Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó hoy a la Junta una “presión real y permanente” para eliminar los peajes de las autopistas León-Asturias (AP-66) y León -Astorga (AP-71), mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enrocó en las Cortes en que lleva años reclamando al Gobierno la liberalización de estas autopistas y que la Junta pondrá en marcha algunas bonificaciones para usuarios habituales de la Comunidad.

El enfrentamiento se produjo este jueves durante una sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que la portavoz y líder de UPL, Alicia Gallego, reclamó a Mañueco una actuación más contundente ante el Gobierno de España para acabar con los peajes que afectan a las conexiones de León con Asturias y con Astorga.

Gallego recordó que UPL ha defendido de forma reiterada la liberalización de la autopista del Huerna y la León-Astorga y que dos iniciativas de la formación fueron aprobadas por unanimidad en las Cortes en 2021 y 2024. A su juicio, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han mantenido una situación que perjudica económica y demográficamente a León, mientras otras autopistas del país han quedado libres de peaje.

La procuradora leonesista puso especialmente el foco en la AP-71, al considerar “un absurdo diario” que exista una autopista de peaje con poco tráfico mientras la N-120 soporta una elevada circulación de vehículos pesados. Según defendió, esta situación incrementa el riesgo de accidentes y perjudica a las comarcas situadas en el eje León-Astorga.

Respecto a la AP-66, Gallego denunció el coste que supone atravesar la Cordillera por una autopista cuyo peaje, según recordó, debería haber desaparecido en 2021 y cuya concesión prolongó el Gobierno popular de Aznar hasta octubre de 2050.

También se sumó a las críticas de las condiciones actuales de la infraestructura, después del desprendimiento ocurrido en 2024 y las posteriores obras de modernización de los túneles, que han provocado restricciones y desvíos mientras los usuarios continúan abonando íntegramente el peaje. Asturias ha puesto en marcha una multa a Aucalsa, la empresa concesionaria, algo que Castilla y León dice no descartar pero no impulsa.

UPL reclamó además que, mientras no se produzca la liberalización definitiva, la Junta articule “de forma urgente” mecanismos de bonificación autonómica que cubran íntegramente el coste de los peajes para los usuarios afectados. Gallego reclamó igualmente inspecciones y, si fuera necesario, sanciones a la concesionaria para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Mañueco insistió en la necesidad de eliminar los peajes, aunque rechazó que la Junta haya permanecido inactiva. “Ha sido constante la reclamación que le hemos hecho al Gobierno de España en la supresión de los peajes”, afirmó el presidente autonómico, que aseguró haber trasladado personalmente esta petición en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos ministros.

El presidente de la Junta aseguró además que Castilla y León ha trabajado “codo con codo” con los gobiernos de Asturias y Galicia para reclamar al Ejecutivo central que atienda el dictamen de la Unión Europea sobre los peajes. “Creo que es importante la liberalización de los peajes. En eso coincidimos y no pasa nada”, señaló Mañueco en respuesta a Gallego.

Mañueco amplió, no obstante, la reivindicación al conjunto de las autopistas de peaje que afectan a Castilla y León. “Desde Castilla y León reclamamos la supresión de los peajes, de todos los peajes, no solo de algunos peajes”, sostuvo, y citó además de las conexiones León-Asturias y León-Astorga otras vías de pago como las conexiones con Madrid y las autopistas de Ávila y Segovia.

El presidente autonómico insistió en la promesa de que “vamos a trabajar para que en los presupuestos de 2027, para el año que viene, los conductores recurrentes tengan esa bonificación”, afirmó. Y finalmente también reclamó a UPL su propia responsabilidad política al pactar en la Diputación de León con el PSOE, como vaticinó que ocurrirá tras las próximas elecciones municipales: “Ustedes serán el sostén indudable del Partido Socialista que es quien está sosteniendo los peajes de la provincia de León y de nuestra Comunidad autónoma”, concluyó.

Fue un fulgurante juez antes de centrarse en una no menos meteórica carrera política. Pero el actual, y reciente, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene una posición laboral 'en excedencia' que sigue creciendo. Y aunque hace muchos años que no ejerce con la toga sino que ocupa altos cargos en el Partido Popular (PP), el leonés acaba de consolidar un nuevo puesto nada menos que en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones ha obtenido formalmente una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un destino que se convertirá en su plaza de referencia dentro de la Carrera Judicial si en el futuro decide poner fin a su actividad política y regresar al ejercicio de la judicatura. Este nuevo puesto figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 8 de septiembre. Se publica el resultado del último concurso de destinos de la Carrera Judicial, resuelto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 21 de julio y formalizado posteriormente mediante un Real Decreto fechado el 29 de julio.

La resolución establece expresamente que Suárez-Quiñones, actualmente en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial por el desempeño de su cargo político, pasa a tener destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque “continuando en la misma situación administrativa”. Es decir, que su plaza se mantiene latente, en espera, mientras sigue con su alta actividad política.

La obtención de la plaza no supone, por tanto, su salida inmediata del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco ni tampoco su incorporación efectiva a la Audiencia Nacional. Mientras continúe desempeñando responsabilidades políticas y permanezca en servicios especiales, algo que ocurre desde 2012, seguirá sin ejercer funciones judiciales.

Nacido en León en 1961, Suárez-Quiñones pertenece a la Carrera Judicial desde 1987 y alcanzó la categoría de magistrado en 1990. Su vinculación profesional con León se consolidó en 1991, cuando llegó a la capital para hacerse cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Muy rápido, en 2002, fue elegido juez decano, reelegido nuevamente en 2007. Entre 2004 y 2009 también formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El salto al PP que arrancó en 2012

Fue precisamente durante su etapa como juez decano cuando comenzó a adquirir una notable presencia pública y mediática, una exposición que anticipaba para muchos su posterior salto a la política. Este se produjo en enero de 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno en León, en un momento especialmente conflictivo por las movilizaciones y protestas vinculadas a la crisis de la minería.

Su ascenso político fue rápido. Tras apenas unos años como subdelegado, fue ascendido a delegado del Gobierno en Castilla y León. Y finalmente en 2015 se incorporó al Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido entonces por Juan Vicente Herrera, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredando las dos grandes áreas que hasta entonces había dirigido el también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición, incluso en el núcleo duro' del Gobierno autonómico, de modo que sigue siendo una de las figuras de mayor continuidad institucional del Ejecutivo del PP, junto al veteranísimo consejero palentino Carlos Fernández Carriedo. Por entonces, y sólo por entonces, se había afiliado al PP.

A lo largo de más de una década en el Ejecutivo ha acumulado competencias de enorme peso, extensión y presupuesto, relacionadas con el medio ambiente, el mundo rural, las carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, la vivienda o la Protección Civil.

También ganó peso orgánico dentro del PP, hasta el punto de ser designado presidente provincial 'interino' en julio de 2015 cuando su antecesora, Ester Muñoz, fue 'fichada por Alberto Núñez Feijóo como su portavoz en el Congreso en julio de 2015. Quiñones sigue todavía en l cúspide provincial popular ya que no se ha producido Congreso alguno.

Los incendios y el cuestionamiento de la política forestal

Buena parte de estas materias le han situado recurrentemente en el centro del debate político y de numerosas controversias. Uno de los principales focos de crítica fue la gestión forestal y de los incendios. La crisis provocada por los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, en los que fallecieron cuatro personas, volvió a repetirse tres años después, durante el verano de 2025, el peor de la historia reciente de Castilla y León en materia de incendios. En esos incendios también fallecieron otras cuatro personas y sólo en la provincia de León ardieron 135.400 hectáreas, una superficie próxima al 10% de toda la extensión forestal provincial.

Durante aquella crisis de 2025, algunas de sus declaraciones públicas contribuyeron también a aumentar la polémica. Entre ellas, la frase “tenemos la mala costumbre de comer”, con la que respondió a las críticas por encontrarse en un evento en Gijón mientras se declaraban algunos de los peores incendios de aquel mes de agosto. Su aparente desgaste político, tras no comparecer durante meses, no se tradujo en cambio alguno: Mañueco le mantuvo hasta el final del mandato y después le ha incorporado de nuevo a su Gobierno, aunque ya con otra cartera.

