El Partido Popular (PP) de León ha puesto este lunes en marcha la maquinaria electoral en la provincia con la celebración de un Comité de la Gestora, tras conocerse ya de manera oficial que su actual diputada nacional y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, repetirá como número uno en la lista a la Cámara Baja en los comicios convocados para el 29 de noviembre.

Pocos anuncios a mayores desveló el presidente provincial en funciones de la actual Gestora del PP leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, relegando para “los próximos días” el resto de las composiciones de las listas. Pero sí se metió de lleno en la precampaña, arropado por numerosos cargos públicos de la formación y situado delante del eslogan popular “Por fin”.

El también consejero de Industria y Universidades en el Gobierno de la Junta de Castilla y León que encabeza Alfonso Fernández Mañueco, que como juez en excedencia a causa de su protagonismo político acaba sin embargo de conseguir una plaza de magistrado en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, instó a que el PP de León obtenga “el mejor resultado”. Se trata de contribuir de manera “relevante” desde la provincia a “cambiar el estado de nuestra España, de nuestra nación, sumida”, dijo, “en una absoluta crisis institucional, política e incluso social, derivada de un Gobierno pernicioso” presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Quiñones aseguró ante los periodistas que el actual es un momento “tan relevante” y de “similar significación histórica” como “la Transición y después el 23F”. “Porque en definitiva es o Alberto Núñez Feijóo o continuar con un régimen que sabe dios hasta dónde podría llegar”, zanjó.

En términos más locales, el mandatario leonés resaltó los “proyectos abandonados y olvidados por parte del Gobierno de España” en la provincia, poniendo como ejemplo el incumplimiento de la mayoría de las infraestructuras que formaron parte del pacto entre PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) para cogobernar en la Diputación leonesa.

Se refirió expresamente en la comarca de El Bierzo a la autovía A-76 entre Ponferrada y Orense, la circunvalación de Ponferrada, el acceso al Hospital El Bierzo desde la autovía A-6 o el “trazado ferroviario imposible” entre Ponferrada y León, que “somete a los ponferradinos a una odisea y condena las mercancías y el Eje Atlántico ferroviario noroeste”.

Mencionó también los “olvidos” de la autovía León-Valladolid, la A-60, la de la Plataforma Logística de Torneros, anunciada para el año 2023 sin que “se hiciera nada”, u otros como segunda fase de ampliación del Parador Nacional de San Marcos, el cierre de la Ronda exterior de la capital con su tramo norte o la llegada de Feve al centro de la ciudad. Y aseguró que frente a todos esos incumplimientos, con el PP en el Gobierno central, “es el momento en el que se diga 'sí' a todos esos proyectos”. “Un momento de ilusión, en el que puede haber un cambio que permita que España y que León resurjan y de nuevo que los leoneses y las leonesas los vean materializados”.

Era una especie de secreto a voces pero nadie lo daba todavía por seguro al cien por cien. Hasta que este lunes 19 de octubre, apenas 42 días antes de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y a través de redes sociales, el Partido Popular (PP) de León ha desvelado que su actual diputada nacional y expresidenta provincial, Ester Muñoz, repetirá como cabeza de lista al Congreso por la provincia leonesa.

Lo hará a pesar de tener que compaginar esta responsabilidad con dos de la máxima altura nacional que ya porta a sus espaldas: la portavocía del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, en la que se estrenó hace más de un año como mano derecha del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Y más recientemente su designación también como portavoz oficial de la campaña electoral nacional.

La duda ahora es de qué manera podrá compaginar una exposición pública tan relevante y de primer nivel sobre todo en Madrid con el desarrollo de una campaña electoral provincial de la que será de nuevo cabeza de cartel. Lo que busca el partido es que en la provincia leonesa Muñoz suponga un espaldarazo para conseguir una victoria provincial que en las últimas contiendas ha caído siempre del lado del PSOE, y repartiéndose mitad por mitad las cuatro actas en juego.

La propia Muñoz había mostrado el pasado domingo 12 de octubre en una visita a la capital leonesa ya en plena precampaña, su preferencia por concurrir a la cita del 29 de noviembre por la circunscripción leonesa, sin ocupar ningún puesto en la lista por Madrid. Con lo que esta decisión de partido confirma lo previsto por la emergente política leonesa y lo hace como si se tratara del fichaje de una gran estrella del deporte.

Ester Muñoz de la Iglesia nació en León el 13 de junio de 1985 y es licenciada en Derecho por la Universidad de León, con un máster en Derecho Internacional por la Universidad de Murcia. Inició su trayectoria política en Nuevas Generaciones del PP y, desde 2012, trabajó como jefa de gabinete en la Vicesecretaría de Organización y Electoral del partido.

Fue senadora por León en las legislaturas XI y XII, entre 2015 y 2019, y ejerció como portavoz popular en la Comisión de Justicia del Senado, muy de la mano del senador leonés Luis Aznar. Tras un tiempo algo denostada, regresó brevemente a un puesto de confianza de Presidencia de la Junta de Castilla y León junto a Alfonso Fernández Mañueco para, posteriormente, ser designada delegada territorial de la Junta en la provincia de León. El siguiente paso natural, en pocos meses, fue su elección también como presidenta provincial del PP, cargo que ocupó hasta junio de 2023.

Desde julio de 2025 es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, tras sustituir a Miguel Tellado, y es considerada una de las figuras más cercanas a Alberto Núñez Feijóo, que la nombró coordinadora estatal de campaña para estas Elecciones Generales del 29N.

De momento no se conoce quién será su número dos en las listas provinciales del PP. Esta misma tarde, poco antes de airearse su designación, estaba prevista la celebración de la dirección provincial interina, la Gestora Provincial, de la formación “para abordar asuntos electorales” bajo la presidencia temporal pro ya muy dilatada sin relevo del consejero autonómico Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El Partido Popular de Castilla y León ya ha definido su comité de campaña para las elecciones autonómicas de 2026, un equipo en el que tendrán presencia dos nombres leoneses: Asunción Mayo y Ricardo Gavilanes. La estructura estará dirigida por la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, como directora de campaña que ya asumió las funciones en las autonómicas principios de año.

La senadora Asunción Mayo se incorpora al área de actos públicos y movilización, junto a Javier Lacalle, mientras que el exprocurador de las Cortes por León, Ricardo Gavilanes, formará parte del equipo de asesoría jurídica junto a Rosa Esteban. El PP sitúa así a ambos representantes leoneses en dos ámbitos vinculados directamente con la organización de la campaña y la preparación del partido para la cita electoral.

El comité electoral se completa con responsables de áreas como el programa, argumentarios, voto exterior y por correo, actos sectoriales, prensa y comunicación, movilización digital y campaña digital y redes. La dirección de la campaña del presidente recaerá en Susana Hernández y Paloma de Bonrostro será la gerente.

La designación se produce mientras el PP de Castilla y León comienza a preparar una campaña que estará inevitablemente marcada también por la política nacional. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha situado el próximo 29 de noviembre como una cita electoral de especial importancia y ha reivindicado el proyecto de Alberto Núñez Feijóo frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

En su intervención ante el Comité Autonómico del partido, Mañueco ha centrado buena parte de sus críticas en el Ejecutivo central, al que acusa de no haber avanzado en infraestructuras pendientes de Castilla y León, entre ellas la autovía León-Valladolid, el Corredor Atlántico o la Ruta de la Plata. También ha defendido la gestión de la Junta en materias como vivienda, fiscalidad y servicios públicos.

Lo que no se ha dado a conocer en este viernes es ningún nombre de las listas electorales, que decide la sede nacional de Génova mediante consultas con las direcciones autonómicas. En la provincia de León se espera que la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, vuelva a encabezar la papeleta del PP en la Cámara Baja, que además forma parte del comité electoral nacional del partido como coportavoz.

La caza y también la pesca se han convertido en una nueva y millonaria prioridad de la Junta de Castilla y León, especialmente desde que se sellaron su nuevo pacto de Gobierno autonómico el Partido Popular (PP) y Vox. Y a provincia de León es con diferencia su nuevo coto. El proyecto de presupuestos generales de la Junta para el año 2027, al mismo tiempo que contempla polémicos recortes como cuatro millones menos para proyectos internacionales de cooperación al desarrollo por parte de ONGs, recoge sólo en la provincia de León unas partidas nunca vistas para las actividades cinegéticas y piscícolas. La cuantía se eleva por encima de los 2,5 millones, sumando en total 2.586.509 euros.

Esa cantidad supone multiplicar de un plumazo por seis el presupuesto destinado para estas actividades en el último presupuesto que ha estado vigente, el de 2024, prorrogado hasta hoy por la minoría parlamentaria del PP tras la anterior ruptura con Vox en el Ejecutivo autonómico. En aquellas cuentas, la suma de partidas para caza y pesca apenas alcanzaron los 416.228 euros, divididas en una partida de 291.228 euros para promoción de turismo y otra línea de ayudas de 125.000 euros a pequeñas y medianas empresas, Pymes, para “fomento turismo relacionado con pesca, caza o micología”. Ambas provenían de la única consejería con un leonés al frente, la de Medio Ambiente, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Todavía esa cifra fue objeto de una drástica reducción en el último proyecto de presupuestos presentado por la Junta el pasado año, para las cuentas del presente 2026. A pesar de que reflejaba una inversión real jamás vista para la provincia, de 285 millones de euros, que se quedaron en el tintero por la soledad parlamentaria del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y el voto en contra unánime de toda la oposición, los capítulos de caza y pesca eran minúsculos. En concreto, sumaban sólo 160.000 euros, ya sin ayuda alguna para Pymes.

