La futura fábrica de drones de Indra Sistemas SA en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, en el centro de la provincia de León, ha logrado el aval ambiental de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que ahora lleva las evaluaciones de impacto ha concluido que el proyecto para la anunciada mayor fábrica de aeronaves no tripuladas con uso militar de España, de la mano de otra empresa de Emiratos Árabes, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

La resolución ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y determina que el proyecto de adecuación de dos naves industriales ya existentes no requiere una evaluación ambiental ordinaria, al considerar que sus impactos serán compatibles con el entorno y asumibles mediante las medidas correctoras previstas. Tal y como desveló ILEÓN, esas dos naves ya estaban construidas porque las había ejecutado la Junta en compensación al pueblo de Villadangos por los permisos para la reciente ampliación del polígono industrial, si bien la urgencia de Indra ha cambiado un poco los planes.

La decisión supone un nuevo avance administrativo para una iniciativa anunciada por Indra a comienzos de este año y que prevé la creación en León de la que la propia compañía definió como la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito del país, con una inversión estimada de 20 millones de euros y alrededor de 200 empleos directos cuando alcance su plena capacidad. Sin embargo, informe ambiental no supone todavía la autorización definitiva de la planta, si bien elimina uno de los principales trámites previos para su desarrollo. A partir de ahora, la compañía deberá completar el resto de permisos y licencias sectoriales necesarios para iniciar la actividad.

La planta se ubicará en las mencionadas naves, que ocupan las parcelas 15 y 16 del polígono industrial de Villadangos del Páramo, adaptándolas porque ahora carecen de actividad específica, para dedicarlas a la fabricación de sistemas aéreos no tripulados (UAV) multipropósito, recoge la agencia Efe. Las instalaciones contarán con más de 4.180 metros cuadrados de superficie útil destinados a distintas fases del proceso industrial, desde la fabricación de componentes de fibra de carbono hasta el ensamblaje electrónico, la integración de sistemas, la logística y las pruebas operativas.

El proyecto incluirá procesos de alta especialización tecnológica como el corte de fibra de carbono, preparación de moldes de precisión, curado en autoclave, mecanizado mediante equipos CNC, prototipado con impresoras 3D y pintado especializado de componentes aeronáuticos.

La factoría de Villadangos prevé concentrar capacidades de producción de distintos sistemas no tripulados de Indra y a participar en programas estratégicos de defensa nacionales y europeos, entre ellos el desarrollo de una nueva generación de drones tácticos cuyos primeros modelos comenzarán a entregarse a partir de 2028.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha aprobado inicialmente la modificación puntual de sus Normas Urbanísticas Municipales que permitirá ampliar el polígono industrial de la localidad tras el visto bueno ambiental con retraso de años dado por la Junta de Castilla y León. El acuerdo plenario salió adelante pese a la abstención de PP y PSOE y abre ahora una nueva fase de tramitación en la que deberán solicitarse los informes preceptivos antes de que la ampliación pueda convertirse en una realidad.

La actuación afecta a una superficie total de 348.242,43 metros cuadrados y responde, según el Ayuntamiento, al agotamiento de las parcelas disponibles para nuevas implantaciones industriales. El proyecto contempla transformar 219.578,19 metros cuadrados de suelo rústico con protección agropecuaria en suelo urbanizable de uso industrial, además de incorporar 34.093,59 metros cuadrados del sector U9 'El Val' y realizar ajustes sobre el suelo industrial ya consolidado. Otros 22.697,76 metros cuadrados de suelo rústico con protección natural se convertirán en un sistema general de espacios libres.

La ordenación contempla 16 parcelas destinadas a distintos usos, con una superficie conjunta de 172.370,28 metros cuadrados y una ocupación media global del 52,41%. El objetivo es disponer de terrenos de tamaño suficiente para adaptarlos a las necesidades de las empresas que puedan instalarse en el municipio, especialmente actividades relacionadas con la distribución, el almacenamiento y la transformación de productos del sector primario.

La ampliación supondrá también una remodelación de los accesos. Está prevista una nueva entrada y salida a través de la LE-6523, con ampliación de la carretera y nuevos carriles de incorporación y salida, además de la prolongación del viario central del actual polígono. El nuevo sector contará asimismo con un aparcamiento específico para 50 camiones, amplias aceras, recorridos peatonales y un carril bici perimetral. smampliacionpoligono smampliacionpoligono

El proyecto establece además una franja de protección de 53 metros entre las futuras instalaciones industriales y los terrenos agrícolas, mediante la combinación de caminos, acequia, espacios libres, carril bici, aceras, aparcamientos y retranqueos. El Ayuntamiento sostiene que esta separación permitirá proteger la actividad agraria y evitar interferencias sobre los cultivos. La aprobación inicial supone el primer paso administrativo de una actuación que el equipo de Gobierno de UPL que lidera Alicia Gallego considera estratégica para facilitar la llegada de empresas, generar empleo y contribuir a fijar población en Santa María del Páramo y su entorno.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León proyecta invertir en la provincia de León para el año que viene, 2027, una cifra de 240,5 millones de euros. Eso quiere decir que el reeditado cogobierno de Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad 'desinfla' en sus primeras cuentas de manera drástica la cuantía de inversiones que recogía el intento de presupuesto sólo del PP presentado el año pasado, y que la oposición finalmente tumbó. En aquella ocasión se consignaban 285,5 millones para León, con lo que el descenso real se cifra ahora en 45 millones menos, más de un 15% de rebaja.

Incluso aunque se compare con el último presupuesto que resultó aprobado, estuvo en vigor y ha llegado prorrogado hasta ahora, el del año 2024, la cuantía de las inversiones para el próximo ejercicio en la provincia no compensan el paso de tres años completos: entonces la cifra era de 228 millones de euros y ahora de 240,5. El incremento se cifra en un 4,5% más, pero aún así queda por debajo del incremento total de las cuentas para toda la Comunidad, que roza el 5%.

El gran recorte de las nuevas cuentas, presentadas ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente leonés, Carlos Pollán, se produce sobre todo en la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, que era costumbre que supusiera incluso más de la mitad de las inversiones que la suma de las consejerías. En el nuevo borrador, la compañía que hasta el año pasado estaba en manos del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones se ciñe ahora a 68 millones de inversión el próximo año, cuando hace un año ascendía a la friolera de casi 105 millones y en 2024 era todavía de casi 73 millones de euros.

Regiones y comarca de El Bierzo

En el reparto territorial de estos fondos territorializados, la provincia de León sigue siendo la que más concentra inversión real, por ejemplo frente a los casi 140 millones de euros en Valladolid, la segunda provincia que más. La suma de las tres provincias de la Región Leonesa consigna un montante total de 463,8 millones de euros (Salamanca 125,1 y Zamora 98,2 millones), mientras que las seis provincias de la región castellana suman 662 millones.

Y mirando dentro de la propia provincia leonesa, este proyecto de presupuesto de la Junta especifica para la comarca de El Bierzo un total de 29,2 millones de euros, que frente a los 240,5 provinciales suponen un poco más del 12% del total.

A mayores de la bajada de la cifra de inversión de Somacyl, el resto casi se explica por una reducción millonaria en algunos proyectos de la Consejería que ahora es de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, tales como la modernización del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, que casi tenía 10 millones y se queda en cero ahora, la del Canal Bajo del Bierzo, que pasa de 5,32 millones a una cifra simbólica, así como de varias partidas de Medio Ambiente y Transición Justa, que se llevan otro tijeretazo de casi 18 millones en total respecto a los planes fallidos del pasado año.

Por consejerías, la de Pollán ni aparece

En el recuento por consejerías, se estrena la de nueva creación de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y vicepresidencia primera, del leonés Pollán (Vox), sin consignarse un sólo euro en el listado oficial facilitado por la propia Junta.

