La Plataforma en Defensa de Feve León ha presentado una nueva propuesta técnica que, según sus cálculos, permitiría recuperar el servicio ferroviario en el tramo urbano de la ciudad de León, prometido hace 15 años y aún sin cumplirse. Y además consideran que la propuesta podría ser plenamente viable en un plazo de cuatro años, ejecutando una inversión que estiman entre 57 y 61 millones de euros, es decir, más económica que otras que se podían barajar hasta ahora.

Con esos parámetros, se trata de una solución que reduce a la mitad los tiempos de otras alternativas y a aproximadamente un tercio el coste de varias opciones que hasta ahora planteaban las administraciones públicas.

La propuesta se recoge en un nuevo informe que ha sido remitido a distintas instituciones, como el Ministerio de Transportes o la Junta de Castilla y León. Ha sido elaborado por el grupo de asesoramiento técnico-jurídico de la Plataforma, con el respaldo del Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria (GIIF) de la Universidad del País Vasco (UPV).

En detalle

El documento profundiza en una alternativa basada en la utilización de trenes híbridos diésel-baterías como vía para desbloquear la integración de Feve en León. Según el informe, el estancamiento del proyecto responde básicamente a dos problemas: la obsolescencia del actual material móvil y la falta de puesta en servicio del tramo tranviario, desde la estación de La Asunción hasta la céntrica estación de Matallana en la avenida Padre Isla. Ambos, sostiene la Plataforma, pueden resolverse de forma conjunta mediante la adquisición de nuevos trenes diseñados para prestar servicio tanto en líneas ferroviarias convencionales como en entornos urbanos de tipo tranvía.

La solución propuesta se basa en trenes con tracción híbrida diésel-baterías, una tecnología que combina tramos de funcionamiento con gasóleo, para tracción y recarga, con otros de consumo exclusivamente eléctrico a partir de baterías embarcadas. Este sistema permitiría circular sin emisiones en zonas urbanas como la de León capital y requeriría únicamente la adaptación y recrecido de los actuales andenes ejecutados y que nunca han tenido uso. De este modo no habría necesidad de electrificar la línea.

Desde el punto de vista técnico, la Plataforma defiende que se trata de una opción “perfectamente viable”, ya probada y más económica que otras alternativas basadas en nuevas tecnologías.

También subraya que es mucho más inmediata que la valorada opción del hidrógeno como método de propulsión de los vagones, cuya implantación a corto plazo considera incierta a la vista de la evolución del proyecto FCH2Rail en el que participaron Renfe y Adif y del que no se han conocido avances recientes.

Como base para una implementación rápida, la propuesta se apoya en un contrato actualmente en desarrollo por Renfe para la fabricación y suministro de nuevas unidades de ancho métrico, formalizado a finales del año 2020.

Ese contrato prevé la construcción de 31 vehículos autopropulsados, de los cuales cinco cuentan con tracción híbrida diésel-eléctrica, junto con el suministro de repuestos y el mantenimiento durante quince años. Aunque ninguno de esos trenes tal y como se plantean es apto para el servicio tranviario urbano de León, la Plataforma considera que su diseño puede servir como punto de partida.

Unidades híbridas con baterías recargables

Bastaría, según explica el informe, con fabricar unidades idénticas a las híbridas ya contratadas, sustituyendo el sistema de tracción eléctrica por baterías y añadiendo los sistemas de frenado y señalización necesarios para la explotación en régimen tranviario.

Esta adaptación permitiría eliminar la fase de diseño y homologación de un prototipo completamente nuevo, uno de los principales factores que encarecen y alargan los proyectos. Es por eso que estimen que esta nueva solución podría ponerse en servicio en un plazo aproximado de cuatro años y con un coste total estimado entre 57 y 61 millones de euros.

La Plataforma en Defensa de Feve León insiste en que corresponde al Ministerio de Transportes y a Renfe la toma de decisiones sobre el material móvil, pero vuelve a ofrecer la colaboración de su grupo técnico-jurídico y del GIIF de la UPV para avanzar en una solución definitiva.

El sistema de transporte autonómico Buscyl ha superado los 10 millones de viajes gratuitos en Castilla y León, alcanzando ya los 10.072.879 en concreto, según ha informado este domingo la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, se aprecia en el reparto provincializado de los viajes del nuevo sistema una distribución muy desigual por provincias. Tal es así que sitúa a Valladolid y Salamanca muy por delante del resto, especialmente de León, que ocupa el tercer lugar, casi con la mitad de viajes. Y el resto de provincias todavía van mucho más a la cola.

Según los datos facilitados hoy con motivo de un año del inicio de la puesta en funcionamiento, Valladolid encabeza el uso del servicio con 3.435.559 desplazamientos, seguida muy de cerca por Salamanca, con 3.291.797. Ambas provincias concentran por sí solas más de dos tercios del total de viajes registrados en la Comunidad.

A notable distancia aparece León, con 1.790.556 viajes, una cifra que supone prácticamente la mitad de los registrados en cada una de las dos provincias líderes. La diferencia evidencia un uso del sistema mucho más intensivo en Valladolid y Salamanca en comparación con el territorio leonés. Hay que recordar que el ritmo de implantación paulatina relegó en varias veces a la provincia leonesa.

Y ya muy por detrás de León se sitúan el resto de provincias con cifras considerablemente menores: Segovia alcanza los 641.538 viajes; Palencia, 314.127; Burgos, 283.228; Zamora, 126.436; Ávila, 122.576; y Soria cierra la lista con apenas 67.062 desplazamientos.

En conjunto, los datos reflejan una fuerte concentración del uso del transporte gratuito en determinados núcleos provinciales, mientras que en otras zonas su implantación presenta un alcance mucho más limitado.

El sistema cuenta ya con más de 719.000 tarjetas activas, “un dato que muestra su rápida implantación y permite dimensionar el alcance real del servicio, con una base amplia de usuarios que respalda el crecimiento sostenido del número de viajes”, han precisado dichas fuentes en un comunicado.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que ha aprobado el proyecto de construcción del primer tramo de la autovía A-76 (Ponferrada-Orense) entre Villamartín de la Abadía y Requejo, en la provincia de León, con una inversión estimada de 133,5 millones de euros.

La actuación, cuya resolución será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla la transformación en autovía de 6,24 kilómetros de la actual N-120, dentro del trazado de la futura conexión entre estas dos comunidades autónomas.

El nuevo tramo arrancará en la conexión con la autovía A-6 en sentido Madrid y con la N-VI mediante glorietas, y finalizará en el entorno del kilómetro 434 de la N-120, donde se repondrá parte de esta vía para mantener los accesos a localidades como La Barosa, Valiña o El Carril.

El proyecto incluye además varios enlaces estratégicos, que permitirán el acceso a Toral de los Vados, al Polígono Industrial de El Bierzo y a zonas como Requejo, Covas o instalaciones industriales del entorno, entre ellas canteras y la fábrica de Morteros La Estrella.

Asimismo, se prevé la construcción de dos nuevos viaductos, uno sobre el río Burbia y otro paralelo al viaducto del Marco.

Desde el Ministerio destacan que esta actuación permitirá mejorar la capacidad y la seguridad vial en un corredor considerado estratégico para las comunicaciones entre Castilla y León y Galicia.

Además, la nueva infraestructura facilitará el acceso a la Plataforma Logística de El Bierzo y a los núcleos industriales de la zona, al tiempo que contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones de circulación para los usuarios. 

La Plataforma en Defensa de Feve en León ha solicitado a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de León la inclusión de la línea hoy denominada Renfe Cercanías León, entre la estación de Padre Isla y Garrafe de Torío, en la futura tarjeta del Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León que se acaba de poner en marcha y culminará en dos años.

Esta actuación que persigue unificar el sistema de transporte público del área metropolitana a partir de 2028, según ha recordado este jueves en una nota de prensa, tras la reunión preparatoria de ayer con presencia del consejero de Movilidad, José Luis Sanz, y el alcalde de León, José Antonio Diez, en la que hubo muy pocos detalles concretos.

La plataforma ha reclamado que este servicio ferroviario forme parte del nuevo abono del Consorcio con el objetivo de integrar bajo una misma y futura tarjeta -no la de Buscyl para transporte gratuito- todos los modos de transporte público del área leonesa y facilitar así la movilidad cotidiana de los usuarios, eliminando duplicidades y mejorando la intermodalidad.

En este sentido, ha recordado que la incorporación del tren de cercanías no impediría seguir utilizando los títulos de transporte propios de Renfe ni los abonos puntuales. “La inclusión del tren de Feve en el Consorcio permitiría una verdadera integración del transporte público, como ya ocurre en otras ciudades españolas”, ha apuntado la plataforma.

