Vegacervera se reencontró este domingo con una de sus vecinas más simbólicas. A miles de kilómetros, en Chile, pero con la memoria intacta y la emoción a flor de piel, Araceli López participó en el homenaje que su pueblo natal le dedicó con motivo de su 108 cumpleaños, oficiado por el alcalde, Octavio González, y su sobrina nieta Charo López.

El Ayuntamiento acogió un acto en el que decenas de vecinos se reunieron para hablar con ella por videoconferencia, salvar la distancia y devolverla, aunque fuera de forma simbólica, a las calles donde nació. Le cantaron el cumpleaños feliz, le trasladaron el cariño colectivo y le mostraron una placa conmemorativa que le será enviada a Chile y en la que se puede leer: “Araceli López González. Nacida en Vegacervera, forjada en la adversidad. 108 años de dignidad y resistencia. Con todo el cariño de tu pueblo”.

“Muchísimas gracias. Os lo agradezco infinitamente. Quereos mucho, y que lo pasen muy bien”, expresó Araceli, visiblemente emocionada. “Yo ya no podré volver allá, pero me gustaría ir a dar una vuelta por esos caminos lejanos. No se puede, no se puede”, añadió, con la serenidad de quien es consciente del paso del tiempo: “A mí se me está terminando la lechuga”, bromeó.

A sus 108 años, su voz mantiene la claridad de quien ha vivido demasiado y ha olvidado poco. “Estoy muy contenta, muy contenta”, repetía, agradecida por un reconocimiento a su vida y su sufrimiento que, como ella misma apuntó, llega tarde pero llega: “Muchas gracias de que se acuerden ahora. Harto tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena”.

El homenaje se convirtió también en un ejercicio colectivo de memoria. Vecinos del pueblo tomaron la palabra no solo para felicitarla, sino para recordar a sus propios familiares represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura: desaparecidos, encarcelados o fusilados. Historias que, como la de Araceli, siguen marcando a toda una comunidad.

Porque si algo quiso dejar claro durante el acto fue su mensaje: no olvidar. “De lo malo uno se acuerda siempre”, afirmó. Y profundizó en ese recuerdo con una lucidez estremecedora: “En la guerra pasó de todo. Yo me acuerdo de todo lo que hicieron. De lo malo y de lo bueno... de lo bueno poco. No tuvieron mucha compasión”.

Su relato, cargado de dolor, volvió a poner nombre a una historia que durante décadas permaneció en silencio. “Lo que le hicieron a mi padre y a mi madre no se me olvida nunca. Mis hermanos, los pobres, murieron los tres. Los dos más chicos fue un crimen lo que hicieron”, recordó. Y se preguntó en voz alta, como tantas veces antes: “¿Por qué hacían eso? ¿Qué daño les habíamos hecho? Todo el mundo tenía derecho a hablar. Después ya no podíamos ni decir adiós”.

Araceli, que fue detenida juntoa su padre “por ser de izquierdas”, presa en San Marcos, condenada a muerte y trasladada a una cárcel franquista de mujeres en Guipúzcoa, donde permaneció casi seis años. Cuando consiguió el indulto, volvió a Vegacervera, conoció a su marido Manuel, tuvo a sus dos hijos, María Agustina y Arturo, y tras morir su madre, decidió exiliarse a Chile como ya habían hecho sus hermanos. A día de hoy es una de las últimas voces vivas de la represión franquista. Una memoria que no solo habla de su vida, sino de la de toda una generación.

El homenaje de Vegacervera no fue solo una celebración de sus 108 años. Fue, sobre todo, un abrazo colectivo a una mujer que encarna la memoria de un tiempo que no debe repetirse. Y un recordatorio, en sus propias palabras, de que lo vivido nunca puede caer en el olvido.

Las fotos del homenaje

La historia de Araceli

Araceli López González, nacida en Vegacervera en 1918, es una de las últimas voces vivas de la represión franquista vinculada a la cárcel de San Marcos en León. Detenida siendo menor de edad “por ser de izquierdas”, fue condenada a muerte en un consejo de guerra y pasó casi seis años en prisión, primero en San Marcos y después en Saturrarán (Guipúzcoa). Tras salir en libertad, reconstruyó su vida, formó una familia y acabó exiliándose a Chile en 1953, donde ha vivido desde entonces sin desprenderse nunca del recuerdo de lo vivido.

Su historia, marcada por la pérdida de varios de sus hermanos, la cárcel y décadas de silencio, fue recuperada por este medio gracias a las grabaciones familiares conservadas por su sobrina nieta Charo López. A través de una serie de reportajes, ILEÓN reconstruyó no solo su vida, sino también la de toda una familia y un tiempo atravesado por la represión, sacando a la luz una memoria que durante años permaneció oculta y que hoy forma parte de la memoria democrática leonesa, que fue la de tantas personas en la provincia y en España.

La iglesia de San Marcos ya luce su nueva restauración, tras estar cubierta por una lona y un andamiaje para los trabajos de restauración durante un año. La retirada definitiva de la estructura ya permite contemplar el resultado final para revertir los daños que provocó la anterior intervención de finales de los noventa.

El proyecto de rehabilitación del conjunto monumental de San Marcos, una de las joyas del renacimiento leonés (mal llamado plateresco, un término totalmente fuera de lugar en la Historiografía del Arte actual por considerarse incluso hasta despectivo), ha alcanzado una inversión cercana a los 2,5 millones de euros. Las obras, previstas inicialmente para comenzar en 2024, se retrasaron finalmente hasta 2025.

Los trabajos han incluido la limpieza y recuperación de la fachada principal y laterales, así como la intervención en elementos de gran valor artístico en el interior del templo, como la sillería del coro, las vidrieras, el retablo y diversas esculturas. También se ha actuado en parte del claustro exterior y se han incorporado mejoras en la iluminación monumental.

Los estudios previos detectaron un grave deterioro en la piedra, en gran medida como consecuencia de una intervención realizada en 1997. En aquella actuación se aplicó una pátina de color para disimular la suciedad en lugar de eliminarla, lo que terminó afectando negativamente a la conservación de esta obra representativa del estilo Reyes Católicos. Además, se constató la pérdida de numerosos elementos pétreos, especialmente en las cornisas.

La iglesia de San Marcos destaca por su arquitectura, con una nave esbelta flanqueada por capillas entre contrafuertes, y por su claustro renacentista con influencias tardogóticas. En su interior sobresale la antigua sacristía, una de las estancias más singulares, diseñada por Juan de Badajoz el Joven en 1549.

Mientras se cierra esta fase de restauración, sigue pendiente la anunciada segunda fase de ampliación del Parador de San Marcos, para la que el Gobierno aún no ha concretado ni calendario ni presupuesto.

Araceli López González, la última voz de la represión de Franco en San Marcos en León, acaba de cumplir 108 años este jueves 26 de marzo. Natural de Vegacervera, nació en 1918, en la enorme y muy humilde familia de quince hijos que conformaron sus padres, Agustina y Tomás. Siendo aún menor de edad, fue detenida, condenada a muerte y encarcelada “por ser de izquierdas”. Tras casi seis años en prisión, consiguió el indulto, fue puesta en libertad, se casó con Manuel y tuvo dos hijos, María Agustina y Arturo, y en 1953 se marcharon a Chile. Allí ha celebrado su cumpleaños rodeada de toda la gente que la quiere. Este próximo domingo, 29 de marzo, el Ayuntamiento leonés le rendirá un merecido homenaje, para poner en valor la memoria de una vida marcada por la guerra, la pérdida, el miedo, el silencio y la supervivencia, que fue la de tantos.

Con motivo de su cumpleaños, ILEÓN recupera algunos de los pasajes más estremecedores y también más humanos de la historia que este medio contó el pasado año en una serie de tres reportajes. En ellos, Araceli aparecía no solo como una superviviente, sino como una de las últimas voces vivas de la represión franquista vinculada a la cárcel de San Marcos.

Araceli fue la pequeña de 15 hermanos. La Guerra Civil y la represión posterior arrasaron a los López: tres de sus hermanos fueron asesinados, varios murieron antes o después en circunstancias durísimas y buena parte de los que sobrevivieron acabaron emigrando a Chile. Ella misma fue detenida junto a su padre “por ser de izquierdas”, según su propio testimonio.

Su relato, recuperado por su sobrina nieta Charo López en unas grabaciones familiares inéditas, permitió a ILEÓN reconstruir una historia de enorme valor memorial y periodístico. Araceli contó cómo fue condenada a muerte en un consejo de guerra franquista, cómo esa pena le fue después conmutada, cómo pasó primero por San Marcos y luego por Saturrarán (Guipúzcoa), y cómo salió de prisión con 24 años, tras haber perdido en la cárcel su juventud.

Uno de los pasajes más sobrecogedores de la serie publicada por este periódico fue el de su vuelta a León tras décadas de exilio y silencio. Ya muerto Franco, Araceli regresó por primera vez a España en 1980. Fue entonces cuando, delante del actual Parador de San Marcos, le confesó a su sobrina nieta que ella había estado presa allí. Charo la había invitado a desayunar en el que se había convertido en uno de los sitios más exclusivos de la ciudad, sin saber que la ponía frente al lugar donde había comenzado su calvario. Aquel momento abrió una grieta en un silencio de casi treinta años.

Ni siquiera sus propios hijos sabían entonces toda la verdad. Araceli había callado durante décadas el peso de la condena a muerte, la cárcel, el asesinato y desaparición de sus hermanos y el dolor de una familia destrozada por la guerra y la dictadura. Fue a partir de aquella escena cuando empezó a poner palabras a una memoria enterrada por el miedo y la vergüenza.

La serie de ILEÓN también profundizó en la dimensión colectiva de aquella tragedia. El tercer reportaje se adentró en la causa militar 529/37, el sumario franquista que sentó en el banquillo a catorce vecinos de Vegacervera y su entorno. Siete fueron condenados a muerte, dos acabaron fusilados y otros recibieron largas penas de cárcel en un proceso sin garantías que ilustra de forma descarnada cómo funcionaba la maquinaria represiva del franquismo.

En esa causa estaban Araceli y su padre, Tomás López. Ella era la más joven de todos los encausados; él, el mayor. La familia ya había sido golpeada por la desaparición y asesinato de Argimiro, Alfredo y Avelino, y aun así el aparato represivo convirtió su casa en foco de sospecha política. A Araceli se la acusó de adhesión a la rebelión y espionaje; a Tomás, de tener hijos “significados de izquierdas”. La sentencia la condenó a muerte. Él quedó finalmente absuelto, ya muy enfermo.

Cuando salió de prisión, todo había cambiado. Volvió a Vegacervera, se casó, tuvo dos hijos y, tras la muerte de su madre, decidió marcharse también. En 1953 embarcó rumbo a Chile con su familia. Allí rehízo su vida. Primero en Lautaro y después en Temuco, levantó un nuevo hogar sin desprenderse nunca del todo de la herida. En Chile la conocen como “la española”. Allí ha formado una extensa familia de hijos, nietos y bisnietos. En España apenas quedan ya unos pocos descendientes de los López.

A sus 108 años, Araceli sigue siendo memoria viva. No solo por lo que sufrió, sino por lo que representa. Su historia resume la de tantas personas anónimas que fueron detenidas, juzgadas sin garantías, encarceladas, despojadas de sus bienes, empujadas al exilio o condenadas al silencio durante décadas. También la de las familias que aún hoy siguen buscando verdad, justicia y reparación.

Con su testimonio, conservado en diarios, documentos y grabaciones familiares, Araceli ha permitido alumbrar una parte de la historia leonesa que durante demasiado tiempo permaneció a oscuras. Y con él, ILEÓN pudo contar no solo la vida de una mujer excepcional, sino también la de toda una familia y la de un tiempo en el que la represión se llevó por delante vidas, nombres y futuros.

Este jueves, Araceli López ha cumplido 108 años arropada por la gente que la quiere. Lo hace lejos de León, pero con la memoria intacta. Y con una historia que ya forma parte, con nombre y voz propia, de la memoria democrática leonesa. El domingo, Vegacervera la reconocerá en un sentido homenaje en el Ayuntamiento.

En la fachada renacentista de San Marcos lucen soberbios medallones de personajes del pasado, todos con gesto grave y trazas clásicas, bustos que parecen querer salir del círculo en el que están inscritos. Son personajes de la mitología, de la biblia y de la historia de occidente. En la banda más baja de la fachada, posan desde hace siglos los más destacados de esta civilización, a la altura de los ojos de los transeúntes que nunca los miran al pasar. Junto a Príamo, París, Hércules y Héctor, figuran Alejandro Magno, Julio César, Aníbal, Carlomagno, El Cid, Trajano, incluso el conde castellano Fernán González.  

Como contemporáneos del edificio están inmortalizados en piedra Isabel La Católica, su esposo, Fernando, y el nieto de ambos, el emperador Carlos I, o si se prefiere Carlos V. Con este último queda plasmada la universalidad de su imperio, en cuyo reinado se levantó la monumental fachada leonesa.

Pero no figura la esposa del emperador, Isabel de Portugal. Las mujeres tenían un estrecho margen para pasar a la historia, pese haber mostrado eficiencia y eficacia, virtudes que siempre se atribuyeron a los varones de renombre, incluso aunque no las merecieran.

Cinco siglos de historia

Ahora, en febrero de 2026, se cumplen quinientos años de la llegada de Isabel de Portugal a los reinos españoles. Procedente del país vecino, llegó a estas tierras la infanta en 1526, sin meter ruido, discreta, un rasgo propio de su carácter. Entró con su séquito por Extremadura, rumbo a Sevilla, donde estaban concertados los desposorios con Carlos V, el nieto y heredero de los Reyes Católicos. Dicen las crónicas que la entrada en Sevilla de la princesa portuguesa se produjo sin fastos ni alharacas. Cinco siglos parecen una cifra redonda y rotunda para poner en valor esta figura femenina, casi secuestrada por la historia oficial.

Su imagen más conocida obedece a un cuadro donde Tiziano la inmortalizó con sus pinceles, reflejando la belleza serena y la elegancia de esta dama, semblante que contrastaba con el prognatismo de los Austrias y cierta rudeza de los Trastámaras. 

