La totalidad de los sindicatos con representación en la educación denuncian el “bloqueo de información” por parte del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Educación de la Junta sobre las inversiones y obras previstas en colegios públicos, al tiempo que censuran que la capital leonesa sí cuenta con un acuerdo bilateral específico con la Junta, aunque se anunciaba en forma de protocolo preelectoral, mientras el resto de municipios de la provincia no dispone de compromisos similares de financiación educativa.

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León, el órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, asegura haber solicitado reuniones tanto al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), como al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León (PP), sin haber obtenido respuesta. También pidió un encuentro con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien sí mantuvo una reunión el pasado 8 de mayo para conocer las actuaciones previstas este verano en los centros educativos del tercer municipio de la provincia.

La reclamación de la Junta de Personal se produce meses después del anuncio realizado en diciembre de 2025 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, que firmaron un protocolo de colaboración -aún no materializado en otro acuerdo firme- para invertir dos millones de euros anuales, aportados al 50% entre ambas administraciones, en la mejora y mantenimiento de colegios públicos de la capital leonesa durante cuatro años prorrogables. El acuerdo se presentó entonces como “el inicio de una colaboración permanente” para beneficiar a unos 4.500 alumnos de Infantil y Primaria.

“Ninguna información”

Sin embargo, los representantes del profesorado sostienen que, medio año después, “no ha trascendido ninguna información” sobre el plan de actuación ni sobre el listado de obras previstas en León. La Junta de Personal subraya además que ese convenio singular sitúa a la capital en una posición diferenciada respecto al resto de la provincia, donde no existen acuerdos equivalentes ni inversiones garantizadas para los centros educativos públicos.

“Mientras León tiene comprometidos sobre el papel dos millones anuales cuya distribución sigue sin aclararse, el resto de municipios y colegios de la provincia continúan sin ninguna garantía concreta de financiación extraordinaria”, vienen a advertir desde el órgano sindical, que reclama conocer tanto el calendario de actuaciones como los criterios de reparto de las inversiones.

La intención de la Junta de Personal, explican, es “recabar información sobre el plan de ejecución de obras, tal y como han demandado los equipos directivos de los colegios públicos leoneses y las asociaciones de madres y padres”. El colectivo contrapone además la falta de respuesta del Ayuntamiento de León y de la Consejería con la actitud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

San Andrés sí se reunió

Según detallan, en la reunión mantenida con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras de San Andrés recibieron explicaciones sobre las limitaciones económicas del municipio, derivadas del plan de ajuste y de problemas administrativos y de personal, incluida la falta de interventor. Pese a ello, el equipo de gobierno manifestó su intención de destinar parte de los remanentes municipales a mejoras en los tres colegios públicos del municipio y se comprometió a informar de las actuaciones previstas.

La Junta de Personal recuerda además que el verano pasado el Ayuntamiento de San Andrés destinó 43.800 euros al CEIP Teodoro Martínez Gadañón y otros 46.188 euros al CEIP Trepalio. Entre las actuaciones realizadas figuran la reforma integral de aseos, la reparación de humedades y la retirada de un alero que suponía “un riesgo para la seguridad”.

Duras críticas por lo “perturbador” de la falta de respuesta

El colectivo considera que esta disposición “contrasta con la cerrazón y falta de transparencia” que atribuyen tanto al director general de Centros como al alcalde de León. “Resulta muy perturbador que oculten esta información respecto a la planificación de la inversión de un dinero público que ya se anunció que iría destinado a la mejora de nuestros centros”, sostienen.

La Junta de Personal también vincula esta falta de respuesta al conflicto abierto con la Consejería por el recorte de presupuestos en centros públicos leoneses durante los últimos años. “Nos parece inaceptable que el alcalde de León no tenga la dignidad de explicar a los representantes del profesorado en qué va a gastar esos dos millones anunciados a bombo y platillo”, añaden, llegando a cuestionar si el acuerdo “se trataba únicamente de una promesa electoral”.

El comunicado concluye reiterando la petición de reunión tanto al Ayuntamiento de León como a la Dirección General de Centros e Infraestructuras para conocer el destino concreto de las inversiones comprometidas y reclamar un modelo de financiación que no deje al margen al resto de centros educativos de la provincia. La Junta de Personal está formada por los sindicatos AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

Casi una década después de las primeras promesas por parte del Partido Popular (PP), la Junta de Castilla y León anuncia la contratación de las obras de la construcción de un nuevo instituto público en el municipio de Villaquilambre. La inversión final que se anuncia por fin se elevará a 16,3 millones (16.356.142 euros) y el plazo de ejecución se cifra en 24 meses, dos años.

De este modo, el propio Gobierno autonómico, ahora en funciones y pendiente de un nuevo pacto con Vox, establece que será el curso 2029-2030 en el que abrirá sus aulas el instituto de enseñanza secundaria (IES) de Villaquilambre, terminada la obra civil y todos los equipamientos y servicios. Un plazo que superará en una década la firma del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2019 comprometió con luz y taquígrafos la ejecución del centro escolar a cambio de facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

Entre los detalles de esta novedad ofrecidos hoy por el portavoz del Gobierno de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, la Consejería de Educación resalta que el instituto centro contará con un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, es decir, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato.

Con estos datos, queda claro que el instituto no contendrá ningún estudio de Formación Profesional (FP). Es decir, finalmente Educación deja en el tintero una de las principales reclamaciones sociales de Villaquilambre, capitaneadas desde hace muchos años por la Plataforma Por un Instituto para Villaquilambre, con decenas de variadas protestas por mantener al municipio como el único de toda Castilla y León con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas. Carriedo, preguntado por esa ausencia educativa de FP, aseguró que el edificio es “flexible” y “se puede analizar” implementar esos estudios en el futuro, pero sin detalle alguno.

Respecto a los constantes incumplimientos de plazos para abrir por fin el instituto, el portavoz los justificó en un soterramiento eléctrico que el Ayuntamiento debía acometer en la parcela ofrecida, y que desde 2019 detalló que no se terminó de concretar definitivamente hasta el pasado junio de 2025. Por eso, lejos de asumir retrasos, Carriedo aseguró que la tramitación administrativa del instituto ha sido “ciertamente rápida”.

Detalles del diseño

El proyecto de construcción contempla ejecutar un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho del AMPA. Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

“Días rojos”. No hace falta pensar mucho para saber a lo que la Junta de Castilla y León se refiere con este nuevo y llamativo término acuñado tras el desastre de los incendios forestales el pasado año 2025. Un auténtico infierno que en la provincia de León arrasó 135.500 hectáreas -según un dato ocultado oficialmente de la propia Junta-, casi un 10% de toda la superficie forestal de la provincia, y que destruyó barrios enteros de numerosos pueblos de comarcas como Valdería, Jamuz o El Bierzo, entre otros. “Días rojos” es como se han pasado ahora a denominar de manera formal pero muy gráfica las jornadas que serán declaradas por la autoridad autonómica como de “riesgo extremo” de incendio a partir de ahora.

Es así como se puede apreciar en los boletines oficiales que se nombran ahora esos días en los que queda prohibido casi todo, ante el peligro inminente de nuevos 'días negros' de llamas incontroladas, como las que se vivieron desde el pasado 8 de agosto. Es una expresión que aparece en un lento goteo con el que se están aprobado en un listado de municipios en riesgo real desde hace meses las nuevas y obligatorias “ordenanzas reguladoras de limpieza de parcelas y vallados de solares para la prevención de incendios” en lo que se denomina administrativamente “la interfaz urbano-forestal” de los pueblos más expuestos al desastre del fuego.

Tras la nefasta experiencia del pasado año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las nueve diputaciones provinciales, se apresuraron en septiembre a prometer que se impulsarían en los pueblos en riesgo esos necesarios “anillos de seguridad”. Obviaron recordar que se trataba en realidad de una necesidad que había sido considerada urgente doce años atrás a nivel estatal, pero que prácticamente nadie cumplía. Porque fue en 2013 cuando un Real Decreto aprobó una 'Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales' que contemplaba la necesidad de tener adecentadas estas zonas externas de protección de los pueblos rodeados de vegetación combustible.

Trabajar en la “zona defendible”

A partir de ese momento, la Junta dejó la patata caliente en manos de las diputaciones y a continuación de los propios ayuntamientos, los que todavía ahora aprueban la necesaria ordenanza. Un texto destinado a prevenir incendios en los aledaños de las localidades rurales, que obliga a propietarios y usuarios de parcelas urbanas y rústicas próximas a núcleos habitados a mantenerlas limpias y desbrozadas antes del 1 de junio de cada año.