De este modo, ha puesto como ejemplo modelos ya implantados en Zaragoza, con la Tarjeta Lazo, o en Madrid, donde un único abono da acceso a autobuses, metro y cercanías ferroviarias, recoge Efe.

En este sentido, la Plataforma en Defensa de Feve ha insistido en que es necesaria la iniciativa de la Junta de Castilla y León para abrir negociaciones con Renfe y hacer viable la integración prometida hace 14 años para el tramo urbano de la capital y todavía si el regreso a la estación de Matallana de tren o tranvía alguno. Un proceso que consideran técnicamente posible y políticamente asumible si existe voluntad institucional, remarcan.

Opinión contraria: la Junta es la competente

La Plataforma ha venido a replicar, y contradecir públicamente, al consejero de la Junta, que ayer dijo que la competencia exclusiva de la integración y de la gestión de la línea de la antigua Feve es competencia del Gobirno central, a través de Adif y de Renfe, dejando sólo la puerta abierta a que la administración autonómica arrime el hombro como colaboradora, siempre que lo hagan el resto de instituciones, como la Diputación, remarcó Sanz.

Sin embargo, según el colectivo, esta actuación es competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León, al tratarse de un servicio que discurre íntegramente dentro de la Comunidad autónoma. En concreto, se remiten al artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para respaldar esta demanda y reclama a la administración autonómica que lidere los contactos tanto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como con Renfe para desbloquear una situación que califican de “pendiente desde hace años”.

En este contexto, la plataforma también ha demandado al Ministerio de Transportes diálogo y voluntad política para culminar la integración hasta Padre Isla y permitir que el tren-tram puedan circular sin interrupciones, cumpliendo así con el planteamiento inicial del proyecto ferroviario, firmado en 2010.

Asimismo, ha precisado que tanto la Junta como el Ayuntamiento de León tienen a su disposición grupos de apoyo técnico y jurídico para colaborar en la búsqueda de soluciones, como las tres opciones ya por ellos planteadas, y siempre lideradas por la Junta.

Insistiendo en la protesta semanal

En concreto, ha mencionado al grupo de asesoramiento técnico-jurídico y al Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria (GIIF) de la Universidad Politécnica de Valencia, que se ofrecen a participar en cualquier grupo de trabajo público o privado que se constituya al respecto.

Por último, la Plataforma en Defensa de Feve ha vuelto a convocar a la ciudadanía leonesa a participar en un corte simbólico de la avenida Padre Isla, a la altura de la estación, como gesto reivindicativo a favor de la plena integración del ferrocarril en el sistema de transporte público de la ciudad. La protesta está prevista, como cada sábado, entre las 13.30 y las 14.00 horas.

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La primera reunión oficial del Consorcio de Transporte en el Área Funcional Estable de León, sólo a dos bandas formadas por el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, no sirvió este miércoles para aclarar ninguna novedad esencial respecto al futuro sistema que, con un plazo de casi dos años, habrá de integrar y coordinar los autobuses de la capital con los de todo su nutrido alfoz, el área metropolitana que también forman San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos, Cuadros, Valdefresno, Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina, Chozas de Abajo, Onzonilla y Villaturiel.

En palabras del consejero de Movilidad y Transformación Digital en funciones, José Luis Sanz, tras la firma -no pública- del nuevo Consorcio en febrero, en plena precampaña, hoy tan sólo se ponía en marcha una comisión de seguimiento de algunos primeros pasos técnicos que no detallan nada muy esencial ni novedoso. De hecho, a preguntas de los periodistas, no se aclaró dónde se ubicarán los futuros intercambiadores que, como el nuevo de Eras de Renueva, pasarán a sustituir a los puntos más céntricos actuales como Santo Domingo y su entorno, como se da por hecho.

Tampoco se avanzó nada sobre una posible reestructuración de las actuales 37 rutas metropolitanas (buses azules) o de las 13 urbanas de León (buses púrpuras o rojos), reclamada por no pocos ayuntamientos del entorno para mejorar detalles obsoletos desde hace casi décadas, las mismas que hace que se lleva hablando de este nuevo Consorcio. Y respecto a que se supriman algunas paradas en el alfoz leonés, como han manifestado temer algunos alcaldes, Sanz garantizó que eso no ocurrirá y en todo caso se aumentarían: “Lo mínimo es donde estamos ahora y no hay ninguna información que sustente” ese temor, dijo.

¿Gestionar Feve como cercanías? Ni sí ni no

El consejero no quiso detallar igualmente si la Junta daría el paso adelante para asumir la competencia de gestión de la antigua línea de Feve, hoy Renfe Ancho Métrico, cuyo tramo urbano de León lleva 14 años paralizado y sin visos de solución por parte del Ministerio. En este sentido, tras la reclamación de la Plataforma que exige la reapertura, aduciendo que los transportes de cercanías ferroviarias son gestionados por algunas autonomías, Sanz se limitó a asegurar que la Junta “no descarta colaborar” pero sólo si se implican el Ayuntamiento y la Diputación, y una condición aún más explícita: que abandere el proyecto el Gobierno central, “que es quien tiene la competencia”.

Considera que esta opción de dejarlo todo en sus manos es una cuestión “compleja”, dado que “cualquier mejora en la conectividad y en la movilidad necesita la disposición de todas las administraciones para colaborar, incluida la Diputación de León, dado que afecta a una gran cantidad de municipios del valle de Torío y de la Montaña Oriental Leonesa” dijo.

Billete único pero con dudas

En realidad, la única concreción explicada por Sanz fue que al unificarse, por fin, los buses metropolitanos y los urbanos bajo una misma red, el sistema tarifario será único, con un sólo tipo de billete, algo que sin embargo no se ha detallado cómo será posible si en el transporte al alfoz es gratuito a través del nuevo sistema Buscyl pero el de León seguirá excluido de esa gratuidad.

Todos esos detalles explicaron genéricamente el consejero y el alcalde de León, José Antonio Diez, que como mayor detalle reseñaron que el Plan de Movilidad obligatorio tiene un plazo de un año marcado en el convenio, y serán ahora los técnicos los que irán tomando decisiones concretas para la real coordinación el transporte urbano e interurbano.

José Luis Sanz también explicó por qué este Consorcio, el Plan de Movilidad, es sólo bilateral, con la Junta y León, sin presencia de ningún representante de los restantes diez municipios del entorno. “Puede parecer que estan excluidos pero no es así”, ya que “el área metropolitana anteriormente estaba cofinanciada por esos diez ayuntamientos pero desde que se instaló Buscyl ya no hacen ninguna aportación, la ha asumido íntegramente la Junta”. Pero matizó que “sí se cuenta con ellos si alguno tiene interés en integrarse” y en todo caso habrá reuniones de coordinación con alcaldes y “ponencias técnicas” que aún funcionan “para tenerlos al tanto y hacer aportaciones”.

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Astorga han elevado el tono contra la planificación del Corredor Atlántico y advierten de que el actual diseño de las infraestructuras ferroviarias puede frenar el desarrollo logístico y empresarial de la ciudad y su entorno.

Ambas instituciones critican que los proyectos se estén planteando “a espaldas del territorio” y sin coordinación con las administraciones locales, lo que, a su juicio, supone invertir recursos públicos sin generar retorno económico ni oportunidades de crecimiento.

Entre las principales reclamaciones figura la necesidad de que el ferrocarril no atraviese Astorga sin impacto real en la economía local. En este sentido, defienden que las inversiones deben ir ligadas a la creación de tejido empresarial, empleo y fijación de población, y no limitarse a infraestructuras que no conecten con el desarrollo industrial de la zona.

Uno de los puntos clave del conflicto es el desarrollo de un área logística en Astorga, que, según denuncian, no estaría correctamente integrada en la red ferroviaria prevista. Desde el Consistorio y la Cámara sostienen que existen alternativas técnicas viables para conectar estos espacios, como el uso del trazado de la Ruta de la Plata desde la estación de Puerta de Rey, una opción que aseguran cuenta con antecedentes en la planificación urbanística.

También muestran su rechazo a la paralización del ramal ferroviario de mercancías entre Astorga y La Bañeza, que consideran esencial para el presente y el futuro económico de la comarca. Subrayan que esta infraestructura daría servicio tanto a empresas ya implantadas como a nuevas actividades vinculadas a sectores como el agroalimentario o el ámbito militar.

En este contexto, critican que se vincule este proyecto a estudios a largo plazo como la reapertura completa de la Ruta de la Plata, lo que retrasaría soluciones inmediatas. “El progreso no puede esperar a 2050”, advierten, reclamando actuaciones a corto plazo que permitan reactivar el centro de la provincia.

