Una cantera para extraer caliza en Boñar durante 20 años pide una excepción al chocar con las normas urbanísticas

Una nueva cantera de caliza a cielo abierto denominada ‘La Carlota’ da sus primeros pasos administrativos en el municipio leonés de Boñar. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha sometido a información pública el estudio de impacto ambiental de una explotación que se plantea con un horizonte inicial de 20 años, una extracción estimada de 20.000 toneladas brutas de piedra al año y reservas que, según los cálculos de la propia promotora, permitirían mantener la actividad durante un periodo “muy superior” a esas dos décadas.

El proyecto, promovido por Calizas Inmibo SL, se pretende desarrollar sobre cinco parcelas que suman 45.776 metros cuadrados, 4,57 hectáreas, pertenecientes a Industrias Mineras de Boñar SL, sociedad que cede los terrenos a la primera para su explotación minera.

La cantera estará ubicada entre, y cerca de, varios pequeños núcleos del municipio: concretamente, a unos 250 metros de Llama de Colle, a 600 metros de Veneros y a 1,4 kilómetros de Grandoso. También está próxima al agua. El arroyo de Cabanillas discurre a “algo más de 120 metros” de la zona proyectada; el río Colle está “a unos 530 metros”, mientras que el arroyo de El Río queda “a unos 640 metros”. El estudio sostiene que ni los pueblos ni las masas de agua se verán afectadas.

La explotación, además, estará a seis kilómetros del espacio protegido Picos de Europa en Castilla y León y el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. No obstante, la documentación asegura que la superficie de ‘La Carlota’ no está incluida en LIC, ZEPA, ZEC, Red Natura 2000 ni planes de protección de especies.

Una cantera en suelo donde las normas de Boñar prohíben la actividad extractiva

La clasificación urbanística constituye una de las particularidades del expediente. Toda la superficie está catalogada por las Normas Urbanísticas Municipales de Boñar como Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (SR/PA). Y las propias normas locales son explícitas: entre los usos prohibidos incluyen “especialmente los extractivos de todo tipo”.

El proyecto reconoce expresamente esa circunstancia: “En este tipo de suelos, la actividad extractiva es un uso prohibido”. Pero inmediatamente introduce la vía jurídica con la que pretende salvar esa incompatibilidad. Según sostiene la documentación, una modificación posterior del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León convirtió determinados usos anteriormente prohibidos en “usos excepcionales autorizables”, incluyendo las actividades extractivas de rocas y minerales, explotaciones a cielo abierto y sus instalaciones asociadas. La promotora interpreta, por tanto, que la cantera puede someterse a autorización.

Un millón de metros cúbicos de reservas

Los cálculos incluidos en el proyecto estiman en aproximadamente un millón de metros cúbicos el volumen bruto explotable de calizas. El ritmo previsto es de 20.000 toneladas brutas anuales, equivalentes a unos 8.000 metros cúbicos. Con un aprovechamiento calculado en el 80%, la producción comercial neta quedaría en torno a 16.000 toneladas o 6.400 metros cúbicos anuales. Para los primeros 20 años se calcula así una extracción total de alrededor de 160.000 metros cúbicos, muy por debajo de las reservas estimadas.

De ahí que el proyecto sostenga que existirían “reservas suficientes” para mantener la extracción al ritmo previsto durante mucho más de 20 años, aunque la planificación administrativa y el diseño del proyecto se han realizado tomando esas dos décadas como referencia. La propia documentación reconoce además que la previsión del avance de la explotación año a año es “incierta”.

La caliza, identificada en la documentación como ‘Piedra de Boñar’, se arrancaría principalmente mediante medios mecánicos y se comercializaría en diferentes tamaños para construcción e infraestructuras. El proyecto no contempla actualmente el empleo de explosivos, aunque el plan de restauración deja abierta también esa posibilidad futura si llegara a obtenerse el correspondiente permiso.

Sin escombrera permanente, en principio

Otro de los puntos llamativos de los documentos afecta a los residuos de la explotación. El estudio ambiental recalca en mayúsculas que “NO SE PLANTEA LA CREACIÓN DE ESCOMBRERAS” ni depósitos permanentes de estériles, argumentando que alrededor del 80% de la piedra será aprovechable.

