Castilla y León se convirtió en la tercera autonomía que más casos de discriminación y racismo atendió en 2025 según el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica (CEDRE), al alcanzar los 214 casos, solo por detrás de Madrid (397 casos) y Andalucía (292).

Así lo ha trasladado este lunes el Ministerio de Igualdad a través de un comunicado, en el que cifra en 2.703 el total de casos gestionados y en 3.280 las personas atendidas entre el 1 de enero y el 19 de diciembre de 2025, lo que supone una media de nueve llamadas y siete casos diarios.

A Castilla y León le siguen las autonomías de Baleares (197 casos), Canarias (192) y Cataluña (165), mientras que provincias el mayor número de casos es para Madrid, con 397; Baleares, con 197; La Rioja y Valladolid, ambas con 120; Cantabria, con 116; Santa Cruz de Tenerife, con 103, y Ciudad Real, con 96.

El CEDRE, que tiene como objetivo la promoción del principio igualdad de trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico en todos los ámbitos de la sociedad y en cualquier bien o servicio, abordó el pasado año 2.178 casos individuales, 508 colectivos y otros 17 que no han sido calificados.

Según el comunicado, los casos atendidos reflejan una gran diversidad de orígenes raciales y étnicos: destacan las personas latinoamericanas blancas con 850 atenciones, seguidas de gitanos-romaní con 468 atenciones; árabes con 349; negros, afrodescendientes, africanos o afroespañoles con 345; nativos americanos con 111, y amazigh con 75.

En cuanto al tipo de discriminación, 1.302 casos fueron discriminaciones directas y 884 indirectas, mientras que por sexo se atendieron a 1303 mujeres y 995 hombres a lo largo de 2025.

Según el CEDRE, el contexto mayoritario de esta discriminación se da en el empleo privado (434 casos), seguido de las discriminaciones relacionadas con otros bienes y servicios (373), en materia de vivienda (332), servicios de salud (327) y educación (226).

Basta un grito que señale, una media verdad repetida como el mantra que las redes pueden llegar a ser. Del otro lado basta una sutileza cautiva, un no sé quién habrá sido pero ojo que lo más probable es que haya sido un negro de esos. Y lo dice alguien que tiene un micrófono y todos los medios enfocando a la palabra sagrada que tenga ese día en la boca. Ser político tiene una enorme responsabilidad, aunque parece que algunos lo hayan olvidado. No se trata solo de cuestiones propias del rol parlamentario, sino de influencia discursiva. Lo que dices, por el hecho de pronunciarlo desde una tribuna pública, ejerce autoridad, legitima odio o pasiones de otro tipo. Orar no es gratis. Llorar tampoco.

En Torre Pacheco lo normal es convivir con el diferente: pasa mucho en zonas de España en la que hay trabajos que los nativos no queremos hacer más. Las horas interminables bajo el sol recogiendo la cosecha de la huerta de Europa, no nos renta mucho ya. Entonces vienen ellos y ellas y tratan de salir adelante dando por buenas condiciones que lindan con lo esclavo. Y conviven. Hasta ahora. Porque siempre están bajo la mecha de un fueguito que inunde todo: el malo eres tú, siempre, porque eres diferente. Y porque, aunque no haya habido mayor problema hasta ahora, de un tiempo a esta parte, los discursos de la extrema derecha sin duda y los de la derecha con coqueteos, legitiman que tú, de primeras, eres el malo de la película.

Ser migrante no es un camino de rosas. Pero sí es un camino de audacia. El último informe de GEM, que mide el emprendimiento en España, reafirma la tendencia que en realidad es bastante lógica: que quienes más emprenden en nuestro país no son autóctonos, sino extranjeros. Y no me extraña: emprender aquí es un deporte de riesgo que solo toman o quienes no les importa perder todo porque tienen lo suficiente para intentarlo de nuevo, o quienes no tienen nada que perder y solo pueden mirar hacia delante. O locos audaces.

España es un gran país para tomarse unas cañas y unos vinos y disfrutar de una buena jubilación, pero sigue estando dominado por un mercado laboral precario, en el que la macroeconomía puede ir muy bien y las cifras del paro pueden ser estupendas, pero es que lo que se paga en general es tan de risa que lo más normal es que si alguien te convence de que hay un culpable débil, como un migrante cualquiera, te parezca suficiente. Porque la gente está harta de trabajar y no llegar a fin de mes. De estudiar y no tener expectativas. De que se esté mareando la perdiz y tomándonos por imbéciles cuando todo el mundo sabe lo que Rufián dijo claro desde esa tribuna que parece sólo usar él con excelencia en los últimos tiempos. Que en España hay tres problemas: vivienda, vivienda y vivienda. Es eso. Porque sin solucionar el techo, todo lo demás no vale nada.

Por supuesto ese malestar no justifica una cacería de ningún tipo. Pero hace tiempo que no queremos escuchar lo que mucha gente joven defiende: la rebeldía se volvió de derechas y, aunque ahora estemos en pleno verano y los problemas parezcan más ligeros, este es el punto de inflexión. El futuro dice que está harto y que la solución no pasa necesariamente por mantener la democracia que nuestros padres pelearon así que, si tienen que llover piedras, que lluevan.

Antes de nada tengo que declarar mis escasas nociones al respecto de emigración y emigrantes, pero tal vez, desmenuzando las informaciones que nos hacen llegar los diversos medios de comunicación, se pudiera arrojar alguna luz sobre el asunto. La imagen más impactante es la de subsaharianos hacinados en Canarias arropados por mantas térmicas. Antes se decía directamente negros y por tal motivo, africanos, pero la pedantería no conoce límites y ahora esta terminología está muy mal vista. La otra cara de la moneda son los violentos sucesos de Torre Pacheco.

La idea que las pantallas nos transmiten tiene tres puntos importantes bajo mi humilde criterio: uno es que se trata de jóvenes de color, hombres mayoritariamente, que aparecen apiñados, a veces muertos de frío tras una navegación aterradora. La segunda es el recibimiento humanitario que dispensan algunas entidades como la Cruz Roja, ofreciendo mantas y algo caliente a unos hombres en cuyos rostros cetrinos y asustados se dibuja el miedo a un incierto futuro. La tercera es el guirigay que los políticos sostienen entre sí, y que no deja de ser otra de sus representaciones teatrales para ver cómo se controla esta entrada masiva, como se devuelven a origen o cómo se digiere el insoportable número de muertes que dejan estas dramáticas y arriesgadas travesías. Los desórdenes públicos que a veces se suscitan tampoco un tema soslayable.

A la izquierda, los políticos se muestran falsamente compadecidos de este azote de la humanidad. Nos recuerdan que muchos de ellos provienen de países en guerra y rara vez mencionan que también llegan a nuestras costas emigrantes llegados de países de Oriente Próximo, Oriente Medio o el Magreb –los emigrantes hispanos apenas si se mencionan– y sin embargo suponen otra realidad latente. Tampoco falta el rasgado de vestiduras en público sobre la inaceptable explotación de la que son objeto esta nueva casta de parias llegadas de lugares pobres a países que al menos se tienen por opulentos. Sea como fuere no por ello dejan de establecer sistemas de repatriación. Es decir se gasta hipocresía a raudales.

A la derecha, parece haber menos compasión, sin embargo el resultado es similar. Occidente ha llegado a encumbrar socialdemócratas por un lado y cristianodemócratas por otro, es decir la diferencia es tan tenue como la línea que separa el sol de la sombra. Con mayor radicalidad, los representantes de la diestra opción impiden a veces el desembarco de personas recogidas en alta mar que han visto con horror como las aguas se han tragado a muchos de sus acompañantes, o bien aligeran el bolsillo para ubicar a esa riada de gente que busca una vida mejor en países de economías más débiles. Las cacerías de emigrantes en España, auspiciadas por algunos partidos supremacistas a través de las redes sociales, muestran una vena cainita del asunto.

Alejando y no viendo esta marabunta de desheredados el problema parece menor, y eso si acaso no se les imputa los más dispares delitos para causar xenofobia entre la ciudadanía. Sea como fuere, los gobiernos de distintos signos no aciertan a encontrar la solución. Sin embargo no deberían perderse de vista algunos matices que hacen de la emigración un asunto muy peliagudo y de muy difícil solución. Y aquí mencionaremos algunos. Cuando el hombre surgió en el centro de África emigró hasta colonizar los cinco continentes o, dicho de otro modo, todos sin exclusión somos hijos de emigrantes y en el caso de España, generadores de emigrantes hasta fechas no muy lejanas, e incluso presentes, aunque, eso sí, hoy con mejor bagaje cultural.

