El Ayuntamiento de Bembibre (León) ha dado luz verde este viernes al presupuesto municipal para 2026, que asciende a 11,9 millones de euros, con el respaldo exclusivo del equipo de gobierno y el rechazo de todos los grupos de la oposición.

Las cuentas establecen 11.936.777 euros en ingresos y 11.871.603 euros en gastos, lo que, según el Ejecutivo local, garantiza un equilibrio presupuestario como eje principal de la gestión económica.

A estas cifras se suman los presupuestos de los organismos dependientes.

El Patronato Deportivo Municipal manejará 392.050 euros; el Patronato de Acción Social, 55.300 euros; y el Patronato de Fiestas, 441.420 euros, incluyendo gastos pendientes del ejercicio anterior.

Por su parte, la empresa pública Pibasa contará con cerca de 600.000 euros en ingresos frente a algo más de 533.000 en gastos.

En el apartado inversor, el Ayuntamiento prevé movilizar 1,32 millones de euros, con aportaciones destacadas de la Diputación de León, que financia más de 570.000 euros, frente a los cerca de 176.000 euros de la Junta de Castilla y León. El Consistorio aportará fondos propios y recursos procedentes de la venta de fincas.

Entre las actuaciones previstas figuran proyectos como el albergue de Labaniego en el Camino Olvidado, la señalización del Camino del Manzanal, obras de pavimentación, mejoras en edificios públicos, renovación de equipamientos urbanos o la instalación de sistemas contra incendios.

Además, el municipio contará con los 625.000 euros del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) de la Diputación, que se destinarán, entre otras actuaciones, a la mejora de las piscinas municipales y espacios verdes.

El equipo de gobierno ha subrayado que el presupuesto se presenta sin deuda viva y sin incremento de impuestos, al tiempo que contempla un gasto en personal del entorno del 32% del total, dentro de los parámetros habituales, y con previsión de ampliar la plantilla.

El pleno del Ayuntamiento de Villablino aprobó el presupuesto municipal para el año 2026 que asciende a 6.304.202,83 euros. Tiene un incremento de 231.516,52 euros, sobre el del pasado año, que supone un 3,8%.

El acuerdo contó con el respaldo de diez votos, los seis del grupo socialista y los cuatro de la coalición de izquierdas Podemos-IU y la abstención de los tres integrantes del grupo popular.

El alcalde, Mario Rivas, agradeció el respaldo de la coalición de izquierdas entendiendo que con su posición favorece la creación de “un clima social adecuado para afrontar los restos de futuro”, máxime al comprender que es difícil asumir y apoyar unos presupuestos “que no has hecho, aunque hemos tratado de consensuarlos lo más posible”.

La portavoz de la coalición Podemos-IU, Silvia Mozo, argumentó su sentido del voto en que varias partidas se van a destinar a propuestas hechas por su grupo, entre las que nombró las destinadas a la adecuación del matadero municipal, el estudio para la construcción de un campo de fútbol de césped artificial, el incremento de las dotaciones a juntas vecinales o el apoyo al patsuezu.

Por su parte, el portavoz accidental del Grupo Popular, José Antonio Lamagrande, calificó el paquete presupuestario como “acertado”. Y defendió su posicionamiento en la disconformidad especial con la celebración del Festival de Exaltación del Fisuelo, al entender que se debería desvincular de Santa Bárbara para “sacarle un mayor rendimiento al gasto”.

Y recordó que gracias a su abstención se aprobaron los presupuestos del pasado año. No obstante, el alcalde defendió la celebración en esa fecha como una forma de potenciar la festividad minera y anunció la posibilidad de crear una semana cultural en torno a Santa Bárbara, propuesta que también tiene el visto bueno de la coalición de izquierdas.

Con todo ya definido, se enzarzaron unos turnos de réplicas y contrarréplicas los dos grupos de izquierdas, más de elogios y muestras de buena voluntad “una vez acabado el proceso electoral”, con una voluntad de gestos para buscar una “unidad de acción para hacer un frente común y exigir ante a las administraciones superiores”, explicó Guillermo Murias (Podemos-IU).

Las intervenciones llevaron a Lamagrande a afirmar que, en lugar de ser el día de San José, “más parece el día de San Valentín”, quizá recordando un poco lo agrio del debate presupuestario del pasado año; comentario que no fue del agrado de la portavoz de la coalición.

Las cuentas registran un notable incremento en el capítulo de inversiones, en parte gracias a la reducción de la deuda municipal, que, según explicó la socialista Mercedes Fisteus, en “este momento la deuda viva es de un 66,41%”, casi la mitad de la que dejó el último mandato de la también socialista Ana Luisa Durán, que superaba ya el límite permitido por el Ministerio de Hacienda.