En esa ordenanza llama la atención la literatura de la Junta para seguir ocultando la dimensión numérica real de las oleadas de incendios de 2025, cuando se limitan sólo a decir que fue “excepcional en número e intensidad de incendios forestales, con afectación directa a varios núcleos urbanos en el entorno de la provincia de León”. Sin un ápice de autocrítica respecto a la lenta reacción autonómica, a las muertes humanas o la falta de medios y descoordinación inicial, el boletín oficial atribuye esta situación sólo a “unas condiciones climatológicas un tanto inusuales, con muchas precipitaciones en primavera y un calor excesivo en verano”. “Unido al despoblamiento rural y cambio de necesidades en los aprovechamientos forestales por parte de los habitantes de los pueblos, han favorecido la proliferación de incendios más voraces e incontrolables”, concluye.

La norma fija franjas de seguridad alrededor de viviendas -en lo que en un lenguaje casi bélico se denomina “zona defendible-, prohíbe hogueras y quemas ordinarias de restos vegetales, limita el uso de maquinaria que pueda provocar chispas en días de riesgo extremo y contempla inspecciones municipales, ejecución subsidiaria de los trabajos y multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan de manera grave.

Lenta Diputación

Sin embargo, a muy diferente ritmo han ido avanzando en mejoras concretas. En el caso de León, la Diputación acumuló medio año de retraso para cuando puso en marcha su compromiso estrella: un total de 400.000 euros, que eran la novedad del presupuesto de este año. Un dinero a repartir entre 114 municipios obligados a afrontar el riesgo máximo lo mejor preparados posibles, teniendo en cuenta el Plan Infocal de la Junta. El impulso inicial a ese reparto tuvo que esperar hasta marzo de este año.

Igualmente, no fue hasta mediados de abril cuando la institución provincial activó por fin el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin sólo en León, y así en el resto de provincias en peligro. Con estos plazos, habrá numerosos casos en los que llegará este próximo el verano sin que todo esté preparado para la defensa efectiva de los pueblos, si nuevamente fuera necesario.

Del hecho de que la ordenanza para que no haya combustible forestal peligroso a las puertas de los pueblos era necesaria da buena cuenta que sólo en el pasado verano el Procurador del Común -defensor del pueblo autonómico- tuvo que emitir una veintena de resoluciones, casi todas desde la oleada de incendios sin precedentes en los registros oficiales leoneses, para señalar las obligaciones en la prevención de incendios forestales, primero en mano del dueño de los terrenos y, si este no actúa, subsidiariamente de los municipios.

Más de 5.000 personas han desafiado este domingo el aguacero en la plaza de los Bandos de Salamanca para pedir más y mejores conexiones ferroviarias para la capital, universitaria y turística (entre ellas la recuperación del tren de la Ruta de la Plata), que siente que no alcanza todo su potencial por falta de comunicaciones, sobre todo con Madrid.

La convocatoria, respaldada por instituciones, partidos políticos y sociedad civil, ha contado con el apoyo del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y presencia de representantes del PSOE pese a las críticas directas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe.

Los manifestantes han agitado pancartas con lemas como 'Renfe, Salamanca no espera', 'Sin Ruta de la Plata, media España cojea' y 'Renfe nos deja en vía muerta'; además, algunos participantes han pedido la dimisión de Puente por lo que consideran un trato injusto a la provincia en materia de comunicaciones.

“Todo el progreso no se puede ver frenado o perjudicado por unas comunicaciones que no estén a la altura de una provincia como la de Salamanca”, recogía el manifiesto de la convocatoria, leído ante los manifestantes por el actor y director teatral salmantino José Antonio Sayagués.

Y agrega: “No solo estamos hablando de poder viajar a otros puntos del país con rapidez y comodidad. Estamos hablando de la hija que no puede venir en un tren directo desde Barcelona a ver a sus padres. Del salmantino emigrado a Madrid al que le gustaría teletrabajar desde su tierra, pero que no tiene frecuencias suficientes”.

Estudiantes internacionales y congresos

El manifiesto ha recordado también el número de estudiantes de español o de expertos internacionales que asisten a congresos y llegan al aeropuerto de Madrid, pero luego deben desplazarse a Salamanca, así como a los empresarios de Béjar o Guijuelo que con mejores conexiones ferroviarias podrían plantearse crecer y, por ende, generar más empleo.

La concentración ha tenido que comenzar media hora más tarde porque justo antes del mediodía, momento de la convocatoria, ha caído una gran tromba de agua sobre Salamanca que ha llegado a hacer temer por la movilización.

En esta ocasión la protesta se ha realizado en la plaza de los Bandos, y no en la plaza Mayor, ya que ahí está instalada estos días la Feria Municipal del Libro, y donde hace dos años más de 15.000 personas protestaron también por la misma causa.

La nueva movilización de Salamanca, que aúna a las principales instituciones y entidades de la capital y la provincia, incluidas las universidades o los sindicatos, se ha convocado después de la supresión el pasado 7 de abril de la conexión directa entre la capital del Tormes y Barcelona.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo (PP), atribuye a la multitudinaria protesta de enero de 2024 que, seis meses después, se recuperara la cuarta frecuencia a Madrid, perdida durante la pandemia, por lo que considera que esta es la vía para que Salamanca tenga el trato ferroviario que necesita.

Unas reclamaciones que crecen

Carbayo ha defendido en el acto institucional que esta es una jornada de reivindicación para toda la ciudad y ha lamentado que las demandas son “cada vez más” en cuanto a las conexiones ferroviarias, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda las reclamaciones de la provincia.

Mañueco no ha tomado la palabra, pero sí ha apoyado la manifestación con su presencia, arropada también por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro García-Polo, quien ha denunciado la situación de Salamanca en un marco más amplio: “al abandono ferroviario del oeste peninsular”.

Las principales reivindicaciones son la recuperación del tren directo a Barcelona, el incremento de frecuencias del Alvia a Madrid, la mejora de las conexiones con Valladolid, las actuaciones técnicas en la línea hasta Medina, la recuperación del Ruta de la Plata, la conclusión de la electrificación hasta la frontera y que un ramal del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca.

Reunirse por educación. Nada más esperaba Alicia Gallego, la portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes autonómicas en Valladolid, de su cita programada con el presidente del parlamento de Castilla y de León esta mañana. La secretaria general leonesista tildó de “mero trámite” la reunión mantenida con Francisco Vázquez y ha reclamado celeridad en la formación de un nuevo gobierno criticando a Mañueco su parálisis durante cinco meses en funciones mientras las dos formaciones de derechas retrasan la firma del acuerdo hasta la votación de las elecciones de Andalucía.

Para Gallego, el acuerdo del PP con Vox “está cerrado” como se muestra en Extremadura o Aragón, criticando el tacticismo de ambos partidos. Asimismo, reclamó “agilidad” para confeccionar un nuevo gobierno autonómico tras “llevar meses parado” y aseveró que los ciudadanos de las regiones leonesa y la castellana “merecen más respeto” reclamando “que empiecen a dar solución a tantos problemas que existen en el día a día”.

Gallego ha señalado que “todo el mundo sabe” que el acuerdo entre PP y VOX “está cerrado”, como se evidencia en comunidades como Extremadura o Aragón, y ha advertido que es “muy difícil” apoyar una investidura sin compromisos claros en plazos ni en las necesidades reales de los ciudadanos.

Según una nota enviada por la UPL, la secretaria general leonesist reconoció que “son problemas que 'todos conocemos' y más con la llegada del verano para la Región Leonesa, que genera una gran incertidumbre ante lo que va a pasar en materia de incendios”.

“Aquí vemos mucha tranquilidad y como hemos dicho otras veces tanto el PP como VOX y el resto de los partidos nacionales no dejan de ser tristemente sucursales de lo que dicen desde Madrid y no atienden a las necesidades de las dos regiones”, sentenció.

Así, el comunicado leonesista indica que gallego puso de manifiesto que, por ejemplo, “León sigue teniendo la segunda peor tasa de actividad, los jóvenes siguen teniendo dificultades claras y evidentes en materia de vivienda o de empleo, o el mundo rural está tan necesitado mientras la labor legislativa que correspondería sigue esperando en el cajón de los deseos, al igual que unos presupuestos que un año más serán una entelequia”.

