Los acusados por el “universo Púnica” en León piden frenar por “indefensión” el juicio en la Audiencia Nacional
El “universo Púnica” que se convirtió después en la pieza separada 2 y que afecta de lleno a la Diputación de León comenzó a juzgarse hoy, ocho años después de las primeras detenciones e imputaciones, en la Audiencia Nacional.
La sesión estuvo marcada por la petición unánime de las defensas de todos los acusados de que no se celebre la vista alegando por un lado “indefensión”, “vulneración de la tutela efectiva” y también “dilación” de todo el complejo proceso judicial.
En estos argumentos coincidieron la práctica totalidad de los letrados de los seis imputados, los leoneses Marcos Martínez Barazón (expresidente de la Diputación), Pedro Vicente Sánchez y el exinterventor Jesús López, así como los presuntos conseguidores Alejandro de Pedro, José Antonio Alonso Conesa y Guadalupe Caballero, empleada de De Pedro en las empresas Eico y Madiva. Una imagen de banquillo de los acusados histórico en una provincia como León y que se ha hecho de rogar.
La vista arrancó con la ratificación inicial de penas de prisión y además la petición de la Fiscalía (Carmen García-Cerdá y María Teresa Gálvez) de incorporación de nuevas pruebas, correos electrónicos, grabaciones telefónicas o informes, algunas procedentes de otras de las 12 piezas separadas, otro motivo de queja de los defensores. Y es que argumentaron verse incapaces de asumir tan ingente volumen de documentación de un caso cuya pieza original por sí sola ya sumó 338 tomos antes de desgajarse por toda España. De ahí que el abogado de De Pedro lo tildara de “universo Púnica” y que la letrada del exdirigente Martínez Barazón, Natalia Escanciano, hablara de “exceso de encausamiento”.
Conocidos testigos en León para ambas partes
Las dos fiscales, además, ratificaron que intención de mantener testimonios que consideran relevantes, como el de el diputado provincial de Turismo en 2014 cuando saltó el escándalo, Miguel Ángel del Egido, o la secretaria de Presidencia tanto de Isabel Carrasco como después de Martínez, Henar Bardón, así como podrían testificar también los políticos populares Agustín Rajoy y Ricardo Gavilanes, ambos propuestos por el defensor del principal acusado conseguidor. También se aclaró la localización por fin del exfuncionario José Antonio Álvarez-Canal para ser citado como testigo, ya que se había contactado con otra persona en su lugar.
La mayor parte de los defensores, además, reclamaron que si el Tribunal rechaza su petición de no celebración del juicio, al menos puedan testificar en último lugar, después de la presentación de todas las pruebas y testimonios, salvo en el caso de la letrada del exdirigente del PP Marcos Martínez, hoy todavía alcalde del Ayuntamiento de Cuadros, que se avino a lo que decida el juez en este sentido.
De lo poco que se entró en materia, por tratarse de una sesión para dilucidar cuestiones previas muy técnicas, formular las últimas alegaciones y otras cuestiones procedimentales, llamaron la atención algunos detalles. Por ejemplo, cuando se defendió que los pagos con dinero público a las empresas de De Pedro que acabaron sufragando campañas de reputación personal de Isabel Carrasco, primero, y Marcos Martínez, después, se defendieran como cualquier otro gasto de la Diputación “como agencia de publicidad”. Dinero que el letrado de Pedro Vicente Sánchez, aún hoy alcalde de Puebla de Lillo, consideró “una gota de agua entre los gastos” publicitarios de la institución, fruto e un reparto por “un sistema igualitario” hacia Madiva como hacia otras empresas, dijo.
'Renegando ' de ser la mano derecha de Carrasco
El mismo letrado, aunque no era el momento, se afanó ya en demostrar que Sánchez “no era la mano derecha de la presidenta” Carrasco -a la que se investigó también pero fue asesinada pocos meses antes de Púnica-. Y para ello anunció la incorporación de documentos del Ayuntamiento de Lillo que pretenden demostrar que, antes al contrario, “estaba de uñas con la presidenta”, por rechazar la recepción de una obra en la estación de esquí de San Isidro o a cuenta de desavenencias con el macroproyecto de la línea de alta tensión hacia la estación invernal.
Por su parte, también anunció novedades documentales la defensora de Martínez Barazón, con la aportación de los pliegos de la gestión de las cafeterías Los Rebecos y el Hostal Pico Agujas en San Isidro con los que intentará demostrar que los cambios introducidos son “sugerencias” previas a su presunto amaño para beneficiar a las empresas de Alejandro de Pedro.
El juicio continuará el lunes, cuando el Tribunal dilucidará todas las cuestiones procedimentales, decidirá el orden de las pruebas y testimonios, y determinará las condiciones de la continuidad de un proceso en el que Marcos Martínez se enfrenta según la Fiscalía a 10 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación para cargos públicos durante 23 años; Alejandro de Pedro a entre 5,6 años y 8 de prisión; Pedro Vicente Sánchez a 9 años y 6 meses de prisión; el entonces interventor de la Diputación, Jesús 'Suso' López 7 años de cárcel y una inhabilitación máxima de 18 años; José Antonio Alonso Conesa a 5 años y 6 meses de cárcel en la situación más suave y 8 si se estiman los delitos peores; y a Guadalupe Caballero 3 años y cinco meses de prisión.
Las representantes de la Fiscalía aseguraron que en la vista se podrán encima de la mesa pruebas más que suficientes para decidir si los pagos de hasta 90.000 euros a ambas compañías “eran trabajos de publicidad o de reputación” personal de los presidentes, y a cambio también de presuntos beneficios en contratos y gestión de servicios públicos de la institución leonesa.
