El cambio climático ya está teniendo efectos directos en el oso pardo cantábrico. Un estudio científico impulsado por la Junta de Castilla y León y publicado en la revista ‘Biological Conservation’ concluye que el aumento de las temperaturas limita de forma significativa el movimiento de estos animales, alterando su comportamiento y su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más condicionado por la actividad humana.

La investigación, cuyos principales datos han sido difundidos por la Junta y cuyo contenido completo ha sido analizado por este medio, se basa en más de 70.000 posiciones GPS recogidas en 17 osos adultos. Gracias a sensores instalados en los collares, los científicos han podido medir por primera vez la temperatura real que experimentan los animales y su impacto directo en sus decisiones de movimiento.

El resultado es claro: cuanto más calor hace, menos se mueven los osos. Este efecto es especialmente acusado en los ejemplares de mayor tamaño, que tienen más dificultades para disipar el calor corporal. Como consecuencia, tienden a concentrar su actividad en las horas de menor temperatura, reforzando un comportamiento cada vez más nocturno.

Pero el estudio va más allá y apunta a un efecto especialmente relevante: el calor no solo reduce la actividad, sino que limita la capacidad del oso para adaptarse a otros factores de riesgo, como la presencia humana. En condiciones normales, los osos atraviesan más rápido las zonas humanizadas para minimizar el contacto, pero con altas temperaturas esa estrategia se debilita, lo que podría aumentar su vulnerabilidad en entornos fragmentados.

Además, la investigación revela posibles cambios en la dinámica entre individuos. Los osos más pequeños, hembras y machos subordinados, tienden a evitar la noche para reducir encuentros con grandes machos, pero el aumento del calor está empujando a estos últimos a ser aún más nocturnos, lo que puede alterar ese equilibrio natural.

El impacto no se limita al comportamiento. Los científicos advierten de que la reducción de actividad puede afectar al acceso a zonas de alimentación clave y, en consecuencia, a funciones ecológicas como la dispersión de semillas, con posibles efectos en el conjunto del ecosistema.

Frente a este escenario, el estudio señala el papel clave del bosque como refugio térmico. En zonas arboladas, los osos logran mantener mayor actividad incluso con altas temperaturas, lo que refuerza la importancia de conservar y conectar estos espacios en un contexto de calentamiento global.

Los autores también apuntan que, a largo plazo, el oso pardo podría adaptarse a condiciones más cálidas e incluso expandirse hacia nuevas áreas, siempre que disponga de refugios adecuados como zonas de sombra, agua o vegetación densa.

Este trabajo supone un nuevo paso en la comprensión del impacto del cambio climático sobre la fauna salvaje en la cordillera cantábrica y confirma que sus efectos ya no son una previsión futura, sino una realidad que está modificando el comportamiento de una de sus especies más emblemáticas.

El texto se ha elaborado con datos recogidos entre septiembre de 2021 y noviembre de 2024, antes de los terribles incendios forestales del verano de 2025.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha anunciado este jueves la muerte por electrocución de una hembra de quebrantahuesos, especie en peligro de extinción, localizado en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre Caín y Posada de Valdeón.

El tramo donde ha aparecido electrocutado ya fue objeto de corrección en 2019 (mediante su aislamiento e instalación de dispositivos anticolisión) tras la muerte de otro quebrantahuesos conocido como Sidney.

A pesar de ello, se ha producido esta nueva electrocución, por lo que desde la Junta de Castilla y León se instará nuevamente al titular de la línea a que adopte las medidas complementarias precisas para evitar que suceda de nuevo.

Desde la Fundación se ha lamentado la pérdida de un nuevo ejemplar procedente del proyecto LIFE Pro Quebrantahuesos, que impulsa acciones científicas de conservación, reintroducción y seguimiento de la especie en sus áreas históricas de distribución, con el objetivo de consolidar la población emergente de la Cordillera Cantábrica.

Según la Fundación, la muerte de este ejemplar vuelve a poner de manifiesto el riesgo que representan los tendidos eléctricos sin medidas correctoras eficientes que garanticen la ausencia de accidentes en áreas críticas para la especie.

Se trata de una de las principales causas de mortalidad no natural para grandes aves planeadoras en España y un factor que compromete los avances logrados durante décadas de trabajo científico, técnico y social en favor de la recuperación del quebrantahuesos.

El ejemplar era una hembra nacida el 28 de febrero de 2025, cedida por el Gobierno de Aragón a la FCQ, y liberada en el Parque Nacional de los Picos de Europa el 15 de julio del mismo año.

La quebrantahuesos se instaló desde mediados de septiembre en la zona alpina del río Cares, entre Bulnes y el entorno de Cordiñanes de Valdeón, donde realizaba vuelos regulares.

El 6 de febrero de 2026, tras detectarse movimientos anómalos en su emisor satelital, técnicos de la FCQ se desplazaron hasta el lugar y, tras dar aviso a la autoridad ambientales de la Junta de Castilla y León, se localizó su cadáver a escasos metros de dicho tendido, procediéndose al levantamiento del ejemplar por agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Posteriormente, tras la necropsia realizada por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos se confirmó que la causa de la muerte fue por electrocución.

Un problema que afecta a otras especies

El quebrantahuesos es una de las especies más monitorizadas de la Península Ibérica gracias a emisores satelitales y equipos de campo especializados.

Y por ello, su mortalidad en tendidos eléctricos es visible y cuantificable.

La FCQ ha advertido de que este mismo problema está afectando de forma silenciosa a muchas otras especies de aves rapaces y planeadoras —algunas también amenazadas— que no cuentan con un seguimiento tan exhaustivo y cuyas muertes pasan desapercibidas en amplias zonas del territorio.

Dado el problema que supone la mortalidad no natural de avifauna por tendidos eléctricos, desde la Junta se dictan las actuaciones administrativas necesarias para que los titulares de las mismas procedan a su adecuación como responsables de su corrección, en el marco del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León.

Entre las medidas, el impulso de un plan de inspecciones con carácter preventivo y un protocolo de actuación ante casos constatados de electrocución y colisión.

Desde el punto de vista técnico, también se han elaborado diversos manuales con el fin de zonificar la Comunidad en función de la probabilidad de electrocución, establecer la tipología de los apoyos peligrosos, categorizar su peligrosidad, establecer las correcciones tipo a realizar y cuantificar desde el punto de vista económico la cuantía de dichas correcciones. 

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el anunciado paquete de ayudas, por importe de 287 millones de euros -117,4 millones correspondientes a las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno central-, para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con especial incidencia en los sectores dependientes del petróleo.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a estas ayudas que se trata de 28 medidas agrupadas en siete bloques específicos para atender las diferentes necesidades de los sectores productivos y las familias.