“Vemos muy difícil apoyar una posible investidura de la que ni se habla de plazos, ni de la que se habla de lo que realmente interesa a UPL, que son las necesidades de los ciudadanos”, manifestó Gallego. “Tampoco hay un compromiso de que avance la autonomía, que es lo que nosotros reivindicamos, y ya vimos que en la pasada legislatura no había siquiera un reglamento para una posible consulta popular para la Región Leonesa”, criticó.

En este sentido, exigió “celeridad, compromiso y respeto” a la ciudadanía y que no haya que esperar a ver qué pasa con las elecciones en Andalucía: “Ellos tienen sus problemas y para esos tienen sus elecciones donde van a elegir a sus candidatos”. Por este motivo, incidió en que la gente lo que busca realmente “son soluciones y no fotos ni entretenimientos varios, es el momento de remangarse y trabajar que es lo que piden a los políticos y a quién dirige una Comunidad Autónoma”.

Todavía no toca. A pesar de que el propio Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León decidiera prometer, hace exactamente un año, un calendario de escasos meses para reactivar una especie de 'Mesa por León 2.0' en busca de soluciones al complicado futuro de la provincia de León, ahora el Ejecutivo asegura que no se daban las circunstancias para cumplir esos compromisos. Y que será tarea del nuevo Gobierno, que todo el mundo da por seguro que conformarán una legislatura más PP y Vox si consiguen cerrar un pacto como los alcanzados ya en Extremadura y en Aragón.

El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que además en persona protagonizó la reunión impulsora de hace un año de una nueva hoja de ruta por el futuro de León, junto al leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó hoy públicamente que los plazos no eran adecuados para avanzar a lo largo del año pasado y lo que llevamos del ejercicio actual.

En concreto, admitió que tras una última reunión con representantes empresariales de la provincia en julio de 2025, y a pesar de los compromisos adquiridos de que en torno a esa fecha ya dispusieran de un documento muy completo sobre el diagnóstico y las propuestas para implementar en León, que la dinámica del calendario político les recomendó paralizar todo el proceso. Hasta hoy.

Carriedo lo defendió recordando que “se convocaron elecciones” autonómicas -aunque eso no ocurrió hasta enero de este año- y el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco consideró que, una vez en funciones, ya no debían dar pasos adelante en los resultados y acciones de esa nueva 'Mesa por León', por “no crear un debate que se convirtiera en un programa electoral”. A posteriori, razonó que “no es propio de un Gobierno en funciones comprometer retos o programas”, explicó hoy preguntado por todo el retraso acumulado y el incumplimiento de unos plazos públicos a los que en abril de 2025 nadie les empujó a adquirir.

El portavoz del Ejecutivo autonómico concluyó comprometiendo ahora, nuevamente, que la labor de cumplir con todo el plan será del nuevo Gobierno que salga del pacto que se adquiera a partir de ahora con la negociación que PP y Vox mantienen para reeditar su cogobierno de 2023. “Será una de las tareas de ese nuevo Gobierno”, sentenció, aunque de momento sin plazo, ya que no se conocen avances ni reparto de responsabilidades en el hipotético nuevo ejecutivo de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León.

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

Con una reivindicación de la “verdadera cultura” como una “puerta de esperanza” en tiempos sombríos y apelando a la condición de la comunidad como “tierra de acogida”. El poeta, narrador y ensayista Tomás Sánchez Santiago, zamorano afincado en León, recibió este martes el Premio Castilla y León de las Letras con esas reflexiones y citando a Fray Luis de León, Beatriz Galindo y Miguel de Unamuno entre las figuras que encontraron un hogar en la actual comunidad autónoma. Sánchez Santiago puso en la entrega de los galardones la nota reivindicativa y el acento leonés, compartido en este último caso con la Fundación Proyecto Hombre, que tiene en su centro berciano uno de los pioneros en la lucha contra la drogadicción en España.

El literato afincado en León, uno de sus destinos profesionales como docente, ha ofrecido ha hablado como portavoz de todos los premiados. En un contexto mundial de dudosa “altura moral”, ha catalogado a Castilla y León como “tierra de acogida” con el telón de fondo de un posible acuerdo de gobierno entre PP y Vox, formaciones que acaban de pactar en Extremadura introduciendo cuestiones como la “prioridad nacional”, informa elDiario.es en Castilla y León.

Sánchez Santiago citó a Fray Luis de León, Beatriz Galindo y Miguel de Unamuno para remachar: “La capacidad crítica, y hasta heterodoxa, de todos ellos viene a recordarnos que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social, de un apellido”, dijo antes de homenajear también a María Caamaño, fallecida hace unos días a los 13 años debido al sarcoma de Ewing que padecía y que el año pasado recibió el Premio Castilla y León a los Valores Humanos.

Además, lamentó que hayan retornado “amenazas” como “las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de los propio por encima de los demás, el menosprecio al pensamiento y la imposición de la ignorancia interesada”. Y la cultura, zanjó, “no puede esconder el rostro ante ese panorama”.

Por su parte, el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado el talento, la tradición y el compromiso social de los galardonados en los Premios Castilla y León 2025, a quienes ha definido como “el mejor espejo de todos los valores” de la Comunidad.

En su discurso durante la gala, Mañueco ha destacado, en el ámbito cultural y musical, al grupo Nuevo Mester de Juglaría, Premio de las Artes, por haber sabido “expresar nuestra alma con nuestra música”, además de agradecer sus “57 años preservando y difundiendo nuestra memoria colectiva”.

También ha puesto en valor la tradición del Toro Enmaromado de Benavente, Premio de Tauromaquia, al que ha reconocido “un compromiso de más de tres siglos preservando ese símbolo” y su papel como una de las “mayores riquezas culturales y turísticas” de Castilla y León.

En el campo académico, el presidente ha subrayado la labor del investigador Germán Vega García-Luengos, Premio de Ciencias Sociales y Humanidades, por su dedicación al teatro clásico y por haber logrado, mediante nuevas tecnologías, “localizar y atribuir obras desconocidas” del Siglo de Oro, además de impulsar el Festival Olmedo Clásico.

El compromiso social ha centrado el reconocimiento a Proyecto Hombre Castilla y León, Premio de Valores Humanos y Sociales, cuya labor ha calificado como “impagable”, al ofrecer “compañía, acogida y apoyo” a personas con adicciones y a sus familias.

En el ámbito deportivo, Mañueco ha elogiado a la nadadora Laura López Valle, Premio del Deporte, por su “enorme dedicación personal” y por ser “todo un orgullo deportivo” tras lograr una medalla olímpica y tres europeas, además de transmitir valores a las nuevas generaciones.

Por su parte, el Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación, Verónica Pascual Boé, ha sido destacada por su liderazgo empresarial, al convertir una empresa familiar en “un líder europeo en fabricación de robots móviles”, y por demostrar que “el talento no entiende de sexos, edad o filiación”.

Por último, del Premio de las Letras, Tomás Sánchez Santiago, ha elogiado su discurso sobre la cultura y el acogimiento y lo ha destacado como “devoto de la poesía”.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

La provincia de León pierde peso político en la nueva configuración de las Cortes de Castilla y León salidas de las elecciones del pasado 15 de marzo. De dos miembros leoneses en la Mesa de las Cortes y dos portavocías de grupos (una rotativa) se pasa a solo una vicepresidencia, que recae en la socialista y vicesecretaria general del PSOE autonómico Nuria Rubio, y una portavocía.

Este martes 14 la sede de las Cortes en Valladolid ha acogido el pleno de constitución del parlamento autonómico para una nueva legislatura, en el que se constituye la Mesa que dirige el poder legislativo y para la que el PP y Vox ya anunciaron este lunes un acuerdo de reparto que devuelve a los populares a la Presidencia tras siete años fuera.

El número dos del PP de Castilla y León como secretario general, el segoviano Francisco Vázquez, ha logrado la presidencia de la institución gracias a los votos del PP (33) y de Vox (14). Nuria Rubio, candidata de los socialistas al puesto, obtuvo el apoyo de los 30 votos del PSOE. Vázquez sustituye así al leonés Carlos Pollán (Vox) que ha ocupado el cargo entre el 2022 y el 2026 y que se queda de portavoz parlamentario del grupo de la extrema derecha, pero en unas circunstancias de temporalidad ya que cuando haya un acuerdo de Gobierno entre PP y Vox se espera que pase entonces al Ejecutivo, tal y como ocurrió con Juan García-Gallardo en 2022.