Otro de los aspectos cuestionados es la planificación de las vías de apartado para trenes de mercancías, donde denuncian decisiones que consideran poco útiles desde el punto de vista logístico y que, además, podrían generar impactos negativos en el territorio.

Ante esta situación, Ayuntamiento y Cámara reclaman al Comisionado del Corredor Atlántico una mayor coordinación con las administraciones locales y autonómicas, así como una revisión de los proyectos para adaptarlos a las necesidades reales de la comarca.

El posicionamiento institucional refleja el malestar creciente en Astorga ante una planificación ferroviaria que, lejos de impulsar el desarrollo, consideran que puede dejar al territorio al margen de las oportunidades económicas vinculadas a uno de los grandes ejes de transporte europeos.

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el anunciado paquete de ayudas, por importe de 287 millones de euros -117,4 millones correspondientes a las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno central-, para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con especial incidencia en los sectores dependientes del petróleo.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a estas ayudas que se trata de 28 medidas agrupadas en siete bloques específicos para atender las diferentes necesidades de los sectores productivos y las familias.

De entre estos bloques, Carriedo ha detallado que el que absorbe más fondos es el vinculado a la merma de ingresos en las arcas autonómicas que implica el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central, con 117,4 millones; seguido de los 113 millones para la financiación de sectores empresariales, 33,3 millones para eficiencia y ahorro energético, 10 millones para garantizar el funcionamiento de servicios públicos, 7 millones para favorecer la empleabilidad, 5 millones para reforzar el transporte colectivo de viajeros y 1 millón para ampliar el apoyo a las familias vulnerables.

Carriedo ha defendido que se trata de una respuesta rápida por parte de la Junta, al tratarse de una de las primeras autonomías en aprobar ayudas de este tipo, y ha añadido que aunque algunas de las medidas tienen como horizonte temporal el próximo 30 de junio, otras tienen vocación de permanencia, al entender que se trata de medidas estructurales que seguirán vigentes haya o no guerra en Oriente Medio, como las vinculadas al transporte de viajeros en autobús.

Como sectores más afectados, el portavoz de la Junta ha asegurado que estas medidas han sido tomadas tras mantener contactos con asociaciones de industriales, transportistas y con las organizaciones profesionales agrarias.

Ha reconocido que puede que con estas medidas no den “satisfacción completa” a las reivindicaciones de los sectores, pero ha asegurado que la financiación queda “garantizada”, pese a estar actualmente el Gobierno autonómico en funciones, sin tener referencias claras sobre la duración de esta crisis de precios energéticos.

Preguntado por la posibilidad de deflactar el IRPF para compensar la subida de precios, tal y como reclama el PP a nivel nacional, Carriedo ha respondido con la propuesta de su partido para rebajar el tramo autonómico del mismo impuesto, pero sin referencias a la deflactación.

En este sentido, Carriedo ha explicado que al estar en funciones el Gobierno no puede aprobar proyectos de ley en este sentido, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para constituir pronto un nuevo Gobierno que dé “estabilidad y confianza”.

No obstante, ha subrayado que desde el Gobierno autonómico en funciones asumirán “todos los restos y desafíos” que se presenten: “Que haya un gobierno en funciones no significa que haya un gobierno que no funciona”, ha resumido Carriedo, convencido de que tienen la “obligación de funcionar y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”.

Las medidas concretas:

1. Línea de adaptación a alzas de costes, hasta 750.000 euros y bonificación del 1,75% y un plazo de amortización de hasta 180 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

2. Financiación de circulante a la internacionalización para pymes, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5 % y un plazo de amortización de hasta 60 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

3. Financiación de costes energéticos a empresas exportadoras para inversión en sistemas de autoconsumo que reduzcan la exposición a la volatilidad energética de hidrocarburos, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5% y un plazo de amortización de hasta 180 meses de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

4. Fondo Internacionalización: para participar en capital de empresas o préstamos participativos para fomentar la internacionalización. Hasta 300.000 euros, amortización hasta 10 años con un límite de 3 años de carencia. Tipo de interés máximo del 1,5%.

5. Ampliación de la carencia de los proyectos de reindustrialización y de industrias de proyectos endógenos (forestal, agro, piedra).

6. Renegociación de las operaciones suscritas a través de la ampliación de plazo de carencia de los préstamos ya otorgados.

7. Incremento de las cuantías destinadas al Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 en 6,4 millones de euros. Permitirá cerrar operaciones de préstamos garantizados con aval público y en condiciones ventajosas por importe de 40 millones de euros de préstamos.

8. Incremento del porcentaje de bonificación para la contratación de seguros agrarios a titulares de explotaciones agrarias que tengan la consideración de joven agricultor pasando del 10% actual al 25%.

9. Cualificación vinculada a servicios estratégicos: impulso de programas de cualificación directamente vinculados a los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos y de servicios avanzados a la industria, para adquirir nuevas competencias e incrementar la empleabilidad y la competencia empresarial.

10. Atracción y fidelización del talento: refuerzo de la contratación del talento joven y cualificado, impulsando itinerarios de inserción, contratos vinculados a sectores estratégicos y programas de retorno.

11. Incentivos al empleo en sectores estratégicos: incremento de la contratación por cuenta ajena vinculada a sectores estratégicos y en sectores especialmente afectados por la crisis.

12. Refuerzo e incremento de servicios de las rutas Buscyl con mayor intensidad en el uso para ajustar la oferta a la mayor demanda de los ciudadanos derivada del incremento del precio de los combustibles.

13. Incremento del coste de las rutas Buscyl del servicio de transporte regular de viajeros de titularidad y gestión de la Junta de Castilla y León por el incremento del precio de los carburantes.

14. Activación en caso necesario los bonos de urgencia social para situaciones de necesidad de las familias vulnerables.

15. Impuesto Especial sobre Electricidad. La recaudación de este impuesto está íntegramente cedida a las comunidades autónomas según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba una reducción del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad del 5,1 % al 0,5 %. El impacto tributario se estima en 24,1 millones, que recaerá íntegramente en la Junta de Castilla y León.

16. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El 50 % de la recaudación de este impuesto está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley reduce del 21 % al 10 % el tipo impositivo del IVA aplicable a la electricidad, hidrocarburos, gas natural, briquetas y pellets. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 52,2 millones.

17. Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos. La recaudación del 58 % del tipo estatal general y del 100 % del tipo estatal especial está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba la reducción de los tipos impositivos del impuesto sobre hidrocarburos hasta el máximo permitido por la directiva europea que regula la imposición de los productos energéticos. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 41,1 millones.

18. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Esta línea tiene como objetivo continuar fomentando el ahorro energético de las pequeñas, medianas y grandes empresas, para mejorar la competitividad y paliar la subida de costes energéticos en el sector industrial.

19. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, así como a la implantación de renovables, en edificios del sector terciario de Castilla y León. Esta línea persigue fomentar el ahorro energético en edificios existentes del sector terciario.

20. Implantación de sistemas de autoconsumo renovable en edificios de titularidad de la Administración de la Comunidad.

21. Promoción de la biomasa con la asociación AVEBIOM (o la mesa intersectorial de la madera).

22. Impulso al aumento de la producción de biomasa autóctona.

23. Fomento de la construcción sostenible con madera para mejora de la eficiencia energética.

24. Impulso de la implantación de nuevas redes de calor por su determinante contribución a la consecución de los siguientes objetivos: la reducción del consumo energético final; la disminución de las emisiones de CO₂; el ahorro económico para administraciones y usuarios; la mejora de la calidad del aire urbano, y el impulso a la economía rural mediante el uso de biomasa local.

25. Bonificación del 100 % del coste para las comunidades de propietarios de las subestaciones necesarias para la conexión de edificios privados a redes de calor urbanas con biomasa forestal.

26. Para asegurar la correcta ejecución de los contratos de la Administración, de las obras, suministros y servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios públicos, se impulsará la aplicación, por los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de las directrices vinculantes aprobadas en el contexto de la guerra en Ucrania mediante Acuerdo 145/2022, de 23 de junio.

27. Puesta a disposición de las diferentes consejerías de los recursos presupuestarios necesarios para atender el mayor gasto derivado del encarecimiento de los bienes y servicios necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos.

28. Solicitud de reprogramación y ampliación del período de ejecución de los Fondos Europeos para adaptarse a las circunstancias derivadas de la situación.

El Comité de Empresa de Autobuses Urbanos de León (Alesa) denuncia que un conductor fue agredido el pasado 25 de marzo, mientras realizaba un trayecto en la calle Jorge de Montemayor de la capital leonesa.

