Tal cosa, aberrante a más no poder, es parte del mensaje que nos larga Mañueco para que los leoneses “no forniquemos, con 'j' de ajo…”

Somos incapaces de digerir lo de estar en el ente, pero nos dejamos llevar la mano, la traidora al interno sentimiento de ser leonés, hacia la urna electoral con un insensato papel, cual puñal de Guzman, para que escriban nuestras desdichas. Situación que los leoneses, y los nuestros, vamos prolongando: aberración al cuadrado.

¿Qué historia tiene esta Comunidad señor Mañueco? No se regodee en el absurdo. En Castilla y León como entidad político-administrativa impuesta, nunca hubo común hermanamiento, y lo moderno que llegará a ser ‘la historia de una imposición’, lo pretenderán explicitar algunos exégetas a sueldo, y no sin falseo de datos.

Dicho de otro modo: Pergeñando escritos de imposición estatutaria nos colocaron no de compañeros con los castellanos, sino de comparsas, usando de la inestimable colaboración de “nuestros políticos” traga sapos…

¡Sí, sí!, ¡Ñeoneses! Pero también abusando de nuestra infantil condescendencia que descansa en las sentimentales tradiciones leonesas, que parecen actuar de suavizante vaselina (regocijando el ego) cual si no tuvieran las cosas más cualidad que la festiva donde refugiarnos. ¡Algo totalmente incomprensible!

Podemos decir que la frase de Mañueco está escrita con plena malicia. ¡Pues sí! Pudo haber dicho “una Comunidad llamada Castilla y León”, pero como de este modo denotaba la dualidad regional, no interesaba para seguir machacando con lo de una historia común, ¡la de siempre!, de siglos… la de una gran falsedad territorial en busca de un pueblo único… ¡or estatutos!

Por el apoyo a la legislatura, agradecido, cambia a Pollán de cargo. El representante de Vox, que no le veo de extremista, sí de acomodaticio vivir en política, caiga quien caiga, le lleva a ejercer de vicepresidente primero.

¿Qué tipo de leonés es el señor Pollán?

Qué tipo de leonés es el señor Pollán. Pues en verdad no lo sé. Con relación a su pasado deportivo y luego directivo, todo lo que se pueda aportar no lo clasifica en las labores políticas, para las que ha exhibido un corto recorrido. Sorprende, cuando menos, que no viera en la cancha leonesa, o aún peor, no valorara que el despliegue de banderas leonesas ondeadas entre cánticos leoneses y de leoneses, estaba dentro de un proceso reivindicativo.

De una buena tacada salió presidente de las Cortes autonómicas, con escaso entrenamiento, nunca proclive a comprender lo leonés, y muestras no le faltaron. Y en lo socioeconómico no querer ver e interpretar el estado depauperado al que nos han venido abocando y luego enciscando los dos grandes partidos en el ente. Y ahora ellos, que ni creen en las autonomías, los acompañan.

Por otra parte, el señor Mañueco, en cierta ladina manera, trata de indisponer –¡Un poco más!– a los leoneses contra el actual gerifalte socialista autonómico, señor Martínez. Se emplea a fondo hurgando en la herida, al recordarle con indolente insistencia, pues va de boquilla, lo de la 'Y' que aparece en la nominación de la Comunidad y que al soriano se le atraganta. Por supuesto algo totalmente cierto… Pero no lo es menos que quien evoca y quien traga, en este caso, van de la mano... ¡Para no dejar moverse a los leoneses!

Siempre me ha llamado la atención que los leoneses no acertemos a ver plenamente esa compenetración tácita, PP-PSOE, hoy evidencia floral, que manejan para amarrarnos y hundirnos en la despersonalización y en una precariedad socioeconómica de subsistencia, cada día más palpable.

Creo interpretar fidedignamente que vivimos un estatus de orgullo autárquico, y apoyados en muestras festividades con evocaciones históricas a las que parece que pretendemos asirnos. Pero no nos engañemos en un devenir descuidado, no planeado, movidos por el sentimiento interiorizado de ser leonés.

Esto, considerado intocable para algunos, puede que indeleble permanezca, cuando más, como en un espejo. Y para otros, un paso más allá, el que siempre he considerado un –¡Vívido!– 'estado de conciencia' llamado leonesismo. Ése que, alargado en el tiempo, en la faceta política, seguirá languideciendo estacionalmente agostado, si no acertamos a liberarnos.

Lexit.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

Apenas unas horas después de inaugurar la temporada de peligro alto de incendios forestales, y apenas unos minutos tras tomar posesión el nuevo Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, bajo presidencia del popular Alfonso Álvarez Mañueco, ha habido un primer golpe de mano prioritario y sorpresa que acaba con una estructura de varios años al frente de la lucha contra los incendios forestales de Castilla y León. Todo ello después de que el pasado verano ardiera la Comunidad en extensión jamás igualada pero, sin embargo, sin que hubiera ninguna responsabilidad política por aquel desastre sin parangón histórico.

Ha bastado poco más de una hora desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, con toda su reestructuración tras el pacto reeditado de PP y Vox, para que el primer Consejo de Gobierno ya con los nuevos miembros haya acordado la creación de una nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Se trata de un área de nuevo impulso al frente del cual han nombrado a Ángel Manuel Sánchez Martín, hasta ahora en un escalafón inmediatamente interior como jefe del Servicio de Defensa/Incendios Forestales, que dependía de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta.

Sánchez, con este ascenso directo, se convierte así en el primer alto cargo técnico del nuevo organigrama de todo el Gobierno autonómico, en este caso de una Consejería de Medio Ambiente. El movimiento, muy evidente de cara a la galería, aparece como un refuerzo del mando de todo el operativo contra los siniestros forestales en las nueve provincias, cuando sin embargo en el casi último año desde el tráfico agosto de 2025 no se había adoptado reorganización alguna en la Consejería, ni mucho menos ninguna responsabilidad política ni técnica por el desastre. Un desastre que, tan sólo en la provincia de León, supuso que se calcinaran 135.500 hectáreas, con cuatro personas fallecidas y decenas de pueblos y viviendas quemados, aparte de casi el 10% de la superficie forestal arrasada. Tras meses sin cifra oficial, la Junta redujo el impacto a 112.500 hectáreas, aún así una cifra sin parangón histórico

Así, Sánchez Martín deja de ser la mano derecha del todavía director general de Patrimonio Natural en funciones, el polémico José Ángel Arranz, para situarse a su mismo nivel y descargar a este de años de responsabilidad funcionarial y política. Fueron miles las exigencias de dimisión contra Arranz y su jefe político, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios de 2025, pero Mañueco mantuvo intacta su presencia (“Sí, le apoyo”, dijo tajante) y toda la estructura. “Mi responsabilidad es el trabajo, no el abandono ni la huida”, defendió Quiñones en la única comparecencia en las Cortes, la cual tuvo que forzar la oposición en bloque, que también aprobó su reprobación parlamentaria.

Hasta hoy, primer día del nuevo Gobierno. Es decir, justo cuando en esta misma jornada Suárez-Quiñones abandonaba la cartera de Medio Ambiente, que ocupaba desde hace más de una década, al tomar posesión, por designación de Mañueco, como máximo responsable de una nueva superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. La nueva consejera medioambiental, con menos competencias que su antecesor -por ejemplo Caza o Pesca se va a una consejería de Vox- será María González Corral.

Un 'hombre de la casa'

Según a explicado la Junta en un escueto comunicado, el nombramiento que da un bandazo inicial a la Consejería, pretende “reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España”.

El nuevo responsable de este departamento específico de incendios forestales es ingeniero técnico forestal e ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid y ha desempeñado diferentes labores vinculadas con los operativos de prevención y extinción de incendios en Castilla y León desde 2003, por lo que es un 'hombre de la casa'.

