La Junta otorga la “utilidad pública” a una macroplanta solar en Rioseco de Tapia para expropiar casi 200 fincas
Una nueva macroplanta solar cobra forma y avanza ya de modo imparable en la Montaña Central de la provincia de León. Ese impulso definitivo llega de la mano de la Junta de Castilla y León, que en apenas medio año ha declarado de utilidad pública el proyecto fotovoltaico Roblasun 2, promovido por la sociedad Roblasun 2, perteneciente a la compañía Ignis Group, un productor independiente de energía español, en el municipio de Rioseco de Tapia.
La decisión blinda el proyecto definitivamente y permite activar los trámites de expropiación forzosa y la imposición de servidumbres sobre todos los terrenos necesarios para ejecutar la instalación. La resolución llega después de que el proyecto superara los trámites de autorización administrativa y construcción y de que la promotora acreditara acuerdos con más de la mitad de los propietarios afectados, tras iniciarse el proceso en enero de este mismo año.
El expediente contempla una superficie total afectada de 1.591.117 metros cuadrados de extensión, lo que es lo mismo, 159,1 hectáreas, correspondiente a la suma de 427 parcelas particulares incluidas en el ámbito del proyecto. De ellas, 238 parcelas, el 55,74% del total, ya cuentan con acuerdos previos entre la empresa y sus propietarios, mientras que quedan 189 parcelas sin acuerdo. Es sobre estas sobre las que la declaración de utilidad pública permite establecer la necesidad 'a la fuerza' de ocupación o el paso de servicios e instalaciones.
La declaración de utilidad pública supone, por tanto, un nuevo paso administrativo para un proyecto que ya obtuvo la autorización administrativa previa en abril de 2023 y de construcción en 2024. La resolución establece la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y permite continuar con el procedimiento expropiatorio de las fincas que todavía no han sido objeto de acuerdo.
El expediente ha estado sometido a información pública, periodo durante el cual los titulares de los terrenos afectados formularon alegaciones y objeciones a la ocupación de sus propiedades. La documentación recoge la contestación técnica de la empresa promotora a estas alegaciones y el resultado de las gestiones realizadas para alcanzar acuerdos con los propietarios.
El listado de bienes y derechos afectados muestra, además, que el procedimiento no se limita a terrenos de carácter particular. Entre las parcelas incluidas figuran seis propiedades del propio Ayuntamiento de Rioseco de Tapia, otras cuatro pertenecientes a la Junta Vecinal del pueblo de Espinosa de la Ribera y tres de la Junta Vecinal de Rioseco de Tapia. También aparece una parcela vinculada incluso a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista León-Asturias AP-66, que transcurre cerca de donde se desarrollará la macroplanta.
Una planta con más de 110.000 paneles solares
Roblasun 2 es uno de los grandes proyectos solares previstos en Rioseco de Tapia. La instalación contará con 110.970 módulos fotovoltaicos de 450 Wp, con una potencia pico total de 49,93 MWp y una potencia nominal de 41,66 MVA.
La infraestructura dispondrá además de 11 centros de transformación y 19 inversores de 2.500 kVA. La electricidad generada será evacuada mediante tres líneas subterráneas, con una longitud conjunta superior a los 20 kilómetros, hasta la subestación SET Rioseco 132/30 kV, recoge la documentación.
Roblasun 2 forma parte, además, de un conjunto de tres proyectos fotovoltaicos promovidos en Rioseco de Tapia por sociedades vinculadas a Enagás, junto a Roblasun 1 y Roblasun 3. En conjunto, las tres iniciativas plantean ocupar más de 500 hectáreas de terreno y representan una inversión estimada superior a los 80 millones de euros, aunque estos dos últimos llevan trámites menos avanzados por el momento.
La tramitación de estos proyectos ya generó en su día oposición entre colectivos agrarios, ecologistas y vecinos de la zona, que han cuestionado en fases anteriores aspectos relacionados con el cambio de uso de terrenos agrícolas, el impacto ambiental y sobre la actividad apícola, la fragmentación de las iniciativas -ya que si superan los 50 megavatios ya no tramita la Junta sino el Ministerio- y la inclusión de parcelas cuyos propietarios no habrían autorizado inicialmente su utilización.
La declaración de utilidad pública de Roblasun 2 supone ahora un avance decisivo en su tramitación, al permitir que las fincas para las que no se ha alcanzado un acuerdo voluntario puedan quedar sometidas al procedimiento de expropiación forzosa o de imposición de servidumbres.