Por eso, la cuantía actual de más de 2,5 millones del nuevo presupuesto tras el reeditado pacto PP-Vox supone en este caso multiplicar por 16 la cifra del pasado borrador de cuentas públicas de la Junta. Ahora, las partidas provienen de múltiples órganos autonómicos e incluso se nutren de los fondos del antaño llamado Plan del Carbón para la reconversión de las cuencas mineras leonesas, los Fondos de Transición Justa.

Mucho menos en las restantes ocho provincias y cero en algunas

La distancia económica respecto a las otras ocho provincias de Castilla y León es inmensa y en concreto en materia de caza, prácticamente exclusiva para León, porque el grueso de las partidas presupuestarias se destinan a pesca en el conjunto de la Comunidad, un claro predominio de los recursos dirigidos al ámbito fluvial, pesquero y acuícola frente a la actividad cinegética.

Frente a los 2,5 millones de euros en León, la provincia de Palencia encabeza la inversión global con más de 580.000 euros, distribuidos en la promoción del turismo de caza y pesca (426.108 euros), infraestructuras del sector (100.000 euros) y el Centro del Cangrejo (61.969,95 euros). Le sigue Valladolid, donde se recogen fondos de 350.000 euros expresamente asignados para el seguimiento de especies cinegéticas a escala autonómica.

A estos importes se añaden partidas orientadas a la divulgación ambiental y el fomento de la pesca a través de las Aulas del Río en Burgos (50.752,80 euros en Pineda de la Sierra), Soria (30.080,40 euros en Ucero) y Valladolid (26.250 euros), además de investigaciones sobre acuicultura y producción truchera en Segovia por más de 48.000 euros. En las otras dos provincias de la Región Leonesa, Salamanca y Zamora, así como en Ávila, no se registran asignaciones con denominación específica ni para pesca ni para caza en los capítulos de inversión real.

Así se reparte la inversión en León

En el caso leonés, la primera partida aparece en la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que está en manos de Vox bajo la presidencia del exlider sindicalista agrario de Asaja, Joaquín Antonio Pino. Se denomina “Promoción turismo caza y pesca accesos León” y conlleva 779.509 euros. Sin embargo, se trata de una partida que además duplica la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que con idéntico destino, también para accesos de caza y de pesca, contempla otros 57.000,00 euros a mayores. En total, 836.509 euros de presupuesto para la misma finalidad que no se detalla en qué consistirá.

El también a veces llamado 'la Junta B' o criticado como “chiringuito”, que es Somacyl, registra una nueva partida en el borrador presupuestario que al final viene a ser la más elevada: un millón de euros para literalmente “Infraestructuras Caza y Pesca León”. Es aquí cuando desvela que ese dinero estará íntegramente financiado por Fondo de Transición Justa minero, no directamente para la reconversión de las comarcas gravemente afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas.

Y por si fuera poco dinero, todavía otro 'chiringuito' dependiente de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, suplementa una nueva cifra de 750.000 euros. En este caso, para lo que denominan “actuaciones del fomento del turismo de naturaleza, caza y pesca”, también sin detalle alguno.

Un cúmulo de polémicas medidas para matar más

Todas estas medidas de tipo presupuestario se suman a otras adoptadas en los últimos años, tales como la exención del pago de tasas cinegéticas del anterior Gobierno de PP y Vox, que disparó los permisos un 43,7% en dos años frente a las críticas de los ecologistas. Y recientemente, la nueva Consejería de Vox para el campo con parte de las antiguas competencias de Medio Ambiente ha autorizado el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para modalidades de caza mayor, igualmente denostada por los conservacionistas.

Esosignificaa que a partir de ahora los cazadores podrán abatir ejemplares con la ayuda de visores diurnos en la caza mayor y nocturnos para el jabalí. La excusa administrativa de la Junta es la de reducir daños agrícolas y ganaderos y mejorar la gestión cinegética. También se estudia el modo de permitir el uso de silenciadores que pillen más desprevenidos aún a los animales.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León proyecta invertir en la provincia de León para el año que viene, 2027, una cifra de 240,5 millones de euros. Eso quiere decir que el reeditado cogobierno de Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad 'desinfla' en sus primeras cuentas de manera drástica la cuantía de inversiones que recogía el intento de presupuesto sólo del PP presentado el año pasado, y que la oposición finalmente tumbó. En aquella ocasión se consignaban 285,5 millones para León, con lo que el descenso real se cifra ahora en 45 millones menos, más de un 15% de rebaja.

Incluso aunque se compare con el último presupuesto que resultó aprobado, estuvo en vigor y ha llegado prorrogado hasta ahora, el del año 2024, la cuantía de las inversiones para el próximo ejercicio en la provincia no compensan el paso de tres años completos: entonces la cifra era de 228 millones de euros y ahora de 240,5. El incremento se cifra en un 4,5% más, pero aún así queda por debajo del incremento total de las cuentas para toda la Comunidad, que roza el 5%.

El gran recorte de las nuevas cuentas, presentadas ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente leonés, Carlos Pollán, se produce sobre todo en la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, que era costumbre que supusiera incluso más de la mitad de las inversiones que la suma de las consejerías. En el nuevo borrador, la compañía que hasta el año pasado estaba en manos del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones se ciñe ahora a 68 millones de inversión el próximo año, cuando hace un año ascendía a la friolera de casi 105 millones y en 2024 era todavía de casi 73 millones de euros.

Regiones y comarca de El Bierzo

En el reparto territorial de estos fondos territorializados, la provincia de León sigue siendo la que más concentra inversión real, por ejemplo frente a los casi 140 millones de euros en Valladolid, la segunda provincia que más. La suma de las tres provincias de la Región Leonesa consigna un montante total de 463,8 millones de euros (Salamanca 125,1 y Zamora 98,2 millones), mientras que las seis provincias de la región castellana suman 662 millones.

Y mirando dentro de la propia provincia leonesa, este proyecto de presupuesto de la Junta especifica para la comarca de El Bierzo un total de 29,2 millones de euros, que frente a los 240,5 provinciales suponen un poco más del 12% del total.

A mayores de la bajada de la cifra de inversión de Somacyl, el resto casi se explica por una reducción millonaria en algunos proyectos de la Consejería que ahora es de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, tales como la modernización del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, que casi tenía 10 millones y se queda en cero ahora, la del Canal Bajo del Bierzo, que pasa de 5,32 millones a una cifra simbólica, así como de varias partidas de Medio Ambiente y Transición Justa, que se llevan otro tijeretazo de casi 18 millones en total respecto a los planes fallidos del pasado año.

Por consejerías, la de Pollán ni aparece

En el recuento por consejerías, se estrena la de nueva creación de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y vicepresidencia primera, del leonés Pollán (Vox), sin consignarse un sólo euro en el listado oficial facilitado por la propia Junta.

La vicepresidencia segunda, que dirige la mano derecha de Mañueco, Isabel Blanco, se limita presupuestariamente a recoger 2,9 millones de euros de inversión y se centran en exclusiva en inversiones de vivienda, construcción y sobre todo rehabilitación. Por comparar, para la provincia de Valladolid, las inversiones en idéntica materia suben a 4,1 millones.

Ya sólo la empresa Somacyl multiplica por cinco la inversión en vivienda de la Consejería, ya que suma 15 millones entre promociones de pisos para alquiler en León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada (12,9) y venta (2,1).

Y respecto a asuntos sociales, le gana por la mano la Sanidad y Bienestar Social, que juntas alcanzan en este nuevo proyecto la cifra de 30 millones de euros. Pero pese al claro incremento -que se come 12,5 millones sólo de una genérica partida de “equipamiento diverso de hospitales”, sin más detalle, mirando una a una hay llamativas ausencias o rebajas sobre la inversión esperada. Por ejemplo, sigue sin aparecer la ampliación de la UCI del Hospital de León, prometida desde 2020 y ejecutada en todos los demás hospitales de la Comunidad. Para El Bierzo, la unidad satélite de radioterapia cien por cien pública en el hospital ponferradino, prometida por Mañueco hace ocho años, consigna la cifra más alta hasta ahora, 1.419.980 euros. Pero lejos aún de los 5,2 millones que acaba de cifrar para el total de las obras, lo cual parece indicar otro año más de espera para los pacientes oncológicos de la comarca.

Por su parte, el prometido nuevo centro de salud para Villaquilambre apenas consigna unos simbólicos 41.503 euros, no menos anecdóticos 59.290 euros del nuevo Ponferrada o 1,5 millones para el de Sahagún, con más de veinte décadas de espera.

Más en Educación, con viejos proyectos

Sólo otra consejería aumenta respecto al último borrador presupuestario, la de Educación, que asciende ahora a casi 27 millones de euros. Otro viejo compromiso retrasado, y que parece que por fin avanzará, es el instituto público para Villaquilambre, que concentra casi 8,5 millones para el año que viene. En obras sin detallar de reparación y mejora de colegios y de institutos, las partidas suman en conjunto 10,3 millones más. Se rematará el también retrasadísimo nuevo Conservatorio de Música de León con medio millón final y aparece por fin otro compromiso de hace años, la construcción de un polideportivo aledaño al instituto de Eras de Renueva, con casi 3,5 millones.

El resto de consejerías sufren un recorte respecto al último borrador de presupuestos. Así ocurre con Cultura, Turismo y Deporte, que sigue en manos de Vox, y que consigna ahora 10,8 millones de euros en total, y que en los proyectos de mayor cuatía se nutre de fondos mineros de Transición Justa, como en Sabero 2,7 millones para La Sucesiva y 2,23 para excavaciones en la Ferrería de San Bla, o un millón para digitalización del patrimonio de cuencas mineras de toda la provincia, El Bierzo incluido.

La Catedral de León dispondrá de 250.000 euros destinados a la mejora del pórtico occidental, muy escaso para el compromiso de 11 millones en ocho años del propio presidente Mañueco en un protocolo firmado que debería incluir, y no incluye, la restauración de vidrieras.