La vicepresidencia segunda, que dirige la mano derecha de Mañueco, Isabel Blanco, se limita presupuestariamente a recoger 2,9 millones de euros de inversión y se centran en exclusiva en inversiones de vivienda, construcción y sobre todo rehabilitación. Por comparar, para la provincia de Valladolid, las inversiones en idéntica materia suben a 4,1 millones.

Ya sólo la empresa Somacyl multiplica por cinco la inversión en vivienda de la Consejería, ya que suma 15 millones entre promociones de pisos para alquiler en León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada (12,9) y venta (2,1).

Y respecto a asuntos sociales, le gana por la mano la Sanidad y Bienestar Social, que juntas alcanzan en este nuevo proyecto la cifra de 30 millones de euros. Pero pese al claro incremento -que se come 12,5 millones sólo de una genérica partida de “equipamiento diverso de hospitales”, sin más detalle, mirando una a una hay llamativas ausencias o rebajas sobre la inversión esperada. Por ejemplo, sigue sin aparecer la ampliación de la UCI del Hospital de León, prometida desde 2020 y ejecutada en todos los demás hospitales de la Comunidad. Para El Bierzo, la unidad satélite de radioterapia cien por cien pública en el hospital ponferradino, prometida por Mañueco hace ocho años, consigna la cifra más alta hasta ahora, 1.419.980 euros. Pero lejos aún de los 5,2 millones que acaba de cifrar para el total de las obras, lo cual parece indicar otro año más de espera para los pacientes oncológicos de la comarca.

Por su parte, el prometido nuevo centro de salud para Villaquilambre apenas consigna unos simbólicos 41.503 euros, no menos anecdóticos 59.290 euros del nuevo Ponferrada o 1,5 millones para el de Sahagún, con más de veinte décadas de espera.

Más en Educación, con viejos proyectos

Sólo otra consejería aumenta respecto al último borrador presupuestario, la de Educación, que asciende ahora a casi 27 millones de euros. Otro viejo compromiso retrasado, y que parece que por fin avanzará, es el instituto público para Villaquilambre, que concentra casi 8,5 millones para el año que viene. En obras sin detallar de reparación y mejora de colegios y de institutos, las partidas suman en conjunto 10,3 millones más. Se rematará el también retrasadísimo nuevo Conservatorio de Música de León con medio millón final y aparece por fin otro compromiso de hace años, la construcción de un polideportivo aledaño al instituto de Eras de Renueva, con casi 3,5 millones.

El resto de consejerías sufren un recorte respecto al último borrador de presupuestos. Así ocurre con Cultura, Turismo y Deporte, que sigue en manos de Vox, y que consigna ahora 10,8 millones de euros en total, y que en los proyectos de mayor cuatía se nutre de fondos mineros de Transición Justa, como en Sabero 2,7 millones para La Sucesiva y 2,23 para excavaciones en la Ferrería de San Bla, o un millón para digitalización del patrimonio de cuencas mineras de toda la provincia, El Bierzo incluido.

La Catedral de León dispondrá de 250.000 euros destinados a la mejora del pórtico occidental, muy escaso para el compromiso de 11 millones en ocho años del propio presidente Mañueco en un protocolo firmado que debería incluir, y no incluye, la restauración de vidrieras.

Turismo en otra 'Junta B' y con fondos mineros

También es cierto que en turismo, a la Consejería le suplementa mucho otra 'Junta B' que es la Fundación Patrimonio Natural, que también con abundantes fondos mineros contempla varios proyectos de peso, que suman solo por su cuenta 12,6 millones de euros, 8,7 de ellos de nuevas infraestructuras turísticas como el polémico puente colgante sobre el pantano de Riaño y la senda circular de Anciles (1.750.000 euros); la senda tipo Camino de la Reina en Boca de Huérgano (700.000 euros) o las Hoces de Vegacervera (750.000 euros); la pasarela peatonal sobre el embalse de Bárcena en Cubillos del Sil (1.100.000 euros); o la nueva carretera de acceso al Puerto de Pinos en Babia (1.500.000 euros), otra promesa de décadas que además alimenta un conflicto territorial con Mieres, Asturias.

También se echa a su presupuesto la Fundación la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la finca de Valsemana, en León, prometido por Quiñones hace una década, que consigna 1.528.000 euros más.

Las vitales inversiones en carreteras de la provincia, de manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, apenas alcanzará 12,7 millones de euros, sin grandes proyectos a pesar del grave incumplimiento del último Plan de Carreteras en vigor. Con nombre y apellidos destacan los casi 2,5 millones de euros del arreglo integral de la carretera de Puente Villarente a Casasola de Rueda, la LE-213.

La nueva cartera de Quiñones

La nueva cartera del leonés Suárez-Quiñones, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, se estrena con una cifra discreta de inversión territorializada, menos de 1,2 millones, cuando hace apenas un año la vieja consejería rondaba los dos millones para la provincia de León, para mejoras en oficinas e instalaciones. El borrador aclara que aparte habrá algo más de un millón a mayores para la esperada reforma de la oficina de empleo del Ecyl en Astorga.

Y la consejería que dejó Quiñones, Medio Ambiente y Energía, consigna otro gran tijeretazo respecto a los planes del año pasado, quedándose en 26,5 millones frente a los 43 anteriores. Por cuantías, aparecen 6,5 millones de equipo de extinción de incendios forestales de las cuadrillas helitransportadas Elif u 11,6 millones en total para genéricos trabajos de tratamientos selvícolas preventivos de incendios sumando los de toda la provincia y El Bierzo a mayores.

Somacyl: mucho menos dinero pero todavía muchos proyectos vitales

Pero como siempre ocurrió, Somacyl sobrepasa a las consejerías en inversiones, gran parte de ellas de infraestructuras y de medio ambiente. Llaman la atención para el próximo partidas cuantiosas, como 1,4 millones para la polémica pasarela sobre el río Torío para tender en la capital leonesa la Red de Calor, cuando se presupone que debe ejecutarse antes del fin de este año, o 1,25 millones para todo el pavimento de la calle Ancha, Botines y Catedral -en compensación por la Red de Calor también-, una obra que en realidad está prácticamente ejecutada en este año.

Para la ampliación del tendido bajo tierra por el sur de la capital de la mencionada Red de Calor se consignan 15 millones -eran 25 en el borrador del año pasado-; 2,19 millones para la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que también está ejecutado supuestamente en su totalidad; 3,5 millones para continuar la ampliación del Parque Tecnológico de León de los 12,4 millones totales. En este caso, proveniente del presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, aparecen otros 3,8 millones de euros para el edificio Incubatech en este Parque de la capital.

Por último, la siempre muy inversora Consejería de Agricultura, Ganadería y ahora ampliada con Desarrollo Rural, y también en manos de Vox, consigna para León 43,6 millones de euros, siete menos que el último borrador y muy por debajo de los casi 50 del último presupuesto vigente, de hace tres años. Eso sí, como siempre, el grueso de los fondos, para modernización y regadíos, son en gran medida dinero europeo cedido por el Gobierno central.

Destacan para el próximo ejercicio partidas como 7,7 millones para la Margen Izquierda del Porma, fases II y III; 5,5 millones para el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en el Órbigo y Páramo; las fases I y II de la modernización del canal de Villadangos, con 6,5 y 6,4 millones respectivamente; o 8,3 para la transformación del regadío de Valderas.

Para El Bierzo reaparece una vieja promesa incumplida de un Parque Agroalimentario, que reserva dos millones de euros, de los 11 millones comprometidos por la Junta al más alto nivel en el sector y en la comarca hará diez años el año próximo.

Consulta aquí las partidas detalladas en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia de León.