Según el Comité, los hechos ocurrieron cuando el autobús no pudo acceder a su parada debido a la presencia de una furgoneta “estacionada de forma indebida, obstaculizando completamente el paso”. Según describe el Comité, el trabajador se vio obligado a bajar del vehículo, coincidiendo con la llegada del conductor de la furgoneta.

Los representantes de los trabajadores de Alesa denuncian que el conductor de la furgoneta reaccionó “de forma violenta” y que, tras un intercambio verbal, el hombre profirió amenazas graves, llegando a tirar al suelo el móvil del conductor de autobús, que trataba de registrar la situación.

“Desde el Comité de Empresa queremos manifestar nuestra más absoluta condena ante estos hechos, que suponen un nuevo episodio de violencia hacia el personal de conducción y que evidencian el grave deterioro de sus condiciones de seguridad en el desempeño de su trabajo”, alerta el Comité que, a la vez, denuncia una creciente “falta de respeto hacia el transporte público y sus trabajadores”.

Anteriormente, el Comité ya ha denunciado que “los conductores y conductoras están recibiendo quejas y reproches por situaciones como la pérdida de viajes, los retrasos en las líneas, los autobuses que pasan fuera de servicio al ir completos o los cambios de itinerario que se producen por obras, manifestaciones o diferentes eventos en la ciudad”.

Considerando que esta situación “no es puntual, sino consecuencia directa de la falta de medidas contundentes para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como el correcto funcionamiento del servicio”, el Comité exige más vigilancia en las paradas de autobús, actuaciones sancionadoras eficaces contra el estacionamiento indebido y medidas concretas de protección para el personal de conducción.

Además, el Comité de Alesa, reclama “una respuesta urgente por parte del Ayuntamiento y la empresa concesionaria”.

Enfado mayúsculo de las organizaciones y asociaciones ferroviarias leonesas con las palabras emitidas por el Comisionado del Corredor Atlántico ferroviario, José Antonio Sebastián en una entrevista en La Nueva Crónica en la que señalaba que “Torneros no tiene el apoyo empresarial que sí hemos podido ver en Villadangos”.

Estas palabras han destapado la caja de los truenos y la exigencia de dimisión, o cese, es tan clamorosa como dura es la nota de prensa en la que la reclaman los defensores del desarrollo del ferrocarril en la provincia de León. La misma comienza literalmente así: “El comisionado del Corredor Atlántico ha confirmado el bloqueo del gobierno a todos los proyectos que afectan al eje León-Astorga-Ponferrada, clave para el desarrollo de la provincia. Ni una obra, ni un proyecto nuevo aceptado y ni Plan Director para Castilla y León en general ni León en particular. La discriminación a los proyectos de León y las excusas eternas muestran un cinismo intolerable y un claro boicot según ha confirmado este portavoz del Gobierno. León necesita plazos, presupuesto y realidades. Su dimisión se justifica claramente por boicotear en León el proyecto de Torneros donde tampoco invierten empresas públicas como Renfe y Adif de las que el gobierno es responsable; no invierten porque no quieren. En Astorga el boicot se centra en su no al tramo Astorga-La Bañeza como ramal para mercancías y al proyecto industrial y logístico impulsado por el Ayuntamiento de Astorga y la Cámara de Comercio. Finalmente, en Ponferrada paralizan el ramal ferroviario prometido que sigue sin obras”.

“Destrozo al nudo ferroviario de León”

El cabreo es tan monumental que las organizaciones no se cortan en el comunicado de echar la culpa de estos abandonos a “la actitud del gobierno manifestada a través del comisionado del Corredor Atlántico ha vuelto a manifestar su negativa total a las inversiones ferroviarias en León. El grado de negativas y desprecio a nuestra provincia y el oeste de España es tal, que es de obligado cumplimiento pedir su dimisión. La posición del Comisionado del Corredor Atlántico ha hecho que se convierta en un cargo partidista y no institucional al marginar a territorios como León”.

La realidad sobre Torneros es que hace unos años, en 2022, había seis empresas leonesas reclaman ya espacio en la Plataforma Logística de Torneros para generar 660 empleos, pero la desidia en avanzar sobre la plataforma multimodal prometida hace casi 20 años por parte del Gobierno hizo que algunas de ellas tuvieran que tomar la decisión de instalarse en el polígono de Villadnagos.

Para los defensores del ferrocarril en León, “las previsiones ahondan en el destrozo que se está causando a León como nudo ferroviario. Todas estas valoraciones se justifican por el boicot a proyectos concretos y claves para León”, indicando que las políticas del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente benefician a Valladolid (ciudad de la que fue alcalde hasta hace poco menos de tres años) y allí “por decisión del gobierno las empresas públicas (Renfe y Adif) si han invertido en su polígono ferroviario, pero en Torneros el gobierno se niega a invertir. Torneros es un proyecto fantasma porque el gobierno lo bloquea”. 

“Por todas estas cuestiones que atentan claramente a nuestro futuro como nudo ferroviario, pedimos la dimisión de un cargo que defiende más su sillón, que el presente y futuro de los leoneses. El comisionado portavoz del Ministerio de Transportes de Óscar Puente arruinará el futuro de León si sigue en un cargo”, finalizan.

El centro monumental de León se prepara para la inminente construcción, por parte del Ayuntamiento de León, de un nuevo elemento moderno pero, en principio, discreto muy cerca de donde el bautizado como 'mamotreto', un velador cerrado de un conocido bar y restaurante, tuvo que ser desmantelado y multado por la Junta tras años de polémica.

El nuevo proyecto municipal consiste en la construcción de una rampa de acceso peatonal que habrá de comunicar el interior subterráneo del parking de San Marcelo con el exterior de la plaza del mismo nombre. El diseño será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible, según asegura el Consistorio.

Se trata de una solución hasta cierto punto similar a la planteada hace casi cuatro años, pero sobre el papel mucho menos invasiva,. Y es que aquella primera intervención diseñada causó en 2022 tal número de críticas previas que obligaron al alcalde, el socialista José Antonio Diez, a dar marcha atrás públicamente.

El lugar elegido para ese nuevo acceso de movilidad es el mismo pero entonces se planteaba una intervención que prácticamente desmantelaba todo el exterior: desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León, todos los muros de desnivel y hasta los dos únicos árboles de la zona, dos históricos tilos. En aquella intervención, tan sólo sobrevivía la antigua fuente de piedra situada justo en el centro de la zona. Los actuales muros en desnivel iban a ser entonces sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza, como se hizo hace unos años sólo en la parte trasera de la iglesia de San Marcelo. La intervención era de gran calado pero suscitó fuertes críticas y la anunciada postura política en contra de una oposición que suma mayoría, de modo que se acabó enterrando la iniciativa.

Ahora, en cambio, se recoge en apariencia sólo una pequeña parte de aquel proyecto: el “desmontaje del lucernario que cubre la antigua entrada al parking”. Allí, en una zona ahora muy visible por estar cubierta por un cristal translúcido, se ejecutará la nueva rampa. El equipo de Gobierno no muestra imágenes de cómo quedará pero defiende que la obra resulta imprescindible por razones de básica seguridad en el interior del aparcamiento subterráneo, también conocido como de Santo Domingo por tener allí su acceso en coche.

Y es que cuando acabó tras 75 años la histórica concesión desde que el parking se ejecutó en 1972 se han realizado informes sobre el estado en el que se permitió que lo dejara la empresa concesionaria y son demoledores: suspende hasta en lo más básico en cuestiones de seguridad, especialmente ante posibles incendios en el subterráneo. El incumplimiento ha sido flagrante durante décadas.

Nueva concesión, plan de choque y mucho dinero perdido

Por ese motivo, el equipo de Gobierno, una vez que descartó municipalizar el aparcamiento más céntrico y usado de León, como le reclamaban desde la oposición tanto UPL como PP, decidió tirar por la calle del medio y ganar tiempo para resolver cómo se gestionará dentro de dos años, lo más posible a través de una sociedad mixta público-privada. Pero mientras, tras acumular ingentes pérdidas económicas para las arcas municipales por el retraso en tomar una decisión -se cifró en un agujero de 1.300 euros al día y más de un millón de euros en total-, se decidieron dos cosas: sacar a licitación temporal por dos años la gestión del aparcamiento de San Marcelo y acometer un plan de choque para limar los muchos desperfectos y la nefasta y peligrosa imagen.