Turismo en otra 'Junta B' y con fondos mineros

También es cierto que en turismo, a la Consejería le suplementa mucho otra 'Junta B' que es la Fundación Patrimonio Natural, que también con abundantes fondos mineros contempla varios proyectos de peso, que suman solo por su cuenta 12,6 millones de euros, 8,7 de ellos de nuevas infraestructuras turísticas como el polémico puente colgante sobre el pantano de Riaño y la senda circular de Anciles (1.750.000 euros); la senda tipo Camino de la Reina en Boca de Huérgano (700.000 euros) o las Hoces de Vegacervera (750.000 euros); la pasarela peatonal sobre el embalse de Bárcena en Cubillos del Sil (1.100.000 euros); o la nueva carretera de acceso al Puerto de Pinos en Babia (1.500.000 euros), otra promesa de décadas que además alimenta un conflicto territorial con Mieres, Asturias.

También se echa a su presupuesto la Fundación la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la finca de Valsemana, en León, prometido por Quiñones hace una década, que consigna 1.528.000 euros más.

Las vitales inversiones en carreteras de la provincia, de manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, apenas alcanzará 12,7 millones de euros, sin grandes proyectos a pesar del grave incumplimiento del último Plan de Carreteras en vigor. Con nombre y apellidos destacan los casi 2,5 millones de euros del arreglo integral de la carretera de Puente Villarente a Casasola de Rueda, la LE-213.

La nueva cartera de Quiñones

La nueva cartera del leonés Suárez-Quiñones, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, se estrena con una cifra discreta de inversión territorializada, menos de 1,2 millones, cuando hace apenas un año la vieja consejería rondaba los dos millones para la provincia de León, para mejoras en oficinas e instalaciones. El borrador aclara que aparte habrá algo más de un millón a mayores para la esperada reforma de la oficina de empleo del Ecyl en Astorga.

Y la consejería que dejó Quiñones, Medio Ambiente y Energía, consigna otro gran tijeretazo respecto a los planes del año pasado, quedándose en 26,5 millones frente a los 43 anteriores. Por cuantías, aparecen 6,5 millones de equipo de extinción de incendios forestales de las cuadrillas helitransportadas Elif u 11,6 millones en total para genéricos trabajos de tratamientos selvícolas preventivos de incendios sumando los de toda la provincia y El Bierzo a mayores.

Somacyl: mucho menos dinero pero todavía muchos proyectos vitales

Pero como siempre ocurrió, Somacyl sobrepasa a las consejerías en inversiones, gran parte de ellas de infraestructuras y de medio ambiente. Llaman la atención para el próximo partidas cuantiosas, como 1,4 millones para la polémica pasarela sobre el río Torío para tender en la capital leonesa la Red de Calor, cuando se presupone que debe ejecutarse antes del fin de este año, o 1,25 millones para todo el pavimento de la calle Ancha, Botines y Catedral -en compensación por la Red de Calor también-, una obra que en realidad está prácticamente ejecutada en este año.

Para la ampliación del tendido bajo tierra por el sur de la capital de la mencionada Red de Calor se consignan 15 millones -eran 25 en el borrador del año pasado-; 2,19 millones para la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que también está ejecutado supuestamente en su totalidad; 3,5 millones para continuar la ampliación del Parque Tecnológico de León de los 12,4 millones totales. En este caso, proveniente del presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, aparecen otros 3,8 millones de euros para el edificio Incubatech en este Parque de la capital.

Por último, la siempre muy inversora Consejería de Agricultura, Ganadería y ahora ampliada con Desarrollo Rural, y también en manos de Vox, consigna para León 43,6 millones de euros, siete menos que el último borrador y muy por debajo de los casi 50 del último presupuesto vigente, de hace tres años. Eso sí, como siempre, el grueso de los fondos, para modernización y regadíos, son en gran medida dinero europeo cedido por el Gobierno central.

Destacan para el próximo ejercicio partidas como 7,7 millones para la Margen Izquierda del Porma, fases II y III; 5,5 millones para el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en el Órbigo y Páramo; las fases I y II de la modernización del canal de Villadangos, con 6,5 y 6,4 millones respectivamente; o 8,3 para la transformación del regadío de Valderas.

Para El Bierzo reaparece una vieja promesa incumplida de un Parque Agroalimentario, que reserva dos millones de euros, de los 11 millones comprometidos por la Junta al más alto nivel en el sector y en la comarca hará diez años el año próximo.

Consulta aquí las partidas detalladas en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia de León.

Lo avanzaron en septiembre. Y lo han confirmado en octubre. Los agentes medioambientales de 15 de las 18 comarcas leonesas han ratificado el anunciado plante indefinido a las guardias de incendios hasta que la Junta de Castilla y León “no mejore las condiciones laborales y de seguridad” de los profesionales, que esperan una “reacción” del Gobierno autonómico para retomar esa disponibilidad.

Los operarios aclaran que respetaron “por responsabilidad” la campaña de peligro alto de incendios. “Y ha sido anunciado con tiempo para que los responsables de la Junta pudieran escucharnos y proponernos algún tipo de acercamiento, pero desgraciadamente la situación no ha cambiado”, lamentan.

En su crítica, los agentes medioambientales apuntan primero al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que se refieren como “principal responsable de la nefasta política de prevención y extinción de incendios en las anteriores legislaturas”, mientras que “en la presente no tiene visos de permitir por ahora ninguna mejora en las condiciones del colectivo”. Y tambien recriminan a la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, que ni los recibiera ni contestara a sus requerimientos.

“Es tal el desinterés que muestra esta administración con nuestro colectivo que hasta desconocen que somos la punta de lanza de la extinción de los incendios. Somos la red de seguridad que vela para que todas las personas que trabajan en una extinción lo hagan de la manera más segura y asumimos la responsabilidad personal y legal, con preparación técnica pero sin un reconocimiento profesional acorde por parte de la Junta de Castilla y León. Y mientras tanto, el aumento de recursos para las empresas dueñas de los helicópteros no para de crecer”, señalan.

Y concluyen: “Quisiéramos volver a trabajar con normalidad antes de que llegue la próxima campaña de incendios. Sin nuestro trabajo el operativo de incendios es menos eficaz, más caro y sobre todo menos seguro para las personas que trabajan en él”.

El proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2027, el primero del reeditado pacto PP y Vox tras las elecciones de principios de año, prevé un incremento del 13,11% respecto a las últimas cuentas públicas aprobadas en 2024, hasta alcanzar ahora los 16.472 millones de euros, la cifra más alta con la que ha contado nunca la Comunidad. Sin embargo, respecto a la propuesta para este año, que no salió adelante por la mayoría insuficiente de los populares tras la ruptura con Vox, la diferencia al alza es de un 4,8%, casi un 5%.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, el leonés Carlos Pollán (Vox), han presentado estas cuentas en una rueda de prensa tras aprobar el documento en el Consejo de Gobierno Extraordinario del Ejecutivo autonómico. Mañueco ha defendido que se trata de un “buen presupuesto”, destinado a cumplir el acuerdo de gobierno de coalición entre PP y Vox, y planteado para tratar de “innovar, competir y liderar”, para “proteger y conectar mejor” los servicios públicos.

Consolidar la posición de Castilla y León, impulsar los sectores productivos, dinamizar el medio rural y hacer de este territorio un lugar “más atractivo” para trabajar, emprender y vivir, son otros de los objetivos del proyecto de ley, en palabras del presidente, quien ha incidido en que se alcanzan los presupuestos más altos de la historia con “los impuestos más bajos de la historia”.

Por su parte, Pollán ha defendido que la Comunidad “está de enhorabuena” por la “normalidad y estabilidad” que este proyecto de ley aporta a la Comunidad, como desarrollo del pacto de gobierno suscrito en el pasado junio.

Ingresos

En el apartado de los ingresos que tendrá la Comunidad en 2027, el proyecto de ley prevé una recaudación de impuestos directos de 4.489 millones, el 30,86% respecto a 2024 como última referencia de presupuesto autonómico aprobado, y eso que ya están prácticamente en retirada los fondos de recuperación europeos. En concreto, recoge Efe, provenientes de impuestos indirectos suman 4.646 millones y de transferencias corrientes del Estado ascienden a 4.743 millones, el 14% más con la actual financiación.

Sin embargo, se produce un ligero incremento del 2,78% en el importe de la recaudación prevista en las tasas, precios públicos y otros ingreso similares, hasta los 240,4 millones y una ligera disminución del 1,1% en el apartado de los ingresos patrimoniales, al quedarse en 41,5 millones, como principales recursos corrientes.

En el caso de la emisión de deuda, la Comunidad prevé para 2027 conseguir por esta vía 1.422 millones de euros, el 9,42% menos que en 2024, cuando fueron 1.570 millones de ingresos por esa vía.

Un 6,5% más de inversiones reales

En el caso de los gastos y su destino previsto en el proyecto de ley, destacan por su cuantía los de personal, al destinar 5.629,8 millones de euros a este fin, el 15,79% más que en 2024, en una partida que representa el 34,18% del total del presupuesto.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que el impacto que tiene el incremento de precios es clave para observar este incremento de los costes asociados al pago de los salarios, que se incrementarán en total el 5,5% de cara a 2027 en comparación con los de 2026.

En el caso de las inversiones reales, se incrementarán el 6,5%, hasta los 1.164,28 millones, y las transferencias de capital alcanzarán los 1.364 millones, el 15,5% más.

Recorte de un 33% a las partidas para sindicatos y patronal

El vicepresidente autonómico ha anunciado que está prevista una reducción de un 33% (4 millones de euros) en las partidas para los sindicatos y organizaciones empresariales -como en las Cortes de Castilla y León-, aunque ha garantizado que se seguirá cumpliendo con la Ley, tras un primer gobierno PP-Vox salpicado de condenas judiciales derivadas de la supresión de fondos para estas entidades.