El lobo, la caza y los reveses en los tribunales

La política cinegética y la gestión del lobo ibérico fueron también uno de los principales focos de confrontación durante su etapa al frente de Medio Ambiente. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza del lobo incumplía la legislación comunitaria. Su defensa de la actividad cinegética y de una menor protección para la especie le enfrentó en numerosas ocasiones con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Su departamento sufrió además otros reveses judiciales, como la anulación definitiva por el Tribunal Supremo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por vulnerar los procedimientos de participación pública.

“Yo soy la Administración” y el caso Enredadera

Su nombre apareció también vinculado políticamente a la denominada trama Enredadera. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, en un caso que murió de inanición judicial, la difusión de conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación generó una importante polémica política y peticiones de dimisión desde la oposición. Especial repercusión tuvo una conversación intervenida por la UDEF en la que pronunció la frase “yo soy la Administración” mientras hablaba con un conocido empresario leonés sobre una obra. El empresario fue posteriormente condenado por corrupción.

Tampoco otras situaciones como el hecho de que siendo consejero autorizara un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo era directivo, y que al mismo empresario de ese grupo le legalizara en el parque natural de Babia-Luna una vivienda, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra. Todo fue archivado por la Fiscalía y finalmente zanjado por la Comisión de Ética de Castilla y León que estudió los casos y archivó la queja abierta.

Suárez-Quiñones afronta ahora su responsabilidad política, en principio hasta el mandato que concluiría en el año 2030, al frente de la múltiple cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León. Lo hace con la seguridad y tranquilidad de que si algún día abandona su carrera política, la judicial permanece disponible, ahora con su nuevo ascenso hacia la Audiencia Nacional.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado su discrepancia con la Junta de Castilla y León por sus reticencias a trasladar a Asturias la documentación del proyecto de Estatuto de autonomía de Asturias y la Región Leonesa redactado durante la Guerra Civil, recientemente descubierto en el Archivo General Militar de Ávila. Frente al argumento del Gobierno autonómico de PP y Vox de preservar la “unidad de los archivos”, el dirigente socialista defiende que la procedencia de los documentos justifica su custodia en Asturias.

“Con respeto, discrepo”, ha respondido Barbón en sus redes sociales después de conocerse la postura de Castilla y León. El presidente asturiano argumenta que los archivos “corresponden al Consejo de Asturias y León” y recuerda que el Principado conserva actualmente el despacho de Belarmino Tomás, presidente del Consejo Soberano de Asturias y León, además de otros materiales pertenecientes a aquel organismo. “Dada la composición del Consejo, lo lógico es que esos archivos estén en Asturias”, sostiene.

Barbón incide especialmente en el valor histórico de lo encontrado. “Se trata además del primer proyecto de Estatuto conocido de autonomía de Asturias y León”, señala antes de cuestionar directamente su actual ubicación: “Ávila, en ningún caso, parece el mejor lugar para albergar ese proyecto y las actas de dicho Consejo”. El Gobierno asturiano ya había anunciado su intención de solicitar formalmente que las actas y documentos incautados al Consejo Regional de Asturias sean trasladados al Archivo Histórico de Asturias para quedar allí a disposición de investigadores.

Castilla y León defiende que permanezca en Ávila

La posición choca con la expresada esta semana por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que defendió «la unidad del archivo y la unidad de los archivos». El Ejecutivo autonómico sostiene que conservar conjuntamente la documentación en Ávila facilita su protección y el trabajo de historiadores e investigadores.

Carriedo aprovechó además las preguntas sobre el hallazgo para reivindicar el actual modelo autonómico. Frente a las lecturas históricas o políticas que pueda suscitar la existencia de un proyecto que planteó unir Asturias con León, Zamora y Salamanca, el portavoz aseguró que los ciudadanos pueden sentirse «muy orgullosos» del recorrido realizado por Castilla y León durante el actual periodo democrático.

Las relaciones entre los presidentes del gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco son buenas, con ambos asistiendo a las tomas de posesión del otro, la última en Valladolid en junio de este año. Pese a la distancia política los dos gobiernos han compartido posturas como financiación autonómica o infraestructuras y en su coincidencia en diversos foros públicos han destacado las buenas relaciones entre ambas autonomías.

Un proyecto para unir Asturias, León, Zamora y Salamanca

La disputa institucional por los papeles tiene su origen en un documento hasta ahora desconocido localizado por el historiador Pablo Martínez Corral en el Archivo General Militar de Ávila. Se trata de un proyecto denominado 'Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León', elaborado durante la Guerra Civil y relacionado con la experiencia política del Consejo Soberano de Asturias y León, una institución política que funcionó de forma independiente durante unos meses de 1937.

El borrador consta de 18 artículos y varias disposiciones transitorias y constituye el primer proyecto conocido de un Estatuto conjunto para Asturias y la Región Leonesa. Su artículo inicial planteaba una Región Autónoma asentada sobre la base histórica del reino asturleonés e integrada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca, aunque el territorio republicano del momento no abarcaba todas ellas.

No llegó a entrar en vigor y los investigadores llaman a no confundirlo con un Estatuto aprobado: el documento carece de fecha, firma y constancia documental de aprobación. Su importancia reside, sin embargo, en demostrar que en plena contienda existió un intento de convertir la organización excepcional surgida en el Frente Norte en una estructura autonómica estable dentro de la Segunda República.

El diseño era ambicioso. Contemplaba unas Cortes regionales, un presidente del Consejo Regional y un Consejo de Comisarios, además de Hacienda propia, Tribunal de Casación, Policía y Orden Interior. Entre sus competencias figuraban obras públicas, ferrocarriles, carreteras, agricultura, montes, minería, sanidad, enseñanza, seguros sociales y gestión de recursos naturales, e incluso recogía facultades para la expropiación y socialización de empresas y riquezas naturales. El proyecto permanecía, en cualquier caso, integrado en la República española y no respondía a un planteamiento independentista.

La Junta de Castilla y León busca un nuevo jefe del Servicio de Incendios Forestales, el máximo puesto técnico al frente del operativo de extinción. La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha publicado este lunes 17 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la convocatoria para cubrir mediante libre designación entre funcionarios este puesto, integrado en la recién creada Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

La convocatoria llega dos meses después de la remodelación de la estructura responsable de los incendios forestales acometida por el nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox. El pasado junio, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco creó una Dirección General específica de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y situó al frente a Ángel Sánchez, que hasta entonces ocupaba ese mismo puesto de jefe del Servicio de Incendios Forestales, el máximo puesto técnico en el que dirigió la fallida campaña del 2025.

Ahora, dos meses después de ascender a Sánchez a cargo político como director general se busca sustituto para su puesto técnico, después de que este 2026 ya se haya registrado el mayor incendio de la historia de España en la provincia de Ávila, que ha arrasado más de 50.000 hectáreas desde su origen en el municipio de Burgohondo.

Sánchez protagonizó una polémica poco antes de asumir el cargo al cuestionar la máxima de que los incendios “se apagan en invierno” durante una jornada celebrada en el Centro de Defensa del Fuego de León, calificando esta idea como “uno de los mantras muy utilizados” y argumentó que actuar preventivamente sobre los 5,1 millones de hectáreas forestales de Castilla y León tendría un coste difícilmente asumible. “Habría que ver de dónde sacamos ese dinero para poderlo hacer”, aseguró entonces.

Libre designación y abierta todos los funcionarios

El puesto que ahora sale a convocatoria es concretamente el de jefe de Servicio de Incendios Forestales, adscrito a Valladolid a la nueva dirección general. Está reservado al grupo A1, nivel 28 y complemento específico 16, y pueden optar funcionarios procedentes de todas las administraciones públicas, según detalla el anexo publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Los interesados disponen de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria para presentar su solicitud. Deberán acompañarla de un currículum en el que consten sus titulaciones académicas, los puestos desempeñados anteriormente en las administraciones públicas y otros méritos. La Consejería advierte además de que el puesto puede quedar desierto.