Es en este plan de choque, cifrado en conjunto en 460.000 euros de los 653.000 anunciados inicialmente, es en el que se enmarca la nueva y moderna rampa, cuyo coste concreto el Ayuntamiento tampoco detalla, así como los plazos. Lo único que se sabe es que el PP en la oposición ataca con dureza por el retraso que acumula ya varios meses, porque las principales obras deberían haber comenzado el pasado 1 de diciembre, una vez que desde agosto ya se encarga de la gestión la nueva empresa concesionaria temporal.

Características y el nuevo gusto por las 'pérgolas'

La memoria realizada sobre la pasarela detalla las características de una estructura que se ejecutará en el lucernario lateral situado detrás del actual punto de acceso por escaleras y ascensor, una zona que fue en su día el antiguo acceso. Tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete, de modo que en total adquirirá una altura de 2,30 metros. El murete hoy a la vista no llega a los 12 metros de longitud, por lo que la nueva pérgola ocupará menos de la mitad.

El proyecto ya ha pasado uno de los mayores problemas en la zona donde se prevé: el visto buen de la Comisión Territorial de Patrimonio, que lo otorgó en su última reunión, la del mes pasado, por entender que la estructura en general mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias a su “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio para asegurar la continuidad estética y la mínima afección visual”.

Por concretar cómo se verá cuando se ejecute, el nuevo acceso peatonal irá cubierto con una marquesina de vidrio montado en estructura de acero mate, “muy liviano” y “prácticamente sin ningún elemento opaco, más allá de los mínimos elementos estructurales”. Se están prodigando últimamente en la ciudad los diseños con marquesina o pérgolas, muchos de ellos bastante criticados por su alto coste y escasa operatividad.

Casos como el nuevo intercambiador de autobuses de Eras de Renueva frente al Auditorio, que no resguarda de la lluvia; la llamada “solución intermodal” que unir por acera cubierta las estaciones de tren y autobús de la ciudad ejecutada por la Junta; o la solución estética propuesta para una nueva y cara pasarela de 2 millones de euros sobre el río Bernesga pactada con UPL hace años y que se encargará a la empresa 'B' de la Junta, Somacyl, que tendría que cortar numerosos árboles de la zona pero que ha quedado desierta ya dos veces.

Una 'ratonera'

Eso sí, en el caso de San Marcelo, cuando entre en funcionamiento la rampa cubierta los usuarios del parking podrán respirar más tranquilos. Porque se habrá eliminado un riesgo importante y que ha estado siempre presente al disponer sólo el subterráneo de una única zona de evacuación ante incendios, que era la propia rampa de salida de los coches situada frente al edificio Botines de Antonio Gaudí.

Aunque hasta ahora no se ha cumplido, hace muchos años que las normas de seguridad más básicas obligaban a contar con al menos dos salidas de planta y recorridos alternativos ante una llamada “hipótesis de bloqueo” por fuego o humo. Dicho de otro modo, llegado el peor de los escenarios, que por suerte nunca se ha producido, el aparcamiento lleva mucho tiempo siendo una 'ratonera'. Y pronto mejorará al menos en lo básico, aunque, vistos los antecedentes, no pocos permanecerán expectantes al resultado estético final en una de las zonas más sensibles y monumentales de la ciudad.

Renfe informa de que, a partir del 21 de marzo y hasta el verano, durante algunos fines de semana y en determinadas franjas horarias de sábados y domingos, la circulación de trenes estará suspendida a su paso por la estación de Palencia, con motivo de los trabajos que Adif está llevando a cabo para la construcción de la nueva línea de Alta Velocidad a Cantabria. Esto afecta a las conexiones con entre León y Madrid, para las que se han establecido rutas alternativas de autobús.

El corte de vía comenzará este sábado, día 21 de marzo, a partir de las 14 horas, y se extenderá hasta las 16 horas del domingo, repitiéndose en esa misma franja horaria a lo largo de diferentes fines de semana. La interrupción de la circulación afecta a todos los trenes, tanto los servicios que circulan por la vía de Alta Velocidad como por la vía Convencional.

En el mes de marzo, se verá modificado el servicio además del 21 los días 22, 28 y 29; en abril abarcará los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26; en mayo los días 2, 3 y 9; y en los meses de junio y julio incluirá todos los sábados y domingos, en las franjas horarias especificadas.

En los servicios entre León y Madrid afectados por las obras, Renfe ha establecido transbordos por carretera entre Valladolid y León. Además, los trenes con salida desde León modificarán su horario: partirán 1 hora y 15 minutos antes en aquellos casos en los que sea necesario realizar el tramo en autobús.

Las alteraciones no se limitan a la línea directa con Madrid. Los trenes Alvia que conectan Barcelona con Galicia y Salamanca también sufrirán cambios relevantes para León. En estos servicios, los viajeros tendrán que realizar transbordos por carretera entre Miranda de Ebro y León, lo que puede alterar tanto los tiempos de viaje como los horarios habituales.

Los billetes estarán en breve disponibles en los canales oficiales de Renfe y la venta se irá abriendo progresivamente. Aquellos viajeros que hubieran adquirido su billete con antelación para alguno de los trenes afectados y prefieran modificar su viaje, podrán hacerlo sin coste ya que Renfe ha habilitado los cambios y anulaciones gratuitos.

La Guardia Civil investiga en León a una persona por un presunto delito de falsedad documental al detectar que realizaba funciones de transporte escolar de dos menores de edad sin contar con la correspondiente autorización.

Fue el pasado mes de enero, durante la campaña especial de la DGT (Dirección General de Tráfico) de control del transporte escolar, cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al destacamento de Astorga identificaron y posteriormente investigaron a una persona, titular de un vehículo con el que realizaba labores de estas características pese a carecer del permiso oportuno.

Durante el período de vigilancia, los agentes detectaron que el vehículo en cuestión transportaba a dos menores. Tras solicitar al conductor la documentación correspondiente, comprobaron que el automómovil no poseía autorización de transportes VT para actuar con Auto-Taxi: había sustituido la placa de matrícula ordinaria trasera por una placa especial con fondo azul y caracteres alfanuméricos en blanco, específica de los vehículos dedicados al transporte de viajeros.

Al observar esta circunstancia (posible motivo de infracción penal), los agentes la notificaron al Equipo de Transportes al Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, quienes se trasladan al lugar al objeto de la instrucción de unas primeras diligencias.

Con posterioridad, constataron la autoría de la persona investigada al ser administradora única y propietaria de la empresa mercantil de transportes como autora de un delito de falsedad documental.

Además, formularon dos denuncias por infracciones al Reglamento de Transportes: una por no carecer de la autorización específica de transporte escolar, sancionada con 2001 euros y otra por carecer de título habilitante para la realización de transporte regular de escolares sancionada con 4.001 euros.

El delito de falsedad en documento público está recogido en el artículo 392 del Código Penal y puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

La guerra de Trump e Israel con Irán que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz, la principal ruta marítima por la que los barcos cargueros transportan petróleo a todo el mundo, continúa afectando al precio del combustible a nivel internacional, incluyendo en España y, desde hace unos días en León. Ya son una docena las gasolineras donde el precio por litro de diésel ya supera los dos euros.

El diésel alcanza este miércoles 11 de marzo su precio más alto en varias estaciones Paso Honroso de la provincia de León, donde se sitúa en 2,089 euros por litro. Ese importe se registra en tres gasolineras del área de León: una en la carretera Vilecha-Trobajo de la ciudad de León, otra en la avenida País Leones, 12, también en la capital leonesa, y una tercera en San Andrés del Rabanedo, situada en la calle Azorín.

En la misma cadena minorista, el precio se rebaja ligeramente, hasta los 2,039 euros por litro en Onzonilla (carretera N-630) y en San Cristóbal de la Polantera.

Por detrás aparecen varias estaciones Valcarce, donde el diésel se vende a 2,049 euros por litro en localidades como Onzonilla, Villaobispo de las Regueras, Trobajo del Camino, Palanquinos, Ponferrada y La Portela de Valcarce.

En el caso de la gasolina 95, los precios en la provincia de León han seguido subiendo, aunque no han llegado a los del diésel. El precio más alto de este combustible se encuentra en Manzanal del Puerto, donde la estación EasyGas, situada en la carretera N-VI km 351, vende el litro a 1,829 euros.

Por debajo aparece la estación sin rótulo situada en Bembibre, en el Parque Industrial, donde la gasolina 95 se vende a 1,80 euros por litro.

La gasolina 95 más barata de la provincia de León se encuentra en Cabreros del Río, donde la estación AN Energéticos Ucogal, situada en el polígono, vende el litro a 1,562 euros.

Por detrás se sitúan varias gasolineras con un precio de 1,569 euros por litro. Ese importe se registra en la estación Cooperativa San Blas de Santibáñez de la Isla y también en La Bañeza, donde tanto la gasolinera Eroski como Plenergy ofrecen la gasolina 95 a ese mismo precio, con actualización del 11 de marzo.