Y un asunto al que ninguno de los grupos hizo mención es la anomalía económica estructural, que desde hace décadas supone para la entidad municipal el desmesurado capítulo de gastos de personal, que en este ejercicio asciende a un 57% del total.

El Ayuntamiento de León ha aprobado una modificación de crédito de 9,37 millones de euros, justificando que son para obras y servicios urgentes, como casi 4 millones de asfaltado en calles de la ciudad, en un Pleno extraordinario marcado este viernes por la falta de presupuesto municipal y la fuerte confrontación política.

El crédito extra salió adelante con el apoyo del concejal tránsfuga Ildefonso del Fueyo, que rompió con Vox, bajo cuyas siglas se presentó. Su voto favorable a la iniciativa del equipo de gobierno socialista resultó determinante para conseguir aprobar la iniciativa del grupo del alcalde José Antonio Diez, el cual gobierna en minoría, y dado que la otra edil de Vox votó en contra y Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Leonés (UPL) se abstuvieron. Y es que todos coincidieron en los reparos de legalidad que ha observado el interventor municipal, por un lado -precisamente hoy estaba de vacaciones-, y la innecesaria celeridad cuando justo dentro de una semana se celebrará un Pleno que será el ordinario del mes.

La medida se presentaba como esencial para, a pesar de no contarse con un presupuesto para este año, que el PSOE no ha presentado porque UPL no estaba dispuesto a aprobar esta vez, se pudieran financiar actuaciones urgentes en la ciudad. Muy en especial destacaba la partida para el asfaltado de calles, con cerca de cuatro millones de euros, coincidiendo todos los grupos que su estado tras las lluvias es calamitoso con carácter general. También se incluía dinero para el mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas y otros edificios municipales.

El expediente, tramitado por la vía de urgencia, se sostiene sobre el uso del remanente de tesorería, pero ha estado rodeado de polémica por el informe de Intervención que advierte de posibles incumplimientos de la estabilidad presupuestaria al incorporar nuevos gastos sin garantizar los necesarios ingresos que los compensen. Una objeción que la oposición ha utilizado para cuestionar la legalidad y la gestión económica del equipo de gobierno, afeando que sea un modo de actuar habitual.

El concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, defendió la propuesta como imprescindible para evitar la paralización de servicios básicos y proyectos en marcha, restando importancia al reparo del funcionario y asegurando que el análisis definitivo deberá hacerse al cierre del ejercicio. También reprochó a los grupos de la oposición que hablen de irregularidades sin manejar todos los datos.

Desde el Grupo Popular, su portavoz David Fernández cargó con mucha dureza contra el alcalde y su equipo, a los que acusó de gobernar sin rumbo y de recurrir a la improvisación, especialmente en materia de obras. Tal fue su énfasis que el regidor le censuró su manera de “sobreactuar”, dijo. Por su parte, la única concejala que le queda a Vox , Blanca Herreros, rechazó la modificación por considerarla un “parche” y denunció falta de transparencia, insistiendo en que no respaldará iniciativas bajo sospecha.

Por su parte, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, optó por ponerse de lado esta vez y argumentó su abstención. Y es que defendiendo el interés de muchas de las inversiones incluidas para la ciudad en esta especie de 'decreto ómnibus', consideró preocupante el contenido del informe crítico de Intervención. Por su parte, el propio Del Fueyo, pese a facilitar la aprobación con su voto favorable determinante, también críticas al contexto político que rodea la decisión.

Es lo más básico y además es absolutamente obligatorio con la legislación en la mano: antes de que acabe un año, las instituciones públicas deben tener aprobado de manera definitiva su presupuesto general para el año siguiente. No hacerlo conlleva quedarse sin hoja de ruta para decidir las inversiones, los gastos, las políticas de personal y todo cuanto hace que una administración pública funcione de manera correcta.

Y pese a todo eso, 2026 será el año sin presupuesto. En la provincia de León ha comenzado el ejercicio sin que ninguna de las más importantes instituciones dispongan de cuentas públicas en vigor. Y sin que tampoco a priori vaya a suponer consecuencias políticas de ningún tipo. De arriba a abajo, no hay presupuestos generales del Estado que definan las inversiones del nuevo año por parte del Gobierno que encabeza el PSOE, pero tampoco han salido adelante las de la Junta de Castilla y León, con un Partido Popular (PP) en franca minoría y a las puertas de unas inminentes elecciones.

Por su parte, ninguno de los tres principales municipios, León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, disponen de nuevas cuentas para este 2026. En el primero gobierna el PSOE en minoría pero con apoyos puntuales de Unión del Pueblo Leonés (UPL); en la capital de El Bierzo le pasa lo mismo al insuficiente pacto de PP con Coalición por El Bierzo; y en San Andrés prácticamente toda la oposición se impone a un ínfimo equipo de Gobierno leonesista.

