La Diputación reclama por unanimidad que León y no Valladolid acoja el nuevo grupo de antidisturbios de la Policía Nacional
La Diputación de León aprobó este martes por unanimidad en el Pleno una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para reclamar al Ministerio del Interior que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP) previsto para Castilla y León, anunciado hace meses, tenga su sede en la provincia leonesa. La unidad estaría integrada por 50 agentes especializados, conocidos como antidisturbios, de la Policía Nacional.
El portavoz de UPL y vicepresidente de la institución provincial, Valentín Martínez, defendió la iniciativa como una cuestión de equilibrio territorial en la distribución de los efectivos policiales. Martínez subrayó que León cuenta con infraestructuras, ubicación estratégica y tradición policial suficientes para acoger esta dotación, y advirtió del desequilibrio que supondría concentrar nuevos recursos en Valladolid, donde ya operan dos grupos y un subgrupo de mando y apoyo, recordó.
“Es de justicia para esta tierra y, sobre todo, de mucho sentido común”, afirmó el representante leonesista durante el debate plenario, que tuvo que incluirse fuera del orden del día por un error de la Secretaría. Se producía tras conocerse en marzo que las intenciones del Ministerio eran no disgregar territorialmente las nuevas unidades anunciadas, lo que en principio hacía pensar que León no sería una opción, generando críticas a un nuevo caso que muchos partidos tildaron nuevamente como “centralismo”.
En nombre del PSOE en equipo de Gobierno que forman con UPL, el portavoz, Santiago Dorado, justificó el respaldo de su grupo “por coherencia con la política de descentralización del Gobierno de España, por eficiencia operativa y también seguridad jurídica”. Y defendió que la petición “no es un antojo político”, sino un criterio avalado por técnicos y además sindicatos policiales, como también recogía el texto de la moción, la cual también incidía en la pérdida de capacidad de respuesta inmediata que supuso para la provincia de León la disolución de la antigua Compañía General de Reserva, integrada por 110 agentes y con sede en la ciudad.
Matices políticos
Los portavoces de la oposición, del Partido Popular (PP), David Fernández, y de Vox, Fernando Prieto Olite, también se sumaron al apoyo del texto pero ambos coincidieron en aprovechar para atacar políticamente a UPL por su oportunismo, recordándole que cogobiernan con el PSOE en la institución provincial, el mismo partido que gobierna en España y que puede adoptar esta decisión. Fernández en este sentido pidió a los socialistas de León que “saquen músculo” y reivindiquen este tipo de decisiones en beneficio de la provincia, en este caso para conseguir la nueva dotación policial, con la que estaban de acuerdo. Desde las filas leonesistas y socialistas respondieron reclamando a populares y Vox la misma firmeza ante el nuevo gobierno autonómico del pacto de derecha y extrema derecha en la Junta de Castilla y león.