Consulta en esta web dependiente del Gobierno de España los precios actualizados de cada combustible.

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha presentado este lunes un ambicioso paquete de medidas en materia de movilidad y transportes diseñado para vertebrar la provincia y garantizar el “derecho a quedarse”. La cabeza de lista, Nuria Rubio, y la número 11, Begoña Bermúdez, han denunciado la “parálisis” de la Junta, que ha convertido el sistema de transporte “en una herramienta de confrontación política en lugar de un servicio público eficaz”.

Rubio y Bermúdez han defendido que la prioridad estratégica para León debe ser una movilidad sostenible que corrija los desequilibrios territoriales. “León necesita un modelo de 'Territorio 30 minutos' que asegure que todos nuestros municipios tengan conexión directa con su cabecera de comarca, con frecuencias diarias reales que permitan a nuestros vecinos acceder a servicios básicos y oportunidades económicas”, han declarado conjuntamente.

Las candidatas socialistas han puesto el foco en la precaria situación de las infraestructuras en la provincia. “Es inaceptable que, en una comunidad con más de 11.000 kilómetros de carreteras, el PP siga sin un diagnóstico riguroso”, han señalado.

Por ello, el PSOE de León se compromete a tomar varias medidas en esta línea a modo de “plan de choque”. Lo primero sería desarrollar un nuevo Plan Director de Infraestructuras, una hoja de ruta con inversiones a corto, medio y largo plazo que incluya líneas específicas de conservación, seguridad vial y adaptación digital.

Promueve también una renovación de flotas de transporte y la digitalización del sistema, para así impulsar incentivos para que las pymes del sector modernicen sus vehículos hacia modelos sostenibles y adopten herramientas como el tacógrafo inteligente y plataformas de seguimiento en tiempo real.

Además, se apuesta por el despliegue del Corredor Atlántico para integrar plenamente a León en las redes logísticas europeas y convertir a la provincia en un nodo de referencia nacional.

También es un aspecto capital del programa del PSOE la creación de un sistema de bonificaciones para los transportistas locales que adopten buenas prácticas medioambientales o digitales.

Respecto a la gestión de la Junta de Castilla y León, Rubio y Bermúdez han sido contundentes al desmentir las acusaciones del Partido Popular sobre el mapa estatal. “Es falso que se vayan a suprimir paradas; lo que es una realidad es que el Gobierno de España ofreció 40 millones de euros extraordinarios para que la Junta asumiera sus competencias en desplazamientos interurbanos y Mañueco los rechazó por puro sectarismo”, han subrayado.

Las candidatas han recordado que el PP se quedó solo en las Cortes al votar en contra de la exigencia de licitar 60 infraestructuras pendientes antes de que finalice 2025. “Mientras el PP utiliza cortinas de humo como la parada de Puebla de Sanabria para desviar la atención, el PSOE propone un programa presupuestario a diez años para converger con los estándares europeos en I+D+i, la verdadera palanca del desarrollo que León necesita”, han concluido.

La guerra iniciada en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán ha provocado el bloqueo del Estrecho de Ormuz (por el que pasa la cuarta parte del tráfico marítimo de combustible del mundo) y, como consecuencia, un incremento en el precio del diésel y gasolina que lleva días percibiéndose en mercados internacionales y ahora ya en León, donde el precio por litro se aproxima cada vez más a la frontera de los dos euros.

Tras la escalada bélica en Oriente Medio el precio del barril de petróleo Brent, que se usa como referencia a nivel internacional, supera la barrera de los 100 dólares en el Ibex35; algo que no sucedía desde el año 2022. A continuación, puedes consultar los precios a fecha de 9 de marzo y aquí el enlace al Geoportal de Gasolineras de España del Gobierno, que actualiza los precios de forma continua.

Diésel: el más caro en Alija del Infantado y el más barato en Fresno de la Vega

En diésel (Gasóleo A) hay siete estaciones de servicio en las que el precio supera los 1,9 euros. La más cara de la provincia es la gasolinera Alija Energía en Alija del Infantado con un precio de 1,999 euros. Le siguen de cerca las gasolineras Passo Honroso en la Avenida País Leonés de la capital leonesa (que es la más cara de la ciudad de León), de San Andrés del Rabanedo (en la calle Azorín) y de la Carretera de Vilecha en León; todas ellas a 1,949 euros el litro. Al mismo precio se encuentran las de Jovino Esther e Hijos en Sariegos. La última en entrar en esta lista, con un precio de 1,945 euros en el Área de Servicio de Puente de Órbigo (en Hospital de Órbigo).

Las más baratas en combustible diésel de la provincia de León se encuentran en la estación Prio de Fresno de la Vega con un precio de 1,46 euros el litro. Le sigue Petronor en La Aldea del Puente (del municipio de Valdepolo)con un precio de 1,51 euros por litro. Por 1,599 euros empatan las gasolineras de Beroil de Villaquilabre, Shell en la Avenida de Portugal de la ciudad de León (la más barata de la capital de la provincia), Eroski en La Bañeza y Plenergy en La Bañeza.

Gasolina: precio más moderado, pero al alza

El precio de la gasolina 95 es más moderado que el del diésel, aunque hay cuatro gasolineras que elevan el coste del combustible por encima de 1,7 euros. En el límite de esta lista entra la estación del Parque Industrial de Bembibre, con 1,700 euros el litro. Le sigue la que se encuentra en el Área de Servicio de la N-120 en Puente de Órbigo con un precio de 1,709 euros por litro. En Oterico (municipio de Riello) el precio de la gasolina 95 sube a 1,71 euros en su estación Cepsa.

También en este tipo de combustible la más cara de la provincia se encuentra en Alija Energía, de Alija del Infantado, con 1,789 euros el litro. La gasolina más cara de la capital leonesa se encuentra en la estación de Cepsa de la Carretera de Carbajal, con un precio de 1,669 euros el litro.

En cuanto a las estaciones más económicas, la primera de ellas (como en el caso del diésel) se ubica en la estación Prio de Fresno de la Vega a 1,46 euros el litro de gasolina 95. Le sigue Plenergy de La Bañeza a 1,519 euros, la de Eroski de La Bañeza a 1,529 euros y la Cooperativa San Blas en Santibáñez de la Isla por 1,539 euros.

El Partido Popular ha celebrado este sábado por la tarde-noche un encuentro con jóvenes en el Pub Soho de León dentro de su agenda de campaña para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. La cita, en un formato informal y fuera de los espacios políticos habituales, reunió a la candidata del PP a las Cortes por León, María José Álvarez, con varios jóvenes de la capital para hablar de empleo, vivienda y oportunidades para fijar población en la provincia.

Durante el encuentro, Álvarez defendió que uno de los objetivos de su partido es facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital y profesional en León. “Los jóvenes son el presente y el futuro y desde el Partido Popular queremos apostar por ellos, retener su talento y ofrecerles más y mejores oportunidades en León y en Castilla y León”, señaló la candidata, que estuvo acompañada por otros responsables del partido como la número tres de la lista, Elena Bollo, el secretario provincial, Eduardo Diego, el portavoz municipal, David Fernández y el coordinador de la campaña, Ricardo Gavilanes.

Entre las medidas que el PP plantea para los jóvenes, Álvarez destacó algunas ya anunciadas durante la campaña por el presidente de la Junta y candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco. Entre ellas figuran la matrícula gratuita del primer curso en las universidades públicas para estudiantes empadronados en Castilla y León, ayudas de hasta 900 euros para obtener el carné de conducir —ampliables para formación en transporte profesional— o el llamado Buscyl, que permite el transporte gratuito dentro de la comunidad autónoma.

El acceso a la vivienda fue otro de los asuntos que centró la conversación con los asistentes. El PP propone medidas como la cuenta ahorro vivienda joven, con deducciones fiscales que pueden alcanzar los 7.500 euros, la ampliación de avales públicos hasta cubrir el 20% del precio que no financia el banco o bonificaciones de hasta 30.000 euros para viviendas públicas en el medio rural. Además, se plantea ampliar hasta los 40 años la edad para poder optar a este tipo de ayudas.

Las propuestas para jóvenes también incluyen incentivos para el emprendimiento y la conciliación familiar. Entre ellas figuran la llamada ‘tarifa cero’ en la cuota de autónomos durante los primeros 18 meses para menores de 36 años o ayudas de hasta 18.000 euros para facilitar su incorporación al mercado laboral como emprendedores. A esto se suman medidas dirigidas a las familias jóvenes, como el bono nacimiento de 5.000 euros por hijo o ayudas para guardería y programas de conciliación como Madrugadores, Tardes en el Cole o Conciliamos.

