechos, al menos que las fuentes oficiales consultadas por ILEÓN hayan aclarado.
Y esa parsimonia judicial mantiene inoperante también a la administración competente en materia de Patrimonio, la Junta de Castilla y León, cuyo expediente abierto por aquellos hechos sólo se reactivará cuando culmine la fase judicial, tal y como aclaró la Consejería en su momento al trascender el atentado cultural sufrido. Eso a pesar de que hasta el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prometiera que se llegaría hasta las últimas consecuencias la búsqueda de los culpables, ante el escándalo nacional que se produjo.
Dos ayuntamientos en el punto de mira
En la parte administrativa, por tratarse de unos restos de calzada catalogados y altamente protegidos, la Junta había señalado responsabilidades iniciales, en concreto los ayuntamientos de Castrocalbón y San Esteban de Nogales, por la obra de arreglo y ensanchamiento de un camino rural entre pueblos de ambos municipios ejecutada por la Mancomunidad La Cabrera- Valdería, a la que pertenecen ambos consistorios.
Los daños de esta calzada de 2.000 años de antigüedad, una de las mejores conservadas de España, afectan a un tramo importante de una calzada romana que en tiempos unió Asturica Augusta (Astorga, provincia de León) con Bracara Augusta (Braga, en Portugal) y que se encontraba perfectamente señalizada. Precisamente hoy la Asociación Hispania Nostra denuncia como un “atentado patrimonial” los hechos, exigiendo que se tomen “las medidas oportunas” y pide que lo ocurrido sirva para “concienciar a toda la sociedad del inmenso acervo patrimonial que atesora el país”.
El informe oficial del arqueólogo autonómico certificó, como habían denunciado varios vecinos y después uno de los mayores expertos en arqueología de ingeniería romana en España, Isaac Moreno Gallo, que se habían producido daños graves en 1,2 kilómetros de la calzada romana que además forma parte de la vía 17 del Itinerario de Antonino.
Fuentes judiciales oficiales consultadas mantienen un alto grado de mutismo sobre el trámite que debe decidir las posibles responsabilidades penales, a pesar de haberse superado ya los dos años, en el Juzgado de La Bañeza.
Las mismas fuentes apenas indican que por este caso se han identificado y hecho declarar a cuatro personas en calidad de investigados, aunque sin aclarar de quién se trata. El motivo oficial esgrimido es que “la instrucción es reservada excepto para las partes”.