En el resto de puestos de la Mesa se han repartido con dos vicepresidencias para PP y PSOE. Nuria Rubio ha sido elegida vicepresidenta segunda, sustituyendo a la socialista Ana Sánchez. Las secretarías se han repartido entre PP, Vox y PSOE con la exconsejera Rocío Lucas, Daniel de la Rosa y Susana Suárez y sin ningún nombre leonés, cuando en la anterior legislatura figuraba el socialista Diego Moreno como secretario primero.

La nueva legislatura además contará con un grupo parlamentario menos, al desaparecer el leonesista-sorianista que constituyeron UPL y Soria Ya. Los leonesistas de UPL mantuvieron sus tres procuradores pero la caída de Soria Ya de tres a uno les dejan sin opciones de constituir grupo propio ya que requiere un mínimo de 5 escaños. El nuevo grupo Mixto se constituirá entonces con los tres de UPL, uno de Soria Ya y uno de Por Ávila.

La portavocía principal del Grupo Mixto deberá recaer por lógica en la líder leonesista Alicia Gallego, aunque siempre se ceden espacios de tiempo a los demás partidos de forma habitual, en una negociación que se dará a posteriori pero con UPL como dominador claro del nuevo grupo mixto.

El PP ha anunciado que su portavoz de grupo pasará a ser la exconsejera zamorana Leticia García, que sustituye al leonés Ricardo Gavilanes, que de momento ha abandonado la primera línea de la política tras cesar como procurador autonómico por la provincia leonesa. El PSOE no ha anunciado su portavocía de grupo, aunque la candidata principal es la vallisoletana Patricia Gómez.

La Junta de Castilla y León mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos, pese a la promesa del Ejecutivo de ir incorporando al sector público, mediante empresas públicas como Tragsa o Somacyl, a todo el operativo según vencieran los contratos. Tres días antes de las elecciones adjudicó un contrato para cinco brigadas por 4,4 millones de euros y ha licitado otro por 2,5 millones para trabajados en este 2026 y el próximo 2027.

La promesa del presidente en funciones del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, fue que el operativo sería 'público', entendido como que dependería de empresas controladas por el estado como Tragsa, que es como lo gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. Es una vieja demanda de los sindicatos y asociaciones de trabajadores del operativo, que llevan años reivindicando una mejora de sus condiciones laborales, y en particular, dejar de depender de las empresas privadas.

En la presentación del proyecto de prespupuestos 2026, que finalmente no se aprobaron, Mañueco desgranó un aumento del 30% del presupuesto antiincendios después del peor verano de la historia en Castilla y León, recalcando y prometiendo cuestiones como el reconocimiento de la categoría de bombero forestales, un operativo todo el año, “mejores condiciones retributivas y laborales” y “y pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, que cifró ya en un 33% del operativo en este 2026.

A preguntas de la prensa el consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, matizó esto último señalando ue el pase al sector público sería a medida “que vayan venciendo sus contratos se incorporarían con este modelo que ha descrito el Presidente, (...) a medida que acabe su vencimiento los nuevos contratos ya serán dentro del sector público”. Pero la consejería de Medio Ambiente, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lanzado contratos con el sector privado el pasado otoño y otro en pleno proceso electoral autonómico, contradiciendo las palabras del Presidente de la Junta.

El primer nuevo contrato fue licitado en noviembre, consistente en cinco unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, con un presupuesto base de más de 4,4 millones de euros. El proyecto, financiado parcialmente por fondos FEDER, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y prioriza tanto la adecuación del entorno natural para evitar fuegos como la intervención inmediata en emergencias. La adjudicación del contrato tuvo lugar tres días antes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo a una UTE de cuatro empresas: Matinsa, Foresa, Demontes e Infosa, todas al 25%. El importe de adjucación solo es 1,1 euros más bajo que el de licitación, impuestos incluídos.

El segundo contrato nuevo a empresas privadas lo ha licitado Somacyl, la sociedad pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y que no suele hacer este tipo de contratos y solo los de maquinaria pesasa. El 18 de marzo, tres días después de las elecciones, lanzó una licitación, todavía abierta, por un máximo de 2.525.310,27 euros (con impuestos) para contratar “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por 4 Unidades de Brigadas y Autobombas de lucha contra incendios forestales (UBA) integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”. Se destinarán a las provincias de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. La licitación está abierta hasta el 17 de abril.

Base de Ávila, sí a Tragsa

El caso más llamativo de los nuevos contratos del Gobierno de Castilla y León ha ocurrido en la provincia de Ávila. Inicialmente sacaron a licitación en pleno verano pasado, 14 de julio, un contrato de “Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de Las Casillas (Segovia)” con un presupuesto base de 1.932.423,7 euros (más impuestos). Despues del terrible verano, también en Ávila con grandes incendios en el valle del Tiétar, en noviembre se abren las ofertas pero en un informe del 17 de diciembre de 2025, el Jefe del Servicio de Incendios Forestales emite pide el desistimiento del contrato. Alega que el contrato no contempla la categoría de bombero forestal que obliga la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Y como no hay dotación económica para esa categoría pues pide que se anule, tal y como se hizo.

Y entonces la consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha formalizado el pasado 25 de marzo un nuevo contrato para la base de Casillas, pero mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, por importe de 2.288.363,83 euros. Es decir, pasa al sector público a quienes hasta entonces prestaban los servicios de la base segoviana, cumpliendo así la promera electoral de Mañueco.

Los pliegos de los dos contratos a empresas privadas que la Junta de Castilla y León ha licitado, uno de ellos ya adjudicado, y ya se han explicado en este artículo no contemplan en ningún caso la categoría de 'bombero forestal' a la que obliga la Ley y les deja como meroes 'peones'. La consejería de Medio Ambiente ha sido cuestionada sobre si estos contratos contravienen el compromiso de operativo público sin recibir respuesta en el momento de publicación de esta información.

El PSOE anunció que su primera iniciativa de la nueva legislatura, este mismo mes de abril, será presentar una ley de incendios ante la “inacción” de la Junta de Castilla y León. El Gobierno del PP aprobó el pasado otoño dos decretos para mejorar el operativo y la prevención pero decayeron ante la falta de apoyo de la oposición. Pese a eso los contratos relativos a incendios han aumentado de forma considerable, financiando nuevos elementos como más helicópteros o bulldozers para la protección de los municipios. A finales del año pasado la Junta pasó a todo el año a más de 800 personas del operativo que hasta ahora eran fijos-discontinuos. La última acción ha sido presentar 12 nuevos camiones autobombas de 4.000 litros que se incorporan al operativo tras una inversión de 7,23 millones de euros, financiada con Fondos FEDER.

Se ha podido leer recientemente, en algunas publicaciones apócrifas, que la Junta de Castilla y León ha empezado a difundir que comienza a percibirse un malestar creciente entre la ciudadanía por la proliferación de integrantes de la cabaña ursina, es decir, del número de osos que se ha alcanzado, un éxito tras los denodados esfuerzos por recuperar la población de osos en la codillera Cantábrica, su último reducto. Al parecer, comienzan a alzarse voces teóricamente preocupadas por el incremento del número de osos en lugares como los Ancares, montes del Teleno o las posibles incursiones por tierras de Sanabria.

Traducido al cristiano, quiere decir que hay una preocupación entre la ciudadanía por la recuperación y expansión de esta especie, que ha costado no pocos esfuerzos recuperarla y, felizmente, en expandirse. Incluso parece traslucirse la conveniencia de su control y, porque no decirlo, la reducción del número de integrantes. Conviene señalar que tanto la población de osos, como la de linces o urogallos se considera en grave riesgo de extinción. El censo de oso y del lince parece estar en franca progresión, de estos últimos se han hecho sueltas en lugares tan apartados de sus hábitats relictos como pueden ser Aragón o Cerrato de Palencia, pasando por Ciudad Real.

Una de las singularidades del territorio leonés es que, dada la relativa proximidad del nuevo hábitat del lince en Palencia, lo que fácilmente permitiría incluso su implantación en León, podríamos contar en esta provincia con la representación faunística más vulnerable y por lo tanto con los últimos reductos que albergan especies emblemáticas: oso, lince, urogallo, rebeco, etcétera. También tenemos especies domésticas que sólo son nuestras, como el mal llamado mastín español, el carea, ahora denominado perro pastor leonés –la cuestión es siempre difuminar todo lo que suene a leonés– o la mantequera leonesa.