Y en esa lista sólo hay una excepción: la Diputación de León, el ayuntamiento de los pequeños ayuntamientos. La institución provincial ha sido la única en romper la maldición del nuevo año y antes de que acabara 2025 se produjo la aprobación definitiva de sus cuentas, que contaron con el voto favorable de los dos partidos que cogobiernan, PSOE y UPL, frente al rechazo este año del PP y del único diputado provincial de Vox.

El problema estriba en que incluso contando con un presupuesto, en realidad su impacto es muy relativo y bastate escaso. La cifra global se eleva a una nueva cifra récord, 240 millones de euros, pero la institución lleva casi una década lastrada por una falta de ejecución presupuestaria galopante que hace que el dinero sobrante de año en año, los remanentes, también sigan creciendo de manera exponencial. Hasta tal punto que ese dinero 'en los cajones' está siendo ya prácticamente igual que la cifra presupuestaria: El año pasado fue de 233 millones.

Lo primero que eso significa es que las cuentas originales, en cuanto concluye la liquidación, allá por la primavera, se quedan en papel mojado porque prácticamente se duplican las partidas con los millones remanentes. Lo segundo es que, en previsión de que eso ocurra, como todos los años pasa, las partidas del presupuesto original son mucho más bajas e irreales.

Un desglose y mucha continuismo

Entre las grandes cifras iniciales, destacan casi 66,5 millones que irán a gastos de personal, un 27,71% del total para una plantilla de 1.350 trabajadores, mientras los gastos ordinarios serán de 86 millones. La suma de otros 64 irán a parar al área social, el 27% del total del presupuesto, sobre todo para el millonario contrato de la ayuda a domicilio. Pero las inversiones reales, una de las partidas más relevantes para los pequeños pueblos de la provincia, se situarán en poco más de 32 millones, cuatro más que en el presupuesto anterior.

Por otro lado, el hecho de que la Diputación sí disponga de presupuestos no significa grandes novedades más respecto, por ejemplo, al año anterior, ya que hay muy pocas partidas nuevas con dotación económica relevante: apenas un millón para el arranque de la construcción de una residencia universitaria de la Diputación en la capital leonesa exclusivamente para jóvenes empadronados en pequeños municipios. Se trata en realidad de reservar una partida inicial para ejecutar el proyecto en un solar sobrante en el barrio de La Granja, en León capital, tras comprobarse el año pasado que fue un fracaso subastarlo por 1,2 millones para construir viviendas, ya que nadie lo quiso. Y como novedad también, 400.000 euros para que los ayuntamientos leoneses elaboren elaborar planes de emergencia en prevención y extinción de incendios forestales, tras el peor verano en la historia de la provincia, y fruto de un compromiso alcanzado con la Junta de Castilla y León. El resto de las cuentas son prácticamente continuistas.

Pero quitando la excepción en el Palacio de los Guzmanes, la provincia leonesa afronta uno de los años con mejor fiabilidad presupuestaria de los últimos tiempos. El débil panorama del pacto de Gobierno central, con Junts forzando la situación, han obligado a Pedro Sánchez y sus socios a quedarse si ni siquiera presentar el borrador de sus cuentas, que por otra parte en el apartado de inversiones otros años han sido muy escasas para León.

La minoría y las elecciones

Sí hizo un amago abocado al fracaso el PP en Castilla y León que lidera Alfonso Fernández Mañueco, que fue frenado por toda la oposición, incluyendo a sus exsocios de Vox. Aquí sí hubo proyecto de presupuestos, resaltando los populares que León, con 285 millones de euros, se llevaba la mayoría de las inversiones, aunque sólo de las que están provincializadas, ya que muchas no lo están. El ambiente preelectoral, por momentos casi de campaña, no ha facilitado que se hayan ni siquiera debatido las cuentas para 2026 en las Cortes de Castilla y León.

También el impacto preelectoral ha hecho que UPL no haya reeditado esta vez el apoyo a los presupuestos que plantea el PSOE del alcalde José Antonio Diez en León capital, que se ha producido siempre en el anterior mandato y lo que va de este salvo cuando hay elecciones a la vista, esta vez no municipales pero sí autonómicas. Públicamente, el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, no admitió ese efecto y se limitó a declarar que esperaban unos meses para ver si aumenta el grado de cumplimiento de las enmiendas aceptadas por el PSOE todos estos años precedentes a cambio de los votos leonesistas.

En Ponferrada, PP y CxB siguen sin sumar suficientes votos tras la ruptura del pacto inicial con Vox, otorgando sueldos a sus dos ediles pero sin cargo, concejalía ni responsabilidad alguna, y ese es el motivo de que tampoco haya ni siquiera borrador de cuentas para este año.