La historiografía, centrada en batallas, conquistas, tratados, rebeliones y pactos, olvidó a la esposa, a la madre, a la regente. No encajaba en los relatos heroicos de tradición masculina. El quinto centenario puede marcar un cambio de rumbo y devolverle el papel institucional en el engranaje de un imperio. Frente a un emperador a caballo moviéndose por Europa, Isabel representa la permanencia, la gestión, la continuidad, incluso la humildad del gobernante.

Dice José María Izquierdo que el verdadero poder no se inaugura con ruido, sino con presencia. Isabel hizo su primera parada en Almendralejo. Pueblo que la recibió con repique de campanas y donde hubo saludo a las autoridades municipales. No demostró ser una novia nerviosa. Tenía 23 años y se interesó por el lugar, preguntando por los modos de vida, los caminos y los abastecimientos del pueblo extremeño. No se interesaba por sus habitantes una reina o una heredera, sino una consorte que ni siquiera conocía al que iba a ser su marido.

Las Cortes castellanas y leonesas, que apostaban por el acercamiento con Portugal, consiguieron imponerse sobre el grupo de consejeros flamencos que veían con buenos ojos la unión de Carlos con una princesa inglesa, su prima María Tudor.

Reina, hija y nieta de reyes

Isabel era hija del rey Manuel I de Portugal, promotor de una corte sofisticada y prestigiosa, con presencia de marinos, diplomáticos, geógrafos, administradores, capitanes, cartógrafos y algún intelectual. La época manuelina marcaba estilo entre las cortes europeas; una corona en plena expansión atlántica, que ya había llegado a Oriente doblando el cabo de Buena Esperanza. El gajo que siglos atrás se desprendió del Reino de León, ahora gozaba del respeto y admiración de otras cortes europeas.

En aquel ambiente cortesano, Isabel había recibido una educación católica y políglota, había estudiado etiqueta, matemáticas, textos latinos, conocía el arte de la diplomacia y se la había preparado para asumir un papel trascendental, aún por definir hasta su enlace con Carlos.

Nieta de otra mujer de prestigio, Isabel la Católica, era prima hermana de su futuro esposo, que tuvo que pedir dispensa papal para el matrimonio. Con sangre azul por todas sus venas, fue nieta, hija, esposa y hermana de reyes.

Para Carlos V, que tenía 26 años y había recibido la herencia de sus cuatro abuelos reinantes, aquel era un matrimonio de conveniencia, un paso más en la anhelada unidad de los reinos peninsulares, además de proporcionar estabilidad en la fachada occidental de Europa. La dote de Isabel, 900.000 cruzados portugueses, le solucionaba a Carlos los problemas financieros derivados de las guerras en Italia. Pero también necesitaba una mujer de Estado, pues el emperador era dueño de medio continente y eso le tendría muy ocupado sofocando conflictos durante largas temporadas de ausencia. 

La mujer necesaria en la vida del emperador

En Sevilla surgió el amor y en Granada, junto a La Alhambra, se consolidó en una prolongada luna de miel, en la que concibieron al futuro Felipe II. Fue una boda con campanas al vuelo, en los Reales Alcázares. Después de Granada, partieron para Valladolid. Carlos tenía ya planes para partir hacia Alemania, Italia, Flandes, norte de África… Isabel había despertado el interés de su esposo y éste ya nunca pudo prescindir de ella. Y no sólo encantó al emperador: la nobleza castellana, arisca y levantisca por tradición y ambición, vio en ella dominio, contención, respeto y compostura. 

León, Castilla, Aragón, Navarra, Cataluña, Valencia, Baleares y Canarias quedaban bajo el mandato de la emperatriz consorte, un mosaico de reinos mancomunados en la misma corona, cuyo portador delegaba en su esposa para seguir campando por sus otros dominios. Isabel encarnó la regencia desde 1529 hasta su muerte, una autoridad que ejercería con tino, sin disputar su poder con nadie, ni con los poderosos consejos territoriales, ni con los nobles.

Su capacidad y serenidad hacieron que se volcara en el empleo del cargo. La regente se rodeó de consejeros, escuchó, meditó, aprendió rápido, sopesó los equilibrios y tomó decisiones. Tenía criterio propio. En aquel sistema de gobierno polisinodial, de multitud de consejos territoriales y ministeriales, era necesario conocer el juego de fuerza, no ignorar ninguna y no permitir que ninguna se impusiera sobre las demás. 

Isabel preside reuniones, pide información, exige explicaciones, toma consejo y luego decide: hacienda, justicia, orden público, sistemas de impuestos, asuntos de Indias. Además, se hace cargo de los problemas sobrevenidos a los que hay que poner soluciones: revueltas sociales, epidemias, malas cosechas, entre otros males. 

En la correspondencia con su esposo no sólo informaba, sino que analizaba, aportaba soluciones y mostraba buen juicio. No se registraron conspiraciones ni golpes de mano en su contra en los años de regencia.

Isabel fue una mujer empoderada sin necesidad de mostrarlo.

Ella sola se convirtió en garante de un engranaje político que no podía dejar de funcionar. Si regresaba Carlos V a la península, Isabel ocupaba un discreto segundo plano, para dar luego un paso adelante ante una nueva ausencia del emperador. Fue, a tiempo parcial, una regencia armada en varios tramos, pero firme y capaz de resistir su propio peso.

Muerte prematura

Dio a luz siete hijos, de los cuales cuatro nacieron muertos o apenas sobrevivieron unos días. Su primogénito, Felipe II, sería también rey de Portugal; su hija María llegó a emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y Juana, infanta de Portugal. Sus embarazos constatan el calendario de los regresos de Carlos V, alternando siempre con largos períodos de ausencia.

La muerte de la regente fue tan silenciosa como su vida. Se produjo días después de dar a luz a un niño que nació muerto. Sucedió en Toledo, el uno de mayo de 1539 y tenía 35 años. El emperador quedó conmocionado por la pérdida. Se retiró durante una temporada y se vestiría de luto las más de las veces. Ya nunca más volvió a casarse.

El funeral consistió en una larga comitiva que partió de Toledo y llegó a Granada, para ser enterrada en la Capilla Real. Fue un itinerario de varios días, dirigido por Francisco Borja, caballerizo de la emperatriz. Al abrir el féretro para reconocer oficialmente el cadáver, se pudo observar un cuerpo en descomposición, proceso acentuado por el calor primaveral de aquellos días. El conde de Gandía sintió un horror espantoso al contemplar a su emperatriz putrefacta y desprendiendo un hedor insoportable, jurando que jamás volvería “a servir a señor que se pudiera morir”. Tomó los hábitos y hoy está en los altares, convertido en san Francisco de Borja, eminente jesuita.

En 1574, Felipe II mandó trasladar los restos de su madre al Panteón de los Reyes de El Escorial, junto a los de Carlos V, donde reposan en la actualidad.

Un oleo de estilo veneciano

Su prematura muerte hizo que su viudo no tuviera una efigie suya, por lo que solicitó a Tiziano que pintara una. Para ello hizo llegar al pintor un retrato que le sirviera de modelo por su parecido con la difunta. El artista italiano hizo un primer retrato de Isabel vestida de negro y copiado de un modelo de William Scrots. Carlos no quedó muy satisfecho y llevó el retrato en 1547 para que Tiziano lo retocara, solicitando para la retratada una nariz recta y no aguileña. De ese modelo el genial pintor sacaría dos retratos más. 

Todos conocen la obra de este pintor de cámara que se conserva en el Museo del Prado; una obra póstuma que idealizaba a la emperatriz sin dejar de mantener un cierto parecido con ella, en una pose de serena majestuosidad, de ojos grises y cabellos rubios, sentada junto a un ventanal que produce un efecto de profundidad, luciendo un vestido rojo y joyas con un rosario de perlas, provista de un libro de oraciones y una expresión ensimismada.

Hasta hace poco se había creído que Juan de Talavera había inmortalizado en piedra a la emperatriz al esculpir la fachada de la Universidad de Salamanca, en el segundo cuerpo, afrontada al busto de Carlos V, pero estudios reciente señalan que se trata de la madre del emperador, Juana, la mal llamada loca. Si el viudo no se hubiera preocupado de mantener un efigie de la emperatriz, hoy no tendríamos constancia alguna de su aspecto, ahondando aún más en su anonimato.

Cinco siglos de ausencia para una mujer de Estado, madre y esposa fiel y firme. La historia tiene una deuda con la labor callada de esta mujer singular. 

León volverá a convertirse esta Navidad en un punto de encuentro para los aficionados y curiosos del cielo con dos observaciones astronómicas abiertas al público organizadas por la Asociación Leonesa de Astronomía (ALA), en colaboración con el Ayuntamiento de León. Las actividades se celebrarán en la explanada de San Marcos los sábados 20 y 27 de diciembre, con el objetivo de acercar la astronomía a la ciudadanía y preparar el camino hacia el eclipse total del 12 de agosto de 2026, cuya franja de totalidad atravesará la provincia leonesa.

La primera de las citas será una observación solar, programada para el sábado 20 de diciembre, entre las 11.30 y las 14.00 horas, con acceso libre. Durante la actividad, los miembros de la ALA explicarán de forma didáctica y segura cómo observar el Sol, alertando del peligro que supone hacerlo sin protección adecuada. Para ello se emplearán distintos métodos, como telescopios con filtros específicos, proyección, gafas de eclipse y simulaciones mediante maquetas.

Además de la observación directa, el programa incluye talleres divulgativos, como la construcción de relojes de sol en cartulina y la lectura e interpretación de relojes solares, pensados para todos los públicos y especialmente orientados a un enfoque educativo y familiar.

La segunda propuesta llegará el sábado 27 de diciembre, con una observación astronómica nocturna que se desarrollará entre las 19.00 y las 21.00 horas, también con carácter gratuito. Esta actividad forma parte del programa conmemorativo del 40 aniversario de la Asociación Leonesa de Astronomía, fundada en 1985, y permitirá al público recorrer el cielo de invierno a simple vista y con ayuda de prismáticos y telescopios.

Durante la sesión nocturna se podrán identificar constelaciones visibles, conocer mitos y leyendas asociadas al firmamento y observar, mediante instrumental óptico, la Luna y varios planetas, combinando divulgación científica y narración cultural en una experiencia pensada para todos los niveles de conocimiento.

Ambas actividades refuerzan el papel de León como mirador privilegiado del cielo y forman parte del calendario de acciones previas al gran evento astronómico de 2026, cuando miles de personas podrán observar desde la provincia uno de los fenómenos más espectaculares de la astronomía.

La Subdelegación del Gobierno en León, junto al Ayuntamiento de León, Diputación y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, celebrará este próximo viernes 5 de diciembre un acto con motivo del Día de la Constitución, fecha en la que se recordará a los parlamentarios leoneses de la primera legislatura democrática.

Este encuentro se celebrará en el Parador de San Marcos, un espacio histórico que volverá a convertirse en punto de encuentro para la ciudadanía leonesa, dentro de una jornada que reivindica los valores compartidos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha destacado que este acto, abierto al público, busca subrayar la vigencia de la Constitución como “columna vertebral de la convivencia y como proyecto común que sigue siendo referencia para el presente y el futuro”.

Como viene siendo tradición, la conmemoración contará con una conferencia magistral, que este año será impartida por Francisco Manuel Balado Insunza, profesor de Historia Contemporánea de la UNED de Ponferrada.

Bajo el título 'Los parlamentarios leoneses en la legislatura constituyente (1977-1979)', el profesor Balado evocará el trabajo, las voces y el compromiso de quienes representaron a León en aquellos meses decisivos en los que se fraguó la Constitución.

La causa 529/37 es uno de esos apartados de la historia reciente de España que siguen pesando. Instruida “en averiguación de la participación en contra del Glorioso Movimiento Nacional”, es un retrato nítido y escalofriante de 265 páginas que documenta cómo funcionaba la maquinaria represiva franquista. Un procedimiento “sumarísimo”, sin garantías de ningún tipo, tejido a partir de sospechas, informes interesados y declaraciones forzadas, que marcó el destino de catorce vecinos de la zona de Vegacervera y destrozó varias familias humildes. Entre ellas, la de Araceli López, la última represaliada de la cárcel franquista de San Marcos (León) que sigue viva, a sus 107 años, en el exilio chileno, y su padre, Tomás López.

En el banquillo se sentaron, además, una familia al completo de seis miembros y otras personas del pueblo. Todos quedaron atrapados en el mismo expediente al que ha tenido acceso este medio. De los catorce encausados, siete recibieron una condena a muerte, dos fueron sentenciados a 30 años de cárcel y cinco resultaron absueltos.

El 2 de febrero de 1938 marcó para siempre sus vidas. Dos de los siete condenados a muerte fueron fusilados a las ocho de la mañana frente a un pelotón en el Campo de Tiro de Puente Castro de León. Al resto, el autoproclamado “jefe del Estado” golpista que se levantó contra la democracia de la Segunda República les conmutó la pena por la inmediatamente inferior: la cadena perpetua.

Hoy, casi nueve décadas después, escarbar en las causas franquistas como esta permite reconstruir con precisión cómo se condenaba en la dictadura en nombre de la 'Nación', en un país en el que vuelven a escucharse voces que aseguran sin pudor que “con Franco se vivía mejor”.

Un pueblo en el punto de mira

La causa 529/37 pone en el punto de mira de los golpistas a catorce personas, todas ellas salvo una, del pueblo de Vegacervera: “Por el procedimiento sumarísimo contra Benjamín Suárez Marcos, Ramón Suárez Marcos, Ramón Diez González, Benjamín Suárez Tascón, Tomás López López, Araceli López González, Resurrección Marcos Blanco, Resurrección Suárez Marcos, Amelia Suárez Marcos, Adoración García Fernández, Angustias Álvarez Robles, Rosario Ordóñez Suárez, María Antonia Quirós Álvarez y Asunción Barrios Robles, en averiguación de la participación que hayan podido tener en contra del Glorioso Movimiento Nacional”. Solo Ramón Diez González procedía de Campo Hermoso (La Vecilla). El resto convivía en el pequeño pueblo de la montaña leonesa, donde compartían vida cotidiana y, en muchos casos, lazos familiares.

El proceso afectó de lleno a la familia Suárez Marcos. El padre, Benjamín Suárez Tascón, minero de 72 años, fue condenado a muerte y terminó fusilado. Su esposa, Resurrección Marcos Blanco, de 54 años, también fue condenada a muerte pero murió apenas un mes después de la sentencia en la Prisión Provincial de León (Puerta Castillo, hoy Archivo Histórico Provincial de León) a causa de una “pulmonía”.

