El final abrupto de la coalición entre PP y Vox en Castilla y León en junio de 2024 terminó con una alianza sellada dos años antes en un documento marco de mínimos compuesto por 11 ejes y 32 acciones generales, entre las que se incluían medidas polémicas como el impulso de una ley de violencia intrafamiliar en la Comunidad, que nunca vio la luz.

Este acuerdo firmado en marzo de 2022 comenzaba con una serie de principios generales, como la defensa de los intereses de Castilla y León en el marco de la Unión Europea o el impulso de todas las capacidades productivas y de los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo, entre otros.

Además, sobre inmigración, que a la postre sería el motivo de la ruptura del pacto, este acuerdo incorporaba como último punto, debido a que fue motivo de disputa, uno referido al tratamiento de estas personas: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”.

La garantía de unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos, el desarrollo de mejores infraestructuras, el aseguramiento de la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial, el apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación y la reducción del gasto superfluo, fueron otros de los planteamientos genéricos de aquel pacto.

Las medidas más polémicas

Fuera de este acuerdo quedaron precisamente algunas de las medidas que generaron más polémica durante los dos años que gobernaron juntos, como la proposición de ley de Concordia, que ambos partidos registraron y que omitía las alusiones a la dictadura franquista, o un protocolo antiaborto consistente en ofrecer a las mujeres que querían interrumpir su embarazo la posibilidad de escuchar el latido fetal.

Tampoco aludía el documento al recorte de las ayudas directas a los sindicatos que puso en marcha Vox como partido titular de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y que generó una batalla judicial constante con CCOO y UGT no solo por la merma de fondos, sino por las descalificaciones e insultos que profería en redes sociales y medios de comunicación el entonces consejero del ramo, Mariano Veganzones (Vox).

Así, la única polémica que realmente estaba firmada en el pacto era la de impulsar una ley de violencia intrafamiliar y que el PP accedió porque, según argumentaron, que no estaba reñida y podía coexistir con la Ley contra la Violencia de Género, aunque el objetivo de Vox fuese el sustituir una por otra.

¿Y qué consiguieron aprobar?

En total, fueron una docena de leyes las que la coalición PP-Vox consiguió sacar adelante en esos dos años, aunque las dos más polémicas: la citada de violencia intrafamiliar y la ley de concordia que sustituiría al Decreto de Memoria Histórica, no llegaron a aprobarse al romperse la coalición a cuenta del encontronazo por el acogimiento de menores inmigrantes no acompañados en la Comunidad.

Concretamente, entre las leyes que sí consiguieron aprobar se encuentran las del procedimiento de designación de senadores autonómicos, varias leyes de rebajas y bonificaciones tributarias, la reforma de la Ley de Juego y Apuestas, la reforma del modelo de atención en residencias de mayores, la nueva Ley de Sanidad Animal y, por último, la de Patrimonio Cultural.

Además, las dos formaciones sacaron adelante dos presupuestos de forma consecutiva, los de 2023 y 2024, que son las últimas Cuentas aprobadas en la Comunidad.

Mañueco ahora quiere “acuerdos para toda la legislatura”

Por aquel entonces, el pacto de PP y Vox no especificaba un compromiso que ahora el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, considera ineludible: que los acuerdos duren para toda la legislatura, es decir, que lo firmado se cumpla durante cuatro años y evitar así lo ocurrido en el actual mandato, cuando los populares se quedaron en minoría tras la salida del gobierno de los de Abascal.

Una condición que también parece compartir la dirección nacional del PP, que en el decálogo publicado este pasado lunes como base para los posibles pactos autonómicos con Vox incluye que esta posible unión debe dotar de presupuestos anuales a los territorios.

Precisamente, esa falta de apoyos al estar en minoría ha pasado factura al PP en los casi dos años que ha estado gobernando en solitario en Castilla y León, donde ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos para 2025 debido a la oposición conjunta que han ejercido el resto de los grupos en la Cámara y que ha sumado en votaciones conjuntas a PSOE y Vox en contra del PP.

Una circunstancia que no ha pasado desapercibida por los populares, que han alimentado la idea de una supuesta 'pinza' en su contra urdida supuestamente entre los socialistas y los de Abascal para impedirles gobernar y generar una situación de bloqueo.

Gallardo, de Vox, se ha ido… y a mi memoria saltó otro personaje con el mismo apellido, sastre y leonés, nada que ver entre ellos, tan sólo el flash de éste andando inestable, premioso, con las manos separadas del cuerpo, como buscando apoyo en el aire… que enlazo con otra foto del político que hemos podido ver (gesto personal explicativo), con ambas manos al frente y separadas como 'dimensionando' su decir. Desequilibrio una, dimensión causal otra.

El dúo Mañueco-Gallardo, (presidente - vice…sin funciones) ha tocado a su fin. Sin embargo, dudo que la liberación de la rémora, no haya dejado huella en el presidente del ejecutivo de este ente. Dato éste que no me preocupa, pues con distinto poder, ambos nos querían a los leoneses amarrados. ¿Pierde gas tal pinza, la del amarre ? Pues no, dado que en el otro extremo de ella presiona el PSOE, y así los muy ladinos... ¡'Amarraitos' nos llevan!

Por otra parte, cuando un personaje, en este caso político, con un gesto de pundonor herido por maniobras de su partido, deja un cargo, y además relevante y bien remunerado, no es extraño que cause en el lector de la noticia un gesto de extraña simpatía, o de apunte comprensivo, mas, a enemigo que se va, puente de plata…

Otros quedan, fieles y con puesto, otros díscolos y adscritos, se trata de medrar y cobrar. León, para ellos, es lo de menos…

Tengo la impresión o puede que lo haya oído, algo así como que a Vox no le gusta demasiado la gobernanza en compañía. En especial en las autonomías, las que consideran mal implantadas. Prefieren su todo nacional, inabordable hoy para ellos.

Gallardo vs. Abascal

García-Gallardo, con cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, es ahí donde llegó a discrepar con la cúpula, mejor hubiera dicho con la punta de lanza de ella, a la sazón el señor Abascal. Quien se ha estado marcando una verticalidad de la que ha dicho Gallardo que venía a chocar con la horizontalidad de su agrado, en la que “cabían pluralidad de liderazgos y carismas”, cualidades que habían de buscarse en otros personajes en el mando, desde los inicios del partido, que por cierto también se han ido marchando.

No le gustaba que quisieran cortarle su libertad ejecutiva… recuérdese, julio de 2024, cuando la dirección dio orden, o algo así, de salirse de todos “los puestos de mando” que compartían con el PP. Y él trataba de seguir en la gobernanza y en su cobranza autonómica, en el ente que nos aprisiona a los leones. Razón ésta, la comunitaria, es por la que reclama mi atención y no otra.

No estaba en ella para deshacerla (León Solo), sino con buen sueldo ayudando al aprisionamiento de los leoneses. Una disculpa que podía aducir, sería que el partido que acaba de dejar no quería las autonomías, y... ¡Cómo iba a apoyar él la construcción de otra nueva! En este menester sí que exhibía partidismo fiel, el de anularnos a los leoneses, cual si fuéramos okupas o emigrantes, a los que tiene bastante más que ojeriza Vox.

Pollán sale beneficiado

Por supuesto que hay bastante más cosas, confrontaciones y luchas intestinas, pero no va hacia ellas mi preocupación de opinante hoy. Si bien añadiré que Vox parece que tiene intención de premiar a Pollán, ‘allá en las altas cumbres’ de las Cortes, acoplándole más responsabilidades; pero demostrado está que de él tampoco podemos esperar nada los leoneses.

Para gracieta, digamos que las discrepancias Gallardo/Bambú (sede de Vox), por aquello que es desde donde se da caña, cada vez con mayor verticalidad impositiva a todo lo que se mueve en España, le empujaron a dar un paso, que según ha contado... ¡Ya lo tenía meditado! ¡No le gustaba la falta de democracia interna!

¿Qué nos dice de la democracia general o externa? ¿La conoce?, sí, ésa, la Constitucional que nos da derechos y libertades, y los 'nuestros', donde él no está encajado, y los foráneos, que hasta ahora sí estaba, mienten de continuo para obligarnos a permanecer donde no queremos. ¡Ahí ni diálogo ni democracia! 

Ya es pública notoria la rotura sentimental entre Vox y el PP, se trataba de una pareja de conveniencia y la primera desavenencia surgida entre ellos ha dado al traste con la aparentemente pacífica cohabitación. La medida desencadenante ha sido un toque a maitines del presidente de Vox, un recauchutado Santiago Abascal siempre enfundado en prendas de talla inferior a la que le corresponde. Toda una alegoría. 

