Ajena a protestas vecinales, al margen de denuncias ambientales y a recursos judiciales en marcha, la Junta de Castilla y León ha dado el paso definitivo para la ejecución del complejo de plantas energéticas de incineración y solares en el sur de la ciudad de León, bajo el nombre de Red de Calor.

Lo ha hecho sacando a licitación pública los dos primeros y más cuantiosos contratos, por un valor inicial conjunto de casi 62 millones de euros, y con plazos de ejecución de dos años, 24 meses, cada uno de ellos, a contar desde que se hayan elegido las empresas que se contratarán por parte de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que depende de la Consejería de Medio Ambiente. La ingente cantidad de dinero de lo que será de largo la mayor inversión de la Junta en la ciudad y la provincia provendrá en gran medida de fondos europeos destinados al plan de Transición Justa, es decir, fondos mineros en principio para la compensación por el cierre de la minería del carbón en la provincia.

El primero de los contratos, el mayor, será el del corazón mismo del proyecto, la macroplanta de incineración de biomasa de origen vegetal, un complejo de dos inmensas calderas que tendrán capacidad para convertir en energía calorífica hasta 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. La Consejería destaca su beneficio con una cifra: que permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ al año.

Su coste de salida dado hoy a conocer es de 41.722.860 euros. Se ha elegido la parcela cedida por el Ayuntamiento de León, no sin polémica aún, y en total ocupará un complejo de 24 hectáreas junto al río Bernesga, lindando con el cementerio de León y la Ronda Sur LE-30, en el barrio de Puente Castro. En esta primera fase, explica hoy la Junta en un comunicado, se instalarán dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, es decir, sumando una potencia total de 44 Mw, si bien se ha diseñado una segunda fase posterior que duplicará esto hasta alcanzar los 88 Mw.

“La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa”, remarcan en una suerte de beneficio circular. Un beneficio que culminan con cifras como que ese corazón de calor suministrará calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas de la ciudad y 150 edificios públicos y privados de la ciudad, y que si las comunidades previstas se 'enganchan', insiste Medio Ambiente, supondrá el fin de más de 1.200 calderas y chimeneas que hoy son de gas o gasóleo.

Los tuberías por los barrios, las calles concretas

Ahí entra el segundo contrato millonario: la primera fase de la red de tuberías subterráneas que han de llevar ese calor por buena parte de la ciudad, casi hasta las puertas del centro mismo pero de momento sin entrar en él. Ese segundo contrato suma otros 20.204.119 euros de licitación, igualmente dos años de obras para prácticamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y de retorno del calor. La red anunciada en su día sumaba unos 65 kilómetros en total, pero serán fruto de fases posteriores de extensión por la capital. De momento se centrarán sólo en barrios como La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana, Polígono 10, El Ejido, La Granja y La Lastra que junto al propio Puente Castro son los que abanderan la protesta social creciente contra este proyecto.

En detalle, tras sortear el río Torío con la construcción de una nueva pasarela que lleve las condiciones, la red provincial de tuberías irá por zonas como el Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo (El Corte Inglés), Santa Ana, Pendón de Baeza o la Avenida Real.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Mucho retraso y posición en contra

Todo este impulso llega ya con muchísimo retraso y además con una amplia contestación, que ha crecido en las últimas fechas. Respecto a lo primero, hay que recordar que esta Red de Calor fue anunciada tras el verano de 2022 por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, firme defensor del proyecto, comprometiendo su funcionamiento para 2025. es decir, hace un año ya. En el mejor escenario actual posible sólo podrá comenzar a cumplirse con al menos tres años de retraso.

Respecto a las posiciones en contra, continúan creciendo las convocatorias vecinales de protesta, muy especialmente de los barrios de La Lastra y Puente Castro, que insisten en la posible contaminación atmosférica del sistema, ruidos o tránsitos brutales de camiones, entre otros muchos problemas. Idénticos a los que esgrimieron vecinos de varios intentos en el norte de la ciudad hace años, como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, cuyas protestas por proyectos mucho más pequeños que el actual consiguieron tumbar sendas plantas de incineración.

Además, está la ofensiva de Ecologistas en Acción, con varios frentes judiciales abiertos, desde la autoconcesión de Proyecto Regional de la propia Junta a las dudas de legalidad de la cesión de los terrenos protegidos sobre los que irá el complejo que, recuerda, también incluirá una planta de nitrógeno verde y multitud de hectáreas de una planta de placas solares. También han denunciado ante el Seprona actuales trabajos preparatorios en el Soto de Santa Olaja.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil de León la ejecución de obras vinculadas al proyecto de la macroplanta de incineración de biomasa y el resto de la llamada la Red de Calor de León al considerar que se están realizando “sin licitación ni adjudicación” previa.

La organización ecologista ha solicitado además al alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que dicte un decreto de paralización cautelar de los trabajos que está ejecutando la denominada “UTE Red de Calor” en la zona del barrio Puente Castro, junto al cementerio municipal, emplazamiento anunciado para esta macroinstalación energética.