Asume la Junta en su comunicado que los incendios forestales son “una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival”; y que la “intensidad, virulencia y capacidad destructiva” de los incendios “es cada vez mayor”. De ahí que se pretende “reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas”, ha añadido la Junta.

El frío Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este lunes 15 de junio de 2026 marca las pautas por las que los dos leoneses integrantes del nuevo Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ganan peso específico en el Ejecutivo que hoy mismo ha tomado posesión dentro de la XII legislatura. Se trata del modo en el que el recién reelegido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha diseñado el nuevo Gobierno de pacto de PP con Vox para dirigir los destinos de la Comunidad los próximos cuatro años, si como en los dos últimos mandatos no surge alguna ruptura abrupta.

Esos 'deberes' de Pollán y Quiñones aparecen claramente afectados por una amplia reestructuración de competencias del nuevo Ejecutivo. Una reestructuración que en general incrementan la relevancia institucional de ambos políticos, al asumir nuevas responsabilidades en dos de las áreas con mayor peso.

Pollán, que hasta ahora presidía las Cortes de Castilla y León -y por lo tanto era la segunda autoridad autonómica-, se convierte ahora en vicepresidente primero de la Junta. Pero además, asume la consejería de nueva creación llamada de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Su nombramiento le sitúa por tanto como número dos del Gobierno autonómico, puesto que ocupó en el pasado mandato Juan García-Gallardo, y le atribuye la coordinación de una de las principales apuestas de la nueva etapa política impulsada por Mañueco: la reducción de trámites administrativos y la simplificación burocrática.

Según establece el boletín, la nueva consejería asumirá además las competencias de coordinación y seguimiento de las medidas destinadas a racionalizar procedimientos administrativos, simplificar su tramitación y eliminar o reducir cargas burocráticas y gasto considerado ineficiente. Pero se matiza que estas funciones no serán exclusivas de Pollán: también tiene parecidas atribuciones la Consejería de Economía y Hacienda que sigue en manos del hombre de confianza total de Mañueco, el sempiterno Carlos Fernández Carriedo, que a su vez repetirá como portavoz del Ejecutivo.

Pollán se queda con áreas de la polémica 'Prioridad nacional'

Además, el departamento que dirigirá Pollán incorporará las competencias de Cooperación para el Desarrollo que hasta ahora dependían de la Consejería de la Presidencia, junto con todas las áreas que ya gestionaba la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que queda por lo tanto desgajada con la vicepresidencia segunda. Entre los 'poderes' que asume Pollán ahora aparecen Servicios Sociales, Juventud, Familia, Infancia y Atención a la Diversidad o Inmigración, aspectos en torno a los cuales Vox hace pivotar algunos de sus programas más polémicos, resumidos en el principio de la llamada 'Prioridad nacional' que figura además en el acto del PP de Mañueco con la formación de Santiago Abascal. Sus atribuciones se completarán con áreas como drogodependencias, inclusión social y las relaciones con el Tercer Sector Social.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones abandona la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la cual ocupaba desde hace más de una década (2015), y tras ser el epicentro político de las críticas por los incendios históricos que asolaron la Comunidad el pasado verano. Pero lejos de perder peso, ahora Mañueco no solo le mantiene sino que deja en sus manos una consejería de nueva creación: de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

El veterano dirigente leonés mantendrá las competencias que ya correspondían a la anterior Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero sumará además las relativas a universidades e investigación que hasta ahora dependían de la Consejería de Educación. De este modo, concentrará bajo un mismo departamento las políticas industriales, comerciales y laborales, junto con la planificación universitaria y la actividad investigadora de la Comunidad.

Inicio con polémica sobre el 'no' de Medicina para Ponferrada

La nueva estructura busca reforzar la conexión entre el sistema universitario y el tejido productivo de Castilla y León, integrando en una misma consejería ámbitos considerados estratégicos para la captación de inversiones, la generación de empleo cualificado y la transferencia de conocimiento, argumenta el Ejecutivo. También quedará adscrita a este departamento la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Y eso es muy relevante respecto a las nuevas titulaciones.

No en vano, esta Agencia, totalmente dependiente de la Junta, está en el epicentro de la polémica territorial tras negar a la Universidad de León su intención de implantar el nuevo grado de Medicina a medias entre el Campus de Vegazana en León y el de Ponferrada, en El Bierzo. Contra lo que adujo la Junta en principio, responsabilizando a la Universidad de León, lo cierto es que fue la Junta, a través de la mencionada Agencia, la que impuso la condición de que El Bierzo quedara al margen, como demostró ILEÓN con la documentación oficial.

Con estos cambios, dos de los principales referentes políticos leoneses dentro del Ejecutivo autonómico amplían notablemente su campo de actuación. Pollán asume la Vicepresidencia Primera con competencias transversales en desregulación administrativa y políticas sociales, mientras que Suárez-Quiñones pasa a dirigir una macroconsejería. Aunque con amplios poderes, también es cierto que al desvincularse de Medio Ambiente pierde su alta capacidad inversora y presupuestaria, ya que dejará de dirigir la sociedad pública Somacyl que en los últimos años invierte más en proyectos autonómicos en la provincia de León que los propios presupuestos ordinarios de la Junta.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha jurado este jueves por tercera vez su cargo en el hemiciclo de las Cortes, donde se ha propuesto “ilusionar” a esta Comunidad y hacerlo desde una “vocación humanista”, inspirada por el papa León XIV. “Una política que no ilusione no sirve de nada”, ha reflexionado un emocionado Mañueco en su discurso de toma de posesión, en el que ha reconocido que la colaboración, el diálogo y la concordia social que defiende el papa estos días sirven también al bien común y a “recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia”.

También el clave religiosa, el presidente ha confesado que en este acto institucional ha portado consigo una cruz que le regalaron las Madres Carmelitas del Convento de la Encarnación de Ávila, vinculado a Santa Teresa de Jesús, a quien ha citado para compartir que “para acertar es menester andar con gran determinación y no parar aunque vengan sequedades, trabajos y tentaciones, porque todo se pasa”.

“Desde esta vocación de trabajo asumo mi nueva etapa de gobierno con satisfacción, ilusión y responsabilidad”, ha añadido Mañueco, sin referencias expresas al contenido del pacto alcanzado entre el PP y Vox, más allá del agradecimiento reiterado hacia el que será su vicepresidente primero en el Ejecutivo autonómico, Carlos Pollán (Vox), a quien ha concitado para “la apasionante tarea” que les aguarda.

“Ilusión” junto a “pasión”

El presidente ha ofrecido “respuestas eficaces” a los problemas que esperan solución, “ilusión” para poner su “pasión” por esta tierra como fuente de “capacidad de trabajo y dedicación” y “responsabilidad para cumplir puntualmente un programa de gobierno” del que ha dicho que cuenta con un “gran respaldo parlamentario”.

Con referencias a los jóvenes, los mayores, los emprendedores, los autónomos, agricultores y ganaderos, trabajadores, empleados públicos y estudiantes, entre otros colectivos, Mañueco ha restado importancia a las “grandes palabras” o los “principios hermosos”, sino a su propósito de conseguir “la transformación real que supone la política cercana y tangible”.

“Es la política que no genera ruido ni confrontación estéril sino que da frutos y cumple su deber, la que convierte la gestión en hechos y la palabra en compromisos reales”, ha argumentado, convencido del valor de la política que “oye, actúa y une, la que cunde”.

Con una referencia a la obra de Julián Marías, Mañueco ha apelado a la “voluntad de ser mejor”, porque no se trata de “ser mejor que los demás”, sino “ser lo mejor posible”, convencido de que Castilla y León “no necesita reinventarse”, sino “solo creer en sí misma”.

El presidente ha llamado también a la tarea diaria a la que están convocados “todos”, porque esta Comunidad “no es obra o patrimonio de nadie”, sino que requiere de la “participación activa” de la sociedad y de los partidos políticos.