Viene todo este largo exordio para llamar la atención sobre un tema que inevitablemente acabar siendo motivo de polémica en León, cuando lo sea en el resto de la comunidad en la que hemos tenido a desgracia de haber caído. Inevitablemente el Partido Popular, que rige los destinos de Castilla y León desde tiempos inmemoriales –no se aplica aquí la monserga que se le aplicó a Andalucía cuando se censuraba que hubiera estado gobernada por el PSOE desde hacía treinta y siete años– se verá abocado a pactar con Vox porque de lo contrario ejercería un gobierno como si se tratase de un funambulista ebrio y ello tiene serios inconvenientes.

Enemigos reales, e irreales, de Vox

Una de tales contrapartidas es que Vox, con su particular política de alertar continuamente contra enemigos, reales algunos, irreales los más (emigrantes, menas, musulmanes, izquierdosos y un amplio surtido) propondrá como apoyo a ganaderos y cazadores la eliminación del lobo hasta límites que se decidirán así que se pueda aplicar dicha medida sin la oposición del gobierno central o el gobierno de la Comunidad Europea. Los populares se han sentido atraídos por el recurso simplón y vistoso de congraciarse con el campo y sobre todo con los ganaderos combatiendo a esta especie maldita. Así es que ahora, con viento de cola a favor, la tentación difícilmente va a ser postergada.

Sin embargo, hay razones de peso para rechazar categóricamente esta medida y vamos a tratar de exponer aquí algunas de ellas. En los frescos del panteón de San Isidoro aparecen recogidas figuras de pastores con sus perros, posiblemente mastines, que se empleaban para defender los rebaños del ataque de los lobos. No se precisa poseer una mente privilegiada para saber que los lobos han podido causar daños, pero nunca diezmaron la cabaña ovina y caprina. Téngase en cuenta la demografía de los tiempos medievales y la superior densidad de monte que permitirían a esta especie campar a sus anchas. Súmese la trashumancia y tenemos el escenario completo de los actores de este drama que nunca fue decisivo. 

Los daños ocasionados por las enfermedades son muy superiores a los que causa el lobo, aunque son menos magnificados y desdeñados porque no se ve sangre. Muchas personas que viven en zonas loberas saben que, si el lobo puede alimentarse de otro modo que no sea atacando a un rebaño bien protegido, –en la costa de Lugo se está haciendo incluso con asnos– prefiere no arriesgarse a encuentros poco recomendables con perros y cazadores. 

En resumen, el sector ovino y caprino tiene problemas mucho más serios que Canis lupus, como pueden ser el abandono del sector por muchos pastores, poca profesionalización, escasa ayuda al pastoreo y a la comercialización de sus productos, problemas sanitarios o escasa atención a la España rural donde pervive este modelo de ganadería intensiva. En el Órbigo viven de forma permanente muchos pastores procedentes de las montañas de Luna que ya mueven poco sus rebaños hacia los pastos tradicionales. La trashumancia ya casi es una reliquia del pasado.

Mentiras sobre los lobos

Y para terminar un regalo a los detractores de esta emblemática especie en forma de pequeñas píldoras que no admiten controversia. Se dice que el último ataque de un lobo a un humano fue hace, como mínimo, aproximadamente treinta años. No se recuerda la muerte de ninguna persona en España por el ataque de un lobo. Pasteur estudió la rabia en personas de Rusia atacadas por lobos que padecían la enfermedad y aún así habían sobrevivido al ataque en las estepas de aquel país. Los lobos, por su apariencia feroz, que la tienen, han sido retratados como la encarnación del mal y han dado origen a las supersticiones más variopintas como la del lobishome o la licantropía, amén de cuentos para asustar a los niños, lo cual puede tener algún sentido en la infancia, pero no parece de recibo en personas adultas.

Y ya sólo un apunte final. Los perros son los herederos de unos lobos que se fueron acercando hace miles de años a poblaciones nómadas de los antiguos humanos y se fueron adaptando a la convivencia atraídos por los restos de comida que recibían. El hombre domesticó al lobo y obtuvo infinidad de razas caninas que, como demostró Darwin, si pudieran cruzarse libremente y desapareciera toda selección, volvería a emerger la figura del lobo desde el mejor amigo del hombre, dicho sin eufemismo alguno. Muchos de quienes acabarán decretando la persecución del lobo tendrán perros en sus casas.

¿Firmarán la sentencia de muerte del ancestro de sus mascotas, sencillamente por haber conservado su condición primigenia? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

Un Viernes de Dolores más, la salida de La Dolorosa, popularmente conocida como 'La Morenica', por las puertas de la iglesia del Mercado de León, marcará el inicio de la Semana Santa. Y un Viernes de Dolores más sólo los hombres coparán el protagonismo de la venerada figura, únicamente ellos podrán estar a su lado, sólo la pujarán quieren tengan sexo masculino.

No se trata de una decisión marcada por los siglos, porque esta procesión no es tan antigua. Tampoco está escrito en ningún lado. No hay estatuto alguno que lo sustente, porque la decisión recae en la parroquia de Nuestra Señora del Mercado, junto a la Plaza del Grano, dado que, excepcionalmente en este caso, la organización no corresponde a ninguna cofradía. Y sin embargo, un viernes más, las mujeres quedarán relegadas a la última fina de la procesión, sólo admitidas si desfilan como manolas o portan una vela en la cola de la comitiva.

Se trata de una situación que, no una sino muchas mujeres, en pleno siglo XXI, ya no comprenden. Y están dispuestas a dar la batalla por la igualdad. Porque dicen estar “hartas de ser tratadas como un rebaño, a varazos, a escobazos” por un encabezonamiento del que culpan, con nombre y apellidos, al párroco del Mercado, el cada vez más conocido Manuel Fláker. Tan conocido que precisamente hoy 27 de marzo de 2026 será homenajeado por la Cámara de Comercio de León como 'Personaje Singular de la Semana Santa'. Y esto ha sido también un poco la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de las mujeres que llevan años esperando un aperturismo básico de la parroquia leonesa, una de las más antiguas de la ciudad.

Hombres que “lo han capitalizado”

La situación es la siguiente: la tradición dicta que el paso de La Dolorosa lo pujen los llamados oficialmente 'Mozos del Mercado', es decir, vecinos y bautizados -imprescindible- en esta iglesia del siglo XI, Monumento Nacional, ante la que pasa el Camino de Santiago Francés. Sin embargo, en un barrio del Casco Histórico donde la población disminuye, no hace tantos años que faltaban brazos para alzar a La Morenica en la procesión inaugural de la Semana Santa. Y don Enrique, el histórico y muy añorado párroco del Mercado, pidió ayuda a braceros de la vecina iglesia de Santa Nonia. “Muchos no están arraigados aquí, ni bautizados ni nada, pero llegaron para quedarse”, lo han “capitalizado” y actúan “como si fuera suyo”, lamentan las mujeres. Con la anuencia del párroco y el silencio cómplice del Obispado de León, que ante cualquier queja o petición “siempre tira para abajo”: “No sabemos qué hace”.

Basta acudir un Viernes de Dolores como el de hoy para ver la escena: sólo hombres dentro de la iglesia en los momentos previos. Únicamente rostros masculinos alrededor de La Dolorosa -es de las pocas procesiones en que los 'papones' van a cara descubierta- cuando sale, lo que hace que cada año se den cita, “al postureo”, conocidas autoridades, concejales y exediles, altos responables de instituciones, consejeros autonómicos e incluso hasta el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o el de las Cortes, Carlos Pollán. Todos los 'ilustres' hombres dan relevos para pujar el paso, que en todo su recorrido sólo cuenta con hombros de varones.

Ellas, cuyo número de devotas no desciende, al contrario, participando “todo el año en todos los actos, encargándonos siempre de todo”, han visto con cierta indignación cómo siguen siendo “el último mono” en el momento central, el de la procesión del Viernes de Dolores. “Todas detrás del chico del bombo”, resume gráficamente una de ellas su posición eternamente relegada.