Sus cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, también fueron procesados y condenados. Benjamín Suárez Marcos, “El Coco”, minero de 25 años y descrito en la causa como “de los peores antecedentes y conducta político-sociales”, y su hermano Ramón Suárez Marcos, “El Pipi”, contratista de 33 años, recibieron ambos una condena a muerte. Sus hermanas, Resurrección Suárez Marcos, de 22 años, y Amelia Suárez Marcos, de 25, fueron sentenciadas a 30 años de cárcel cada una.

La represión alcanzó también a la familia López González. Tomás López López, sastre y exminero de 76 años, fue detenido junto a su hija Araceli, de 19 años. Eran el más mayor y la más joven del procedimiento. Él terminaría absuelto, muy enfermo, después de que a ella se le impusiera una condena a muerte. Araceli lo resume así, desde Chile: “Mi padre estuvo poco tiempo [preso] porque era mayor y a mí me condenaron a pena de muerte para darle la libertad a él. Tengo por ahí los papeles... Por ahí están los papeles...”.

Su detención fue solo una parte de la violencia que padecieron: tres de los hijos de Tomás y Agustina y hermanos de Araceli —Argimiro, Alfredo y Avelino— “desaparecieron” durante la guerra. La familia siempre ha sostenido, y así lo repite Araceli desde Chile, que fueron asesinados por los falangistas. Sus cuerpos nunca aparecieron. Este medio tampoco ha encontrado causas o sentencias contra ellos, por lo que la sospecha familiar de que fueron paseados podría responder a lo que pasó en realidad.

Cuando detienen a Tomás y Araceli, la casa familiar ya estaba marcada por las ausencias: de los 'desaparecidos', los hermanos exiliados antes del estallido de la guerra y los que ya habían fallecido. Apenas quedaban ellos dos y Agustina, la madre. Aun así, la causa insiste en convertir ese hogar vacío en un foco de actividad subversiva. En el sumario, la Guardia Civil sostiene que en su vivienda “se reunían los elementos rojos”, y reprocha a Tomás que dos de sus hijos fueran “muy significados de izquierdas”. También se le acusa de sentirse “satisfecho” al saber que uno de ellos —Alfredo, según la causa— habría matado a un teniente del ejército nacional en Valdetejar, una afirmación imposible de contrastar dada la desaparición de los jóvenes, que contaban con 22, 24 y 36 años.

La lista de condenados a muerte incluía también a Ramón Diez González, cantero de 27 años y vecino de Campo Hermoso (La Vecilla). Apodado “El de la linterna”, aparece en el sumario como “peligroso para el orden público”, “afiliado a las juventudes socialistas” y señalado por presuntos enlaces entre la zona republicana y zona 'nacional'. Su trayectoria durante la guerra, reconstruida en el expediente a partir de informes policiales y acusaciones sin contraste, lo convirtió en el segundo de los dos hombres que fueron fusilados el trágico 2 de febrero de 1938 en el Campo de Tiro de Puente Castro (León).

La última de las procesadas condenada a muerte fue Adoración García Fernández, de 37 años, acusada de “espionaje” y señalada también como enlace. Su nombre aparece repetidamente en la causa unido a supuestos movimientos entre zonas, siempre sin pruebas materiales.

El resto del sumario lo completan cuatro mujeres absueltas: Angustias Álvarez Robles (48 años), Rosario Ordóñez Suárez (23), María Antonia Quirós Álvarez (72) y Asunción Barrios Robles (27), todas ellas vecinas de Vegacervera. En sus casos, la jurisdicción militar concluyó que no existían “actos concretos en perjuicio del Movimiento Nacional”, fórmula con la que se archivaban las acusaciones.

En total, siete de las catorce personas procesadas en la causa 529/37 escucharon una condena a muerte; dos de ellas serían finalmente fusiladas al amanecer. Otras dos recibieron penas de 30 años de prisión. Cinco fueron absueltas. Pero las cifras no alcanzan a mostrar la dimensión del drama: dos de las condenadas —entre ellas Araceli, con 19 años, y Resurrección, con 22— eran aún menores de edad según la legislación de la época, que no reconocía la mayoría de edad femenina hasta los 23 años. Esta causa deja al descubierto una represión que no entendía de edades, fragilidad o vulnerabilidad alguna, solo de sospechas políticas, reales o inventadas.

Del atestado al consejo de guerra: cómo se fabricaba una causa

El contexto es clave. “El 21 de octubre de 1937 se derrumba el frente de Asturias, el último que permanecía en manos republicanas”. A partir de ese momento, la represión franquista se intensifica sobre la retaguardia. San Marcos, en León, pasa a ser —según recuerda el investigador José Cabañas— prisión de hombres y mujeres y, desde el verano de 1937, también campo de concentración de prisioneros de guerra.

“En San Marcos llegaron a coexistir hasta 12.000 personas entre presos, presas y prisioneros de guerra. Se habla del paso de más de 40.000 personas por San Marcos, la inmensa mayoría hombres”, explica Cabañas. En el invierno del 38 desalojan a los presos y presas y los derivan a otras prisiones, y hasta 1940 el edificio queda reservado a prisioneros de guerra.

La causa 529/37 se enmarca en esa oleada. El primer informe de la Guardia Civil está fechado el 15 de octubre de 1937 (con un error en el año en la primera de las anotaciones), y a partir de ahí se encadenan atestados, informes y declaraciones. En el caso de Araceli se deja constancia de que “no ha estado nunca afiliada a partido alguno” pero la identifican como “de ideas de izquierdas, ya que tiene dos hermanos muy significados de izquierdas”. Y la acusan de pasar a gente al “bando rojo”, de servir de enlace entre republicanos escondidos y sus familias y de trabajar como enfermera en un hospital.

A su padre, Tomás, se le reprocha “tener dos hijos rojos”. En la causa “resultaron probados por su propia manifestación que su casa fue un centro de reunión de milicianos. Dos hijos suyos capaces de cometer los más feos delitos y con todo esto se relacionó la satisfacción recibida por Tomás López al conocer que su hijo Alfredo había sido el asesino del teniente del ejército Nacional en el frente de Valdetejar”. Nada se sabe hoy del paradero de esos tres hermanos —Argimiro, Alfredo y Avelino—, desaparecidos durante la guerra. Este medio no ha encontrado sentencias contra ellos; la sospecha es que fueron paseados.

Con los detenidos ya en San Marcos, el juez instructor, el teniente de infantería retirado Ricardo Aguilar Martínez, abre procedimiento contra Benjamín y Ramón Suárez Marcos, Tomás y Araceli López, Adoración García, Resurrección Marcos, Resurrección y Amelia Suárez Marcos, Ramón Diez González, Benjamín Suárez Tascón, Angustias Álvarez Robles, Rosario Ordóñez Suárez, María Antonia Quirós Álvarez y Asunción Barrios Robles por “auxilio a la rebelión y autores de saqueo en varias casas de Vegacervera”. Se suma la acusación del incendio de la iglesia y varias casas del pueblo “de gente de derechas”: Araceli es señalada “por llevarse el cáliz”, y el resto por “robar muebles y demás enseres” eclesiásticos y privados.

“Esta es la típica causa”: la mecánica de la represión

Para Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la causa 529/37 es “la típica causa” franquista: un patrón que se repite en miles de pueblos españoles.

“Esta es la típica causa. Llegan a un pueblo y cogen a todos los que pueden. Se llevan a mucha gente”, resume. “Cuando detienen a un grupo de gente, la Guardia Civil le toma declaración, se piden informes a la Guardia Civil, y a otras personalidades como el alcalde, el cura o el jefe de zona de Falange. Van diciendo los antecedentes de esas personas o lo que les da la gana. Encuentran un filón y van llamando a gente para que declare en su contra”.

Después llega la parte formal: “Entonces se hace una instrucción militar, el juez hace un resumen y pasa a plenario. Empieza el juicio en sí, entran los reos, los militares, se hacen alegatos para descojonarse por parte de los abogados, piden clemencia y que no los maten. Interviene el Fiscal y finalmente las declaraciones. Se hace una propuesta de condena y se dicta sentencia”. El peso de centenares de procesos, recuerda, lo llevaban “unos pocos jueces”.

La sentencia de la causa 529/37 se firma el 18 de diciembre de 1937, en un consejo de guerra celebrado en la Diputación Provincial de León. Dos meses después, el 2 de febrero de 1938, se ejecutan las dos penas de muerte que no serán conmutadas: las de Benjamín Suárez Tascón y Ramón Diez González. En el papel, ambos “fueron pasados por las armas”, aunque en los registros sus muertes figuran como “paralización cardiaca”. El fusilamiento tuvo lugar a las ocho de la mañana, en el Campo de Tiro de Puente Castro.

Ese mismo día, “el Jefe del Estado ha tenido a bien conmutarles la pena que les había sido impuesta por la inmediatamente inferior en grado, que es la reclusión perpetua” a Ramón Suárez Marcos, Benjamín Suárez Marcos, Adoración García, Araceli López y Resurrección Marcos (madre). Las condenas de 30 años para Resurrección y Amelia Suárez se mantienen.

Sobre el paradero de los cuerpos de los dos fusilados apenas quedan pistas. El “número frío” que marcaba el lugar de enterramiento dentro del cementerio de León se ha perdido. Marco González recuerda que “en los 80 vacían la zona donde estaban las pozas de los fusilados, porque no había una fosa común como tal. Es una zona que está ajardinada hoy, a la entrada del camposanto”. Algunas pocas víctimas permanecen identificadas en la zona civil; otras fueron exhumadas por sus familias y trasladadas a sus pueblos. Muchas más se disolvieron en el anonimato de los osarios.

“Hay un gran desconocimiento en muchas familias sobre su propia historia. Muchas ni saben dónde buscar, ni qué archivos consultar, ni qué documentos existen sobre los suyos”, lamenta. “Debería existir una oficina de víctimas”, apostilla, una figura que acompañara a los familiares de represaliados en el camino de encontrarlos, porque son “demasiadas” quienes todavía hoy siguen sin poder reconstruir su propio pasado, sin entender qué fue de ellos y por qué.

Condenas a muerte, rebajas de penas y un sistema desbordado

Tras la sentencia, se abría otro calvario: años de cárcel, represión económica, revisiones de condena antes de la llegada de los indultos, hasta la puesta en libertad total. Araceli, Resurrección (hija) y Amelia Suárez ingresaron en prisión preventiva en San Marcos (León) el 20 de octubre de 1937. Más tarde fueron enviadas a la cárcel de mujeres de Saturrarán (Guipúzcoa), regentada por monjas. Araceli llega en agosto del 38 con una pena de 30 años, ya rebajada por segunda vez. A Adoración García la trasladan en febrero de 1940 a la prisión franquista de mujeres de Amorebieta (Vizcaya), que funcionó desde 1939 hasta 1947.

En 1943 se revisan de nuevo sus penas. A Resurrección y Amelia Suárez se les reducen los 30 años primero a “20 años y un día” y meses después a “6 años y un día”. A Resurrección Marcos (madre), ya fallecida desde 1938, se le “mantiene” absurdamente la condena de 30 años. A Araceli se la rebajan 30 a 14 años.

En el caso de los hombres, el itinerario también es largo. Benjamín Suárez Marcos pasa por la cárcel de Santiago, en 1943 su condena se reduce a 20 años y en mayo de 1946 obtiene la libertad condicional, unos meses antes del indulto total. Ramón Suárez Marcos mantiene durante años la pena de muerte conmutada por reclusión perpetua. En 1944 accede a la libertad condicional vigilada y se va a vivir a La Bañeza; no se le concede la libertad definitiva hasta julio de 1959, tras pasar por la prisión de Utrillas (Teruel).

En enero de 1947 llega el indulto total para Adoración García Fernández; y en abril de 1948, el de Araceli López.

Nada de eso, advierte José Cabañas, responde a una súbita piedad del régimen. “Las revisiones de condena y los indultos no eran porque descubrieran humanidad. El sistema penitenciario estaba colapsado y era imposible de mantener”, explica. “En esos años llega a haber en España más de 500.000 cautivos en prisiones españolas y eso influía también en la economía. La mano de obra estaba encarcelada. El número de presos en prisiones españolas antes del golpe de Estado era de entre 10.000 y 12.000 personas en todo el país. Estaba todo desbordado”.

Cabañas, funcionario de prisiones jubilado en marzo de 2025, recuerda que “en los 90, cuando mayor cantidad de presos hubo en España, la cantidad se acercaba a 70.000. Eso da imagen de la desmesura que fue. Las conmutaciones se van produciendo porque no les queda otra, no por magnanimidad del sistema. Esa es la razón de los indultos”. No obtante, el régimen franquista mantuvo formalmente el Estado de Guerra hasta abril de 1948. “No se había dejado de apretar ni de reprimir”.

Represión política, económica y heredada

“Todas esas personas fueron condenadas injustamente. Les achacaron delitos que no habían cometido. Eso es el abecé de la cuestión. Fueron condenados por consejos de guerra sin garantías legales ni de Justicia. La represión fue política siempre”, sintetiza José Cabañas.

Esa represión no se limitó a la ejecución o la pérdida de libertad. “Les hicieron padecer doble, triple o cuádruplemente la represión. Inocentes por definición, condenados a la represión no solo de libertad sino también económica. Todo formaba parte de un destino, destruir y machacar todo lo que tuviera que ver con el régimen republicano. Y una de las maneras de destruir era desposeer injustamente de los bienes”.

Esa faceta económica se activó a través de los procesos por responsabilidades políticas. “Toda persona condenada injustamente en consejo de guerra además de la condena a muerte, ser fusilado, o condena a prisión, llevaba aparejado un castigo por responsabilidad civil. Los hacían responsables de haberse opuesto o incluso por tibieza al alzamiento 'nacional'. Los condenaban a ser incautados de sus bienes”, subraya.

La crueldad iba más allá de la vida del condenado: “Particularidad cruel y penosa es que esa condena no desaparecía con la muerte del sentenciado, se transmitía a los herederos. Esposas, padres, hijos fueron desposeídos de esos bienes”. Con el tiempo, el sistema se perfecciona y crean tribunales regionales. “El 9 de febrero de 1939 los golpistas sacan la ley de responsabilidades políticas. Con esa ley castigan a ser incautados, desposeídos de sus bienes, a quienes han tenido que ver con la República y la hacen retroactiva hasta octubre del 34”.