De entre estos bloques, Carriedo ha detallado que el que absorbe más fondos es el vinculado a la merma de ingresos en las arcas autonómicas que implica el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central, con 117,4 millones; seguido de los 113 millones para la financiación de sectores empresariales, 33,3 millones para eficiencia y ahorro energético, 10 millones para garantizar el funcionamiento de servicios públicos, 7 millones para favorecer la empleabilidad, 5 millones para reforzar el transporte colectivo de viajeros y 1 millón para ampliar el apoyo a las familias vulnerables.

Carriedo ha defendido que se trata de una respuesta rápida por parte de la Junta, al tratarse de una de las primeras autonomías en aprobar ayudas de este tipo, y ha añadido que aunque algunas de las medidas tienen como horizonte temporal el próximo 30 de junio, otras tienen vocación de permanencia, al entender que se trata de medidas estructurales que seguirán vigentes haya o no guerra en Oriente Medio, como las vinculadas al transporte de viajeros en autobús.

Como sectores más afectados, el portavoz de la Junta ha asegurado que estas medidas han sido tomadas tras mantener contactos con asociaciones de industriales, transportistas y con las organizaciones profesionales agrarias.

Ha reconocido que puede que con estas medidas no den “satisfacción completa” a las reivindicaciones de los sectores, pero ha asegurado que la financiación queda “garantizada”, pese a estar actualmente el Gobierno autonómico en funciones, sin tener referencias claras sobre la duración de esta crisis de precios energéticos.

Preguntado por la posibilidad de deflactar el IRPF para compensar la subida de precios, tal y como reclama el PP a nivel nacional, Carriedo ha respondido con la propuesta de su partido para rebajar el tramo autonómico del mismo impuesto, pero sin referencias a la deflactación.

En este sentido, Carriedo ha explicado que al estar en funciones el Gobierno no puede aprobar proyectos de ley en este sentido, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para constituir pronto un nuevo Gobierno que dé “estabilidad y confianza”.

No obstante, ha subrayado que desde el Gobierno autonómico en funciones asumirán “todos los restos y desafíos” que se presenten: “Que haya un gobierno en funciones no significa que haya un gobierno que no funciona”, ha resumido Carriedo, convencido de que tienen la “obligación de funcionar y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”.

Las medidas concretas:

1. Línea de adaptación a alzas de costes, hasta 750.000 euros y bonificación del 1,75% y un plazo de amortización de hasta 180 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

2. Financiación de circulante a la internacionalización para pymes, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5 % y un plazo de amortización de hasta 60 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

3. Financiación de costes energéticos a empresas exportadoras para inversión en sistemas de autoconsumo que reduzcan la exposición a la volatilidad energética de hidrocarburos, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5% y un plazo de amortización de hasta 180 meses de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

4. Fondo Internacionalización: para participar en capital de empresas o préstamos participativos para fomentar la internacionalización. Hasta 300.000 euros, amortización hasta 10 años con un límite de 3 años de carencia. Tipo de interés máximo del 1,5%.

5. Ampliación de la carencia de los proyectos de reindustrialización y de industrias de proyectos endógenos (forestal, agro, piedra).

6. Renegociación de las operaciones suscritas a través de la ampliación de plazo de carencia de los préstamos ya otorgados.

7. Incremento de las cuantías destinadas al Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 en 6,4 millones de euros. Permitirá cerrar operaciones de préstamos garantizados con aval público y en condiciones ventajosas por importe de 40 millones de euros de préstamos.

8. Incremento del porcentaje de bonificación para la contratación de seguros agrarios a titulares de explotaciones agrarias que tengan la consideración de joven agricultor pasando del 10% actual al 25%.

9. Cualificación vinculada a servicios estratégicos: impulso de programas de cualificación directamente vinculados a los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos y de servicios avanzados a la industria, para adquirir nuevas competencias e incrementar la empleabilidad y la competencia empresarial.

10. Atracción y fidelización del talento: refuerzo de la contratación del talento joven y cualificado, impulsando itinerarios de inserción, contratos vinculados a sectores estratégicos y programas de retorno.

11. Incentivos al empleo en sectores estratégicos: incremento de la contratación por cuenta ajena vinculada a sectores estratégicos y en sectores especialmente afectados por la crisis.

12. Refuerzo e incremento de servicios de las rutas Buscyl con mayor intensidad en el uso para ajustar la oferta a la mayor demanda de los ciudadanos derivada del incremento del precio de los combustibles.

13. Incremento del coste de las rutas Buscyl del servicio de transporte regular de viajeros de titularidad y gestión de la Junta de Castilla y León por el incremento del precio de los carburantes.

14. Activación en caso necesario los bonos de urgencia social para situaciones de necesidad de las familias vulnerables.

15. Impuesto Especial sobre Electricidad. La recaudación de este impuesto está íntegramente cedida a las comunidades autónomas según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba una reducción del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad del 5,1 % al 0,5 %. El impacto tributario se estima en 24,1 millones, que recaerá íntegramente en la Junta de Castilla y León.

16. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El 50 % de la recaudación de este impuesto está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley reduce del 21 % al 10 % el tipo impositivo del IVA aplicable a la electricidad, hidrocarburos, gas natural, briquetas y pellets. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 52,2 millones.

17. Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos. La recaudación del 58 % del tipo estatal general y del 100 % del tipo estatal especial está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba la reducción de los tipos impositivos del impuesto sobre hidrocarburos hasta el máximo permitido por la directiva europea que regula la imposición de los productos energéticos. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 41,1 millones.

18. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Esta línea tiene como objetivo continuar fomentando el ahorro energético de las pequeñas, medianas y grandes empresas, para mejorar la competitividad y paliar la subida de costes energéticos en el sector industrial.

19. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, así como a la implantación de renovables, en edificios del sector terciario de Castilla y León. Esta línea persigue fomentar el ahorro energético en edificios existentes del sector terciario.

20. Implantación de sistemas de autoconsumo renovable en edificios de titularidad de la Administración de la Comunidad.

21. Promoción de la biomasa con la asociación AVEBIOM (o la mesa intersectorial de la madera).

22. Impulso al aumento de la producción de biomasa autóctona.

23. Fomento de la construcción sostenible con madera para mejora de la eficiencia energética.

24. Impulso de la implantación de nuevas redes de calor por su determinante contribución a la consecución de los siguientes objetivos: la reducción del consumo energético final; la disminución de las emisiones de CO₂; el ahorro económico para administraciones y usuarios; la mejora de la calidad del aire urbano, y el impulso a la economía rural mediante el uso de biomasa local.