Bueno, eternamente no. Hubo una excepción. En el histórico momento de la coronación canónica de 2023 a la Virgen, incluyendo un subterfugio para que el Ayuntamiento la otorgara la Medalla de Oro de la ciudad, alguna recuerda con lágrimas en los ojos que les dejaron participar fugazmente en “una tirada” del paso, “un trozo” de los pocos metros que mide la calle hoy llamada de la Policía Nacional, entonces todavía General Lafuente en honor al golpista y responsable de cientos de fusilamientos a partir de 1936. “Ocurrió muy a escondidas, avisando por detrás, casi en los bares”, rememoran. Y aún así se quedan con el recuerdo de “toda la calle aplaudiendo y llorando” y con el apoyo que encontraron en no pocos mozos, que las hicieron en hueco entre las andas, como uno más, demostrando que no había dificultad alguna.

Rosas y un mensaje anónimo de “las futuras mozas del Mercado”

Parecía así romperse para siempre la brecha, abrirse a que las 'Mozas del Mercado' tuvieran el protagonismo que venían reclamando años atrás. Por ejemplo, cuando en 2021 un nutrido grupo de ellas registraran en el Obispado peticiones formales de participación activa en la procesión del Viernes. Sin éxito. O cuando anónimas manos femeninas ataron un ramo de rosas en la puerta de la parroquia, cerrada por las restricciones de la pandemia, para decir a la Virgen que no la olvidaban, junto a una nota firmada que expresaba sus sueños: “Las futuras mozas del Mercado”.

Nada de eso ha surtido efecto. Siguen vetadas. Incluso en reuniones con Fláker “nos sentimos humilladas cuando, por ejemplo, a nosotras sí nos vino a rebuscar en las partidas de bautismo, nos exigen hasta la sangre... y a otros tantos nada de nada”.

La polémica está en el aire. Literalmente. En último podcast 'La voz del papón', de La Nueva Crónica (disponible aquí), publicado en vísperas del inicio de la Pasión, el párroco tuvo que responder a esta creciente pero desoída reivindicación femenina. “Yo no me he opuesto nunca pero es verdad que estoy dando una moratoria. Les he dicho que si consiguiéramos 60 mujeres, para hacer tiradas de hombres y de mujeres, pues sería interesante, pero no las hay, sólo hay unas veintitantas anotadas”, argumenta.

Fláker: “En la puja mixta se va muy apretado”

Y aduce que “a mí no me gusta mucho la puja mixta -intercalando hombres y mujeres- porque se va muy apretado”, llega a excusar, además de que “hay a braceros que sí, pero braceros que no terminan de verlo”. Ellas replican que no sólo en 2023 se demostró que la puja mixta de La Dolorosa no es problema alguno sino que la inmensa mayoría de las procesiones y cofradías de León las realizan.

Fláker añade otro argumento: “Tengo que ser justo, tenemos un listado de ciento y pico personas, hombres, que llevan 20 años esperando (para pujar el paso) y quiero una moratoria para ir metiendo poco a poco (a las mujeres)”. “O sea, tarde o temprano van a empujar”, concluye el sacerdote. Sobre eso, las 'mozas' tampoco se callan: “Él dice que hay braceros titulares -sabemos que algunos ha fallecido, porque las listas no se limpian-, luego suplentes, después aspirantes a suplentes; y sólo después vamos nosotras”.

Por último, el párroco admite que hay novedades de actualidad que podrían hacer repensarlo todo: “Con el tema de Sagunto habrá que ver también”, en referencia al expediente abierto por el Gobierno para retirar a la localidad valenciana el Interés Turístico Nacional por negarse una cofradía masculina a incluir en igualdad de condiciones a la mujeres que lo están solicitando. Un caso que, de aplicarse en León, sería aún más grave, porque aquí hay cinco cofradías en esa situación -una de ellas, María del Dulce Nombre, exclusivamente femenina- y el reconocimiento de León es de Interés Turístico Internacional.

Un personaje singular y controvertido

Hay que recordar que, a raíz de la muerte de don Enrique, Enrique García Centeno en 2017, Manuel Fláker ha sido noticia por muy diversos motivos en los últimos años en León. Es ensalzado por unos, por ejemplo por el gran auge que ha cogido la parroquia al abrirse masivamente al movimiento neocatecumenal, popularmente conocido como 'Los Kikos', por su fundador, el leonés Kiko Argüello. Y criticado por otros, por eso mismo o ciertas polémicas como el derribo de la antigua 'Casa del Cura' frente a la iglesia, el corte sin permiso municipal de una calle aledaña durante años sin que constara autorización oficial, o la amenaza de Patrimonio de la Junta por clavar propaganda en la fachada de la iglesia protegida mientras pedía dinero para restaurarla.

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, aseguró que su formación está “ofendida por las gracietas” tanto del ministro de Transportes, Óscar Puente, como del secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, sobre la idiosincrasia de la Región Leonesa y ha asegurado que “de momento” se reunirán con el PP.

“De momento vamos a reunirnos con el PP. El PSOE ha intentado hablar con nosotros, pero estamos bastante ofendidos con las gracietas de Óscar Puente y de Carlos Martínez”, ha señalado Gallego en declaraciones a la Agencia EFE.

El ministro, especialmente en su etapa como alcalde de Valladolid, tuvo varios enfrentamientos tanto con la Unión del Pueblo Leonés como con el alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), por declaraciones que fueron identificadas como provocaciones hacia la identidad de la Región Leonesa.

Provocaciones de Óscar Puente

Puente, en diciembre de 2019, como regidor de Valladolid, se mostró crítico con la aprobación de la moción en favor de la autonomía leonesa en el Ayuntamiento de León, que calificaba de “aventura” que “no se había meditado”.

“Salamanca y Zamora, las dos provincias que debían acompañar en la aventura a León ya han dicho que no quieren ir en ese barco. Parece que la iniciativa no se ha meditado lo suficiente y trata de poner la venda sobre la herida sin haber pensado claramente en cuáles son las causas de que esa herida esté ahí”, aseguraba.

A su juicio, el hecho de plantear la moción que defendía que León saliese de la actual Comunidad Autónoma era una consecuencia de querer “culpar al de fuera” por no verse “capaces de arreglar su propia situación”.

“Cuando no tienen una solución a los problemas de su tierra buscan un culpable fuera que les sirva de justificación para su incapacidad de resolver los problemas que tiene su tierra. Esa es la explicación más razonable”, aseguró.

Críticas infundadas a los leoneses

Además, en junio de 2024, en una entrevista en Onda Cero, Puente aseguró que León necesitaba “políticos con mejores ideas” y el pasado noviembre, durante su participación en la Fiesta de la Rosa de Candeleda (Ávila) el ministro obvió a León en el nombre de la Comunidad Autónoma, lo que le valió las críticas de varios colectivos leonesistas.

En esa fiesta Puente recordó un verso de una canción del Nuevo Mester de Juglaría que reza “desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar” y añadió que “Castilla va a renunciar por fin a la mediocridad”.

“Hacer gracietas o el payaso constantemente no es propio de un ministro”, ha señalado Gallego.

Insulto a lo leonés de Carlos Martínez

Al mismo tiempo, Gallego ha mostrado su descontento con las declaraciones del candidato del PSOE Carlos Martínez durante estas elecciones, tanto por omitir la ‘y’ en el nombre de la Comunidad Autónoma, como por asegurar que “León era una Castilla dentro de la propia Castilla”.

Ya en precampaña la UPL criticó que el PSOE afirmase que “habría que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia” unas semanas antes de la intervención de Puente en Candeleda.

“O no entiende la birregionalidad de la Comunidad o se burla de la identidad de la Región Leonesa” afirmaron entonces desde la UPL.

Todas estas declaraciones, ha asegurado Gallego, “no le hacen gracia ni al partido, ni a los votantes”.

Reunión este jueves con Mañueco sin pedir puestos

La UPL, ha insistido, “no va a regalar votos, ni va a dar cheques en blanco, pero eso no significa que busquemos puestos. La Mesa de las Cortes es importante, pero no para un reparto de cargos sino para una toma de decisiones”, ha insistido.

La formación se reunirá este jueves con Alfonso Fernández Mañueco con la premisa de apoyar “lo que sea bueno para la Región Leonesa”.

Además, Gallego ha anticipado que aprovecharán la jornada del jueves para mantener contactos con Soria Ya, con quien trabajaron “a gusto” y con Por Ávila, para tratar de llegar a un acuerdo que desemboque en la creación de un grupo mixto “con el objetivo de que los tres podamos tener la mayor visibilidad”. 