El colonialismo europeo en África

Otro de los factores a tener en cuenta, sobre todo al hablar de África, es que cinco o seis potencias europeas se repartieron el continente negro hasta bien entrado el siglo XX, causando en él verdaderos estragos para beneficiarse de sus fabulosos recursos materiales y humanos. Destacan por su crueldad las atrocidades del muy católico y honorable rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo Belga, país que era dominio privativo del monarca y que ocasionaron la muerte de más de diez millones de almas, amén de los esclavos mutilados con las manos cortadas por no recoger suficiente cantidad de caucho. El colonialismo alemán en Namibia también acarreó un genocidio, finalmente reconocido por Alemania en 2015. Del mismo modo Italia hizo sus pinitos coloniales y ejerció la brutalidad sobre Libia, Somalia o Abisinia.

Españoles, portugueses, e ingleses practicaron el esclavismo con destino a sus colonias americanas. Holandeses al sur y franceses en el norte y centro de África, explotaron hasta la saciedad ese continente en beneficio de sus intereses en Europa y América. Incluso hoy, la extracción de diamantes y minerales como el Coltán hacen que se siga explotando el África negra y sea objeto de deseo para potencias como Rusia o con intereses geoestratégicos mundiales como China. En España, según se dice, la mayor parte de emigrantes llegados proceden de Mali, estado donde crece la influencia rusa, país éste que podría utilizar la emigración como arma política y acabar saturando las costas españolas de desplazados.

Como puede comprobarse estas avalanchas tienen muy mal pronóstico, por otro lado tampoco sería de recibo que los países periféricos cargaran con toda la afluencia migratoria, que mayoritariamente pretende alcanzar los países más florecientes de Centroeuropa. Por si fuera poco España o Italia no pueden absorber un número ingente de desplazados que podrían acabar desbordando cualquier previsión y desestabilizando ambos países por muy buenas intenciones que pudieran tener. Sencillamente no podemos albergar cantidades astronómicas de africanos que huyen del hambre o de la guerra. Las ‘cacerías‘ antes mencionadas tampoco son la solución.

No tengo ninguna receta mágica como tampoco parecen tenerla al sur de Europa ni en la Unión Europea, que tampoco es ajena al fenómeno, al igual que sucede en la frontera de EE.UU. y México, con el rosario de hispanos que escapan de la miseria. Sólo se me ocurre una propuesta, consciente de que ha de tener infinidad de críticas. Consistiría en prestar ayuda y resarcir al continente africano, pacificar países convulsos y promover su desarrollo económico de los mismos hasta que fijen su población. De no hacerlo, el pasado expolio de recursos pasará onerosa factura a toda Europa, aventajada candidata a enfrentarse con un problema mucho más serio del que ya tiene.

Y lo paradójico del asunto es que los especialistas en el tema reconocen que necesitamos emigrantes.

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

El concejal de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, consideró hoy que las pintadas xenófobas y racistas aparecidas ayer en el puente del Paseo del Río de la capital berciana responden a “un hecho puntual” y esperó que “no vayan a más ni tengan ninguna repercusión”. Además, aseguró que ya están eliminadas.

Las pintadas, en las que se podían leer mensajes como ‘España para los españoles’, ‘Fuera extranjeros’, ‘Viva España’, ‘Islam = mierda’, ‘Fuera paguitas’ o ‘Fuera de España panchitos moros y negros’, fueron denunciadas ayer por el Partido Socialista, que alertó sobre cómo “la polarización política y los discursos de odio que ciertos partidos de extrema derecha, como Vox, están lanzando cada día, generan un clima de crispación social que alienta este tipo de actos”.

“Ponferrada es una ciudad abierta, una ciudad admirable, una ciudad que recibe a todos los visitantes y, por supuesto, a la gente que quiere hacer su plan de vida en ella y nunca ha habido ningún problema, sino que siempre ha habido una convivencia normal”, puntualizó Carlos Cortina, para quien “lo que menos se debe hacer es politizar estas cuestiones que son un hecho puntual”.

En esta línea, el edil insistió en que “es un caso puntual” y apuntó que, “en vez de tanto hablar de la ultraderecha o la derecha ultraderecha, se deben obviar estas y evitar hacer daño con estas declaraciones”. “Los grandes partidos tenemos que tener altura de miras y pensar de otra manera y no entrar en eso de hablar de derecha o de ultraderecha, sino simplemente hablar de que esto en Ponferrada no debe de pasar y nadie queremos que pase”, finalizó.

Cabe destacar que estas pintadas racistas han sucedido durante una convocatoria lanzada por grupos racistas en Telegram que ha tenido su epicentro en la 'cacería de inmigrantes' de Torre Pacheco, en Murcia, pero que también ha tenido eco, con menor intensidad, en diferentes puntos de España.

El centro de ayuda humanitaria del Programa de Protección Internacional de San Juan de Dios de León, situado en el antiguo Chalé del Pozo, en Villarrodrigo de las Regueras (Villaquilambre), que abrió sus puertas del 21 de junio del pasado año, cerrará este 31 de mayo sus puertas tras haber acogido a un total de 455 subsaharianos solicitantes de asilo procedentes de trece nacionalidades diferentes, como Mali, Senegal, Marruecos, Ghana, Gambia, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Guinea Bissau, República Centroafricana, Burkina Faso, Mauritania, Nigeria y Camerún.

Carime Cisse, un joven de 22 años procedente de Mali, fue uno de los residentes de El Pozo, en el que vivió durante siete meses llegado de Madrid tras huir de su país, “donde la guerra y todas las cosas malas hacía que no se estuviera bien en ningún sitio”.

Carime llegó a León hace siete meses sin saber hablar español, pero lo ha aprendido “poco a poco” gracias a los trabajadores del centro de ayuda humanitaria que también le ayudaron a encontrar trabajo. Hoy, Cisse trabaja hoy como fontanero en la empresa Goncelis de Villaquilambre, donde “se siente bien”.

El maliense recuerda su cariño su estancia en El Pozo, donde “los trabajadores son muy buena gente y tratan muy bien a las personas”, así como el recibimiento de la sociedad en general, convencido de que “la sociedad y la ciudad de León le trata bien y con mucho respeto”. Esto ha hecho que “nada haya sido difícil en la nueva vida en León”, donde tiene claro que quiere quedarse a vivir. “Me gustan muchas cosas de aquí, pero lo más importante es que me gusta mi trabajo”, cuenta.

La historia de Carime Cisse es una de entre las cerca de 450 que alberga el centro de ayuda humanitaria del Pozo de Villarrodrigo de las Regueras, que cerrará mañana sus puertas, por lo que el director gerente de San Juan de Dios León, Juan Francisco Seco, y la coordinadora del Programa de Protección Internacional, Dolores Queiro, quisieron hoy hacer un balance de la actividad desarrollada durante los últimos once meses.

Tras “casi un año de intensa e inolvidable labor en el centro de ayuda humanitaria abierto el 21 de junio ante la emergencia humanitaria provocada por la crisis migratoria en las islas Canarias con el compromiso de garantizar una vida digna y humana”, Dolores Queiro, detalló que este ha acompañado a un total de 445 personas, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 35 años, de trece nacionalidades diferentes, aunque principalmente de África Subsahariana.

Las cifras

De todos ellos, 271 personas han recibido una resolución positiva a su solicitud de asilo, lo que supone “un avance en su proceso de regularización y estabilidad jurídica”, al tiempo que el área laboral del centro llevó a cabo una “importante labor” de prospección con 80 empresas implicadas y con una treintena de ellas se han formalizado 78 contratos laborales, en León ciudad y provincia. Entre estas se encuentran el Grupo Landazuri, Milsa Trillos, el restaurante Valderas, Limpieza Limecor, GraMaLeón y Talatros.

Un equipo multidisciplinar conformado por 39 personas, como integradores sociales, trabajadores sociales, docentes, un abogado, una psicóloga y personal de administración y orientación laboral acompañaron durante estos once meses a los usuarios, que recibieron 486 horas de clases de español.

El Pozo ha colaborado en estos trece meses con 13 organizaciones y entidades de la provincia, al tiempo que llevó a cabo 271 actividades complementarias con la intención fomentar el conocimiento y la inserción e la sociedad de acogida, así como crear redes de apoyo en la misma. Además, 230 personas participaron en 21 formaciones complementarias y, entre octubre del pasado año y mayo del actual, 35 personas salieron del centro y encontraron una vivienda, quienes “tienen una convivencia positiva, mantienen su empleo y cumplen con sus responsabilidades económicas y personales de forma satisfactorias”.

Once meses de éxito

“El pozo nació como un dispositivo de carácter temporal, de unos dos o tres meses, pero finalmente ha tenido casi un año de actividad, en el que ha acogido y acompañado a 455 subsaharianos solicitantes asilo de la mano de un equipo de trabajo dedicación y esfuerzo que han logrado, con éxito, su integración en la sociedad leonesa”, trasladó hoy el director gerente de San Juan de Dios León, Juan Francisco Seco.