Las causas pueden ser varias, pero que nadie se desanime, más pronto que tarde las conoceremos. La causa próxima, la aparente, ha sido el rechazo radical a la distribución de unos trescientos y pico menores no acompañados (menas), medida que suena a poco creíble. Quizá pudiera tener más que ver con la creación del tercer grupo más nutrido del Parlamento Europeo, de la mano de Víctor Orban (Hungría), Le Pen (Francia) y numerosos líderes de partidos de extrema derecha, de menos renombre pero con la misma pulsión, o bien el miedo escénico a la formación emergente Se Acabó la Fiesta.

Sea como fuere, como ya digo, el enigma del porqué de esta renuncia a numerosas porciones de la tarta del poder, pronto serán del dominio público. A nosotros nos afectan más directamente las repercusiones que este corrimiento puede tener en parte de Castilla La Vieja y León, perdón Castilla y León. Según las informaciones llegadas al día siguiente del cataclismo autonómico, un vicepresidente, dos parlamentarios de las cortes pucelanas y veintiséis cargos de cierto relieve, han renunciado a su puesto por mantener la obediencia debida al caudillo Abascal que ha ordenado la retirada.

Dejando de lado la más que previsible estupefacción que habrá sufrido Pollán, presidente del Parlamento de dichas Cortes, que ha visto perder el partido mucho antes del pitido final, la figura excelsa del vicepresidente de la cosa autonómica acaparó el foco de atención de los medios de comunicación. El gesto hierático, como de cartón piedra, carente de expresión, del vicepresidente de la Junta, cuyos méritos son perfectamente desconocidos por todos, salvo su pertenencia a Vox, denota sus escasas tablas. Del mismo modo que se ignoran cuáles son sus funciones, excepción hecha de acudir a su puesto y suponemos que cobrar a fin de mes.

Por eso podríamos aventurar que desde el día que Gallardo causó baja en su puesto, podemos asegurar que Castilla y León también perdió su gallardía, no porque la institución perdiera el porte, lo esforzado o el arrojo, atributos de los que nunca ha hecho gala, no, sencillamente porque perdió al más gallardo de sus miembros. El paso por la política de este caballero ha sido sin pena ni gloria, sin cometido alguno, al decir de los que saben de la ejecutoria de sus funciones. Probablemente sólo haya sido un momio inmerecido, fruto de unos resultados alcanzados por su partido en una región que lleva mucho tiempo, mucho, caracterizada por el vertiginoso nadar del cangrejo, es decir el avance inverso, hacia atrás.

Estética del pasado y mediocridad

Las imágenes de Gallardo a caballo, que comparte con su jefe de filas el gusto por la equitación y mostrarse como caballeros medievales o más anticuados aún, dibujan una estética que retrotrae a un pasado que creíamos olvidado, confiriéndoles un aire que los aleja, quien sabe si intencionadamente, del común de los mortales. El porte altivo de chico de buena familia, de colegio de pago, exquisitamente conjuntado con indumentaria de equitación a la inglesa, le confiere la estética de un jinete feudal que mira desde las alturas a sus semejantes. 

Consecuencia de su mediocridad fue la poco afortunada asistencia a una concentración motera que motivó burlas y chanzas. Su escasa perspicacia permitió que una cámara de televisión le grabase bajando de un automóvil para calarse un casco de motorista y sumarse así al jolgorio. ¡Cuitado! Es una pobre víctima que, o está muy mal asesorado en lo que a imagen se refiere o, lo que es peor, carece de todo asesoramiento. Así pues, su partida no supondrá una pérdida irreparable y menos aún se le echará de menos. Su paso por la vicepresidencia de Castilla y León es, como esta misma comunidad mediocre, la evidencia palpable de como la política puede hacer implosionar dos regiones históricas a la vez, cuando el resto del país, mal que bien, prospera demográfica y económicamente. 

Si Gallardo es fiel exponente de la inoperancia de la comunidad más grande de España, sólo cabe preguntarle en voz alta a todos los leoneses sin importar su filiación. ¿Hemos parado a pensar a dónde queremos conducir a León en estas condiciones, con estos personajes y con estos antecedentes descorazonadores? Sírvanse contestar aunque sólo sea para sus adentros, podrá servirles como ejercicio de contrición, una ocasión inmejorable de entonar el mea culpa y una oportunidad única de hacer propósito de la enmienda. 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

Finalmente, después de unos días de incertidumbre, Vox ha dado por roto el pacto con el PP que le permitía cogobernar en Castilla y León tras el acuerdo para el reparto de 400 menores migrantes, de los cuales correspondían 21 a la Comunidad Autónoma.

El líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, ha comparecido a última hora de la tarde del jueves para informar sobre esta decisión que implica la ruptura del Gobierno en Castilla y León y otras cuatro Comunidades. Todo ello a pesar de que durante este mediodía el portavoz del equipo de Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), asegurase que a todo el equipo de Gobierno le gustaría seguir gobernando “tal y como está”.

La decisión hunde en la incertidumbre al Gobierno autonómico de Castilla y León, presidida por Alfonso Pérez Mañueco (PP) donde Vox ha ocupado hasta ahora la vicepresidencia (con Juan García-Gallardo a la cabeza) y tres Consejerías: la de Industria, Comercio y Empleo; la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y la de Cultura, Turismo y Deporte.

Pasada la medianoche del miércoles, el vicepresidente de Castilla y León, publicaba en X (antiguo Twitter) un post en el que aseguraba que el PP les había traicionado “en la defensa del derecho a la vida, colaborando con las mafias ilegales del tráfico de personas”. En aquel momento, García-Gallardo ya advertía: “Nuestra generosidad ha sido infinita, a pesar de los incumplimientos del pacto”

El pacto de Gobierno en Castilla y León entre PP y Vox se creó tras las elecciones del 13 de febrero de 2022, en las que el PP de Alfonso Fernández Mañueco obtuvo 31 escaños y Vox, liderado por Juan García-Gallardo 13, lo que les permitió formar un gobierno de Coalición que se ha mantenido hasta este momento. Tras esta ruptura, el PP se queda en minoría en las Cortes de Castilla y León con solo 31 de los 81 escaños, sin posible suma de mayoría absoluta sin el PSOE o sus ya exsocios de Vox.

El Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalé del Pozo, a las afueras de León, en el municipio de Villaquilambre, abrirá el 22 de junio, hasta final de verano. El espacio tendrá capacidad para acoger hasta un máximo de 180 personas migrantes, todas ellas mayores de edad, que se encuentran en situación de tramitación de protección internacional, “el máximo nivel de protección para un ciudadano”.

Así lo reveló hoy, en declaraciones recogidas por Ical, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que además pidió a la Junta de Castilla y León que desautorice al vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, por sus “comentarios xenófobos, que alientan la violencia e intentan alterar la convivencia”, ante la acogida de personas migrantes en la capital leonesa.

“Le pido al Gobierno de la Junta que, en un asunto de tanta importancia, no se ponga de perfil”, explicitó Sen, que consideró “injustificables” las declaraciones de García-Gallardo y añadió que “se suman a las diferentes ocurrencias que ha tenido recientemente con esa propuesta de vigilancia de estas personas migrantes por parte de la Policía Local de Burgos”.

Exigió a García-Gallardo, en ese sentido, que “cese” en sus declaraciones e hizo un “llamamiento a la calma a la población que en estos días ha salido a la calle sobre este asunto” y también pidió “responsabilidad” a todos los agentes políticos y sociales implicados para una cuestión, la acogida de migrantes, que se realiza “en base a compromisos europeos” y donde España es, por su ubicación, “uno de los países más afectados”, recordó. Por ello, consideró Sen que “no se puede tolerar ningún tipo de declaración que pueda alterar la convivencia de los vecinos”.

Información “en tiempo real”

En cuanto a las críticas de la Junta por la supuesta falta de información con la que ha contado sobre este proceso de acogida de migrantes en León, Sen aseguró que “la Administración autonómica conoce en tiempo real toda la información” de la que dispone el Gobierno, del que destacó la “transparencia” en su actuación al respecto.

Así, y tras revelar que el centro abrirá sus puertas el 22 de junio, señaló que su carácter de lugar de acogida será “temporal, hasta final del verano”, y que a él llegarán “personas migrantes documentadas, mayores de edad, procedentes de centros de Canarias y que se encuentran en situación de tramitación de protección internacional”.

La gestión del centro corresponderá en su totalidad a San Juan de Dios, aunque “dentro de los programas del sistema de acogida de la Secretaría de Estado de Migraciones”, y reveló que de ello se ha informado “directamente al gerente de Servicios Sociales” de la Junta de Castilla y León tanto por parte de la Delegación del Gobierno como directamente del Ministerio.