La administración competente en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León, aprovecha las estadísticas del arranque de este año 2026 para focalizar por encima de todo el problema de la actuación de los incendiarios en la mayor parte de los incendios forestales que se vienen registrando en la provincia.

Así lo ha enfocado este martes en una nota de prensa de la Delegación Territorial de la Junta en León, al pedir su máximo responsable, Eduardo Diego, la colaboración “con información que ayude a identificar a los incendiarios” por parte de los vecinos de los pueblos. También reclama por otro lado, que se “extremen las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios”.

En la nota se indica que los fuegos intencionados son habitualmente “los que causan mayores daños”, debido a que buscan los lugares y condiciones más favorables para causar el mayor impacto posible. Y remarcan que los últimos incendios en la provincia de León presentan claros indicios de intencionalidad: En lo que va de 2026 aseguran que se han producido 37 incendios forestales, 33 de ellos por causa intencionada, otros tres por negligencia y uno por causas aún no aclaradas. Uno de los de mayor extensión, en Igüeña, con 23 hectáreas quemadas y todas ellas de arbolado, lo fue precisamente por negligencia.

Duras penas pero que pocas veces se aplican

La Junta recuerda que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado. En este último caso puede alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y el cobro de los gastos de extinción. Aunque lo cierto es que apenas hay vía penal exitosa en los últimos años.

La Delegación explica que las investigaciones que realiza la Junta de Castilla y León para conocer las causas de los incendios forestales tiene dos finalidades: establecer medidas de prevención que eviten nuevos incendios e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, de las que se encargarán los juzgados. En el caso de que existan claros indicios de intencionalidad la investigación se hace de forma coordinada con la Guardia Civil.

Poca intencionalidad en 2025, el peor año

Sin embargo, en todo el año 2025, el peor de la historia de incendios conocida en la provincia, con 135.000 hectáreas arrasadas y reconocidas de manera indirecta y no oficial por la Consejería de Medio Ambiente, lo cierto es que el grueso de los siniestros más dañinos apenas tuvo origen intencional. Y si bien es cierto que se produjeron algunas detenciones puntuales, no consta públicamente que se haya seguido la vía penal en ninguno de los casos.

En la nota, la Consejería de Medio Ambiente que todavía dirige en funciones el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones agradece la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y solicita que, en la medida de lo posible, se intensifiquen las labores de investigación y vigilancia para “poder acabar con estas actuaciones criminales que ponen en peligro no sólo el medio natural sino también la vida y la integridad de las personas”, remarcan.

Hay que recordar que, sin embargo, fueron contra el propio Quiñones y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una serie de denuncias ante la Fiscalía y los juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia de León del pasado verano, algunas de las cuales han sido ya archivadas al no observar delito ni negligencia de ningún tipo.

Al calor de los recientes comicios autonómicos, y dándole una vuelta al eslogan 'Aquí, certezas', no he podido evitar una pequeña reflexión, con todo el respeto y una pizca de ironía. 

Hace apenas seis meses regresé a mi tierra, León, concretamente a San Miguel del Camino (Valverde de la Virgen), donde debo decir que la acogida ha sido extraordinaria: como si lleváramos aquí toda la vida. 

Dicen que las comparaciones son odiosas, y probablemente lo sean, pero entre Asturias y León, primos hermanos, uno empieza a notar matices… especialmente en lo sanitario. 

Y es aquí donde el eslogan cobra un nuevo sentido. Quizá habría que afinarlo ligeramente: “Aquí, certezas… pocas”. 

Hablemos claro. La sanidad en Valverde de la Virgen funciona, sí, pero gracias al esfuerzo casi heroico de sus profesionales, que cada día sacan adelante el servicio con más imaginación que medios. McGyver, a su lado, sería residente de primer año. 

Mientras tanto, el municipio crece. De 7.300 habitantes en 2020 a cerca de 9.000 en la actualidad, y más de 11.000 tarjetas sanitarias si contamos desplazados. Todo un éxito demográfico… que, curiosamente, no viene acompañado del mismo entusiasmo en recursos sanitarios. 

Seguimos prácticamente igual que hace cinco años. O quizá no: ahora somos más, pero con lo mismo. 

Por comparar (aunque sean odiosas): Armunia, con cifras similares, dispone de pediatría y Punto de Atención Continuada (PAC) hasta las 22.00 horas. En Valverde, en cambio, hemos optado por una solución innovadora: no ponernos enfermos por la tarde ni en fin de semana.

Funciona regular. 

Nuestros niños deben desplazarse a Trobajo del Camino, donde los pediatras, además de atender a su población, hacen malabares para cubrir la nuestra. Confiemos en que tampoco enfermen ellos. 

Eso sí, se proyectan más viviendas, crece el polígono de Villadangos y se habla –con razón– de fijar población. Solo falta un pequeño detalle: dotar de servicios a esa población que queremos fijar. 

Porque fijar población sin sanidad es como invitar a cenar sin comida: la intención es buena, pero el resultado, mejorable. 

Así que, con todo el respeto institucional, quizá el eslogan podría ajustarse a la realidad: “Aquí, certezas… pocas”. Al menos en materia sanitaria. 

Atentamente, 

Marcos Reguera García 

Un vecino agradecido, pero también paciente.

Caso cerrado. La Fiscalía de Castilla y León ha archivado dos denuncias presentadas contra el presidente de la Junta de Castilla y León actualmente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios del pasado verano en León. El Ministerio Fiscal argumenta para adoptar esta decisión que no hay indicios suficientes de delito. La decisión se adopta pocos días después de las elecciones autonómicas, en las que llamó la atención que el Partido Popular (PP) fuera la fuerza más votada en la mayoría de los municipios plenamente afectados por aquellos siniestros de agosto de 2025.

La primera de las denuncias archivada corresponde a la presentada por un particular ante el incendio que afectó al paraje natural protegido de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y la otra es la presentada por el colectivo Bierzo Aire Limpio, que se refería a los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas leonesas de El Bierzo, Laciana, la Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna. Hay que recordar que el único cómputo oficial admitido por la Junta hasta ahora, publicada en boletín oficial en la polémica medida de volver a permitir la caza deportiva en terrenos quemados, cifró la suma afectada en 135.400 hectáreas sólo en la provincia, una cifra jamás conocida hasta ahora. También produjeron cuatro fallecidos.

La asociación conservacionista berciana apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica y las cabezas visibles de su Gobierno, del Partido Popular (PP).

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha explicado a la agencia Efe que el archivo de las dos denuncias se ha sustentado en que no se aprecia responsabilidad penal. Y aunque pudiera haber responsabilidad civil, sería muy difícil de precisar porque habría que evaluar el daño económico provocado, en qué medida podría haberse reducido y quién o quiénes podrían ser los responsables.

Tras una investigación compleja en la que se ha contado, entre otras pruebas, con informes del Seprona de la Guardia Civil, la propia Junta de Castilla y León y alcaldes de las zonas afectada, la Fiscalía ha concluido que el presidente en funciones de la Junta y su consejero no tienen ninguna responsabilidad en el origen de los incendios y no se puede determinar cuántos medios hubieran sido necesarios para reducir el daño y en qué medida se hubiera reducido. Tampoco se ha apreciado responsabilidad penal en la falta de medios, la valoración de los incendios o los posibles retrasos que se hubieran producido en su extinción.

Una tercera denuncia presentada por Podemos

Por otra parte, la Fiscalía también archivó otra denuncia, presentada por el partido político Podemos, en la que se denunciaba también la extensión del daño provocado por los incendios del pasado verano por la falta de medios. En este caso era una denuncia más amplia, de unos cuarenta folios, en la que se señalaban también las posibles responsabilidades por la falta de dotación de personal y algunas otras cuestiones relacionadas con esa falta de medios.

Sin embargo, Podemos ha decidido presentar la misma denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que a su vez ha solicitado el preceptivo informe de la Fiscalía antes de decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias o no la admite.

Tras conocerse el archivo de las denuncias, el consejero de Medio Ambiente, el exjuez Suárez-Quiñones, ha subrayado en declaraciones a los periodistas la total confianza en los órganos jurisdiccionales y ha indicado que la oleada de incendios fue “un suceso absolutamente imprevisible, extraordinario como nunca se había visto”. Un argumento en el que ha insistido desde los terribles sucesos de agosto del pasado año 2025.