Eso no significa que no vaya a almacenarse material sobrante. La tierra vegetal retirada se acumulará en pilas de hasta dos metros para reutilizarla posteriormente, mientras que las calizas alteradas se emplearán en pistas y otras infraestructuras. El resto de material sin salida comercial podrá quedar acumulado en “depósitos temporales”, preferentemente dentro de zonas ya explotadas, hasta su utilización en la restauración.

Y el propio proyecto deja abierta una tercera posibilidad: “Si fuera necesaria la construcción de alguna escombrera permanente, se presentará el oportuno proyecto” ante los órganos competentes. El plan de restauración llega incluso a describir cómo deberán construirse esos depósitos temporales.

Sin planta fija, pero con machaqueo móvil

Algo similar sucede con las instalaciones. La memoria señala que las características de la piedra hacen innecesaria una planta de tratamiento fija, pero contempla que “en casos puntuales” puedan instalarse equipos móviles de machaqueo y clasificación para convertir parte del material en áridos destinados a la construcción.

También prevé instalaciones auxiliares mediante contenedores o construcciones prefabricadas móviles, entre ellas un almacén de recambios y herramientas que funcionaría como pequeño taller y módulos destinados a oficinas, servicios y vestuarios de los trabajadores. El suministro eléctrico se realizaría inicialmente mediante grupos electrógenos.

La actividad requeriría, según la memoria, entre cinco y ocho operarios, además de retroexcavadora hidráulica, pala cargadora, camiones dúmper, equipos de corte y serrado de piedra y otra maquinaria auxiliar.

Restaurar cuatro hectáreas al terminar

Una vez agotada la explotación, el proyecto incorpora un plan de restauración para remodelar el terreno. Se plantea rellenar parcialmente los huecos con materiales inertes, suavizar y estabilizar los taludes, extender de nuevo tierra vegetal y recuperar una cubierta herbácea mediante siembra e hidrosiembra. Los materiales almacenados en los depósitos temporales se utilizarían precisamente para esta fase.

Posteriormente se acometería la revegetación con especies autóctonas. Entre las elegidas figuran encina (Quercus rotundifolia), chopo negro (Populus nigra), brezo arbóreo (Erica arborea) y escoba (Cytisus scoparius). El documento plantea una distribución aproximada de 2,5 por 2,5 metros entre ejemplares, mientras que el presupuesto contempla 800 plantas por hectárea en cuatro hectáreas, además de plantaciones específicas de frondosas en otras superficies.

El coste presupuestado para ejecutar la restauración asciende a 67.133,61 euros, IVA incluido, lo que el documento cifra en unos 16.785 euros por hectárea.

En el plano económico, la memoria de explotación defiende la rentabilidad de ‘La Carlota’ y concluye que la viabilidad del proyecto está garantizada, apoyándose tanto en el volumen de reservas como en la previsión de comercialización de la piedra. La estimación de la promotora sitúa el beneficio anual previsto en el entorno de los 93.000 euros, una vez computados los costes de explotación.

Un mes para consultar el expediente completo y presentar alegaciones

La tramitación ambiental que ahora sale a información pública será, en cualquier caso, uno de los pasos previos necesarios antes de que la cantera pueda comenzar a funcionar. A ello se suman las autorizaciones mineras, ambientales y urbanísticas correspondientes, incluida precisamente la que deberá resolver la posibilidad de implantar una explotación extractiva sobre unos terrenos que las normas municipales de Boñar siguen clasificando como suelo rústico de protección agropecuaria y en los que expresamente consideran prohibidas las actividades extractivas.

El proyecto queda ahora sometido a información pública durante 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio este miércoles 26 de agosto en el Bocyl, periodo durante el que podrán presentarse las alegaciones y observaciones que se consideren pertinentes. El expediente completo —proyecto de explotación, estudio de impacto ambiental y plan de restauración— puede consultarse en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, en la avenida Peregrinos, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas y previa cita, así como a través de la web de Energía y Minería de la Junta de Castilla y León. Su trámite será mediante Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.