La denuncia se dirige contra los responsables de la UTE, por unas actuaciones consistentes en movimientos de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga, en el Soto de Santa Olaja, así como desbroces en el cauce y la zona de policía del río Torío. 'Ecologistas' sostiene que, aunque la Junta de Gobierno Local concedió licencia de obras el pasado 8 de mayo, el proyecto “aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de Calor”. Algo que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, máximo responsable político de Somacyl, anunció que podría producirse este lunes 18 de mayo. Para la organización, estas declaraciones evidencian que los trabajos actualmente en marcha carecerían todavía de cobertura administrativa suficiente porque, ni habiéndose siquiera licitado el contrato, según los carteles, la UTE ya está formada por las empresas Comsa, Inmeva y Hergonza.

Los trabajos denunciados afectan a terrenos protegidos urbanísticamente por el Plan General de Ordenación Urbana de León, clasificados originalmente como suelo rústico con protección natural y especial. Ecologistas en Acción señala que dichos terrenos pasaron a ser urbanos consolidados tras la aprobación como Proyecto Regional del complejo industrial de la Red de Calor, una decisión publicada en el Bocyl el 18 de julio de 2025 y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León mediante un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de resolución.

La organización también cuestiona la existencia de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para los desbroces realizados en la ribera del Torio y los trabajos en las zonas de policía de los ríos Torio y Bernesga. Asimismo, asegura no tener constancia de que el organismo de cuenca haya autorizado el vallado instalado en el entorno, que limita el tránsito de peatones y vehículos por un camino frecuentado por vecinos de La Lastra y Puente Castro.

En su denuncia, Ecologistas considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, al afectar a terrenos previamente protegidos y a espacios vinculados al dominio público hidráulico.

¿Hay informe de viabilidad económico-financiera?

Paralelamente, la organización ha registrado un escrito dirigido al alcalde, y remitido cartas a todos los grupos municipales, para reclamar que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que, según sostienen, debía justificar la concesión de la licencia de obras para la central de biomasa y los primeros kilómetros de la red de tuberías.

Ecologistas en Acción afirma que dicho estudio es “vinculante y obligatorio” antes de proceder a la licitación de las obras, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Entre las cuestiones que consideran sin aclarar figuran las previsiones de demanda, las tarifas y costes de enganche para los usuarios, la financiación del proyecto, los costes de explotación o el origen de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera que podría consumir la planta funcionando a pleno rendimiento.

También aseguran desconocer el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de tuberías de la red, cuyo proyecto, indican, “no se ha sometido a información pública”. A ello suman la ausencia, según denuncian, de un análisis de riesgos sobre el impacto económico que podría tener la iniciativa en las cuentas municipales.

La organización ecologista concluye calificando el proyecto de “contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa” y anuncia su apoyo a la concentración convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro contra la red de calor.

Tres pollos de halcón peregrino han sido anillados por SEO/BirdLife en Zamora, dos de ellos con un GPS para estudiar sus patrones de vuelo. “La pareja de halcón peregrino que puede seguirse en directo gracias a la cámara instalada por SEO/BirdLife en la ciudad de Zamora vive hoy uno de los hitos más destacados de la temporada: el anillamiento de los tres pollos nacidos esta primavera”, aseguran desde la asociación ecologista.

La actuación, desarrollada por la Junta de Castilla y León, ha permitido colocar a las crías anillas metálicas oficiales y marcas de PVC de lectura a distancia, un sistema que facilitará su identificación futura sin necesidad de volver a capturarlas.

En el operativo también han participado especialistas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, dos de los ejemplares han sido equipados con emisores GPS con el objetivo de estudiar sus movimientos y profundizar en el conocimiento sobre la dispersión y ecología de la especie.

La evolución de esta familia de halcones peregrinos puede seguirse en tiempo real a través de la emisión en directo impulsada por SEO/BirdLife en 2025. El proyecto cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León y miembros de la Asociación NaturZamora, acercando a miles de personas la vida diaria de una de las rapaces más emblemáticas del entorno urbano.

Información sobre el anillamiento y marcaje

Desde el CEIP Jacinto Benavente, situado muy cerca del lugar de cría, destacan la singularidad de poder observar en directo todo el proceso reproductivo del halcón peregrino: desde la puesta e incubación hasta el nacimiento y crecimiento de los pollos, gracias al seguimiento de la cámara.

El pasado año el alumnado ya siguió el nacimiento de tres hembras, compartiendo incluso los momentos del recreo frente a la retransmisión. En esta ocasión también han querido implicarse bautizando a las tres crías. La hembra identificada con la anilla 1TR ha recibido el nombre de Concha, muy vinculado a Zamora. El macho 1TP se llama Jacinto, en referencia al colegio, mientras que el macho 1TT ha sido nombrado Duero, por el río que atraviesa la ciudad y pasa junto al centro educativo.