La persona finalmente elegida quedará encuadrada dentro de la nueva estructura encabezada por Ángel Sánchez, creada por la Junta al comienzo de la nueva legislatura para apaciguar las críticas acumuladas por la gestión de los incendios tras la devastadora campaña de 2025. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, optó por retirar a los máximos responsables políticos como eran el entonces consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, sustituido por María González Corral, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, sustituido por Sánchez tras haber dirigido durante casi dos décadas el operativo de extinción de incendios.

El mes de agosto ha comenzado con un hito en materia de infraestructuras educativas para la provincia de León con el anuncio de la adjudicación de las obras de un nuevo instituto público en el municipio leonés de Villaquilambre, una reivindicación de hace décadas y un compromiso de la Junta de Castilla y León que tardará más de una década en convertirse en realidad.

Tras iniciarse el proceso de contratación el pasado mes de mayo, por fin la Consejería de Educación de la Junta ha fijado la selección de las empresas que acometerán los trabajos para levantar un instituto de educación secundaria en el cuarto municipio más poblado de la provincia, que acaricia los 20.000 habitantes. Se trata de una unión temporal de empresas (UTE) formada por la compañía Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, de Soria, y Copsa Empresa Constructora, con sede en Burgos.

El precio final del contrato, que arrancará en pocas semanas, se eleva finalmente a la cifra de 15,7 millones de euros, respecto a los 16,3 de los que partía el proceso de licitación, al considerarse que la oferta de estas dos empresas era la más ventajosa y económica, rebajando un 4% el precio inicial de inversión prevista.

A partir de ahora, cuenta el plazo de ejecución que se ha establecido para levantar todo el edificio y sus dependencias, que será de 24 meses, dos años. Se trata de un plazo que de manera muy ajustada podría alcanzar para cumplir la previsión oficial de la propia Junta de que el instituto pueda convertirse en una realidad disponible para los estudiantes del municipio a partir del curso 2029/2030, en el mejor de los escenarios.

En todo caso, incluso cumpliéndose, superará en una década el compromiso oficial e incluso firmado por el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando en 2019 comprometió la ejecución del centro escolar entre las condiciones pactadas para facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

La Consejería de Educación, que tras el pacto de PP y Vox en el Gobierno autonómico recae ahora en María Pardo Álvarez, destaca que el proyecto de este nuevo centro ha diseñado un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, o lo que es lo mismo, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato. Eso sí: se constata que el diseño deja fuera otra reclamación social de Villaquilambre, que pedía que ya de hacerse un nuevo IES, este pudiera contar con estudios y aulas de Formación Profesional (FP), algo que finalmente la Junta no ha considerado oportuno por el momento.

Estas reclamaciones sociales, en forma de sonoras protestas, llevan décadas capitaneadas por la Plataforma por un Instituto para Villaquilambre. El colectivo, con gran apoyo social, afeaba a la administración autonómica que Villaquilambre siguiera siendo el único municipio con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas, cuando por ejemplo hace años que se había invertido en otros más pequeños de la provincia de Valladolid.

Un diseño detallado

El proyecto ya por fin adjudicado ara la nueva construcción prevé un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común, según se explicó hace meses tras el último acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico, aún en funciones.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa). Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

A punto de terminar el mes de julio, la provincia de León ya suma dos gravísimas oleadas de incendios forestales que han llevado al operativo de extinción al límite, ha obligado el desalojo de cientos de personas y arrasado ya miles de hectáreas. El primer episodio de simultaneidad lo provocó una tormenta eléctrica en la tarde noche de San Juan. Desde este pasado miércoles se vive el segundo, con una decena de incendios activos, hasta tres de máxima gravedad y dos graves, pero en este caso la Junta de Castilla y León 'no sabe' o no explica cómo se ha podido originar.

La mayoría de los incendios que empezaron a arder el miércoles 29 de julio en distintos puntos de la geografía leonesa, pero especialmente en El Bierzo, se iniciaron por causas que “se están investigando”. El portavoz del Gobierno autonómico PP-Vox, Carlos Fernández Carriedo, apunta, no obstante, a “la mano del hombre”: bien por “negligencias” o por considerarlos intencionados, “empezaron en el momento que mayor perjuicio podían ocasionar, en los momentos del día de más calor, de más viento, y con múltiples focos”, ha dicho en rueda de prensa.

El Gobierno de Castilla y León, que inició la temporada alta de incendios con un consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos-Suárez Quiñones, valora el mal arranque de la campaña, una de las peores de la historia en la provincia de León y en la Comunidad, con el peor incendio de la historia de España aún por extinguir, el de Burgohondo, en Ávila, que llegó a Madrid y obligó al Gobierno central a tomar el control.

“No estamos contentos por los incendios, pero nuestro primer objetivo es la seguridad de las personas y, por ahora, no se han detectado daños humanos”, subrayó Carriedo. Sin datos concretos de afecciones y daños económicos ni medioambientales, la Junta insiste en que la administración autonómica que preside Alfonso Fernández Mañueco “no pidió al Gobierno la emergencia de interés nacional”, que “se aplicó de oficio” porque la solicitó la Comunidad de Madrid.

El año pasado, solo en la provincia de León fallecieron cuatro personas a causa de los incendios forestales, ardieron más de 130.000 hectáreas buena parte en zonas protegidas, pueblos enteros, el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas y se desalojaron decenas de pueblos y miles de vecinos. Este año, en lo que llevamos de campaña de incendios, la provincia de León ya ha registrado el peor primer mes de temporada alta con las peores cifras de los últimos años. “¿Qué tiene que pasar para que se dé una situación de nivel 3 en Castilla y León?” ha sido la pregunta que se quedó sobre la mesa, con la única contestación de que tomar esa decisión corresponde a “una decisión técnica” que no especifican.

La previsión para agosto no es alentadora. “A medida que va avanzando el verano aumenta la sequedad. No está lloviendo. Si ya había suficiente combustible en el monte en esta cuarta ola de calor, con nuevas olas de calor aumentan los riesgos. Es muy difícil prever lo que va a pasar, pero estaremos muy atentos”.

Ante esta situación, y después de una inversión de 2 millones de euros, la Junta de Castilla y León “desconoce” o no explica por qué no está operativa la nueva base contra incendios de Oterico, en Riello, que llega cuatro años tarde. “Lo más importante es la colaboración entre administraciones y la Junta está en plena colaboración y coordinación con el Gobierno”, zanjó el portavoz autonómico.

La competencia en materia de prevención y extinción de incendios es autonómica.

Por imposición extremista diestra, el Vox Pollán, hoy vicepresidente primero del gobierno autonómico que hubo de colocar Mañueco, va a desregular lo regulado al grito (nacional español) de 'los patriotas primero'… aquí, en el ente, me temo que vaya a ser: '¡Lo castellano primero! Y de nada nos valdrá en infantil réplica soltar '¡Castellano el que no bote!' –¡Con saltito incluido o no!– cual réplica.

Hemos podido ver fotografiados juntos a Mañueco y a Pollán, en estudiada composición con el acuerdo de legislatura –¡En verde!– y al pronto me recordó lo de aquel personaje de película que se ponía verde al cobrar fuerza, el increíble Hulk, potente y bestia… lo de hoy, no sé el porqué el tono.

A Pollán como vice primero, no lo quiere Mañueco de ejerciente sustituto; así que a dedo ha determinado que la vice segunda, por defecto, sea su sustituta ante supuesta ausencia ocasional.

¿Y Suárez-Quiñones?

Mas, para la desregulación de mi anunciada situación anímica, no es el causante precisamente él, sino que viene dada por el cambio de lugar y sitio del que fue consejero autonómico, Suárez-Quiñones, al que el fuego que le quemaba hasta el pelo, y como tal aparecía en los carteles, tuvo que refugiarse en los cuarteles, sí, esos del 'no quiero verlo, y así no existe'. Gesto que le fue premiado por su mentor, Mañueco, saliendo al quite ante el público, llenando espacio en tan hábil como engañosa defensa.

Que ocurrió con el mutis del ínclito personaje de León, es lógico preguntarse. Es fácil intuirlo, cuando el indignado paisanaje, quemado como el paisaje hasta el horizonte, fue asumiendo el daño, y, aventado el humo, en un contexto de necesidad reparadora, llegaron ayudas económicas prontas... ¡Sin saber de dónde arrebataban el dinero! Y, que oportunas, actuaron de tampón.