Para Seco, “a pesar de las dificultares en el principio y las opiniones contrarias que existieron”, se ha logrado “sacar adelante con éxito la iniciativa, acogiendo personas con hospitalidad y logrando resultados que han superado las expectativas”. En esta línea, resaltó el “ejemplo de la ciudadanía leonesa” y apuntó que, “si su solidaridad se hubiera replicado en el resto del territorio nacional, la situación de Canarias no se hubiera producido”.

Con una “sensación agridulce” por el cierre del centro de ayuda humanitaria, mostró su alegría porque “la situación de emergencia ha finalizado” y porque, durante once meses, “se ha brindado una nueva oportunidad de vida a centenares de personas”. Por este motivo, quiso dejar claro que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “sabe que San Juan de Dios León está abierto a cualquier necesidad que pudiera suceder en el futuro”, ya que “los flujos migratorios y la situación de España y Europa de los próximos años es estructural”.

Mucho ruido

Finalmente, el alcalde Villaquilambre, Jorge Pérez, se mostró hoy consciente del “mucho ruido” que hubo respecto a la apertura del centro, con afirmaciones racistas y de odio que “eran totalmente falsas e inciertas y que no representaban a la sociedad leonesa en general ni a la de Villaquilambre en particular”. Por ello, se mostró “orgulloso” del comportamiento real de la sociedad de Villaquilambre, que “se volcó con el centro con donaciones y aportando su tiempo en intentar aportar y colaborar en lo que pudieran con quienes solicitaban asilo”.

“Se ha demostrado que era totalmente falso el concepto que se quería introducir de la inmigración y no ha habido ni un solo altercado durante este año, lo que demuestra que tenemos que estar para contribuir a que quienes quieren buscarse la vida en nuestro país tengan las mejores condiciones para iniciar una nueva vida”, finalizó.

El centro de ayuda humanitaria temporal ubicado en el conocido Chalet del Pozo, entre Villarrodrigo y Villaobispo (municipio de Villaquilambre), continuará abierto al menos hasta finales del mes de mayo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido prorrogar el programa de acogida, lo que supone un giro respecto a la decisión inicial de cerrar sus puertas en abril.

Este centro, gestionado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, acoge centenares migrantes subsaharianos, principalmente de Mali y Senegal, que solicitan asilo internacional tras llegar a las costas canarias. Su apertura el pasado mes de junio se realizó en el marco de la fase de emergencia del sistema de acogida, cuando ya se informó de que tendría una duración temporal. Ahora, el Gobierno opta por mantener la actividad del centro, renovando el programa mes a mes.

El centro ha contado durante estos meses con una plantilla de una treintena de trabajadores sociales y una quincena de personal logístico.

Durante los meses que ha permanecido abierto como centro de ayuda, los migrantes han ido dándose el relevo una vez que cumplían el tiempo máximo de estancia al lograr que se aprobara su solicitud de asilo.

Los usuarios de este centro de ayuda humanitaria llegaban procedentes de Canarias con la documentación en regla y con esa solicitud de protección internacional, dentro de un programa que coordinaba la orden hospitalaria de San Juan de Dios.

Apertura con polémica

El centro abrió en junio en un antiguo lugar de celebraciones y eventos llamado Chalet del Pozo, con capacidad para 180 usuarios, en medio de una gran polémica vecinal. Hubo un momento en el que miles de personas se unieron a chats de Telegram y WhatsApp en los que se vertieron graves mensajes de odio, de racismo, de violencia y bulos.

Los vecinos se concentraron en numerosas ocasiones para pedir al Ayuntamiento de Villaquilambre que no permitiese su apertura. También el grupo municipal de Vox en ese ayuntamiento llegó a colocar carteles con mensajes xenófobos que pedían extremar la precaución en la zona.

Pese a la oposición vecinal, el único incidente que se ha vivido en estos meses fue una detención en febrero a un ciudadano senagalés de 31 años, patrón de un cayuco que llegó a la isla canaria de El Hierro en enero, por un delito de inmigración ilegal y omisión del deber de socorro y que se alojaba en ese chalet. 

Meses después de su apertura, la solidaridad se impuso al brote racista y xenófobo con clases de historia o español impartidas por voluntarios y donación de ropa y bicicletas.

El futuro del Chalet del Pozo como dispositivo de acogida queda ahora pendiente de las decisiones que el Gobierno irá adoptando mes a mes, mientras se mantiene la atención a personas en situación de especial vulnerabilidad humanitaria.

El Chalet del Pozo, ubicado entre las localidades de Villarrodrigo y Villaobispo, cerrará sus puertas en abril como centro de ayuda humanitaria temporal y sus usuarios, alrededor de 150 migrantes subsaharianos, serán trasladados a otros centros del país.

El cierre se debe a que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decretado el fin de la fase de emergencia de este centro de ayuda humanitaria, que nació con carácter temporal el pasado junio para acoger migrantes mayores de edad procedentes de Mali y Senegal que solicitaban asilo internacional.

Durante los meses que ha permanecido abierto como centro de ayuda, los migrantes han ido dándose el relevo una vez que cumplían el tiempo máximo de estancia al lograr que se aprobara su solicitud de asilo.

Los usuarios de este centro de ayuda humanitaria llegaban procedentes de Canarias con la documentación en regla y con esa solicitud de protección internacional, dentro de un programa que coordinaba la orden hospitalaria de San Juan de Dios.

La treintena de trabajadores sociales más los quince empleados de logística ya han recibido la comunicación oficial del cierre del centro por parte de esa orden hospitalaria.

Apertura con polémica

El centro abrió en junio en un antiguo lugar de celebraciones y eventos llamado Chalet del Pozo, con capacidad para 180 usuarios, en medio de una gran polémica vecinal. Hubo un momento en el que miles de personas se unieron a chats de Telegram y WhatsApp en los que se vertieron graves mensajes de odio, de racismo, de violencia y bulos.

Los vecinos se concentraron en numerosas ocasiones para pedir al Ayuntamiento de Villaquilambre que no permitiese su apertura. También el grupo municipal de Vox en ese ayuntamiento llegó a colocar carteles con mensajes xenófobos que pedían extremar la precaución en la zona.

Pese a la oposición vecinal, el único incidente que se ha vivido en estos meses fue una detención en febrero a un ciudadano senagalés de 31 años, patrón de un cayuco que llegó a la isla canaria de El Hierro en enero, por un delito de inmigración ilegal y omisión del deber de socorro y que se alojaba en ese chalet. 

Meses después de su apertura, la solidaridad se impuso al brote racista y xenófobo con clases de historia o español impartidas por voluntarios y donación de ropa y bicicletas.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado al Gobierno que cambie la redacción del artículo 183.bis del Código Penal para evitar “cualquier posible interpretación o aplicación de la Ley contraria a los derechos de la mujer víctima de violencia de género, que puedan atenuar o eximir la responsabilidad penal de los autores de delitos de violencia de género o contra la libertad sexual de la mujer, basada en sesgos culturales o étnicos que de facto limiten la integridad o la libertad sexual de la mujer”. Responde así a una queja elevada por la asociación Aprodeig tras la sentencia de la Audiencia Provincial de León en mayo de 2024 que rebajó la pena a un hombre que agredió sexualmente a su pareja menor de edad por considerar que en la “cultura gitana las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas”. 

La sentencia de León se debió a un pacto de la Fiscalía en el que rebajó la petición inicial de 37 años a los 8 años y 9 meses de prisión por una agresión sexual continuada contra una menor que era su pareja, y dos delitos de violencia de género, contra la que “pese a saber la edad”, “guiado por el ánimo de satisfacer ilícitamente su apetito sexual, mantuvo en al menos tres ocasiones relaciones sexuales con penetración vaginal”. La joven se quedó embarazada en tres ocasiones entre los 12 y los 15 años, las veces que se considera probado que hubo al menos relaciones sexuales sin consentimiento.

El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo calificó la sentencia de “absoluta vergüenza” y los jueces y fiscales se echaron mutuamente la culpa de la sustancial rebaja de la pena. El TSJ de Castilla y León calificó de “inexactitud” que se achacara la rebaja de la pena por su etnia la pena, pese a que la sentencia recoge literalmente que “si bien existe una importante diferencia de edad, entre víctima y procesado, no hemos de olvidar que, en la cultura gitana, las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas, y (la víctima), manifestó que, pese a su corta edad, sabía lo que eran las relaciones sexuales y sus consecuencias y consintió dichas relaciones sabiendo de su trascendencia e importancia, pues en su cultura las niñas de su edad, suelen empezar emparejarse y tener hijos”.

La asociación Aprodeig, que preside la abogada Séfora Vargas, elevó tras esta sentencia y habiendo conocido otras previas similares, una queja al Poder Judicial y otra al Defensor del Pueblo, alarmadas por “decisiones judiciales arbitrarias, contrarias a derecho y destructoras del principio de igualdad real y efectiva que consagra nuestra Constitución, sobre las menores gitanas cuando son víctimas de abusos sexuales y de violencia de género”. 