Además, se está estudiando cómo se utiliza el dinero público que la Junta de Castilla y León entrega a las ONG. Pollán ha explicado que se valorarán los nuevos convenios a medida que concluyan los convenios en 2027.

Mañueco ha destacado que casi el 82% del gasto no financiero, unos 11.250 millones de euros, tendrán como finalidad la “protección y la promoción social” y “sanidad, educación y cultura”. Dicho de otro modo, ocho de cada diez euros para las consejerías sociales, siendo las de Vivienda y Educación como las que más crecen respecto al último presupuesto.

El gasto total por secciones indica que la consejería que más crece es la de Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer, sin comparativa en legislaturas anteriores, con 257,67 millones, el 69,76% de incremento, frente al 13,11 de media de las cuentas autonómicas, pero sólo supone el 1,56% del total presupuestario.

Un centro de formación para las familias

Educación llegará a los 2.724 millones, y eso que se le han quitado las universidades, con un aumento del 22,15%, con medidas como la gratuidad de la primera matrícula de grado, o la novedad de un centro de formación a las familias, que según ha explicado Mañueco se presentará más adelante, por lo que no entró en detalles.

Las políticas de familia, que se engloban en varias consejerías, tendrán un incremento del 32% hasta los 3.581 millones de euros. Economía y Hacienda crece un 4,05%, Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental un 16,53%; Medio Ambiente y Energía un 1,56%; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial el 18,61%, y la consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, donde ahora dirige el único leonés del Ejecutivo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el 8,65% a mayores.

Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la consejería que corresponde a Pollán, contará con 457,67 millones, 13,38% de incremento y el 2,78 del total de las cuentas autonómicas para 2027, y la otra consejería de Vox, además de Agricultura, la de Cultura, Turismo y Deporte crece un 1,02% con 216,86 millones.

5.604 millones para Sanidad

La Sanidad tendrá un presupuesto de 5.604 millones de euros para mejorar la atención primaria, mejorar la atención especializada con más prestaciones, más equipamiento, más tecnología, más personal, más inversiones en centros de salud y hospitales, ha anticipado Mañueco, de momento sin más detalle tampoco.

Respecto de la educación, el presupuesto serán 3.308 millones de euros para “cuidar, por un lado, a los alumnos, a las familias, también a los docentes, al medio rural y al conjunto del sistema educativo”, con planes específicos para el refuerzo de lectura y de la escritura; un entorno emocional cada vez mejor en el aula ordinaria y como novedades un centro de formación a las familias y, por otro lado, y el impulso de medidas de apoyo para aquellos hijos con altas capacidades.

Mañueco ha anunciado que quieren que todas las aulas sean, desde el punto de vista de la temperatura, lo más confortables posibles y, también, más modernas todavía, por lo que culminarán el proceso de conectividad y de digitalización de la conexión a Internet de todas las aulas.

1.758 para Servicios Sociales

En Servicios sociales, las cifras son 1.758 millones de euros para seguir dando oportunidades a quienes más lo necesitan y ofrecer protección a personas mayores, personas con discapacidad, los menores, las personas sin relación vulnerable, las familias de clase media que afrontan el futuro con dificultades.

Mañueco ha explicado que en esa área, que las políticas de promoción y de apoyo a la mujer tendrán un aumento de un 27% y una cifra absoluta de 24 millones de euros.

Pollán también ha sostenido que se avanzará “en uno de los grandes retos de nuestro sistema de protección, que es preparar a esos adolescentes y jóvenes tutelados para su transición a la vida adulta, favoreciendo progresivamente su autonomía personal y ofreciéndoles herramientas para construir su proyecto de vida”. “Otra cuestión que este Gobierno va a afrontar con determinación es la convivencia, la disciplina y la seguridad en los centros de protección a menores que dependen de la Junta de Castilla y León”, ha advertido.

El vicepresidente ha explicado, además, que el presupuesto de los servicios sociales básicos e inclusión social contará con 63,3 millones, para seguir apoyando económicamente a las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito, exigiendo, a cambio, una gestión responsable de los fondos públicos.

“Las ayudas públicas han de llegar a quienes realmente las necesitan. Nuestro propósito no es mantener a las personas en situación de precariedad, sino proporcionarles herramientas para salir a la calle y salir de ella”, ha zanjado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), presentarán este martes 13 de octubre el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, después de dos ejercicios prorrogados, y que serían las terceras Cuentas de PP y Vox, tras las de 2023 y 2024 de la pasada legislatura.

La presentación se producirá en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que estará condicionada por las restricciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe a los poderes públicos organizar actos institucionales que ensalcen sus logros de gestión durante el periodo electoral.

El proyecto tomará como referencia el límite de gasto no financiero aprobado el pasado miércoles por las Cortes, de 15.104,54 millones de euros, un 6,5 % más que el anterior, con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo del PSOE, UPL y Por Ávila, mientras que Soria ¡Ya! se abstuvo.

Las cuentas de 2024 fueron las últimas aprobadas en Castilla y León, después de que el Ejecutivo autonómico no lograra sacar adelante nuevos presupuestos para 2025 y 2026, ejercicios en los que se mantuvieron prorrogadas las anteriores debido a que el PP quedó en minoría tras la ruptura de su coalición con Vox.

La presentación de este martes abrirá así una nueva fase de la tramitación presupuestaria, con el objetivo de que Castilla y León disponga de nuevas cuentas para 2027 tras dos años consecutivos de prórroga.

La situación de la sanidad pública en la Región Leonesa, las provincias de León, Zamora y Salamanca, se convirtió este martes en una de las confrontaciones del Pleno de las Cortes de Castilla y León, a raíz de una pregunta de la portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego. La respuesta vino de la mano de Alfonso Fernández Mañueco, quien quiso ser tajante en su respuesta ante la denuncia leonesista de que se sufre un “deterioro silencioso y sistemático”: “No se ha cerrado ningún consultorio médico en Castilla y León. Punto”, afirmó el presidente de la Junta, como ejemplo de lo que consideró un argumento crítico leonesista con una sucesión de “incorrecciones y medias verdades”.

Frente a esta defensa tajante de la gestión autonómica, Gallego dibujó un escenario muy diferente. La portavoz leonesista sostuvo que la sanidad constituye la tercera principal preocupación de la ciudadanía pero sin que eso se traslade a las prioridades de las políticas de la Junta. A su juicio, el problema no es únicamente la falta de médicos, sino la forma en que se distribuyen y gestionan los recursos sanitarios.

La procuradora leonesista señaló que León, Zamora y Salamanca afrontan una “tormenta perfecta” por la despoblación y el envejecimiento, con una población mayor de 65 años que ronda o supera el 30% del total. Una realidad demográfica que, según argumentó, incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas, pluripatologías y situaciones de dependencia y hace especialmente importante la atención sanitaria de proximidad en el medio rural.

En este punto situó algunas de sus principales críticas: consultorios sin facultativos, la Unidad de Ictus de Zamora aprobada pero aún sin ejecutar y un mapa de infraestructuras sanitarias que, según denunció, acumula proyectos pendientes durante años. Citó, entre otros, los centros de salud de Villalpando y Virgen de la Concha en Zamora, El Zurguén, Prosperidad y Santa Marta de Tormes en Salamanca y, en León, la UCI del Hospital de León prometida en 2020, los centros de salud de Villaquilambre, Sahagún y Ponferrada I, además de las unidades de reproducción asistida de los hospitales de León y Salamanca y las ambulancias de emergencia pendientes para Sahagún y Villablino.

Gallego sumó a estas reclamaciones las listas de espera para especialistas y las vacantes de profesionales. Según expuso, la provincia de León se encuentra a la cola en la ratio de médicos por habitante y cuenta con unos cinco profesionales de Enfermería por cada 1.000 pacientes, frente a los nueve que, según indicó, recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Ataque político de Mañueco

Mañueco, como siempre hace el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sí reconoció que la falta de profesionales está dificultando la mejora de las listas de espera y de la atención sanitaria, como censuró Gallego. Pero desplazó buena parte de la responsabilidad hacia el Gobierno central y, en particular, hacia el Ministerio de Sanidad, al que acusó de haber provocado “huelga tras huelga” de los profesionales médicos. Aprovechó de paso para cargar también políticamente contra la propia UPL, con el argumento de que son “socios” del PSOE en la Diputación leonesa y el Ayuntamiento de León, algo que en este último caso no es cierto. Y además, el presidente insistió en que la Junta está mejorando la sanidad “en todas las provincias de Castilla y León”, en contraposición con la Región Leonesa por la que UPL preguntaba.

Como ejemplos citó las actuaciones en los hospitales de Salamanca y Soria y la renovación tecnológica de los hospitales de Zamora y León. También reivindicó la reciente licitación de las obras de la Unidad de Radioterapia del Hospital del Bierzo, a pesar de sumar ocho años desde la promesa electoral, y enumeró centros de salud en diferentes puntos de la Comunidad, entre ellos los de Prosperidad y Santa Marta de Tormes, en Salamanca; San Andrés de Rabanedo y El Ejido, en León, o Parada del Molino y Alcañices, en Zamora.

El presidente también puso sobre la mesa el transporte sanitario urgente, con la promesa de diez helicópteros medicalizados, dos de ellos en la provincia de León, y aseguró que la Comunidad cuenta con más ambulancias. “Gestión eficaz en el ámbito de la sanidad para que todas las provincias se sientan orgullosas como nos sentimos nosotros de la sanidad pública de nuestra comunidad autónoma”, concluyó.