La Junta de Castilla y León ha iniciado el procedimiento para declarar Proyecto Regional a 'Compostilla Green', el complejo industrial que Perseus Power SL plantea construir en el polígono de El Bayo Cubillos del Sil para producir hidrógeno renovable y combustible sostenible para aviones. La declaración, que todavía no está aprobada, supone abrir una vía de tramitación específica para un proyecto considerado de especial relevancia por sus dimensiones y su impacto territorial y permitirá coordinar y agilizar los distintos trámites necesarios para su desarrollo, entre ellos los urbanísticos y ambientales.

El anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) abre al mismo tiempo el periodo de información pública y la consulta a las administraciones y personas interesadas. El proyecto deberá someterse además a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, integrada en el procedimiento de aprobación del Proyecto Regional. Es decir, la planta todavía no está aprobada, sino que comienza ahora el procedimiento administrativo que puede desembocar en su declaración como Proyecto Regional.

'Compostilla Green' se plantea íntegramente en la ampliación del polígono industrial de El Bayo y contempla una inversión aproximada de 632,5 millones de euros. El proyecto recibió 78,9 millones de euros de ayudas públicas del Gobierno de España dentro del programa destinado a impulsar grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable.

El corazón del complejo será una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis alcalina con 250 megavatios de potencia. El proyecto incorpora además instalaciones para el tratamiento de agua, refrigeración, compresión, almacenamiento y suministro eléctrico, así como una planta destinada a transformar el hidrógeno y CO2 de origen biogénico en combustible sintético sostenible para la aviación (eSAF).

A ello se sumarán diferentes infraestructuras de conexión y abastecimiento, entre ellas líneas eléctricas soterradas, un hidroducto para transportar hidrógeno, conducciones de CO2 y tuberías para la captación y el vertido de agua. La documentación publicada por la Junta no concreta por ahora la superficie total que ocupará el complejo.

Una vía para agilizar la tramitación

La elección de la figura de Proyecto Regional no es un trámite menor. La Junta considera que, por las dimensiones de 'Compostilla Green' y por sus efectos más allá del término municipal, el proyecto necesita una ordenación territorial y urbanística específica. Su declaración como Proyecto Regional permitirá encauzar dentro de un mismo procedimiento buena parte de las actuaciones necesarias para su implantación.

Los terrenos donde se plantea la instalación ya fueron objeto de un Plan Regional aprobado en 2024, precisamente para ordenar la ampliación del polígono de El Bayo y facilitar la llegada de proyectos industriales de gran tamaño y elevado contenido tecnológico.

La tramitación autonómica había dado otro paso en febrero de este año, cuando la entonces Consejería de Industria, Comercio y Empleo emitió un informe favorable para iniciar la tramitación del Proyecto Regional debido a la naturaleza industrial de la iniciativa. Ahora, la resolución del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, fechada el 25 de septiembre, pone formalmente en marcha el procedimiento.

45 días para presentar alegaciones

La resolución abre un periodo de 45 días de información pública, audiencia a las administraciones y consulta ambiental. Durante ese tiempo, las personas y entidades interesadas podrán formular observaciones y alegaciones sobre el proyecto.

La documentación podrá consultarse en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Delegación Territorial de la Junta en León, en la avenida de los Peregrinos, y a través de las páginas de información pública y ordenación del territorio de la Administración autonómica.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha dado un nuevo paso en su apuesta por el ahorro energético y la sostenibilidad con la adjudicación de su primera instalación solar fotovoltaica de autoconsumo compartido, que permitirá aprovechar la energía del sol para reducir el coste de la electricidad de varios suministros municipales.

La instalación contará con más de 200 paneles solares bifaciales, con una potencia de 100 kilovatios (kW), que se colocarán en las cubiertas de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, la depuradora, y en la parcela anexa, dentro del polígono industrial El Páramo.

El proyecto ha sido adjudicado por un importe de 90.311 euros, después de que se presentaran un total de 13 ofertas al procedimiento de contratación. La actuación cuenta con financiación de la Diputación de León y se enmarca en las posibilidades que ofrece actualmente el autoconsumo compartido, que permite distribuir la energía producida por una instalación fotovoltaica entre distintos puntos de consumo.

La principal novedad es que la energía generada no se destinará únicamente al consumo de la propia depuradora. Mediante el sistema de autoconsumo compartido, la electricidad producida podrá aprovecharse también en otros suministros municipales, aunque se encuentren físicamente alejados de la instalación.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento paramés podrá reducir el consumo de electricidad procedente de la red y aprovechar también los excedentes generados, lo que supondrá un ahorro en la factura eléctrica municipal.

Esta primera instalación forma parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento para seguir incorporando energía renovable a sus instalaciones y reducir progresivamente el gasto energético municipal. De hecho ya se está trabajando en el estudio de nuevas instalaciones fotovoltaicas que permitan extender este modelo a otros edificios, servicios y equipamientos municipales.

El objetivo es que, en una segunda fase, este modelo pueda ir más allá de los propios consumos del ayuntamiento y abrir la puerta a la participación de empresas, comercios y particulares de Santa María del Páramo, mediante la creación de comunidades energéticas locales.

La asociación León Propone ha iniciado una campaña para recabar apoyos a la construcción de un nuevo vial de unos siete kilómetros entre el polígono industrial de Villadangos y la autopista AP-66 entre León y Asturias, con el objetivo de sacar buena parte del tráfico industrial de la N-120 y mejorar las conexiones tanto con las vías de alta capacidad como con el Aeropuerto de León. La organización plantea la infraestructura como una actuación estratégica ante las nuevas ampliaciones del polígono y los proyectos industriales vinculados, entre otros sectores, a la fabricación y mantenimiento de aeronaves y drones.

La propuesta contempla una carretera prácticamente paralela a la N-120 entre San Miguel del Camino y su campo de golf para continuar por detrás de Valverde de la Virgen hasta conectar con la autopista León-Campomanes en las proximidades de Montejos. Allí se construiría un nuevo enlace desde el que también se podría acceder al aeropuerto y a los terrenos situados al norte de sus pistas.

León Propone considera que la necesidad de buscar una alternativa a la N-120 se ha incrementado por el crecimiento del polígono de Villadangos, cuya tercera ampliación ya está en marcha. Según los cálculos aportados por la propia asociación, el complejo genera actualmente desplazamientos vinculados a unas 20.000 personas y alrededor de 7.600 vehículos diarios, cifras que prevé que puedan duplicarse conforme se desarrollen las nuevas fases industriales.

La organización vincula también la reivindicación con la seguridad vial. Asegura que solo durante agosto de 2026 se produjeron cuatro accidentes en la rotonda de acceso al polígono y sostiene que la N-120 soporta actualmente una combinación cada vez más intensa de camiones de mercancías, desplazamientos de trabajadores, tráfico local y vehículos que circulan hacia Astorga, El Bierzo y Galicia sin utilizar la autopista AP-71 que conecta León y Astorga.

Una conexión también pensada para el aeropuerto

El proyecto forma parte de una propuesta más amplia de movilidad planteada por León Propone el pasado marzo en La Virgen del Camino. La asociación divide su estrategia en dos actuaciones. La primera consiste en asfaltar un camino de 658 metros desde el polígono de Trobajo del Camino para proporcionar un acceso más directo al aeropuerto, una actuación sobre la que, según la organización, la Diputación ya ha encargado la redacción de un anteproyecto.

La segunda, de mucha mayor envergadura, sería el nuevo vial desde Villadangos hasta la AP-66 y su conexión con el aeropuerto. León Propone considera que ambas actuaciones permitirían reforzar conjuntamente las capacidades logísticas del principal polígono industrial de la provincia y de las instalaciones aeroportuarias, especialmente si estas últimas desarrollan actividad de carga.

La asociación pone como ejemplo de ese potencial la futura actividad de AMLS para el mantenimiento de aeronaves y, sobre todo, la fábrica de drones anunciada por Indra, un proyecto que, según la documentación aportada, cuenta con una inversión de 20 millones de euros y prevé alcanzar hasta 200 empleos. León Propone sostiene que el desarrollo de esta industria hace todavía más necesaria una conexión rápida entre Villadangos y el aeropuerto.

