El número de desahucios registrados en Castilla y León durante los seis primeros meses del año alcanzó los 700, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la convierten en una Comunidad “especialmente afectada” por esta realidad. Por ese motivo, desde Amnistía Internacional se reclaman medidas de emergencia ante una situación urgente generada por los procesos de corrupción urbanística.
Así lo declaró la directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Barcelona, Vanesa Valiño, que recordó que lo que está pasando en España, no está ocurriendo en el resto de Europa, al menos “con la misma virulencia”. Por eso, reclamó medidas de urgencia, porque la configuración del parque de viviendas en España hace que, no sólo se pierda una vivienda, sino que además no se disponga de una vivienda social para habitar.
Por eso, hizo un llamamiento para la aplicación de medidas como las adoptadas en otros países también con dificultades, como Grecia, donde se han concedido moratorias a los desahucios de origen hipotecario. Así se podría detener la “sangría” de desahucios, aunque a medio y largo plazo sería necesario acometer la reforma de los sistemas inmobiliarios y financiero, que es donde puede ubicarse el origen de los procesos de corrupción urbanística registrados.
De los 700 desahucios contabilizados en Castilla y León hasta el pasado mes de junio, más de 400 correspondían a un impago del alquiler, mientras que el resto eran debidos a ejecuciones hipotecarias. Estos datos demuestran que los impagos por alquiler duplican a los desahucios de origen hipotecario, un problema que se quiere poner sobre la mesa y que supone una urgencia en materia de ejecuciones hipotecarias, pero sobre todo un problema “grave” en relación a las dificultades para pagar el alquiler.
Valiño participó este sábado en León en una mesa redonda bajo el título 'El derecho a la vivienda en España. ¿Es realmente un derecho?', celebrada con motivo del V Encuentro de Activistas de Castilla y León. En esta sesión se recordó que la vivienda es un derecho que, en el caso de España, se encuentra recogido en la Constitución. Valiño incidió en que las políticas de vivienda tienen que cumplir determinados objetivos que irían desde satisfacer el derecho a la vivienda de los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad, pero también a impedir la especulación.
Sin embargo, el modelo financiero y especulativo promovido en los últimos 40 años han impedido que el derecho a la vivienda se haga efectivo. Por eso, con la jornada celebrada hoy en León se quería mostrar que la vivienda como un derecho “no es un problema”, sino que es consecuencia de un modelo construido “alrededor del negocio inmobiliario” y que está impidiendo ejercer ese derecho en España.