“Hoy elegimos avanzar hacia ese mañana que se construye con las manos desde el corazón, en una Castilla y León que cree, que actúa, que está en vanguardia, que mantiene hacia el futuro su liderazgo histórico en España”, ha concluido.

Invitados renombrados

Mañueco ha estado arropado por unos 300 invitados en las Cortes de Castilla y León, entre otros el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos de Asturias, Adrián Barbón; Galicia, Alfonso Rueda; de Aragón, Jorge Azcón; de Extremadura, María Guardiola; y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y los expresidentes de la Junta Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, junto a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría han sido otros de los asistentes a este acto institucional desarrollado en el hemiciclo del Parlamento autonómico.

El candidato a presidir por tercera vez la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado este martes en la sesión de investidura por dos veces al líder socialista Carlos Martínez que no pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco ha interpelido a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

El que será presidente por tercera y última vez gracias al pacto de PP y Vox insistió “Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Mañueco ha cuestionado también al líder socialista por unas declaraciones pasadas en que se preguntó si no estarían mejor los sorianos en La Rioja o Aragón. “Yo sí creo en Castilla y León, yo sí tengo un proyecto para esta comunidad, yo sí tengo la visión de futuro para nuestra tierra, que esté entre las mejores de nuestro país”.

El líder socialista no ha podido responder a Mañueco ya que no tenía ya turno de réplica al producirse el reproche al final de las casi dos horas de debate entre los dirigentes de PP y PSOE en un tono bastante áspero y que ha sido su primer enfrentamiento en el hemiciclo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ya es de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León tras recibir el voto favorable de 47 de los 82 procuradores de las Cortes autonómicas, de PP y Vox. Es la tercera ocasión en que el salmantino alcanza la confianza de la cámara legislativa tras 2019 y 2022. Y será la última vez ya que la Ley autonómica impide más de ocho años en la Presidencia de la Junta, que cumple el año que viene, aunque podrá terminar la legislatura en vigor.

Por la mañana el entonces candidato a presidir la Junta de Castilla y León ha desgranado su programa de gobierno de coalición de PP y Vox en la sesión de investidura que se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid. Mañueco ha tomado la palabra en la sesión de la mañana para defender el segundo pacto de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León tras el primero de 2022, que acabó abruptamente dos años después.

El presidente en funciones, en el cargo desde el 2019, ha agradecido a Vox su voluntad de pacto tras las elecciones del pasado mes de marzo, “Quiero expresar a este partido, a través de Carlos Pollán, todo mi reconocimiento por su voluntad de llegar a un acuerdo firme y viable”. Pero ha recordado que “somos dos partidos distintos, con las posiciones que los castellanos y leoneses conocen sobradamente”. El leonés Carlos Pollán, será el futuro vicepresidente del gobierno de coalición, tras el reparto de cargos efectuado por ambos partidos.

Mañueco ha explicado que habrá dos pilares en la acción del próximo gobierno: “El primero es seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora” y “El segundo, consolidarla como una tierra atractiva para vivir y trabajar”. Además ha dejado ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, “Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”. “Por eso, si esta Cámara me otorga su confianza, quiero contribuir a que España recupere el prestigio de la mejor política”, ha aseverado.

'Prioridad nacional'

El candidato ha defendido la 'prioridad nacional' firmada con la extrema derecha de Vox, que él entiendo como “establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”. Según Mañueco “Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender”, que defiende que es que “quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León” bajo el acatamiento de la Ley, prestando de manera general los servicios públicos esenciales y “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra Comunidad”.

En su visión “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso”.

Mañueco ha hablado en su discurso de dos de los temas que más rechazo ideológico generan a Vox: Mercosur y el Pacto Verde europeo. Sobre el paco de comercio con el bloque latinoamericano ha asegurado que, pese que el PP en el Parlamento Europeo lo apoyó, “expresamos nuestro rechazo al acuerdo con Mercosur mientras no garantice la igualdad de condiciones con los productores castellanos y leoneses”. Y sobre el Pacto Verde , impulsado por el PP europeo de Ursula Von der Layen, ha señalado que “vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”.

Mañueco presume de repunte poblacional

El presidente autonómico ha presumido del crecimiento poblacional de Castilla y León, “invirtiendo una tendencia de pérdida continuada durante mucho tiempo” pero que es desigual entre provincias con León y Zamora como las más rezagadas. Ha destacado que este incremento es posibles “debido sobre todo al aumento de la inmigración, que ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”, pese al pacto firmado con Vox con medidas contra los migrantes como limitar su asistencia sanitaria.

Ha desgranado medidas como ayudas al alquiler, incrementar un 80% la inversión en políticas de vivienda o facilitar el acceso a una hipoteca mediante avales públicos y desgravaciones, actuaciones que “seguirán teniendo el gran objetivo estratégico de corregir los desequilibrios demográficos de nuestra Comunidad”.

Incendios

En materia de incendios Mañueco ha defendido un incremento de “la superficie forestal y elaboraremos un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León” buscando “conservar y aprovechar mejor nuestros bosques, garantizar el abastecimiento de la industria forestal y conseguir unos montes mejor preparados frente a los incendios”.

Pese a la grave situación del verano pasado con decenas de miles de hectáreas arrasadas Mañueco ha defendido que “Continuamos mejorando el operativo de lucha contra incendios, el mayor de nuestra historia” y que “Todo nuestro personal laboral y funcionario trabaja ya todo el año, tal y como comprometimos”, cosa que desmienten los sindicatos en el inicio de la actual campaña.

“Quiero una Comunidad con más oportunidades, más bienestar, más igualdad, más solidaridad y más calidad de vida. Quiero, en fin, una Castilla y León orgullosa de su historia y proyectada al futuro”, ha defendido.

Para finalizar su discurso Mañueco ha señalado “Castilla y León ha avanzado durante siglos de la misma forma: Modernizando sin romper, creciendo sin olvidar, abriendo caminos sin perder nuestra identidad, mirando al futuro sin perder sus raíces. Siendo creadores”. Y ha citado al escritor leonés Luis Mateo Díez, “son los que saben impulsar la herencia como motor de la renovación”.

Reproches oposición

En el turno de tarde han llegado las intervenciones del resto de partidos con representación, con el estreno de Carlos Martínez como líder de la bancada socialista. Un largo y abrupto enfrentamiento en el que el portavoz socialista en las Cortes acusó a Alfonso Fernández Mañueco de asumir el marco ideológico de Vox y sostuvo que los verdaderos problemas de la Comunidad no son “el feminismo, los inmigrantes ni la Agenda 2030”, sino la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades que obligan a muchos jóvenes a marcharse. Durante su intervención en el debate de investidura, el líder del PSOE defendió una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos y la reindustrialización, y reprochó al candidato del PP que su discurso fuera “la transcripción” de las condiciones impuestas por Vox para garantizar su continuidad al frente de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco recurrió al debate identitario sobre el nombre de la Comunidad para atacar al líder socialista, Carlos Martínez, durante el debate de investidura. El candidato del PP reprochó al secretario autonómico del PSOE sus anteriores referencias a “Castilla-León” y llegó a pedirle desde la tribuna que repitiera “Castilla y León”, acusándole de frivolizar con una cuestión importante y de no tener claro su proyecto para la Comunidad. Mañueco también recordó unas declaraciones en las que Martínez planteó si Soria podría estar mejor integrada en otras autonomías, reivindicando frente a ello su defensa de Castilla y León. El dirigente socialista no pudo responder a estas acusaciones al haberse agotado su turno de réplica.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, cargó contra el acuerdo entre PP y Vox, al que calificó como un mero “reparto de unas sillas y poco más”, impulsado desde Madrid por las direcciones nacionales de ambos partidos. La formación leonesista considera que el pacto es un “copia y pega” de los alcanzados en otras comunidades y denuncia que no ofrece respuestas a los problemas de León, Zamora y Salamanca, al no incluir inversiones ni compromisos concretos para la Región Leonesa. Además, criticó que los presupuestos autonómicos se pospongan hasta 2027, lo que supondría prolongar otro año la ausencia de nuevas cuentas.