Los damnificados en general prestos a olvidar, unos por afinidad, otros por estulta cotidianeidad, rutina absurda, llegaron a borrar de su mente el daño, hasta el punto de volver a votar casi en mayoría al PP, y precisamente en casi todos los lugares donde ardieron hasta las ideas. Interesadamente se olvida todo... ¡Y hasta con prontitud si llega el caso!

Hoy, en el nuevo gobierno autonómico, premio al silencio y la obediencia del que dirán que representa a lo leonés, volverá a tener una consejería, Suárez-Quiñones (¡Otra que no arda! pero que, por múltiple y 'desregulada', tal vez por impericia contable, nos puede quemar más a los ciudadanos.

La que dejó abrasada, Medio Ambiente y Energía, será ocupada por María González Corral, que viene de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social. De oca a oca, y trae en su cartera, lo que algunos consideran “gran labor”: machacar con lo de Tierra de Sabor. Una marca impuesta que confunde, y que para nosotros los leoneses es... ¡Tierra de pavor! La Región Leonesa y sus productos, escandallados castellanoleoneses, en algunos casos, como los quesos, siendo el 80% leoneses; es un enorme agravio que favorece a la facción absorbente castellanizadora del ente autonómico. Es su dinámica. ¿Cómo no lo vemos todos?

Suárez-Quiñones asume el encargo, que por fidelidad y buenas maneras partidistas, ponen en sus manos. No importan los resultados anteriores: su mentor, y jefe a toda hora, el señor Mañueco... ¡Le recomienda! Ahora en una Consejería múltiple, a saber: Industria, Universidades, Comercio y Empleo. ¡Ahí es nada!

Un puesto para un sabelotodo político de amplio espectro, de fácil conformar y muy buenas tragaderas.

Ya se ha fotografiado con la 'CEOE'… de Castilla y León. Primer aviso, centralizando esfuerzo para que todo siga igual. ¿Con qué responsables del panorama decadente leonés ha hablado? ¿Los empresarios leoneses, en particularidad regional leonesa, no tenían nada que sugerir? Un retrato vale más que mil palabras.

Industria. El desmantelamiento último del noroeste leonés, entendido como nodo logístico, para ser ubicado a gran escala, por dotación económica, en Valladolid, nos ha cerrado puertas y posibilidades. Cuando más, ya lo he dicho, gozamos del escueto posicionamiento como nodo secundario. ¡Estamos en el bajo, nos están preparando el sótano, justo al nivel de las mazmorras!. Pero a él ya le ha puesto el señor Mañueco, ascensor y ascenso... y... ¡A medrar! ¿Por qué negarnos a verlo así?

¿El industrioso consejero, que se dice de León, qué va a traer para aquí? Lo suyo es docilidad en tanto se nos esquilma en lo socioeconómico. En verdad camino que ya lo tienen bien practicado, se trata, pues, de continuar colonizando.

Me ha resultado dolorosamente curioso –¡Por lo demás!–, leer a la Rectora de la ULE, tildar (uso tal verbo, por inducir a lo negativo) como “un acierto” lo de integrar Universidades junto a Industria, Empleo y Comercio. Es más, “ve como positivo el nombramiento-encargo que desde el ente autonómico han hecho a Suárez-Quiñones, por estar vinculado a León” ¡Extraña confianza en la persona y en el ente centralista acaparador!

¡Hay presencia y lazos que matan!

Demuestra alegría ante este nombramiento, invoca su pasado como profesor, y de leonés: una apertura gratuita al hombre, olvidando su desequilibrio político al estimar que siendo esto, es decir de León, va a mirar por nosotros...

¡Sí, sí, de soslayo!

Así las cosas: ¡Hay que plantear el Lexit!

La cadena de supermercados Dia ha inaugurado y abierto las puertas este viernes de su segundo mayor centro logístico de toda España, ubicado en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, el el epicentro de la provincia de León. Se trata de una gran infraestructura de última generación que dará servicio a más de 200 tiendas de Castilla y León, así como de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y que estando al 95% de su funcionamiento pleno previsto ya ha creado 235 puestos de trabajo.

La inversión para levantar la nave, del tamaño de ocho campos de fútbol, toda su tecnología logística y personal se ha elevado a 60 millones de euros para una superficie de 64.000 metros cuadrados, detalló el presidente de Dia España, Ricardo Álvarez, durante la inauguración oficial este viernes con gran despliegue institucional. Álvarez ha enmarcado esta apertura en un momento de “crecimiento y expansión” para la compañía, con el objetivo de dar soporte a su red de tiendas y “dinamizar la economía local”.

El acto de inauguración ha estado respaldado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera; el consejero de Industria, Comercio, Empleo, Universidades e Investigación, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones; y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, entre otros alcaldes y representantes empresariales de la provincia de León, destaca Efe.

Mañueco ha agradecido a la compañía su apuesta por la Comunidad, donde ya cuenta con más de 200 establecimientos -30 de ellos en la provincia leonesa, la segunda provincia detrás de Valladolid- y más de 2.000 trabajadores. Y ha ensalzadosus valores de proximidad, vertebración territorial y cercanía, “con los que también se identifica el Gobierno autonómico” de Partido Popular (PP) y Vox que él preside.

El presidente de la Junta volvió a contar, como si de una novedad se tratara, que el siguiente impulso de lo que ya es el mayor polígono industrial de Castilla y León será una ampliación más, la segunda, de otras 60 hectáreas, una vez culminado el reciente recrecimiento hasta sumar las 380 actuales. Dia ha sido, de hecho, la empresa que ha inaugurado esta última expansión.

A propósito de esta multiplicación de espacio, el el alcalde de Villadangos ha recordado que este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias una ampliación “en tiempo récord”, desde un primer correo electrónico de octubre de 2020. Y de paso ha agradecido que Dia sea la factoría del espacio industrial, con firmas como Mercadona o Decathlon, que más empleo local ha generado en el propio municipio.

Yendo a los datos de la nueva macroinstalación, el centro logístico cuenta con capacidad para más de 25.000 palés en 127 muelles de carga y descarga, y prevé mover un promedio mensual de tres millones de cajas, lo que generará un flujo diario de cerca de 200 camiones. Ante esta nueva 'avalancha' logística que se sumará, el consejero Quiñones, adalid hasta ahora desde Somacyl de las mejoras del polígono, aventuró que en apenas un pes podría estar concluido el nuevo acceso en la carretera N-120 que ejecuta la propia Junta, importante para no crear un peligroso tapón de tráfico en los accesos.

En el espacio logístico de Dia se gestionarán alrededor de 5.000 referencias distintas de productos de gran consumo y para ello el centro cuenta con una tecnología que combina técnicas de luz y voz para guiar a los trabajadores y zonas de temperatura controlada de entre -21ºC y 12ºC que garantizan la conservación de frutas, refrigerados y productos congelados, detallaron en una nota de prensa.

La instalación incorpora paneles solares que generan cerca de un tercio del consumo de toda la planta, cámaras frigoríficas libres de gases de efecto invernadero y operará bajo el modelo 'Residuo Zero', certificando que más del 95% de los desechos generados serán reciclados, reutilizados o valorizados.

Actualmente, la actividad de la empresa representa el 0,8 por ciento tanto del Producto Interior Bruto (PIB) del empleo total en Castilla y León, Comunidad en la que trabaja con más de 100 proveedores locales. Durante 2026, la compañía prevé abrir seis nuevos establecimientos en Castilla y León, en concreto en Burgos y Valladolid.

Entre los muchos nombramientos de altos cargos y directores generales que han sido aprobados hoy en el nuevo Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox al frente de la Junta de Castilla y León, y en los que hay nuevamente abrumadora mayoría de nombres de Valladolid, destaca la presencia de una mujer leonesa designada como nueva directora general.