Y más precaria aún es la situación numérica de UPL en el frágil Gobierno municipal del tercer municipio leonés en población, San Andrés del Rabanedo, que por no poder, ni siquiera puede sacar adelante la tasa de gestión y reciclado de residuos, abocando por tercer año a la pérdida de un millón de euros a causa del incumplimiento. Por eso no ha tenido presupuestos ni un sólo año de este delicado mandato.

Con todo eso, el año que arranca para la provincia leonesa se presenta más incierto que nunca en lo más básico y, sobre el papel, lo más importante que debe cumplir una administración pública y que deben impulsar sus gobernantes. Está por ver si tras las elecciones autonómicas de marzo todavía alguna institución se reengancha a la normalidad.

IU ha rechazado este martes los presupuestos de la Diputación de León para 2026, aprobados a mediados de este mes, por la externalización cada vez más importante en los servicios sociales que presta la institución y por no crear un plan de acción para mejorar el mal estado de la red provincial de carreteras.

El coordinador local de IU León, Ruben Estévez, ha criticado, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el alcalde de IU en Garrafe de Torío, Miguel Flecha, la apuesta de la Diputación en la externalización de servicios en “detrimento de la gestión pública” directa del servicio, poniendo como ejemplo el contrato de ayuda a domicilio, cercano a los 24 millones de euros.

“Debemos recordar que cada vez que se lleva a cabo un proceso de privatización de un servicio, la empresa adjudicataria obtiene un beneficio económico aparte, que repercute en los derechos laborales de los trabajadores y en la calidad del servicio prestado”, ha explicado Estévez.

Una situación, a la que se suma que respecto a los servicios sociales que presta la institución las competencias corresponden a la Junta de Castilla y León, y que si bien se recibe una transferencia económica de la administración autonómica, “esta dista mucho de ser suficiente para cubrir el servicio con garantías, además de la merma que supone para los recursos de la Diputación”, ha añadido Estévez.

En lo relativo a la red de carreteras provinciales que cuenta con más de 3.300 kilómetros y que son de competencia directa de la Diputación, la coalición de izquierdas ha subrayado que la situación de las vías es bastante preocupante por su “mal estado”.

A este respecto, desde IU se ha propuesto que se establezca una mesa de diálogo entre la Diputación y la Junta de Castilla y León para valorar qué carreteras de la red provincial pueden tener un interés autonómico de modo que sean transferidas a la Comunidad Autónoma para que sean mantenidas por esta, ha señalado Estévez.

Igualmente, y de forma paralela, la coalición ha recalcado que la Diputación debe priorizar las carreteras provinciales en las que actuar, atendiendo a criterios técnicos y priorizando aquellas que se encuentren en peor estado.

En su comparecencia ante los medios, IU también ha criticado que la Diputación carezca de un Plan de Gestión de Residuos a pesar de tener competencias directas en los municipios de menos de 5.000 habitantes y tampoco ha realizado un estudio previo para determinar el coste real del servicio tal y como establece la Ley, “haciendo nuevamente dejación de sus competencias”.

Por todo ello, desde IU se opina que la Diputación debe dar un giro en sus políticas, garantizar que sus competencias quedan atendidas para favorecer a los municipios de la provincia y simplificar toda la tramitación en m materia de subvenciones tanto a los ayuntamientos como a las juntas vecinales. 

Un servidor que no admite imposiciones de ningún tipo en cuestiones o posiciones políticas, aun teniendo mi predisposición, ésta no me condiciona en absoluto, por lo que me considero independiente de cualquier posición política nacional, siendo el único interés que me mueve el reconocimiento de la autonomía leonesa, para que dejemos de ser una colonia castellana dentro del territorio nacional. Situación ésta, defendida y favorecida por todos los partidos de carácter nacional. 

Desde esta situación personal, requiero y/o demando al resto de ciudadanos leoneses votantes en esta situación político-geográfica de colonia, que no voten en clave nacional de acuerdo a sus ideales políticos, sino que lo hagan en conciencia de ser una persona colonizada demostrando que sabemos decir algo más que sí, bwuana.

PSOE: las 'promesas' de Cendón

Tenemos un PSOE, a través de su cabeza visible, Javier Alfonso Cendón, que nos ha repetido varias veces que Torneros no estaba olvidada, y que se pondría en marcha. El ministro de turno, destina 1.000 millones para talleres de Renfe y ni un solo duro para los talleres que están en León. Esto implica que los talleres no se trasladen a Torneros, (siguiendo en planos) cuando su situación actual es un impedimento para el soterramiento en León y en San Andrés. Señor Cendon ¿Sigue usted en su mentira apostando por Torneros en este momento?