La posible apertura, todavía no anunciada por vía oficial, de un centro de acogida de migrantes procedentes de Canarias en un antiguo establecimiento hotelero cerrado hace más de una década a las afueras de León capital está dando pie alentando un debate político y vecinal con claros tintes y mensajes racistas.

En las últimas horas se está produciendo una serie de reacciones ante la posible ubicación, en ningún momento confirmada aún, por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones, de un centro para acoger a un grupo no detallado de personas, procedentes sobre todo del África subsahariana y que recalan en Canarias huyendo de hambrunas y guerras, en el antiguo y abandonado hostal y restaurante Chalé de Pozo, en Villarodrigo de las Regueras (municipio de Villaquilambre). Se trataría de una colaboración social del Programa de Protección Internacional (PPI) de la Fundación San Juan de Dios.

El origen de la información se localiza en un grupo de vecinos del entorno, alentados por algunas personas afines a la derecha y la extrema derecha, que se han organizado a través de grupos de Whatsapp y que aseguran haber recogido “la preocupación de los vecinos del fin del estado de bienestar en los municipios y los barrios del alfoz de León”, organizando ya alguna incipiente reunión.

El hecho de haberse convertido esta situación en noticia en algunos medios, el enfoque de los mismos y la manera exponencial de airearse bulos a través de diferentes redes sociales, ha provocado que lo que podría, o no, convertirse en un centro de ayuda humanitaria de emergencia de la mano de la Fundación San Juan de Dios, haya alcanzado ya este miércoles la esfera política.

“Respuesta eficaz e inmediata a los problemas” de menores

Así las cosas, el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León se mostró dispuesta recibir al posible grupo de migrantes de procedencia canaria a León, aunque reclamando más transparencia al Gobierno sobre los planes previstos. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (PP), exigió hoy al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una política migratoria coordinada e informada.

Blanco aseguró a través de un comunicado oficial que Castilla y León es “tierra de acogida y solidaria y va a continuar siéndolo, lo cual ha venido demostrando ante las graves crisis migratorias de los últimos años, tales como la de Ucrania, Afganistán y la constante llegada de migrantes a Canarias”. “La respuesta de la Comunidad ha sido, en cada una de estas situaciones, la de recibir y atender a estas personas, que precisan de asistencia a muchos niveles”.

Además, ante la posibilidad de que en el grupo de los recién llegados pueda haber algún menor de edad no acompañado y, por tanto, deba estar bajo la tutela de la Administración autonómica, “la Junta precisa estar informada de todas las cuestiones relativas al traslado, con el mero objetivo de abordar la situación y dar respuesta eficaz e inmediata a los problemas”.

Sin embargo, frente a estos argumentos, el vicepresidente de esta misma Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), no tardó hoy en reaccionar a algunas informaciones que por ejemplo hablaban de desembarco de “menas” y de una “legión” de personas, pidiendo a través de la red social X a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que “aloje en su casa” a los migrantes llegados de Canarias o facilitándoles “billete de vuelta a su país”.

La única información municipal previa

El Ayuntamiento de Villaquilambre en León se ha visto forzado a emitir un comunicado en el que recuerda que carece de competencias en materia de migración, que son estrictamente nacionales, por lo que aún no disponen “de toda la información sobre el proyecto del Centro de Ayuda Humanitaria” diseñado.

El equipo de Gobierno municipal confirma que la orden hospitalaria de San Juan de Dios contactó con el Consistorio el pasado lunes solicitar una reunión informativa a propósito de un posible centro de este tipo, que contaría con 180 plazas en las instalaciones que se han dado en llamar “Centro Ayuda Humanitaria San Juan de Dios León El Pozo”, la cual sin embargo no se celebraría hasta el 18 de junio. Sin embargo, la entidad religiosa sí adelantó “que se trata de un programa temporal con fecha fin 31 de agosto de 2024” para recibir, dentro de este calendario posible, “por emergencia humanitaria a personas migrantes documentadas, procedentes de centros de Canarias y que ya han registrado sus solicitudes de protección internacional”, en tanto éstas se tramitan.

Con la Delegación del Gobierno en Castilla y León se ha fijado otra reunión el día 17 de junio y mientras “la obra Hospitalaria de San Juan de Dios se reunirá con todas aquellas asociaciones de vecinos constituidas legalmente -matizan- para facilitarles toda la información al respecto” pero “una vez se haya trasladado a las instituciones”. 

La Junta de Castilla y León estima que podrá financiar, con la capacidad económica actual y las futuras cuentas de 2024, la aplicación de la proposición de ley de Concordia, que impulsan en las Cortes los grupos Popular y Vox, socios de gobierno en la Comunidad. Así lo recoge el informe preceptivo que en materia presupuestaria han elaborado ante la presentación de esta iniciativa parlamentaria y que en breve será remitido a la cámara autonómica. 

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que el informe señala que la Comunidad puede financiar la puesta en marcha de la ley de Concordia por lo que garantizó que si la futura ley se aprueba, la Junta correrá con los gastos que genere para las arcas de la Comunidad. 

Asimismo, Fernández Carriedo señaló que hasta que no finalice el trámite parlamentario no se podrá hacer un cálculo del coste de aplicar esta norma, que pretende sustituir el decreto de memoria histórica del año 2018, si bien garantizó que la Junta no va a “escatimar ni recursos, ni medios”, porque pretende atender a las víctimas, “como elemento central de la acción política”. De esta forma, aseguró que cualquier recurso que se necesite, se va poner encima de la mesa para atender a las víctimas. 

Una vez elaborado el informe preceptivo a esta proposición de ley, algo que la Junta hace con otros textos legislativos de las Cortes o enmiendas, se remitirá al parlamento autonómico, cuya Mesa acordó ayer esperar a recibirlo, antes de decidir si solicitan otro al Consejo Consultivo de Castilla y León como ha solicitado el Grupo Socialista, que rechaza la iniciativa de PP y Vox. 

En su comparecencia en las Cortes para explicar las líneas del presupuesto de la Consejería de la Presidencia, a la que está adscrita esta materia, el consejero Luis Miguel González Gago afirmo que la Junta mantiene la participación en el Plan Estatal de Actuaciones, enmarcado en el Plan Cuatrienal 2021-2024, donde se diferencian los proyectos de exhumación (124.000 euros) y los proyectos de divulgación. 

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en la Comunidad, Juan García-Gallardo, reclama al Gobierno una mayor regulación de los ríos la cuenca del Duero, ejecutando más pantanos, “para aprovechar mejor los recursos”, dado que “hoy está muy por debajo de su capacidad y recursos”. Y, en contraposición, denunció que mientras la Junta construye presas, el Ejecutivo central “las destruye”, en referencia al bulo recurrente de la extrema derecha, a pesar de ser fácilmente desmontable.

“Va contra el sentido común”, afirmó, durante su visita a la puesta en funcionamiento de la presa del Arroyo de las Cuevas, en Castrejón de la Peña, provincia de Palencia, una infraestructura en la que se han invertido 14 millones de euros para crear una masa de agua con capacidad de almacenamiento de 10,9 hectómetros cúbicos, la mitad del pantano más pequeño de la cuenca en la provincia de León, el de Villameca, y un 6.000% menos que el pantano de Riaño.

Este fue el último ejecutado en León, anegando para siempre pueblos enteros y que todavía hoy sirve en parte para regar y suministrar agua incluso a polígonos industriales a través del trasvase Cea-Carrión a las provincias de Palencia o Valladolid. Del sacrificio de Riaño es, por ejemplo, parte del agua que se acumula en 'el mar' del pantano de Villalón, de otros 10 hectómetros, construido igualmente por la Junta.

Con una gran puesta en escena, el vicepresidente de la Junta protagonizó este viernes el gesto de cerrar la presa para que pueda empezar a cumplir su función de almacenamiento de agua, salvo en la parte dedicada a preservar el caudal ecológico. “Esta infraestructura nos va a permitir llevar vida donde no la había. Porque donde hay agua hay un joven que puede quedarse a labrar la tierra de sus padres”, aseguró García-Gallardo, junto al consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, también de Vox, que siempre ha defendido no sólo construir nuevos pantanos en la provincia de León sino aumentar la capacidad de los ya existentes.

Pantanos, minas y nuclear

Es ésta, de hecho, una política energética vital para la formación de extrema derecha, cuyos representantes autonómicos por la provincia de León han defendido junto a la reapertura de minas, a pesar de resultar inviable, y la instalación de centrales de energía nuclear, que en realidad son con tecnología de prototipos, todo ello para contribuir desde León a aumentar la soberanía energética, señalando por ejemplo al municipio de La Robla, muy cerca de la capital leonesa, en la Montaña Central.