Se trata de María Belén Pulgar Gutiérrez. Ella ha sido la elegida por el consejero y flamante vicepresidente primero también leonés y de Vox Carlos Pollán tras el pacto alcanzado con el PP, un pacto que otorga a Alfonso Fernández Mañueco nuevamente la Presidencia de la Junta. La Consejería adscrita al vicepresidente es una de nuevo cuño, denominada Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Será de una de sus más importantes patas, precisamente la de Ayudas Sociales, de la que se encargará Pulgar Gutiérrez, que pasa así por primera vez a la primera línea política de la Comunidad a la que pertenece su provincia natal, León. El alto cargo por designación política del que tomará posesión este viernes 3 de junio es la Dirección General de Ayudas Sociales. Pero tendrá todavía mayores atribuciones, ya que se la designa además en calidad de comisionada para las Adicciones.

María Belén Pulgar Gutiérrez (León, 1967), diplomada en Trabajo Social por la Universidad de León, licenciada en Sociología por la Pontificia de Salamanca y máster en Dirección de Recursos Humanos, llega a su nueva responsabilidad en la Junta de Castilla y León proveniente de una muy dilatada trayectoria sobre todo en el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que era justo su actividad hasta la actualidad.

En Interior lleva muchos años desarrollando diferentes responsabilidades, especialmente centradas en el ámbito de la atención a víctimas del terrorismo, la gestión de ayudas sociales y la elaboración de informes técnicos. Resalta que tuvo dos recientes años de impás, 2023 y 2024, como directora general de Víctimas y Acceso a la Justicia dentro de la Consellería de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, cuya consejera por Vox era Elisa Gómez Sánchez, y siendo presidente Carlos Mazón. Dejó ese puesto al cesar ésta, en julio de 2024, apenas cuatro meses antes de la terrible dana mortal en Valencia, que le acabó costando el puesto a Salomé Pradas que acababa de estrenarse, por el PP, al frente de esa misma Consellería de Justicia e Interior.

En listas por Vox León a las generales de 2019

No sólo eso delata la vinculación política de Pulgar Gutiérrez con Vox. También, y sobre todo, el hecho de que ocupara un puesto preeminente, el segundo de la lista, en la candidatura electoral por la provincia de León de la formación de extrema derecha que lidera Abascal. Ocurrió ya en las elecciones generales de abril del año 2019.

Su experiencia profesional incluye responsabilidades en la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Dirección General de Política Interior y la Unidad de Inclusión de personas con discapacidad, todas ellas del Ministerio del Interior. Precisamente una de sus áreas más habituales partió de su tesina de diplomatura cuando estudió en León, bajo el título de ‘Las Víctimas del Terrorismo de ETA’, que fue el primer estudio de investigación social sobre víctimas del terrorismo en la Universidad leonesa hasta entonces, según recoge su currículum.

También suma trabajo social en la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Luca de Tena, el TIPAI de Madrid y el Comité Ciudadano Antisida de León (en 1992 y sobre la población joven), junto a publicaciones, ponencias y formación especializada en derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia de género, emergencias y atención social.

Su currículum recoge además formación complementaria en terrorismo, derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia sexual y de género, gestión de crisis, adopción internacional, drogodependencias y salud mental, así como publicaciones y ponencias sobre víctimas del terrorismo, emergencias, asistencia social y procesos electorales. En 2005 recibió la Cruz al Honor por su labor en defensa de los intereses sociales de las víctimas del terrorismo.

“Si la calidad del servicio no se corresponde con las circunstancias, es razonable que el peaje se reduzca de forma sustancial”. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se pronuncia en estos términos la misma semana en que se ha conocido que habrá nuevas restricciones al tráfico en la autopista León-Asturias (AP-66) hasta noviembre, en este caso derivadas de la ejecución de obras en el túnel del Negrón. “De hecho, la normativa europea va en esa dirección. Y el Gobierno (de la nación) no está actuando”, dice Fernández Carriedo, quien, sin embargo, evitó precisar si el Ejecutivo autonómico se plantea emprender acciones legales por la suspensión o la supresión del pago, algo que ya ha hecho el Principado de Asturias.

La Junta asegura que su postura es “coincidente” con la del Principado, con el que mantiene una “relación muy fluida” que extiende para asuntos vinculados al Corredor Atlántico con la Xunta de Galicia, señaló el portavoz al aludir a contactos recientes del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con sus homólogos asturiano y gallego, el socialista Adrián Barbón y el popular Alfonso Rueda, respectivamente.

No obstante, Fernández Carriedo evitó concretar si la Junta estudia adoptar medidas legales para reclamar la suspensión temporal o la supresión definitiva del polémico peaje, cuya prórroga hasta 2050 ya ha sido considerada ilegal por parte de la Comisión Europea. Asturias ya confirmó a principios de junio la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo para poner fin a estos pagos, al tiempo que impulsa medidas para reclamar su suspensión o la aplicación de mecanismos de compensación ante la “sustancial merma en la calidad del servicio provocada por las obras que se realizan en distintos puntos de la autopista”.

Lo que sí plantea la Junta al Gobierno de la nación es la creación de bonificaciones para “viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León” de manera que “puedan tener algún tipo de reducción en el coste de estos peajes”. El caso es que, con carácter general y en determinadas condiciones, el Ejecutivo central aprobó en octubre de 2024 descuentos para viajeros habituales.

El Gobierno autonómico enmarca esta última solicitud, la de bonificar a usuarios recurrentes de autopistas empadronados en Castilla y León, en un política en materia de transportes que también incluye la apuesta por la reducción del precio de los bonos de la alta velocidad ferroviario, en los tramos de obligación de servicio público, y por el uso gratuito de las líneas de autobús interurbano dentro de la comunidad a través del programa Buscyl.

Hasta noviembre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó esta semana de la ejecución de una nueva fase de los trabajos en el túnel del Negrón, que obligará a cerrar alternativamente una de las dos calzadas y a desviar toda la circulación por la otra, que funcionará con tráfico bidireccional entre los kilómetros 82,3 y 88.

La primera fase afectará a la calzada en sentido Asturias durante los meses de julio y agosto. Posteriormente, entre septiembre y noviembre, será la calzada en sentido León la que permanezca cerrada para continuar con la ejecución de las galerías del túnel del Negrón. Los desvíos estarán debidamente señalizados y permitirán mantener abierta la autopista mientras avanzan los trabajos.

Además, el Ministerio advierte de que podrán producirse cortes de carril en el resto de túneles incluidos en la actuación —Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Oblanca, Cosera y Barrios— de lunes a las 6.00 horas hasta los viernes a las 13.00 horas, siempre fuera del tramo afectado por el corte principal del Negrón.

Las obras forman parte del proyecto de modernización integral de los siete túneles de la AP-66 entre León y Campomanes, una actuación presupuestada en 76,36 millones de euros, financiada con fondos públicos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ya se iniciaron hace un año provocando cortes de carretera en verano.

Eduardo Diego, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León desde el año 2023 seguirá en el cargo con el nuevo gobierno de coalición de PP y Vox, según ha aprobado este jueves el Ejecutivo autonómico en su reunión del Consejo de Gobierno.

Diego llegó al puesto en el año 2023 sustituyendo a la expresidenta del PP de León Ester Muñoz, que salió del cargo como cabeza de lista al Congreso de los Diputados, que la ha llevado hasta ser la portavoz del partido en la principal cámara legislativa de España.

De formación y profesión periodista, que ha ejercido en medios de comunicación e instituciones del País Vasco y la provincia leonesa, Diego es funcionario de la Diputación de León desde el año 2007 tras haber sido jefe de gabinete en esa institución y el Ayuntamiento de León. Se incorporó en 2020 a la Delegación Territorial de la Junta como jefe de la Unidad de Estudios y Coordinación, puesto que ocupaba hasta su nuevo ascenso al frente de esa misma Delegación.

En su trabajo al frente de la Delegación Territorial Diego ejerce de presidente del organismo coordinador de emergencias, conocido como CECOPI, que llegó a estar tres semanas activo de forma permanente en agosto del año pasado por la oleada de incendios forestales que sufrió la provincia y calcinó más de 140.000 hectáreas y dejó cuatro fallecidos.