El señor Cendon nos dijo que los tranvías, para la Feve, estaban en ejecución, resulta que de ellos nadie sabe nada y que en 14 años (siete de gobierno del PP y otros siete del PSOE), no ha habido ni reuniones, ni informes, es decir todos los políticos, de cualquier color, han pasado del tema.

El PSOE nacional nos envía a José Antonio Santano Clavero, Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, a reírse de los leoneses, con acompañamiento de los dirigentes de la diputación (ovejas del si, guana), al proponer un autobús eléctrico previa eliminación de los raíles. 

Y lo hizo poniendo todo tipo de pegas, que si la catenaria, que si los cruces, etcétera, etcétera... Señor Santano, los leoneses no somos indios que no salimos de casa, ni carecemos de conocimiento, todo lo contrario, vemos como en otras ciudades estos problemas no han sido tales. Lo lamentable, a mi modo de ver, es que, una vez soltado el discurso negativo por el señor Santano, los acompañantes (alcaldes de ayuntamientos afectados) no se levantaran de inmediato, dejándolo solo en la mesa junto al presidente de la Diputación. Quien, en lugar de defender a los ciudadanos de los pueblos que representa, y que tienen interés en el buen funcionamiento de la Feve, viniera a mostrarse como portavoz de los ciudadanos de la capital, a quienes pregunta a ver si ellos quieren un tranvía o no. 

Las promesas de San Marcos, sin respuesta, ahora parece que lo proyectado viene minorizado, ocultando aquéllas que hizo el secretario del PSOE leonés.

El problema estriba en que los diputados, Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández Benéitez, no llevan los problemas de sus representados a Madrid, porque de hacerlo no estarían bien vistos, y considerados como buenos Kapos a su disposición del partido, por traer problemas y enfrentamientos con otros miembros del PSOE, con lo cual su situación en la foto próxima se vería afectada. 

Ejemplo de la 'dejadez' que les acompaña es, sin ir más lejos, criticar al piloto que no pudo aterrizar en León, con lo que se perdió la posibilidad de realizar un trasplante de corazón, en lugar de reclamar –¡De inmediato!– para el aeropuerto de León el ILS 3 de acercamiento a pista. Es el de León, el único aeropuerto del noroeste español con frontera espacio Schengen que carece del ILS 3. Con lo cual nos está anunciando el gobierno lo que piensa, sobre el aeropuerto de La Virgen del Camino. 

PP: la mala gestión de Quiñones

Por el otro lado tenemos al Señor Quiñones, cuyos objetivos de despoblación de la Junta van con matrícula, tras la mala gestión de los incendios que padecimos hace dos años en la Sierra de La Culebra, este año se ha superado con la quema por todas la esquinas de la provincia, a la par que se aprobaba el macrovertedero para residuos industriales peligrosos y no peligrosos, en San Justo de la Vega, y no se empezaron a tomar medidas para que la ceniza de los bosques quemados, arrastrada por la lluvia llegara contaminar las aguas de los ríos (acabe con las truchas), y también los pozos de agua potable.

Los de esta mano, política, después de siete años con la presidencia de Rajoy, no solucionaron ningún problema de los que ahora, con pleno cinismo, exigen que resuelva el gobierno actual. Por si fuera poco, la diputada leonesa Esther Muñoz nos monta un número en el parlamento donde se votó la recuperación de las obras pendientes en León. ¿Y qué pasó con el resultado aprobado?, ¿O dónde está el seguimiento y exigencia del cumplimiento de la votación?

El PP de León no se preocupa de exigir a su gobierno autonómico, la actualización de las UCIs de León y Ponferrada, de la escasez de 2000 enfermeras según la ratio de Europa en la provincia de León. De los institutos, como Villaquilambre; o la negación a un Colegio en Vegas del Condado; o la restitución de los 800 millones que nos deben en los presupuestos de cada uno de los últimos 5 años. Con cuyo dinero la Junta castellana podía hacerse cargo, como otras autonomías, de los servicios de cercanías de Feve.

El resto de los partidos nacionales, reconocen el derecho de los pueblos del estado español, pero todos están contentos con la colonia leonesa en Castilla, y ninguno ha protestado por el acoso y eliminación del pueblo leonés.

Algunos echamos de menos algún portazo o puñetazo en la mesa, por expresarlo de alguna manera, pero no soy yo quien ha de hacerlo… 

Es posible que después de lo expuesto me digáis: ¿Y a quién votamos? Puedo entender que los partidos autonómicos no os complazcan, ante esta situación la abstención es la opción.