Una “brecha territorial” que es “escandalosa”

Por contra, la procuradora cifró además en unos 104 días el promedio de espera para conseguir una primera cita con un especialista y aseguró que las diferencias entre hospitales evidencian una “brecha territorial” que consideró “escandalosa”. También puso como ejemplos la ausencia de servicio de Pediatría en La Bañeza o Cistierna y la falta de medidas eficaces para fidelizar profesionales.

Especialmente duro fue su diagnóstico sobre el Hospital del Bierzo, que situó como “la peor consecuencia” del abandono que, a su juicio, sufre la sanidad de la Región Leonesa. Gallego recordó las reivindicaciones de la Asociación OncoBierzo y señaló que el servicio de Oncología cuenta con 3,5 facultativos de los seis que deberían integrarlo. Añadió la falta de cardiólogos, traumatólogos, radiólogos, anestesistas y otorrinolaringólogos.

Para UPL, la explicación basada exclusivamente en una supuesta falta generalizada de médicos no resulta suficiente. Gallego sostuvo que los datos del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León apuntan a que el problema no es tanto cuántos profesionales existen como “dónde están y cómo se gestionan”. En este sentido, cuestionó la aplicación efectiva de la Ley de Puestos de Difícil Cobertura y de los incentivos anunciados por la Junta.

La portavoz leonesista concluyó que la situación responde a un problema estructural y no coyuntural y acusó a la Junta de haber construido un “modelo político fallido” en materia sanitaria. “Escuche a los profesionales, atienda las denuncias de ratios, mire a la cara a los pacientes de oncología de El Bierzo, pero, sobre todo, deje de gestionar la sanidad desde la comodidad de un despacho con criterios de rentabilidad política o amistad”, reclamó a Mañueco.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves la licitación pública, por una cifra final de 5.220.539 euros, de la construcción material de la Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital El Bierzo de Ponferrada. La cuantía supone casi un 50% superior a la cifra que hasta el momento la Consejería de Sanidad había ofrecido públicamente, de 3,5 millones de euros.

El paso adelante, que se produce prácticamente ocho años después de la primera promesa electoral del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, supone que arranca el proceso de búsqueda de la empresa que acometerá la esperada obra de esta tecnología esencial para los pacientes de cáncer de toda la comarca de El Bierzo.

De momento, y desde hace tres años, disponen de Radioterapia en la propia ciudad de Ponferrada pero en una clínica privada, la Clínica Ponferrada, perteneciente al Grupo Recoletas, que recibe anualmente de la propia Junta 1,7 millones de euros cada año para atender a pacientes oncológicos que hasta entonces tenían que trasladarse al Hospital de León, con casi tres horas en desplazamientos en un sólo día.

La zona destinada para la unidad en el centro hospitalario público, tras las obras que tendrán un plazo de ejecución de 18 meses -año y medio- desde que se firme el acta de replanteo con la empresa seleccionada, será la planta baja del módulo localizado al sur de la parcela, según se ha informado tras el Consejo de Gobierno. Además, se remarcó que a mayores de los 5,3 millones de la Unidad Satélite y su obra, se elevará en total hasta los 10.530.143 euros el desembolso económico de la Consejería, sumando sumado el proyecto y todo el equipamiento necesario.

Dicho módulo es el más reciente del complejo hospitalario, y la idea es ocupar parte de los antiguos archivos del hospital, un espacio a doble altura donde se ha construido también el nuevo Servicio de Rehabilitación. Los dos búnkeres para los aceleradores lineales, dadas las necesidades constructivas que requieren, se ubicarán en la zona de ampliación prevista junto al edificio. Esta nueva unidad estará conectada de forma interna con el resto del Hospital permitiendo el tránsito interior de pacientes y profesionales. Y, del mismo modo, se generará un acceso directo desde el exterior a la Unidad Satélite de Radioterapia, independiente del resto de accesos al hospital.

El proyecto que se ejecutará una vez adjudicadas las obras contará con una superficie funcional de 684 metros cuadrados distribuidos en seis áreas diferenciadas de tratamiento, recepción, preparación hospital de día y curas enfermería, simulación, planificación y personal.

Licencia municipal y nuevo plazo

La puesta en marcha de la ansiada licitación coincide casi en el tiempo con la reciente solicitud de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo al Ayuntamiento de Ponferrada para que apruebe la correspondiente licencia urbanística para poder iniciar estas obras, un paso anunciado hace apenas dos semanas. El Consistorio ha asegurado públicamente que acelerará lo más posible este trámite.

Con la implantación de esta unidad se busca facilitar la accesibilidad a los tratamientos y disminuir los tiempos de desplazamiento y demoras, mejorando así la calidad de vida de estos pacientes, remarca la Junta. Con el plazo de año y medio de ejecución de este proyecto, y dando por hecho que se culmine la licitación antes de fin de este año y se seleccione ya a la empresa que lo instalará, sería ya amediadoss de 2028 cuando la Radioterapia pública prometida sería una realidad tangible. Es decir, una década después de prometerse.

El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, explicó que han sido tres los motivos por los que de los 3,2 millones de los que siempre se habló en la redacción de un proyecto que data del año pasado, y que se inició hace dos, ahora se eleven a 5,2 millones. El primero, el “incremento de costes” que provoca en toda obra pública actualmente “los niveles de inflación muy altos”. El segundo, que aumentando la oferta económica de salida se busca “evitar el riesgo de que al final el proyecto quede desierto”, al no interesar económicamente a ninguna empresa. Y por último “en las mejoras que se han podido introducir” en el proyecto, que no detalló.

La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy un pequeño paso adelante en el cumplimiento de la promesa electoral lanzada ya hace ocho años por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de instalación de radioterapia pública para el tratamiento de enfermos de cáncer en el Hospital El Bierzo de Ponferrada. Ese avance consiste en concreto en que la Consejería de Sanidad, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Ponferrada que inicie los trámites para otorgar la licencia de obra que hay que hacer en el centro sanitario público de la capital de la comarca.

A través de un extenso comunicado, que destaca que “la infraestructura permitirá acercar los tratamientos oncológicos radioterápicos a los pacientes de la comarca” de El Bierzo, se aclara que todavía queda mucho camino que recorrer. Aparte de que el Consistorio debe abrir y tramitar este expediente de licencia de obra que todavía ahora se le solicita, la propia nota admite que todavía ni siquiera está listo el pliego de la licitación para la ejecución de las obras, trámite esencial en el que “ya se está trabajando”.

“Corresponde llevar a cabo la publicación de la licitación de la ejecución de la obra, lo que dará paso a la recepción de ofertas, su valoración y correspondiente adjudicación de manera previa al inicio” de las obras, explican, pero sin detallar un calendario claro para todo ello. Tampoco se especifica un presupuesto concreto sino que se estima el coste de estos trabajos “en un importe cercano a 3,5 millones de euros”. Y a mayores de la obra en sí, la Gerencia berciana recuerda que la unidad contará como equipamiento con “un acelerador lineal (valorado en 3 millones de euros) y el TAC Simulador (valorado en 600.000 euros)”, por lo que “el total de esta actuación supondrá una inversión superior a los 7,2 millones de euros”.

La futura unidad estará ubicada en el recinto hospitalario público, con “una superficie funcional de 684 metros cuadrados distribuidos en seis áreas diferenciadas”: tratamiento, simulación, preparación, planificación, recepción y área de personal. “Entre sus dependencias se incluirá el búnker destinado al acelerador lineal, así como los espacios necesarios para la instalación de un TAC simulador, áreas asistenciales, salas de dosimetría, consultas, espacios administrativos y zonas de apoyo para profesionales”, remarca el comunicado. Así como que la nueva instalación quedará físicamente conectada con el Hospital El Bierzo de manera interna para facilitar la circulación de pacientes y de trabajadores.

“La puesta en marcha de la unidad permitirá atender a alrededor de 400 pacientes al año y representará una mejora significativa tanto en la calidad asistencial como en la comodidad de las personas que requieren tratamientos oncológicos radioterápicos”, reza la nota. De este modo, se cifra anualmente el número de enfermos de cáncer que llevan ahora mismo ocho años esperando el cumplimiento de ese compromiso público de la Junta con Ponferrada, que se ha convertido ya en una realidad en las demás provincias de la Comunidad pero se demora sobre todo en el caso de la comarca de El Bierzo hasta situarse a la cola.

Sin embargo, el Partido Popular en la Junta lleva más de tres asegurando que los enfermos oncológicos bercianos ya disponen de este servicio, si bien lo hacen en referencia a la apertura, hace ya tres años, de radioterapia en la privada Clínica Ponferrada, perteneciente al Grupo Recoletas.

De momento, la última estimación de Sanidad para que la radioterapia pública sea una realidad se situaba en el año 2027, aunque con los previsibles plazos todavía pendientes de licitación, adjudicación y obras propiamente dichas ya parece imposible de cumplir. Y la radioterapia 'de pago' privada en la Clínica Ponferrada continúa facturando dinero público autonómico, habiendo suscrito ya tres contratos con la Consejería desde que abrió sus puertas en 2023. A razón de 1,7 millones de euros cada año, hasta ahora el coste total que se ha embolsado Recoletas supera ya los 5 millones de euros. Y Previsiblemente se tendrá que ampliar como mínimo un año más.

En febrero de 2025, la Gerencia Regional de Salud de la Junta puso en marcha la adjudicación para redactar el proyecto básico y de ejecución para implantar este ansiado servicio en el centro sanitario público, la Unidad Satélite de Radioterapia del Hospital El Bierzo. La empresa Berna 10 fue adjudicataria de estos trabajos por un importe de 187.550 euros. De manera paralela, concluye la nota de prensa, la Consejería de Sanidad ha desarrollado la reforma del antiguo archivo del Hospital El Bierzo, destinada a albergar nuevas dependencias vinculadas a los servicios de Rehabilitación y Radioterapia, otros trabajos que se cifran en 1,6 millones de euros más.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aplaudido este martes que el grado de Medicina en la Universidad de León haya pasado de ser “un anhelo de cuarenta años” y se haya convertido “en un compromiso que se ha hecho realidad” y ha confiado en que la nueva titulación sirva para retener talento en la autonomía.