25. Bonificación del 100 % del coste para las comunidades de propietarios de las subestaciones necesarias para la conexión de edificios privados a redes de calor urbanas con biomasa forestal.

26. Para asegurar la correcta ejecución de los contratos de la Administración, de las obras, suministros y servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios públicos, se impulsará la aplicación, por los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de las directrices vinculantes aprobadas en el contexto de la guerra en Ucrania mediante Acuerdo 145/2022, de 23 de junio.

27. Puesta a disposición de las diferentes consejerías de los recursos presupuestarios necesarios para atender el mayor gasto derivado del encarecimiento de los bienes y servicios necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos.

28. Solicitud de reprogramación y ampliación del período de ejecución de los Fondos Europeos para adaptarse a las circunstancias derivadas de la situación.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este miércoles su defensa de la legalidad de permitir cazar y los aprovechamientos ganaderos en zonas arrasadas por los incendios forestales del pasado verano en León, aunque ha evitado mostrar los informes técnicos que avalan esta medida y que son preceptivos para activar la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual con carácter general marca cinco años de plazo en vez de siete meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado de nuevo por esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente que preside en funciones el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que entra en vigor este primer día de abril, Carriedo ha aludido a que es en las propias órdenes de la Consejería donde figuran las explicaciones que justifican esta medida.

En palabras de Carriedo, la orden de la Consejería publicada hace unas semanas “no solamente establece la normativa a aplicar sino las causas por las que se aplican estas normativas”, sin que la Junta haya aportado hasta hora los informes técnicos que permiten eludir la prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, recoge Efe.

Desde hace semanas, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, desde el pasado 12 de febrero, lo que ha sido reiterado hoy por los periodistas, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son los que han dado lugar a esta decisión, pero sin entregarlos o referirse expresamente a su contenido.

La orden

Fue aquel 12 de febrero hace unas semanas cuando la Junta de Castilla y León aprobó una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de cinco años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos y también ganaderos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

135.000 hectáreas quemadas

En la resolución publicada por la Junta, esta estableció por primera vez que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Los ecologistas denuncian electoralismo

Por su parte, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica anunciaron recursos judiciales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que calificaron como “electoralista”, entonces en plena precampaña.

En un comunicado, advirtieron al Ejecutivo autonómico de que, si rechazan los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta que autorizan la actividad ganadera y cinegética en estos terrenos, no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la penal por posible prevaricación ambiental.

La Junta de Castilla y León vuelve a prohibir el acceso nocturno al hábitat del urogallo (una especie catalogada en peligro de extinción y en situación crítica) en algunas zonas de los municipios leoneses de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes donde se encuentran los 209 ejemplares de esta especie, según el último censo previo a los incendios forestales del verano de 2025, que afectaron gravemente estas zonas.

Así, se prohíbe el acceso, tránsito y estancia de personas entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 23.00 horas a 9.00 horas a los llamados cantaderos del urogallo, coincidiendo con la época de celo de esta especie. Es al atardecer cuando los machos llegan a su punto elegido para el celo, donde duermen, y al amanecer comienzan a reclamar a las hembras con su canto característico.

Debido a la concentración de ejemplares alrededor de los cantaderos, la existencia de molestias en esta época es muy perjudicial para la reproducción, ya que podría conllevar el abandono de las zonas de canto por los machos y las hembras.

El urogallo es una especie catalogada en peligro de extinción, y declarada en situación crítica mediante Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El último censo de esta especie contaba únicamente con 209 ejemplares entre la provincia de León y Asturias. Sin embargo, la Junta no ha actualizado esta cifra tras la grave oleada de incendios desatados en agosto de 2025, a pesar de los reiterados requerimientos de este periódico.

Limitaciones por zonas y multas de hasta 200.000 euros

Para evitar molestias a los ejemplares de urogallo en un periodo vital para la reproducción, y previo trámite de audiencia a los propietarios de los terrenos afectados, mediante Resolución de 31 de marzo de 2026 de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se ha limitado el acceso en montes de utilidad pública incluidos en las áreas críticas AS-04, AS-10, AS-11, AS-15 y AS-24, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000210 ALTO SIL, OM-05, OM-06, OM-07 y OM-08 en la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000364 OMAÑAS, así como en el área crítica OM-04 situada en un monte particular de esta ZEPA, conforme se definen en el anexo II del plan de recuperación del urogallo cantábrico, y ubicadas en los términos municipales de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes.

El incumplimiento de estas medidas está tipificado como infracción grave a la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León, pudiendo conllevar multas desde los 5.001 euros hasta los 200.000 euros.

La Junta destaca que la norma aprobada va dirigida a los visitantes, no afectando estas limitaciones a los propietarios de los terrenos, ni a los titulares de derechos sobre su uso, en particular los vecinos que participen en los aprovechamientos vecinales, ni a los titulares de otros aprovechamientos, ni a los responsables del mantenimiento de los servicios públicos municipales o de vigilancia, ni a las personas que participen en otros trabajos expresamente autorizados por la Administración, que tendrán libre acceso a dichas zonas para el desarrollo de las actividades permitidas.

De manera simultánea a la regulación del acceso, se ha establecido un operativo para la vigilancia de la zona, con la participación de agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y las Patrullas oso y urogallo de la Fundacion del Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. Igualmente se han colocado señales en los accesos para informar a los visitantes sobre la regulación temporal que se aplica.

Cabe recordar que, a pesar de estas prohibiciones, en el año 2022 se llevó a cabo una investigación por la vía administrativa y otra judicial por la construcción de una vía forestal que atravesaba un cantadero de urogallo. Las máquinas atravesaron la senda sin que llegase a constar autorización para ello. A pesar de ello, este periódico, que contó la noticia en exclusiva, no ha recibido nunca respuesta sobre el desenlace de ambas investigaciones.

Un hombre, de en torno a 65 años de edad según las primeras informaciones, ha resultado herido poco después del mediodía de este miércoles, víctima de un atropello ocurrido en uno de los puntos negros de León, en el barrio de Eras de Renueva de la capital leonesa.

Tal y como ha detallado en un primer momento fuentes oficiales del Servicio de Emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla y León, el aviso sobre el siniestro de tráfico tuvo lugar a las 12.26 horas. Se detallaba ya entonces que el atropello había ocurrido en la avenida de los Reyes Leoneses, eje central del barrio, más en concreto en el paso de peatones que está situado a la altura del Centro Comercial León Plaza, sentido hacia el norte de la ciudad.

