17 años después, Castilla y León, Asturias y Cantabria anunciaron hoy que están ultimando el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Picos de Europa, confiando en tenerlo aprobado este año. Y eso a pesar de que esta celeridad se lleva prometiendo años, como por ejemplo en 2017.
El nuevo compromiso se puso de manifiesto, otra vez, durante la Comisión de Gestión del Parque, reunida en Tresviso (Cantabria), para dar el visto bueno al proceso de aprobación de este documento y la actualización del plan de actividades para 2022.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y sus homólogos de Asturias, Alejandro Calvo; y Cantabria, Guillermo Blanco, aprobaron también el presupuesto del consorcio aprobadas en la última reunión del Patronato, celebrada este mes en Tama, para la anualidad de 2022.
Los tres consejeros coincidieron en destacar que trabajan para tener listo este año el PRUG del Parque, que “permitirá agilizar y simplificar los trámites para la realización de actividades, dependiendo del tipo de propiedad y de la zonificación del espacio que establece esta planificación, afectando a aquellas actividades consideradas como tradicionales, de mantenimiento y deportivas de gran tradición”, detalles que están en este borrador.
Suárez-Quiñones confió en que la aprobación del PRUG sea “un antes y un después” en la gestión del Parque a la hora de garantizar recursos, instrumentos y financiación a sus territorios, además de “dotarle de mayor seguridad jurídica en el objetivo común de las tres comunidades autónomas de compatibilizar la conservación, el aprovechamiento y el disfrute de los recursos del Parque”.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió que los controles del lobo que han decidido poner en marcha de manera conjunta y coordinada Asturias, Cantabria y Castilla y León “no son indiscriminados, sino actuaciones de cirugía que no afectan a la masa biológica de la especie ni al estado de conservación” y que se realizarán sobre determinadas manadas y zonas en las que los ataques sobre la ganadería son “recurrentes y muy importantes”.
Suárez-Quiñones coincidió plenamente en este sentido con los consejeros de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, con quienes mantuvo un encuentro en la localidad lebaniega de Tresviso.
Cazar el lobo, objetivo compartido
Durante la reunión, los tres responsables administrativos reafirmaron su compromiso con una gestión “integral del lobo”, es decir, poder matarlos a través de la subasta de piezas para caza deportiva, porque sólo así se garantizará “su convivencia con la ganadería extensiva”, lo que exige la realización de lo que denominan controles de ejemplares.
A su juicio, éstos no ponen en riesgo la conservación de la especie, cumpliendo las exigencias de la orden ministerial que regula el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (LESPRE).
Han señalado que las actuaciones de control anunciadas que se realicen en las comunidades autónomas “por supuesto” que cumplirán con las exigencias que establece el Lespre: “Los controles se van a realizar de la forma más cercana posible al perjuicio causado por la especie sobre la ganadería”, comentó Suárez-Quiñones, quien avanzó que siempre en el marco de la “seguridad jurídica”.
Los tres consejeros recordaron que la especie, incluso con los datos que maneja el propio Ministerio, “ha mejorado de forma significativa”, tanto en su área de distribución como en sus poblaciones durante los últimos 20 años.
También criticaron el rechazo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “al diálogo directo que las comunidades autónomas han solicitado en todo momento para imponer su decisión unilateral de incluir al lobo en el Lespre sin el respaldo de ningún criterio técnico ni científico”. Una decisión que, según explicó Suárez-Quiñones, “perjudica de una manera muy importante y evidente al sector primario y, en particular, a la ganadería extensiva, que ya cuenta con otros problemas graves, tales como el precio de las materias primas, el combustible o los piensos”.
Ayudas para indemnizaciones
“El Ministerio está privando a las comunidades autónomas de las herramientas que estaban permitiendo la convivencia razonable entre la ganadería extensiva y el lobo porque está suponiendo la puntilla final”, lamentó, para recordar que la ministra ha señalado que hay una partida de 22 millones para las medidas preventivas y la compensación de daños, pero el “dinero no llega”.
“Ya está bien. Un poco más de compromiso con el medio rural, en la lucha contra la despoblación y con nuestros ganaderos y ganaderas”, se despachó el consejero, quien advirtió de que si no se queda sin efecto la orden en la Audiencia Nacional “habrá que buscar medidas compensatorias económicas, que también las están dificultando”.