Una temporada marcada por el relevo en la pareja reproductora

La actual pareja reproductora está formada por la hembra Tromba y el macho 20C, anillado cuando era pollo en Valladolid. Cuando comenzaron las emisiones en directo en 2025, el territorio estaba ocupado por Brisa y Viento, una pareja que había sacado adelante con éxito dos pollos durante la temporada de 2024.

Brisa había nacido en 2021 en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y portaba un emisor GPS que permitía conocer sus desplazamientos. Por su parte, Viento nació en Villamayor (Salamanca) en 2019 y estaba identificado mediante una marca de lectura a distancia con el código 41.

Sin embargo, a comienzos de marzo de 2025 apareció una nueva hembra, Tromba, que terminó haciéndose con el territorio tras una violenta pelea que acabó con la muerte de Brisa. Desde entonces, Tromba y 20C forman la pareja que actualmente cría a los tres pollos que pueden observarse en directo.

Ciencia, conservación y divulgación

El anillamiento científico constituye una herramienta esencial para el seguimiento y conservación de las aves silvestres. Las marcas colocadas durante esta actuación permitirán recopilar información sobre supervivencia, dispersión juvenil, ocupación de territorios y comportamiento de los ejemplares nacidos en Zamora.

La instalación de la cámara y las emisiones en directo también contribuyen a divulgar la biodiversidad urbana y acercar a la ciudadanía el comportamiento reproductor del halcón peregrino, fomentando la sensibilización sobre la importancia de conservar esta especie.

Colaboración institucional

La instalación de la cámara ha sido realizada por SEO/BirdLife gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León y NaturZamora.

Por su parte, la colocación de la caja nido fue financiada por el Ayuntamiento de Zamora y ejecutada por el Centro de Formación Profesional Lorenzo Milani junto al alumnado de la Casa Escuela Santiago Uno de Salamanca.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan de Calidad del Aire por ozono troposférico de Castilla y León, por falta de concreción, por lo que ahora la Junta tiene un plazo de seis meses para elaborar un nuevo plan.

La organización Ecologistas en Acción, que recurrió esta normativa autonómica, ha criticado lo que considera una “negligencia” de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por lo que ha reclamado a sus dirigentes que “cumplan de una vez con su obligación legal y moral de proteger la salud”.

La sentencia, fecha de 10 de abril, desestima el recurso de casación que presentó la Junta de Castilla y León contra la sentencia de junio de 2023, en la que ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón a la organización ecologista, lo que ahora ha confirmado el Supremo.

El Gobierno autonómico aprobó esta normativa en 2021, obligado por sendas resoluciones del TSJCyL y el Supremo, que consideraron que desde 2010 en Castilla y León no había habido una normativa necesaria para proteger la salud en ocho de las quince zonas en que se divide la Comunidad a efectos de evaluar y gestionar la calidad del aire.

Los jueces de estos tribunales entienden que la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con 4 aglomeraciones y 8 zonas, mientras que la zonificación para la protección de la vegetación se ha dividido el territorio en 3 zonas.

Las zonas con incumplimientos legales donde la Junta de Castilla y León está obligada por decisión judicial a elaborar los planes de calidad del aire por ozono son las aglomeraciones de Salamanca y Valladolid, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Soria y Demanda, para la protección de la salud, y la zona Sur y Este de Castilla y León, para la protección de la vegetación, con una superficie total de 75.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes, ha detallado Ecologistas en Acción en un comunicado.

A raíz de esta exigencia, la Junta aprobó en 2021 un plan único, sin especificar zona, ni los objetivos de reducción de niveles de contaminación, calendario de aplicación, ni estimación de mejora de la calidad del aire, que es lo que reclama la normativa que sirve de base para la reclamación ecologista.

El Tribunal Supremo comparte la argumentación del Tribunal de Castilla y León y concluye que la normativa aprobada por la Junta “omite establecer las medidas específicas para cada una de las distintas zonas delimitadas por la propia Administración autonómica, según los niveles de los contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire”.

Ecologistas en Acción ha criticado además que “ninguna de las 17 medidas previstas en el Plan anulado se ha ejecutado desde el año 2021, transcurridos 15 años desde la entrada en vigor de los objetivos de calidad del aire para el ozono, en 2010”.

Esta organización ha responsabilizado de esta situación al consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su director General de Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

Recuerda Ecologistas en Acción que esta sentencia puede condicionar los planes de calidad del aire por ozono recientemente aprobados o en elaboración en Andalucía Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra, mientras que gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y País Vasco todavía no han iniciado la redacción de sus planes de ozono.

El ozono troposférico es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar.

Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas como el asma y la EPOC, y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

Ecologistas en Acción ha argumentado que la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó en hasta 6.600 las muertes prematuras producidas en 2023 en España por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de Castilla y León, donde los fallecimientos fueron casi trescientos en el año citado, según la misma fuente.

El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos agrícolas.

La asociación EslaVida ha convocado para este sábado 4 de abril una asamblea general extraordinaria en Vidanes, en el municipio de Cistierna, en la que se analizarán los próximos pasos en su oposición al proyecto de planta de biogás previsto en el polígono industrial de la localidad.