Para Cabañas, no hay margen para equidistancias: “La sublevación es ilegal desde el minuto cero. Todo lo que viene después no está legitimado. Todo es absolutamente ilegal”. La batalla actual, insiste, pasa por que “se declaren nulas las condenas franquistas”. Las expropiaciones, recuerda, “llegan hasta los años 60”.

Mirar atrás para entender el presente y no repetir errores en el futuro

La causa 529/37 es solo un sumario entre miles, pero en sus folios se condensa el terror que la represión franquista imprimió en la sociedad y que perpetuó durante cuatro décadas de dictadura, hasta el fallecimiento de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975. Familias destrozadas, madres condenadas a muerte y fallecidas en prisión, padres fusilados, hijos e hijas —algunos aún menores— con penas de cárcel superiores a sus propias edades, hijos y hermanos desaparecidos cuyos cuerpos nunca se recuperaron, bienes incautados y un manto de silencio por vergüenza heredado entre generaciones.

Para Marco González, el calvario de las víctimas empezaba mucho antes de la sentencia: “La primera fecha en la que los detienen es la que marca el día que se inicia su calvario. Desde la primera firma en el atestado de la Guardia Civil, cuando los señalan, hasta que les hacen el juicio y los encarcelan o los asesinan son ‘2 meses de procedimiento’ o de burocracia para ver qué hacen con ellos en la sentencia”.

Décadas después, muchas familias siguen sin saber qué ocurrió exactamente, dónde están sus muertos o qué papeles guardan los archivos sobre los suyos. “Son juicios o causas militares. De los que entran como encausados van a tener condena con toda seguridad”, recuerda González. “Hay un gran desconocimiento en muchas familias sobre su propia historia”.

En ese vacío se cuelan hoy discursos que blanquean la dictadura y reivindican el franquismo como una etapa de prosperidad. Frente a esa simplificación, los documentos de causas como la 529/37, las voces de investigadores como José Cabañas y de asociaciones como la ARMH, y la memoria viva de personas como Araceli López —que a sus 107 años sigue siendo la voz viva de la represión— impiden olvidar.

Porque conocer cómo se detenía, cómo se juzgaba, cómo se fusilaba, cómo se expropiaba y cómo se destruían vidas enteras en nombre del “Glorioso Movimiento Nacional” no es un ejercicio de nostalgia ni de arqueología emocional. Es una condición mínima para entender quiénes somos hoy y para sostener una democracia que no puede permitirse olvidar. Solo mirando de frente cómo se vulneraron de forma sistemática los derechos humanos puede evitarse que, bajo ningún disfraz, vuelva a presentarse el horror como una supuesta forma de vivir mejor.

Araceli López, la última voz de la represión de Franco en León, sepultó bajo treinta años de silencio la tragedia que el alzamiento militar contra la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura supuso para su humilde familia de Vegacervera (León) “por ser de izquierdas”. Su sobrina nieta Charo López fue, sin pretenderlo, quien empezó a poner luz en una época de absoluta oscuridad. El cómo, la casualidad. Y el dónde, San Marcos (León), antigua cárcel y campo de concentración franquista, reconvertido en uno de los sitios más exclusivos de la ciudad.

“Lo tienes tú claro que voy a entrar yo ahí”. Así de rotunda fue la negativa de Araceli a la invitación de Charo a desayunar en el Parador de San Marcos en su primera visita a España (en 1980, ya muerto el dictador), después de dejarlo todo y exiliarse a Chile en 1953. Frente a la fachada del edificio, inmóvil, levantó la vista y empezó a contar las ventanas una a una y, tras unos segundos de silencio, sentenció: “En esa estuve presa yo”.

De esa manera, se abrió una grieta en el recuerdo de tres décadas de dolor ocultado por el miedo y la vergüenza. Porque quienes lo conocían evitaban nombrarlo para no revivir las heridas y sufrir más represalias. Y nunca revelado a quienes lo desconocían, en un intento de huida hacia adelante, de continuar viviendo a pesar del horror, de tratar de engañar a la mente de que nunca había sucedido.

Lo que no se nombra no existe, pero a veces el alma necesita tiempo para hablar del daño. Y Araceli tardó casi treinta años en desvelar a Charo algo que ni siquiera había conocían sus propios hijos. Que la habían detenido con 18 años junto a su padre por su ideología política, que había sido condenada a muerte por un tribunal militar para darle la libertad a su progenitor, mayor y enfermo, que estuvo presa cinco años, diez meses y un día primero en San Marcos en León y después en la cárcel franquista de mujeres de Saturrarán (Guipúzcoa), que habían asesinado a tres de sus hermanos por defender la libertad y sin saber quién ni dónde, entre ellos al abuelo de Charo, que jamás se encontraron sus cuerpos, que el resto de sus hermanos que seguía con vida habían abandonado el país y se habían ido a América, que su padre murió mientras ella estaba presa y que al morir su madre, la única persona que la mantenía en España, ella también cedió al exilio.

“La estoy viendo delante de San Marcos. No quería entrar ni poco ni nada. Después de más de una hora dando vueltas, al primer sitio que quiso entrar fue a la iglesia. Cuando entró me contó que el resto de presas y ella hacían fila para mirar por la ventana para ver qué se veía. Tenía solo 18 años...”, explica a ILEÓN Charo. “Fui la primera de la familia a quien se lo contó, la primera vez que vino a España”, añade. A ella le dio la llave de su historia, en la que están también muchas de las claves de la vida de Charo. El pasado, presente y futuro de los López, dividido por el océano Atlántico.

La memoria heredada

“Tendría para haber escrito un libro...”, valora conmovida Charo, con una punzada de arrepentimiento por no haber preservado todas las historias que le ha contado Araceli, que este año ha cumplido 107 años. Hasta que ella abrió la puerta de la memoria heredada ni siquiera los hijos de Araceli sabían que había sido condenada a muerte y encarcelada.

Con los años, la relación entre ambas se convirtió en un hilo que unía dos orillas: León y Chile, la tierra que Araceli convirtió en refugio tras su exilio. Araceli volvió a España un puñado de veces más, en el 86, en el 88 y en el 90. En el diario que empezó su padre Tomás y después continuó ella, anotó cada visita con mimo y detalle. Después fue Charo quien empezó a viajar a Chile para verla.

La primera vez que Charo se subió a un avión para ir al continente americano fue en 2003 y se llevó con ella a sus padres. La visita suponía el reencuentro entre el padre de Charo, Ismael, y su pasado. Ismael era el niño de apenas tres años con el que Araceli huyó por el monte cuando los falangistas asesinaron a su padre, Argimiro, en 1936, dejándolo huérfano y a su madre viuda y embarazada de un hijo que nunca conoció a su padre. Ese año fatídico, Araceli e Ismael y, por ende Charo, tía, sobrino y sobrina nieta, perdieron también en las mismas circunstancias a Alfredo y Avelino, que tenían 36, 24 y 22 años respectivamente.

“Mi abuela decía que sabía quién mató a mi abuelo, y dónde, pero nunca recuperamos el cuerpo. Los asesinados en la guerra no sabemos dónde están”, lamenta Charo. Su padre falleció sin saber qué había sido de él. Araceli todavía tiene la herida abierta. “El recuerdo que tiene es duro, muy duro”, subraya Charo.

Araceli vive ahora en Lautaro, en la región chilena de la Araucanía, rodeada de sus dos hijos, cinco nietos y diez bisnietos, donde la conocen como “la española”. En España, apenas quedan descendientes de los López. “López aquí no quedamos más que seis”, dice Charo con una mezcla de orgullo y melancolía. “Aquí casi no tengo familia, pero la mitad de Chile es López. No sabría decírtelos a todos: hay primos como mi padre, hijos como yo, que han tenido sus hijos, nietos, bisnietos...”, bromea.

El último encuentro entre ambas fue este verano. Charo viajó a Chile por sorpresa tras jubilarse. “Mi tía Araceli sabía que iba, pero no cuándo. Cuando me vio se me echó al cuello, me abrazó que casi me ahoga”. Compartieron solo unos días, pero esos sí que quedaron grabados. “No me soltaba la mano... y se quedó con mucha pena”, confiesa. Antes de marcharse, Araceli quiso entregarle un regalo para el recuerdo, un plato de cerámica, un monedero y su historia.

“Sé que ya no voy a verla más —dice Charo—, pero, si puedo, volveré cuando cumpla las bodas de oro con mi marido, en tres años. Pero son 107 años los que tiene ya...” A más de 10.000 kilómetros de distancia, una conserva los recuerdos y la otra las vivencias, unidas por la misma necesidad de no dejar que el silencio vuelva a enterrarlo todo. Quizá nunca vuelvan a verse, pero la memoria de Araceli —y la de los suyos, los que fueron injustamente condenados y asesinados— sigue viva en Charo, que ha hecho suya la tarea de recordar para que nadie vuelva a olvidar.

Hoy, la familia de Araceli —con Charo a la cabeza— reclama que su historia y la de los suyos tengan también un lugar en la memoria pública. Piden un homenaje en Vegacervera, el pueblo donde empezó todo, para saldar, aunque sea simbólicamente, una deuda de justicia y recuerdo. Porque la historia de Araceli no es solo la de una mujer que sobrevivió al horror, sino la de toda una familia que aún espera que se repare la memoria de quienes nunca debieron ser olvidados.

Araceli López González nació el 26 de marzo de 1918 en Vegacervera (León) en la enorme y muy humilde familia de 15 hijos que conformaron sus padres, Agustina y Tomás. Cuatro de sus hermanos fallecieron siendo solo unos bebés de menos de dos años, otros cuatro perecieron antes del golpe de Estado a la República a las edades comprendidas entre los 7 y los 41 años, tres fueron asesinados por los falangistas durante la Guerra Civil, y cuatro, con ella, decidieron emigrar a Chile para mantener lo único que el franquismo no les había quitado todavía: la vida.

A sus 107 años, desde el exilio chileno, Araceli sigue viva y habla en primera persona, poniendo voz y rostro a una memoria que durante décadas fue silenciada. No podemos afirmar con rotundidad que sea la última represaliada que sobrevivió a la prisión de San Marcos, si bien este medio no ha podido confirmar que haya más, después de hablar con varios historiadores y con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Hoy, más de un siglo después de su nacimiento, relata ella misma su historia en unas grabaciones inéditas realizadas por su sobrina nieta, Charo López. Su testimonio recupera no solo su memoria, sino la de tantas mujeres y hombres anónimos que sufrieron la represión franquista.

Recién cumplidos los 18 años, fue detenida junto a su padre “por ser rojos”. Tomás, gravemente enfermo, quedó en libertad a cambio de que Araceli fuese condenada a muerte. Estuvo presa cuatro meses en la cárcel franquista de San Marcos (León) y después fue trasladada a la cárcel de mujeres de Saturrarán (Guipúzcoa), donde pasó casi seis años. Entró cuando tenía 18 y salió en libertad tras varias conmutaciones de pena y un indulto a los 24.

Cuando volvió a Vegacervera, allí ya solo le quedaba su madre; su padre había fallecido mientras cumplía condena y los hermanos que habían sobrevivido habían abandonado el país. Conoció al que sería su esposo, se casó, tuvo a sus dos hijos y, al morir su madre —lo único que la mantenía arraigada a España—, decidió poner tierra de por medio, claudicar también al exilio y empezar una nueva vida muy lejos de su casa, dejando tras de sí silencio.

Tardó casi 30 años en volver, y lo hizo ya una vez muerto el dictador. En su primera visita a León, su sobrina nieta Charo, nieta de uno de sus hermanos, la acogió en su casa y recorrió las calles de la capital con ella para mostrarle cómo había cambiado la ciudad con la vuelta de la Democracia. Cuando quiso invitarla a desayunar en el Parador de San Marcos, sin saberlo, la puso ante el escenario donde había empezado su calvario, y en ese gesto cotidiano se abrió la herida dormida de la memoria.

Así, a través de algo tan banal como tomarse un café, comenzó a iluminarse la oscuridad que durante tanto tiempo había pesado sobre su familia y sobre todo un país. Desde entonces, Araceli y Charo han compartido años de confesiones, de miedo, de vergüenza, de impotencia y de dolor. En su último encuentro, durante un viaje reciente a Chile, Charo decidió grabar el testimonio completo de Araceli: la voz viva de una superviviente que, casi noventa años después de ser injustamente encarcelada, rompe su silencio para contar lo que otros ya no pueden.

Estallido de la guerra

“Año de 1936. El día 18 de julio comenzó la guerra en España. El día 2 de septiembre me han llevado a mí las tres vacas los falangistas. El día 26 me han llevado 32 cabezas de ganado menudo. El día 27 de septiembre del año 1937 me han llevado las 3 jatas los de arriba para Asturias. Me han dejado sin nada.”

El estallido de la Guerra Civil en España pilló a Araceli y su familia en Vegacervera (León), un pueblo enclavado en las montañas que separan la provincia leonesa de Asturias. Una zona de duro enfrentamiento entre sublevados y republicanos durante la guerra, que obligó a muchos vecinos a dejar sus casas por el temor al conflicto y las represalias. “Cuando volvieron había cuatro casas en pie. La iglesia estaba quemada, la tuvieron que hacer nueva”, explica Charo.

Pertenecían al León rural de la subsistencia, al que tenía un puñado de ganado y un pedazo de tierra de labranza para complementar los ingresos que entraban en casa. Su padre había sido minero y empezó a ejercer como sastre tras el nacimiento de Araceli. Su madre dedicó su vida entera a cuidarlos a todos.

Araceli era la más pequeña de los 15 hijos de Agustina y Tomás. Después de ella solo nació José, que era el único que no tenía un nombre que empezase por 'a' y que falleció con menos de dos años. Antes lo habían hecho Arsenio (1893-1934), Adolfo (1895-1962), Arturo (1896-1971), Aurora (1898-1899), Argimiro (1900-1936), Adoración (1902-1923), Abdón (1904-2002), Amador (1906-1927), Ángel (1908-1915), Aníbal (1910-1975), Alfredo (1912-1936), Avelino (1914-1936) y Agustina (1916-1916). “Se llamaban todos por 'a' porque mi bisabuelo contaba que cuando él estuvo en la guerra, ¡qué guerra sería!, les daban la comida por orden alfabético. Él se llamaba Tomás y, desde entonces, dijo que cuando tuviera hijos todos iban a empezar por 'a'. ¡Y así lo hizo!”, cuenta Charo.