La propuesta distribuye la ejecución entre dos administraciones. León Propone plantea que el Estado construya el nuevo enlace y libere de peaje unos tres kilómetros de la AP-66, mientras que correspondería a la Junta de Castilla y León financiar la carretera desde ese punto hasta el polígono de Villadangos. La asociación señala asimismo que el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha contemplado preventivamente este posible vial en la revisión de sus normas urbanísticas.

Para sus promotores, esta alternativa permitiría además reducir el tráfico que actualmente atraviesa La Virgen del Camino, Valverde de la Virgen y San Miguel del Camino, además de facilitar los desplazamientos diarios de los trabajadores procedentes de León y su área metropolitana.

León Propone considera que la actuación no sustituye a la reivindicación de eliminar el peaje de la AP-71 León-Astorga, demanda que también respalda, sino que resolvería específicamente los problemas de acceso al área industrial. La asociación argumenta que limitarse a liberar la AP-71 podría generar retenciones en la salida de Villadangos y mantener la presión sobre el tramo de la N-120 hasta el polígono.

La organización pretende recabar el apoyo de organizaciones empresariales y sindicales, trabajadores del polígono y vecinos de los municipios afectados para reclamar a las administraciones que estudien y desarrollen el proyecto a corto plazo. A su juicio, la competitividad futura de Villadangos dependerá no solo de la disponibilidad de suelo industrial, sino también de la capacidad para mejorar sus conexiones con las principales infraestructuras viarias y aeroportuarias de León.

La Junta de Castilla y León invertirá 4.314.889 euros en la construcción de una nueva incubadora de empresas y autónomos en el Parque Tecnológico de León, especializada en proyectos relacionados con la ciberseguridad, el sector aeroespacial y el turismo. El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) la contratación de las obras, que estarán financiadas con fondos europeos Next Generation.

El nuevo edificio se levantará en la parcela M8 del Parque Tecnológico de León y pretende ampliar la capacidad para acoger empresas y profesionales con proyectos innovadores. La Junta justifica la nueva construcción por el “alto nivel de ocupación” que presentan actualmente los espacios destinados a incubación y alquiler existentes en el parque.

La futura infraestructura combinará oficinas cerradas y espacios abiertos de trabajo y coworking, además de zonas compartidas, salas de juntas y reuniones, un 'showroom' y otros servicios destinados a facilitar la puesta en marcha y crecimiento de nuevas iniciativas empresariales.

La Junta vincula la inversión con el desarrollo en León de sectores como la ciberseguridad y la industria aeroespacial. Castilla y León lidera el proyecto Red-Argos del programa RETECH, desarrollado junto al País Vasco y Andalucía y financiado con fondos europeos para impulsar el ecosistema de ciberseguridad y su especialización en ámbitos como la movilidad, el aeroespacial, la energía, la industria inteligente, la salud o las ciudades inteligentes.

En materia aeroespacial, León cuenta además con uno de los centros de incubación de proyectos emergentes de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España, impulsado conjuntamente por la Junta, la propia ESA y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). El Gobierno autonómico cifra en más de 2.100 los trabajadores del sector aeronáutico en Castilla y León y asegura que el 70% son titulados universitarios.

La tercera pata de la nueva incubadora será el turismo, que la Junta considera otro sector con capacidad para generar empleo mediante la innovación. El Ejecutivo autonómico destaca que Castilla y León lideró el turismo rural durante 2025 y que el sector turístico superó las 114.000 personas ocupadas durante el segundo trimestre del año.

La instalación leonesa tendrá su equivalente en otra incubadora especializada en el sector agroalimentario que se pondrá en marcha en Palencia. Ambas pretenden crear espacios especializados en los que empresas, centros tecnológicos, universidades y otros agentes puedan colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona destinado en el bloque logístico de Villadangos del Páramo, después de considerar acreditado que utilizó de manera reiterada los medios informáticos de la empresa para fines particulares durante su jornada laboral. Entre los hechos probados en la sentencia figuran alrededor de 7.685 accesos a páginas de internet no autorizadas únicamente entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, el empleo personal del correo electrónico corporativo y un enfrentamiento en el que profirió insultos y expresiones amenazantes contra un compañero.

La Sala de lo Social del TSJ desestimó el pasado mes de julio el recurso de suplicación presentado por el empleado contra la sentencia dictada en enero de 2026 por la Sección de lo Social 2 del Tribunal de Instancia de León en la que rechazaba la demanda del trabajador y declaraba procedente el despido. El fallo del TSJ confirma íntegra la sentencia de instancia sin imposición de costas.

El trabajador prestaba servicios para Mercadona desde mayo de 2006, tenía la categoría profesional de gerente A y desarrollaba su actividad en el Taller de Tiendas del Bloque Logístico de Villadangos del Páramo. El despido se produjo el 21 de mayo de 2025.

La carta entregada por la compañía hacía referencia, además, a antecedentes disciplinarios como haber sido amonestado por comentarios inapropiados, insultos y amenazas a otro compañero; además un mes antes de su despido volvió a ser amonestado por tener su teléfono móvil personal en el puesto de trabajo, aunque la sentencia considera probado que lo tenía encima de la mesa pero no que lo estuviera utilizando.

7.685 accesos a páginas web en 25 días

El núcleo del despido está, sin embargo, en la utilización de los equipos informáticos de la empresa. La sentencia de instancia dio por acreditado que entre febrero y el 28 de abril de 2025 el trabajador accedió durante su jornada, desde un ordenador de Mercadona, a páginas web no autorizadas y ajenas a su actividad profesional. Entre ellas aparecen YouTube, LinkedIn, Stripe, Facebook, Genesis, Reddit y Trustpilot. Solo entre el 1 y el 25 de febrero se contabilizaron unos 7.685 accesos.

A ello se sumó la utilización particular del correo electrónico de la compañía. Según los hechos probados asumidos por el TSJ, entre el 26 de noviembre de 2024 y el 16 de abril de 2025 el empleado realizó hasta 30 envíos personales utilizando la cuenta corporativa. La empresa entendió que estas actuaciones suponían una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, además de infringir las prohibiciones expresamente establecidas en su convenio colectivo para la utilización particular de los recursos informáticos, el correo electrónico y la navegación por internet.

El expediente disciplinario incorporó además un incidente ocurrido a primeros de mayo de 2025. La Justicia considera probado que el trabajador gritó y se dirigió de manera amenazante a un compañero, al que recriminó que le dijera las cosas “a la cara” y posteriormente llamó “vago” y “mierdas”. Para el TSJ, esta conducta encaja también en la falta muy grave relacionada con la falta de respeto a los compañeros contemplada en el convenio colectivo de Mercadona.

El trabajador acudió a los tribunales y el 2 de julio de 2025 presentó una demanda contra la compañía. Tras celebrarse el juicio, la jurisdicción social de León declaró procedente el despido en enero de 2026. El empleado recurrió entonces ante el TSJ de Castilla y León solicitando, en primer lugar, modificar varios de los hechos declarados probados y, posteriormente, cuestionando jurídicamente la gravedad y proporcionalidad de la sanción.

Entre sus alegaciones, el trabajador cuestionó el informe de acceso a internet. Argumentó que el informe de auditoría informática presentaba registros repetidos y que una misma entrada en una página podía generar automáticamente diferentes registros, pestañas, cookies o publicidad, sin significar necesariamente que el trabajador hubiera realizado conscientemente cada uno de esos accesos. También sostuvo que no se había demostrado una extracción de información confidencial ni la existencia de perjuicio para Mercadona.