La Unión por el Pueblo Leonés (UPL) ha anunciado este viernes su próxima propuesta para la creación de un consorcio, integrado por la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de León y Renfe, para que el Gobierno autonómico invierta y asuma competencias para la integración de Feve en la ciudad de León.

Así lo ha comunicado la candidata a presidir la Junta de Castilla y León del partido leonesista, Alicia Gallego, durante un desayuno con la prensa la mañana del viernes y después de haberse reunido la jornada anterior con la Plataforma en Defensa de Feve, que propuso esta opción: “Cuando lleguemos a las Cortes vamos a llevar una Proposición No de Ley para que el PP asuma sus competencias en materia de transporte, forme parte del consorcio y ponga dineroe invierta realmente con recursos públicos”.

Todo ello después de que esta misma mañana el Pleno del Ayuntamiento de León haya sacado adelante una moción contra la 'solución' del Gobierno de España para intercambiar por un autobús eléctrico la integración ferroviaria de la red de Feve hasta el centro de León.

Por otro lado, Luis Mariano Santos, número dos en las listas leonesistas en esta campaña, quien ha incidido en la “oportunidad de crear un consorcio” para que “la Junta asuma la parte tranviaria de Feve y seguir peleando por esta línea que vertebra la montaña leonesa”.

El programa, que ya es público en la web de UPL, se presentará en próximos actos, según han anunciado los líderes leonesistas, que en este primer acto de campaña han estado acompañados por Rosa María Quintanilla, Antonio Luis Carballo y Lara Pintor, quienes también integran las listas por León. Todo ello, han afirmado, sin perder de vista el principal objetivo de UPL, que es conseguir la utonomía de León.

El aeropuerto de León está en campaña. O mejor dicho, los partidos políticos han decidido convertirlo en un asunto de actualidad coincidente con las elecciones a pesar de que el transporte aéreo y el flujo turismo nada tiene que ver con competencias de la comunidad autónoma. Este escenario se pudo observar esta semana en numerosos puntos del último Pleno de la Diputación, a costa del nuevo millonario contrato que León anuncia y la comparativa con el éxito del vecino aeródromo de Asturias.

También hubo tiempo para reproches y explicaciones por falta de inversiones en infraestructuras de las instalaciones de La Virgen del Camino, tales como un sistema de aterrizaje 'a ciegas' de más calidad, los desvíos de vuelos que la tecnología parece provocar, la proyectada terminal de mercancías aéreas, o el cumplimiento de compromisos y silencios del Gobierno central en todos ellos. Todos estos debates adolecieron de numerosos bulos, datos manipulados, planteamientos falsos, algunas verdades y numerosas mentiras que merece la pena repasar.

Uno de los motivos para convertir en actual este debate es el impulso del nuevo contrato para la promoción de vuelos desde y hacia la pista leonesa, contrato que protagoniza el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de León, del que forman parte el Ayuntamiento de la capital y la Diputación de León, que lo preside. Se ha puesto en marcha aumentando una vez más de precio, ahora ya un valor de 2,6 millones de euros al año, cuando hasta hace dos años, en 2024, apenas eran 1,5 millones. El aumento es del 73%.

Lo que ha levantado los ánimos es que a pesar de crecer tanto en dinero público, no hay ningún cambio de rumbo en los destinos que llevan operándose hace años. También se mantiene con exclusividad histórica la compañía valenciana Air Nostrum, que año tras año desde que se inauguró la pista leonesa es la única que mantiene vuelos regulares en ella. Es porque a un pliego provincial casi invariable se presenta solo ella y se queda con el contrato sin rival y sin necesidad de una baja económica. El nuevo pliego previsto, que llegará hasta 2029, no contempla nuevos destinos, y así lo ha reprochado la 'Plataforma Más Vuelos, más futuro para León' tras reunirse con numerosos partidos políticos, que a su vez han hecho suyas esas críticas.

El 'lucimiento' de Vox

Uno de los más beligerantes fue en este Pleno el único diputado provincial de Vox, Fernando Prieto Olite, que leyó durante minutos una batería de preguntas y quejas que llevaba escritas y que en no pocos casos adolecían de veracidad. Por ejemplo, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel (PSOE), le tuvo que explicar que con ese nuevo contrato se seguirá conectando León sin variación con Barcelona, Palma, Ibiza/Menorca, Málaga y Canarias y un único destino internacional, Oporto, al norte de Portugal, pero “no sólo hay más rutas sino que sobre todo hay más frecuencias”, en base, añadió, a “datos, no entelequias”.

Eso sí, en su respuesta Coruel también faltó a la verdad, porque las rutas son exactamente las mismas que en el contrato en vigor, ni una más ni una menos. Y en el caso de Oporto, que ni el año pasado ni este ha superado apenas el 35% de ocupación, el aumento en frecuencias es tan pírrico como que pasa de 20 a 26 vuelos en todos el año.

Por su parte, el Partido Popular (PP), por boca de su portavoz, David Fernández, también alcalde del municipio que alberga el aeropuerto, Valverde de La Virgen, criticó una vez más que León sólo tenga el sistema de aproximación de aterrizaje de categoría más básica, nivel I, asegurando que eso está detrás de muchas de los desvíos de aviones que acaban teniendo que aterrizar en otros aeródromos vecinos, como Asturias o Valladolid, si hay alguna inclemencia.

También aquí el presidente quiso desmentir categóricamente y en caliente a la oposición del PP. Aseguró, tomando como fuente al Senado en una respuesta parlamentaria, que también mantienen la categoría más básica “los aeropuertos de Alicante-Elche 'Miguel Hernández', Almería, Badajoz, Barcelona-El Prat, Bilbao, César Manrique-Lanzarote, Gran Canaria, Ibiza, Jerez, León, Logroño, Pamplona, Reus, Salamanca, Sevilla, Santander, Tenerife Norte, Asturias, Vigo y Albacete”.

No mentir pero no decir la verdad

No mentía Courel. Pero no decía toda la verdad. Todos ellos mantienen el ILS categoría I pero muchos también compaginados con niveles II y también III, que es el máximo. Por ejemplo, El Prat, que sólo mantiene esa aproximación básica en una de sus muchas pistas y en el resto es siempre superior; en Bilbao, también con dos pistas con la categoría 2; e igual en Asturias o Vigo, con esa misma en varias cabeceras. La fuente oficial es el gestor público de navegación aérea Enaire.

Sin embargo, fue la comparativa del caso de León con el éxito abrumador del aeropuerto de Asturias el que más tensionó el debate, sobre todo a raíz de publicarse que León con 2,6 millones de euros promoverá 780 operaciones aéreas, sólo 26 de ellas internacionales, siendo la única Oporto, a apenas 300 kilómetros por carretera. Sin embargo, el nuevo contrato que ha licitado Asturias, de 3 millones de euros como máximo, obtendrá casi 1.200 operaciones y 10 conexiones internacionales: Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín, Ámsterdam y una alternativa entre Venecia, Bolonia o Florencia.

Allí, además, allí se divide por lotes y concurren varias compañías, y por eso suelen ofertar a la baja o proponer numerosas mejoras. Amén de que la competencia consiga bajar el precio de los vuelos. Y lo que es más importante, gastando Asturias apenas un 21% más que León obtiene 26 veces más viajeros. Los datos oficiales de Aena son tozudos: León cerró el año 2015 con 74.143. Asturias, con 2.051.342 pasajeros. Dicho de otro modo, el modelo leonés, no mucho más barato que el asturiano, consiguió apenas el 3,7% del tráfico aéreo asturiano.

A pesar de tan abrumadora diferencia, el diputado provincial de Turismo, Octavio González, también quiso mediar en las discusiones plenarias. Y comenzó por hacer dos razonamientos para explicar tal abismo en el rendimiento del dinero público en promoción. Primero, porque “Asturias destina cinco millones para promocionar los vuelos internacionales”. Falso, porque la comparativa es con el nuevo contrato, que tiene tres millones como tope, aunque hace cuatro años partiera de ocho pero lo han ido rebajando y optimizando.

La falacia de la población respecto a Asturias

La segunda excusa la formuló a modo de pregunta y autorespuesta: “¿Qué necesita el aeropuerto (de León) para ponerse al nivel del de Asturias? Pues la población que tiene Asturias, no podemos competir en población”. Una comparativa que no aguanta ningún análisis: la población del Principado es de poco más de un millón de personas y la de León de poco menos de medio millón. O sea, Asturias tiene el doble pero obtiene 26 veces más viajeros con sus ofertas aéreas promocionadas, básicamente porque los que mayoritariamente vuelan no son los asturianos sino, como promueve el Gobierno del Principado, europeos que entran a España por su pista. Aquí la filosofía prioritaria es que los leoneses viajen, y de ahí que todos los destinos sin excepción son vacacionales y de costa.