Vox presume de pacto

Por su parte, el líder de Vox y futuro vicepresidente, Carlos Pollán, defendió el acuerdo con el PP como una herramienta para garantizar la estabilidad política durante toda la legislatura y aplicar medidas como la denominada 'prioridad nacional', el apoyo al medio rural, la bajada de impuestos y el endurecimiento de las políticas migratorias. La formación considera que el pacto permitirá desarrollar un programa basado en la defensa de las familias, el sector primario y los pequeños municipios, además de reforzar su presencia en el Gobierno autonómico.

La portavoz del PP, Leticia García, finalizó las intervenciones asegurando que el acuerdo alcanzado “no es una rendición sino todo lo contrario” que muestra que dos partidos diferentes pueden alcanzar un acuerdo cuando anteponen a los ciudadanos a sus intereses. El PP aseguró que el pacto deja a Castilla y León “libre de sanchismo”.

Este martes las Cortes de Castilla y León otorgarán su confianza al Alfonso Fernández Mañueco para ser investido presidente de la Junta por tercera vez, tras 2019 y 2022, en la que será la última ocasión. Una norma aprobada a instancias de Ciudadanos en el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita la duración de los mandatos presidenciales autonómicos a ocho años, que cumplirá el que viene Mañueco así que salvo modificación de la norma será su último mandato.

PP y Vox otorgarán sus votos al salmantino para conformar su cuarto gobierno, tras los de coalición con Ciudadanos que rompió abruptamente para adelantar elecciones, el de coalición con Vox que duró dos años y el último del PP en solitario que ha durado otros dos. Llega otra coalición con la extrema derecha tras unas largas negociaciones que han reconfigurado la estructura de poder habitual de la Junta de Castilla y León por las peticiones de poder de Vox.

La incógnita en los círculo de poder leoneses es cuál será el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo de coalición. En general la provincia ya ha perdido peso en las Cortes autonómicas al pasar de un presidente y el secretario primero a una vicepresidenta, que recae en la socialista leonesa Nuria Rubio, y de tener solo el portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego.

El debate de un consejero por provincia, una antigua estrategia del PP, se superó por las coaliciones aunque la incógnita del peso específico siempre está sobre la mesa, y más en León por su singular relación con el gobierno autonómico. Carlos Pollán es el primer nombre leonés que garantiza representatividad, aunque a través del partido que sostenía defender el fin de las comunidades autónomas aunque ahora sean su principal puntar de poder. Pollán será el vicepresidente primero del Gobierno de Mañueco con funciones tras la negativa experiencia con Juan García-Gallardo aunque todavía no han desvelado cuál de las tres carteras de Vox ocupará: si Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura; Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o Cultura, Turismo y Deporte, por la que más afinidad tienen Pollán por su vinculación con el Ademar.

La otra incógnita es el nombre leonés en el Ejecutivo de Mañueco por parte del Partido Popular. En el partido dan por hecho que Juan Carlos Suárez-Quiñones se mantendrá en el Gobierno autonómico al que llegó en el año 2015 pero todas las apuestas son que no con sus funciones actuales de Medio Ambiente. Primero porque legalmente no puede mantenerse como consejero del mismo ramo durante más de dos mandatos, otra norma emanada de Ciudadanos, aunque un simple cambio de nombre y alguna agregación o salida de funciones permiten que pueda ser casi igual. Segundo porque el pacto con Vox ha desgajado la Política Ambiental de la pura gestión ambiental, lo que ya convierte la actual consejería en inviable.

El presidente Mañueco no quiso hablar de nombres en la firma del pacto de PP y Vox al ser preguntado específicamente sobre la continuidad de Quiñones en el gobierno y en materia medioambiental, tras ser el miembro más criticado por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Pese a ello Mañueco le mantuvo su plena confianza y no movió un solo nombre de la consejería, de Quiñones para abajo, pese a las críticas. Y electoralmente le salió bien, incluso ganando votos en las zonas quemadas.

Desde Presidencia a la nueva consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que Mañueco se olvidó de mencionar en la firma del pacto, el habitual baile de nombres asociados a consejerías ha comenzado. Suárez-Quiñones sigue siendo presidente interino del PP de León, una situación provisional que se alarga ya un año y que el partido deberá solventar al igual que el congreso autonómico donde puede haber pistas sobre el futuro sin Mañueco.

Suárez-Quiñones tiene, además, a su favor para seguir que ha quedado exonerado de todas las cuestiones que sobrevolaban alrededor de su gestión por posible falta de ética, que ni la Justicia ni la Comisión de Ética autonómica han considerado de relevancia, archivando los asuntos que se le reprochaban.

El Partido Popular y Vox ya tienen un acuerdo de gobierno en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán sellaron este miércoles el documento base para que será el segundo gobierno de la derecha y la extrema derecha en la comunidad autónoma, tras el experimento de 2022-2024 que acabó saltando por los aires por la acogida de menores no acompañados.

El documento, además de incluir una gran cesión a medidas xenófobas de Vox, recoge otro tipo de compromisos, algunos más o menos etéreos, y un llamativo apartado titulado 'Infraestructuras del Estado en Castilla y Leon', es decir, medidas que solo se pueden adoptar si uno o los dos partidos llegan a La Moncloa. Y si después las ejecutan. Son ocho páginas que recogen

Para la provincia de León destacan de forma concreta trece promesas, más algunas otras expresadas de forma general que también tendrían acepción. Casi un compendio de promesas electorales de cara a la próxima cita electoral de las Generales y, por tanto, promesas a las que se comprometen ambos partidos y que comprometen a sus líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Varias de las medidas son clásicos de infraestructuras que llevan años enfangandas en algún cajón ministerial y que salen a flote en campañas electorales o en ocasiones de enfrentamientos políticos.

En materías de carreteras PP y Vox se comprometen en León a “finalizar” la autovía A-60 León-Valladolid y la A-76 Ponferrada-Oursense, esta última sin empezar todavía pero con un primer tramo en licitación. Además contemplan el impulso a la construcción de la Ronda Sur de Ponferrada y rematar la circunvalación de León. El plazo: “desde el arranque del Gobierno”.

También en materia de carreteras PP y Vox señalan que pedirán que “se ejecute sin dilación la Decisión de la Comisión de la UE de anular la prórroga de la concesión” de la autopista León-Campomanes AP-66. Actualmente el asunto está en manos del Tribunal de Justicia de la UE tras un recurso del Gobierno de España. Fue un gobierno del PP el que prorrogó el peaje hasta el año 2050, cuestionado por infrinjir la normativa de contratación europea.

La otra medida en materia de autopistas es que se apliquen las bonificaciones de la autopista del Atlántico AP-9 en varios peajes de la comunidad, entre ellos tanto en a AP-71 León-Astorga como la conexión con Asturias. Actualmente hay bonificaciones en Galicia con descuentos de hasta el 100% por retorno en 24 horas y rebajas del 50% por uso recurrente y para vehículos pesados.

Materia ferroviaria

Las otras grandes promesas de PP y Vox son en materia ferroviaria. Entre ellas aseguran que tendrá lugar la “Reapertura de la Ruta de la Plata en sus tramos Plasencia-Salamanca-Zamora-Benavente-Astorga”. Cerrada por el Gobierno de Felipe González en 1985, su reapertura, o no, está pendiente de un informe de viabilidad del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Además los dos partidos se comprometen a “abordar de forma urgente el paso del nudo del Manzanal (León)”, también pendiente de un estudio de viabilidad del Ministerio del político vallisoletano. Ambos informes han superado los plazos iniciales para su presentación.