Vargas se congratula en declaraciones a este medio de la decisión del Defensor del Pueblo, ya que considera que lo pasado en esta y otra sentencia se estaba convirtiendo en jurisprudencia y “En caso de violencia hay que proteger a nuestras menores, no atenuar las penas”. Para la abogada sentencias como la de León son “aberrantes” y reitera la necesidad de mejorar el código penal, “Esperemos que esto sea un cambio que pueda salvaguardar y proteger los derechos de los menores en general, y en específico de las niñas gitanas, porque si no los jueces terminan siendo antigitanos en sus sentencias”.

El artículo 183 bis del Código Penal regula los casos de infracción penal en las relaciones sexuales de los menores de 16 años, señalando que se “excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica”, usado en la sentencia de León en la que el hombre condenado sacaba siete años a la menor.

Cambio en la ley que el Poder Judicial no vio

Gabilondo señala en la resolución que “Al Defensor del Pueblo le preocupa que este tipo de interpretaciones de la Ley refuerzan, además, una visión distorsionada de la comunidad gitana, que contribuye a su exclusión social, y a fomentar el anti gitanismo, especialmente cuando se trata de mujeres gitanas que quedan totalmente desamparadas y vulnerables por la inacción y falta de protección del Estado”. 

En su argumento señala que el uso de una interpretación discriminatoria del artículo 183 bis es posible por “un sesgo basado en prejuicios culturales, raciales y de género, que impide que las mujeres de etnia gitana jóvenes disfruten de la protección y de los derechos que la Ley reconoce al resto de víctimas de violencia de género es porque la redacción del artículo es mejorable”. Entiende que “la Ley debe evitar estereotipos que justifiquen por las razones que sean (culturales, ideológicas, religiosas, etcétera) situaciones donde las mujeres jóvenes puedan ser sometidas a prácticas sexuales sin su consentimiento libre y plenamente formado, y que las obligue a padecer la violencia sexual y de género contra ellas.

La asociación a la que el Defensor del Pueblo le da la razón elevó también una protesta al Consejo General del Poder Judicial pero en este caso se rechazaron alegando falta de competencia para intervenir en las reclamaciones relacionadas con desacuerdos de decisiones judiciales. Alegando que lo que se planteaba, lo mismo que al Defensor, solo se podía resolver dentro del procedimiento judicial. 

Séfora Vargas espera que el Gobierno tome nota de la petición del Defensor del Pueblo y de forma urgente modifique la redacción del código penal, ya que debemos “Un respeto a la infancia y a la Constitución, y lo que hay es una discriminación grave hacia nuestras niñas”.

El neonazi Francisco S.M., acusado de atacar la sede de Izquierda Unida y el PCE en San Andrés del Rabanedo, ha sido absuelto de los cargos de delito de incitación al odio y daños en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León a la que ha tenido acceso este periódico.

El acusado, de origen murciano, y al que se le pedían por la Fiscalía hasta dos años y 8 meses de cárcel y multas por los hechos, también fue imputado por hechos similares ocurridos en la sede de Cartagena de Podemos, por lo que fue detenido en noviembre del 2021 tras atacar la sede leonesa en junio de 2020. El juicio se celebró la pasada primavera. 

En el ataque a la sede de IU y el PCE en San Andrés atribuido al acusado se rompió una de las cristaleras de la fachada principal con una piedra y se hicieron pintadas con expresiones como ‘comunistas al horno’, ‘Comunistas terroristas’ y varios símbolos nazis como esvásticas, con daños valorados en 1578,22 euros por la cristalera y 320,75 por cambio de rotulación. Fue uno de los varios ataques que sufrió la sede ubicada en Trobajo del Camino a lo largo de varios meses.

La absolución se deriva de la falta probatoria sucedida en el juicio, al entender el tribunal que “las explicaciones probatorias no tienen suficiente entidad como para destruir la presunción de inocencia del acusado, al no constar la forma y circunstancias que concurrieron en los hechos enjuiciados”. Los jueces cargan en particular contra la instrucción, que recayó en manos del juez Fernando Morano, hijo del exalcalde de León Juan Morano. 

En particular echan en cara los fallos de la instrucción judicial que impidieron que no se ratificara en sede judicial el testimonio de una expareja del acusado que reconoció los hechos ante la Policía y aseguró tener pruebas de los delitos, pero que se desdijo en el juicio, y que no se pudiera visionar en el juicio el video de los hechos, en base al cual la Policía elaboró un informe acusatorio.

Una testigo, pareja ocasional del acusado, reconoció ante la Policía de San Andrés del Rabanedo que el acusado había estado en León en las fechas de los hechos y que había sido la persona que había realizado las pintadas en la fachada de la sede de Izquierda Unida y lanzado piedras causando daños, y que además tenía fotos y videos de prueba. Pero esa declaración debería haberse recibido en sede judicial y se deberían haber reclamado las imágenes aludidas. Un hecho que no sucedió y los jueces consideran que “La omisión de tal diligencia sólo puede calificarse de verdadera desidia instructora”. En el juicio la testigo se desdijo de los hechos y acusó a la Policía de presionarla para dar su versión inicial.

En el juicio dos policías ratificaron un informe que relacionaba al acusado como integrante de grupos de extrema derecha y de ideología neonazi y que recogía la existencia de un video en el que se veía al acusado atacando la sede con las mismas prendas que se localizaron en un registro en su casa. El video fue extraído del móvil intervenido en su detención pero el mismo no se pudo exhibir en el juicio, por lo que los jueces lo desecharon como prueba.

Hechos muy graves 

El tribunal de la Audiencia Provincial considera “Que los hechos enjuiciados revisten una especial gravedad (...), al atentar contra pilares básicos de nuestra convivencia democrática entre todos bajo los principios de igualdad, de libertad y de tolerancia hacia los que no piensan igual”. Señalan que “las pintadas nazis en la sede de dos partidos políticos democráticos y constitucionales referidas a ”comunistas asesinos, al horno, comunistas terroristas“ y el significado y la simbología nazi que presentan y los dibujos de la cruz esvástica, se debieron de realizar con la intención de provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, hostilidad, discriminación o violencia hacia esos partidos políticos o sus militantes por razón de su pertenencia a estos y por motivos racistas, antisemitas u otros referidos a la ideología de sus miembros”.

Incluso en la explicación de la absolución los magistrados Carlos Miguélez, Nuria Valladares y Emilio Vega, indican que un estado democrático y de derecho “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (...) amparan y protegen a todos, incluso a los que no creen en ellos”.

“Desde luego que puede haber otras interpretaciones de las pruebas practicadas distintas a las nuestras, lo podemos entender perfectamente vista la gravedad de los hechos enjuiciados, pero nos parece que la decisión de absolver al acusado es lógica, coherente y razonable conforme con máximas de experiencia y reglas de la lógica, a lo practicado en el plenario y a las pruebas aportadas a la causa”, señalaron. 

Mayacine Faye tiene 30 años y una Licenciatura en Turismo. El pasado 11 de enero llegó a la costa de la isla canaria de El Hierro desde Senegal a bordo de un cayuco, solo, sin su madre ni su hermana, que son toda la familia que dejó en su país de origen en el que estaba siendo perseguido por cuestión ideológica. Cinco meses más tarde, después de pasar por varios centros de migrantes, se bajó en un autobús en León para ingresar en el Programa de Protección Internacional (PPI) de la Fundación San Juan de Dios en el antiguo Hotel del Pozo, pero tristemente lo hizo en medio de una oleada de racismo y xenofobia sin precedentes. La suya es solo una de las 180 historias diferentes de los refugiados como él que dejaron todo atrás, con lo puesto como único equipaje, para empezar una nueva vida.

“Yo quería cambiar las cosas”, y eso lo llevó a ser perseguido por la Policía, cuenta a los dos periodistas de ILEÓN que entramos al 'Chalé del Pozo' para visibilizar la solidaridad que hizo frente a la xenofobia en León tras su llegada. Antes de llegar a España, huyó de Senegal a Mauritania porque temía ser arrestado por participar en manifestaciones políticas en contra de la situación del país. Allí trabajó hasta que consiguió el dinero para pagarse un pasaje en cayuco que lo transportara a Europa donde creía que lo estaría esperando la promesa de un futuro mejor. Ahora, en León, espera el momento de poder empezar a trabajar de cualquier cosa en cuanto su permiso de trabajo se active, en unos pocos días.

“Mi familia no sabía que iba a venir a España”. “No se lo dije”. “Si mi madre sabe que vengo en un cayuco me lo hubiera prohibido”. No es consciente, pero en solo tres frases sería capaz de desmontar él solo el discurso de odio que lo golpeó como una bofetada de la realidad más amarga que esconden también los países que se suelen definir a sí mismos como más desarrollados económica, cultural y socialmente que los vecinos africanos.