Respecto al aeropuerto de Valladolid, comparativa crítica también planteada por Vox, y el pretendido éxito del millonario contrato leonés, el diputado de Turismo sacó pecho del éxito de haber aumentado en el último año 12.000 pasajeros y un 19,4% respecto a 2024. El porcentaje es correcto, pero ridículo comparado con Asturias.

Sin embargo, para convencer de lo contrario González tiró de algunos “titulares de la prensa no afín precisamente al Partido Socialista”, dijo, artículos muy sesgados leídos así: “'El aeropuerto de León crece un 27% y sigue siendo el de referencia de la Comunidad; Casi un 20% más de pasajeros en un año marcado por el desplome aéreo de Castilla y León; El aeropuerto lidera el incremento internacional en la Comunidad con un gran repunte este 2025; Aena confirma que el aeropuerto de León es el que más crece en Castilla y León pese a la cancelación de vuelos”.

León no superó en viajeros a Valladolid, que no gasta un euro

La realidad es muy distinta a los titulares destacados por Octavio González. La estadística oficial de Aena confirmó que el aeródromo de Valladolid superó los pasajeros de León: 87.544 viajeros frente a 74.143. Un 15% más.

Es cierto que Villanubla sufrió un gran descenso al decidir Ryanair eliminar todas sus conexiones en un pulso personal con el ministro vallisoletano Óscar Puente, pero también lo es que la pista pucelana no tiene un solo euro de ayudas públicas: todos los viajeros son a cambio de cero euros en promoción de vuelos. Mientras, el Consorcio de León dedicó en el contrato en vigor 2,5 millones para alcanzar su cifra, lo que arroja un coste público de casi 34 euros por viajero durante el año pasado. Y ahora plantea aumentarlo 100.000 euros más cada año, hasta 2,6 millones.

Es más, el diputado recordó que la última asamblea dejó la puerta abierta a poder dedicar más dinero aún si se aprueba incorporar al Consorcio a los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia, es decir, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. Una vieja aspiración tan poco exitosa como que también participen las patronales o empresas del sector turístico de la provincia.

El Gobierno ha detallado los avances en la modernización y adaptación de la línea ferroviaria León-Astorga-Ponferrada, clave para el Corredor Atlántico y esencial en la provincia, en una respuesta remitida a varios diputados del Partido Popular (PP), entre ellos las leonesas Ester Muñoz y Silvia Franco, que preguntaron en el Congreso por las actuaciones dirigidas a permitir el futuro tránsito de autopistas ferroviarias.

Según la respuesta oficial, la empresa pública Adif del Ministerio de Transportes trabaja en la renovación integral del tramo León-La Granja, de 89 kilómetros, con el objetivo de reforzar la capacidad y fiabilidad de la infraestructura. El proyecto incluye la sustitución completa de balasto, traviesas, carril y desvíos, así como la optimización del trazado, el refuerzo de puentes y viaductos, la mejora de trece túneles y la adaptación del gálibo y la electrificación.

En paralelo, continúa la redacción del proyecto para la mejora de otros 62 kilómetros entre La Granja y Covas, divididos en dos actuaciones: La Granja-San Miguel de las Dueñas y San Miguel de las Dueñas-Covas.

Este último tramo contempla la remodelación de la estación de Ponferrada y la creación de una vía de apartado de 750 metros, ampliaciones que sin embargo se vienen prometiendo desde 2019. También se reforzarán explanaciones, trincheras, drenajes y estructuras como puentes y túneles, adecuando el gálibo.

Adif está además redactando los proyectos preliminares de señalización para los tramos Bifurcación Base de León-La Granja y La Granja-Covas dentro del Plan Director de Galicia, y mantiene actuaciones para suprimir pasos a nivel en Ponferrada, Sarria y Rábade.

Sólo si el tráfico lo justifica

El Gobierno subraya que la puesta en marcha de autopistas ferroviarias no depende solo de las características de la infraestructura, sino de la existencia de flujos suficientes de transporte, de tipos de mercancía adecuados y de vehículos preparados para este sistema. Recuerda además que el transporte de mercancías opera en un marco liberalizado y que la viabilidad de nuevos servicios requiere sostenibilidad financiera.

Para facilitar su desarrollo, Adif creó en el año 2022 una Oficina de Apoyo y Asesoramiento sobre autopistas ferroviarias, abierta a cualquier operador interesado, que ofrece orientación técnica y económica, así como información sobre surcos, disponibilidad de vagones y ayudas.

Estudio del Lazo del Manzanal

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene en redacción un estudio de viabilidad para mejorar las prestaciones del tramo León-Ponferrada, con especial atención al Lazo del Manzanal, uno de los puntos más condicionantes del recorrido.

El análisis busca definir posibles alternativas y el grado de intervención necesario para mejorar el servicio de viajeros y mercancías, incrementar la capacidad y homogeneizar velocidades en la línea.

La empresa pública Aeropuertos Españolas y Navegación Aérea (Aena), del Ministerio de Transportes, tiene previsto invertir 57,2 millones de euros en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, 16,3 de ellos en el aeródromo civil de León, ubicado en La Virgen del Camino, durante el periodo 2027-2031, una inversión notablemente superior a los 16,5 millones totales que definió el plan quinquenal anterior, 2022-2026.

Así lo ha concretado Aena en una nota de prensa para dar a conocer el detalle de las infraestructuras previstas en todos los aeródromos de España, para atender demandas de tráfico futuras y cumplir con requisitos de seguridad y mantenimiento, así como facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios en los que se ubican, ha informado Aena en nota de prensa. Se trata del detalle del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que en toda España supondrá una inversión global de 13.000 millones de euros.

Lo único nuevo en el caso de León es la cifra de los 16,3 millones de euros, ya que el pasado mes de septiembre, hace seis meses, el listado de las mejoras e inversiones previstas ya se había detallado y no ha cambiado en nada. Ese dinero, frente a los 1,7 millones del plan anterior aún en ejecución, prevé actuaciones en el campo de vuelo y plataforma como el recrecido de la pista, nuevos vehículos para la seguridad operacional, y elementos de campo para los sistemas de información y comunicación.

No se reflejan aquí otras mejoras que se reclaman desde hace años, como el aumento de categoría del sistema de aproximación a la pista ILS, que en León sigue en nivel 1 y al que la Plataforma Más Vuelos culpa de la cancelación y desvío de algunas operaciones, algo que hoy ha negado el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, comparando con otros aeródromos españoles. Tampoco recoge la terminal de mercancías, que haría del aeródromo leonés el único del noroeste para este cometido, que la Diputación ha diseñado y exige desde el equipo de Gobierno de PSOE y UPL, cifrado en 43,6 millones.

No será el aeropuerto con más inversión de Castilla y León pero tampoco habrá mucha distancia con el de Valladolid, que prevé recibir 18,5 millones de euros -en el anterior plan fueron 6,9 millones- para mejora de procesos y calidad en el área terminal como mejoras en la sala de embarque, climatización, accesos peatonales o renovación de aseos. También se acometerán actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, con instalación LED en pistas y rodaduras; se mejorará la seguridad en equipamientos y con actuación en el pavimento de plataformas SEI y hangares; y se dispondrá de elementos de campo en sistemas de información y comunicación.

En Salamanca los 12,7 millones previstos -fueron 3,4 en el quinquenio anterior- irán destinados a mejorar el edificio de la terminal en cuanto a la sala de embarque y una nueva acometida de agua potable; también se adecuará el pavimento de la zona SEI, y se mejorará la seguridad y los sistemas de información y comunicaciones.

Finalmente, el aeropuerto de Burgos contará con una inversión de 9,7 millones de euros, frente a los 4,5 millones precedentes, que supondrá reforzar los equipamientos de seguridad, vehículos SEI y el control perimetral, además de regenerar la calle de rodaje de los hangares. Aena invertirá también en actuaciones de sostenibilidad, como calderas y climatización, y en elementos de campo para los sistemas de información y comunicaciones.

Subida de tarifas

Aena ha explicado que para acometer estas inversiones, que ascienden finalmente a 12.888 millones de euros en el conjunto de la red de aeropuertos del país, se propone un incremento medio anual de la tarifa. De este modo, para cuatro aeropuertos de Castilla y León será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos aplicando incentivos.

Las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en esta propuesta de DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante los últimos cinco meses. Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia).

Además, Aena ha explicado que también se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.