El nuevo pequeño pantano inaugurado por García-Gallardo, con un coste de 14 millones de euros, cuenta con la aportación mayoritaria de Fondos Estructurales (Feader) de la Unión Europea, los cuales se enmarcaron en el Plan de Desarrollo Regional de Castilla y León 2014-2020, es decir, casi dos años antes de que Vox cogobernara con el Partido Popular en la autonomía.

Algunas de las infraestructuras de este tipo dentro del plan han sido ejecutadas mediante un convenio de colaboración directo entre la Consejería y la Comunidad de Regantes, como es el caso de las del sistema Valdivia.

Alimentando políticamente la 'guerra del agua'

García-Gallardo recordó que el pasado lunes los consejeros de Agricultura de Castilla y León, Aragón, Valencia y Extremadura, es decir, todos los que están en manos del partido político Vox, firmaron un documento conjunto dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez en el que, entre otras materias, le piden un cambio de política en materia de regulación hidráulica, en el sentido de aumentar los pantanos. “Esperamos que otras comunidades se sumen. Esto es algo que va más allá de las diferencias políticas”, añadió, para anunciar que harán “mucha más presión para que rectifique” en su política hidráulica y “este agua se deje de desperdiciar”, confirmando así que emplearán el agua como arma política desde su formación y los gobiernos autonómicos en los que asumen esta responsabilidad.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy un presupuesto récord para Castilla y León para este ejercicio de 2024, que alcanza los 14.562 millones de euros. La cifra supone un crecimiento del 5,45% en relación a las cuentas de 2023.

Las cuentas, según Mañueco, son “las que Castilla y León merece y necesita”, y se han realizado “desde el realismo y la prudencia”. El proyecto de presupuestos, que el presidente de la Junta presentó hoy junto al vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo (Vox, socio de su Gobierno autonómico), y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se registrará en las Cortes en las próximas horas.

Resaltó que la Junta prevé destinar destinará ocho de cada diez euros del presupuesto de las consejerías a políticas sociales. 9.500 millones de euros que suponen dos tercios del total de las cuentas autonómicas y que demuestran, según señaló el presidente, que estas son “eminentemente sociales”.

En concreto, el presidente de la Junta detalló que el presupuesto se incrementa un 2,7 por ciento en Sanidad, un 4,6 por ciento en Educación y un 8,3 por ciento en servicios sociales. Subidas que se enfocan a “seguir incrementando la calidad de los servicios públicos” en la Comunidad.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió la agricultura y la ganadería como un “sector estratégico” para Castilla y León, motivo por el que las cuentas autonómicas de 2024 destinarán 1.500 millones de euros al sector primario de la Comunidad.

Esto supone uno de cada diez euros del proyecto de presupuestos para el año en curso. Una cantidad que, según Mañueco, demuestra “el compromiso” de la Junta con este sector y que supera los 1.281 millones que se dedicarán a las inversiones para “crecer económicamente y generar empleo”.

También hablaron de que ñlos beneficios fiscales a los ciudadanos alcanzan los 674 millones de euros, con los que se pretende ayudar a las empresas y familias de la Comunidad. Mañueco cifró en 480.000 los contribuyentes que se beneficiarán de estos incentivos fiscales que incluyen las medidas que acompañan al proyecto de presupuestos autonómicos.

Abundando en detalles, Juan García-Gallardo destacó las ayudas a la conciliación y la natalidad que incluye el proyecto de presupuestos del Gobierno autonómico, con el objetivo de “proteger a las familias y facilitar que sean más fuertes” de cara a luchar contra la despoblación y el “invierno demográfico”.

Así, García-Gallardo destacó que la partida a este cometido aumenta casi un nueve por ciento hasta alcanzar los 2.639 millones de euros, con medidas como la prórroga del bono nacimiento y del bono concilia o la dotación, con 138 millones de euros, al programa de acceso a la vivienda en régimen de compra o alquiler.

Preguntas

Ya ante preguntas de los periodistas, Alfonso Fernández Mañueco aseguró que la coalición de gobierno con Vox en Castilla y León continuará hasta el final de la legislatura, en marzo de 2026, mientras el Ejecutivo autonómico sea “útil y eficaz”, añadió. Asegurói que el Gobierno autonómico va “por buen camino” y que el “pulso” de la sociedad al respecto es “positivo” con respecto a las políticas que se están aplicando, por lo que reiteró su compromiso de mantener la coalición con Vox hasta marzo de 2026, fecha en que se convocarían los próximos comicios autonómicos.

Además, el presidente de la Junta reseñó que la presentación del presupuesto “pone bien a las claras” que tanto él como presidente, como el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el resto de consejeros de ambas formaciones están concienciados con cumplir “la labor y la misión de servir a las personas de esta tierra”.

“Creo que estamos haciendo una buena labor, se puede comprobar, y lo que puedo decir respecto a la legislatura es que estamos convocados a elecciones en el año 2026 mientras este gobierno sea útil y eficaz”, concluyó.

“Un buen presidente”

En la misma línea se expresó el vicepresidente, que destacó que Castilla y León tiene “un buen presidente” con Alfonso Fernández Mañueco. “Lo está demostrando dese que tomó posesión, tomando medidas muy buenas para las empresas y las familias de Castilla y León”, aseguró. Además, el vicepresidente de la Junta destacó la “relación cordialísima” con Mañueco y el “aprecio personal y sincero” que consideró mutuo. “Confiamos ambos en agotar la legislatura para servir a los mejores intereses de la comunidad de Castilla y León”, sentenció

El vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha admitido hoy que aunque en campaña electoral y en su programa pedían el voto propugnando la desaparición de las comunidades autónomas en España, “no vamos a renunciar a participar en los gobiernos autonómicos para implementar nuestra agenda política” de partido.

García-Gallardo hacía estas declaraciones en León a pesar de argumentar previamente que “seguimos culpando al estado de las autonomías de la situación política que vivimos en España”, en referencia entre otras cosas a la Ley de Amnistía que forma parte del acuerdo que, salvo sorpresa, aupará al socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del país mañana jueves con mayoría en el Congreso de los Diputados. De hecho, el líder autonómico de Vox ha llegado a exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mano dura institucional contra “contra el golpe a la democracia” de Sánchez

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, con un sueldo bruto de 85.000 euros al año pero sin cartera específica en el Gobierno que preside el Partido Popular Alfonso Fernández Mañueco, remarcó que, a pesar de aquellas promesas, ahora “tenemos un programa político en multitud de áreas, como Sanidad, Vivienda, Educación...” -en ninguna de ellas hay nadie de Vox al frente-, motivo por el que no renunciarán ni a sus cargos en el Gobierno autonómico ni al pacto firmado. Pero eso a pesar de insistir a continuación en que “vamos a seguir denunciando que es este estado de las autonomías el que ha creado el monstruo de los separatismos, los ha alimentado, engordado, el gran culpable de que estemos en esta situación”.

“Sin estado de las autonomías no se hubiera cedido la competencia de Educación a los separatistas, como se hizo en el año 96; no se hubiera creado todas esas televisiones como TV3 que han ayudado a alimentar el relato falso sobre la Historia de España; sin estado de las autonomías no tendríamos hoy a un señor en Waterloo dictando la política de España”, enumeró.

Por eso, “como partido político que integramos el Gobierno tenemos el afán y la aspiración de máximos de acabar reformando el título 8º de la Constitución Española”. Pero al mismo tiempo “mientras esa sea la Ley vigente la vamos a respetar” y a seguir formando parte del Ejecutivo autonómico.

“Muy difícil” parar la formación del nuevo Gobierno

Juan García-Gallardo, tras el fallo del Tribunal Supremo, que hoy ha rechazado las medidas cautelares pedidas ayer por su partido para impedir la convocatoria del Pleno de investidura en el Congreso de los Diputados, admitió que “en un corto plazo es evidente que está muy difícil parar” la Presidencia para Pedro Sánchez, pero instó a “seguir intentándolo todo, aunque esté muy difícil y cuesta arriba, porque es nuestro deber cívico y nuestro compromiso social seguir defendiendo el Estado de Derecho y la democracia”.

Y entre las iniciativas, hizo un llamamiento a “una gran movilización social de todos los españoles, de toda clase y condición y cualquier sensibilidad en defensa de España y del Estado de Derecho en todos los órdenes”, considerando “realmente increíble” que aquellos que se beneficiarán de la Ley de Amnistía “puedan seguir como si aquí no hubiera pasado nada” a pesar de que “mientras la España abandonada y silenciada se le niegan los recursos necesarios para poder prosperar, se riega de millones de euros a quienes se alzaron contra el Estado de Derecho y cometieron delitos gravísimos de corrupción y de malversación de caudales públicos”, concluyó.