La Sala rechazó esa modificación porque considera que el recurrente pretendía sustituir la valoración de las pruebas realizada por el juez que presenció el juicio por su propia interpretación. El recurso de suplicación, recuerda el TSJ, no constituye una segunda instancia en la que pueda repetirse toda la valoración probatoria.

Una conclusión similar alcanza respecto al correo electrónico. El empleado alegaba discrepancias entre el informe de auditoría informática y la propia carta de despido: sostenía que esta última recogía 14 correos y no los 30 que aparecían en el informe, además de señalar diferencias en el formato y que no podía conocerse el contenido de los mensajes ni determinarse si llevaban documentos adjuntos. El TSJ vuelve a rechazar la revisión al entender que esas afirmaciones requieren una nueva valoración de la prueba y contienen conclusiones que corresponden al terreno jurídico, no al relato de hechos probados.

La doctrina del Supremo sobre la pérdida de confianza

Al abordar el fondo del despido, el TSJ recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. Cita especialmente una sentencia de 19 de julio de 2010 que recuerda que la buena fe constituye una parte esencial de la relación laboral y exige al trabajador actuar conforme a criterios de lealtad, probidad y confianza. Su vulneración grave y culpable puede justificar la máxima sanción laboral, el despido disciplinario procedente.

Esa jurisprudencia establece además que para apreciar una transgresión de la buena fe no es imprescindible que la empresa haya sufrido un perjuicio económico importante ni que el trabajador haya obtenido un beneficio personal. Tampoco resulta imprescindible una voluntad específica de actuar deslealmente si existe un incumplimiento grave y culpable de los deberes inherentes al puesto. El Supremo señala igualmente que las exigencias de fidelidad y confianza deben observarse con especial rigor por quienes ocupan puestos de confianza o responsabilidad.

La Sala cita asimismo una sentencia del Supremo de octubre de 2023 sobre pérdida de confianza para insistir en que, al valorar determinadas infracciones laborales, la clave no reside exclusivamente en el perjuicio económico causado, sino también en la ruptura de la confianza que sostiene la relación entre empresa y trabajador. No obstante, la propia jurisprudencia obliga a analizar cada caso individualmente y aplicar criterios de proporcionalidad, dado que el despido constituye la sanción laboral más grave.

El TSJ aprecia una “quiebra de la confianza”

Aplicando esa doctrina al caso de Villadangos del Páramo, el tribunal considera que la conducta acreditada representa una quiebra de la confianza depositada por Mercadona en el trabajador. La Sala pone especialmente el acento en el “número elevadísimo” de accesos a páginas no autorizadas durante el tiempo de trabajo y mediante el ordenador de la empresa. A ello añade la utilización del correo corporativo para fines personales.

El convenio colectivo de Mercadona establece que los recursos informáticos, el correo electrónico y el acceso y navegación por internet son propiedad de la empresa y se facilitan para su utilización exclusivamente laboral. Su uso particular queda expresamente prohibido. Para los magistrados, las actuaciones acreditadas encajan en las faltas muy graves previstas en ese régimen disciplinario y suponen además una vulneración del deber de probidad propio de la relación laboral.

Además de cuestionar las pruebas sobre el uso personal de las herramientas informáticas de la empresa el trabajador también recurrió alegando que su despido se debió a denuncias previas que interpuso ante la Inspección de Trabajo por la falta de fichaje de los coordinadores y una demanda por acoso laboral puesta cuatro días antes de su despido que, según recoge la sentencia, fue posteriormente desestimada en todas las instancias. El TSJ rechazó su tesis porque todos los hechos justificativos del despido son anteriores a ambas denuncias por lo que “no hay indicio alguno” de que las denuncias formuladas por el trabajador fueran el detonante de su despido. La sentencia es firme aunque cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

El Partido Popular de Santovenia de la Valdoncina ha reclamado la actuación inmediata del equipo de gobierno municipal después de que un informe técnico ambiental elaborado por la Diputación de León concluya que el proyecto del almacén de residuos con amianto previsto en el polígono de Villacedré es “técnicamente insuficiente, peligroso y carece de las garantías mínimas exigidas por la ley”.

Los populares sostienen que este documento confirma las advertencias que habían venido realizando sobre los riesgos para la salud derivados de esta instalación.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Fernando Rodríguez, asegura que la elaboración de este informe es consecuencia de la presión ejercida por su grupo municipal, que promovió un pleno extraordinario el pasado 21 de abril para reclamar mayor transparencia sobre el expediente. Según destaca, esta iniciativa, junto con el respaldo de más de 2.100 vecinos, ha permitido que la Diputación analizara el proyecto y certificara, a su juicio, que la documentación presentada por la empresa promotora resulta inadmisible.

Deficiencias importantísimas

De acuerdo con el informe citado por el PP, el proyecto presenta deficiencias en aspectos considerados esenciales. Entre ellas, señala que no justifica adecuadamente la cantidad de residuos que podrá almacenar, no contempla la gestión de los propios residuos generados por la actividad, como los filtros contaminados con fibras de amianto, carece de mecanismos para garantizar que no se superen los límites de exposición y no establece un control claro del flujo de materiales, lo que incrementaría el riesgo de fugas o vertidos accidentales.

Los populares critican además que, pese a estos reparos, el Ayuntamiento aún no haya convocado la Comisión Informativa de Urbanismo para informar el expediente, más de tres meses después de que el pleno extraordinario acordara su celebración. El PP recuerda que el amianto está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un cancerígeno del Grupo 1 y subraya que el proyecto prevé almacenar simultáneamente hasta 48 toneladas de este residuo y gestionar un flujo anual de 528 toneladas en las proximidades de viviendas, un colegio y un parque infantil.

Por todo ello, el Grupo Popular exige la convocatoria inmediata de la Comisión de Urbanismo para emitir el correspondiente informe municipal y reclama una mayor vigilancia sobre las actividades previstas en el futuro establecimiento, al considerar que el expediente no puede permanecer “en un limbo” mientras persisten las dudas sobre sus posibles efectos para la salud y el medio ambiente.

La ampliación del polígono industrial 'El Páramo' da un paso decisivo después de años de retrasos administrativos. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves la Orden AGR/667/2026, de 16 de julio, por la que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental formula el informe ambiental estratégico favorable para la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa María del Páramo, concluyendo que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no necesitará someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

La resolución supone un importante avance para una actuación largamente reivindicada por el Ayuntamiento paramés y que permanecía bloqueada desde hace años por la necesidad de obtener distintos informes. El Consistorio aprobó el pasado mes de marzo el inicio del expediente de modificación urbanística para impulsar la ampliación del polígono, cuyo suelo industrial se encuentra prácticamente agotado, iniciando de forma simultánea la redacción del plan parcial y del proyecto de urbanización para tratar de acortar los plazos.

La modificación urbanística permitirá recalificar los terrenos colindantes al actual polígono, que pasarán de Suelo Rústico con Protección Agropecuaria a Suelo Urbanizable de Uso Industrial con ordenación detallada. Además, se ordenará el sector industrial U.9 'El Val', se reorganizarán las conexiones con el polígono existente y se reclasificará otra parte del ámbito como Sistema General de Espacios Libres para reforzar la protección ambiental del entorno.

La ampliación contempla incorporar cerca de 187.000 metros cuadrados, unas 18,7 hectáreas, de nuevo suelo industrial, una superficie adquirida por el Ayuntamiento hace varios años con el objetivo de responder a la demanda empresarial y favorecer la implantación de nuevas empresas. El diseño prevé parcelas de gran tamaño, una nueva entrada principal desde la carretera LE-6523, mejoras en la movilidad interior, cerca de 1.800 plazas de aparcamiento, una zona específica para camiones y un carril verde y ciclista de conexión con la circunvalación.