También ha añadido que lo que hace falta es trabajar todas las administraciones para tener la mayor preparación posible si vuelve a suceder una situación catastrófica de esa naturaleza.

Decía quien en su día fuera miembro por León del Congreso de los Diputados, José Ortega y Gasset, que la misión de la izquierda para poder ganar elecciones es la de hostigar la modorra popular. Debe de ser por eso que aquí, tras estas elecciones, hemos quedado vencidos o amodorrados, valga la redundancia…

El recuento electoral en Castilla y León en efecto ha terminado, y han ganado todos menos la extrema izquierda y las encuestas.

Así las cosas, dado que el único asunto que empaña el triunfo incontestable de las derechas en Castilla y León son las expectativas previas, la primera reflexión sobre los resultados electorales en Castilla y León que se nos ocurre es ésta:

¿Las encuestas electorales últimamente son algo que pertenece al ámbito de la ciencia, o al de la superstición, o al de la propaganda?

Y la segunda reflexión es ésta:

¿Los resultados nos dicen que el leonesismo ha tocado techo, la extrema izquierda ha tocado suelo y la extrema derecha ha tocado pelo?

Y la tercera es ésta:

¿Por qué lo llaman Podemos si no puede, por qué Sumar si no suma, y porqué mejor visto lo visto no pasa Izquierda Unida a denominarse Izquierda Hundida?

Y esta es la cuarta:

¿El único PSOE que resiste electoralmente es el que no es sanchista como Emiliano García Page que es socialista español, el alcalde Soria que es socialista soriano a lo José Antonio Díez, Barbón que rima con excepción y Salvador Illa que, lo sepa o no, es nacionalista?

Y la última: la hostia que se va a dar María Jesús Montero en Andalucía se ve ya hasta desde Mozóndiga.

El bloque de la derecha ha arrasado, mayoría absoluta de largo con más votos y más escaños, y el bloque de la izquierda sigue buscando argumentos para autoengañarse (como si el PSOE pudiera gobernar solo; si él sube y sus socios desaparecen el fracaso es total y la izquierda a la izquierda del PSOE va a parecer más que nunca la encarnación política de la arboleda perdida de Rafael Alberti).

La extrema derecha francesa encabezada por Marie Le Pen es inteligente, pues cuenta con ideario deprorable pero filosóficamente elaborado y bien empalabrado (sin duda tienen discurso). Pero aquí, la extrema derecha llega como van a los toros en los tendidos de sombra, esto es, llega a empujones…

Ni siquiera les hace falta discurso (buen ejemplo es Carlos Pollán, que, cuando habla, no se sabe si está senil o empanao, pero vale).

¡Dicen que la sociometría electoral es una ciencia peo en el país de las chapuzas hasta Tezanos tiene trabajo en lo suyo, qué flipe!

Sin embargo el análisis que se deduce de los discursos burbujeantes tras finalizar el escrutinio intenta colocarnos desde la platea la versión de que el PP sube, el PSOE sube, Vox sube, UPL empata, y todos dicen que son los otros los que han subido poco… ¡Todo muy consabido y muy aburrido!

Dan ganas de irse a dormir, y, esta vez, dormir.

Tras una extenuante campaña electoral que ha llevado a los candidatos a cada rincón de la extensa Comunidad de Castilla y León, la más grande de Europa con casi 95.000 kilómetros cuadrados y 2.248 municipios, los aspirantes a presidir el Gobierno autonómico disfrutan de la tranquilidad de la jornada de reflexión junto a los suyos.

Paseos con la familia y cuidado de padres y nietos serán el plan perfecto de este sábado para los candidatos a la Junta, que cuelgan el traje por un día y se enfundan el chándal para practicar algo de deporte o simplemente disfrutar de él, como con los equipos de fútbol de sus ciudades natales, han explicado a la Agencia EFE sus formaciones.

Este plan de fútbol lo compartirán Pedro Pascual (XAV), que además es presidente del Real Ávila CF, y Carlos Pollán (Vox). Así, mientras que el primero asistirá a un entrenamiento del conjunto que preside; el leonés, por su parte, disfrutará del partido entre la Cultural Leonesa y el Racing de Santander (16:15 horas).

Además, ambos ejercerán de abuelos y pasarán un rato con sus nietos, mientras que Pollán también ejercerá de hijo y dará un paseo con su madre, de 91 años.

Desayuno en familia en Salamanca y comida con amigos en un pueblo de la provincia es el plan escogido por el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para este sábado; mientras que el socialista Carlos Martínez también dedicará tiempo a los suyos sin profundizar más en sus planes.

Más activo estará el candidato de Soria Ya, Ángel Ceña, que cambiará el traje y zapatos por el chándal y las playeras para practicar algo de deporte en el Centro de FP Pico Frentes.

Mientras, la candidata de la UPL, Alicia Gallego, disfrutará del placer de “no poner el despertador” y de pasar un día tranquilo tomando el aire, ese que les ha faltado después de recorrer cientos de kilómetros durante la campaña.

Una jornada de reflexión más reivindicativa tendrá el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, que tenía previsto estar en Valladolid en la Marcha por la Escuela Pública desde las 11.30 horas aunque allí no podrá, al estar así estipulado por ley, pedir el voto para su formación. Llamas tuvo que acudir a la Policía Nacional a denunciar una agresión sufrida en este día de reflexión cuando se encontraba en Valladolid con su hijo.

Y también con un toque reivindicativo, el candidato de IU-Sumar, Juan Gascón irá con la familia al mercado agroecológico de Palencia, para visibilizar y defender los productos de calidad de la zona.

“No nos confiemos”, “Hay que dar el do de pecho en el final de la campaña”, “Cada voto que no sea para el PP es un éxito para la izquierda”. El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha arengado a los cargos público de su partido hoy en un mitin en el pabellón Luis Vives de la ciudad de León pidiendo un esfuerzo final de campaña para “que nadie se quede en casa” en la cita electoral de este domingo 15 de marzo.

El PP ha celebrado este miércoles su acto principal en la capital leonesa, donde han acudido numerosos cargos del partido como la expresidenta provincial de la formación y actual portavoz en el Congreso del partido, Ester Muñoz, a la que han agradecido su presencia. Muñoz fue, además, la más solicitada por los militantes para hacerse la foto en el acto en el que los populares han sacado músculo electoral, ante algo menos de 400 personas.

El mitin fue abierto por el presidente de la gestora y consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que realizó ataques a derecha e izquierda y glosando la gestión de Fernández Mañueco al frente de la Junta. En particular señaló a UPL por su gestión con el PSOE en la Diputación, señalando que son incapaces de gaster el dinero que tienen “que tenía que estar en los pueblos”, y criticó al candidato socialista Carlos Martínez por su famoso 'papamovil' de disfraz, que consideró un ataque a la religión católica.

La candidata por León, María José Álvarez Casais, tomó la palabra para agradecer en particular a Mañueco su gestión, “Tu siempre has estado y vas a seguir estando”. Casais señaló que “Sin campo no hay pueblo, y sin pueblo no hay León” para desgranar algunas propuestas del PP en materia agraria, de vivienda o de cuidado de mayores, algunos de los ejes de la campaña leonesa.

A continuación Mañueco volvió a detallar algunas de las promesas electorales de la campaña, como la rebaja del peaje de la autopista León-Astorga, “si no lo hace Óscar Puente lo haremos nosotros”, sus medidas como las ayudas a autónomos o para la renovación de platos de ducha en los hogares de los mayores. También reiteró sus anuncios de rebajas fiscales como el impuesto de herencias y donaciones para que “con nosotros la herencia a un familiar no costará dinero. No puede ser”.

El candidato presumió que ha sido gracias al PP por el que llegará a León el grado de Medicina el próximo curso y se construirá una nueva facultad. Aludió a los retos de gestión de emergencias como las inundaciones pero no realizó ni propuestas ni palabra sobre los incendios.

“O se vota por la solución o se vota por el problema. Y la solución es el PP” señaló Mañueco entre llamadas a la movilización de los militantes, concejales y alcaldes del partido en la provincia de León, “Solo el PP tiene un proyecto de futuro para tierra, los demás solo quieren ruido, enfrentamiento y bloqueo”.

El último gran acto de campaña del Partido Popular en la provincia de León será este viernes en Ponferrada con la presencia de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en la que será su segunda visita a tierras leonesas en esta campaña, que el partido cerrará con un acto en Valladolid.