De forma genérica PP y Vox aseguran dar “apoyo a los soterramientos del ferrocarril en Valladolid, Palencia y León, entre otros”. Sin detalle específico, el único soterramiento en León con demanda social es del Trobajo del Camino, descartado por el Ministerio pero todavía en petición por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Si se refieren a este, claro.

En materia logística PP y Vox impulsarán el “Desarrollo de Plataformas Intermodales de interés para Castilla y León”, mencionando de forma expresa la “Plataforma logística intermodal Torneros-Grulleros”, que actualmente sigue sin desarrollarse pese a ser una promesa de la época de Zapatero en 2007 y que ya tiene casi todo para meter las obras, que no arrancan. Además mencionan también otro “en Ponferrada, para la mejora del transporte de mercancías en la zona del noroeste”.

Otros clásicos de promesas son la mejora del ferrocarril de vía estrecha, ahora ancho métrico y antes Feve, comprometiéndose a “renovar los trenes y bonificar los trayectos en Castilla y León al igual que en Asturias y Cantabria” y “Mejorar las infraestructuras y que el tren de vía estrecha llegue hasta el centro de la ciudad de León”. Una batalla con un fuerte arraigo social, con manifestaciones masivas incluidas, pero que el Ministerio actual ha descartado y prefiere poner un autobús en el tramo urbano.

También firman PP y Vox que pedirán la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) de todas las líneas de alta velocidad y el tramo León-Madrid en concreto. Como no existe esa declaración los abonos del Ministerio de Transportes y las subvenciones de uso de la Junta de Castilla y León no se aplican a los usuarios de ese trayecto.

La derecha y la extrema derecha han firmado además otros compromisos inherentes al Gobierno de España como refuerzo de redes eléctricas o incrementar la regulación de la Cuenca del Duero, el eufemismo habitual para hablar de más pantanos, aunque no se especifica. También pide “asignación de fondos nacionales para la modernización de regadíos” en las provincias de Castilla y León sin dar detalle de la afección concreta de las 50.000 hectáreas que señalan como pendientes sin fondos.

Un párrafo para la infraestructuras autonómicas

En contraposición con las enormes peticiones de infraestructuras al Gobierno de España las autonómicas, que sí dependen del futuro gobierno de Castilla y León, ocupan apenas un párrafo frente a las ocho páginas de las estatales.

En concreto lo resumen así “Avanzaremos en la planificación estratégica de la red autonómica de carreteras con actuaciones de mejora del trazado y anchura de las carreteras, prestando especial atención a la renovación de firmes para que los desplazamientos sean más seguros y cómodos”.

Cabe recordar que hasta el año 2020 la Junta de Castilla y León tuvo en vigor un Plan Regional de Carreteras 2008-2020, en el que se incluían hasta 400 kilómetros de nuevas autovías en las nueve provincias menos Zamora, a ejecutar por el Ejecutivo autonómico. No consta que se haya realizado ni un solo kilómetro hasta la fecha. Ni PP ni Vox se han acordado de esas promesas en su nuevo acuerdo de Gobierno.

Dos meses y medio después de las elecciones autonómicas, el presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder del partido de extrema derecha Vox en Castilla y León, el leonés Carlos Pollán, escenificaron este miércoles en el vestíbulo de las Cortes el acuerdo de Gobierno alcanzado in extremis en las últimas horas entre ambas formaciones. El pacto, cerrado 80 días después de los comicios, consta de “19 ejes, 324 medidas y 62 páginas” y, aseveran, “garantiza la estabilidad del Ejecutivo autonómico durante los próximos cuatro años”.

Mañueco defendió que se trata de “un día bueno para Castilla y León” porque el acuerdo, afirmó, responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por los ciudadanos el pasado 15 de marzo y “piensa en el futuro de las personas de nuestra tierra”. Según explicó, el documento aborda cuestiones relacionadas con el crecimiento económico, el empleo, el apoyo a jóvenes, mayores y familias, así como medidas vinculadas al medio rural, la agricultura y la ganadería. El candidato 'popular' adelantó además que el debate de investidura se celebrará, previsiblemente, la próxima semana.

Por su parte, Pollán celebró el entendimiento alcanzado con el PP que devuelve a Vox al Gobierno de la institución autonómica y aseguró que supondrá “un gran impulso” para las políticas de la Comunidad. Destacó especialmente las medidas relacionadas con vivienda, ayudas sociales, simplificación administrativa y el denominado “plan de choque” contra las políticas migratorias del Gobierno central. El líder de Vox incidió además en la denominada “prioridad nacional”, que plantea una asignación preferente de recursos públicos para las personas con “arraigo real, verificable y efectivo”.

El acuerdo contempla una Vicepresidencia Primera para Vox, que esta vez tendrá cartera, y tres Consejerías. El partido de extrema derecha asumirá de nuevo las áreas de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte, y suma una nueva, de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. La Vicepresidencia Segunda recaerá en el PP, que además asumirá competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

El resto de carteras, que gestionará el PP, serán la Consejería de la Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda; la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio; la Consejería de Sanidad y Bienestar Social; la Consejería de Educación; la Consejería de Medio Ambiente y Energía; y la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Durante la comparecencia, tanto Mañueco como Pollán intercambiaron elogios por el desarrollo de las negociaciones. El dirigente de Vox agradeció reiteradamente la “predisposición al diálogo” del candidato 'popular' y destacó el carácter “cordial” y “fluido” de las conversaciones mantenidas durante las últimas semanas. Mañueco, por su parte, insistió en que ambas formaciones habían sabido interpretar el mandato de las urnas y alcanzar un acuerdo que proporciona estabilidad a la Comunidad.

Entre las pocas medidas que avanzaron antes de la difusión íntegra del acuerdo figura un “plan de choque contra las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez”, que tampoco especificaron, pero que viene siendo una de las reivindicaciones históricas de Vox y que el partido presentó como uno de los pilares del acuerdo con el PP en Castilla y León y el resto de territorios en los que cogobernarán.

El acuerdo, muy similar al alcanzado en comunidades como Extremadura y Aragón, confirma además la plena asunción por parte del PP de algunos de los planteamientos impulsados por Vox en materia migratoria, un terreno en el que ambas formaciones escenificaron una coincidencia total durante la comparecencia, de manera similar que ocurrió a la presentación del anterior acuerdo del PP con Vox que terminó rompiéndose.

El texto, de más de sesenta páginas, que se envió a los medios de comunicación después de la breve comparecencia de Mañueco y Pollán, solo recoge cuatro veces la palabra “mujer”. Una de ellas como una de las primeras medidas que tomará el Gobierno de coalición PP-Vox, prohibir el “uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar en espacios públicos”, porque, argumentan, “no se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”. Las otras tres referencias son sobre beneficios fiscales a “víctimas de violencia contra la mujer” y políticas activas de empleo con otros “colectivos con mayores dificultades de empleabilidad como los jóvenes, personas con discapacidad, parados de larga duración, mayores de 45 años”.

En este pacto, no aparece mención alguna a la equiparación de 'todas las violencias' que machaconamente repetía el anterior líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, si bien tampoco se refieren a la violencia machista como tal.

La palabra igualdad aparece referenciada hasta en una decena de ocasiones, pero no como igualdad entre hombres y mujeres, sino siempre como igualdad “de oportunidades en todo el territorio”, en cuestiones de salud, de agricultura, “de acceso a un servicio básido de la TDT” o a las bonificaciones de uso del transporte público.

La totalidad de los sindicatos con representación en la educación denuncian el “bloqueo de información” por parte del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Educación de la Junta sobre las inversiones y obras previstas en colegios públicos, al tiempo que censuran que la capital leonesa sí cuenta con un acuerdo bilateral específico con la Junta, aunque se anunciaba en forma de protocolo preelectoral, mientras el resto de municipios de la provincia no dispone de compromisos similares de financiación educativa.