“Yo tenía 17 años cuando empezó la guerra y llegaron estos...”, recuerda Araceli. “Los militares entraron por Valporquero” y, —ellos—, “tuvimos que salir de Vegacercera. Yo llevaba a tu padre y a mi madre. Estuvimos dos años andando por el monte... No sabíamos nada los unos de los otros. Tu padre tendría tres años...” El padre de Charo, Ismael, apenas era un bebé y pronto tendría un hermano que jamás conoció a su padre, Argimiro, porque fue asesinado durante la defensa de la libertad. La abuela de Charo, viuda de guerra, era nuera de la madre de Araceli y su gran apoyo durante la guerra y la detención y encarcelamiento “injusto” de su única hija viva en España.

Desplazados por la lucha y saqueados por el bando nacional y los republicanos, la familia de Araceli no solo perdió a Argimiro en 1936 en la Guerra Civil, que tenía 36 años. Ese mismo año, los falangistas también asesinaron a Alfredo y Avelino, que tenían 24 y 22 años respectivamente. Primero el padre de Araceli y después ella fueron anotando en un diario los hechos más trascendentes de sus vidas, como el alzamiento militar y el expolio que trajo consigo, que se puede leer de su puño y letra en la imagen, y que Araceli guarda todavía en Chile.

Entre el 18 de julio del 36 que empieza la guerra y el 27 de septiembre del 37, Tomás anota con una frialdad cruda: “Me han dejado sin nada”. Se refería al sustento vital, al poco ganado que tenían. Ya había perdido a tres de sus hijos asesinados, pero lo peor estaba por llegar. Su propia detención y la de su hija, su libertad a cambio de la condena a muerte de Araceli y la ruina familiar.

Pena de muerte por ser “de izquierdas”

Uno del pueblo, “de derechas”, le pidió a Araceli que se casara con él, y ella dijo que no. “La metieron presa por eso y nada más. Y a su padre con ella por ser de izquierdas, porque el resto [de los hijos de Tomás y hermanos de Araceli] se habían ido a Chile”, expone Charo. La propia Araceli reconoce que “yo era de izquierdas y mi padre decían que era de izquierdas, y nos llevaron a los dos”. Araceli y Tomás fueron encausados junto a otras 13 personas, cinco hombres y nueve mujeres, de entre 18 y 76 años. Araceli era la más joven, su padre el más mayor. Todos eran de Vegacervera, salvo uno que era de La Vecilla.

La 'cabeza de turco' del proceso fue Benjamín Suárez Marcos, “el Coco”, un minero de 25 años “afiliado a las Juventudes Socialistas, en las cuales figuraba como muy significado, destacandose por su asistencia a manifestaciones, mitines y demás actos de propaganda comunista. En los primeros dias del Movimiento Nacional, intervino en incendios de edificios tomando parte activa en los mismos y de iglesias, así como de saqueos de ellos. Se dedicaba a cachear a las personas de orden, demostarndo el procesado tal adhesión a la causa marxista. Forma parte de la policia roja de la 'Checa' de Vegacervera. Entra a formar parte del ejército enemigo como voluntario en un Bon, y derrumbado el frente rojo asturiano es hecho prisionero de guerra”, recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este medio.

En la misma, se refiere que Araceli era una “significada extremista, que voluntariamente se ofreció desde los primeros momentos al enemigo, prestando servicios como enfermera”. Además, junto a otra procesada, se asegura que “hace frecuentes viajes como espía a la zona nacional, dedicándose a reclutar gente, para pasarla a la zona roja y, de este modo, sirve activamente al enemigo”.

En cuanto a Tomás, “aunque de ideas izquierdistas, no ha observado mala conducta. El procesado es padre de un sujeto que alcanzó la graduación de teniente en las filas enemigas, y fue autor (el referido teniente) de la muerte de un capitán de Caballería del Ejército Nacional. En el domicilio de este procesado, y después del Movimiento Nacional, se reunían los elementos rojos, pero sin que el procesado debido a su avanzada edad (76) interviniera en las mismas ni fuera el promotor de ellas, asistiendo a las citadas reuniones los hijos del mismo”.

Ninguno de los procesados tenía antecedentes penales. A pesar de ello, siete, entre ellos Araceli, fueron condenados a pena de muerte por un delito de adhesión a la rebelión con dos agravantes, “la gran trascendencia de los hechos y la perversidad de los delincuentes”. Dos, dos mujeres, fueron condenadas a 30 años y Tomás y otras cuatro mujeres fueron absueltos por no haber causado “daños al Movimiento Nacional”. Además, los condenados debían responder después “a la Comisión de Incautación de Bienes por el Estado” y tiempo más tarde llegaría el expediente de responsabilidad civil, para quitarles lo que les quedara.

La sentencia emitida por un Consejo de Guerra celebrado en la Diputación Provincial tiene fecha del 18 de diciembre de 1937, pero Araceli y Tomás ya habían ingresado en prisión dos meses antes, el 20 de octubre de 1937, hace ahora 88 años. “Mi padre estuvo poco tiempo [preso] porque era mayor y a mí me condenaron a pena de muerte para darle la libertad a él. Tengo por ahí los papeles... Por ahí están los papeles...” Y los tiene, guardados a buen recaudo en Chile junto al diario que empezó Tomás y continuó ella.

Su 'pecado' de rechazar a un pretendiente y tener una ideología de izquierdas en un sistema democrático le valió una condena a muerte por un tribunal militar con una autoridad autoimpuesta, en plena pugna porque el alzamiento no se hiciese a la fuerza con el poder, como terminó por suceder. En la guerra ya había perdido a tres hermanos, “asesinados por los falangistas”, y lo que más le duele a día de hoy es haber dejado a “mi pobre madre” sola cuando se la llevaron a ella y a su padre.

Cuando su madre, Agustina, supo de su condena a muerte, “marchó a León a hablar con el juez. Se llamaba Ricardo, me acuerdo como si fuera hoy”, y se acuerda bien, porque fue el juez instructor “teniente de Infantería retirado, Don Ricardo Aguilar Martínez” el encargado de dictar su suerte. Fue este quien le dijo a la madre de Araceli: “ 'A mí no me eches ninguna culpa ni yo tengo ninguna culpa. Los de su pueblo, los de su pueblo fueron', le dijo. Y me bajaron la pena a 30 años”.

“En San Marcos estuve cuatro meses y, después, nos llevaron a la cárcel al País Vasco. Faltaron cuatro meses para los seis años cuando me dieron la libertad”. Pasó su más tierna juventud en prisión, con un atillo y un pedazo de suelo en el que colocar un raído colchón para dormir por la noche en la prisión de mujeres de Saturrarán. “¿Y en la cárcel os trataron bien?”, le pregunta Charo. “Nos trataron bien...”, le responde con la mirada perdida en los recuerdos y una voz queda.

“Pasé muchas calamidades”. La familia le mandaba un cajón con comida, “cada uno lo que podía y hasta que se acababa”. “Para desayunar nos daban cuatro cerezas. Luego venía la comida, arroz, un pelotón. El café era un tizón que lo metían en el agua para darle color, si lo querías bien y si no...” bromea. “¿Carne os daban?”, la interpela Charo. “¿Carne?”, se ríe. “Nos daban mucho pescado. Yo tuve una intoxicación una vez, estuve un mes acostada en el suelo...”

'Para redimir su alma de los pecados', todos los días la obligaban a ir a misa, como buena prisión regentada por la Iglesia. “Por la tarde, cuando hacía bueno, nos llevaban a la playa. Nos daban una bolsita, una cuchara y un tenedor, y el pan que sobraba lo guardábamos”, recuerda. “Después empezaban a dar la libertad y fuimos saliendo. Había que pedir a los falangistas, a los otros, a los otros, cómo éramos antes de la guerra. Si éramos buena gente. Nos dieron informes el alcalde, el jefe de Falage y otros dos o tres, y ahí nos dieron la libertad”, narra. La excarcelaron el 20 de agosto de 1943, habiendo permanecido en prisión cinco años, diez meses y un día.

Libertad y exilio

Cuando Araceli sale de la cárcel vuelve a su casa, a Vegacervera, pero ya nada era lo mismo. “No teníamos nada. Lo llevaron todo. Mejor no acordarse... Ay, para qué acordarse. Mi pobre madre sola, mi padre enfermo, murió el pobre solo estando yo en la cárcel, después de tantos hijos. No acordarse...” Los hermanos que habían sobrevivido a la represión se habían exiliado a Chile. Mandaban dinero, que “siempre llegaba, eso llegaba bien”.

Conoció a Manuel y se casó con él en 1945, “en la iglesia de Santa Marina de León”. Juntos tuvieron a sus dos hijos, María Agustina (1945) y Arturo (1948), y, al morir su madre, Agustina, a los 82 años, decide marcharse ella también. “Me había quedado sola allí”, dice. Y, “tanto mal nos habían hecho...”, añade.

“Lo mismo nos daba trabajar aquí que en otra parte”, por lo que emigraron a un país extranjero que se convirtió en su hogar. Era el año 1951 y todavía recuerda los “28 días” que pasaron en el barco argentino Entre Ríos, que transportó a miles de emigrantes españoles al continente americano. “El barco quedó en Buenos Aires y de ahí fuimos a Mendoza. Nevando como yo qué sé...” Hicieron este recorrido en tren, porque “se le ocurrió a mi hermano Arturo para que conociéramos”. Después cogieron un avión a Santiago de Chile. “¿Ya había aviones?”, le inquiere Charo. “Había esas changarrias...”, contesta ella divertida.

Para las personas que conocieron en el trayecto solo tiene palabras bonitas. “Una gente bien buena... ¡Hicimos una familia!”, sonríe. Y al llegar a Santiago de Chile los estaba esperando Arturo, su hermano. Se detuvieron otros “quince días, para que conociera yo”, y de ahí partieron para Lautaro, donde se instalaron y echaron raíces.

Manuel empezó a trabajar “en el fundo”, en el campo, con el hermano de Araceli, y ella se quedó “con los chiquillos” y despachando en una tienda que había abierto para dar salida a los productos. “Había que vender. Era grande, tenía de todo”. Y los niños empezaron al colegio. Adolfo fue el primero de los hermanos de Araceli en llegar a Chile y abrió camino para el resto: Aníbal, Adolfo, Arturo y la última, la hermana más pequeña. “Era muy despierto. Le fue bien y se fue llevando al resto”, dice Charo. A día de hoy, la mayoría de la familia López de Vegacervera vive en Chile, salvo seis personas.

107 años de voz y memoria

“Año 1980. Manuel y Araceli salieron de Lautaro hacia su tierra España, después de 37 años en Chile”, una vez muerto el dictador. Volvería un puñado de veces más y todas están anotadas con mimo y detalle en un diario que es ya solo suyo.

Los viajes se prolongaban unas cuantas semanas o unos pocos meses, para ver a la familia y deshacerse de los pocos bienes que les quedaban en España. Pero siempre regresaron a Chile, donde la conocen como “la española”.

Ya fallecido su marido, Araceli continúa viviendo en Chile, ahora en Temuco, como sus dos hijos, sus cinco nietos y diez bisnietos. En España solo quedan Charo y sus hermanos, hijos de uno de los tres hermanos que la Guerra Civil arrebató a Araceli, y dos primos. “López no quedamos más que nosotros seis”.

Hace unos meses, Charo fue a visitarla por sorpresa a Chile, con motivo de su jubilación. Gracias a ese viaje pudimos conocer de primera mano la historia de una de las ultimísimas sobrevivientes de la represión franquista en San Marcos, la prisión por la que pasaron más de 40.000 personas entre presos como Tomás, presas como Araceli y prisioneros de guerra.

La Guardia Civil ha protagonizado este domingo el tradicional acto y posterior desfile aéreo y terrestre del 12 de octubre en honor a la Virgen del Pilar en la plaza de San Marcos de León capital, un acto al que han asistido centenares de leoneses.

El encuentro ha estado presidido por el general de Brigada José Antonio Fernández de Luz de las Heras, Jefe de la 12 Zona de la Guardia Civil y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen Vélez. Además, ha contado con la asistencia de autoridades civiles y militares, sus familiares y público en general.

En su discurso, el jefe de zona de la Guardia Civil en Castilla y León ha recordado los primeros pasos de la Benemérita en la provincia leonesa, una actuación en un incendio declarado en 1851 en el pueblo de Sariegos. En ese sentido, también ha hecho referencia a los incendios de este verano y ha apuntado a la necesidad que tiene la Guardia Civil de mirar al futuro.

A este respecto ha hablado de ‘On-Red’, la unidad de la Guardia Civil que comenzó su andadura en julio, ubicada en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y que ha permitido tramitar más de 10.000 denuncias sin que los ciudadanos tengan que desplazarse físicamente a un cuartel.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha valorado el trabajo “sin límites” de una institución que cuenta además con unidades especializadas como el Seprona o el Greim. “Gracias por recordarnos que servir a los demás es el mayor honor al que puede aspirar una persona”, ha dicho.

En el desfile aéreo y terrestre, aparte de las unidades a pie, ha participado un helicóptero del cuerpo con base en la Virgen del Camino, así como 33 vehículos diversos como motocicletas, turismos, todoterrenos, furgones y embarcaciones con los que la Guardia Civil desempeña su labor diaria.

En el acto ha habido un apartado para la entrega de condecoraciones a los agentes y también de homenaje a los que dieron su vida por España. Entre estos homenajes se ha entregado la Cruz del Orden del Mérito con distintivo blanco al teniente coronel Andrés Herrero, a Estanislao de Luis Calabuig, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en León, a Yolanda del Canto, directora del Centro Estrada, y a Miguel Ricardo Nogales, guardia civil recientemente fallecido.

Con carácter previo al desfile se ha celebrado una misa en la Iglesia Parroquial de San Marcos.

La Guardia Civil, con este despliegue, busca renovar su compromiso con la sociedad y homenajear a sus miembros, a la vez que acerca sus diferentes especialidades a la ciudadanía.

Varios cientos de personas secundaron este sábado la duodécima edición de la Carrera Solidaria Corre por la Vida que organiza la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre (Alcles) y cuya recaudación se destina íntegramente a ayudar a pacientes hematológicos.

