La Audiencia Provincial de Valladolid mantiene las imputaciones de la cúpula de Economía de Junta de Castilla y León y de los empresarios y constructores implicados en el caso Perla Negra, que investiga el sobrecoste millonario del edificio de la Consejería en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que da nombre al caso y del el polígono empresarial en el municipio de Portillo.
Tal y como informa Laura Cornejo en ElDiarioCyL.es, el edificio de Economía se compró por un precio de 52 millones de euros, pero se acabaron pagando más de 70. Además, la Consejería de Economía ocultó dos tasaciones que estimaban que el coste del edificio era mucho menor del que se pagó: entre 39 y 41 millones.
Según un informe de la Intervención General del Estado, la Junta de Castilla y León pagó por cosas que no le correspondían y en algunos casos dos veces. Además, se llegó a adjudicar a dedo la división y amueblamiento interior del edificio, que supuso una factura de más de cuatro millones. El beneficiario del jugoso contrato fue Unifica Servicios Integrales, el estudio de arquitectos que reformó la sede del PP en Génova y que se pagó en dinero negro.
Lista de los finalmente imputados
En concreto, el juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid imputó en febrero de este año a los exviceconsejeros de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández, el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán, el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo; el director gerente de Gesturcal Salvador Molina, el director financiero, Francisco Armero; uno de los responsable de Urban Proyecta, Ángel Román Montes, el exdirector del departamento de Internacionalización de la Junta (Excal) y empresario, Alberto Esgueva Gutiérrez, su hermano Francisco Esgueva Gutiérrez, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y socio fundador de Parque Empresarial Portillo junto a Luis Ángel Rodríguez Herrero, administrador único y Luis Antonio Recio García, vocal y Carlos González Maestro, secretario.
En abril, el juez desestimó los recursos de los imputados, de la acusación pública y de la Fiscalía. Tanto Rafael Delgado como Alberto Esgueva están también investigados en la Trama Eólica.
Investigación parada por falta de tiempo
El recurso de apelación que resuelve ahora la Audiencia de Valladolid desestima además el recurso del PSOE de Castilla y León, personado en la causa como acusación popular, que pretendía que la investigación continuase y aclarase cómo se produjo el alquiler de un palacete en Bruselas por parte de la Junta a los promotores del edificio Perla Negra en el año 2006. Aparentemente, se arrendó a una sociedad belga, Co-Louis, pero era una instrumental. La compró uno de los socios de Urban Proyecta PM3, al igual que el edificio, y meses antes de firmar el arrendamiento. La renta mensual era de 13.920 euros durante 15 años. Si antes de los cinco la Junta rescindía el alquiler, debería pagar hasta completar los 15.
Lo que dice la Audiencia es que “dada la complejidad y lo prolongado en el tiempo de instrucción ninguna actividad instructora debe efectuarse”, y precisa que la declaración del propietario de esa tercera empresa, J.A.M. “se intentó sin éxito”. “Ninguna otra diligencia pudo llevarse a cabo respecto a la contratación de un arrendamiento en Bruselas por Ade Europa a la empresa Colouis S.A., ni siquiera, como se afirma a quo, interrogar a la mayor parte de los investigados respecto a ello, dado la tardía introducción de la cuestión”. Es decir, que no se desestima proseguir con esa parte de la investigación porque no haya motivo, sino porque no hay tiempo.
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