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León, el órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, asegura haber solicitado reuniones tanto al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), como al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León (PP), sin haber obtenido respuesta. También pidió un encuentro con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien sí mantuvo una reunión el pasado 8 de mayo para conocer las actuaciones previstas este verano en los centros educativos del tercer municipio de la provincia.

La reclamación de la Junta de Personal se produce meses después del anuncio realizado en diciembre de 2025 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, que firmaron un protocolo de colaboración -aún no materializado en otro acuerdo firme- para invertir dos millones de euros anuales, aportados al 50% entre ambas administraciones, en la mejora y mantenimiento de colegios públicos de la capital leonesa durante cuatro años prorrogables. El acuerdo se presentó entonces como “el inicio de una colaboración permanente” para beneficiar a unos 4.500 alumnos de Infantil y Primaria.

“Ninguna información”

Sin embargo, los representantes del profesorado sostienen que, medio año después, “no ha trascendido ninguna información” sobre el plan de actuación ni sobre el listado de obras previstas en León. La Junta de Personal subraya además que ese convenio singular sitúa a la capital en una posición diferenciada respecto al resto de la provincia, donde no existen acuerdos equivalentes ni inversiones garantizadas para los centros educativos públicos.

“Mientras León tiene comprometidos sobre el papel dos millones anuales cuya distribución sigue sin aclararse, el resto de municipios y colegios de la provincia continúan sin ninguna garantía concreta de financiación extraordinaria”, vienen a advertir desde el órgano sindical, que reclama conocer tanto el calendario de actuaciones como los criterios de reparto de las inversiones.

La intención de la Junta de Personal, explican, es “recabar información sobre el plan de ejecución de obras, tal y como han demandado los equipos directivos de los colegios públicos leoneses y las asociaciones de madres y padres”. El colectivo contrapone además la falta de respuesta del Ayuntamiento de León y de la Consejería con la actitud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

San Andrés sí se reunió

Según detallan, en la reunión mantenida con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras de San Andrés recibieron explicaciones sobre las limitaciones económicas del municipio, derivadas del plan de ajuste y de problemas administrativos y de personal, incluida la falta de interventor. Pese a ello, el equipo de gobierno manifestó su intención de destinar parte de los remanentes municipales a mejoras en los tres colegios públicos del municipio y se comprometió a informar de las actuaciones previstas.

La Junta de Personal recuerda además que el verano pasado el Ayuntamiento de San Andrés destinó 43.800 euros al CEIP Teodoro Martínez Gadañón y otros 46.188 euros al CEIP Trepalio. Entre las actuaciones realizadas figuran la reforma integral de aseos, la reparación de humedades y la retirada de un alero que suponía “un riesgo para la seguridad”.

Duras críticas por lo “perturbador” de la falta de respuesta

El colectivo considera que esta disposición “contrasta con la cerrazón y falta de transparencia” que atribuyen tanto al director general de Centros como al alcalde de León. “Resulta muy perturbador que oculten esta información respecto a la planificación de la inversión de un dinero público que ya se anunció que iría destinado a la mejora de nuestros centros”, sostienen.

La Junta de Personal también vincula esta falta de respuesta al conflicto abierto con la Consejería por el recorte de presupuestos en centros públicos leoneses durante los últimos años. “Nos parece inaceptable que el alcalde de León no tenga la dignidad de explicar a los representantes del profesorado en qué va a gastar esos dos millones anunciados a bombo y platillo”, añaden, llegando a cuestionar si el acuerdo “se trataba únicamente de una promesa electoral”.

El comunicado concluye reiterando la petición de reunión tanto al Ayuntamiento de León como a la Dirección General de Centros e Infraestructuras para conocer el destino concreto de las inversiones comprometidas y reclamar un modelo de financiación que no deje al margen al resto de centros educativos de la provincia. La Junta de Personal está formada por los sindicatos AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

Casi una década después de las primeras promesas por parte del Partido Popular (PP), la Junta de Castilla y León anuncia la contratación de las obras de la construcción de un nuevo instituto público en el municipio de Villaquilambre. La inversión final que se anuncia por fin se elevará a 16,3 millones (16.356.142 euros) y el plazo de ejecución se cifra en 24 meses, dos años.

De este modo, el propio Gobierno autonómico, ahora en funciones y pendiente de un nuevo pacto con Vox, establece que será el curso 2029-2030 en el que abrirá sus aulas el instituto de enseñanza secundaria (IES) de Villaquilambre, terminada la obra civil y todos los equipamientos y servicios. Un plazo que superará en una década la firma del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2019 comprometió con luz y taquígrafos la ejecución del centro escolar a cambio de facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

Entre los detalles de esta novedad ofrecidos hoy por el portavoz del Gobierno de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, la Consejería de Educación resalta que el instituto centro contará con un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, es decir, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato.

Con estos datos, queda claro que el instituto no contendrá ningún estudio de Formación Profesional (FP). Es decir, finalmente Educación deja en el tintero una de las principales reclamaciones sociales de Villaquilambre, capitaneadas desde hace muchos años por la Plataforma Por un Instituto para Villaquilambre, con decenas de variadas protestas por mantener al municipio como el único de toda Castilla y León con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas. Carriedo, preguntado por esa ausencia educativa de FP, aseguró que el edificio es “flexible” y “se puede analizar” implementar esos estudios en el futuro, pero sin detalle alguno.

Respecto a los constantes incumplimientos de plazos para abrir por fin el instituto, el portavoz los justificó en un soterramiento eléctrico que el Ayuntamiento debía acometer en la parcela ofrecida, y que desde 2019 detalló que no se terminó de concretar definitivamente hasta el pasado junio de 2025. Por eso, lejos de asumir retrasos, Carriedo aseguró que la tramitación administrativa del instituto ha sido “ciertamente rápida”.

Detalles del diseño

El proyecto de construcción contempla ejecutar un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho del AMPA. Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

“Días rojos”. No hace falta pensar mucho para saber a lo que la Junta de Castilla y León se refiere con este nuevo y llamativo término acuñado tras el desastre de los incendios forestales el pasado año 2025. Un auténtico infierno que en la provincia de León arrasó 135.500 hectáreas -según un dato ocultado oficialmente de la propia Junta-, casi un 10% de toda la superficie forestal de la provincia, y que destruyó barrios enteros de numerosos pueblos de comarcas como Valdería, Jamuz o El Bierzo, entre otros. “Días rojos” es como se han pasado ahora a denominar de manera formal pero muy gráfica las jornadas que serán declaradas por la autoridad autonómica como de “riesgo extremo” de incendio a partir de ahora.

Es así como se puede apreciar en los boletines oficiales que se nombran ahora esos días en los que queda prohibido casi todo, ante el peligro inminente de nuevos 'días negros' de llamas incontroladas, como las que se vivieron desde el pasado 8 de agosto. Es una expresión que aparece en un lento goteo con el que se están aprobado en un listado de municipios en riesgo real desde hace meses las nuevas y obligatorias “ordenanzas reguladoras de limpieza de parcelas y vallados de solares para la prevención de incendios” en lo que se denomina administrativamente “la interfaz urbano-forestal” de los pueblos más expuestos al desastre del fuego.

Tras la nefasta experiencia del pasado año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las nueve diputaciones provinciales, se apresuraron en septiembre a prometer que se impulsarían en los pueblos en riesgo esos necesarios “anillos de seguridad”. Obviaron recordar que se trataba en realidad de una necesidad que había sido considerada urgente doce años atrás a nivel estatal, pero que prácticamente nadie cumplía. Porque fue en 2013 cuando un Real Decreto aprobó una 'Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales' que contemplaba la necesidad de tener adecentadas estas zonas externas de protección de los pueblos rodeados de vegetación combustible.