De hecho, fueron varias las llamadas telefónicas que se sucedieron, relatando que la víctima era un hombre de unos 65 años de edad y que se había visto implicado también un turismo. La víctima permanecía en el lugar y consciente.

El operativo se puso en marcha de manera urgente, avisando a efectivos de la Policía Local de Tráfico de León, así como a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), gracias a lo cual se envió al lugar una UVI móvil para evaluar la salud del accidentado y decidir su traslado al Hospital de León, a pesar de estar muy cerca el centro de salud de este barrio leonés.

El proyecto minero para la búsqueda de arenas silíceas y arcillas caoliníticas entre los municipios leoneses de Rioseco de Tapia y Carrocera da un paso adelante. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este 1 de abril el otorgamiento del permiso de investigación denominado ‘Tapia’, un trámite que confirma la continuidad administrativa de la iniciativa ya conocida el pasado año.

La resolución concede a la empresa Recursos Naturales del Suelo S.L. el derecho minero sobre 12 cuadrículas en ambos términos municipales, para la investigación de recursos, concretamente arenas silíceas y arcillas caoliníticas. El ámbito se sitúa en una amplia zona próxima a la autopista León-Asturias (AP-66) y al embalse de Selga de Ordás, tal y como ya recogía la documentación inicial del proyecto.

Se trata exactamente de los mismos materiales, ubicación y promotora que figuraban en la solicitud sometida a información pública en abril de 2025. Este paso no implica todavía la explotación directa, pero sí habilita a la empresa a estudiar el potencial real de los recursos en la zona.

El ámbito autorizado queda delimitado por un perímetro de coordenadas geográficas que configuran la superficie de las cuadrículas mineras otorgadas, situadas en el entorno de Tapia de la Ribera y próximas a enclaves como Benllera, en una zona donde ya existen antecedentes de actividad extractiva.

El proyecto contempla una posible explotación en una superficie de hasta 365 hectáreas durante tres años, con una inversión inicial cercana a los 100.000 euros. Aunque el anuncio actual no detalla esas magnitudes, sí confirma que la iniciativa sigue su curso administrativo, consolidando su viabilidad desde el punto de vista minero.

El otorgamiento se hace público conforme a la Ley de Minas y su reglamento, cerrando así el perímetro de actuación autorizado y marcando un nuevo avance en un proyecto que podría tener impacto en el entorno de la montaña central leonesa si finalmente llega a fase de explotación.

La Gerencia Regional de Salud, de la Junta de Castilla y León, ha anunciado hoy la adjudicación en prácticamente seis millones de euros, con un plazo de ejecución de dieciocho meses -año y medio-, la Unidad de Reanimación Postquirúrgica del Hospital de León.

Según la Consejería de Sanidad, esta actuación permitirá renovar y ampliar la actual Unidad de Reanimación, que pasará de doce a dieciséis camas y se ubicará en la primera planta del edificio sur del Hospital. Se trata de una obra previa e imprescindible para que, cuando la nueva Reanimación entre en funcionamiento, allá por finales de 2027, Sacyl comience a acometer en el espacio liberado la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que prometió en todos los hospitales de Castilla y León en 2020, en plena pandemia. De hecho, se ha ampliado en todos los centros excepto en el de León, a pesar de prometerse entonces, y en este caso el retraso será de ocho años en el mejor de los escenarios.

Sin entrar en los constantes incumplimientos, la Consejería de la Junta se ciñe a que esta intervención permitirá incrementar de manera notable la capacidad de cuidados intensivos del Hospital, al pasar de dieciséis a veintiocho camas, lo que supone un aumento de doce plazas respecto al número actual.

En conjunto, entre la nueva Unidad de Reanimación y la ampliación de la UCI cuando sea una realidad, el complejo hospitalario aumentará su dotación total de camas críticas de 28 a 44 “para reforzar la atención a pacientes que requieren vigilancia continuada”, ya sea tras una intervención quirúrgica o durante la evolución de patologías graves que precisan soporte vital avanzado.

El proyecto adjudicado a la empresa Ferrovial exactamente por un importe de 5.959.161,51 euros, incluye tanto la ejecución de las obras como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, y forma parte de la estrategia de modernización de infraestructuras sanitarias de la Junta de Castilla y León. Una estrategia que contemplaba estas actuaciones ya en el año 2022, reinterándose después, siempre sin cumplir, año tras año.

La Unidad de Reanimación se construirá en concreto principalmente en la planta baja del mismo edificio, actualmente zona de aparcamiento cubierto que se cerrará y habilitará para el nuevo uso, de una serie de unidades y servicios que se encuentran en la zona en la que estará la Reanimación.

Ecologistas en Acción ha cargado con dureza contra las administraciones públicas por su gestión del incendio, declarado en la madrugada del 18 de marzo en una nave con residuos plásticos y neumáticos en la ciudad de La Bañeza, un suceso que, pese a haber reducido la peligrosidad de la nube tóxica en los últimos días, continúa sin darse por extinguido.

La Junta de Castilla y León desactivó el pasado 23 de marzo la situación 1 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil (Plancal), al considerar que el riesgo para la población había disminuido de forma significativa. Sin embargo, mantiene un retén de bomberos y medios de extinción ante la persistencia de focos activos y episodios puntuales de humo, que aún obligan a extremar la precaución, especialmente entre personas vulnerables.

Desde la organización ecologista advierten de que el incendio ha provocado durante días una “grave contaminación del aire”, con una nube de humo y cenizas que se ha extendido por amplias zonas del entorno bañezano, alcanzando incluso áreas como el valle del Tuerto, la Sequeda o Astorga. A su juicio, esta situación ha puesto en riesgo la salud de miles de personas y evidencia “una situación inaceptable e insostenible”.

Ecologistas en Acción cuestiona además la falta de información pública sobre el alcance real del siniestro. “¿Se ha analizado la calidad del aire? ¿Por qué no se han comunicado los resultados a la ciudadanía?”, plantean, al tiempo que critican que no se haya informado sobre el volumen de residuos calcinados ni sobre el impacto ambiental generado.

La organización también pone el foco en la posible ilegalidad del depósito afectado y se pregunta por qué el Ayuntamiento de La Bañeza no había actuado previamente para desmantelarlo. En este sentido, denuncian una falta de control e inspección sobre este tipo de instalaciones.

Más allá del caso concreto, los ecologistas enmarcan este incendio en una política autonómica que, aseguran, favorece la llegada de residuos a Castilla y León. Como ejemplo, citan el proyecto de macrovertedero de residuos industriales y peligrosos en el municipio de San Justo de la Vega y advierten de que este modelo está detrás del aumento de incidentes en instalaciones similares.