Tengo bien claro que hay votantes de uno y otro color que solo lo hacen en la esperanza que los suyos ganen, para asir acceder a un sueldo de persona de confianza en alguna administración, o cargo de relevancia renumerado, diciendo 'si bwuana' convirtiéndose en unos Kapos, sin importarle la situación y la muerte de su tierra 

Algunos pueden decir que aparte de mandar estos escritos, ¿Qué hago? Pues esta es la 234 protesta mensual que efectuó. ¡Ah, que tengo poca fuerza! Si seguro, pero yo no me limito a despotricar solo en las redes en casa, en un sofá, o en la barra del bar

¿Te animas a sumarte, media hora, por ejemplo, el primer sábado del mes de 13 a 13,30 horas? Con opción de acompañarme o no al corte de tráfico desde las 13,45 a las 14 horas en Santo Domingo.

El Partido Popular (PP) critica la incapacidad de gestión del equipo de gobierno PSOE-Unión del Pueblo Leonés (UPL) de la Diputación de León por cuanto solo se han ejecutado el 20% de los 81,5 millones de euros previstos para inversiones reales por la institución provincial hasta el mes de noviembre.

Este balance se recoge en el estado de ejecución del presupuesto conocido en la Comisión de Cuentas celebrada la pasada semana que constata que se han ejecutado poco más de 16,7 millones de euros del capítulo de inversiones. El presupuesto ‘inicial’ contemplaba casi 28 millones de euros de inversiones, a los que se han incorporado, por ahora, 53,7 millones de euros procedentes de los “históricos” remanentes para cerrar la partida de inversiones reales en 81,8 millones de euros.

El portavoz del Grupo Popular, David Fernández, insiste que “los números no engañan” y “la incapacidad de gestión del equipo de gobierno se pone de manifiesto, una vez más, en que, una cosa son los datos fríos y los números en un papel, y otra es la realidad”. De este modo, se desmiente lo avanzado por el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, durante la presentación del presupuesto de la Diputación para 2026 en la que manifestó que el gasto autorizado “se situaría en el 65%”, algo que dista de la realidad a la hora de ejecutar porque, prosigue el portavoz popular, “gasto autorizado es la renovación de nuevo telesilla de Leitariegos y no se ha iniciado”.

“Los mensajes que reiteradamente nos asegura el diputado de Hacienda a lo largo del ejercicio no son ciertos. Los más de 461 millones movilizados son una cifra teórica ya que apenas se han ejecutado 194 millones, de lo que supone que, cuando han transcurrido once meses, se llega al 42% del total del presupuesto”, remarca Fernández, quien exige al equipo de gobierno “celeridad” para no caer, de nuevo, en los errores del anterior equipo de gobierno.

David Fernández insiste que “aquí se demuestra la capacidad de gestión del equipo de gobierno, que dispone de más de 461 millones de euros para impulsar la economía de la provincia y apenas ha ejecutado un 40% cuando sólo queda un mes para finalizar el ejercicio”. Es más, no sólo en las inversiones reales los ratios de ejecución son bajos. El apartado de transferencias de capital, de la que depende el ‘histórico’ Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) apenas tiene un 36% de las obligaciones reconocidas a un mes de que finalice el año.

La Diputación, de este modo y a su juicio, “no está siendo la locomotora económica de la provincia” a pesar de la ‘envidiable’ situación económica que tiene, ya que “no tiene deuda, cancelada en 2018 durante el mandato del PP” y con un remanente ‘histórico’ superior a los 230 millones de euros para este ejercicio, prácticamente el montante total del presupuesto anual.

La Diputación de León se ha convertido hoy en la primera gran institución de la provincia, y de las primeras de Castilla y León, en disponer de presupuesto general ya para el año que viene, 2026, a falta de más de un mes para que termine el año actual.

Las cuentas provinciales ascienden a muy poco más de 240 millones, lo que, como se presentó hace escasos días, supone no sólo un incremento del 4,83% respecto a la cifra inicial del año anterior, sino nuevamente el más elevado de la historia de la institución. Eso sí, esta vez ha salido adelante tan sólo con los votos del equipo de Gobierno, que conforman PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), ya que el Partido Popular (PP) ha decidido abstenerse después de que el año pasado sí otorgara sus votos favorables tras recibir una contestación afirmativa a varias propuestas y enmiendas suyas. El único diputado provincial de Vox ha votado en contra.

Tal y como resaltó nuevamente el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, la cifra global, que crece en 11,1 millones, incluye 6.129.466 euros para el Instituto Leonés de Cultura (ILC), 2.600.000 euros para el Consorcio para la Gestión y Promoción del Aeropuerto de León y 508.275 euros para el Consorcio del Patronato Provincial de Turismo.

Como novedades, destaca una partida de 400.000 euros para que los ayuntamientos de la provincia puedan elaborar planes de emergencia en prevención y extinción de incendios. También una de las novedades recién desveladas pero un poco indefinida aún: un millón para la construcción de una residencia para estudiantes en la Universidad de León que estén empadronados en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes. Un proyecto sin plazo aún ni coste total, ni siquiera número de plazas, pero que será en una parcela del barrio leonés de La Granja que la institución no logró subastar por 1,3 millones de euros para construcción de viviendas. También se incluye una subvención por importe de 805.000 euros para equipamiento y obras en instalaciones deportivas en el ámbito rural.