“No conozco a nadie aquí”. “Hablo con ellas [su madre de 65 años y su hermana de 39]”. “Ellas están bien”. Y él también, lejos de la represión política, con las necesidades básicas cubiertas y recibiendo clases de español. En apenas medio año ha conseguido entenderlo a la perfección y hablarlo con bastante soltura.

Le gusta León y querría quedarse, pero sabe que para eso tiene que trabajar. Está pensando en formarse como electricista, porque sabe que no puede optar a un puesto como técnico de Turismo que es lo que desearía, porque es consciente de que tiene una titulación africana que aquí no vale nada porque vino sin pertenencias y mucho menos sin la acreditación oficial que se podría homologar en España.

A la pregunta de cómo se siente, se apresura a responder que “muy bienvenido”. Y a la de qué piensa sobre el racismo que tuvo que sufrir después de su largo y complicado viaje hasta llegar aquí, le resta importancia. Tiene la mirada llena de pena, y quizá también vergüenza por todo lo que ha pasado, pero la sonrisa le desborda optimismo por tener la oportunidad de volver a empezar, aunque sea muy lejos de su casa y su familia.

León, una provincia en retroceso social y económico, que cada año pierde población y músculo empresarial, de repente vio cómo de un día para otro se reabría el antiguo Hotel del Pozo en el alfoz de la capital, en suelo ya del municipio de Villaquilambre, que llevaba más de una década cerrado. Lo hacía para dar cobijo a 180 jóvenes en edad laboral y con ganas de quedarse, del Programa de Protección Internacional (PPI) de la Fundación San Juan de Dios. Pero, en vez de celebrarlo, la noticia provocó una auténtica oleada de racismo y xenofobia como tristemente no se había visto nunca antes. Y es que cuando la sociedad reacciona negativamente a que el crecimiento vegetativo de una zona deprimida como lo es la capital de la provincia se produzca gracias a personas de un color más oscuro de piel y procedentes de países pobres y en conflicto, que los expulsan por el hambre, las persecuciones por cuestión política, de sexo o de religión, y que se conviertan en tus vecinos, no tiene otro nombre.

Hubo manifestaciones públicas y políticas y otras privadas a través de grupos de mensajería móvil en los que se divulgaron todo tipo de consignas xenófobas tan vergonzantes que no solo el Ministerio de Inclusión condenó la incitación al odio a los migrantes, sino que la propia sociedad leonesa se reveló. Así, en medio de un mar muy agitado, la solidaridad se ha acabado imponiendo al racismo.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a quien corresponde el programa, decidió mantener silencio en plena crisis y así se ha mantenido durante todo el verano. Ahora, dos periodistas de ILEÓN han hablado con directores, trabajadores sociales, educadores sociales, integradores, voluntarios y los propios residentes del conocido como 'Chalé del Pozo' para que nos cuenten cómo fue su llegada a León, qué percibieron y cuáles son sus expectativas de futuro.

Oleada de racismo

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios lleva prestando protección internacional a personas migrantes desde 2019 y a finales de 2022 abrió el centro de La Fontana, en barrio de Armunia de la ciudad de León, sin que nunca se hubiera producido un problema dentro ni fuera del centro. Por eso, ante la oleada de racismo que provocó la reapertura del Hotel del Pozo en Villaquilambre como centro para cubrir las necesidades básicas de estas personas, optaron por que su respuesta fuera el silencio y dejar que el tiempo colocara las cosas en su sitio.

“Cuando hay mucho ruido y no te quieren escuchar no es el momento de hablar”, dice ahora alto y claro una de las trabajadoras sociales del centro, Lola Casares. “Se hizo demasiado ruido y no había motivos para generar esa alarma. Todo lo que se dijo no era cierto. El monstruo que algunos pintaron no es tan monstruo. No interfiere con su día a día. Los chicos están respondiendo con su actitud y no ha habido ningún problema. Cada uno sigue su camino”. Ellos son conscientes del racismo con el que fueron recibidos y necesitaron atención psicológica para encajarla. “Su piel es negra y se han visto estigmatizados, acusados de cosas que no han hecho. Recibieron mucha hostilidad sin hacer nada”.

Durante semanas hubo personas que protestaron en manifestaciones por su presencia en León, incluso que iban a increparlos al centro. “Llegaron en shock, entre gente que les hacía fotos y les grababa vídeos, a un sitio totalmente desconocido, solos, sin una red de apoyo, y sin nada, con lo puesto, con un sentimiento de duelo por haber dejado todo atrás y sabiendo que no puedes volver, al menos a corto plazo”, añade su compañero Soufiané Edvray.

"Su piel es negra y se han visto estigmatizados, acusados de cosas que no han hecho. Recibieron mucha hostilidad sin hacer nada".

A día de hoy, en el 'Chalé del Pozo' hay 176 jóvenes subsaharianos de entre 18 y 35 años, aunque la mayoría están entre los 20 y los 25, de nueve nacionalidades diferentes, si bien el grupo más numeroso es de malienses que huyen de la guerra, y todos llegaron a las costas de la Comunidad Canaria, después de una larga y peligrosa travesía en cayuco. De Canarias viajaron a León, en solidaridad con las islas que están sobrepasadas.

Estar en el programa tiene sus derechos pero también sus obligaciones y las conocen bien, porque se les explicaron al segundo día de su llegada. Sus derechos son un lugar digno y seguro donde vivir, tres comidas al día, sanidad y una educación e instrucción que favorezca su integración. La primera de sus obligaciones, “el respeto”, justo lo que una parte de la sociedad leonesa no tuvo para con ellos en el momento en el que más vulnerables se encontraban.

Hasta los seis meses no pueden trabajar, sencillamente porque es el tiempo que tardan en recibir el permiso de trabajo. Por ello, en ese plazo temporal, la principal prioridad es aprender el idioma. Todos los días tienen clases obligatorias de español. De lunes a viernes, una hora y media, y refuerzo los fines de semana. El resto del día lo dedican a estudiar Historia de España, hacer deporte, manualidades o salir a conocer su nueva ciudad. “Una vez que tienen el permiso de trabajo fomentamos su autonomía”, subrayan desde la Orden.

“Ya han salido del centro dos personas con trabajo que están viviendo en un piso compartido”, cuenta Lola. Los sectores que mejor los reciben son la metalurgia, la limpieza, albañilería, puestos de peón forestal... “Los cogen para los puestos que los españoles no quieren, muy físicos y mal remunerados”, que aceptan de buen grado porque saben que el 'no' en su caso no es alternativa. “Tenemos perfiles universitarios, gente con formación profesional, que viajó con los bolsillos vacíos y no puede homologar sus titulaciones, y cualquier cosa es suficiente para empezar una nueva vida”, pero que al salir al mercado laboral se sorprenden con la cantidad de horas que se trabajan, los sueldos tan bajos, el precio de la vivienda y la vestimenta. “El choque cultural es muy importante. En Mali unos zapatos cuestan 4 o 5 euros y aquí ven que son 40 o 50 euros”.

Uno de los chicos ya tiene resuelta su solicitud de asilo, una docena han obtenido el estatuto de refugiado y solo se ha registrado una baja voluntaria. “No es obligatorio que estén aquí pero si lo están es porque no tienen recursos y porque entienden que necesitan integrarse en el menor tiempo posible y trabajar. Y están enormemente agradecidos”.

Sociedad solidaria frente al racismo

A pesar de todo ese racismo que afloró con la llegada de migrantes, “León es una ciudad solidaria”, remarca Lola. Y ejemplo de ello es que la mayoría de la sociedad leonesa se volcó para ayudar a poner en marcha, de cero y en tiempo récord, el centro.

La Orden se encargó de lanzar las ofertas de trabajo y del proceso de selección de las cuarenta personas contratadas para atender a los migrantes: trabajadores sociales, integradores sociales, psicólogos... Personal cualificado, en buena parte de la provincia de León, como Alejandro Rodríguez, pero otros de bastante lejos, todos con experiencia en ayuda humanitaria. Lola estaba en su Córdoba natal en situación de desempleo, vio la oferta, se apuntó y la cogieron. Y, en apenas una semana, como una migrante más, “hice la maleta e igual que ellos [los refugiados], ¡nos vinimos al norte!”

Los vecinos del Pozo, “¡nos llenaron el ropero!”, agradece Lola, y siete voluntarios dedican parte de su tiempo libre a obra social allí. Uno de ellos es Avelino, voluntario por vocación desde los 21 años: “Toda la vida”, traslada a este medio. Como él otras seis personas acuden al centro a dar clases de español a los chicos, de Historia de España o a organizar salidas para que conozcan la ciudad y sepan manejarse en su nuevo entorno. Y, por las tardes, “chicos jóvenes del pueblo [Villarrodrigo de las Regueras] vienen a jugar al fútbol con ellos”.