La cita tendrá lugar a las 12.00 horas en el local de las antiguas escuelas de Vidanes y se presenta como un encuentro clave para el colectivo vecinal, que desde su creación a comienzos de este año se ha consolidado como el principal frente social contra esta iniciativa industrial. Entre los puntos destacados del orden del día figura la definición de la estrategia legal, incluida la posible contratación de asesoría jurídica y el inicio de acciones contenciosas.

Además, la asamblea abordará la ratificación de su adhesión a la asociación STOP Biogás Castilla y León y la posible participación en una querella colectiva, así como cuestiones organizativas internas como la renovación de la presidencia y el seguimiento de las acciones emprendidas hasta ahora.

Este encuentro llega tras varias semanas de movilización y actividad informativa impulsadas por el colectivo. La asociación ha organizado recientemente actos de concienciación como la proyección del documental ‘Vidas irrenovables’, centrado en el impacto de los macroproyectos energéticos en el medio rural, con el objetivo de alertar sobre las posibles consecuencias ambientales, sociales y económicas de este tipo de instalaciones.

EslaVida nació en enero como una plataforma vecinal que reclama mayor transparencia y participación en torno al proyecto promovido por la empresa Apaycachana-6. Desde entonces, ha denunciado la falta de información clara y ha advertido de los posibles efectos sobre la salud, el entorno y el modelo de desarrollo de la Montaña Oriental Leonesa.

La convocatoria de este sábado supone un nuevo paso en la organización de la respuesta vecinal frente a una iniciativa que ha generado un amplio debate en la comarca y que ya ha sido rechazada por unanimidad por los grupos políticos del Ayuntamiento de Cistierna.

Los grandes incendios forestales del pasado verano, con especial incidencia en territorios del noroeste como la provincia de León, donde se batieron récords históricos, se han convertido en un factor clave que está condicionando la política estatal sobre la conservación y la posibilidad de cazar al lobo ibérico. Así lo reflejan tanto la demora del Gobierno en actualizar el estado de la especie como las advertencias de la Comisión Europea sobre su gestión.

En paralelo, el lobo (Canis lupus) ha sido incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría de “vulnerable”, debido a que su población no garantiza su viabilidad a largo plazo. La evaluación, coordinada por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem), estima que en España hay menos de 1.000 individuos maduros, e incluso por debajo de 700 si se atiende a la estructura reproductiva de la especie.

El núcleo principal de la población se concentra en el tercio noroccidental de la península, con la autononía de Castilla y León como uno de sus principales bastiones, precisamente las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Este impacto ha llevado al Gobierno a aplazar la publicación del informe oficial sobre el estado de conservación del periodo 2019-2024, al considerar necesario actualizar los datos aportados por las comunidades autónomas teniendo en cuenta los efectos del fuego sobre el hábitat y las poblaciones de lobo. En concreto, Castilla y León identiticó un censo actualizado con mayor número de ejemplares en su última actualización, aunque con muchos matices. Mientras por otro lado, ha permitido la caza de numerosas especies cinegéticas en apenas siete meses cuando su propia Ley concedía una moratoria obligatoria de cinco años, y eso sin dar a conocer ningún tipo de informe oficial respecto.

A esta presión ambiental se suma la derivada de la gestión cinegética. En el último año, varias comunidades como Asturias o Cantabria han autorizado controles letales para reducir daños al ganado, lo que también influye en el cómputo global de la especie, una decisión que los Tribunales estatales han acabado tumbando.

En este contexto, la Comisión Europea ha recordado a España que cualquier medida de caza debe ser compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable. En una respuesta remitida a Podemos y Alianza Verde y recogida por Efe, la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, subraya que los Estados miembros están obligados a garantizar que la explotación de especies como el lobo, incluida en el anexo V de la Directiva Hábitats al norte del Duero- no comprometa su supervivencia.

Bruselas va más allá y advierte, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, de que en situaciones de incertidumbre sobre el impacto de estas prácticas, los países deben abstenerse de autorizarlas. Además, recuerda que el lobo presentaba ya un estado de conservación “desfavorable” en el último informe remitido por España (2013-2018), a la espera de la actualización actualmente en revisión, la cual va a tener en cuenta la variable de la no documentada afección de los incendios en la población lobera.

Los expertos inciden en que la situación no ha mejorado en las últimas décadas. El número de manadas se ha mantenido estable, en torno a los 300 grupos familiares, y la distribución de la especie sigue limitada a una fracción de su área histórica, apenas un 30% de la existente en 1850. A ello se suma una gestión desigual entre comunidades autónomas y la reciente retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2025, una decisión que, según denuncian desde Secem, no tuvo en cuenta criterios científicos.

El escenario ibérico tampoco es más favorable. En Portugal, el lobo está catalogado “en peligro” y su población ha sufrido una contracción del 20% en las últimas décadas. Por ello, los especialistas reclaman una gestión coordinada entre ambos países, al tratarse de una única metapoblación compartida.