Durante la tramitación ambiental se solicitaron informes a organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero, la Dirección General de Carreteras, la Agencia de Protección Civil, los servicios territoriales de Medio Ambiente, Agricultura y Movilidad, la Diputación de León o Ecologistas en Acción. La Confederación concluye que el ámbito no afecta a cauces públicos ni presenta riesgo de inundación, aunque condiciona el desarrollo a ejecutar actuaciones pendientes en la red de saneamiento y al cumplimiento de los requisitos sobre vertidos. Por su parte, el Servicio Territorial de Movilidad plantea estudiar la mejora de la intersección entre la CL-622 y la LE-6523 ante el incremento de tráfico previsto, mientras que Medio Ambiente determina que la actuación no afecta a espacios de la Red Natura 2000, aunque fija condiciones para proteger las vías pecuarias existentes.

Tras analizar todos los informes, la Junta concluye que la modificación urbanística no provocará afecciones ambientales relevantes, no compromete espacios protegidos y sus efectos serán limitados y reversibles. Por ello, el informe ambiental estratégico determina que basta con la evaluación simplificada realizada y que no es preciso continuar con una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se incorporen las condiciones fijadas por los organismos consultados.

La publicación de esta orden supone un cambio de escenario respecto a la situación que denunciaba el Ayuntamiento en los últimos años. En 2023, el Consistorio llegó a criticar el bloqueo de la recalificación de estos terrenos agrícolas, adquiridos en 2019, mientras otros proyectos sobre suelo de similares características, como instalaciones fotovoltaicas, avanzaban con mayor rapidez. Ahora, con el visto bueno ambiental publicado en el Bocyl, la ampliación del polígono supera uno de los trámites más relevantes para hacer realidad un proyecto considerado estratégico para la generación de empleo y el desarrollo económico de Santa María del Páramo y su comarca.

La Junta ha formulado la declaración de impacto ambiental favorable al 'proyecto regional' Villadangos Green, una iniciativa cuestionada por Ecologistas en Acción, que llegó a tachar de “delirante” su conexión con el también 'proyecto regional' La Robla Green, ambos promovidos por el grupo Reolum. El plácet, condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones, proviene ya de la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del Gobierno autonómico, según publica en su edición de este miércoles el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

Villadangos Green consta de una planta para la fabricación de hidrógeno con capacidad de 200 MW (megavatios) de electrolisis y una producción anual estimada de 28.800 toneladas, una planta para la fabricación de 140.000 toneladas/año de metanol y dos conducciones de más de 36 kilómetros (un ceoducto y un hidroducto) para el transporte de hidrógeno y CO2, que conectarán la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín, donde la misma empresa promueve el Proyecto Regional La Robla Green, ya ha autorizado.

La promotora es Villadangos Nueva Energía SL, del grupo Reolum, compañía española creada en 2019 por Fernando Muñoz y Yann Dumont, centrada en la generación de energías renovables y el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, e-metanol y biomasa. Su objetivo, según la firma, es “impulsar la transición energética desde una perspectiva rentable y sostenible”.

Las conducciones diseñadas para conectar Villadangos Green con La Robla Green atravesarán también otros seis municipios leoneses: Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen (el plan inicial pasaba por la expropiación de casi 300 fincas). Las plantas de Villadangos ocuparán una superficie de alrededor de 150.000 metros cuadrados y requerirán un consumo anual superior a 1,65 millones de metros cúbicos de agua procedente de la red de abastecimiento de la ampliación del polígono industrial.

Precisamente la ubicación de este proyecto en el polígono industrial, una “zona ya muy transformada” por la presencia de naves e infraestructuras de transporte, hace que “el impacto sobre paisaje será limitado”, señala la declaración del Bocyl, que hace algunas advertencias: avisa de que el trazado de tuberías podría interferir con la planta fotovoltaica 'El Monte', al tiempo que recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados “procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición” en sustitución de áridos naturales.

La aprobación ambiental no supone todavía la autorización definitiva de Villadangos Green, que deberá obtener el resto de permisos sectoriales y ambientales exigibles.

La cadena de supermercados Dia ha inaugurado y abierto las puertas este viernes de su segundo mayor centro logístico de toda España, ubicado en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, el el epicentro de la provincia de León. Se trata de una gran infraestructura de última generación que dará servicio a más de 200 tiendas de Castilla y León, así como de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y que estando al 95% de su funcionamiento pleno previsto ya ha creado 235 puestos de trabajo.

La inversión para levantar la nave, del tamaño de ocho campos de fútbol, toda su tecnología logística y personal se ha elevado a 60 millones de euros para una superficie de 64.000 metros cuadrados, detalló el presidente de Dia España, Ricardo Álvarez, durante la inauguración oficial este viernes con gran despliegue institucional. Álvarez ha enmarcado esta apertura en un momento de “crecimiento y expansión” para la compañía, con el objetivo de dar soporte a su red de tiendas y “dinamizar la economía local”.

El acto de inauguración ha estado respaldado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera; el consejero de Industria, Comercio, Empleo, Universidades e Investigación, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones; y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, entre otros alcaldes y representantes empresariales de la provincia de León, destaca Efe.

Mañueco ha agradecido a la compañía su apuesta por la Comunidad, donde ya cuenta con más de 200 establecimientos -30 de ellos en la provincia leonesa, la segunda provincia detrás de Valladolid- y más de 2.000 trabajadores. Y ha ensalzadosus valores de proximidad, vertebración territorial y cercanía, “con los que también se identifica el Gobierno autonómico” de Partido Popular (PP) y Vox que él preside.

El presidente de la Junta volvió a contar, como si de una novedad se tratara, que el siguiente impulso de lo que ya es el mayor polígono industrial de Castilla y León será una ampliación más, la segunda, de otras 60 hectáreas, una vez culminado el reciente recrecimiento hasta sumar las 380 actuales. Dia ha sido, de hecho, la empresa que ha inaugurado esta última expansión.

A propósito de esta multiplicación de espacio, el el alcalde de Villadangos ha recordado que este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias una ampliación “en tiempo récord”, desde un primer correo electrónico de octubre de 2020. Y de paso ha agradecido que Dia sea la factoría del espacio industrial, con firmas como Mercadona o Decathlon, que más empleo local ha generado en el propio municipio.

Yendo a los datos de la nueva macroinstalación, el centro logístico cuenta con capacidad para más de 25.000 palés en 127 muelles de carga y descarga, y prevé mover un promedio mensual de tres millones de cajas, lo que generará un flujo diario de cerca de 200 camiones. Ante esta nueva 'avalancha' logística que se sumará, el consejero Quiñones, adalid hasta ahora desde Somacyl de las mejoras del polígono, aventuró que en apenas un pes podría estar concluido el nuevo acceso en la carretera N-120 que ejecuta la propia Junta, importante para no crear un peligroso tapón de tráfico en los accesos.

En el espacio logístico de Dia se gestionarán alrededor de 5.000 referencias distintas de productos de gran consumo y para ello el centro cuenta con una tecnología que combina técnicas de luz y voz para guiar a los trabajadores y zonas de temperatura controlada de entre -21ºC y 12ºC que garantizan la conservación de frutas, refrigerados y productos congelados, detallaron en una nota de prensa.

La instalación incorpora paneles solares que generan cerca de un tercio del consumo de toda la planta, cámaras frigoríficas libres de gases de efecto invernadero y operará bajo el modelo 'Residuo Zero', certificando que más del 95% de los desechos generados serán reciclados, reutilizados o valorizados.

Actualmente, la actividad de la empresa representa el 0,8 por ciento tanto del Producto Interior Bruto (PIB) del empleo total en Castilla y León, Comunidad en la que trabaja con más de 100 proveedores locales. Durante 2026, la compañía prevé abrir seis nuevos establecimientos en Castilla y León, en concreto en Burgos y Valladolid.