El grupo de socialistas europeos ha señalado hoy que la Comisión Europea acaba de confirmar que la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular y Vox, “no informó” a Bruselas sobre las medidas para promover la flexibilización de los controles de tuberculosis bovina.

De este modo, el Gobierno europeo “da la razón” al Gobierno español, que llegó a amenazar con intervenir tras conocer que se habían suavizado esos controles, al considerar que esas medidas “no cumplen con las normas pertinentes de la UE”. Por el contrario, la Comisión señala que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “sí informó oficialmente sobre los riesgos que estas medidas podrían tener para la sanidad pública y animal”.

En respuesta a una pregunta formulada por los eurodiputados socialistas Iratxe García, Clara Aguilera e Ibán García del Blanco, el Ejecutivo comunitario insta a las autoridades españolas “a vigilar y a tomar las medidas necesarias para evitar una mayor propagación de la enfermedad” y “para proteger la salud pública y la sanidad animal en la UE”, tal y como por otro parte llegaron a hacer ante la “irresponsable” medida del gobierno autonómico en coalición de derechas.

En esa pregunta, los socialistas preguntaron si la Junta de Castilla y León había informado previamente a la Comisión Europea sobre esos cambios y “si se podía confirmar la alarma y el riesgo para la salud pública y animal provocada por la crisis ganadera en Castilla y León”. Hay que recordar que el propio vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), defendió en un viaje institucional a Bruselas relajar los controles al ganado vacuno afectado por algún caso de esta enfermedad, que es de transmisión a humanos, comparándolo con la lucha contra la esclavitud.

Un ganadero del municipio leonés Burón ha decidido sacrificar a sus 115 vacas después de que una de ellas diera positivo en tuberculosis bovina. El servicio territorial de Ganadería de la Junta de Castilla y León se reunión con él tras conocerse el resultado de las pruebas y le ofreció la alternativa de Vox de indultar a la totalidad de la cabaña ganadera, una polémica medida de relajación que la Consejería de Agricultura y Ganadería en manos de la formación de extrema derecha aplica desde hace un año.

Sin embargo, según fuentes de la administración autonómica, el hombre decidió “libremente” matar a todas las reses y cobrar la indemnización a arriesgarse a que se propagase la enfermedad.

Este nuevo caso de tuberculosis bovina en la montaña de Riaño llega tan solo un año después de uno muy similar en el vecino municipio de Lario, en el que, al contrario que ahora, el ganadero pidió dar una segunda oportunidad a sus vacas. En aquel entonces, visitó la explotación el propio vicepresidente autonómico y líder del partido de extrema derecha en la Comunidad, Juan García-Gallardo, haciendo gala en un vídeo propagandístico de aquella medida y asegurando que “no vamos a matar moscas a cañonazos”.

Su postura, que después ha defendido unilateralmente en Bruselas, ha recibido fuertes críticas por el peligro de que en Castilla y León la tuberculosis se extienda, incluso por parte de los veterinarios, que lo consideran medidas “decisiones populistas” que ponen en riesgo “la salud de personas y animales”, los cuales se pueden contagiar.

La delegación territorial de la Junta en León insiste en que el nuevo caso de enfermedad en vacas es “aislado” y que no afecta a que la provincia se mantenga declarada como “libre de tuberculosis”. No obstante, llega en plena polémica por la “flexibilización” de la administración autonómica con la sanidad en estos animales, contra la que el Gobierno ha tenido que adoptar la decisión de obligar a través de una orden ministerial a limitar el movimiento del ganado para evitar contagios.

A pesar de ello, la Junta rechaza dar marcha atrás y el Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco desoye esa decisión del Gobierno y permite que Vox siga relajando los controles.

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“La vida y la lucha me han enseñado a no detenerme y a que no hay nada imposible. No existe el 'no puedo' y, aunque a veces es muy cuesta arriba, siempre hay un día en que la luz es más bella y te ayuda a ver todo más claramente”.

Marita Seara. “La Mujer. Una voz que se extiende”.

Señor Gallardo, si yo no le escribiera esta carta me sentiría como la más ruin de las mujeres. Porque es imposible no reaccionar después de oírle decir tal sarta de incoherencias e inmoralidades como las que usted se atrevió a lanzar a viento y marea sobre cómo las mujeres y los médicos tienen que administrar la moral del aborto. A eso se le llama dictar doctrina.

No solo me parece insultante sino de un atrevimiento indigno por parte de alguien que tiene un cargo de alta responsabilidad, proveniente de un pacto que yo llamaría “del diablo” que tenemos que sufrir inexorablemente todas las ciudadanas y ciudadanos bajo el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Nada menos que un cargo de vicepresidente. Y dicen en mi pueblo que “tanto peca el que mata como el que tira de la pata”. Por lo que el señor Mañueco, el presidente, no queda fuera de esta reflexión.

Siento tanta vergüenza e indignación ante tamañas barbaridades que me hunde en la miseria el imaginarme hacia dónde va esta sociedad y la falta de respeto que se tiene a las mujeres.

Estamos en un avanzado siglo XXI. Es usted muy joven y seguramente no se ha ocupado de conocer la historia y el trabajo reivindicativo y constante que las mujeres hemos tenido que desarrollar en este país para intentar lograr que nuestra dignidad personal no se vea pisoteada. Tenga por seguro que si para alguien es importante la maternidad es precisamente para nosotras.

Le voy a contar una pequeña historia:

Yo soy de esa generación de mujeres que ha tenido que pelear todo en la vida, de lo que me siento muy orgullosa, habiéndome dejado una huella profunda de hastío y desesperanza que en ocasiones me hace desfallecer.

Lo miro e intento imaginar quién lo ha educado y cómo ha vivido para haber llegado a semejante discurso, carente de cualquier principio relacionado con la moral, la ética y la empatía.

Por eso le pido que pare en seco. Que ponga un stop. Que reflexione. Que no se le vuelva a ocurrir pensar e intentar legislar para y sin los seres humanos extraordinarios como somos las mujeres.

Se horrorizan ustedes con demasiada frecuencia con el hacer de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, sin embargo, no le vendría nada mal, ni a usted ni a los que le rodean, observarlo e imitarlo, entre otras muchas cosas en todo lo que tiene que ver con la igualdad, la sensibilidad y los derechos de las mujeres.

Quiero que no se le olvide que sabemos pensar, discernir y decidir lo que nos conviene, nos interesa o deseamos. Tan sólo necesitamos el respeto y la protección frente a tanta testosterona que no se resigna a decidir y pensar por y para nosotras.

Por favor, quítese ese peso de encima: no necesita llevarlo en la mochila.Somos personas capaces y no necesitamos seres iluminados que nos tracen el camino, sino más bien respeto y dignidad para que nuestro bastón de la moral y de la ética no se vea resquebrajado.

No necesitamos permanentemente tutores que nos marquen el camino y que se aprovechen de nuestro trabajo mientras nos quieren hacer invisibles.

Tenemos luz propia y sabemos darle al interruptor cuando es necesario. No se equivoquen ni nos menosprecien: No estamos dispuestas a consentirlo.

Le remito a que escuche con atención las declaraciones de Isabel Rodríguez García, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Palabras que si les presta la debida atención le servirán de reflexión y le hará pensar.

La única opción valida para demostrar el respeto a las mujeres es valorarnos por lo que somos y hacemos, y no intentar ocultarnos ni imponernos.

Esto se lo cuento desde un ayuntamiento de montaña, Murias de Paredes, al que pertenecen quince pueblos y del que soy alcaldesa, en el que las mujeres han sido el pilar y el motor de todo lo que hemos heredado y hoy podemos disfrutar. Su actitud y fortaleza nos obligan a seguir su camino.

Mari Carmen Mallo Álvarez es alcaldesa del Ayuntamiento de Murias de Paredes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a descartar convocar elecciones anticipadas en la Comunidad “si no se producen circunstancias extraordinariamente graves” ya que su intención es “agotar el mandato”. Reconoció, no obstante, que las coaliciones tienen “sus momentos complicados” y aseguró que “hay cosas que haría de manera distinta a Vox en el fondo y en la forma”, según precisó en una entrevista concedida al programa Herrera en Cope, en declaraciones recogidas por Ical.