Ante este panorama, los científicos insisten en la necesidad de reforzar la protección legal del lobo, mejorar los sistemas de seguimiento y prevención de daños al ganado y avanzar hacia una estrategia común a escala peninsular. Todo ello en un momento en el que factores como los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, están reconfigurando no solo los ecosistemas, sino también las decisiones políticas sobre una de las especies más emblemáticas y controvertidas de la fauna ibérica.

Una coalición con más de 40 organizaciones ecologistas denunció este jueves una maniobra “anticientífica” en la rebaja de la protección al lobo en la Unión Europea y exigió a los Estados miembros que apliquen una “cuota cero” de matanzas.

“La persecución humana ya es la principal causa de muerte de miles de lobos cada año en Europa, pero se desconoce la verdadera magnitud del problema debido a la falta de un seguimiento y una notificación sistemáticos”, denunciaron en un comunicado difundido por Green Impact plataformas como One Voice, NABU, Pro Natura o Wildtierschutz Deutschland.

La coalición de oenegés sostiene que “no existe base científica ni jurídica para matar lobos en la Unión Europea” y acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de promover una “decisión política” que abre la puerta a más matanzas de lobos que “probablemente sirva a los 'lobbies' de la caza agrícola”.

Las organizaciones ecologistas sostienen que el Ejecutivo comunitario basó su razonamiento medioambiental en un informe que encargó en 2023 a una consultora con sede en Bruselas, con el que propuso a los Estados miembros rebajar el nivel de protección del lobo, un contexto que “abre un capítulo profundamente preocupante en la configuración de la gobernanza medioambiental de la Unión Europea”, dicen.

“Las ONG reclaman total transparencia sobre la influencia de intereses privados no revelados en la toma de decisiones de la UE”, indica el comunicado en el que señalan que el Canis lupus “no ha alcanzado un estado de conservación favorable” en Europa.

Los firmantes -entre los que también se cuentan Animal Aid, FERUS, Wolven in Utrecht o ASPAS- inciden en la falta de datos fiables sobre la mortalidad de la especie en Europa y denuncian que “ni la Comisión ni los Estados miembros han recopilado jamás los datos más básicos” sobre cuántos lobos mueren cada año.

Rebaja de la protección al lobo

El pasado junio, la Unión Europea hizo oficial la rebaja de la protección al lobo, pasando de “estrictamente protegido” a sólo “protegido”, tras haber recibido el visto bueno del Consejo de la UE, con las abstenciones de España y Bélgica, y del Parlamento Europeo, con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.

Los Estados miembros conservaron la facultad de mantener el estatus de mayor protección en su territorio, si así lo creían conveniente.

Pese a mostrarse partidaria de mantener la protección reforzada, España también acabó rebajando el estatus de protección de lobo en su legislación interna.

El PP permitió cazar lobos al norte del Duero

El Congreso aprobó en marzo de 2025 rebajar la protección del Canis lupus al norte del Duero mediante una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que salió adelante con el apoyo de Vox, Junts y PNV.

La revisión de la normativa simboliza en parte el cambio de rumbo de la Comisión Europea en materia medioambiental, y en particular el acercamiento de su presidenta a los agricultores tras las protestas del sector agrario en los últimos años contra el Ejecutivo comunitario.

El cambio de categoría del lobo ha sido aplaudido por la plataforma que defiende a las grandes explotaciones agrarias europeas, Copa-Cogeca, por la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y la Organización Europea de Propietarios de Tierras (ELO).

En cambio, lo han criticado organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF o ClientEarth, mientras que las plataformas Green Impact, Earth ODV, Nagy Tavak és Vizes Élohelyek Szövetsége, LNDC Animal Protection APS y One Voice presentaron un recurso ante los tribunales comunitarios de justicia en febrero de 2025. 

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno definitivo a Pascual para explotar agua mineral natural del sondeo ‘Jamuz’, en Quintana y Congosto, y embotellarla bajo la marca ‘Bezoya Jamuz’. La resolución, publicada este jueves en el Bocyl, culmina un proceso iniciado en 2021 y autoriza la primera fase de la planta impulsada por la sociedad Sierra de Lobos S.L.

El proyecto permite extraer hasta 500.000 metros cúbicos al año, es decir, 500 millones de litros, con un caudal de hasta 40 litros por segundo. En la práctica, supone un consumo diario de unos 1,37 millones de litros, equivalente al gasto doméstico anual de más de 10.000 personas.

La inversión inicial supera los 21,5 millones de euros y se basa en un sondeo de más de 60 metros de profundidad con varias líneas de embotellado. El plan completo prevé hasta tres fases y podría duplicar la extracción de agua en el futuro, aunque cualquier ampliación queda condicionada a que no haya afecciones sobre el acuífero.