“Cada día recibimos cosas”, agradecen, pero también surgen necesidades nuevas. En unas semanas empezará a hacer falta ropa de abrigo. El calzado lo están cubriendo con vales de empresas y la movilidad es más sencilla gracias a 35 bicicletas donadas hasta el momento. “Tienen muchas necesidades, porque han venido con lo puesto”, y se aferran -entre muchas críticas- a su principal ventana al mundo y la única conexión que tienen con sus seres queridos, los teléfonos móviles, que también llegan a cuentagotas.

En definitiva, como dice Lola, “los españoles somos un pueblo migrante. Es nuestra historia y lo que nos da la riqueza cultural inmensa que tenemos”, por eso le resulta imposible entender la xenofobia inicial y prefiere quedarse con la solidaridad inmensa que llegó después.

Una nueva vida

El tiempo máximo que los migrantes pueden estar en acogida es un año y medio, 18 meses. Los del Chalé del Pozo apenas llevan tres en León. Luego tienen que empezar una nueva vida.

Todos son conscientes de que tienen que formarse y trabajar. Ninguno ha tenido una vida fácil hasta llegar a la capital de la provincia, pero están agradecidos y esperanzados con esta oportunidad que se les ha brindado. Los que tienen familiares en otros lugares de España, aspiran a irse y reunirse con ellos. Los que están solos, están dispuestos a quedarse, pero abiertos a moverse si otro lugar les ofrece más posibilidades. Han visto y vivido mucho hasta llegar a León. Ya no se acuerdan del odio injustificado que recibieron. O eso dicen. Y ni siquiera los asusta el frío del invierno leonés, por más que los avisan.

Los grupos de la oposición al equipo de Gobierno en Villaquilambre presentaron una moción en el pleno en la que exigían al alcalde que pidiese perdón y condenar su actitud en la sesión extraordinaria y monográfica a petición del Partido Popular sobre el estado del Chalé del Pozo y que se tuvo que desalojar por las constantes interrupciones, insultos e increpaciones. La moción se rechazó por 9 votos en contra (PSOE, IU-Podemos y UPL), a pesar de los 7 a favor de PP, Vive Villaquilambre, Ciudadanos y el partido de extrema derecha Vox.

El alcalde, Jorge Pérez Robles, ha pedido perdón, como ya lo hizo el día 20 de junio por las actitudes racistas y xenófobas, en este caso de los miembros de la oposición. El regidor ha explicado que los concejales del Partido Popular, Vive Villaquilambre, Ciudadanos y Vox no tenían ningún interés en las explicaciones que ellos mismo solicitaron. Ha asegurado “que no querían información ha quedado claro, ya que, pasado un mes, no han hecho ninguna pregunta, ni asistieron a la invitación que hizo San Juan de Dios a toda la corporación para conocer el centro y su funcionamiento. Su única intención era crispar el ambiente y a la gente para sacar rédito político”. Pérez Robles también recalcó que la de Villaquilambre es una “sociedad solidaria y acogedora, y lo seguiremos siéndolo a pesar de ustedes”

El concejal Vicente Álvarez ha pedido a la oposición que “pida perdón por la dejación de funciones, abandonar el pleno en lugar de debatir”. Ha justificado su rechazo de la moción asegurando que a los miembros de la oposición “está claro que no les interesaban las explicaciones, buscaban el revuelo y la confrontación”. Álvarez ha finalizado su intervención diciendo: “Mi prioridad son los vecinos, pero cumpliendo la ley, no voy a seguir su juego partidista y ventajista”.

Por su parte la concejala Rita González, que también ha votado en contra de la moción, ha repasado el reglamento que rige el funcionamiento de los plenos para recordar que el real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre que regula la organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales habilita al alcalde-presidente a expulsar del pleno a los miembros del público que impidan el normal desarrollo de la sesión. Además, González ha criticado que se pida una condenar al alcalde cuando el portavoz del PP incumple en numerosas ocasiones otros preceptos de este reglamento como los recogidos en el artículo 95 del citado reglamento sobre las interrupciones por parte de unos miembros del plenario a otros; “si hubiéramos seguido estas reglas al pie de la letra el Señor García habría sido expulsado en numerosas ocasiones” ha explicado.

En este pleno también se ha aprobado definitivamente , y tras el periodo de exposición pública las cuentas generales de los años 2022 y2023.

El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno con relación al episodio de tintes xenófobos ocurrido en la sesión extraordinaria de Pleno en el Ayuntamiento de Villaquilambre, ha informado IU Castilla y León. El pleno tuvo lugar a colación de la apertura de un centro de acogida de migrantes en un el hotel Chalet de Pozo bajo la gestión social de fundación San Juan de Dios.

La convocatoria de Pleno extraordinario solicitada por el PP para que el Gobierno municipal explicara sobre dicho centro de acogida. No obstante, a lo largo de la sesión no se pudo mantener un debate sereno ni ofrecer las explicaciones demandadas debido a las constantes interrupciones, increpaciones e insultos de índole racista por parte de varias personas del público asistente. Dichas personas fueron expulsadas del salón de Plenos, y la oposición, liderada por el PP, decidió marcharse.

El PP había solicitado la celebración de Pleno por la alarma social que, según los populares, generaba la noticia de la apertura del centro de migrantes, utilizando para ello el típico argumentario ultraderechista. Sin embargo, la mayoría municipal explicó que el Ayuntamiento de Villaquilambre es una administración solidaria que quiere cumplir con la normativa y velar por la convivencia, y se esforzó por dejar claro que el racismo y la xenofobia no tienen cabida en el municipio.

Sumar ha registrado preguntas para saber si se ha identificado a las personas que profirieron insultos y expresiones xenófobas, y que podrían constituir delito de odio. También ha preguntado sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar que los bulos y los discursos de odio contra las personas migrantes se extiendan por el territorio español, y qué actuaciones se van a llevar a cabo para luchar con efectividad contra el racismo y la xenofobia.

Convocados por la Plataforma de Apoyo a Personas Refugiadas de León, unos cientos de personas han expresado este jueves en la plaza de Botines de León su apoyo y bienvenida a los migrantes que llegarán este fin de semana para ser acogidos de forma temporal en el Chalé del Pozo, el antiguo hotel ubicado en el municipio de Villaquilambre.

La concentración coincidía con el Día Mundial de los Refugiados, que cada 20 de junio es celebrado en el mundo para apoyar a las personas que se ven forzadas a huir de sus lugares de origen por diversas motivaciones como guerras, hambrunas o discriminación racial, sexual y otras.

En el manifiesto se ha reivindicado lo importante de que León sea un lugar de acogida “porque no hay lugar del mundo donde no haya nadie de León, y por eso mismo sabemos lo importante que es ser recibidos con los brazos abiertos y no con las mentes cerradas”. También se ha reivindicado la importancia de la “comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran”, más en una jornada como esta.

La plataforma ha explicitado datos como que cada 25 minutos 24 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. En el mundo hay actualmente 120 millones de personas desplazadas de forma obligada por algún motivo, una cifra que sube por el incremento de los conflictos internacionales.

Han destacado que la acogida a los refugiados de la guerra en Ucrania en España, cifrada en 195.000 personas, ha sido “ejemplar”, y que “debería ser así siempre con todas las personas con desplazamiento forzado”. El 80% de las solicitudes de asilo en España provienen de países de América Latina, pendientes de resolver a finales de 2023 las peticiones de 200.000 personas

La plataforma ha reivindicado que “la multiculturalidad que aportan a nuestras sociedades es una riqueza muy valiosa, igual que aportamos los de aquí en el pasado a otras culturas”, ayudando a ofrecer “miradas más variadas de la realidad, con más puntos de vista”.

Sobre los grupos que llegan a León el mensaje ha sido contundente: “Queremos darles la bienvenida”, que se llevó una sonoro aplauso de los presentes pese a las dificultades de audio en el evento al coincidir con las primeras celebraciones de las fiestas de León.

La concentración de apoyo ha coincidido en el día con la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Villaquilambre, marcado por la expulsión del público, las interrupciones, los argumentos racistas y hasta insultos por la acogida de migrantes. Por contra la cultura leonesa y otros colectivos como el Obispado de León han pedido apoyo a la apertura del centro rechazando las manifestaciones racistas y xenófobas difundidas a través de las redes sociales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, exige una “condena firme” de lo que consideró una “llamada al odio y al racismo” del portavoz municipal del PP en Villaquilambre y exalcalde, Manuel García, por preguntar en el pleno del Ayuntamiento de este jueves si se iban a dejar “sueltos” a los refugiados, personas que recordó tienen “protección internacional” y que el Gobierno pretende alojar en un hotel cerrado, conocido como El Chalet de Pozo, en Villarrodrigo de las Regueras. 