Fernández Mañueco reconoció que desde la Junta “todos” deben “mejorar la forma de comunicar las decisiones” del Gobierno autonómico, aunque también quiso dejar claro que las decisiones de dicho Ejecutivo autonómico “no se toman en despachos de Madrid, sino en despachos de Castilla y León”, y no acepta que “Pedro Sánchez quiera dirigir y torpedear e interrumpir el gobierno cotidiano de Castilla y León”. “No me parece razonable, sensato ni legítimo, sino despropósito de un hombre que ha demostrado que no tiene escrúpulos y quiere atacar a una comunidad comprometida con España y la constitución española como es Castilla y León”.

“Absolutamente en la vida no hay nada, pero sí es verdad que cuando convoqué las elecciones hace algo más de un año, en diciembre de 2021, lo hice pensando en el interés general de la Comunidad. Ya había habido una moción de censura presentada por órdenes de Sánchez, con tránsfugas que en aquel momento se negaban y ese fin de semana se fotografiaban con el propio Sánchez. Antes de que hubiera otra moción de censura ilegítima, parecía razonable dar la voz a las personas de Catilla y León”, argumentó.

Además, el presidente del Ejecutivo autonómico precisó que “el interés general dejaba bien claro que quienes estaban en lucha ilegítima por conseguir el poder perdieron el respaldo electoral y ese interés general debe presidir cualquier decisión”. No obstante, remarcó, que no considera que “en estos momentos se den las circunstancias para convocar elecciones en nuestra Comunidad”, pese a la polémica surgida la semana pasada a raíz del protocolo de atención a la mujer embarazada. 

“Puedo cesar a todos los miembros del Gobierno de Castilla y León porque así lo establece el Estatuto de Autonomía. Igual que puedo convocar elecciones, lo hice, y se me criticó por tomar una medida excesivamente contundente. Lo que pactamos, lo que se habló y los trabajos que hicieron Sanidad y Vicepresidencia están especificados en la nota de prensa. Ahí no se habla de medidas provida ni antiaborto, ni de modificar el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. La idea era distinta, fomento de natalidad y apoyo a las familias”.

En este sentido, matizó que “es verdad que se tienen que analizar las circunstancias en cada momento”. “Dije eso durante bastantes meses la legislatura pasada y al final tuve que convocar porque las circunstancias y el interés general me obligaban a tomar una decisión de estas características. Mi intención es agotar el mandato, es lo que nos reclaman los ciudadanos. Si no se producen circunstancias extraordinariamente graves que afecten al interés general, yo no convocaré elecciones anticipadas”.

Protocolo embarazo

Por lo que respeta a las medidas de apoyo a la mujer embarazada, el presidente de la Junta contestó que no va a flagelarse públicamente porque tengan que mejorar cómo transmitir la gestión de su labor. “Me parece sangrante que se utilice para atacar a Castilla y León, amenazar a su Gobierno, presionar a la sociedad de Castilla y León”. “Hemos demostrado a lo largo de la historia, en nuestro presente y futuro, nuestro compromiso inquebrantable con la lealtad de la unidad de España”. “Somos gobierno, comunidad y sociedad comprometida con España, nadie puede poner en duda eso, y con la Constitución Española”, frente a “gobiernos desleales, profundamente desleales, con la unidad de España”. “Es un despropósito por parte de Sánchez”.

Mañueco concluyó que no era, ni es intención de la Junta modificar el protocolo de aquellas mujeres que quieran interrumpir su embarazo. “No es intención, ni es ni lo va a ser obligar a profesionales y mujeres a nada. La intención era mejorar las prestaciones sanitarias para todas las mujeres embarazadas”, concluyó, para insistir en que lo ocurrido estos días es una prueba de que “Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa para retorcer la realidad: es capaz de inventar, de mentir, de sobreactuar para usarlo en propio beneficio. Ha utilizado a las propias mujeres con interés electoral y ese es el objetivo de Sánchez”.

Frente a él, está “seguir el camino que está trazando Feijóo”. “Todo el mundo sabe que soy miembro del PP, mi respaldo y apoyo es claro y rotundo a Feijóo y va dando los pasos adecuados. No solo va contestando los ataques de pedro Sánchez, que está claramente nervioso ante esta situación, sino que va haciendo equipo sólido, solvente, experimentado, incorporando personas de sociedad civil o que habían dejado primera línea de la política del PP”, a lo que sumó medidas económicas que favorecen a las clases medias y compromiso con los servicios públicos.

“Tenemos que seguir en esta línea, incorporando a más personas, abriendo las manos a quienes en el pasado fueron votantes de los proyectos del PP, más recientemente Rajoy, en el pasado Aznar, hemos demostrado cuando hemos tenido responsabilidades en el gobierno de la nación que hemos estado a la altura de las circunstancias”. “Tenemos una situación económica comprometida y creo que si hay algo que caracteriza e identifica al PP y especialmente a Feijóo es la eficacia en la gestión y la capacidad para dar respuesta a los problemas reales de los españoles”.

Por otro lado, preguntado sobre si aconsejaría al PP gobernar con la extrema derecha en el Ejecutivo central, sentenció que para él lo mejor es un gobierno en solitario. “Lo he dicho antes y después de las elecciones autonómicas, aunque el resultado no dejaba lugar a otra situación ni solución. El PSOE no quiso ni siquiera plantearse otras soluciones. El PP y todos los que formamos parte del PP trabajamos para que haya una mayoría suficiente para que Feijóo pueda gobernar en solitario. Las circunstancias en Andalucía unos meses después cambiaron radicalmente y Moreno consiguió una mayoría más que suficiente”. “Moreno es el camino que todos debemos seguir para que en las elecciones municipales y autonómicas tengamos ese respaldo mayoritario de los españoles y que Feijóo pueda conseguirlo en las generales”. 

Lista más votada

Por último, Mañueco se mostró partidario de que, ante futuras elecciones nacionales, autonómicas y municipales, gobierne “quien saque más votos”, y para ello señaló que se deben “comprometer todas las fuerzas políticas, especialmente las principales”, en relación a PP y PSOE.

“Soy un convencido de que tiene que gobernar quien saque más votos. Es una realidad. Debemos comprometernos todas las fuerzas políticas y especialmente las principales, PP y PSOE. Es así. Si no fuera así, el alcalde de Valladolid tampoco hubiese sido Puente hace ocho años”, incidió, par pedir al PSOE que lo diga, y recordar que “el que puso una moción de censura basándose en tránsfugas no está legitimado para hablar de este asunto”. 

“El que se sentó conmigo y le faltó el respeto al PP y ofendió, a nosotros y los votantes, que dijo no a todos los planteamientos y requerimientos que hicimos, ni uno solo de los planteamientos, y fue una docena, no puede venirnos a dar lecciones de democracia y representatividad”, sentenció.

Una encuesta de Sigma Dos indica que la mayoría de votantes del PP pide al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destituir a su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, pero no adelantar elecciones en la Comunidad, tras la polémica suscitada por las medidas para mujeres embarazadas y frente al aborto.

Así lo recoge un sondeo publicado este sábado por El Mundo en el que el apoyo a la continuidad del líder de Vox en Castilla y León cae “fuertemente”. Casi la mitad de los votantes lo culpan de la crisis política abierta en la Comunidad y apuestan por que el presidente de la Junta lo expulse del gobierno de coalición que formaron PP y Vox en abril de 2022.

Además, en Castilla y León, un 42,8% de los encuestados culpa al Partido Popular y un 31,5% a Vox de la situación generada por no haber “atado en corto” a la formación de Santiago Abascal, puesto que fue el vicepresidente quien en una rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el que presentó las nuevas medidas de la Consejería de Sanidad. Por el contrario, en el conjunto del país, este porcentaje cae hasta el 41 por ciento.

“Mañueco se va a aferrar a la Presidencia de la Junta de Castilla y León cual percebe a una roca, porque Feijóo no lo quiere de candidato”. Así de tajante ha sido este miércoles el coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández.

El líder autonómico de la formación morada tildó al presidente autonómico de ser “una persona cobarde y muy incompetente” que “en la dicotomía entre defender los derechos mujeres y mantenerse en el sillón, siempre va a elegir sus propios intereses”.

Pablo Fernández, que calificó de “vomitivo, deleznable y abominable” que el Partido Popular y Vox “ataquen a las mujeres y lesionen y cercenen sus derechos”, aseguró que las medidas antiabortistas anunciadas por el vicepresidente de la Junta y líder de la extrema derecha en la Comunidad, Juan García Gallardo, “no se pueden tolerar”, y subrayó que el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España “ya están tomando todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en marcha”.

Fernández prevé que al contrario de lo que pasó con el cogobierno del PP con el Ciudadanos de Francisco Igea y Verónica Casado, esta vez no habrá un nuevo adelanto electoral en Castilla y León por una posible ruptura del actual Gobierno bipartito de PP y Vox. Ni más ni menos, ha dicho, que porque “a Vox le importan un bledo las mujeres de Castilla y León y a Mañuecole dan absolutamente igual. Lo único que le importa a Mañueco es Mañueco, el poder y el control”.