Durante la tramitación, y a preguntas de ILEÓN cuando el proyecto aún estaba en fase administrativa, desde el grupo empresarial responsable de marcas como Leche Pascual señalaban que “hemos iniciado un proyecto de prospección de un manantial en la provincia de León”, subrayando que se trataba de un proceso “sujeto al habitual proceso de la autorización administrativa”. Entonces, la compañía lo definía como “una posibilidad de futuro, de medio o largo plazo”, y aseguraba que “aún no tenemos una posición definitiva tomada”, al encontrarse en fase de estudio.

Fuerte oposición social

La autorización llega tras una tramitación marcada por la contestación social. Se registraron más de 700 alegaciones formales, por parte de asociaciones ecologistas y plataformas vecinales.

Organizaciones como Ecologistas en Acción y Amigos del Valle del Jamuz han alertado del riesgo de “reducción considerable de los recursos hídricos” y de su impacto en el abastecimiento, la agricultura y la ganadería.

También cuestionan el perímetro de protección del acuífero, que afecta a miles de hectáreas y permitiría limitar usos en fincas privadas, lo que consideran una “hipoteca” sobre el territorio.

Más incertidumbre tras los incendios

El expediente incorpora además un elemento añadido de preocupación: el impacto de los incendios forestales de 2025 sobre el acuífero. La Confederación Hidrográfica del Duero emitió un informe específico en octubre de este pasado año, en plena tramitación, sobre posibles afecciones en la provincia.

Desde el punto de vista técnico, la Junta respalda el proyecto con informes de la propia Confederación y del Instituto Geológico y Minero de España, que avalan la compatibilidad de esta primera fase con el Plan Hidrológico, aunque con condiciones.

Entre ellas, un seguimiento del acuífero durante al menos un año, controles periódicos de caudal y presión y la obligación de no afectar a abastecimientos ni a zonas sensibles.

Sin evaluación ambiental

El expediente descartó la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, aunque impone medidas de control y obliga a realizar un nuevo estudio hidrogeológico tras el primer año para evaluar la evolución del acuífero.

Las críticas, sin embargo, también alcanzan al modelo de negocio. Colectivos opositores advierten de la huella hídrica añadida del agua embotellada, especialmente por la fabricación de envases de plástico.

Pese a todo, la Junta ha dado luz verde al proyecto al considerar acreditada su viabilidad técnica y legal. La planta arranca ahora con límites y vigilancia, pero en un contexto de fuerte controversia social y debate sobre el uso intensivo del agua en el medio rural leonés.

La organización SEO/BirdLife ha presentado un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir de nuevo la caza y la entrada de ganado en montes afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2025 en la provincia de León, una medida que considera contraria a la legislación vigente y perjudicial para la recuperación ambiental.

El recurso, registrado el pasado 12 de marzo, se dirige contra la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León que levanta la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos apenas siete meses después de los incendios, pese a que la Ley de Montes autonómica establece con carácter general una moratoria de cinco años.

Según la organización ecologista, la Administración no ha acreditado mediante informes técnicos que la reanudación de la caza sea compatible con la regeneración de los montes, requisito imprescindible para poder levantar esa prohibición. Además, advierte de que la resolución carece de la preceptiva evaluación ambiental.

Impacto en espacios protegidos

SEO/BirdLife alerta de que los incendios afectaron gravemente a espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Castilla y León, con daños directos en 36 enclaves, algunos de ellos en la provincia de León con entre un 15% y un 79% de su superficie arrasada.

Entre las zonas afectadas se encuentran áreas de alto valor ecológico como la Sierra de La Cabrera, los Montes Aquilanos o el entorno de Riaño, donde se han perdido hábitats esenciales para especies protegidas.

La organización subraya que permitir la caza en estos territorios supone añadir presión sobre una fauna que ya se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad tras los incendios, con pérdida de refugio y alimento y un aumento de los procesos erosivos.

Especies en riesgo

El recurso pone el foco en especies como el urogallo cantábrico, catalogado en peligro de extinción, que depende de bosques maduros con sotobosque, o la perdiz pardilla, considerada vulnerable y cuya área reproductora se ha visto gravemente afectada.

También menciona al ruiseñor pechiazul, ligado a matorrales de alta montaña como los piornales, hábitats que, según advierten, no recuperarán su estructura funcional hasta dentro de al menos nueve años.

Críticas por la contradicción con el pastoreo

SEO/BirdLife señala además una “contradicción administrativa” en la decisión de la Junta, al permitir simultáneamente la caza para reducir la presión de la fauna silvestre sobre la regeneración vegetal y autorizar al mismo tiempo la entrada de ganado en esos mismos terrenos, pese a reconocer riesgos de pisoteo y erosión.

La organización considera que los primeros años tras un incendio son clave para la recuperación de los ecosistemas y reclama suspender cautelarmente la resolución para minimizar las perturbaciones.

Asimismo, advierte de que permitir la caza en estas condiciones podría encajar en lo que la normativa cinegética denomina “días de fortuna”, es decir, situaciones en las que los animales no pueden huir ni esconderse, lo que está prohibido.