Para ello, cada inscripción se acompaña de un donativo de siete euros por participante, mientras que los organizadores repartieron a cada inscrito una camiseta técnica, una mochila y un dorsal para participar en un sorteo de regalos por cortesía de los colaboradores y patrocinadores.

La prueba arrancó esta mañana en el entorno de la plaza de San Marcos, con un recorrido de 6,6 kilómetros por la ribera del río Bernesga, a su paso por la ciudad de León, por ambas márgenes, hasta regresar al lugar de inicio. Además, también contó con una prueba para andarines, donde el recorrido se acortó a la mitad, es decir, 3,3 kilómetros.

Han transcurrido ya cincuenta y cinco años desde que la ciudad de León acogiera, en junio de 1970, el IV Congreso Nacional de la Abogacía Española. Medio siglo largo que no ha conseguido diluir ni el eco de aquellas voces ni la hondura de un encuentro que marcó un punto de inflexión en la historia de la abogacía y, en cierto modo, en el proceso de transformación política que llevaría a España hacia la democracia.

Aquel congreso no fue simplemente un evento corporativo. Fue una toma de conciencia colectiva. Un gesto de afirmación ética y profesional que, en un contexto autoritario, anticipaba los valores del Estado de Derecho que consagraría la Constitución Española de 1978. Fue, también, la confirmación de que la abogacía, cuando se reconoce como garante de los derechos fundamentales, puede convertirse en fuerza moral, en brújula social, en conciencia cívica.

Un congreso en el umbral del cambio

León fue elegida como sede bajo la premisa de neutralidad política. Según Luis Revenga Domínguez, abogado leonés e impulsor principal del evento, se trataba de una ciudad “escasamente politizada… donde pudiera trabajarse bajo una perspectiva estrictamente profesional y no política”. Sin embargo, la realidad pronto desbordó esa intención. Más de mil abogados y abogadas se reunieron en la ciudad, muchos de ellos, nombres que después formarían parte activa del proceso constituyente: Miguel Roca, Antonio Garrigues, Gregorio Peces-Barba, Manuela Carmena, Cristina Almeida, Francisca Sauquillo, Pablo Castellanos, Óscar Alzaga, Joaquín Ruiz-Giménez.

Desde León, también alzaron su voz compañeros como Juan Rodríguez García-Lozano, Urbano González Santos-Díaz Caneja, José María Suárez González o Juan González- Palacios Martínez, que llegarían a ser decanos del colegio además de otros compañeros como Ángel Emilio Martínez García o Carlos Callejo de la Puente entre otros.

La imagen simbólica de aquel congreso fue, sin duda, la salida en silencio de un grupo de congresistas durante la intervención del Ministro de Justicia en la sesión inaugural. Un gesto sereno pero rotundo que fue recogido incluso por el diario francés Le Monde como signo de autonomía y espíritu crítico frente al régimen.

De la abogacía introspectiva a la abogacía social

Hasta entonces, los congresos se habían centrado casi exclusivamente en cuestiones internas de la profesión: colegiación, deontología, funcionamiento de los colegios. León supuso un viraje hacia la abogacía social.

Se abordaron problemas de enorme trascendencia –y aún hoy no del todo resueltos– como la insuficiente previsión social del colectivo, la necesidad de una protección integral frente a la vejez, invalidez o viudedad. En 2025, seguimos reclamando una pasarela legal al RETA que reconozca y garantice pensiones dignas para los profesionales con independencia de cuál haya sido su forma de ahorro o cotización, y cuya tramitación parlamentaria exige un impulso urgente y sin demora.

Se debatió también sobre la dignificación del Turno de Oficio y de la Justicia Gratuita, pilares indispensables para asegurar el derecho efectivo de defensa. Hoy seguimos alzando la voz, pues si bien en su día la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 supuso un avance, aún exigimos una norma renovada que reconozca el valor real y dignifique el trabajo de quienes garantizan el acceso a la justicia para los más vulnerables.

También se abordaron otras cuestiones estructurales como el intrusismo profesional, la fiscalidad o la regulación del profesional de la abogacía de empresa, muchas de ellas objeto de reformas parciales en los años posteriores, pero siempre pendientes de una revisión y actualización.

Una abogacía que alza la voz por la libertad

Pero León fue más que una agenda técnica. Fue un grito contenido por la libertad. Allí se defendieron los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pidió el fin de los tribunales de excepción como el Tribunal de Orden Público, se reclamó una justicia imparcial y ordinaria, se alzó la voz contra la pena de muerte, y se propuso una amnistía para los delitos políticos y sociales.

Aquella cita fue, sin saberlo del todo, el primer acto colectivo de la abogacía camino del constitucionalismo. El congreso de León sembró una conciencia que germinaría años más tarde con la promulgación de la Constitución Española de 1978, y cuya defensa ha sido y sigue siendo la razón de ser de la abogacía.

Poco tiempo después, esa misma conciencia pagaría un altísimo precio: el asesinato de los abogados de Atocha en enero de 1977 —colegas que dieron su vida por el derecho, la libertad y la justicia— marcó a toda una generación y nos recordó, con sangre y luto, que ejercer la abogacía en defensa de los derechos humanos es, en ocasiones, un acto de heroísmo.

Así lo han recogido obras recientes que recuperan y relatan con profundidad aquel hito histórico, como el documental de Pilar Pérez Solano “La defensa, por la libertad”, o el libro de Fernando Jáuregui “Los abogados que cambiaron España”, donde se recoge con claridad cómo aquel congreso sembró no solo ideas, sino una actitud: la de una abogacía comprometida, consciente, valiente

Memoria, compromiso y porvenir

Hoy, en una sociedad jurídicamente más compleja y digital, institucionalmente tensionada y políticamente polarizada, el papel de la abogacía como garante de derechos y libertades resulta más necesario que nunca. Sin abogados y abogadas libres e independientes, no hay tutela judicial efectiva, no hay ciudadanía activa, no hay democracia sólida.

La reciente aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que reconoce esta garantía con entidad propia, es un paso histórico. El respeto a la confidencialidad, la libertad de actuación, y la protección frente a injerencias externas dejan de ser aspiraciones y pasan a ser compromisos normativos. Es, sin duda, un logro que honra el espíritu de León 1970.

Pero la obra no está terminada. Mientras no logremos una previsión social justa, un Turno de Oficio verdaderamente digno y unas condiciones que garanticen la sostenibilidad del ejercicio libre, el derecho de defensa seguirá siendo, en parte, una promesa pendiente.

Y por eso hoy evocamos León. No solo como memoria, sino como compromiso. Porque recordar no es anclarse en el pasado, sino comprometerse con el presente y con el futuro.

Desde entonces, presidentes como Antonio Pedrol, Eugenio Gay, Carlos Carnicer, Victoria Ortega y, en la actualidad, Salvador González Martín han encarnado esa continuidad institucional y ese espíritu reformista que nació en León. Su legado y su labor ha sido y sigue siendo esencial para preservar la dignidad y la independencia de la abogacía española.

Porque, como escribió José Saramago:

“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir.”

Se puede leer una versión de este artículo en la página de la Abogacía Española pinchando aquí

León era una ciudad teóricamente tranquila en la España franquista de 1970. No tenía grandes masas de obreros; no contaba todavía con universidad propia; no habían nacido las asociaciones vecinales. Parecía un lugar idóneo para la celebración del IV Congreso de la Abogacía Española (el tercero había sido en Valencia en 1954). La provincia sí había vivido ya notables episodios de resistencia al régimen como los derivados de la huelgona minera de 1962. Ahora el desafío no iba a llegar de las cuencas y los tajos, sino de los despachos laboralistas y las salas judiciales. La cita comenzó con un plante al ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, y terminó aprobando cuestiones tan avanzadas para la época como una amnistía. “¿Ustedes son los de la amnistía?”, le preguntaron a la abogada Cristina Almeida a la conclusión de las sesiones en una gasolinera cuando se disponía a repostar en plena euforia. “Pues no les cobro la gasolina”, le dijeron en aquella teórica ciudad tranquila hace ahora 55 años.

“Todo parecía estar atado y bien atado. No lo estaba”, escribe el periodista Fernando Jáuregui en su libro Los abogados que cambiaron España. Ochenta años de historia de los letrados y juristas que contribuyeron a la democracia (1939-2019). Jáuregui usa una expresión de la época: la utilizada por el dictador Francisco Franco en el discurso de Navidad de 1969 al referirse a su sucesión en la figura del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón. Y pone el contexto del momento: el de una profesión agitada ya en enero de 1969 en medio de un estado de excepción tras la muerte del estudiante Enrique Ruano (la versión oficial de la época dijo que se tiró de un séptimo piso en Madrid estando detenido durante el registro de un domicilio hasta que ya en los años noventa se reabrió el caso y se demostró que había sufrido una lesión previa “no compatible” con su caída). El Colegio de Abogados de Madrid aprobó una petición para suprimir las jurisdicciones especiales. En su punto de mira estaban instancias como el TOP (Tribunal de Orden Público), máxime tras las repercusiones de la decisión del letrado Manuel López de no participar en un juicio si se realizaba a puerta cerrada. La vista estaba fijada para el 30 de mayo de 1970. Faltaban apenas 15 días para el Congreso de León.

Cristina Almeida vivía entonces en plena vorágine. Terminó Derecho en 1966, se colegió en 1967 y se casó en 1968, el mismo año, recuerda ahora por teléfono, en el que se había ya declarado otro estado de excepción, en este caso en Guipúzcoa por el asesinato a manos de ETA del policía Melitón Manzanas. Militaba en el PCE (Partido Comunista de España) y tenía despacho laboralista cuando se enfrentó a las consecuencias de aquel plante al TOP que generó una corriente solidaria de compañeros en forma de huelga con consecuencias: tres meses de suspensión por cada juicio al que no acudiera. “Me tocaron seis juicios, así que estuve 18 meses sin poder ejercer”, cuenta para ponerse en la perspectiva de aquel momento en el que los letrados tomaron decididamente la alternativa en el frente de oposición antifranquista. Almeida había hecho su propio trasvase: trasladando la “lucha” por la democracia que ya había vivido en la universidad al Colegio de Abogados. La siguiente trinchera iba a estar en otras latitudes: aquel León de la Catedral y el Parador de San Marcos que comenzaba su andadura como reclamo turístico.

Desde Madrid también llegó la abogada Paca Sauquillo. La cita tenía connotaciones personales añadidas. “Lola González Ruiz había salido de la cárcel de Ventas”, dice por teléfono sobre la letrada leonesa que había sido detenida acusada repartir propaganda ilegal junto a Enrique Ruano, que era su novio. González, a la que se puede distinguir en una fotografía del Congreso sentada al lado de Manuela Carmena, sería luego cuñada de Sauquillo al casarse con su hermano Javier, él asesinado y su esposa malherida en la matanza de los abogados laboristas de Atocha de 1977. Siete años antes, la imagen de las jóvenes letradas contrastaba con la de aquellos “señores muy serios y muy togados” al distinguir entre “ejercientes y no ejercientes” para referirse a colectivos como los abogados del Estado y de los sindicatos franquistas. Cristina Almeida es todavía más gráfica: “Venían (refiriéndose a los segundos) en autobuses. Habían sacado el traje y la toga de los baúles. Olían a naftalina”. La indumentaria del ministro, Antonio María de Oriol y Urquijo, tampoco pasó desapercibida, sobre todo por un detalle: le habían regalado la insignia de oro y brillantes del Consejo General de la Abogacía, pero prefirió lucir en León la de alférez provisional.

El “boicot” al ministro, en expresión de Paca Sauquillo, ya estaba orquestado. El abogado leonés Luis Revenga, encargado en aquella cita de las relaciones públicas y el protocolo, se enteró cuando un compañero de Madrid que no se identificó se lo advirtió mientras esperaba al ministro en San Marcos para dirigirse a la Catedral, donde se celebró una misa solemne previa a la inauguración. La protesta iba a ser silenciosa. Revenga informó a Oriol y Urquijo. Y se quedó “atónito” con la respuesta: el titular de Justicia dijo estar ya acostumbrado a estas circunstancias. “Lo cierto es que jamás (…) se había realizado acto semejante contra el poder establecido”, escribió el propio Revenga, fallecido en 2005, al recordar su experiencia cuando en 1994 se celebraron los 150 años de vida del Colegio de Abogados de León.

Luis Revenga tuvo los suficientes reflejos como para improvisar una respuesta al plante de los abogados llegados especialmente desde Madrid en la inauguración del Congreso, el 14 de junio de 1970 en el salón rosa del Parador de San Marcos. Cuando el ministro comenzó su intervención y estos se levantaron de sus asientos, ya tenía preparado el reemplazo con varios letrados de León dispuestos en los laterales de la sala para ocupar las sillas vacías. La secuencia, que el propio Revenga tildó de “cinematográfica”, tuvo un giro de guion cuando el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, José Luis del Valle-Iturriaga, terció y se abrazó con Oriol y Urquijo con estas palabras: “Permitidme, señor ministro, que os abrace en nombre de los abogados de buena fe”. Fue entonces, en palabras del responsable de protocolo, cuando “hubo división de opiniones: unos aplaudieron y otros silbaron”.

“¡Libertad, dimisión!”, recuerda haber oído el abogado leonés Carlos Callejo, que se colegió en mayo de 1968 y tenía 27 años entonces. Él aporta una perspectiva diferente a la de las colegas madrileñas que llegaron sabiendo del boicot y de la profundidad de las cuestiones que se iban a debatir, una especie de enmienda a la totalidad a la dictadura al abordarse la abolición de la pena de muerte, la amnistía, un estatuto para los presos políticos, la derogación de la ley de bandidaje y terrorismo, así como de la censura previa en el cine y el teatro, amén de la supresión de las jurisdicciones especiales. “Para mí fue una auténtica sorpresa”, dice al hilo de temas que entonces eran “tabú” Callejo, quien sugiere la hipótesis de la complicidad de Luis Revenga. “Luis era un liberal, yo creo que llegaba a ser hasta ácrata, un anarquista no militante”, señala para definir a aquel hombre que abrió una saga familiar de abogados, hoy con despachos en Santander y León. “Tenía una mentalidad muy abierta y muy liberal”, dice desde Cantabria su hijo Luis, que lo recuerda comentando “escollos” para organizar aquella cita con el gobernador civil a sabiendas de la participación de “personas no bien vistas por el régimen” y con policías camuflados. Su papel fue distinguido poco después con la concesión del Premio San Raimundo de Peñafort.