“Las normativas y tasas medioambientales no se han adaptado, mientras los mecanismos de control y sanción se debilitan”, sostienen, recordando que en la provincia de León se han registrado episodios similares en los últimos años, como el caso del enorme siniestro Recuperación de Materiales Diversos (RMD), en Ardoncino.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige a la Junta que “asuma sus responsabilidades”, refuerce las labores de prevención e inspección y aplique de forma efectiva la responsabilidad ampliada del productor en la gestión de residuos, con el fin de evitar que se repitan incendios de estas características.

Un hombre de 72 años ha resultado herido este lunes 30 de marzo tras salirse de la vía el turismo en el que viajaba y quedar parcialmente volcado sobre el lateral del copiloto en el kilómetro 152 de la carretera CL-626, conocida como Eje Subcantábrico, a la altura de la localidad de Valmartino, en el término municipal de Cistierna. El suceso se ha producido a las 11.51 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el ocupante del vehículo, que se encontraba consciente pero no podía abandonar el turismo por sus propios medios. Desde el centro de emergencias se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos del parque comarcal de Cistierna, dependientes de la Diputación, y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl).

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud más cercano, de Cistierna. Los bomberos procedieron a la excarcelación del herido, que fue atendido in situ por los servicios médicos antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital de León a causa de las heridas recibidas.

Por otro lado, en la misma jornada se ha registrado otro accidente de tráfico en la provincia, en este caso en San Andrés del Rabanedo. A las 08.41 horas, en el kilómetro 309 de la carretera N-120, León-Astorga, se produjo una colisión por alcance entre una furgoneta y un turismo, en la que resultó herida una mujer de 62 años, ocupante del turismo. Ella indicaba que se encontraba consciente y sentía dolor en el cuello. El 1-1-2 dio aviso a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo y a Emergencias de Sacyl, que envió asistencia al lugar, quedando también informada la Guardia Civil de Tráfico, encargándose de que el siniestro afectara lo menos posible al tráfico en una zona muy concurrida.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha autorizado la reparación de los revestimientos interiores de las bóvedas de la nave y la capilla norte de la Catedral de Astorga, entre otras actuaciones. Se trata de una reparación que se asumeja mucho a la que la propia Comisión ya había autorizado hace casi dos años.

Ahora se especifica que la intervención permitirá subsanar los daños ocasionados por humedades, mediante la limpieza, saneado y reposición de revestimientos, así como la aplicación de tratamientos que favorezcan la conservación de los paramentos interiores, ha informado la Delegación de la Junta de Castilla y León en un comunicado. Tras esta autorización, ahora corresponde al Obispado de Astorga licitar el proyecto de reparación en la Seo, con un presupuesto detallado y un plazo de actuación que todavía no se han dado a conocer.

Por otro lado, la comisión ha dado luz verde al proyecto de restauración y puesta en valor del recinto amurallado de Almanza, en su fase 5, centrada en la mota fortificada y el castillo. La actuación contempla trabajos de excavación y control arqueológico, así como la recuperación del entorno mediante la creación de sendas y la integración de los restos defensivos, contribuyendo a su conservación y difusión. La Comisión ha establecido como prescripción que cualquier modificación derivada de hallazgos arqueológicos deberá ser nuevamente autorizada.

Por otra parte, la Comisión ha autorizado las obras de restauración de los restos del torreón de Canseco, en el municipio de Cármenes, con el objetivo de consolidar este elemento defensivo declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

En el ámbito de la conservación de patrimonio religioso, se ha informado favorablemente del proyecto de reparación y sustitución de la cubierta de la iglesia de la Asunción de Arganza; la intervención permitirá mejorar las condiciones de estabilidad y uso del templo tras los daños estructurales sufridos, recomendándose la conservación de determinados elementos originales de cara a futuras actuaciones.

Igualmente, la Comisión ha autorizado las obras de renovación y reforma de la plaza de la Torre, en Urdiales del Páramo, un espacio situado sobre el yacimiento arqueológico denominado 'Barrio de Urdiales'.

La actuación incluye la reordenación del espacio con zonas pavimentadas y ajardinadas, así como la instalación de alumbrado y mobiliario urbano, estableciéndose la obligación de realizar control arqueológico durante los movimientos de tierra.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han solicitado a las industrias lácteas que operan en Castilla y León que prorroguen al menos quince días, hasta mediados de abril, la negociación de los contratos que vencen este martes 31 de marzo, con el fin de garantizar la recogida de leche mientras se alcanza una solución.

Según han denunciado este lunes en un comunicado, la negociación se está desarrollando de forma “muy precipitada”, ya que las empresas han esperado a los últimos días para realizar sus ofertas, en muchos casos de forma verbal y no por escrito, con propuestas que suponen bajadas de precio de en torno al 14% sobre un valor de referencia actual de 52 céntimos por litro.

Las organizaciones agrarias han considerado que, al tratarse de un producto perecedero, las industrias “juegan con ventaja” en la negociación y pueden imponer sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada.

En este sentido, han advertido de que dejar de recoger leche a partir del 1 de abril a quienes no tengan suscritos los contratos se entendería como un “chantaje” y convertiría la ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial.

Por ello, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han reclamado prolongar el periodo de negociación, que las ofertas se realicen por escrito, que se recoja toda la leche mientras se negocia y que el precio acordado tenga carácter retroactivo desde el 1 de abril.

Ante la “magnitud del problema”, con caídas de precios de hasta el 14%, las organizaciones han exigido a las administraciones públicas, Estado y Junta de Castilla y León, que se ofrezcan a mediar entre las partes, vigilen el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria, y eviten pactos de precios entre los principales operadores.

Por todo ello, han indicado que esperan que las industrias lácteas y la gran distribución actúen con “amplitud de miras” y antepongan la viabilidad del sector a medio y largo plazo frente a medidas “cortoplacistas”, como la bajada de precios en un contexto de excedentes puntuales en varios países productores de la Unión Europea.

Un viajero de un autobús urbano de la ciudad de León ha resultado herido en la tarde de este lunes a causa del frenazo que ha dado el vehículo de transporte municipal tras verse involucrado en un accidente de tráfico en las inmediaciones de la Plaza de Toros.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles específicos del suceso, fuentes oficiales del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León especificaron que los primeros del suceso tuvieron lugar muy poco antes de las seis de la tarde. En torno a las 17.56 horas se comunicó con la Sala de Operaciones detallando que un accidente de tráfico con colisión entre el bus de la capital y un turismo había provocado un frenazo en el primero. El siniestro ocurrió en concreto en los primeros metros de la calle Corredera.