El equipo de Gobierno socialista y leonesista resalta que el mayor porcentaje del presupuesto, un 26,9%, va destinado al área social, que recibirá 64.395.000 euros: 37.002.262 para servicios sociales, donde destacan los 23,3 millones del servicio de ayuda a domicilio, y 27.393.115 euros para los Centros de Atención Especializada dependientes de la Diputación.

Por su parte, la gestión de residuos se lleva 24.791.977 euros; cooperación 19.572.973 para financiar diferentes planes; 19.028.149 para fomento, de los que 16,5 irán a parar a la red viaria provincial y 17.992.111 para turismo, donde está incluida la dotación para las estaciones de esquí y la Cueva de Valporquero, de 5,2 millones.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis), que incorporará a 25 nuevos bomberos para los parques comarcales, recibirá 10.540.920 euros del presupuesto; el área de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible 9.666.891; la de Empresa, Conocimiento e Innovación Tecnológica (ECIT) 6.372.694, y el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) 5.042.352 euros, entre las partidas más importantes.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo no dispondrá de fondos para organizar actividades navideñas hasta Año Nuevo.

Así lo confirmó el equipo de Gobierno en la última comisión informativa de Cultura, Juventud y Deportes, celebrada el 18 de noviembre. El Grupo Municipal Socialista responsabiliza a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) de esta situación, que califica de “falta de previsión”, “dejadez” y “trilerismo político”.

Según ha precisado el PSOE, la Concejalía ha agotado las partidas presupuestarias en otros eventos, como la Feria de la Cerveza Artesana, que recibió 4.000 euros, o el Slalom, con una dotación de 12.400 euros.

“Dinero hay, pero no voluntad”, han denunciado los socialistas, que reprochan a la UPL no haber impulsado la aprobación del presupuesto de 2025 ni un crédito extraordinario para evitar este escenario.

El grupo socialista ha advertido de que el equipo de Gobierno pretende “enmascarar su incompetencia” apoyándose en actividades altruistas de asociaciones locales, sin aportar financiación municipal. “Será un programa navideño pobre y desilusionante, fiel reflejo de un mandato marcado por la dejadez y la falta de transparencia”, han lamentado.

Los socialistas han recordado que ya habían alertado de esta posibilidad y han acusado a UPL de mantener “su discurso victimista” para justificar la ausencia de gestión. “Están llevando al municipio a unos límites nunca vistos”, han añadido subrayando que esta situación coloca al tercer Ayuntamiento de la provincia “a la cola” en unas fechas tan señaladas.

Desde el PSOE han insistido en que la falta de previsión no es fruto de la falta de recursos, sino de una gestión “errática y soberbia” que, según han afirmado, “beneficia a UPL para seguir culpando a otros y evitar asumir responsabilidades”.

El equipo de gobierno de la Diputación de León, que conforman en alianza el PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) han presentado y defendido a capa y espada un proyecto de presupuestos para el próximo año 2026 dotado con una nueva cifra récord, que se eleva ahora a 240 millones de euros. Se trata de una cuantía prácticamente igual que la de los remanentes o el dinero 'sobrante' acumulado en el último ejercicio, que se alzó este año a 233 millones de euros en total, y que sigue creciendo año tras año hasta casi igual el montante total de las cuentas.

El borrador y todas sus partidas, ya presentados a la oposición, serán objeto de debate y segura aprobación en un Pleno extraordinario este próximo viernes 28 de noviembre, dado que las dos formaciones suman mayoría absoluta. Se trata de un presupuesto “riguroso, inversor, municipalista, con las políticas sociales como prioridad, sin deuda y sin aumento de tributos”, resumió el diputado provincial de Hacienda, el socialista Santiago Dorado, en rueda de prensa junto al presidente Gerardo Álvarez Courel y el vicepresidente y portavoz leonesista Valentín Martínez, en total “sintonía y consenso”.

Por su parte, el Partido Popular (PP) ha reaccionado criticando duramente la propuesta de cuentas, por considerarlas “continuistas” y ver que “no aportan nuevos proyectos ni impulsan la actividad económica”. Eso a pesar de los populares sí votaron a favor el presupuesto en vigor de 2025 con el que lo comparan. El único diputado de Vox se ha reservado su postura.

Las cuentas para 2026 diseñadas por socialistas y leonesistas en el Palacio de los Guzmanes crecen en 11,1 millones más, un 4,8% respecto a las cuentas en vigor resaltó Álvarez Courel, quien agregó que “destinan cada euro, cada céntimo, todos sus recursos” a la lucha contra la despoblación, como admitió que se define siempre año tras año.