Fernández también tuvo unas palabras para el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que consideró “connivente y colaborador necesario de que Vox ataque a las mujeres”. A juicio del coordinador autonómico de Podemos, el gallego “es un ultra que quiere dar una imagen de moderado por hablar bajo y ponerse corbata y que intenta desmarcarse de la barbaridad de Vox cuando la realidad es que el Gobierno se mantiene” pero que “no quiere que Mañueco repita” al frente de los populares en la Junta, por lo que tiene claro que “no habrá adelanto electoral”.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este martes que remitirá una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para “lamentar” el envío de un requerimiento a la Comunidad sobre una “cuestión ficticia” en torno al protocolo de atención a las mujeres embarazadas de Castilla y León.

Mañueco trasladará asimismo su malestar, como anunció en un tuit, porque el Ejecutivo central haya decidido “combatir con inusitada dureza un conflicto irreal”.

Todo ello a pesar que el partido de sus socios de Gobierno, Vox, ha amenazado ya con revisar el acuerdo con el PP si no se cumple con la medida antiabortista de hacer escuchar a las embarazadas el latido fetal antes de abortar y realizarles ecografías 4D en seis semanas.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias ante el supuesto nuevo protocolo de atención a las mujeres embarazadas, “que tiene por objetivo disminuir el número de interrupciones del embarazo”, según lo anunciado por el vicepresidente Juan García-Gallardo hoy en una la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

En este nuevo protocolo se procederá, tal y como ha reseñado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León a “la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre.”

También se ha incluido la elaboración de ecografías 4D durante el primer trimestre, con el fin de enseñar a la madre los rasgos del feto en ese momento de desarrollo.

“No consta que tal modificación de los protocolos de seguimiento del embarazo haya sido aprobada por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia de nuestra comunidad”, ha advertido el procurado de Ciudadanos. “No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo”.

“¿Se ha considerado la compatibilidad con el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las leyes vigentes?, ha cuestionado. ”¿Se ha consultado esta variación del protocolo con los servicios de obstetricia de nuestra comunidad?“.

Código Penal

“En la legislación actual no existen listas públicas de objetores, ni se ha planteado tal posibilidad en ningún caso. Es obligatoria, la declaración de la objeción ante las autoridades sanitarias según lo previsto, sin que se produzca menoscabo alguno de dicho derecho a la objeción de conciencia”, apunta Ciudadanos en un comunicado.

“Por otra parte, cabe reseñar que recientemente se ha producido una modificación del Código Penal que se añade un nuevo artículo 172 en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”, explica. En este sentido pregunta: “¿Ha previsto la posibilidad de que los facultativos, o personal sanitario, así como el propio consejero que ”ofrezca“ estos servicios pueda resultar denunciado de acuerdo a la nueva redacción del código penal arriba señalada?”.

Además, el procurador de Ciudadanos ha presentado por la intención o no de eliminar la obligatoriedad de comunicar por escrito la voluntad de declararse objetor de conciencia para la interrupción del embarazo, si se ha negado asistencia psicológica a las gestantes que lo han solicitado y si se ha incumplido la obligatoriedad de comunicar a las gestantes las ayudas sociales a que tienen derecho según lo dispuesto en la ley de salud sexual y reproductiva.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este viernes los primeros presupuestos presentados por la coalición de Gobierno formada por PP-Vox, únicamente con sus votos, que suman mayoría absoluta, y en contra de toda la oposición que se quejó de que ninguna de sus casi 2.000 enmiendas haya podido tener encaje en las cuentas para 2023, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero. 

Durante las dos jornadas del pleno, los procuradores de PP y Vox, que dieron réplica a las propuestas de la oposición, argumentaron que se trata de “un buen presupuesto”, con 13.809 millones de euros, un 12,35 más que el último, lo que le convierte “en récord” en recursos en la historia de la Comunidad. 

En la votación de las secciones, el procurador de Cs, Francisco Igea, solicitó la votación por llamamiento de la enmienda 166 en la que plantea una ayuda de 2,5 millones, con 1.000 euros al mes, para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tras casi 25 minutos de suspensión del pleno, Carlos Pollán informó de que la Presidencia no aceptaba la votación nominal porque ya queda constancia en la votación electrónica.  

Lío monumental en la votación de la ley de acompañamiento

Pero lo que se prometía unas navidades alegres para el Gobierno de Mañueco se convirtió en una película de terror cuando, al votar la Ley de Medidas de Impuestos (una ley de acompañamiento de los presupuestos) en la sesión de la tarde, tanto PP como Vox se equivocaron y votaron a favor de las enmiendas del PSOE.

En ese momento, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (de Vox) suspendió momentáneamente la sesión, con la consiguiente bronca de los procuradores de la oposición. El sonoro patinazo en esta votación implicaba que esta ley de acompañamiento no se ajustara a los requisitos del Presupuesto General de la Junta de Castilla y León aprobado anteriormente para el año próximo. El PP intentó que se repitiera la votación, algo que fue señalado como ilegal por los letrados de las Cortes en Valladolid.

Así, al no poder corregir el error, tanto Vox como el Partido Popular se vieron obligados a votar en contra de su propia ley de impuestos, con lo que las cuentas para 2023 nacen cojas y no podrán ser ejecutadas con normalidad. Los dos partidos del Gobierno autonómico anunciaron que la semana que viene presentarán una Proposición No de Ley para intentar solventar el asunto, pero lo más probable es que tengan que iniciar un nuevo procedimiento parlamentario para aprobar una ley de acompañamiento distinta a la rechazada. Esto podría llevar más de un mes hasta que se vuelva a votar en el hemiciclo, con lo que los presupuestos se tendrán que ejecutar parcialmente durante los primeros días del año que viene.

Así serán los presupuestos de 2023, 'tocados' por el error de PP y Vox

El presupuesto sale casi como entró en las Cortes, con la excepción de las 34 enmiendas de PP y Vox incorporadas al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda, que llegó al plenario. Son 34 enmiendas, de las que 20 han sido a la ley de Medidas y 12 numéricas, con 2,5 millones, centradas en su mayoría en mejoras en centros de salud.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, admitió que este presupuesto se presenta en “un contexto económico de elevada incertidumbre, afectado por un deterioro de las perspectivas de crecimiento”, aunque defendió que se trata de “unas buenas” cuentas para la protección de las familias y el impulso del sector productivo de Castilla y León.

La conclusión de este pleno de presupuestos, en el que PP y Vox han aplicado el rodillo, la ofreció el socialista José Ignacio Martín Benito, cuando defendió sus enmiendas a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes: “Terminamos la liturgia, tengan unas felices fiestas”. 

Hasta a un pasodoble -“fandanguillos y alegría”- acudió el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, para afear “la perfección” de PP y Vox al despreciar todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, con el argumento de “inviabilidad técnica”, en muchos de los casos. 

En la última sesión presupuestaria, se aprobaron las cuentas de las consejerías de Industria, Comercio y Turismo, Familia e Igualdad de Oportunidades y Cultura, Turismo y Deportes, con la queja, de nuevo, de la oposición por no recoger ninguna enmienda de la oposición, como ya ocurrió este jueves con las siete consejerías restantes. 

Así, vio luz verde el presupuesto de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones (Vox), en un caldeado debate entre Alicia Palomo (PSOE) y Fátima Pinacho (Vox), mientras fuera de las Cortes se produjo la protesta de los sindicatos por el recorte de sus ayudas. Alicia Palomo defendió enmiendas para “la recuperación del diálogo social” y en contra del cierre del Serla, servicio de resolución de conflictos laborales.

En su réplica, Fátima Pinacho (Vox), que calificó de reiterativas e inviables las enmiendas, argumentó que están a favor de los cursos de formación y de las visitas de prevención a empresas, pero tildó de “auténtica vergüenza” que los agentes sociales perciban 800 euros por ello o duplicar servicios con el Serla. “El cargo superfluo es el exceso de altos cargos para un vicepresidente sin competencias”, respondió Palomo. 

Por su parte, Igea renunció a todas sus enmiendas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para centrarse solo en la 166, relativa a ayudas para los enfermos de ELA. El procurador pidió una reflexión, que completó después Pablo Fernández (Podemos) para solicitar “humanidad”. La popular Inmaculada Ranedo emplazó, desde el compromiso con estos pacientes, a una reunión el 10 de enero en la Consejería que dirige Isabel Blanco. 