Tal cosa, aberrante a más no poder, es parte del mensaje que nos larga Mañueco para que los leoneses “no forniquemos, con 'j' de ajo…”

Somos incapaces de digerir lo de estar en el ente, pero nos dejamos llevar la mano, la traidora al interno sentimiento de ser leonés, hacia la urna electoral con un insensato papel, cual puñal de Guzman, para que escriban nuestras desdichas. Situación que los leoneses, y los nuestros, vamos prolongando: aberración al cuadrado.

¿Qué historia tiene esta Comunidad señor Mañueco? No se regodee en el absurdo. En Castilla y León como entidad político-administrativa impuesta, nunca hubo común hermanamiento, y lo moderno que llegará a ser ‘la historia de una imposición’, lo pretenderán explicitar algunos exégetas a sueldo, y no sin falseo de datos.

Dicho de otro modo: Pergeñando escritos de imposición estatutaria nos colocaron no de compañeros con los castellanos, sino de comparsas, usando de la inestimable colaboración de “nuestros políticos” traga sapos…

¡Sí, sí!, ¡Ñeoneses! Pero también abusando de nuestra infantil condescendencia que descansa en las sentimentales tradiciones leonesas, que parecen actuar de suavizante vaselina (regocijando el ego) cual si no tuvieran las cosas más cualidad que la festiva donde refugiarnos. ¡Algo totalmente incomprensible!

Podemos decir que la frase de Mañueco está escrita con plena malicia. ¡Pues sí! Pudo haber dicho “una Comunidad llamada Castilla y León”, pero como de este modo denotaba la dualidad regional, no interesaba para seguir machacando con lo de una historia común, ¡la de siempre!, de siglos… la de una gran falsedad territorial en busca de un pueblo único… ¡or estatutos!

Por el apoyo a la legislatura, agradecido, cambia a Pollán de cargo. El representante de Vox, que no le veo de extremista, sí de acomodaticio vivir en política, caiga quien caiga, le lleva a ejercer de vicepresidente primero.

¿Qué tipo de leonés es el señor Pollán?

Qué tipo de leonés es el señor Pollán. Pues en verdad no lo sé. Con relación a su pasado deportivo y luego directivo, todo lo que se pueda aportar no lo clasifica en las labores políticas, para las que ha exhibido un corto recorrido. Sorprende, cuando menos, que no viera en la cancha leonesa, o aún peor, no valorara que el despliegue de banderas leonesas ondeadas entre cánticos leoneses y de leoneses, estaba dentro de un proceso reivindicativo.

De una buena tacada salió presidente de las Cortes autonómicas, con escaso entrenamiento, nunca proclive a comprender lo leonés, y muestras no le faltaron. Y en lo socioeconómico no querer ver e interpretar el estado depauperado al que nos han venido abocando y luego enciscando los dos grandes partidos en el ente. Y ahora ellos, que ni creen en las autonomías, los acompañan.

Por otra parte, el señor Mañueco, en cierta ladina manera, trata de indisponer –¡Un poco más!– a los leoneses contra el actual gerifalte socialista autonómico, señor Martínez. Se emplea a fondo hurgando en la herida, al recordarle con indolente insistencia, pues va de boquilla, lo de la 'Y' que aparece en la nominación de la Comunidad y que al soriano se le atraganta. Por supuesto algo totalmente cierto… Pero no lo es menos que quien evoca y quien traga, en este caso, van de la mano... ¡Para no dejar moverse a los leoneses!

Siempre me ha llamado la atención que los leoneses no acertemos a ver plenamente esa compenetración tácita, PP-PSOE, hoy evidencia floral, que manejan para amarrarnos y hundirnos en la despersonalización y en una precariedad socioeconómica de subsistencia, cada día más palpable.

Creo interpretar fidedignamente que vivimos un estatus de orgullo autárquico, y apoyados en muestras festividades con evocaciones históricas a las que parece que pretendemos asirnos. Pero no nos engañemos en un devenir descuidado, no planeado, movidos por el sentimiento interiorizado de ser leonés.

Esto, considerado intocable para algunos, puede que indeleble permanezca, cuando más, como en un espejo. Y para otros, un paso más allá, el que siempre he considerado un –¡Vívido!– 'estado de conciencia' llamado leonesismo. Ése que, alargado en el tiempo, en la faceta política, seguirá languideciendo estacionalmente agostado, si no acertamos a liberarnos.

Lexit.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

Apenas unas horas después de inaugurar la temporada de peligro alto de incendios forestales, y apenas unos minutos tras tomar posesión el nuevo Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, bajo presidencia del popular Alfonso Álvarez Mañueco, ha habido un primer golpe de mano prioritario y sorpresa que acaba con una estructura de varios años al frente de la lucha contra los incendios forestales de Castilla y León. Todo ello después de que el pasado verano ardiera la Comunidad en extensión jamás igualada pero, sin embargo, sin que hubiera ninguna responsabilidad política por aquel desastre sin parangón histórico.

Ha bastado poco más de una hora desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, con toda su reestructuración tras el pacto reeditado de PP y Vox, para que el primer Consejo de Gobierno ya con los nuevos miembros haya acordado la creación de una nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Se trata de un área de nuevo impulso al frente del cual han nombrado a Ángel Manuel Sánchez Martín, hasta ahora en un escalafón inmediatamente interior como jefe del Servicio de Defensa/Incendios Forestales, que dependía de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta.

Sánchez, con este ascenso directo, se convierte así en el primer alto cargo técnico del nuevo organigrama de todo el Gobierno autonómico, en este caso de una Consejería de Medio Ambiente. El movimiento, muy evidente de cara a la galería, aparece como un refuerzo del mando de todo el operativo contra los siniestros forestales en las nueve provincias, cuando sin embargo en el casi último año desde el tráfico agosto de 2025 no se había adoptado reorganización alguna en la Consejería, ni mucho menos ninguna responsabilidad política ni técnica por el desastre. Un desastre que, tan sólo en la provincia de León, supuso que se calcinaran 135.500 hectáreas, con cuatro personas fallecidas y decenas de pueblos y viviendas quemados, aparte de casi el 10% de la superficie forestal arrasada. Tras meses sin cifra oficial, la Junta redujo el impacto a 112.500 hectáreas, aún así una cifra sin parangón histórico

Así, Sánchez Martín deja de ser la mano derecha del todavía director general de Patrimonio Natural en funciones, el polémico José Ángel Arranz, para situarse a su mismo nivel y descargar a este de años de responsabilidad funcionarial y política. Fueron miles las exigencias de dimisión contra Arranz y su jefe político, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios de 2025, pero Mañueco mantuvo intacta su presencia (“Sí, le apoyo”, dijo tajante) y toda la estructura. “Mi responsabilidad es el trabajo, no el abandono ni la huida”, defendió Quiñones en la única comparecencia en las Cortes, la cual tuvo que forzar la oposición en bloque, que también aprobó su reprobación parlamentaria.

Hasta hoy, primer día del nuevo Gobierno. Es decir, justo cuando en esta misma jornada Suárez-Quiñones abandonaba la cartera de Medio Ambiente, que ocupaba desde hace más de una década, al tomar posesión, por designación de Mañueco, como máximo responsable de una nueva superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. La nueva consejera medioambiental, con menos competencias que su antecesor -por ejemplo Caza o Pesca se va a una consejería de Vox- será María González Corral.

Un 'hombre de la casa'

Según a explicado la Junta en un escueto comunicado, el nombramiento que da un bandazo inicial a la Consejería, pretende “reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España”.

El nuevo responsable de este departamento específico de incendios forestales es ingeniero técnico forestal e ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid y ha desempeñado diferentes labores vinculadas con los operativos de prevención y extinción de incendios en Castilla y León desde 2003, por lo que es un 'hombre de la casa'.

Asume la Junta en su comunicado que los incendios forestales son “una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival”; y que la “intensidad, virulencia y capacidad destructiva” de los incendios “es cada vez mayor”. De ahí que se pretende “reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas”, ha añadido la Junta.

El frío Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este lunes 15 de junio de 2026 marca las pautas por las que los dos leoneses integrantes del nuevo Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ganan peso específico en el Ejecutivo que hoy mismo ha tomado posesión dentro de la XII legislatura. Se trata del modo en el que el recién reelegido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha diseñado el nuevo Gobierno de pacto de PP con Vox para dirigir los destinos de la Comunidad los próximos cuatro años, si como en los dos últimos mandatos no surge alguna ruptura abrupta.