A causa de la pérdida de velocidad repentina, un pasajero que en ese momento se encontraba en el interior del autobús perdió el equilibrio y sufrió una caída dentro, causándose un impacto que le dejó algunas heridas, de momento no detalladas públicamente.

Sin embargo, debían revestir alguna gravedad dado que inmediatamente se coordinaron medios para atender al herido y afrontar el accidente. Así, fueron llamados tanto la Policía Nacional como efectivos de Tráfico de Policía Local de León, que se encargaron de controlar la circulación por la zona durante la intervención. También acudieron medios de Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), para valorar la situación del herido y decidir si se producía un traslado en ambulancia al Hospital de León.

Tres escaladores fueron rescatados este lunes por la mañana en una pequeña arista en el descenso del Pico Mirador, en el municipio de Boca de Huérgano. Equipados y con víveres, habían cubierto la Vía Ferrata cuando manifestaron no poder continuar la expedición, según informa el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias movilizó el helicóptero de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. El gestor del 1-1-2 también dio aviso del incidente a la Guardia Civil de León y al parque de Bomberos de la Diputación Provincial en Cistierna.

Los rescatadores accedieron en grúa y evacuaron a los escaladores, ninguno de los cuales precisó de asistencia sanitaria, a un lugar seguro.

La Junta de Castilla y León ha aprobado el calendario de fiestas laborales para el año 2027, tras su publicación este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y con el consenso de los agentes económicos y sociales en el Consejo Regional de Trabajo, tal y como se destacó en la última sesión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado jueves.

Cumplidos todos los trámites, se han puesto ya por fin en el calendario las fiestas laborales que tendrán carácter retribuido y no recuperable en todo el ámbito autonómico, a las que habrá que sumar posteriormente las dos jornadas festivas de carácter local que fijará cada municipio. Por ejemplo, en el caso de León capital, tal y como ha ocurrido en todos los años previos, el 24 de junio con motivo de San Juan y el 5 de octubre por la celebración de San Froilán, pero cada ayuntamiento debe señalar y aprobar los suyos.

Respecto al listado autonómico y nacional, el calendario de 2027 presenta una distribución que deja varios fines de semana largos y algunos puentes potenciales, especialmente en primavera y verano.

Las fiestas laborales serán las siguientes:

El viernes 1 de enero, Año Nuevo.

En total, el calendario recoge 12 festivos comunes en toda la Comunidad Autónoma, a los que se sumarán los dos días festivos locales hasta completar las 14 jornadas no laborables en total. El listado coincide con las mismas festividades de los últimos años, salvo en en 2023, el segundo año en el que Vox, que formaba entonces cogobierno autonómico con el Partido Popular (PP), impuso que no fuera festivo el 23 de abril, para restar fuerza a la celebración comunera de Villalar, y designando en su lugar el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, una fecha que nunca ha sido tradicional en la Comunidad. La decisión, que no se mantuvo después, generó gran controversia social, tanto como la idea inicial también de Vox de situar como festivo el 2 de enero, día de la toma de Granada, una ocurrencia que no cuajó.

Puentes que vienen

Cambios extraños aparte, en cuanto a su distribución semanal del año que viene, el calendario deja varios periodos propicios para el descanso. La Semana Santa volverá a concentrar dos festivos consecutivos en jueves y viernes a finales del mes de marzo, mientras que el 23 de abril, Día de Castilla y león, caerá en viernes, generando un fin de semana largo.

También habrá un puente claro en agosto, con el traslado de la Asunción al lunes 16, y otro en noviembre, al coincidir el día de Todos los Santos en lunes. Diciembre concentrará dos festivos cercanos, el lunes 6 y el miércoles 8, lo que permitirá en muchos casos un puente de varios días pero sólo si se unen con jornadas laborales intermedias. Por el contrario, otros festivos caerán en fin de semana, como el 1 de mayo y el 25 de diciembre, lo que reduce las opciones de descanso adicional en esos casos.

Los grandes incendios forestales del pasado verano, con especial incidencia en territorios del noroeste como la provincia de León, donde se batieron récords históricos, se han convertido en un factor clave que está condicionando la política estatal sobre la conservación y la posibilidad de cazar al lobo ibérico. Así lo reflejan tanto la demora del Gobierno en actualizar el estado de la especie como las advertencias de la Comisión Europea sobre su gestión.

En paralelo, el lobo (Canis lupus) ha sido incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría de “vulnerable”, debido a que su población no garantiza su viabilidad a largo plazo. La evaluación, coordinada por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem), estima que en España hay menos de 1.000 individuos maduros, e incluso por debajo de 700 si se atiende a la estructura reproductiva de la especie.

El núcleo principal de la población se concentra en el tercio noroccidental de la península, con la autononía de Castilla y León como uno de sus principales bastiones, precisamente las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Este impacto ha llevado al Gobierno a aplazar la publicación del informe oficial sobre el estado de conservación del periodo 2019-2024, al considerar necesario actualizar los datos aportados por las comunidades autónomas teniendo en cuenta los efectos del fuego sobre el hábitat y las poblaciones de lobo. En concreto, Castilla y León identiticó un censo actualizado con mayor número de ejemplares en su última actualización, aunque con muchos matices. Mientras por otro lado, ha permitido la caza de numerosas especies cinegéticas en apenas siete meses cuando su propia Ley concedía una moratoria obligatoria de cinco años, y eso sin dar a conocer ningún tipo de informe oficial respecto.

A esta presión ambiental se suma la derivada de la gestión cinegética. En el último año, varias comunidades como Asturias o Cantabria han autorizado controles letales para reducir daños al ganado, lo que también influye en el cómputo global de la especie, una decisión que los Tribunales estatales han acabado tumbando.

En este contexto, la Comisión Europea ha recordado a España que cualquier medida de caza debe ser compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable. En una respuesta remitida a Podemos y Alianza Verde y recogida por Efe, la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, subraya que los Estados miembros están obligados a garantizar que la explotación de especies como el lobo, incluida en el anexo V de la Directiva Hábitats al norte del Duero- no comprometa su supervivencia.

Bruselas va más allá y advierte, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, de que en situaciones de incertidumbre sobre el impacto de estas prácticas, los países deben abstenerse de autorizarlas. Además, recuerda que el lobo presentaba ya un estado de conservación “desfavorable” en el último informe remitido por España (2013-2018), a la espera de la actualización actualmente en revisión, la cual va a tener en cuenta la variable de la no documentada afección de los incendios en la población lobera.