La compañía Urbaser abrirá en 2027 su primera planta de reciclaje de baterías de litio en Cubillos del Sil, en la comarca de El Bierzo, una factoría que creará 50 empleos directos y cerca de 200 indirectos y que será la primera de estas características en la Península Ibérica.

El proyecto busca situar a Castilla y León en la vanguardia de la transición energética y mitigar la dependencia exterior de Europa en materias primas críticas desde un municipio de unos 1.800 habitantes, según ha destacado en el acto de colocación de la primera piedra de la factoría el CEO de Urbaser, Fernando Abril-Martorell. “Bajo nuestro lema 'Making Circularity Real', ofrecemos una solución real al desafío de las baterías en desuso. No venimos a gestionar residuos; venimos a recuperar recursos estratégicos y a garantizar el suministro de materias primas críticas”, ha añadido.

El proyecto ha sido el mejor valorado de España en el Programa Renocicla del IDAE -adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- y ha logrado una financiación europea de 6,3 millones de euros a través de los fondos NextGenerationEU.

Una infraestructura pionera

La planta, cuya construcción se inició el pasado mes de enero, estará lista en la segunda mitad del año que viene y representa un ejemplo de transición energética justa en una comarca históricamente vinculada a la actividad del carbón.

Por su parte, Nicolás Corral, director de Desarrollo de Urbaser, ha detallado que se trata de una infraestructura pionera y a gran escala que procesará entre 60.000 y 200.000 baterías de litio al año procedentes de teléfonos, ordenadores, patinetes y vehículos eléctricos, entre otros.

“Lo haremos mediante un proceso en seco totalmente seguro, logrando tasas de recuperación que superan las normativas de la Unión Europea para metales clave como el litio, el cobalto o el níquel”, ha explicado, al tiempo que ha mantenido que la planta busca dotar a la autonomía de capacidad industrial propia para evitar la exportación de estos residuos a otros países.

Oportunidad de reindustrialización tras la minería

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha señalado que esta actuación representa una oportunidad para consolidar la reindustrialización de la comarca y fortalecer el tejido económico del Bierzo mediante actividades vinculadas a la transición ecológica y la innovación en una industria vinculada al reciclaje que será clave para afrontar los desafíos energéticos y tecnológicos de las próximas décadas.

Esta planta de León se une a otros proyectos de Urbaser en la península, puesto que la compañía ya trabaja en la ingeniería de tres nuevas plantas de tratamiento de baterías de litio situadas en Zaragoza (operativa en 2030), el sur de España y Portugal.

Al acto de colocación de la primera piedra también han asistido el alcalde de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, la directora del instituto para la Transición Justa, Judith Carreras y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, entre otros.

La Junta de Castilla y León ha declarado este jueves Proyecto Industrial Prioritario (PIP) la nueva planta de fabricación de vidrio que el grupo Tvitec prevé construir en Cubillos del Sil, una iniciativa que contempla una inversión cercana a los 190 millones de euros (el Gobierno de la nación desbloqueó en marzo un préstamo por valor de 120 millones de euros) y la creación de entre 250 y 300 empleos directos.

El portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en una rueda de prensa del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que permitirá agilizar la tramitación administrativa del proyecto al reducir a la mitad los plazos legales de los procedimientos autonómicos.

La nueva planta, impulsada por la empresa Tvitec Float Glass, se ubicará en el Polígono de El Bayo de Cubillos del Sil, en la comarca de El Bierzo, dentro de una Zona de Transición Justa marcada por el cierre de la minería y el desmantelamiento de la central térmica de Compostilla II.

Según la Junta, el proyecto supondrá un “revulsivo económico” para la comarca y para Castilla y León, ya que a los empleos directos se sumarán cerca de un millar de puestos de trabajo indirectos e inducidos vinculados a sectores como la logística, el mantenimiento o la extracción de materias primas.

La planta aspira además a convertirse en la instalación de producción de vidrio “más eficiente del sur de Europa” mediante la incorporación de un horno de fusión híbrido pionero en el continente, capaz de operar con una matriz energética mixta basada en gas natural, oxígeno e hidrógeno verde.

El Ejecutivo autonómico ha destacado que el uso intensivo de vidrio reciclado permitirá reducir la huella de carbono de la instalación y anticiparse a las futuras exigencias europeas en materia de emisiones para 2030.

La nueva factoría permitirá además al Grupo Tvitec completar toda la cadena de valor de producción del vidrio, desde la arena de sílice hasta el producto final, eliminando dependencia de terceros y reforzando su capacidad exportadora, ya que la compañía comercializa actualmente sus productos en más de 50 países.

La declaración como Proyecto Industrial Prioritario implica además que la Junta pondrá en marcha mecanismos de coordinación para agilizar aquellos trámites que dependan de otras administraciones públicas.

El proyecto para construir en el polígono industrial de Villadangos del Páramo (León) la futura fábrica de drones militares de Indra en alianza con una compañía de Emiratos Árabes, ha dado un nuevo paso administrativo al salir a información pública la solicitud de licencia ambiental para la instalación, un trámite previo a su autorización definitiva.

El Ayuntamiento de Villadangos, donde radica el mayor polígono industrial de la provincia, ha sometido a exposición pública durante un plazo de diez días la petición de la compañía tecnológica para desarrollar en el polígono industrial de Villadangos una planta dedicada a la fabricación, montaje e integración de sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV), según publica este jueves el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Se detalla que su emplazamiento de la Calle 1, en las parcelas 15 y 16.

Durante este periodo, los posibles afectados podrán examinar el expediente y presentar alegaciones, en el marco del procedimiento regulado por la normativa de prevención ambiental de Castilla y León.

La iniciativa forma parte del proyecto estratégico anunciado a principios de año por Indra para levantar en León la que será la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito de España, vinculada a los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas. Un proyecto que ha sido abanderado también tanto por el Ministerio de Defensa del Gobierno de España como por la Junta de Castilla y León, promotora además del polígono paramés.

La multinacional prevé concentrar en estas instalaciones sus capacidades de producción de sistemas no tripulados, incluyendo el sistema táctico Tarsis, el sistema de armas con vehículo aéreo multipropósito Valero y soluciones de munición merodeadora, dentro de su estrategia para reforzar la industria de defensa y su posicionamiento en mercados internacionales.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 12 millones de euros y la creación de unos 200 empleos asociados a la planta, a los que se suman otros 150 puestos de ingenieros vinculados al refuerzo del centro tecnológico que la empresa ya tiene en León, en el barrio del Polígono X.

Además, la fábrica -cuyas naves ya están construidas- estará orientada a la fabricación e integración de drones tanto para uso militar como civil, con previsión de iniciar la producción seriada a partir del año 2027.

El desarrollo de esta infraestructura se enmarca en el crecimiento del sector de los sistemas aéreos no tripulados, considerado estratégico en el ámbito de la defensa, la seguridad y diversas aplicaciones civiles, como la logística o la gestión del territorio.

La fase actual del procedimiento no implica aún la autorización definitiva de la actividad, ya que una vez finalizado el periodo de información pública el Ayuntamiento deberá analizar las posibles alegaciones antes de resolver sobre la concesión de la licencia ambiental. La evolución del expediente determinará los siguientes pasos de un proyecto que aspira a situar a León como un punto de referencia en la industria de los drones y en el desarrollo de tecnologías vinculadas a Defensa.

La Junta de Castilla y León ha autorizado una modificación ambiental importante para la planta de LM Wind Power en Ponferrada, dedicada a la fabricación de palas para aerogeneradores, con una ampliación que permitirá incrementar en más de un 50% su capacidad actual de producción anual. La resolución, publicada este miércoles 13 de mayo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), fija una capacidad total autorizada de 18.473.897 kilos de palas al año para las instalaciones ubicadas en el polígono industrial de La Llanada, en Santo Tomás de las Ollas.