“La política es para mí es huir del ruido, convertir la palabra en hechos y que la gestión administrativa se convierta en resultados. Implantar estos estudios es un hito académico, social e institucional que responde a una importante demanda y que va a trascender la propia ciudad de León”, ha dicho el presidente durante su discurso en el acto de inauguración de la implantación del grado de Medicina en la Universidad de León.

Fernández Mañueco ha destacado que la implantación de este grado “es algo conseguido entre todos” puesto que ha nacido “de amplios consensos” y ha asegurado que es “un ejemplo más” de que Castilla y León “está a la vanguardia del país tanto en el ámbito educativo como en el sanitario”.

Durante su intervención, el presidente de la Junta se ha dirigido a los primeros alumnos de este grado y les ha anticipado que, aunque el camino es “largo” y “complejo”, también será “ilusionante”.

“Esta formación es el inicio de una etapa aún más importante, vais a ser pioneros, estáis abriendo puertas, vais a la vanguardia de toda la Comunidad y nos sentimos orgullosos de todos vosotros”, ha dicho.

Más alumnos y mayor financiación

Fernández Mañueco ha detallado que en los últimos siete años los alumnos de la Universidad de León se han incrementado en un diez por ciento y su personal, en un dieciocho.

“Tal progreso se debe a muchísimos factores, al esfuerzo de los equipos rectorales y a la receptividad que hace el gobierno autonómico incrementando un treinta por ciento la financiación con respecto a 2019 tanto en el campus de León como en el de Ponferrada”, ha dicho.

Ha afirmado que la retención del talento es otro de los objetivos del gobierno autonómico y ha puesto como ejemplo la unión de la Consejería de Industria y Empleo con la de Universidades “para que cada formación se traduzca en una oportunidad de vida”.

Fernández Mañueco también ha recordado que el gobierno autonómico ha destinado casi veinte millones para las nuevas instalaciones docentes en el campus de León, como la Facultad de Medicina, y otros cinco millones para el edificio de la policlínica del campus de Ponferrada además de ofrecer de forma gratuita la matrícula del primer curso, de la que saldrá la convocatoria en los próximos días.

El grado en Medicina de la Universidad de León ha comenzado este septiembre su andadura con todas las plazas ofertadas cubiertas y con una inversión de cerca de 3,8 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico para su implantación.

La suma de pequeños pasos

Por su parte, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha afirmado que la puesta en marcha de este grado “es más que la incorporación de una nueva titulación”, puesto que es “el éxito de la suma de pequeños pasos y de voces que se han alzado desde unas instituciones comprometidas”.

“Medicina no podría constituirse sólo desde la Universidad, por eso ha tenido apoyo del Complejo Asistencial Universitario de León y sus profesionales, de Atención Primaria, del Hospital del Bierzo, del Colegio de Médicos, de Ibioleón y del Ayuntamiento de la capital para que la titulación sea acorde a la realidad asistencial de la provincia”, ha asegurado.

Ha animado a los alumnos a aprovechar cada clase, cada práctica, porque van a vivir “una experiencia que nadie antes había vivido en esta provincia”.

Una autopista leonesa sí pero la otra no. El Parlamento de Castilla y León ha aprobado hoy una iniciativa, a propuesta del Partido Popular (PP) en la que exige al Gobierno central el fin del peaje en la autopista León-Asturias, AP-66, pero no que se acabe el peaje en la otra que atenaza a la provincia leonesa, la León-Astorga (AP-71).

El texto aprobado, con el apoyo de sus socios de Vox en la Junta de Castilla y León, así como varios del Grupo Mixto como UPL, pero el rechazo del mayoritario en la oposición, el Grupo Socialista, también reclama que se ponga fin al pago de otra autopista que nada tiene que ver con la Comunidad, la AP-9; en Galicia. UPL planteó una enmienda que pedía incluir también entre los pagos a suprimir por completo la autopista León-Astorga, algo a lo que el Grupo Popular se negó, motivo por el que finalmente no se incluyó.

En otra parte de la proposición no de ley (PNL) que se alzó con 51 votos a favor, 29 en contra y una abstención en las Cortes de Castilla y León consiste en reclamar también al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha bonificaciones a ese peaje en las restantes cuatro autopistas de la Comunidad en las condiciones que las que hace años beneficiar a los usuarios recurrentes de la León-Asturias, es decir, en la AP-51, la AP-6 con Madrid, la AP-61 y la AP-71 León-Astorga.

Por último, se recoge que de no hacerlo el Gobierno, la propia Junta de Castilla y León ponga en marcha “los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios necesarios” para ser ella la que ponga los fondos para aplicar una bonificación “mínima del 60%”, reza el acuerdo. Las condiciones para percibir esa rebaja, cuando se ponga en marcha, sería que hay que ser un conductor habitual, recurrente, con un número mínimo de viajes al mes, así como estar empadronado en algún municipio de la Comunidad.

Precisamente fue ese criterio, aparte del oportunismo electoralista, el que achacó el PSOE para defender su postura en contra de la iniciativa del PP. Un electoralismo que denota el hecho de que ese descuento del 60% ya ha sido prometido por el Gobierno popular de Alfonso Fernández Mañueco con antelación. Muy parecida postura y crítica lanzó la líder y portavoz en el Parlamento de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego. Se sumó a las críticas, pero como UPL al voto favorable, el representante de Por Ávila, mientras el de Soria ya! se mostró ajeno al debate, por no haber ni siquiera una autopista en su provincia.

Defendiendo la iniciativa, la procuradora del PP por Segovia, Elena Rincón, aseguró que la Junta de Castilla y León vienen “defendiendo de forma incansable en beneficio de miles de castellanos y leoneses” su postura. Porque “esta iniciativa no habla solo de peajes: habla de cuánto cuesta vivir, trabajar y desplazarse en una Comunidad como la nuestra, donde las distancias marcan el día a día. No pedimos un trato de favor, sino igualdad, porque la equidad territorial no puede depender del código postal”, subrayó.

Recordó además que la petición de eliminación de los peajes de la gallega AP-9 y la asturleonesa AP-66, del Huerna, se sustenta en un dictamen motivado que la Comisión Europea emitió el 17 de julio de 2025, que aprecia que las prórrogas de las concesiones vulneran el Derecho de la Unión. Obvió, eso sí, y se lo afearon los grupos de oposición, que fue precisamente el Gobierno del PP de José María Aznar quien alargó la concesión asturleonesa, de 2021 en que tenía que haber terminado hasta 2050.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó hoy a la Junta una “presión real y permanente” para eliminar los peajes de las autopistas León-Asturias (AP-66) y León -Astorga (AP-71), mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enrocó en las Cortes en que lleva años reclamando al Gobierno la liberalización de estas autopistas y que la Junta pondrá en marcha algunas bonificaciones para usuarios habituales de la Comunidad.

El enfrentamiento se produjo este jueves durante una sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que la portavoz y líder de UPL, Alicia Gallego, reclamó a Mañueco una actuación más contundente ante el Gobierno de España para acabar con los peajes que afectan a las conexiones de León con Asturias y con Astorga.

Gallego recordó que UPL ha defendido de forma reiterada la liberalización de la autopista del Huerna y la León-Astorga y que dos iniciativas de la formación fueron aprobadas por unanimidad en las Cortes en 2021 y 2024. A su juicio, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han mantenido una situación que perjudica económica y demográficamente a León, mientras otras autopistas del país han quedado libres de peaje.

La procuradora leonesista puso especialmente el foco en la AP-71, al considerar “un absurdo diario” que exista una autopista de peaje con poco tráfico mientras la N-120 soporta una elevada circulación de vehículos pesados. Según defendió, esta situación incrementa el riesgo de accidentes y perjudica a las comarcas situadas en el eje León-Astorga.

Respecto a la AP-66, Gallego denunció el coste que supone atravesar la Cordillera por una autopista cuyo peaje, según recordó, debería haber desaparecido en 2021 y cuya concesión prolongó el Gobierno popular de Aznar hasta octubre de 2050.

También se sumó a las críticas de las condiciones actuales de la infraestructura, después del desprendimiento ocurrido en 2024 y las posteriores obras de modernización de los túneles, que han provocado restricciones y desvíos mientras los usuarios continúan abonando íntegramente el peaje. Asturias ha puesto en marcha una multa a Aucalsa, la empresa concesionaria, algo que Castilla y León dice no descartar pero no impulsa.

UPL reclamó además que, mientras no se produzca la liberalización definitiva, la Junta articule “de forma urgente” mecanismos de bonificación autonómica que cubran íntegramente el coste de los peajes para los usuarios afectados. Gallego reclamó igualmente inspecciones y, si fuera necesario, sanciones a la concesionaria para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Mañueco insistió en la necesidad de eliminar los peajes, aunque rechazó que la Junta haya permanecido inactiva. “Ha sido constante la reclamación que le hemos hecho al Gobierno de España en la supresión de los peajes”, afirmó el presidente autonómico, que aseguró haber trasladado personalmente esta petición en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos ministros.

El presidente de la Junta aseguró además que Castilla y León ha trabajado “codo con codo” con los gobiernos de Asturias y Galicia para reclamar al Ejecutivo central que atienda el dictamen de la Unión Europea sobre los peajes. “Creo que es importante la liberalización de los peajes. En eso coincidimos y no pasa nada”, señaló Mañueco en respuesta a Gallego.