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Elma Saiz consideró que es una paradoja que en el Día Mundial del Refugiado se escuchen estas declaraciones, que calificó “de vergüenza” del portavoz ‘popular’ quien pedía al alcalde socialista, Jorge Pérez, explicaciones sobre el número de personas que llegaran al Centro de Atención a Personas Migrantes que gestionará la orden de San Juan de Dios.

La ministra recogió unas declaraciones de Manuel García difundidas en el informativo de La Ocho de León de la cadena autonómica Castilla y León Televisión (CyLTV). En la misma línea, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, consideró que el PP debe “retractarse y cesar sus ataques contra quienes buscan protección”. 

“Es inaceptable escuchar declaraciones que fomentan el odio y la xenofobia. Exigimos una condena firme a estas palabras cargadas de racismo”, concluyó Nicanor Sen, también en su cuenta de X, ante lo sucedido en el pleno extraordinario del Ayuntamiento convocado por el Partido Popular, que terminó siendo desalojado por la Policía Local.

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha vivido este jueves un tenso pleno en el que se informaba, forzado por el PP, sobre la apertura de un centro de acogida de migrantes en el conocido como chalet de Pozo, gestionado por la fundación San Juan de Dios, y que ha generado una oleada de xenofobia y racismo en el rechazo a la apertura del mismo. Pero la oposición y las decenas de vecinos presentes no han escuchado las explicaciones solicitadas, ya que ha acabado siendo expulsado el público tras las constantes interrupciones provocadas por insultos e increpaciones. La oposición se marchó en ese mismo momento.

El PP, que pidió el pleno “por la alarma social” que, según ellos, ha generado la noticia de la apertura del centro de migrantes, recriminó al alcalde socialista, Jorge Pérez, que su partido tuviera que forzar la convocatoria de un pleno, acusando de “llevar el tema a la callada”.

Manuel García, exalcalde y portavoz del PP, inició su intervención atacando al alcalde haciendo un repaso sobre lo que a su entender era su gestión, “¿Desde cuándo sabe el alcalde que iban a venir estos inmigrantes al chalet de Pozo”. “¿Qué garantías hay de que esta medida va a ser temporal? ¿El edificio tiene la licencia oportuna para esta actividad”, preguntó. Puso en cuestión la vigencias de las licencias urbanísticas vigentes, “¿O les metemos allí de cualquier manera?”.

El exalcalde criticó que “es triste que nos tengamos que enterar de prácticamente todo por la prensa”, poniendo en cuestión las cifras oficiales, “porque nadie va a entrar allí a contarles”. García criticó también el manifiesto de la cultura criticando el racismo surgido como reacción a la apertura del centro tirando del argumentario de la extrema derecha, “¿se van a llevar ellos uno para su casa?.

El portavoz del PP criticó hasta el apoyo del obispado de León a la apertura del centro, “¿Qué también tiene instalaciones, no?. ”El PP está con los vecinos del municipio“, señaló para criticar las palabras del PSOE provincial reclamando al Partido Popular moderación ante esta situación, atacando también al alcalde de León, José Antonio Diez, por sus palabras en defensa del centro y rechazo a la xenofobia y racismo.

“Abogamos porque haya microcentros y no macrocentros. Somos sensibles con todas estas personas, pero también somos sensibles con la preocupación que pueden tener nuestros vecinos”, argumentó. “Que se monta un grupo de Whatsapp con mil personas y que hay declaraciones que son desafortunadas y que habría que echarles, correcto, pero los vecinos de Villaquilambre no somos racistas ni xenófobos”, señaló.

Y el PP tiró de argumentario para criticar que lleguen más de 200 inmigrantes para una población de 1.000 pero agitando el miedo con argumentos ultraderechistas como “¿Sabemos quiénes son esas personas que van a llegar? ¿Sabemos si tienen delitos de sangre?, ¿Puede poner el equipo de gobierno la mano en el fuego por cada una de esas personas?. Siguiendo con el argumento del miedo García siguió con ”¿Si mañana hay alguna desgracia será responsable el Gobierno central? ¿O será responsabilidad de Villaquilambre por no tomar medidas?“.

Los vecinos opositores al proyecto brindaron un largo minuto de aplausos al discurso del portavoz del PP en el consistorio. Previamente habían insultado a la concejala de Podemos tal y como se pudo oír perfectamente en el salón de plenos en la zona de prensa.

La portavoz de Podemos, Rita González, aseguró que “respeto y puedo entender algunos miedos, aunque no los comparta”. Criticó la difusión de “amenazas, insultos y barbaridades” que se han explicitado por redes sociales. Recordó que Villaquilambre se declaró municipio de acogida hace 8 años, y señaló que la llegada de migrantes “no creo que sea ni malo ni sea contraproducente”, recordando que no es la primera vez que se recibirán refugiados como los ucranianos que llegaron hace dos años bajo la gestión del PP.

González ha defendido que el Ayuntamiento ha proporcionado la información según ha llegado. “En estos momentos existe una emergencia y por eso el Gobierno ha tenido que habilitar fórmulas extraordinarias”, ha defendido. “Llegan 180 personas con solicitud de asilo y documentadas”, ha incidido. Su intervención se ha visto interrumpida en numerosas ocasiones por el público del pleno. “Bienvenidos refugiados a Villaquilambre”, finalizó.

El portavoz de Vive Villaquilambre, Ricardo de Dios, aseguró que “no hay un problema de racismo en el municipio” criticando al equipo de Gobierno y su actuación, y rechazando la polarización. “La gestión por parte del Ayuntamiento ha sido muy mala”, esgrimió. Solicitó no hacer comparaciones con otras migraciones españolas en el S. XX. Y también aprovechó para criticar la gestión económica del equipo de Gobierno, señalando la subida del IBI. 

De Dios reprochó falta de información y se alarmó por si la estancia temporal anunciada se amplía con el tiempo. “No sabemos si las instalaciones están adecuadas”, preguntó. “Se ha sido irresponsable con demonizar a los vecinos, ni xenófobos ni aporófobos, pero hay una preocupación real”, incidió. También fue aplaudido generosamente por los vecinos contrarios al centro.

La portavoz de Vox, Marta Extremo, empezó tirando del argumentario habitual de que “los españoles están sufriendo la degradación de sus barrios” y señalando que los centros de salud se colapsan “por los inmigrantes”. A ellos se les ha achacado el aumento de delitos como violaciones.

Extremo realizó un argumentario para señalar que “una regularización masiva es lanzar un mensaje terrible”. “Vox estará siempre al lado de los vecinos, ni soy racista ni soy xenófoba ni todo lo que me quieran tachar”, ha defendido. “Esto produce un efecto llamada y a los de aquí no se les ayuda en nada”, reprochó en un argumentario habitual del partido de Abascal. Finalizó con dos preguntas, “Cuál es la posición de UPL” y “Al señor alcalde desde cuándo lo sabían y si nos van a dar explicación”. También se llevó un amplio aplauso de los vecinos presentes en la sesión.

Rodrigo Valle, portavoz de Ciudadanos, aseguró que llegaba al pleno como vecino “porque no tengo información y me gustaría tenerla”. “Esta gente tiene miedo y soy padre y me llaman la atención cosas”, señaló. Criticó que se haya calificado de racistas a los vecinos contrarios, “Tiene que ser muy jodido estar en Dakar e ir en cayuco hasta Canarias y buscarse la vida, no podemos ni imaginar lo que es”, para pedir que no se compare con la llegada de ucranianos por la invasión rusa.

El portavoz de UPL, Vicente Álvarez, aseguró que “utilizamos la demagogia en muchas cosas” para defender que los mensajes racistas y xenófobos en las redes sociales deben ser “condenados hasta el infinito”. Aunque también defendió que “mis vecinos no son racistas, que convivo con ellos todos los días”. “No tenemos información porque no nos la han dado”, señaló el también primer teniente de alcalde del consistorio.

“Claro que el Ayuntamiento tiene que hacer lo que tiene que hacer en las inspecciones”, ha explicado para señalar que son las consejerías de la Junta de Castilla y León las que tienen que dar las autorizaciones. “La responsabilidad municipal llega a que toda la documentación esté en regla y quien la emite es la Junta de Castilla y León”, incidió en un intercambio verbal con el portavoz del PP. Sí reconoció que deberían haber hablado antes con la oposición y “que se debe guardar el mechero y no se deben encender llamas”.

“Exijamos que vengan con seguridad, cubiertos con todos los servicios, que los servicios del municipio se acoplen”, incidió Álvarez que criticó a la portavoz de Vox por difundir datos falsos sobre violaciones, “¿usted conoce cada caso?”. 

En este momento se desalojó el pleno por las constantes interrupciones del público a las intervenciones del concejal del UPL y las anteriores, que provocó respuestas airadas, “eres más dictador que Franco”. Los concejales de PP, Vox, Vive Villaquilambre y  Ciudadanos también abandonaron el pleno en ese momento.