Esos 'deberes' de Pollán y Quiñones aparecen claramente afectados por una amplia reestructuración de competencias del nuevo Ejecutivo. Una reestructuración que en general incrementan la relevancia institucional de ambos políticos, al asumir nuevas responsabilidades en dos de las áreas con mayor peso.

Pollán, que hasta ahora presidía las Cortes de Castilla y León -y por lo tanto era la segunda autoridad autonómica-, se convierte ahora en vicepresidente primero de la Junta. Pero además, asume la consejería de nueva creación llamada de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Su nombramiento le sitúa por tanto como número dos del Gobierno autonómico, puesto que ocupó en el pasado mandato Juan García-Gallardo, y le atribuye la coordinación de una de las principales apuestas de la nueva etapa política impulsada por Mañueco: la reducción de trámites administrativos y la simplificación burocrática.

Según establece el boletín, la nueva consejería asumirá además las competencias de coordinación y seguimiento de las medidas destinadas a racionalizar procedimientos administrativos, simplificar su tramitación y eliminar o reducir cargas burocráticas y gasto considerado ineficiente. Pero se matiza que estas funciones no serán exclusivas de Pollán: también tiene parecidas atribuciones la Consejería de Economía y Hacienda que sigue en manos del hombre de confianza total de Mañueco, el sempiterno Carlos Fernández Carriedo, que a su vez repetirá como portavoz del Ejecutivo.

Pollán se queda con áreas de la polémica 'Prioridad nacional'

Además, el departamento que dirigirá Pollán incorporará las competencias de Cooperación para el Desarrollo que hasta ahora dependían de la Consejería de la Presidencia, junto con todas las áreas que ya gestionaba la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que queda por lo tanto desgajada con la vicepresidencia segunda. Entre los 'poderes' que asume Pollán ahora aparecen Servicios Sociales, Juventud, Familia, Infancia y Atención a la Diversidad o Inmigración, aspectos en torno a los cuales Vox hace pivotar algunos de sus programas más polémicos, resumidos en el principio de la llamada 'Prioridad nacional' que figura además en el acto del PP de Mañueco con la formación de Santiago Abascal. Sus atribuciones se completarán con áreas como drogodependencias, inclusión social y las relaciones con el Tercer Sector Social.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones abandona la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la cual ocupaba desde hace más de una década (2015), y tras ser el epicentro político de las críticas por los incendios históricos que asolaron la Comunidad el pasado verano. Pero lejos de perder peso, ahora Mañueco no solo le mantiene sino que deja en sus manos una consejería de nueva creación: de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

El veterano dirigente leonés mantendrá las competencias que ya correspondían a la anterior Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero sumará además las relativas a universidades e investigación que hasta ahora dependían de la Consejería de Educación. De este modo, concentrará bajo un mismo departamento las políticas industriales, comerciales y laborales, junto con la planificación universitaria y la actividad investigadora de la Comunidad.

Inicio con polémica sobre el 'no' de Medicina para Ponferrada

La nueva estructura busca reforzar la conexión entre el sistema universitario y el tejido productivo de Castilla y León, integrando en una misma consejería ámbitos considerados estratégicos para la captación de inversiones, la generación de empleo cualificado y la transferencia de conocimiento, argumenta el Ejecutivo. También quedará adscrita a este departamento la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Y eso es muy relevante respecto a las nuevas titulaciones.

No en vano, esta Agencia, totalmente dependiente de la Junta, está en el epicentro de la polémica territorial tras negar a la Universidad de León su intención de implantar el nuevo grado de Medicina a medias entre el Campus de Vegazana en León y el de Ponferrada, en El Bierzo. Contra lo que adujo la Junta en principio, responsabilizando a la Universidad de León, lo cierto es que fue la Junta, a través de la mencionada Agencia, la que impuso la condición de que El Bierzo quedara al margen, como demostró ILEÓN con la documentación oficial.

Con estos cambios, dos de los principales referentes políticos leoneses dentro del Ejecutivo autonómico amplían notablemente su campo de actuación. Pollán asume la Vicepresidencia Primera con competencias transversales en desregulación administrativa y políticas sociales, mientras que Suárez-Quiñones pasa a dirigir una macroconsejería. Aunque con amplios poderes, también es cierto que al desvincularse de Medio Ambiente pierde su alta capacidad inversora y presupuestaria, ya que dejará de dirigir la sociedad pública Somacyl que en los últimos años invierte más en proyectos autonómicos en la provincia de León que los propios presupuestos ordinarios de la Junta.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha jurado este jueves por tercera vez su cargo en el hemiciclo de las Cortes, donde se ha propuesto “ilusionar” a esta Comunidad y hacerlo desde una “vocación humanista”, inspirada por el papa León XIV. “Una política que no ilusione no sirve de nada”, ha reflexionado un emocionado Mañueco en su discurso de toma de posesión, en el que ha reconocido que la colaboración, el diálogo y la concordia social que defiende el papa estos días sirven también al bien común y a “recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia”.

También el clave religiosa, el presidente ha confesado que en este acto institucional ha portado consigo una cruz que le regalaron las Madres Carmelitas del Convento de la Encarnación de Ávila, vinculado a Santa Teresa de Jesús, a quien ha citado para compartir que “para acertar es menester andar con gran determinación y no parar aunque vengan sequedades, trabajos y tentaciones, porque todo se pasa”.

“Desde esta vocación de trabajo asumo mi nueva etapa de gobierno con satisfacción, ilusión y responsabilidad”, ha añadido Mañueco, sin referencias expresas al contenido del pacto alcanzado entre el PP y Vox, más allá del agradecimiento reiterado hacia el que será su vicepresidente primero en el Ejecutivo autonómico, Carlos Pollán (Vox), a quien ha concitado para “la apasionante tarea” que les aguarda.

“Ilusión” junto a “pasión”

El presidente ha ofrecido “respuestas eficaces” a los problemas que esperan solución, “ilusión” para poner su “pasión” por esta tierra como fuente de “capacidad de trabajo y dedicación” y “responsabilidad para cumplir puntualmente un programa de gobierno” del que ha dicho que cuenta con un “gran respaldo parlamentario”.

Con referencias a los jóvenes, los mayores, los emprendedores, los autónomos, agricultores y ganaderos, trabajadores, empleados públicos y estudiantes, entre otros colectivos, Mañueco ha restado importancia a las “grandes palabras” o los “principios hermosos”, sino a su propósito de conseguir “la transformación real que supone la política cercana y tangible”.

“Es la política que no genera ruido ni confrontación estéril sino que da frutos y cumple su deber, la que convierte la gestión en hechos y la palabra en compromisos reales”, ha argumentado, convencido del valor de la política que “oye, actúa y une, la que cunde”.

Con una referencia a la obra de Julián Marías, Mañueco ha apelado a la “voluntad de ser mejor”, porque no se trata de “ser mejor que los demás”, sino “ser lo mejor posible”, convencido de que Castilla y León “no necesita reinventarse”, sino “solo creer en sí misma”.

El presidente ha llamado también a la tarea diaria a la que están convocados “todos”, porque esta Comunidad “no es obra o patrimonio de nadie”, sino que requiere de la “participación activa” de la sociedad y de los partidos políticos.

“Hoy elegimos avanzar hacia ese mañana que se construye con las manos desde el corazón, en una Castilla y León que cree, que actúa, que está en vanguardia, que mantiene hacia el futuro su liderazgo histórico en España”, ha concluido.

Invitados renombrados

Mañueco ha estado arropado por unos 300 invitados en las Cortes de Castilla y León, entre otros el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos de Asturias, Adrián Barbón; Galicia, Alfonso Rueda; de Aragón, Jorge Azcón; de Extremadura, María Guardiola; y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y los expresidentes de la Junta Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, junto a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría han sido otros de los asistentes a este acto institucional desarrollado en el hemiciclo del Parlamento autonómico.