Hubo una "discusión profesional y muy respetuosa", recuerda el abogado leonés Carlos Callejo, que no habla tanto de la confrontación ideológica derecha-izquierda como de abogados del sistema-y contra el sistema

El episodio también pilló de nuevas al fotoperiodista Fernando Rubio, que llevaba apenas unas semanas trabajando como reportero gráfico en el diario Proa. León empezaba a acostumbrarse entonces a albergar congresos. “Había muchos actos entonces tras el estreno de San Marcos. La ciudad vivió entonces una época dorada. Había reuniones multitudinarias”, cuenta su colega entonces en Diario de León César Andrés, que recuerda la cita como un “triunfo” para los abogados. Rubio, que captó el momento del abrazo de Del Valle-Iturriaga a Oriol y Urquijo, reconoce que por entonces no calibraba la repercusión de aquellos acontecimientos. “La importancia del momento la entendí años después”, admite para constatar que entonces León cumplía aquel arquetipo de “ciudad tranquila”. Cuando se produjo el “hecho sucesorio” con la muerte de Franco en 1975, el reportero se recuerda haciendo “miles de fotografías” los meses siguientes para cubrir las movilizaciones laborales en sectores como “la construcción, el transporte o Correos”.

¿Era efectivamente León una ciudad tranquila? “La elección fue algo lógico. Pero no todo estaba tan tranquilo. Y este del Congreso de la Abogacía es uno de los mejores ejemplos”, responde el historiador David Martínez, autor en 2015 de la tesis doctoral titulada Construyendo la democracia. Tardofranquismo, Transición política y la cuestión autonómica en la provincia de León (1962-1984). El trabajo recoge, por ejemplo, que ese mismo 1970 se registraron en la provincia 16 conflictos colectivos, secundados por 3.653 trabajadores hasta representar apenas un 1% de los huelguistas del país en ese año. Los problemas laborales crecieron hasta los 43 en 1971. Más allá de que las movilizaciones procedían en su mayoría de sectores asentados lejos de la capital como la minería del carbón o el metal, la tesis ahonda en premisas como la de que “desde las instituciones sindicales leonesas se reconocía que habían perdido su capacidad para controlar los problemas laborales, lo que no había sucedido en el primer franquismo”. La anécdota de la gasolina gratis para Cristina Almeida (“salimos a la calle gritando amnistía y libertad”, anota la abogada) también podría reflejar un cambio: el de personas que ya se atreven a romper el “silencio” imperante durante los primeros años de la dictadura.

Nosotros estábamos, sobre todo, por la democracia. Había gente muy variada. El interés era acabar con el régimen

Cristina Almeida — Abogada

Pasada la tensión reinante en la inauguración en San Marcos, llegaron los debates en las sesiones que tuvieron lugar en el Colegio de Los Maristas y la Escuela de Comercio hasta el 20 de junio con la participación de cerca de un centenar de letrados. Y ahí se dio una confluencia que fue la pura traslación de un momento histórico en el que abogados de diferentes signos ideológicos y generaciones remaron en la misma dirección: un movimiento tan amplio que aglutinaba desde monárquicos como Joaquín Satrústegui o democristianos como Joaquín Ruiz-Giménez pasando por socialistas como Pablo Castellano y comunistas como Cristina Almeida hasta llegar a Paca Sauquillo, entonces en la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores).

La propia Sauquillo destaca ese consenso en pro de la “democracia” de abogados de “diferentes tendencias”, así como la fuerza de los jóvenes recién llegados a la profesión. Carlos Callejo habla de “discusión profesional y muy respetuosa”, con jornadas que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada e intervenciones de alto calado intelectual (cataloga como “brillantísimo” a Pablo Castellano). Callejo, que vivió aquellos días sentado junto al que luego sería alcalde de León y parlamentario nacional Juan Morano, no habla tanto de la confrontación ideológica derecha-izquierda como de abogados del sistema-y contra el sistema.

“Nosotros estábamos, sobre todo, por la democracia. Había gente muy variada. El interés era acabar con el régimen”, analiza Cristina Almeida, cuya popularidad se multiplicaría cuando ejerció como parlamentaria con Izquierda Unida. “Pero yo, cuando me preguntan por mi profesión, siempre digo que abogada. La mejor arma para ayudar a cambiar el país era la de ser abogada”, expone. ¿Hasta qué punto lo era también en un régimen sin libertades? “Me daba la ocasión de defender a las personas y las ideas”, contesta para destacar también de aquel Congreso de León la presencia de mujeres con otras dos anécdotas: a la pionera María Luisa Suárez “llorando” tras aprobar la amnistía y el momento en el que la que luego sería secretaria judicial Marian Lozano votó en sentido contrario a sus compañeras y varios veteranos de los sindicatos franquistas aplaudieron al interpretar que la tenían de su lado. “¡Que no, que me he equivocado!”, zanjó Lozano.

“La lucha”, se puede leer en una crónica del 19 de junio de Diario de León, “ha sido en algunos aspectos, un poco enconada, por parte de los que pudiéramos catalogar ‘contestatarios’ entre los que figura un grupo de señoritas. No obstante la votación adversa en la ponencia octava, que trata del Estatuto del preso político, no se dan por vencidos”. El pasaje periodístico revela la intensidad de los debates en lo que quedó para la historia como el Congreso de la ruptura o el Congreso de la libertad. “Yo no tuve la sensación de que vinieran aquí a romper nada. Creo que la gente vino para tratar de reformar los planteamientos de la abogacía”, opina Carlos Callejo. Sería ya avanzada la Transición cuando se plantearía, en términos generales, la dialéctica ruptura-reforma como salida de la dictadura.

El Congreso de León fue un hito, un antes y un después. Hay un hilo directo entre lo que se aprobó allí y la Constitución de 1978

Paca Sauquillo — Abogada

La pugna tuvo quizá su reflejo más patente en la votación de una amnistía general, resuelta finalmente con 199 votos a favor y 186 en contra, tras asensos generales sobre cuestiones como la de pedir a los poderes públicos la abolición de la pena de muerte (el régimen no ejecutó las condenas de finales de ese mismo año en el Proceso de Burgos, pero sí lo hizo posteriormente, incluso con cinco condenados apenas unas semanas antes de la muerte del dictador). Y es que mucho de lo aprobado en el Congreso de León fue papel mojado para la dictadura franquista, que siguió aplicando la represión (la amnistía data ya de 1977). La otra parte de los debates, la relativa a cuestiones profesionales como la mutualidad, el intrusismo o la remuneración del turno de oficio, tampoco resultó de inmediata aplicación. “Sobre el Estatuto de la Abogacía, las conclusiones que se alcanzaron se aplicaron en 1982”, señala el actual decano del Colegio de la Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes. El siguiente Congreso de la Abogacía Española se celebró ya en democracia, en 1989 en Palma de Mallorca.

El de León dejó una huella que fue incluso más allá de lo aprobado. “Queríamos acabar con los juicios políticos”, valora al respecto del debate en torno a la supresión de las jurisdicciones especiales Cristina Almeida. “El régimen tenía muchos frentes abiertos, y el de los abogados sería uno más”, añade para hacer un paralelismo entre aquel espíritu y lo que luego representaron la Junta Democrática de España o la Plataforma de Convergencia Democrática, que aunaron ya en las postrimerías del franquismo a casi todo el frente de oposición. Paca Sauquillo establece un “hilo directo” entre el Congreso de 1970 y la Constitución de 1978, la que dio forma a aquellos postulados. “El Congreso fue un hito, un antes y un después”, apunta para subrayar también el papel de los colegios profesionales durante el tardofranquismo. Y Carlos Callejo, que se considera como “un hombre de la Transición”, reivindica la importancia de las figuras protagonistas de aquel proceso político, muchos de ellos abogados.

Y el caso es que la Transición, que muchas veces se cuenta a partir del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973, bebe también de episodios anteriores quizá no suficientemente conocidos. Rodríguez Santocildes, recientemente elegido también como presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, cree que el Congreso de León sí es una referencia en el gremio y “entre estudiosos de la Transición”. El Colegio de la Abogacía de León puso su grano de arena con una placa estrenada en la sede en 2020, coincidiendo con el cincuentenario de una cita sí remarcada en documentales como La defensa, por la libertad, de Pilar Pérez Solano, y reseñada en la reciente serie documental La conquista de la democracia, dirigida por Nicolás Sartorius y emitida por Televisión Española.

Son formas de honrar aquel Congreso de la Abogacía Española en León en el que Paca Sauquillo se recuerda “comiendo truchas” y Fernando Rubio haciendo fotos en visitas turísticas programadas como complemento a lugares del entorno como las Cuevas de Valporquero con “mujeres en tacones”. A Cristina Almeida la gasolina le salió gratis por los mismos días en que unos letrados dispuestos a cambiar España compartían portada informativa en los periódicos con la Brasil de Pelé campeona del mundo de fútbol en México. 55 años después, el análisis de un historiador como David Martínez deja la conclusión final: “Se trata de uno de los hechos más importantes del tardofranquismo en España”.

El PP de León ha tildado de “decepcionante” la visita del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, de este pasado viernes, para anunciar la licitación de la asistencia técnica del proyecto de la segunda fase del Parador San Marcos “sin plazos concretos” para la obra.

“Hemos tenido que esperar siete años de Gobierno de Pedro Sánchez para conocer que, todavía, no se ha licitado la redacción del proyecto, lo que demuestra que el Parador de San Marcos ha estado completamente olvidado”, han denunciado los parlamentarios nacionales del PP este sábado a través de un comunicado.

Los 'populares' consideran que el anuncio de Hereu “más que un gran avance, evidencia una falta de compromiso, una ausencia de plazos concretos y una reducción sustancial del proyecto”. Los parlamentarios del PP han denunciado que el ministro afirmase que las obras “conllevarán un plazo de varios años”, sin ofrecer una fecha concreta de inicio ni de finalización de las obras. A su juicio esta afirmación poco concreta genera “incertidumbre y desconfianza” entre los leoneses y el sector turístico.

“Es el momento de dejar de vender humo y hablar con hechos”, han resaltado. Este anuncio llega, han apuntado desde el PP de León, “en un momento en el que la cadena pública de Paradores está salpicada por graves escándalos de gestión y conducta”, que han puesto en entredicho “la honorabilidad de sus responsables en la utilización de recursos públicos”.

“Intenta el Gobierno desviar la atención de estos episodios relacionados con el uso indebido de instalaciones públicas y la falta de transparencia en la gestión, recurriendo a anuncios propagandísticos que no se traducen en realidades para León ni para los trabajadores de Paradores”, han agregado.

El ministro de Turismo, Jordi Hereu, anunció este viernes el comienzo de la segunda fase del Parador de San Marcos de León, unas obras que contarán con un presupuesto de treinta millones de euros y permitirán ampliar este hostal en cincuenta habitaciones y cuatro salones polivalentes más.

La primera fase de la licitación, por valor de 1.5 millones, arrancará el próximo 30 de junio y el nuevo edificio se levantará en la huella de lo que era la parte posterior que se demolió en el año 2018.

Aprovechando la visita del ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, al Parador de San Marcos de León, que durante el franquismo se usó como campo de concentración de represaliados, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido que el Hostal sea declarado por el Gobierno como 'lugar de memoria'.

La petición no es nueva, la ARMH la registró el pasado mes de marzo, antes de la declaración del ministro ante los medios, ha esperado que “las obras de las que va a hablar el Ministro no sirvan para seguir ocultando ese pasado sino todo lo contrario, que saquen a la luz lo que ocurrió en ese lugar que fue un espacio de humillación, tortura y sufrimiento para quienes defendieron la democracia frente a los constructores de una larga dictadura”.

Sin embargo, el ministro no ha anunciado un plan concreto para dar a conocer la historia de este Parador y honrar a quienes fueron víctimas de la persecución franquista, sino que se ha limitado a asegurar que el Gobierno de España “aplicará” la Ley de Memoria Histórica “aquí se honrará, como es debido, la memoria de las familias y de las víctimas de la represión en la Guerra Civil y posteriormente”.

Hereu añadió que “aquí se ha vivido la historia de León en todas sus vertientes y, evidentemente, honrar la memoria de las víctimas del franquismo, la Guerra Civil y la represión también será un elemento que tendrá la expresión de reconocimiento y homenaje”, añadió, sin concretar si el Parador será declarado un 'Lugar de Memoria'. “Es un elemento que ahora se está trabajando; nosotros aplicaremos la Ley de Memoria Histórica”, reiteró.

La asociación que ya ha hecho en numerosas ocasiones este tipo de peticiones, considera que la placa colocada por el entonces presidente de Paradores, Óscar López, fue un “nuevo intento por seguir ocultando la terrible historia de ese espacio”.

La ARMH espera que Paradores redacte un protocolo para que no puedan volver a ocurrir cosas como la pretensión de celebrar en el de San Marcos de León, el pasado carnaval, un lugar que fue campo de concentración prometiendo a sus clientes la experiencia real de un prisionero. “No se puede banalizar la historia y el sufrimiento que causaron los fascistas en un lugar como ese”, añade Silva. Y concluye: “El ministro Hereu debería disculparse ante las familias de las víctimas por el carnaval con experiencia de prisionero que convocó el Pàrador de San Marcos de León y ser ejemplar en el respeto a la memoria de las víctimas y en el rechazo a la represión franquista”.

El ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, ha acudido a la ciudad de León este viernes para visitar el Parador de San Marcos junto a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; el alcalde leonés, José Antonio Diez; y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Con motivo de su visita, el ministro ha anunciado que el Gobierno licitará el póximo 30 de junio el proyecto de obras la segunda fase de 'ampliación' del Hostal, anunciadas en el año 2020 sin ningún avance hasta ahora.

“El Consejo de Administración de Paradores Nacionales va a licitar la asistencia técnica para elaborar el proyecto básico y ejecutivo de lo que sería la ampliación”, ha comenzado el ministro Hereu su declaración, al finalizar su visita por San Marcos. “Esta será una ampliación en lo que era la huella de la anterio fase que se demolió en el año 2018 y que nos permitirá ampliar la capacidad en 50 habitaciones y, también, salones polivalentes”, ha especificado el ministro, que ha añadido que este trámite cuenta con una inversión 1,5 millones para la asistencia técnica, que dará paso a otra fase para invertir 30 millones.

