Visto bueno ambiental de la Junta a dos macroparques solares que cubrirán de placas 336 hectáreas de Rioseco de Tapia
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este jueves publica la declaración de impacto ambiental favorable a dos macroparques solares para sembrar de placas 336 hectáreas de Rioseco de Tapia. De esta manera, la administración autonómica da el visto bueno a dos de los tres proyectos de sociedades limitadas unipersonales (SLU) de Enagas, el gestor de las infraestructuras de gas en España, para la zona: Roblasun 1 y Roblasun 2, si bien está pendiente un tercero, Roblasun 3, con el que están directamente vinculados.
Los dos proyectos que acaban de recibir la declaración favorable de impacto ambiental, Roblasun 1 y Roblasun 2, son prácticamente idénticos, tienen proyectada la instalación de 110.970 módulos fotovoltaicos de 450Wp, marca/modelo: Sunny Central 2500- EV o equivalente con una potencia pico total de 49.936,50 KWp cada uno en un plazo de 12 meses. La única diferencia es que Roblasun 1 lo quiere hacer ocupando 163,85 hectáreas por 27.506.197,78 euros y Roblasun 2 en un poco más de espacio (172,58 hectáreas) lo hará por un coste algo menor (26.459.564,95 euros).
La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), cuatro particulares, el Ayuntamiento de Rioseco de Tapia y la Asociación Ecologistas en Acción en la provincia de León presentaron alegaciones porque los proyectos “suponen un cambio de uso, de tierra de cultivo y/o pastos a suelo industrial”, “las líneas de evacuación no son subterráneas en la inmensa mayoría de su trazado”, el “importante impacto ambiental” de la actividad, “perjudica la actividad apícola al reducirse el área de pecoreo”, “en la documentación expuesta a información pública aparecen parcelas sin permiso verbal o escrito de los propietarios” , que “la mayor parte del suelo está clasificado como suelo rústico de protección natural” o que “la fragmentación de los proyectos fotovoltaicos de la zona causa indefensión que podría constituir un fraude de ley y hace nulos los estudios de impacto”.
A todo ello dieron contestación la propia empresa y el servicio territorial de Medio Ambiente que subrayó que “se comprueba que los solicitantes son empresas diferentes pero pertenecientes al mismo grupo empresarial, con el mismo domicilio, de forma que pueden surgir dudas en relación con la cuestión de la titularidad real de estas personas jurídicas frente a la titularidad formal”. No obstante, y a pesar de que el portavoz del Gobierno, Carlos Fernández Carriedo, se comprometió a tener en cuenta los proyectos 'troceados', la administración autonómica ha dado el visto bueno ambiental.