Nuevo frente en la polémica

Este recurso se suma a los ya presentados por otras organizaciones ecologistas y colectivos de la provincia contra una medida que ha generado una amplia controversia desde que la Junta decidiera levantar las restricciones a la caza y la ganadería en zonas arrasadas por los incendios del pasado verano.

La Administración autonómica ha defendido la legalidad de su decisión y su compatibilidad con la recuperación del medio natural, basándose en informes técnicos que, sin embargo, no han sido hechos públicos hasta la fecha.

Caso cerrado. La Fiscalía de Castilla y León ha archivado dos denuncias presentadas contra el presidente de la Junta de Castilla y León actualmente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios del pasado verano en León. El Ministerio Fiscal argumenta para adoptar esta decisión que no hay indicios suficientes de delito. La decisión se adopta pocos días después de las elecciones autonómicas, en las que llamó la atención que el Partido Popular (PP) fuera la fuerza más votada en la mayoría de los municipios plenamente afectados por aquellos siniestros de agosto de 2025.

La primera de las denuncias archivada corresponde a la presentada por un particular ante el incendio que afectó al paraje natural protegido de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y la otra es la presentada por el colectivo Bierzo Aire Limpio, que se refería a los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas leonesas de El Bierzo, Laciana, la Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna. Hay que recordar que el único cómputo oficial admitido por la Junta hasta ahora, publicada en boletín oficial en la polémica medida de volver a permitir la caza deportiva en terrenos quemados, cifró la suma afectada en 135.400 hectáreas sólo en la provincia, una cifra jamás conocida hasta ahora. También produjeron cuatro fallecidos.

La asociación conservacionista berciana apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica y las cabezas visibles de su Gobierno, del Partido Popular (PP).

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha explicado a la agencia Efe que el archivo de las dos denuncias se ha sustentado en que no se aprecia responsabilidad penal. Y aunque pudiera haber responsabilidad civil, sería muy difícil de precisar porque habría que evaluar el daño económico provocado, en qué medida podría haberse reducido y quién o quiénes podrían ser los responsables.

Tras una investigación compleja en la que se ha contado, entre otras pruebas, con informes del Seprona de la Guardia Civil, la propia Junta de Castilla y León y alcaldes de las zonas afectada, la Fiscalía ha concluido que el presidente en funciones de la Junta y su consejero no tienen ninguna responsabilidad en el origen de los incendios y no se puede determinar cuántos medios hubieran sido necesarios para reducir el daño y en qué medida se hubiera reducido. Tampoco se ha apreciado responsabilidad penal en la falta de medios, la valoración de los incendios o los posibles retrasos que se hubieran producido en su extinción.

Una tercera denuncia presentada por Podemos

Por otra parte, la Fiscalía también archivó otra denuncia, presentada por el partido político Podemos, en la que se denunciaba también la extensión del daño provocado por los incendios del pasado verano por la falta de medios. En este caso era una denuncia más amplia, de unos cuarenta folios, en la que se señalaban también las posibles responsabilidades por la falta de dotación de personal y algunas otras cuestiones relacionadas con esa falta de medios.

Sin embargo, Podemos ha decidido presentar la misma denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que a su vez ha solicitado el preceptivo informe de la Fiscalía antes de decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias o no la admite.

Tras conocerse el archivo de las denuncias, el consejero de Medio Ambiente, el exjuez Suárez-Quiñones, ha subrayado en declaraciones a los periodistas la total confianza en los órganos jurisdiccionales y ha indicado que la oleada de incendios fue “un suceso absolutamente imprevisible, extraordinario como nunca se había visto”. Un argumento en el que ha insistido desde los terribles sucesos de agosto del pasado año 2025.

También ha añadido que lo que hace falta es trabajar todas las administraciones para tener la mayor preparación posible si vuelve a suceder una situación catastrófica de esa naturaleza.

Las principales asociaciones ecologistas de la provincia de León, en concreto Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, han presentado recursos contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León que levantan las restricciones a los aprovechamientos de caza y ganaderos en los montes afectados por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.

Las organizaciones denuncian que esta decisión se adopta apenas medio año después de los fuegos que, según recuerdan, provocaron la mayor catástrofe ambiental registrada en la provincia, con cerca del 10% de la superficie forestal leonesa calcinada y daños en espacios protegidos de alto valor ecológico.

Tal y como desveló en primicia ILEÓN, el pasado 12 de febrero, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León publicó sendas resoluciones firmadas por su jefe, Jesús Méndez Fernández, por las que se dejaba sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en todos los terrenos afectados por los incendios del último verano. La medida fue adoptada a instancias del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Ángel Arranz, mano derecha del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Multitud de voces habían reclamado la dimisión de ambos tras el dramático resultado final de los incendios de agosto de 2025.

Tal y como destacaba ILEÓN y argumentan ahora los ecologistas, la Ley de Montes de Castilla y León de la propia Junta establece en su artículo 92 que, tras un incendio forestal, queda automáticamente suspendido durante cinco años cualquier aprovechamiento incompatible con la recuperación del monte, con el objetivo de facilitar la regeneración de la cubierta vegetal. La misma norma contempla, no obstante, la posibilidad de levantar estas prohibiciones si se acredita que dichas actividades son compatibles con la restauración del hábitat y la supervivencia de la flora y fauna silvestres.