Trabajar en la “zona defendible”

A partir de ese momento, la Junta dejó la patata caliente en manos de las diputaciones y a continuación de los propios ayuntamientos, los que todavía ahora aprueban la necesaria ordenanza. Un texto destinado a prevenir incendios en los aledaños de las localidades rurales, que obliga a propietarios y usuarios de parcelas urbanas y rústicas próximas a núcleos habitados a mantenerlas limpias y desbrozadas antes del 1 de junio de cada año.

En esa ordenanza llama la atención la literatura de la Junta para seguir ocultando la dimensión numérica real de las oleadas de incendios de 2025, cuando se limitan sólo a decir que fue “excepcional en número e intensidad de incendios forestales, con afectación directa a varios núcleos urbanos en el entorno de la provincia de León”. Sin un ápice de autocrítica respecto a la lenta reacción autonómica, a las muertes humanas o la falta de medios y descoordinación inicial, el boletín oficial atribuye esta situación sólo a “unas condiciones climatológicas un tanto inusuales, con muchas precipitaciones en primavera y un calor excesivo en verano”. “Unido al despoblamiento rural y cambio de necesidades en los aprovechamientos forestales por parte de los habitantes de los pueblos, han favorecido la proliferación de incendios más voraces e incontrolables”, concluye.

La norma fija franjas de seguridad alrededor de viviendas -en lo que en un lenguaje casi bélico se denomina “zona defendible-, prohíbe hogueras y quemas ordinarias de restos vegetales, limita el uso de maquinaria que pueda provocar chispas en días de riesgo extremo y contempla inspecciones municipales, ejecución subsidiaria de los trabajos y multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan de manera grave.

Lenta Diputación

Sin embargo, a muy diferente ritmo han ido avanzando en mejoras concretas. En el caso de León, la Diputación acumuló medio año de retraso para cuando puso en marcha su compromiso estrella: un total de 400.000 euros, que eran la novedad del presupuesto de este año. Un dinero a repartir entre 114 municipios obligados a afrontar el riesgo máximo lo mejor preparados posibles, teniendo en cuenta el Plan Infocal de la Junta. El impulso inicial a ese reparto tuvo que esperar hasta marzo de este año.

Igualmente, no fue hasta mediados de abril cuando la institución provincial activó por fin el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin sólo en León, y así en el resto de provincias en peligro. Con estos plazos, habrá numerosos casos en los que llegará este próximo el verano sin que todo esté preparado para la defensa efectiva de los pueblos, si nuevamente fuera necesario.

Del hecho de que la ordenanza para que no haya combustible forestal peligroso a las puertas de los pueblos era necesaria da buena cuenta que sólo en el pasado verano el Procurador del Común -defensor del pueblo autonómico- tuvo que emitir una veintena de resoluciones, casi todas desde la oleada de incendios sin precedentes en los registros oficiales leoneses, para señalar las obligaciones en la prevención de incendios forestales, primero en mano del dueño de los terrenos y, si este no actúa, subsidiariamente de los municipios.

Más de 5.000 personas han desafiado este domingo el aguacero en la plaza de los Bandos de Salamanca para pedir más y mejores conexiones ferroviarias para la capital, universitaria y turística (entre ellas la recuperación del tren de la Ruta de la Plata), que siente que no alcanza todo su potencial por falta de comunicaciones, sobre todo con Madrid.

La convocatoria, respaldada por instituciones, partidos políticos y sociedad civil, ha contado con el apoyo del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y presencia de representantes del PSOE pese a las críticas directas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe.

Los manifestantes han agitado pancartas con lemas como 'Renfe, Salamanca no espera', 'Sin Ruta de la Plata, media España cojea' y 'Renfe nos deja en vía muerta'; además, algunos participantes han pedido la dimisión de Puente por lo que consideran un trato injusto a la provincia en materia de comunicaciones.

“Todo el progreso no se puede ver frenado o perjudicado por unas comunicaciones que no estén a la altura de una provincia como la de Salamanca”, recogía el manifiesto de la convocatoria, leído ante los manifestantes por el actor y director teatral salmantino José Antonio Sayagués.

Y agrega: “No solo estamos hablando de poder viajar a otros puntos del país con rapidez y comodidad. Estamos hablando de la hija que no puede venir en un tren directo desde Barcelona a ver a sus padres. Del salmantino emigrado a Madrid al que le gustaría teletrabajar desde su tierra, pero que no tiene frecuencias suficientes”.

Estudiantes internacionales y congresos

El manifiesto ha recordado también el número de estudiantes de español o de expertos internacionales que asisten a congresos y llegan al aeropuerto de Madrid, pero luego deben desplazarse a Salamanca, así como a los empresarios de Béjar o Guijuelo que con mejores conexiones ferroviarias podrían plantearse crecer y, por ende, generar más empleo.

La concentración ha tenido que comenzar media hora más tarde porque justo antes del mediodía, momento de la convocatoria, ha caído una gran tromba de agua sobre Salamanca que ha llegado a hacer temer por la movilización.

En esta ocasión la protesta se ha realizado en la plaza de los Bandos, y no en la plaza Mayor, ya que ahí está instalada estos días la Feria Municipal del Libro, y donde hace dos años más de 15.000 personas protestaron también por la misma causa.

La nueva movilización de Salamanca, que aúna a las principales instituciones y entidades de la capital y la provincia, incluidas las universidades o los sindicatos, se ha convocado después de la supresión el pasado 7 de abril de la conexión directa entre la capital del Tormes y Barcelona.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo (PP), atribuye a la multitudinaria protesta de enero de 2024 que, seis meses después, se recuperara la cuarta frecuencia a Madrid, perdida durante la pandemia, por lo que considera que esta es la vía para que Salamanca tenga el trato ferroviario que necesita.

Unas reclamaciones que crecen

Carbayo ha defendido en el acto institucional que esta es una jornada de reivindicación para toda la ciudad y ha lamentado que las demandas son “cada vez más” en cuanto a las conexiones ferroviarias, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda las reclamaciones de la provincia.

Mañueco no ha tomado la palabra, pero sí ha apoyado la manifestación con su presencia, arropada también por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro García-Polo, quien ha denunciado la situación de Salamanca en un marco más amplio: “al abandono ferroviario del oeste peninsular”.

Las principales reivindicaciones son la recuperación del tren directo a Barcelona, el incremento de frecuencias del Alvia a Madrid, la mejora de las conexiones con Valladolid, las actuaciones técnicas en la línea hasta Medina, la recuperación del Ruta de la Plata, la conclusión de la electrificación hasta la frontera y que un ramal del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca.

Reunirse por educación. Nada más esperaba Alicia Gallego, la portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes autonómicas en Valladolid, de su cita programada con el presidente del parlamento de Castilla y de León esta mañana. La secretaria general leonesista tildó de “mero trámite” la reunión mantenida con Francisco Vázquez y ha reclamado celeridad en la formación de un nuevo gobierno criticando a Mañueco su parálisis durante cinco meses en funciones mientras las dos formaciones de derechas retrasan la firma del acuerdo hasta la votación de las elecciones de Andalucía.

Para Gallego, el acuerdo del PP con Vox “está cerrado” como se muestra en Extremadura o Aragón, criticando el tacticismo de ambos partidos. Asimismo, reclamó “agilidad” para confeccionar un nuevo gobierno autonómico tras “llevar meses parado” y aseveró que los ciudadanos de las regiones leonesa y la castellana “merecen más respeto” reclamando “que empiecen a dar solución a tantos problemas que existen en el día a día”.

Gallego ha señalado que “todo el mundo sabe” que el acuerdo entre PP y VOX “está cerrado”, como se evidencia en comunidades como Extremadura o Aragón, y ha advertido que es “muy difícil” apoyar una investidura sin compromisos claros en plazos ni en las necesidades reales de los ciudadanos.

Según una nota enviada por la UPL, la secretaria general leonesist reconoció que “son problemas que 'todos conocemos' y más con la llegada del verano para la Región Leonesa, que genera una gran incertidumbre ante lo que va a pasar en materia de incendios”.