La factoría berciana, uno de los principales referentes industriales vinculados al sector eólico en la comarca, continuará funcionando en régimen ininterrumpido durante las 24 horas del día. La nueva autorización ambiental ampliada revisa y adapta las condiciones de explotación de la planta, incluyendo aspectos relacionados con emisiones, consumo energético, residuos y control acústico.

Entre las novedades destacadas por la resolución figura la eliminación del uso de acetona como producto de limpieza de maquinaria, sustituida por otros agentes “sin pictogramas de peligro”, según recoge el expediente administrativo. La empresa asegura además disponer de una normativa interna que prohíbe el uso de sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción dentro de sus procesos productivos.

La actividad industrial mantiene, no obstante, un elevado consumo de recursos. La documentación aprobada refleja una demanda anual superior a los 10 millones de kilovatios hora de electricidad, más de 7 millones de kilovatios hora de gasóleo y un consumo de 11.429 metros cúbicos de agua al año. El expediente aclara que el agua no se emplea directamente en la fabricación de las palas, sino principalmente para usos sanitarios y tareas de limpieza.

“Irrelevantes” emisiones acústicas

En materia ambiental, la Junta considera “irrelevantes” las emisiones acústicas al exterior debido al aislamiento de los edificios y a la ubicación de la planta dentro de una zona industrial clasificada como “área ruidosa”. Aun así, la autorización obliga a cumplir límites máximos de 65 decibelios durante el día y 55 por la noche.

La resolución también recoge la importante generación de residuos derivados del proceso de fabricación, especialmente restos de fibra de vidrio y materiales plásticos procedentes de las operaciones de moldeo y desmoldeo. La estimación anual ronda las 4.000 toneladas.

El procedimiento de información pública de esta modificación sustancial se abrió en agosto de 2024 y, según consta en el expediente, no recibió alegaciones por parte de particulares ni colectivos. La autorización ambiental concede ahora un plazo máximo de cinco años para la puesta en marcha definitiva de la actividad conforme a las nuevas condiciones aprobadas.

Reolum ha adquirido una nave industrial en el polígono El Crispín, en La Robla, que transformará en su nuevo centro de innovación y oficinas técnicas, en una operación valorada en 12 millones de euros y vinculada directamente al desarrollo de su macroproyecto energético en la zona.

La instalación, con una superficie total de 49.750 metros cuadrados, contará con cerca de 3.000 metros destinados a oficinas y albergará un laboratorio, un taller de ensayos, espacio de almacenamiento y áreas de premontaje. El objetivo de la compañía es centralizar en este enclave parte de su capacidad técnica y avanzar en el desarrollo de combustibles sintéticos verdes.

La nave jugará además un papel clave durante la fase de construcción de ‘La Robla Green’, el proyecto energético impulsado por la compañía en los terrenos de la antigua central térmica, al servir como base para el personal técnico encargado de supervisar las obras y como espacio logístico para el almacenamiento de equipos y el premontaje de instalaciones.

Una vez en funcionamiento, el complejo dará soporte tanto a la planta de La Robla como al proyecto previsto en Villadangos, actuando como centro administrativo, taller técnico, laboratorio de pruebas y almacén de repuestos.

La adquisición se enmarca en la hoja de ruta industrial de la empresa, que busca reforzar su capacidad de innovación en un momento clave para el desarrollo de sus proyectos. El consejero delegado y cofundador de Reolum, Yann Dumont, señala que estas instalaciones permitirán “desarrollar, testar y optimizar soluciones en el ámbito de los combustibles sintéticos verdes”, además de integrar talento local y mejorar la eficiencia y coordinación de las plantas.

El movimiento supone un nuevo avance en el despliegue de ‘La Robla Green’, una de las mayores inversiones privadas previstas en la provincia de León, con un presupuesto de 850 millones de euros. El proyecto contempla una planta de biomasa de 50 megavatios eléctricos, sistemas de captura de CO₂, producción de hidrógeno verde y una instalación de e-metanol con capacidad de hasta 140.000 toneladas anuales.

La asociación EslaVida ha convocado para este sábado 4 de abril una asamblea general extraordinaria en Vidanes, en el municipio de Cistierna, en la que se analizarán los próximos pasos en su oposición al proyecto de planta de biogás previsto en el polígono industrial de la localidad.

La cita tendrá lugar a las 12.00 horas en el local de las antiguas escuelas de Vidanes y se presenta como un encuentro clave para el colectivo vecinal, que desde su creación a comienzos de este año se ha consolidado como el principal frente social contra esta iniciativa industrial. Entre los puntos destacados del orden del día figura la definición de la estrategia legal, incluida la posible contratación de asesoría jurídica y el inicio de acciones contenciosas.

Además, la asamblea abordará la ratificación de su adhesión a la asociación STOP Biogás Castilla y León y la posible participación en una querella colectiva, así como cuestiones organizativas internas como la renovación de la presidencia y el seguimiento de las acciones emprendidas hasta ahora.

Este encuentro llega tras varias semanas de movilización y actividad informativa impulsadas por el colectivo. La asociación ha organizado recientemente actos de concienciación como la proyección del documental ‘Vidas irrenovables’, centrado en el impacto de los macroproyectos energéticos en el medio rural, con el objetivo de alertar sobre las posibles consecuencias ambientales, sociales y económicas de este tipo de instalaciones.

EslaVida nació en enero como una plataforma vecinal que reclama mayor transparencia y participación en torno al proyecto promovido por la empresa Apaycachana-6. Desde entonces, ha denunciado la falta de información clara y ha advertido de los posibles efectos sobre la salud, el entorno y el modelo de desarrollo de la Montaña Oriental Leonesa.

La convocatoria de este sábado supone un nuevo paso en la organización de la respuesta vecinal frente a una iniciativa que ha generado un amplio debate en la comarca y que ya ha sido rechazada por unanimidad por los grupos políticos del Ayuntamiento de Cistierna.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por Podemos contra la declaración como prioritario del proyecto industrial de Indra para la Comunidad, que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con una empresa emiratí, y ratifica la continuidad de la tramitación por interés público.

Según ha informado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, se ha desestimado la solicitud de Podemos que pedía la nulidad y suspensión del acuerdo, y alegaba posibles efectos irreversibles sobre la seguridad y los derechos humanos.

La decisión se ha tomado sobre la base de un informe técnico que señala que la solicitud de Podemos no se fundamenta en ninguna de las causas de nulidad previstas en la Ley, ni tampoco concreta los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación.

Por ese motivo, la Junta de Castilla y León “ha optado por proteger el interés público y mantener la celeridad en la tramitación del plan industrial, denegando la solicitud planteada”, ha indicado el Gobierno autonómico.

Con un acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el pasado 9 de marzo, la Junta declaraba como proyecto industrial prioritario el plan estratégico de crecimiento de la empresa tecnológica Indra para el periodo 2026-2027 en Villadángos del Páramo (León) y Valladolid.

La iniciativa, que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con la empresa emiratí EDGE, creada en 2019 por el gobierno de Abu Dabi, contempla una inversión de 41,5 millones de euros y la creación de más de 300 empleos directos.

Dos chicos jóvenes, uno de ellos menor de edad, de 17, y otro de 19, resultaron heridos y tuvieron que ser ingresados en el Hospital de León en la madrugada de este sábado cuando circulaban con sus respectivas motocicletas en el polígono industrial de Onzonilla.

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León ha informado que a las 00.50 horas se recibió una llamada en la sala de Operaciones en la que se informaba del accidente de tráfico y de que dos jóvenes se encontraban heridos, permaneciendo ambos conscientes en ese momento.

El 1-1-2 trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), que envió una ambulancia de soporte vital básico. Una vez en el lugar del siniestro, los servicios de emergencias atendieron a los dos jóvenes, los cuales a causa de las heridas sufridas fueron posteriormente trasladados al Hospital de León, donde fueron atendidos en Urgencias.