Las organizaciones ecologistas sostienen que, en este caso, la Junta no ha realizado evaluaciones ambientales sobre el impacto de los incendios ni estudios sobre su repercusión en las especies afectadas. Tampoco se habrían elaborado planes de restauración ni convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para analizar la situación.

Según critican en sus recursos, las resoluciones levantan las prohibiciones de forma generalizada en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas -incluidas las de caza menor, además de especies como ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés- y para todas las explotaciones ganaderas, durante todo el periodo de cinco años que establece la Ley.

La regeneración sirve para una cosa... y la contraria

Los colectivos también advierten del riesgo de erosión en los terrenos quemados, especialmente tras las intensas lluvias registradas durante el invierno. A su juicio, la pérdida de estabilidad del suelo y la reducción de la capacidad de regeneración natural del monte aconsejarían mantener las restricciones previstas en la normativa. Es justo el argumento contrario esgrimido por la Junta para defender su polémica medida, ya que el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró a preguntas de este medio que las especies salvajes, que no las domésticas, podrían dañar la regeneración en las zonas arrasadas. También se le ha reclamado varias veces los informes técnicos que aseguran que justifican estas medidas, pero jamás se han facilitado.

Por esto, las organizaciones conservacionistas consideran que la decisión no tiene en cuenta el régimen de protección de algunos de los espacios afectados, incluidos territorios integrados en la Red Natura 2000, parques regionales o reservas de la biosfera. De hecho, incluso en el Parque Regional de Caza de Riaño, afectado directamente por uno de los siniestros forestales más dañinos para el medio ambiente, la propia Consejería de la Junta ha subastado ya los permisos de caza de esta temporada, y hasta los aumenta en un 13% respecto al tranquilo año anterior.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas señalan que estudian continuar la vía judicial si sus recursos administrativos son desestimados. Entre las opciones que barajan se encuentra acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la vía penal por un posible delito de prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos de las resoluciones, señalando sin mencionar a Arranz y Suárez-Quiñones.

La Bibloteca Municipal de Astorga acogió este sábado 28 de febrero una Mesa redonda que agrupó a representantes de hasta nueve plataformas y asociaciones en defensa del territorio ante la amenaza de proyectos de distinta índole. Durante las charlas y presentaciones compartidas entre todas estas organizaciones han aparecido conflictos relacionados con los macroparques de fotovoltaicas y eólicas, así como la defensa de acuíferos, tratamientos de lodos y residuos o la defensa del Teleno frente al campo de tiro que llena de residuos peligrosos y explosivos dicha montaña.

El evento fue moderado por Ana Álvarez de la Asociación Corredor Ecológico Noroeste Ibérico. Las asociaicones y grupos medioambientales contaron porqué surgieron, qué han conseguido hasta la fecha, cuáles son sus principales luchas y acciones en la actualidad, así como bulos y mentiras a las que se enfrentan cada día.

Las plataformas participantes propusieron lo siguiente: Gestión Transparente y Eficaz de Residuos y Lodos No, se centró en la necesidad de ser una herramienta de denuncia contra los vertidos de residuos sin depurar al medio ambiente, posicionándose a favor de un servicio de recogida, reciclaje y tratamiento de residuos responsable y sostenible para las comarcas de Astorga. El Cervigal que nace en 2024 para unir a la sociedad civil (personas y asociaciones) en la defensa del patrimonio material e inmaterial de la Comarca del Órbigo. Alta Valduerna y Cepeda Viva, pusieron sobre la mesa, la problemática de los macroparques eólicos y de fotovoltaicas, y recordaron los distintos procesos judiciales y contenciosos que han tenido que llevar a cabo. 

Por su parte, la Portavoz de Alta Valduerna, comentó que a pesar de conseguir detener algunos macropoyectos, en la actualidad tienen abierto contenciosos para evitar otros con los que están amenazados sus pueblos. Amigos del valle del Eria y Protección del Valle del Jamuz fueron las encargadas de poner sobre la mesa la problemática del agua. La intervención de Teleno libre, se centró en presentar que su lucha viene desde los movimientos surgidos en 1981 contra el campo de tiro y que en la actualidad, basan su lucha en solicitar al Ministerio de Defensa que gestione medioambientalmente el vertedero de munición que generan las maniobras militares. No hay que olvidar que es el único campo de tiro discontinuo y es altamente peligroso para todos los pueblos que viven a los pies de esta montaña.

Por último, se llevó a cabo un coloquio abierto de más de una hora, donde se presentaron personas de otras plataformas, como la surgida en Vidanes contra una planta de Biogás o ARBAS, contra los planes de quemar nuestros bosques autóctonos para alimentar los diferentes proyectos de plantas de Biomasa que se ciernen sobre todo León.