El candidato a presidir por tercera vez la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado este martes en la sesión de investidura por dos veces al líder socialista Carlos Martínez que no pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco ha interpelido a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

El que será presidente por tercera y última vez gracias al pacto de PP y Vox insistió “Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Mañueco ha cuestionado también al líder socialista por unas declaraciones pasadas en que se preguntó si no estarían mejor los sorianos en La Rioja o Aragón. “Yo sí creo en Castilla y León, yo sí tengo un proyecto para esta comunidad, yo sí tengo la visión de futuro para nuestra tierra, que esté entre las mejores de nuestro país”.

El líder socialista no ha podido responder a Mañueco ya que no tenía ya turno de réplica al producirse el reproche al final de las casi dos horas de debate entre los dirigentes de PP y PSOE en un tono bastante áspero y que ha sido su primer enfrentamiento en el hemiciclo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ya es de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León tras recibir el voto favorable de 47 de los 82 procuradores de las Cortes autonómicas, de PP y Vox. Es la tercera ocasión en que el salmantino alcanza la confianza de la cámara legislativa tras 2019 y 2022. Y será la última vez ya que la Ley autonómica impide más de ocho años en la Presidencia de la Junta, que cumple el año que viene, aunque podrá terminar la legislatura en vigor.

Por la mañana el entonces candidato a presidir la Junta de Castilla y León ha desgranado su programa de gobierno de coalición de PP y Vox en la sesión de investidura que se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid. Mañueco ha tomado la palabra en la sesión de la mañana para defender el segundo pacto de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León tras el primero de 2022, que acabó abruptamente dos años después.

El presidente en funciones, en el cargo desde el 2019, ha agradecido a Vox su voluntad de pacto tras las elecciones del pasado mes de marzo, “Quiero expresar a este partido, a través de Carlos Pollán, todo mi reconocimiento por su voluntad de llegar a un acuerdo firme y viable”. Pero ha recordado que “somos dos partidos distintos, con las posiciones que los castellanos y leoneses conocen sobradamente”. El leonés Carlos Pollán, será el futuro vicepresidente del gobierno de coalición, tras el reparto de cargos efectuado por ambos partidos.

Mañueco ha explicado que habrá dos pilares en la acción del próximo gobierno: “El primero es seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora” y “El segundo, consolidarla como una tierra atractiva para vivir y trabajar”. Además ha dejado ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, “Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”. “Por eso, si esta Cámara me otorga su confianza, quiero contribuir a que España recupere el prestigio de la mejor política”, ha aseverado.

'Prioridad nacional'

El candidato ha defendido la 'prioridad nacional' firmada con la extrema derecha de Vox, que él entiendo como “establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”. Según Mañueco “Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender”, que defiende que es que “quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León” bajo el acatamiento de la Ley, prestando de manera general los servicios públicos esenciales y “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra Comunidad”.

En su visión “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso”.

Mañueco ha hablado en su discurso de dos de los temas que más rechazo ideológico generan a Vox: Mercosur y el Pacto Verde europeo. Sobre el paco de comercio con el bloque latinoamericano ha asegurado que, pese que el PP en el Parlamento Europeo lo apoyó, “expresamos nuestro rechazo al acuerdo con Mercosur mientras no garantice la igualdad de condiciones con los productores castellanos y leoneses”. Y sobre el Pacto Verde , impulsado por el PP europeo de Ursula Von der Layen, ha señalado que “vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”.

Mañueco presume de repunte poblacional

El presidente autonómico ha presumido del crecimiento poblacional de Castilla y León, “invirtiendo una tendencia de pérdida continuada durante mucho tiempo” pero que es desigual entre provincias con León y Zamora como las más rezagadas. Ha destacado que este incremento es posibles “debido sobre todo al aumento de la inmigración, que ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”, pese al pacto firmado con Vox con medidas contra los migrantes como limitar su asistencia sanitaria.

Ha desgranado medidas como ayudas al alquiler, incrementar un 80% la inversión en políticas de vivienda o facilitar el acceso a una hipoteca mediante avales públicos y desgravaciones, actuaciones que “seguirán teniendo el gran objetivo estratégico de corregir los desequilibrios demográficos de nuestra Comunidad”.

Incendios

En materia de incendios Mañueco ha defendido un incremento de “la superficie forestal y elaboraremos un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León” buscando “conservar y aprovechar mejor nuestros bosques, garantizar el abastecimiento de la industria forestal y conseguir unos montes mejor preparados frente a los incendios”.

Pese a la grave situación del verano pasado con decenas de miles de hectáreas arrasadas Mañueco ha defendido que “Continuamos mejorando el operativo de lucha contra incendios, el mayor de nuestra historia” y que “Todo nuestro personal laboral y funcionario trabaja ya todo el año, tal y como comprometimos”, cosa que desmienten los sindicatos en el inicio de la actual campaña.

“Quiero una Comunidad con más oportunidades, más bienestar, más igualdad, más solidaridad y más calidad de vida. Quiero, en fin, una Castilla y León orgullosa de su historia y proyectada al futuro”, ha defendido.

Para finalizar su discurso Mañueco ha señalado “Castilla y León ha avanzado durante siglos de la misma forma: Modernizando sin romper, creciendo sin olvidar, abriendo caminos sin perder nuestra identidad, mirando al futuro sin perder sus raíces. Siendo creadores”. Y ha citado al escritor leonés Luis Mateo Díez, “son los que saben impulsar la herencia como motor de la renovación”.

Reproches oposición

En el turno de tarde han llegado las intervenciones del resto de partidos con representación, con el estreno de Carlos Martínez como líder de la bancada socialista. Un largo y abrupto enfrentamiento en el que el portavoz socialista en las Cortes acusó a Alfonso Fernández Mañueco de asumir el marco ideológico de Vox y sostuvo que los verdaderos problemas de la Comunidad no son “el feminismo, los inmigrantes ni la Agenda 2030”, sino la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades que obligan a muchos jóvenes a marcharse. Durante su intervención en el debate de investidura, el líder del PSOE defendió una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos y la reindustrialización, y reprochó al candidato del PP que su discurso fuera “la transcripción” de las condiciones impuestas por Vox para garantizar su continuidad al frente de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco recurrió al debate identitario sobre el nombre de la Comunidad para atacar al líder socialista, Carlos Martínez, durante el debate de investidura. El candidato del PP reprochó al secretario autonómico del PSOE sus anteriores referencias a “Castilla-León” y llegó a pedirle desde la tribuna que repitiera “Castilla y León”, acusándole de frivolizar con una cuestión importante y de no tener claro su proyecto para la Comunidad. Mañueco también recordó unas declaraciones en las que Martínez planteó si Soria podría estar mejor integrada en otras autonomías, reivindicando frente a ello su defensa de Castilla y León. El dirigente socialista no pudo responder a estas acusaciones al haberse agotado su turno de réplica.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, cargó contra el acuerdo entre PP y Vox, al que calificó como un mero “reparto de unas sillas y poco más”, impulsado desde Madrid por las direcciones nacionales de ambos partidos. La formación leonesista considera que el pacto es un “copia y pega” de los alcanzados en otras comunidades y denuncia que no ofrece respuestas a los problemas de León, Zamora y Salamanca, al no incluir inversiones ni compromisos concretos para la Región Leonesa. Además, criticó que los presupuestos autonómicos se pospongan hasta 2027, lo que supondría prolongar otro año la ausencia de nuevas cuentas.

Vox presume de pacto

Por su parte, el líder de Vox y futuro vicepresidente, Carlos Pollán, defendió el acuerdo con el PP como una herramienta para garantizar la estabilidad política durante toda la legislatura y aplicar medidas como la denominada 'prioridad nacional', el apoyo al medio rural, la bajada de impuestos y el endurecimiento de las políticas migratorias. La formación considera que el pacto permitirá desarrollar un programa basado en la defensa de las familias, el sector primario y los pequeños municipios, además de reforzar su presencia en el Gobierno autonómico.

La portavoz del PP, Leticia García, finalizó las intervenciones asegurando que el acuerdo alcanzado “no es una rendición sino todo lo contrario” que muestra que dos partidos diferentes pueden alcanzar un acuerdo cuando anteponen a los ciudadanos a sus intereses. El PP aseguró que el pacto deja a Castilla y León “libre de sanchismo”.