Los expertos inciden en que la situación no ha mejorado en las últimas décadas. El número de manadas se ha mantenido estable, en torno a los 300 grupos familiares, y la distribución de la especie sigue limitada a una fracción de su área histórica, apenas un 30% de la existente en 1850. A ello se suma una gestión desigual entre comunidades autónomas y la reciente retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2025, una decisión que, según denuncian desde Secem, no tuvo en cuenta criterios científicos.

El escenario ibérico tampoco es más favorable. En Portugal, el lobo está catalogado “en peligro” y su población ha sufrido una contracción del 20% en las últimas décadas. Por ello, los especialistas reclaman una gestión coordinada entre ambos países, al tratarse de una única metapoblación compartida.

Ante este panorama, los científicos insisten en la necesidad de reforzar la protección legal del lobo, mejorar los sistemas de seguimiento y prevención de daños al ganado y avanzar hacia una estrategia común a escala peninsular. Todo ello en un momento en el que factores como los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, están reconfigurando no solo los ecosistemas, sino también las decisiones políticas sobre una de las especies más emblemáticas y controvertidas de la fauna ibérica.

La Biblia de estos tiempos, o si se quiere la enciclopedia actual –léase internet– indica que la extensión de Israel es de unos 22.000 kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de León, con casi 16.000 kilómetros cuadrados y la de la provincia de Orense con unos 7.000 kilómetros cuadrados. En León vive menos de medio millón de personas, en Orense algo más de trescientas mil. Israel cuenta con aproximadamente diez millones de habitantes.

Israel tutela Cisjordania y la franja de Gaza, territorios palestinos, la primera con casi 6.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente tres millones de habitantes. La segunda son 365 kilómetros cuadrados para una población de dos millones de personas. ¿Sorprendente verdad? Cisjordania y la franja de Gaza conforman Palestina, la patria bíblica de los filisteos. Palestina, por la gracia de Israel carece de reconocimiento como país, se podría decir de ella que está sumida en un limbo legal, como lo está León.

Apoyada hasta la náusea por la comunidad internacional, Israel ha tenido la habilidad de dividir Palestina en dos partes. Una, la menos castigada, la más dócil y sumisa que es Cisjordania, la otra, la más rebelde, la que ha intentado plantar cara al todopoderoso estado judío es la franja de Gaza. El partido gobernante en la olla a presión que es Gaza se llama Hamás, y es considerado como un grupo terrorista por esa misma comunidad internacional, que no vacila en hacer un seguidismo bochornoso del país judío, quizá por tener mala conciencia heredada de cuando no se movilizó para impedir el holocausto nazi. Bien es cierto que si Hamás dispusiera de un poderoso ejército no sería tachado de grupo terrorista.

Cisjordania es menospreciada por prácticamente todo el mundo, incluido el país vecino, Jordania, que, tras la guerra de los Seis Días y un rey felizmente casado con una ciudadana americana, se ha ido occidentalizando y plegándose ignominiosamente a los designios del Pueblo de Dios. Contaba con el apoyo de países limítrofes como Siria y parte del Líbano, pero también estos países se han ido arrodillando ante el poder sionista y su valedor, el socio norteamericano, y el Tío Sam (ejército gringo) que no repara en hacerle los trabajos más sucios. Cisjordania aunque más acomodaticia que Gaza, se ve igualmente zarandeada. 

Europa concede el beneplácito a Israel para contentar al amigo americano, y así participa en competiciones deportivas con el resto de equipos europeos o hace el ridículo en Eurovisión como si fuera un país europeo más. Cierto es que la población israelí es en buena medida de origen europeo, aunque también tiene un buen componente sudamericano, principalmente argentino. Lo cierto es que pese a ser un país metido con calzador entre países árabes, Israel recibe el aplauso de Occidente y por la gracia de considerarse una democracia, tiene patente de corso para hacer las mismas atrocidades que padeció por los jerarcas de la Alemania nazi.

Cotejando Palestina con León

Pero si cotejamos Palestina con León veremos que mantienen similitudes notables, y todo ello merced a la asfixiante presión que Israel ejerce sobre ella. Podríamos afirmar sin faltar mucho a la verdad que Palestina es asimilable a León en la misma medida que Israel lo es a Castilla, aunque para ser más precisos deberíamos decir a Valladolid con la Junta de Castilla y León como persona jurídica interpuesta. Veamos si no. Para empezar, y como ya mencionamos unas líneas más arriba Palestina y León carecen de capacidad decisoria sobre su territorio y sobre su futuro. A Palestina le arrebataron ese derecho, León se lo dejó arrebatar.

La Cisjordania palestina cuenta con uno de los lugares sagrados para el Islam, Jerusalén, que también lo es para los judíos. León por su parte cuenta con la Cuna del Parlamentarismo, pero disponer de dos lugares emblemáticos ni a León ni a Palestina les sirve para nada. A ambos se les va paulatinamente borrando su pasado por el uso de la fuerza, en un caso con muertes y bombardeos, en nuestro caso de forma sibilina dejando que el tiempo transcurra y la política de hechos consumados se imponga. Los foros internacionales ya no reconocen a ninguna de ambas entidades territoriales. 

Gaza, la parte más díscola, sería equiparable al leonesismo más combativo con el que se ensaña la potencia hegemónica. De no ser porque estaría mal visto en la Gaza Leonesa se procedería a laminar sistemáticamente toda insurgencia, de cualquier modo, una callada labor de zapa arroja resultados parecidos. Cisjordania sería equiparable al leonesismo más domesticado y a los leoneses que con más facilidad se dejan colonizar por sus agresivos colonizadores. La Cisjordania leonesa, mal que le pese, pasará por la misma trituradora.

Gaza está destrozada directamente, Cisjordania se va destrozando de forma más larvada. León se cuartea y se destroza de forma larvada pero al final, sus pueblos, que se van abandonando acaban por dar una imagen muy similar a la castigada franja de Gaza. Israel ha destruido hasta los recursos hídricos de los palestinos. En León se ‘roba’ el agua legalmente, bien sea a través de los Payuelos (Junta en Valladolid) bien sea a través de túneles o imposiciones de Confederación Hidrográfica del Duero (Gobierno de Madrid). 

Israel comprime a Palestina –sobre todo a Gaza– impidiéndole la llegada de recursos básicos. En León se hace de forma más sofisticada cerrándole el grifo de ayudas y desviando inversiones, incluso fondos europeos específicos (Fondos Miner, o Transfronterizos). Palestina ha sido ilegalmente fagocitada por Israel, León fue fagocitado ilegalmente por Castilla y León porque no se consultaron a su ciudadanía y su voz silenciada. Israel comete genocidio y provoca el éxodo palestino. Castilla y León hace lo propio reduciendo la atención sanitaria y dejando perder servicios necesarios. El éxodo que esto provoca es parangonable al palestino.