Las obras de la primera fase del Parador de San Marcos fueron anunciadas por el Gobierno de Zapatero en el primer semestre del año 2011 y no se iniciaron hasta finales del año 2017, ya con el Gobierno del PP. Unos meses después, en mayo de 2018, comenzaron las demoliciones de varios edificios en una zona que iba a disponerse para la segunda fase, anunciada de nuevo por el Gobierno socialista en 2020, aunque sin fechas de ejecución. Antes de estos derribos el Parador contaba con más de 200 habitaciones en total: 26 en el antiguo edificio y más de 175 en las construcciones aledañas que desaparecieron después de 2018.

Durante la primera fase de las obras en el Parador, el edificio antiguo de San Marcos pasó de 26 habitaciones a 56 y, hoy, el ministro ha anunciado que a estas se añadirán otras 50 cámaras. De esta forma, el Hostal contará con más de un centenar de alojamientos que, sin embargo, suponen una pérdida de la mitad de sus antiguas habitaciones.

Sin embargo, el ministro no ha querido aclarar plazos en los que se llevará a cabo la licitación ni el desarrollo de estas obras aunque ha adelantado que conllevarán “un plazo de varios años” que se suman a los cinco de retraso.

El Foro por la Memoria de León propone al Ayuntamiento de León que, sumándose a la iniciativa del artista alemán Gunter Deming, que en 1990 puso en marcha un proyecto para recordar a las personas deportadas y asesinadas por el régimen nazi, coloque ‘piedras de tropiezo’ o ‘stolpersteine’ delante del Parador de San Marcos, “que debe ser un lugar de memoria, con mayúsculas, en la ciudad, dado que fue uno de los campos de concentración del fascismo más sangriento de la dictadura franquista”.

No se debe permitir, señala el colectivo, que se esconda la historia de un edificio en el que sus visitantes deberían conocer para no olvidar los crímenes y la barbarie cometidos en su seno durante la dictadura franquista. Añaden que, tal y como ha denunciado Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, “en San Marcos estuvieron detenidas ilegalmente miles de personas que fueron torturadas, ‘reeducadas’ y asesinadas, mientras que pistoleros falangistas de la provincia de León sacaban de San Marcos a prisioneros republicanos para asesinarlos impunemente”.

Este lugar, subrayan, como ya han reclamado en 2020 el premio Cervantes Antonio Gamoneda, Almudena Grandes, Julio Llamazares, Juan Carlos Mestre, Manuel Rivas, Ismael Serrano, Pilar Bardem, Juan Diego Botto, Olga Rodríguez y un centenar de firmas de la literatura, el arte, la historia y el cine, como también lo ha reclamado en 2021 Izquierda Unida de León, y en 2025 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), debe recuperar la memoria de las terribles violaciones de derechos humanos y cuya memoria debe conservarse como patrimonio del sufrimiento de sus víctimas que sirva para denunciar las atrocidades del fascismo español.

El proyecto de las ‘stolpersteine’, que se debería hacer en colaboración con el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de León y del Grupo de Investigación Hismecon de la ULE, especializado en Historia y Memoria Contemporánea.

La rectificación y propósito de enmienda de Paradores tras la polémica por la retirada campaña que proponía vivir un “carnaval entre rejas” en San Marcos, que fue cárcel y campo de concentración franquista, no ha convencido a la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), que no baja el tono de la crítica. El colectivo, que salió a denunciar públicamente la oferta finalmente fulminada y que pidió luego “sanciones” por la “mofa” a las víctimas, acusa ahora a la red estatal de “equidistancia” por hablar de Guerra Civil en León y “despojar” a las mujeres presas de su condición política e intelectual.

Paradores aprovechó la retirada de la oferta, enmarcada en una campaña nacional que sugería temáticas alusivas a los establecimientos como ‘El hombre de Cromañón’ para los clientes del Parador de Antequera (Málaga) o ‘Un cuento de princesas’ para los de Alarcón (Cuenca) a través de un blog, para añadir a su página web alusiones a la historia de San Marcos, “un edificio con siglos de vida, multitud de usos y episodios históricos, muchos con luces, pero también algunos con sombras”. Y es que la cadena ha estado, ya antes incluso de la polémica por el carnaval, en el ojo del huracán por la forma de tratar su pasado como cárcel y campo de concentración, limitada a una placa instalada en 2021 en el interior del recinto.

Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos, las líneas añadidas a la web han soliviantado a la ARMH, que acusa a Paradores de mantener “un discurso equidistante”. “Durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura”, reza parte de la publicación de la cadena, “el edificio fue utilizado como campo de concentración, convirtiéndose en una de las prisiones más duras del noroeste de España. Miles de prisioneros pasaron por sus muros, personas de distintos perfiles: intelectuales, políticos, militares e incluso mujeres”.

El colectivo, que había solicitado recientemente la instalación de una placa explicativa en el exterior del edificio para ser declarado como Lugar de Memoria, afea en primer lugar la alusión a una Guerra Civil que “nunca hubo en León”. “Explica que fue utilizado como campo de concentración durante la guerra civil, sin especificar que se utilizó para detener ilegalmente a miles de personas; quiénes eran los carceleros y quienes los encarcelados”, señala la ARMH en un comunicado en el que abunda: “Se utiliza así el argumento de la guerra civil para un lugar en el que no hubo ninguna guerra en 1936 porque triunfaron los golpistas, se hicieron por la fuerza con el poder y habilitaron San Marcos para internar en él a miles de hombres y mujeres republicanos, para clasificarlos y decidir a quiénes había que asesinar impunemente y a quiénes había que detener durante años, y quienes lo decidieron fueron los golpistas de julio de 1936 quienes utilizaron una terrible violencia”.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, acusa a Paradores de caer en “la vieja narrativa de utilizar el término guerra civil para generar equidistancia y falsear la historia”. Con raíces familiares leonesas, Silva añade que “en León no hubo dos ejércitos disparándose, ni una trinchera frente a otra”. “Los fascistas dieron un golpe de Estado y comenzaron una cacería contra los hombres y mujeres que defendían la democracia. Un texto que dice comprometerse con la memoria histórica no puede practicar la equidistancia”, censura.

“Desprecio a la verdad”

En segundo lugar, la ARMH considera que el texto “invisibiliza el papel político de las mujeres que no se sumaron al golpe de Estado porque defendieron al Gobierno democrático de la Segunda República”. Lo hace, sostiene el colectivo, al hablar de “intelectuales, políticos, militares e incluso mujeres”. Ese “incluso mujeres” las “está excluyendo del grupo de intelectuales y políticos despolitizando las vidas de quienes fueron internadas en el campo de concentración por razones políticas y por su actividad intelectual”.

“Que esta sea la corrección de Paradores para mostrar que tiene un compromiso con la memoria histórica y lo haga escondiendo las identidades políticas de los verdugos y de las víctimas es un desprecio a la verdad y una falta de respeto a quienes sufrieron la dura represión del campo”, añade Silva, quien sugiere que la campaña de carnaval finalmente retirada “pudo no ser una coincidencia porque ahonda en esa banalización de lo ocurrido dentro de sus muros junto con una profunda falta de respeto hacia las víctimas”.

Fue cárcel en la que estuvo interno Francisco de Quevedo, campo de concentración franquista que albergó a miles de presos, muchos de ellos muertos, y ahora, apenas unos días después de que la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) propusiera nombrarlo como Lugar de Memoria, el Parador de Turismo San Marcos de León se convertirá en una “prisión de lujo” en la que los clientes podrán vivir un “carnaval entre rejas”.

Estas últimas alusiones son citas literales que aparecían en esta web oficial de la red estatal, enmarcadas en su campaña de celebración de la fiesta pagana en sus establecimientos. Las expresiones, pretendidamente jocosas, han sido denunciadas por la ARMH como “un insulto a las víctimas” al recordar que “allí fueron detenidas ilegalmente, torturadas y muchas de ellas asesinadas por grupos de pistoleros falangistas que los sacaban de campo para asesinarlos impunemente”.

Dado el revuelo de esta 'campaña' de supuesta promoción de sus establecimientos, fuentes oficiales de Paradores Nacionales han asegurado ante una consulta de ILEÓN que se ha eliminado la totalidad de la polémica publicación, que califican de “desafortunado error”, y con un enfoque que “lamentamos”.

El caso del airado turista alemán

El episodio no viene más que a ahondar en la polémica por cómo este establecimiento de la red de Paradores de Turismo lidia con el pasado de su edificio como cárcel y campo de concentración. La ARMH exigió hace escasas fechas la instalación de una placa en el exterior del inmueble y a la vista de todos los paseantes por la zona en la que se explique su papel durante la represión franquista al afear que la actual, instalada en junio de 2021, está ubicada en el interior.

El pretendido homenaje no convenció al turista alemán Wilfried Stuckman, que incluso logró que le devolvieran el dinero por una estancia en 2014 al sentirse engañado por no disponer de información sobre el uso que se dio al complejo durante la Guerra Civil española.

Tras “esconder” la historia del edificio, ahora Paradores propone “disfrazar de prisioneros a los que participan en el carnaval”, afea la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Se trata de una clara banalización del dolor de las víctimas que fueron detenidas y torturadas en sus instalaciones y una convocatoria de mal gusto que atenta contra la memoria de esas víctimas que debe ser respetado y recordada como un pasado traumático que no se debe volver a repetir”, señala el colectivo.

Emilio Silva: “Enorme falta de respeto a las víctimas”

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, va más allá. “Si algo similar ocurriera en un lugar de detención ilegal del nazismo en Alemania o Austria el responsable acabaría sentado delante de un juez”, sostiene tras tachar la iniciativa de Paradores de “enorme falta de respeto a las víctimas de los miles de prisioneros que sufrieron en sus instalaciones la violencia de los golpistas”. “Por eso”, añade, “exigimos que se retire esa campaña y que se deje de disfrazar ese edificio como un lugar en el que no ocurrieron terribles hechos históricos y que se señalice con todo rigor y visibilidad la historia del sufrimiento de los prisioneros y prisioneras republicanos”. Como queda explicado, Paradores hizo desaparecer esta publicación de manera completa de su web oficial, donde había permanecido.

Visibilizar el violento pasado del monumento leonés

La citada campaña propone otras temáticas como ‘El hombre de Cromañón’ para los clientes del Parador de Antequera (Málaga), ‘Un cuento de princesas’ para los de Alarcón (Cuenca) o ‘El señor del Castillo’ para los de Ciudad Rodrigo (Salamanca). “Si tu disfraz de preso te tiene recluido, el Parador de León será tu prisión de lujo. Ubicado en un antiguo monasterio, este Parador te ofrece una ”celda“ de comodidad, con una arquitectura impresionante y una historia que te hará sentir como un recluso real”, rezan las líneas dedicadas a la oferta en San Marcos.

El caso es que hace apenas unos días que Paradores se comprometió a hacer visible su pasado después de que la revista National Geographic eliminase la candidatura de San Marcos a ‘Mejor hotel con historia’ precisamente al hilo de las quejas familiares de víctimas de la represión franquista por recluir la placa alusiva al interior. La ARMH había pedido eso mismo para que el edificio pudiera tener la consideración de Lugar de Memoria. Y ahora esta polémica asociada a una campaña de carnaval viene a escribir el último (por ahora) episodio del permanente desencuentro de San Marcos con su historia. 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exigió este miércoles al Gobierno de España que el Parador de San Marcos de León sea declarado como Lugar de Memoria y que se coloque junto a la puerta principal de su fachada una placa que explique que “fue un campo de concentración en el que los fascistas que dieron el golpe de julio de 1936 detuvieron ilegalmente a miles de hombres y mujeres que defendieron un país que siguiera viviendo en democracia”.

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, “no se puede seguir ocultando la historia de ese edificio en el que se práctica un claro negacionismo”, ya que “no se dice nada en su página web”, mientras que “la placa que se instaló hace unos años está en un lugar que no es de tránsito”, de forma que “debe contarse en su fachada y en un lugar y con un tamaño perfectamente visibles”, informa la Agencia ICAL.

Fue en junio de 2021 cuando Paradores puso una placa sólo visible desde el interior del recinto en un acto al que acudió el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El homenaje no convenció al turista alemán Wilfried Stuckman, quien en 2014 logró que le devolvieran el dinero de la estancia de dos noches al sentirse engañado por alojarse sin saber que el edificio había sido campo de concentración durante la Guerra Civil. Y la propia ARMH criticó al secretario provincial del PSOE y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, por “ponerse medallas” con ese acto, en el que se recordó que el actual Parador de Turismo también fue cárcel en la que estuvo preso Francisco de Quevedo.

Ahora, Silva recuerda que el Parador de San Marcos de León “fue utilizado por los golpistas de julio de 1936 como un campo de concentración en el que fueron detenidas ilegalmente miles de personas” que fueron “torturadas y asesinadas”, mientras que “pistoleros falangistas de la provincia de León recogían en sus instalaciones a prisioneros republicanos que querían asesinar impunemente”. “Se trata de un lugar en el que ocurrieron terribles violaciones de derechos humanos y cuya memoria debe conservarse como patrimonio del sufrimiento de sus víctimas que sirva para denunciar las atrocidades del fascismo español”, añadió.

Asimismo, apuntó que “los pocos elementos que puedan dar pistas sobre lo ocurrido en él se encuentran en lugares apartados del tránsito normal de quienes acceden al recinto”, lo que se supone “una forma de esconder y de hacer socialmente insignificante el dolor de miles de familias”.

Frente a ello, puso de relieve que la Ley de Memoria Democrática prevé que “el departamento competente en materia de memoria democrática establecerá la identidad gráfica de los lugares de memoria democrática para su señalización y difusión oficial, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente en materia de imagen institucional”.

Por este motivo, la ARMH solicitó que el Parador de San Marcos de León sea declarado lugar de Memoria Democrática y que en su puerta de la fachada principal se coloque una placa que lo señale y que explique a la ciudadanía las razones por las que el edificio debe ser recordado por “los terribles acontecimientos que ocurrieron en él”, así como que “se reconozca a sus víctimas y se denuncie a quienes lo convirtieron en un campo de concentración para reeducar o exterminar a quienes los fascistas consideraban malos españoles”. De igual forma, exigió que esa información se incluya en su página web.