Mañueco amplió, no obstante, la reivindicación al conjunto de las autopistas de peaje que afectan a Castilla y León. “Desde Castilla y León reclamamos la supresión de los peajes, de todos los peajes, no solo de algunos peajes”, sostuvo, y citó además de las conexiones León-Asturias y León-Astorga otras vías de pago como las conexiones con Madrid y las autopistas de Ávila y Segovia.

El presidente autonómico insistió en la promesa de que “vamos a trabajar para que en los presupuestos de 2027, para el año que viene, los conductores recurrentes tengan esa bonificación”, afirmó. Y finalmente también reclamó a UPL su propia responsabilidad política al pactar en la Diputación de León con el PSOE, como vaticinó que ocurrirá tras las próximas elecciones municipales: “Ustedes serán el sostén indudable del Partido Socialista que es quien está sosteniendo los peajes de la provincia de León y de nuestra Comunidad autónoma”, concluyó.

Fue un fulgurante juez antes de centrarse en una no menos meteórica carrera política. Pero el actual, y reciente, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene una posición laboral 'en excedencia' que sigue creciendo. Y aunque hace muchos años que no ejerce con la toga sino que ocupa altos cargos en el Partido Popular (PP), el leonés acaba de consolidar un nuevo puesto nada menos que en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones ha obtenido formalmente una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un destino que se convertirá en su plaza de referencia dentro de la Carrera Judicial si en el futuro decide poner fin a su actividad política y regresar al ejercicio de la judicatura. Este nuevo puesto figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 8 de septiembre. Se publica el resultado del último concurso de destinos de la Carrera Judicial, resuelto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 21 de julio y formalizado posteriormente mediante un Real Decreto fechado el 29 de julio.

La resolución establece expresamente que Suárez-Quiñones, actualmente en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial por el desempeño de su cargo político, pasa a tener destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque “continuando en la misma situación administrativa”. Es decir, que su plaza se mantiene latente, en espera, mientras sigue con su alta actividad política.

La obtención de la plaza no supone, por tanto, su salida inmediata del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco ni tampoco su incorporación efectiva a la Audiencia Nacional. Mientras continúe desempeñando responsabilidades políticas y permanezca en servicios especiales, algo que ocurre desde 2012, seguirá sin ejercer funciones judiciales.

Nacido en León en 1961, Suárez-Quiñones pertenece a la Carrera Judicial desde 1987 y alcanzó la categoría de magistrado en 1990. Su vinculación profesional con León se consolidó en 1991, cuando llegó a la capital para hacerse cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Muy rápido, en 2002, fue elegido juez decano, reelegido nuevamente en 2007. Entre 2004 y 2009 también formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El salto al PP que arrancó en 2012

Fue precisamente durante su etapa como juez decano cuando comenzó a adquirir una notable presencia pública y mediática, una exposición que anticipaba para muchos su posterior salto a la política. Este se produjo en enero de 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno en León, en un momento especialmente conflictivo por las movilizaciones y protestas vinculadas a la crisis de la minería.

Su ascenso político fue rápido. Tras apenas unos años como subdelegado, fue ascendido a delegado del Gobierno en Castilla y León. Y finalmente en 2015 se incorporó al Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido entonces por Juan Vicente Herrera, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredando las dos grandes áreas que hasta entonces había dirigido el también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición, incluso en el núcleo duro' del Gobierno autonómico, de modo que sigue siendo una de las figuras de mayor continuidad institucional del Ejecutivo del PP, junto al veteranísimo consejero palentino Carlos Fernández Carriedo. Por entonces, y sólo por entonces, se había afiliado al PP.

A lo largo de más de una década en el Ejecutivo ha acumulado competencias de enorme peso, extensión y presupuesto, relacionadas con el medio ambiente, el mundo rural, las carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, la vivienda o la Protección Civil.

También ganó peso orgánico dentro del PP, hasta el punto de ser designado presidente provincial 'interino' en julio de 2015 cuando su antecesora, Ester Muñoz, fue 'fichada por Alberto Núñez Feijóo como su portavoz en el Congreso en julio de 2015. Quiñones sigue todavía en l cúspide provincial popular ya que no se ha producido Congreso alguno.

Los incendios y el cuestionamiento de la política forestal

Buena parte de estas materias le han situado recurrentemente en el centro del debate político y de numerosas controversias. Uno de los principales focos de crítica fue la gestión forestal y de los incendios. La crisis provocada por los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, en los que fallecieron cuatro personas, volvió a repetirse tres años después, durante el verano de 2025, el peor de la historia reciente de Castilla y León en materia de incendios. En esos incendios también fallecieron otras cuatro personas y sólo en la provincia de León ardieron 135.400 hectáreas, una superficie próxima al 10% de toda la extensión forestal provincial.

Durante aquella crisis de 2025, algunas de sus declaraciones públicas contribuyeron también a aumentar la polémica. Entre ellas, la frase “tenemos la mala costumbre de comer”, con la que respondió a las críticas por encontrarse en un evento en Gijón mientras se declaraban algunos de los peores incendios de aquel mes de agosto. Su aparente desgaste político, tras no comparecer durante meses, no se tradujo en cambio alguno: Mañueco le mantuvo hasta el final del mandato y después le ha incorporado de nuevo a su Gobierno, aunque ya con otra cartera.

El lobo, la caza y los reveses en los tribunales

La política cinegética y la gestión del lobo ibérico fueron también uno de los principales focos de confrontación durante su etapa al frente de Medio Ambiente. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza del lobo incumplía la legislación comunitaria. Su defensa de la actividad cinegética y de una menor protección para la especie le enfrentó en numerosas ocasiones con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Su departamento sufrió además otros reveses judiciales, como la anulación definitiva por el Tribunal Supremo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por vulnerar los procedimientos de participación pública.

“Yo soy la Administración” y el caso Enredadera

Su nombre apareció también vinculado políticamente a la denominada trama Enredadera. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, en un caso que murió de inanición judicial, la difusión de conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación generó una importante polémica política y peticiones de dimisión desde la oposición. Especial repercusión tuvo una conversación intervenida por la UDEF en la que pronunció la frase “yo soy la Administración” mientras hablaba con un conocido empresario leonés sobre una obra. El empresario fue posteriormente condenado por corrupción.

Tampoco otras situaciones como el hecho de que siendo consejero autorizara un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo era directivo, y que al mismo empresario de ese grupo le legalizara en el parque natural de Babia-Luna una vivienda, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra. Todo fue archivado por la Fiscalía y finalmente zanjado por la Comisión de Ética de Castilla y León que estudió los casos y archivó la queja abierta.

Suárez-Quiñones afronta ahora su responsabilidad política, en principio hasta el mandato que concluiría en el año 2030, al frente de la múltiple cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León. Lo hace con la seguridad y tranquilidad de que si algún día abandona su carrera política, la judicial permanece disponible, ahora con su nuevo ascenso hacia la Audiencia Nacional.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado su discrepancia con la Junta de Castilla y León por sus reticencias a trasladar a Asturias la documentación del proyecto de Estatuto de autonomía de Asturias y la Región Leonesa redactado durante la Guerra Civil, recientemente descubierto en el Archivo General Militar de Ávila. Frente al argumento del Gobierno autonómico de PP y Vox de preservar la “unidad de los archivos”, el dirigente socialista defiende que la procedencia de los documentos justifica su custodia en Asturias.

“Con respeto, discrepo”, ha respondido Barbón en sus redes sociales después de conocerse la postura de Castilla y León. El presidente asturiano argumenta que los archivos “corresponden al Consejo de Asturias y León” y recuerda que el Principado conserva actualmente el despacho de Belarmino Tomás, presidente del Consejo Soberano de Asturias y León, además de otros materiales pertenecientes a aquel organismo. “Dada la composición del Consejo, lo lógico es que esos archivos estén en Asturias”, sostiene.

Barbón incide especialmente en el valor histórico de lo encontrado. “Se trata además del primer proyecto de Estatuto conocido de autonomía de Asturias y León”, señala antes de cuestionar directamente su actual ubicación: “Ávila, en ningún caso, parece el mejor lugar para albergar ese proyecto y las actas de dicho Consejo”. El Gobierno asturiano ya había anunciado su intención de solicitar formalmente que las actas y documentos incautados al Consejo Regional de Asturias sean trasladados al Archivo Histórico de Asturias para quedar allí a disposición de investigadores.

Castilla y León defiende que permanezca en Ávila

La posición choca con la expresada esta semana por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que defendió «la unidad del archivo y la unidad de los archivos». El Ejecutivo autonómico sostiene que conservar conjuntamente la documentación en Ávila facilita su protección y el trabajo de historiadores e investigadores.

Carriedo aprovechó además las preguntas sobre el hallazgo para reivindicar el actual modelo autonómico. Frente a las lecturas históricas o políticas que pueda suscitar la existencia de un proyecto que planteó unir Asturias con León, Zamora y Salamanca, el portavoz aseguró que los ciudadanos pueden sentirse «muy orgullosos» del recorrido realizado por Castilla y León durante el actual periodo democrático.

Las relaciones entre los presidentes del gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco son buenas, con ambos asistiendo a las tomas de posesión del otro, la última en Valladolid en junio de este año. Pese a la distancia política los dos gobiernos han compartido posturas como financiación autonómica o infraestructuras y en su coincidencia en diversos foros públicos han destacado las buenas relaciones entre ambas autonomías.

Un proyecto para unir Asturias, León, Zamora y Salamanca

La disputa institucional por los papeles tiene su origen en un documento hasta ahora desconocido localizado por el historiador Pablo Martínez Corral en el Archivo General Militar de Ávila. Se trata de un proyecto denominado 'Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León', elaborado durante la Guerra Civil y relacionado con la experiencia política del Consejo Soberano de Asturias y León, una institución política que funcionó de forma independiente durante unos meses de 1937.