“Aquí vemos mucha tranquilidad y como hemos dicho otras veces tanto el PP como VOX y el resto de los partidos nacionales no dejan de ser tristemente sucursales de lo que dicen desde Madrid y no atienden a las necesidades de las dos regiones”, sentenció.

Así, el comunicado leonesista indica que gallego puso de manifiesto que, por ejemplo, “León sigue teniendo la segunda peor tasa de actividad, los jóvenes siguen teniendo dificultades claras y evidentes en materia de vivienda o de empleo, o el mundo rural está tan necesitado mientras la labor legislativa que correspondería sigue esperando en el cajón de los deseos, al igual que unos presupuestos que un año más serán una entelequia”.

“Vemos muy difícil apoyar una posible investidura de la que ni se habla de plazos, ni de la que se habla de lo que realmente interesa a UPL, que son las necesidades de los ciudadanos”, manifestó Gallego. “Tampoco hay un compromiso de que avance la autonomía, que es lo que nosotros reivindicamos, y ya vimos que en la pasada legislatura no había siquiera un reglamento para una posible consulta popular para la Región Leonesa”, criticó.

En este sentido, exigió “celeridad, compromiso y respeto” a la ciudadanía y que no haya que esperar a ver qué pasa con las elecciones en Andalucía: “Ellos tienen sus problemas y para esos tienen sus elecciones donde van a elegir a sus candidatos”. Por este motivo, incidió en que la gente lo que busca realmente “son soluciones y no fotos ni entretenimientos varios, es el momento de remangarse y trabajar que es lo que piden a los políticos y a quién dirige una Comunidad Autónoma”.

Todavía no toca. A pesar de que el propio Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León decidiera prometer, hace exactamente un año, un calendario de escasos meses para reactivar una especie de 'Mesa por León 2.0' en busca de soluciones al complicado futuro de la provincia de León, ahora el Ejecutivo asegura que no se daban las circunstancias para cumplir esos compromisos. Y que será tarea del nuevo Gobierno, que todo el mundo da por seguro que conformarán una legislatura más PP y Vox si consiguen cerrar un pacto como los alcanzados ya en Extremadura y en Aragón.

El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que además en persona protagonizó la reunión impulsora de hace un año de una nueva hoja de ruta por el futuro de León, junto al leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó hoy públicamente que los plazos no eran adecuados para avanzar a lo largo del año pasado y lo que llevamos del ejercicio actual.

En concreto, admitió que tras una última reunión con representantes empresariales de la provincia en julio de 2025, y a pesar de los compromisos adquiridos de que en torno a esa fecha ya dispusieran de un documento muy completo sobre el diagnóstico y las propuestas para implementar en León, que la dinámica del calendario político les recomendó paralizar todo el proceso. Hasta hoy.

Carriedo lo defendió recordando que “se convocaron elecciones” autonómicas -aunque eso no ocurrió hasta enero de este año- y el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco consideró que, una vez en funciones, ya no debían dar pasos adelante en los resultados y acciones de esa nueva 'Mesa por León', por “no crear un debate que se convirtiera en un programa electoral”. A posteriori, razonó que “no es propio de un Gobierno en funciones comprometer retos o programas”, explicó hoy preguntado por todo el retraso acumulado y el incumplimiento de unos plazos públicos a los que en abril de 2025 nadie les empujó a adquirir.

El portavoz del Ejecutivo autonómico concluyó comprometiendo ahora, nuevamente, que la labor de cumplir con todo el plan será del nuevo Gobierno que salga del pacto que se adquiera a partir de ahora con la negociación que PP y Vox mantienen para reeditar su cogobierno de 2023. “Será una de las tareas de ese nuevo Gobierno”, sentenció, aunque de momento sin plazo, ya que no se conocen avances ni reparto de responsabilidades en el hipotético nuevo ejecutivo de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León.

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

Con una reivindicación de la “verdadera cultura” como una “puerta de esperanza” en tiempos sombríos y apelando a la condición de la comunidad como “tierra de acogida”. El poeta, narrador y ensayista Tomás Sánchez Santiago, zamorano afincado en León, recibió este martes el Premio Castilla y León de las Letras con esas reflexiones y citando a Fray Luis de León, Beatriz Galindo y Miguel de Unamuno entre las figuras que encontraron un hogar en la actual comunidad autónoma. Sánchez Santiago puso en la entrega de los galardones la nota reivindicativa y el acento leonés, compartido en este último caso con la Fundación Proyecto Hombre, que tiene en su centro berciano uno de los pioneros en la lucha contra la drogadicción en España.

El literato afincado en León, uno de sus destinos profesionales como docente, ha ofrecido ha hablado como portavoz de todos los premiados. En un contexto mundial de dudosa “altura moral”, ha catalogado a Castilla y León como “tierra de acogida” con el telón de fondo de un posible acuerdo de gobierno entre PP y Vox, formaciones que acaban de pactar en Extremadura introduciendo cuestiones como la “prioridad nacional”, informa elDiario.es en Castilla y León.

Sánchez Santiago citó a Fray Luis de León, Beatriz Galindo y Miguel de Unamuno para remachar: “La capacidad crítica, y hasta heterodoxa, de todos ellos viene a recordarnos que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social, de un apellido”, dijo antes de homenajear también a María Caamaño, fallecida hace unos días a los 13 años debido al sarcoma de Ewing que padecía y que el año pasado recibió el Premio Castilla y León a los Valores Humanos.

Además, lamentó que hayan retornado “amenazas” como “las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de los propio por encima de los demás, el menosprecio al pensamiento y la imposición de la ignorancia interesada”. Y la cultura, zanjó, “no puede esconder el rostro ante ese panorama”.

Por su parte, el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado el talento, la tradición y el compromiso social de los galardonados en los Premios Castilla y León 2025, a quienes ha definido como “el mejor espejo de todos los valores” de la Comunidad.

En su discurso durante la gala, Mañueco ha destacado, en el ámbito cultural y musical, al grupo Nuevo Mester de Juglaría, Premio de las Artes, por haber sabido “expresar nuestra alma con nuestra música”, además de agradecer sus “57 años preservando y difundiendo nuestra memoria colectiva”.

También ha puesto en valor la tradición del Toro Enmaromado de Benavente, Premio de Tauromaquia, al que ha reconocido “un compromiso de más de tres siglos preservando ese símbolo” y su papel como una de las “mayores riquezas culturales y turísticas” de Castilla y León.

En el campo académico, el presidente ha subrayado la labor del investigador Germán Vega García-Luengos, Premio de Ciencias Sociales y Humanidades, por su dedicación al teatro clásico y por haber logrado, mediante nuevas tecnologías, “localizar y atribuir obras desconocidas” del Siglo de Oro, además de impulsar el Festival Olmedo Clásico.

El compromiso social ha centrado el reconocimiento a Proyecto Hombre Castilla y León, Premio de Valores Humanos y Sociales, cuya labor ha calificado como “impagable”, al ofrecer “compañía, acogida y apoyo” a personas con adicciones y a sus familias.

En el ámbito deportivo, Mañueco ha elogiado a la nadadora Laura López Valle, Premio del Deporte, por su “enorme dedicación personal” y por ser “todo un orgullo deportivo” tras lograr una medalla olímpica y tres europeas, además de transmitir valores a las nuevas generaciones.

Por su parte, el Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación, Verónica Pascual Boé, ha sido destacada por su liderazgo empresarial, al convertir una empresa familiar en “un líder europeo en fabricación de robots móviles”, y por demostrar que “el talento no entiende de sexos, edad o filiación”.

Por último, del Premio de las Letras, Tomás Sánchez Santiago, ha elogiado su discurso sobre la cultura y el acogimiento y lo ha destacado como “devoto de la poesía”.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.