Pero hay una diferencia notable entre Palestina y la Región Leonesa, los palestinos luchan, se enfrentan a sus agresores y cuando no pueden más, emigran. En León no hay lucha, directamente se busca el camino de la emigración. Su gente prefiere retraerse a plantar cara. Los palestinos han demostrado agallas e insumisión, los leoneses encogimiento y vasallaje.

Posdata: cualquiera puede ampliar los epígrafes de este artículo. Ejemplos no le han de faltar.

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel para un hombre acusado de provocar un incendio forestal en el municipio de Borrenes el 13 de septiembre de 2025, en un suceso que, según el Ministerio Público, puso en peligro incluso zonas habitadas próximas al foco del fuego.

De acuerdo con el escrito de acusación, el acusado, un hombre de nacionalidad española y de 47 años, con antecedentes penales ya cancelados, prendió fuego de manera intencionada a la vegetación utilizando un mechero en cuatro puntos distintos situados a ambos de una carretera, en torno a las 17.56 horas de ese día.

El incendio fue observado directamente por un testigo, que alertó a la Guardia Civil. Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el lugar y procedieron a la detención del sospechoso. El hombre permaneció privado de libertad los días 13 y 14 de septiembre y se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de ese mismo mes, situación que la Fiscalía interesa mantener hasta la celebración del juicio oral.

El fuego no quedó extinguido hasta la mañana del 14 de septiembre, aunque fue controlado la tarde anterior. La superficie afectada ascendió a 2,96 hectáreas, de las cuales 2,60 correspondían a monte particular y 0,36 a terreno de cultivo.

El Ministerio Público subraya además que el incendio se produjo en una zona clasificada como Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZAR), donde en ese momento estaba activado el nivel alto de alerta, lo que incrementaba el potencial peligro del fuego. Asimismo, destaca que las llamas se originaron a escasa distancia de edificaciones, generando riesgo para la población.

Los daños derivados del incendio ascienden a un total de 9.520,58 euros. De esa cantidad, 8.715,45 euros corresponden a los costes directos de extinción asumidos por la Junta de Castilla y León, mientras que 805,13 euros se atribuyen al impacto ambiental causado en los terrenos afectados.

Los hechos han sido calificados por la Fiscalía como un delito de incendio forestal cualificado, del que considera al acusado autor directo. No obstante, aprecia la concurrencia de una circunstancia atenuante, al entender que el procesado actuó con su capacidad volitiva parcialmente afectada por la ingesta previa de sustancias psicoactivas, aunque sin merma de sus facultades cognitivas.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita la imposición de una multa de veinte meses y veinte días, con una cuota diaria de seis euros, así como la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación reclama que el acusado indemnice a la Junta de Castilla y León con 8.715,45 euros por los gastos de extinción, así como a los propietarios de los montes afectados con 805,13 euros por los daños ambientales, cuya identificación concreta se realizará en fase de ejecución de sentencia.

La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de León y propone como prueba la declaración del acusado, testigos presenciales, agentes de la Guardia Civil, peritos medioambientales y forestales, así como la reproducción de documentación y material audiovisual recabado durante la investigación.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por Podemos contra la declaración como prioritario del proyecto industrial de Indra para la Comunidad, que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con una empresa emiratí, y ratifica la continuidad de la tramitación por interés público.

Según ha informado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, se ha desestimado la solicitud de Podemos que pedía la nulidad y suspensión del acuerdo, y alegaba posibles efectos irreversibles sobre la seguridad y los derechos humanos.

La decisión se ha tomado sobre la base de un informe técnico que señala que la solicitud de Podemos no se fundamenta en ninguna de las causas de nulidad previstas en la Ley, ni tampoco concreta los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación.

Por ese motivo, la Junta de Castilla y León “ha optado por proteger el interés público y mantener la celeridad en la tramitación del plan industrial, denegando la solicitud planteada”, ha indicado el Gobierno autonómico.

Con un acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el pasado 9 de marzo, la Junta declaraba como proyecto industrial prioritario el plan estratégico de crecimiento de la empresa tecnológica Indra para el periodo 2026-2027 en Villadángos del Páramo (León) y Valladolid.

La iniciativa, que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con la empresa emiratí EDGE, creada en 2019 por el gobierno de Abu Dabi, contempla una inversión de 41,5 millones de euros y la creación de más de 300 empleos directos.

Los restos de los hornos altos de la Ferrería de San Blas de Sabero recibirán 2 millones de euros, el 70% procedentes del Fondo de Transición Justa y el 30 restante de la Junta, para acometer unas obras de protección y consolidación, según ha anunciado este jueves el portavoz del Gobierno autonómico en funciones.

La intervención se enmarca en la línea de inversiones destinadas a la gestión y puesta en valor del Sistema Territorial del Patrimonio Cultural Industrial de las Cuencas Mineras de León y Palencia, en las zonas afectadas por el cierre de las minas de carbón y el desmantelamiento de las centrales térmicas.

El proyecto en los restos de la Ferrería de San Blas, en Sabero, ubicados junto al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, busca rescatar la tradicional conservación del patrimonio de los bienes culturales, en el actual contexto social y cultural, transformándola en conservación global y activa.

La actuación supone reorganizar los espacios exteriores para crear nuevas conexiones entre el museo y la excavación, sin renovación solo con consolidación y protegiendo el terreno con materiales reversibles (geotextil y escoria siderúrgica), además de recuperar las estructuras originales para facilitar la comprensión del espacio histórico.

La Ferrería de San Blas fue la primera de España en contar con altos hornos de cok entre 1847 y 1862, incluso antes que los de Trubia y Mieres en Asturias. La crisis arancelaria de los años 60 del siglo XIX provocó su cierre.

El objetivo es detener el deterioro y garantizar el uso sin alterar la autenticidad del conjunto, y el proyecto se completa con una reintegración paisajística del entorno, especialmente en la ladera noroeste, donde se aplicarán técnicas de bioingeniería (gaviones de piedra caliza y vegetación de raíces profundas) para estabilizar el terreno y recuperar su aspecto natural.

En cuanto a la gestión, se propone una actuación museística que puede coordinarse desde el museo, con un sistema de visita inmersiva y autoguiada, apoyada en recursos digitales y señalización interpretativa, que facilite la comprensión del proceso siderúrgico sin necesidad de guías especializados.