El borrador consta de 18 artículos y varias disposiciones transitorias y constituye el primer proyecto conocido de un Estatuto conjunto para Asturias y la Región Leonesa. Su artículo inicial planteaba una Región Autónoma asentada sobre la base histórica del reino asturleonés e integrada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca, aunque el territorio republicano del momento no abarcaba todas ellas.

No llegó a entrar en vigor y los investigadores llaman a no confundirlo con un Estatuto aprobado: el documento carece de fecha, firma y constancia documental de aprobación. Su importancia reside, sin embargo, en demostrar que en plena contienda existió un intento de convertir la organización excepcional surgida en el Frente Norte en una estructura autonómica estable dentro de la Segunda República.

El diseño era ambicioso. Contemplaba unas Cortes regionales, un presidente del Consejo Regional y un Consejo de Comisarios, además de Hacienda propia, Tribunal de Casación, Policía y Orden Interior. Entre sus competencias figuraban obras públicas, ferrocarriles, carreteras, agricultura, montes, minería, sanidad, enseñanza, seguros sociales y gestión de recursos naturales, e incluso recogía facultades para la expropiación y socialización de empresas y riquezas naturales. El proyecto permanecía, en cualquier caso, integrado en la República española y no respondía a un planteamiento independentista.

La Junta de Castilla y León busca un nuevo jefe del Servicio de Incendios Forestales, el máximo puesto técnico al frente del operativo de extinción. La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha publicado este lunes 17 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la convocatoria para cubrir mediante libre designación entre funcionarios este puesto, integrado en la recién creada Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

La convocatoria llega dos meses después de la remodelación de la estructura responsable de los incendios forestales acometida por el nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox. El pasado junio, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco creó una Dirección General específica de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y situó al frente a Ángel Sánchez, que hasta entonces ocupaba ese mismo puesto de jefe del Servicio de Incendios Forestales, el máximo puesto técnico en el que dirigió la fallida campaña del 2025.

Ahora, dos meses después de ascender a Sánchez a cargo político como director general se busca sustituto para su puesto técnico, después de que este 2026 ya se haya registrado el mayor incendio de la historia de España en la provincia de Ávila, que ha arrasado más de 50.000 hectáreas desde su origen en el municipio de Burgohondo.

Sánchez protagonizó una polémica poco antes de asumir el cargo al cuestionar la máxima de que los incendios “se apagan en invierno” durante una jornada celebrada en el Centro de Defensa del Fuego de León, calificando esta idea como “uno de los mantras muy utilizados” y argumentó que actuar preventivamente sobre los 5,1 millones de hectáreas forestales de Castilla y León tendría un coste difícilmente asumible. “Habría que ver de dónde sacamos ese dinero para poderlo hacer”, aseguró entonces.

Libre designación y abierta todos los funcionarios

El puesto que ahora sale a convocatoria es concretamente el de jefe de Servicio de Incendios Forestales, adscrito a Valladolid a la nueva dirección general. Está reservado al grupo A1, nivel 28 y complemento específico 16, y pueden optar funcionarios procedentes de todas las administraciones públicas, según detalla el anexo publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Los interesados disponen de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria para presentar su solicitud. Deberán acompañarla de un currículum en el que consten sus titulaciones académicas, los puestos desempeñados anteriormente en las administraciones públicas y otros méritos. La Consejería advierte además de que el puesto puede quedar desierto.

La persona finalmente elegida quedará encuadrada dentro de la nueva estructura encabezada por Ángel Sánchez, creada por la Junta al comienzo de la nueva legislatura para apaciguar las críticas acumuladas por la gestión de los incendios tras la devastadora campaña de 2025. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, optó por retirar a los máximos responsables políticos como eran el entonces consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, sustituido por María González Corral, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, sustituido por Sánchez tras haber dirigido durante casi dos décadas el operativo de extinción de incendios.

El mes de agosto ha comenzado con un hito en materia de infraestructuras educativas para la provincia de León con el anuncio de la adjudicación de las obras de un nuevo instituto público en el municipio leonés de Villaquilambre, una reivindicación de hace décadas y un compromiso de la Junta de Castilla y León que tardará más de una década en convertirse en realidad.

Tras iniciarse el proceso de contratación el pasado mes de mayo, por fin la Consejería de Educación de la Junta ha fijado la selección de las empresas que acometerán los trabajos para levantar un instituto de educación secundaria en el cuarto municipio más poblado de la provincia, que acaricia los 20.000 habitantes. Se trata de una unión temporal de empresas (UTE) formada por la compañía Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, de Soria, y Copsa Empresa Constructora, con sede en Burgos.

El precio final del contrato, que arrancará en pocas semanas, se eleva finalmente a la cifra de 15,7 millones de euros, respecto a los 16,3 de los que partía el proceso de licitación, al considerarse que la oferta de estas dos empresas era la más ventajosa y económica, rebajando un 4% el precio inicial de inversión prevista.

A partir de ahora, cuenta el plazo de ejecución que se ha establecido para levantar todo el edificio y sus dependencias, que será de 24 meses, dos años. Se trata de un plazo que de manera muy ajustada podría alcanzar para cumplir la previsión oficial de la propia Junta de que el instituto pueda convertirse en una realidad disponible para los estudiantes del municipio a partir del curso 2029/2030, en el mejor de los escenarios.

En todo caso, incluso cumpliéndose, superará en una década el compromiso oficial e incluso firmado por el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando en 2019 comprometió la ejecución del centro escolar entre las condiciones pactadas para facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

La Consejería de Educación, que tras el pacto de PP y Vox en el Gobierno autonómico recae ahora en María Pardo Álvarez, destaca que el proyecto de este nuevo centro ha diseñado un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, o lo que es lo mismo, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato. Eso sí: se constata que el diseño deja fuera otra reclamación social de Villaquilambre, que pedía que ya de hacerse un nuevo IES, este pudiera contar con estudios y aulas de Formación Profesional (FP), algo que finalmente la Junta no ha considerado oportuno por el momento.

Estas reclamaciones sociales, en forma de sonoras protestas, llevan décadas capitaneadas por la Plataforma por un Instituto para Villaquilambre. El colectivo, con gran apoyo social, afeaba a la administración autonómica que Villaquilambre siguiera siendo el único municipio con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas, cuando por ejemplo hace años que se había invertido en otros más pequeños de la provincia de Valladolid.

Un diseño detallado

El proyecto ya por fin adjudicado ara la nueva construcción prevé un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común, según se explicó hace meses tras el último acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico, aún en funciones.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa). Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

A punto de terminar el mes de julio, la provincia de León ya suma dos gravísimas oleadas de incendios forestales que han llevado al operativo de extinción al límite, ha obligado el desalojo de cientos de personas y arrasado ya miles de hectáreas. El primer episodio de simultaneidad lo provocó una tormenta eléctrica en la tarde noche de San Juan. Desde este pasado miércoles se vive el segundo, con una decena de incendios activos, hasta tres de máxima gravedad y dos graves, pero en este caso la Junta de Castilla y León 'no sabe' o no explica cómo se ha podido originar.

La mayoría de los incendios que empezaron a arder el miércoles 29 de julio en distintos puntos de la geografía leonesa, pero especialmente en El Bierzo, se iniciaron por causas que “se están investigando”. El portavoz del Gobierno autonómico PP-Vox, Carlos Fernández Carriedo, apunta, no obstante, a “la mano del hombre”: bien por “negligencias” o por considerarlos intencionados, “empezaron en el momento que mayor perjuicio podían ocasionar, en los momentos del día de más calor, de más viento, y con múltiples focos”, ha dicho en rueda de prensa.

El Gobierno de Castilla y León, que inició la temporada alta de incendios con un consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos-Suárez Quiñones, valora el mal arranque de la campaña, una de las peores de la historia en la provincia de León y en la Comunidad, con el peor incendio de la historia de España aún por extinguir, el de Burgohondo, en Ávila, que llegó a Madrid y obligó al Gobierno central a tomar el control.

“No estamos contentos por los incendios, pero nuestro primer objetivo es la seguridad de las personas y, por ahora, no se han detectado daños humanos”, subrayó Carriedo. Sin datos concretos de afecciones y daños económicos ni medioambientales, la Junta insiste en que la administración autonómica que preside Alfonso Fernández Mañueco “no pidió al Gobierno la emergencia de interés nacional”, que “se aplicó de oficio” porque la solicitó la Comunidad de Madrid.

El año pasado, solo en la provincia de León fallecieron cuatro personas a causa de los incendios forestales, ardieron más de 130.000 hectáreas buena parte en zonas protegidas, pueblos enteros, el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas y se desalojaron decenas de pueblos y miles de vecinos. Este año, en lo que llevamos de campaña de incendios, la provincia de León ya ha registrado el peor primer mes de temporada alta con las peores cifras de los últimos años. “¿Qué tiene que pasar para que se dé una situación de nivel 3 en Castilla y León?” ha sido la pregunta que se quedó sobre la mesa, con la única contestación de que tomar esa decisión corresponde a “una decisión técnica” que no especifican.

La previsión para agosto no es alentadora. “A medida que va avanzando el verano aumenta la sequedad. No está lloviendo. Si ya había suficiente combustible en el monte en esta cuarta ola de calor, con nuevas olas de calor aumentan los riesgos. Es muy difícil prever lo que va a pasar, pero estaremos muy atentos”.

Ante esta situación, y después de una inversión de 2 millones de euros, la Junta de Castilla y León “desconoce” o no explica por qué no está operativa la nueva base contra incendios de Oterico, en Riello, que llega cuatro años tarde. “Lo más importante es la colaboración entre administraciones y la Junta está en plena colaboración y coordinación con el Gobierno”, zanjó el portavoz autonómico.

La competencia en materia de prevención y extinción de incendios es autonómica.