Sociales y menos impuestos

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año -están prorrogados los de 2021 por el adelanto electoral- ascienden a 13.809 millones, un 12,35 por ciento más que las últimas cuentas aprobadas en las Cortes, de ellos las consejerías contarán con 11.262 millones, con ocho de cada diez euros para sanidad, educación, familia y vivienda.

Según la Junta, se trata de unos presupuestos “eminentemente sociales” y enfocados a garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales, el compromiso con el mundo rural, la familia, la juventud y la lucha contra la despoblación.

Otro elemento que resalta el Ejecutivo autonómico es la reducción de impuestos a empresas y familias con beneficios fiscales que aumentan en un 60 por ciento respecto a 2021 y que se traduce en un ahorro de 600 millones. De esa manera, se contribuye a reducir el impacto de la subida de precios y a impulsar la economía, en particular en el entorno rural. Los beneficios fiscales llegarán a 478.000 contribuyentes y están dirigidos, en especial, a familias, acceso a la vivienda y fomento del empleo. El importe medio del beneficio fiscal es de 1.254 euros.

Gasto de las consejerías

La Consejería de Sanidad se mantiene como la primera en gasto de la Junta de Castilla y León, con 4.753 millones de euros, un 8,87 por ciento más que en las últimas cuentas, pero son los departamentos inversores, como Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Cultura y Turismo y Movilidad y Transformación Digital las que más crecen por la inyección de los nuevos fondos europeos.

En concreto, Presidencia tiene un presupuesto de 176 millones (10,73 por ciento más); Economía y Hacienda, 542 millones (44,67 por ciento más); Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 566 millones (8,14 por ciento más); Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 512 millones (60,34 por ciento más); Movilidad y Transformación Digital, 292 millones (29,92 por ciento más); Educación, 2.614 millones (10,82 por ciento más); Industria, Comercio y Empleo, 445 millones (24,30 por ciento más); Familia e Igualdad de Oportunidades, 1.263 millones (16,74 por ciento más); Cultura, Turismo y Deportes, 212 millones (50,92 por ciento más).

Así, las consejerías sociales van a disponer del 76,6 por ciento del gasto no financiero, hasta un total de 8.630 millones de euros, en lo que supone un esfuerzo conjunto sobre el PIB del 12,6 por ciento. Además, el capítulo de inversiones supera por primera vez los 1.000 millones de euros.

En el pleno, se vieron otras tres enmiendas de UPL relativas a la promoción del Reino de León como cuna del parlamentarismo, presentadas al presupuesto de las Cortes, que contará con 36,2 millones, con un incremento del 7,33 por ciento, en el que se engloban las instituciones propias (CES, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Procurador del Común). 

La sección Cortes de Castilla y León se aprobó con 70 votos a favor y nueve en contra de UPL-Soria Ya (seis) y el Grupo Mixto (Podemos, Ciudadanos y Por Ávila). Terminó el debate con el aplauso de la bancada de PP y Vox y la felicitación entre Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, que se dieron la mano en el escaño.  

El pleno de las Cortes volvió a vivir este miércoles momentos de tensión en el debate de la proposición no de ley del Grupo Socialista para pedir la reprobación del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por llamar a este partido “banda criminal”, en un calificativo que reiteró en el hemiciclo en esta misma sesión.

Es la segunda vez que el PSOE pide la reprobación de García-Gallardo, después de hacerlo el pasado mes de junio cuando “insultó” a la procuradora con discapacidad Noelia Frutos. “Por algo que no era verdad”, dijo el vicepresidente, que, por el contrario, volvió a señalar al PSOE como “banda criminal” y advertir de que los jóvenes conocerán “su historia criminal”.

El debate se desarrolló entre el rechazo por la socialista Patricia Gómez a “las barbaridades” vertidas por García-Gallardo y la critica a “la complicidad” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la acusación del vicepresidente a los socialistas por “callar y asentir ante los actos incorrectos de su jefe, Pedro Sánchez”.

En ese cruce de acusaciones y subida del tono, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, llamó al orden y retiró el uso de la palabra poco después a Pablo Fernández (Podemos), tras calificar de “fascista” la ideología de García-Gallardo, pero no hizo lo mismo con las palabras que dejó en el hemiciclo el vicepresidente, por lo que fue acusado de “falta de objetividad” por Francisco Igea (Cs), que tildó de “vergonzoso” su comportamiento.

En la presentación de la iniciativa, la procuradora socialista Patricia Gómez argumentó que llamar “banda criminal” al PSOE supone no respetar la pluralidad ni los valores democráticos y aseguró que el presidente de la Junta es “cómplice” al consentir las descalificaciones de Vox.

Gómez sostuvo que el partido al que Juan García-Gallardo llamó “banda criminal” es autor de todos los avances sociales de España, reparó una deuda con las víctimas del franquismo y afirmó que los socialistas siempre van a estar al lado de quienes defienden la democracia.

“El vicepresidente ha demostrado que no está a la altura que merece esta tierra, la pregunta es si lo está el presidente”, concluyó Gómez. “Cada una de sus intervenciones ha sido una ofensa o un menosprecio a jóvenes, a mujeres, a personas con discapacidad, a sindicatos”, recoge la PNL socialista.

García-Gallardo cargó en su intervención contra la política del PSOE en la lucha terrorista contra ETA, su pacto con Bildu o la propuesta de suprimir el delito de sedición o plantear la reforma del de malversación, mientras los socialistas “callan y asienten con los actos incorrectos de su jefe, Pedro Sánchez”. “Es un silencio cómplice con los actos de su jefe, el jefe de su banda”, anotó.

“Su silencio cómplice favorece las conductas de delincuentes que les mantienen en el Gobierno. No se escandalicen. Sin su silencio cómplice no cometería los actos de traición de vender la patria”, siguió García-Gallardo. “Encubrimiento y colaboración”, añadió, para advertir de que los jóvenes van a conocer “la historia criminal del PSOE”.

Patricia Gómez, que afirmó estar esperado a que se llame al orden a García-Gallardo, rechazó “lecciones en la lucha contra el terrorismo” al partido que terminó con ETA y subrayó que el vicepresidente de la Junta puede presentar su ideología gracias a la lucha de los socialistas.

“En qué han convertido nuestra tierra”, aseveró Gómez, que culpó directamente a Alfonso Fernández Mañueco del “deterioro institucional” por permitir la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León. “Señores del PP bajen la mirada, qué flaco favor hacen a la democracia, a qué bajo precio han vendido a esta tierra”. “Lo terrible y penoso es que hoy ustedes del PP no se diferencian nada de ellos”, zanjó.

En un tono conciliador, el popular Ramiro Ruiz Medrano recordó que antes el respeto era una seña de identidad, afirmó que hoy podría ser un buen día para recuperar ese espíritu de ilusión por la política y se preguntó si no estaban hablando demasiado de ellos y poco de la gente.

Ruiz Medrano argumentó que la PNL omite que de lo que se ha hablado en el hemiciclo “no existe” porque el presidente de las Cortes “tomó la decisión y no existe” en el ámbito parlamentario, en referencia a que retiró las palabras de García-Gallardo.

“Se puede discrepar mucho, pero no debemos salirnos del tiesto para tener razón o conseguir un titular”, aseveró, para abogar por el respeto y por hablar de los problemas de las personas. “Prefiero seguir mi dieta, el respeto y la concordia”.

Un pobre hombre

Francisco Igea confesó que no sabía lo que iba a votar aunque añadió que merece la reprobación porque está “sin educar” y el puesto le queda lejos, pero señaló al PSOE que Fernández Mañueco utiliza a García-Gallardo mientras él está cómodo. “Es usted un pobre hombre”, se refirió al vicepresidente de la Junta. “Ustedes, señores del PP, no son mejores de este triste personaje que ocupa la vicepresidencia”, zanjó.

Por su parte, Pablo Fernández anunció el voto a favor de la PNL y afirmó que el vicepresidente profesa “la ideología fascista”, por lo que fue llamado al orden por tercera vez por el presidente de las Cortes y tuvo que abandonar la tribuna.

La leonesista Alicia Gallego, que afirmó sentirse “despistada” ante los insultos, descalificaciones y faltas de respeto en el hemiciclo, manifestó que las palabras gruesas desvirtúan el fin de la política, indicó que no es un honor ser el político para el que más veces se pide la reprobación y señaló que el PP es “cómplice” por permitir esta situación.

Gallego instó a García-Gallardo a trabajar en la solución de los problemas en vez de “ir a sus cosas” y puso como ejemplo a alcaldes pedáneos que, sin tener un sueldo como el que tiene el vicepresidente, se dedican a trabajar por la gente. “Hay que bajar el tono, para qué la crispación”, aseveró.