“Villaquilambre es un ayuntamiento solidario y cumplirá la normativa y velaremos por la convivencia”, finalizó el concejal de UPL.

El alcalde socialista, Jorge Pérez, realizó sus explicaciones sin el PP, Vox, Vive y Ciudadanos, acusando a la oposición “de abandonar el pleno creando un espectáculo que en nada beneficia a nuestro municipio”. “Personalmente me he sentido abochornada por los comentarios en las redes sociales”, lamentó leyendo algunos de los comentarios de los chats publicados por ILEÓN. “Estos mensajes de odio no representan los vecinos de Villaquilambre, ojalá ninguno de los refugiados sepan nunca lo que se ha dicho de ellos y ojalá ninguno de los presentes y descendiente nos encontremos en una situación así”.

“Pido disculpas porque se ha rebasado el límite, que no son lo que la mayoría de los vecinos piensa y siente”, argumentó para defender que “Quienes de forma radical protestan contra el centro no representan el sentir del pueblo”.

“Podemos comprender a los vecinos que sienten incertidumbre ante lo desconocido pero a quienes no podemos perdonar es a quienes por nada odian al diferente”, indicó el alcalde que señaló que lo que “No vamos a perdonar es a los que quieren alcanzar el poder con el odio y la desinformación”.

“El señor Manuel García, con sus llamadas a los medios desinformado de la llegada solo han servido para difundir odio y violencia, perjudicando la reputación de nuestro pueblos”, reprochó. “Ha provocado que se ensucie el nombre de nuestro municipio hasta cotas que nunca se han visto, hoy ha dejado claro su racismo y xenofobia camuflada de vecindad”.

Reconoció que no ha habido toda la información necesaria, que entendió por la “emergencia humanitaria” reprochando a vecinos y oposición que “la información no le importaba porque no se ha quedado para recibirla”. Pero señaló que el equipo de gobierno sí ha informado a los vecinos interesados cuando la han solicitado, señalando que “Nadie de la oposición se ha dirigido formalmente a recabar información, ni a los técnicos. Solo les importaba sembrar el odio”.

El alcalde socialista ha recordado que en 2022 ya hubo en el municipio un centro de acogida de refugiados por la guerra de ucrania, bajo gobierno del PP, y que no hubo polémica, “Desconocemos cuál es el problema que no había en 2022 y cuál hay hoy. ¿el color de la piel? ¿Que no es en Navatejera?”. Por sus incitaciones al odio y al racismo Pérez acabó pidiendo la dimisión de Carmen Alaiz, número 2 del PP, y de Manuel García.

“Villaquilambre no es lo que ha ocurrido en este pleno, es un pueblo acogedor donde el racismo y la xenofobia no tienen cabida”, finalizó agradeciendo los apoyos recibidos ante la situación, palabras que la oposición no escuchó.

La Plataforma de Apoyo a los Refugiados de León ha dejado claro su respaldo a los migrantes que llegarán al Chalé del Pozo, ubicado en el municipio de Villaquilambre, anunciando una concentración de apoyo el jueves 20 de junio a las 20 horas frente a la Casa Botines de la capital leonesa, coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado.

El Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios se pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalé del Pozo, a las afueras de León, en el municipio de Villaquilambre, abrirá el 22 de junio, hasta final de verano. El espacio tendrá capacidad para acoger hasta un máximo de 180 personas migrantes, todas ellas mayores de edad, que se encuentran en situación de tramitación de protección internacional, “el máximo nivel de protección para un ciudadano”.

La posición de la plataforma respecto a la llegada de migrantes a León es clara: “Tienen derecho legal, España ha firmado convenios internacionales que tienen la obligación de cumplir. Tenemos el deber ciudadano de acogerlos y posibilitar que su integración sea más fácil”.

La portavoz de la plataforma, Natividad Largo, ha especificado que durante la concentración se leerá un manifiesto que incluye reclamaciones como la derogación de la Ley de Extranjería, el rechazo al Pacto de Migraciones europeo así como vías legales y seguras para que los refugiados lleguen a España.

“No nos da miedo la llegada de migrantes, nos da pánico quien los rechaza y los odia. No queremos contribuir a eso”, ha declarado Largo.

Un centenar de personas protesta en León ante la sede de la Subdelegación del Gobierno contra el Centro de Atención a Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo, tras la polémica racista de los chats. Los grupos en los que se difundían bulos y mensajes xenófobos y de odio, por la llegada de personas provenientes de zonas en conflicto como Mali y Senegal, han cambiado de nombre y restringido el envío de mensajes a los miembros, después de que este medio sacara a la luz algunos de ellos. No obstante, la convocatoria de esta nueva protesta sí que se ha vuelto a hacer a través de canales de Whatsapp y Telegram difundidos por los administradores.

Más de 1.500 personas estaban apuntadas a los dos grupos creados la semana pasada -más de 710 en Whatsapp y más de 880 en Telegram- y se intercambiaban mensajes que llegan a pedir incendiar las instalaciones para impedir el alojamiento a los migrantes, previsto para el 22 de junio y que dure hasta finales de verano. De ellas, apenas un centenar, incluidos niños, han salido a la calle este lunes para hacer visible su malestar en la plaza de la Inmaculada de la capital.

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha convocado este jueves un pleno extraordinario, a petición del PP, para abordar la acogida de personas migrantes en el municipio leonés, el Día de Mundial de Apoyo al Refugiado, en el que también se ha convocado una concentración, pero esta de apoyo, a las 20 horas en Botines.

Más de dos centenares de personas pertenecientes al colectivo cultural de la provincia han emitido este lunes un comunicado para manifestar su “repulsa y rechazo absoluto” a las “exacerbadas muestras contrarias a la solidaridad y al más puro instinto humanitario de protección al débil”. Y, el líder del PSOE en la provincia, Javier Alfonso Cendón, ha pedido al PP que se posicione “al lado de la solidaridad o xenofobia”.

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, hace un llamamiento “a todas las fuerzas políticas, y en especial al Partido Popular, para que se posicionen claramente en favor de una sociedad inclusiva y respetuosa con los derechos humanos”, ante la ola de bulos, racismo y protestas en contra de la apertura de un Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo.

“No podemos permitir que la xenofobia y el racismo dividan nuestra sociedad. Es esencial que todos trabajemos juntos para erradicar estos comportamientos y reafirmar nuestros valores de solidaridad y respeto”, señaló a través de un comunicado enviado este lunes.

“Ante la proliferación de bulos, racismo y mensajes de odio en León, impulsados por discursos de extrema derecha, condenamos enérgicamente estas actitudes”, Cendón consideró que dichos comportamientos son “una amenaza a los derechos humanos y a los valores democráticos”.

El secretario provincial socialista denunció que se están difundiendo “falsedades y mensajes de odio” en chats y grupos contrarios a la acogida de migrantes y que estos actos “no solo desinforman, sino que fomentan el racismo y la discriminación, poniendo en peligro la cohesión social y los principios de igualdad y respeto que deben guiar nuestra convivencia”.

En este sentido, el también diputado nacional del PSOE preguntó “de qué lado está el PP” porque “la ciudadanía merece saber si están del lado de la solidaridad o de la xenofobia como la extrema derecha”. “No es momento para la equidistancia; es el momento de tomar una posición firme y clara. Nuestro compromiso es inquebrantable con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin importar su origen”, afirmó.

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha convocado este mismo lunes un pleno extraordinario a petición del grupo municipal del PP para pedir explicaciones sobre el “macro centro de inmigrantes”, como se viene refiriendo al Centro de Atención a Personas Migrantes, provenientes de zonas en conflicto como Mali y Senegal, 

El Ayuntamiento de Villaquilambre convoca este jueves a las diez de la mañana un pleno extraordinario forzado por el grupo municipal del PP para tratar la acogida de migrantes en el Centro de Atención que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo de León. La fecha elegida es el 20 de junio,  Día Mundial de Apoyo al Refugiado.

La orden se ha firmado este mismo lunes, después de que el alcalde, el socialista Jorge Pérez, mantuviese una reunión de trabajo con representantes de San Juan de Dios y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para “coordinar las diferentes facetas de la acogida que se llevará a cabo”.

El Centro de Atención a Personas Migrantes, al que el PP se viene refiriendo como un “macro centro de inmigrantes”, acogerá a 180 personas provenientes de zonas en conflicto como Mali y Senegal, y que ha suscitado una auténtica oleada de bulos y comentarios racistas sin precedentes, que han desembocado incluso en protestas vecinales, a quienes el regidor pide “tranquilidad”.

Los 'populares' han argumentado la petición de la sesión extraordinaria en la exigencia de recibir “explicaciones oportunas” por parte del equipo de Gobierno municipal y el conocimiento del “estado del hotel Chalet del Pozo, sobre licencia de actividad y resto de normativas”.