Unos 66,5 millones se destinarán a gastos de personal, un 27,71% del total para una plantilla de 1.350 trabajadores, mientras que los gastos ordinarios tendrán una partida de casi 86 millones. 64 irán a parar al área social, el 27% del total del presupuesto. Pero una de las más importantes para los pequeños pueblos de la provincia, las inversiones reales, se situarán en poco más de 32 millones, cuatro más que ahora.

Una residencia universitaria exclusivamente provincial

La principal novedad es la reserva de un millón para el anuncio de construcción de una residencia universitaria de la Diputación en la capital leonesa exclusivamente para jóvenes empadronados en municipios que no sean León, Ponferrada ni San Andrés -fuera de la competencia de la institución- en un solar sobrante en el barrio de La Granja, tras intentarlo subastar por 1,2 millones sin éxito para construir viviendas. No hay estimación del número de plazas, de los plazos de ejecución ni de inversión total, advirtieron, tras matizar que mucho depende de trámites urbanísticos con el Ayuntamiento de León.

El leonesista Valentín Martínez tildó de “gran noticia” las cuentas de 2026, instando a “otras muchas instituciones” a copiar de la sintonía y la mayoría que ellos facilitan en la Diputación, “por y para los leoneses”, insistiendo en que existe total “sintonía del equipo de Gobierno, más que mirar para partidismos”, a pesar de incumplimientos en muchos compromisos de inversión en la provincia por parte del Gobierno central que preside el PSOE que ya el pasado mandato rompieron por la mitad el mismo pacto que ahora, aunque los diputados leonesistas permanecieron al margen de las siglas.

En una nota de prensa posterior, la oposición mayoritaria del PP lamentaba que “este equipo de gobierno del PSOE y UPL no aprovecha los mayores recursos sin deuda para impulsar nuevas iniciativas”, lo que supone que “las cuentas no inciden en las necesidades de los municipios de menos de 20.000 habitantes”, entre otros muchos argumentos que auguran su voto en contra o en el mejor de los casos una abstención, aunque las actuales cuentas sí contaron con su apoyo hace un año al incorporárseles varias peticiones de su grupo.

Izquierda Unida (IU) ha exigido este miércoles la liberalización de la autopista AP-66 (León-Asturias) con la bonificación del 100% del peaje y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, ha informado la coalición en un comunicado sobre una reivindicación recurrente, también realizada en fechas recientes por el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez.

Desde IU se ha recordado la irregularidad reconocida por la Comisión Europea en un dictamen de julio de este año en la prórroga de la adjudicación de esta autopista realizada por el Gobierno del PP de José María Aznar y ha anunciado que abrirá actuaciones en el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo de no cumplirse el dictamen europeo.

La coalición de izquierdas ha entendido que el Ministerio de Transportes debe rectificar su posición y trabajar en la liberalización de la autopista.

A este respecto, la organización ha solicitado que se incluya la previsión de bonificación en los Presupuestos Generales de 2026 ya que “es una situación injusta que se lleva soportando 25 años”.

IU Castilla y León se suma a las declaraciones emitidas por el diputado por Sumar, Rafa Cofiño, quien recordó esta situación en una interpelación al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados.

El representante político denunció la responsabilidad del PP del expresidente Aznar y el exministro Álvarez Cascos, que autorizó en el año 2000 la prórroga del Peaje del Huerna y amplió la concesión a la empresa Aucalsa hasta 2050.

La organización ha llamado a partidos y organizaciones de la sociedad civil a realizar un frente común para reclamar esta liberalización al Ministerio.

“Se deben explorar todas las acciones de presión política, acciones judiciales y movilizaciones para lograr la bonificación”, ha manifestado IU.

Últimamente no hay más que buenas noticias económicas, de esas que algunos creen que se le atragantan a la derecha, y puede que tengan razón, porque lo fácil es crear discurso de oposición con malos datos. Pero lo cierto, me parece a mí, es que la economía de España va bien, al menos si no hablamos de la economía de los españoles, que todos sabemos que son cosas diferentes.

De los españoles y sus penurias ya hablaremos otro rato, que para eso siempre hay tiempo: ahora es momento de felicitarnos de que nuestra prima de riesgo haya bajado, abaratando la renovación de la deuda, de que las agencias de calificación mejoren la calificación crediticia de España, de que diversas agencias internacionales alaben el crecimiento de nuestro país y pronostiquen buen desempeño y buena evolución de nuestro crecimiento. Es el momento de felicitarnos y preguntarnos a qué se debe esta inesperada bonanza.

A mi entender, creo que es mérito del Gobierno.

Es mérito del Gobierno porque lleva años sin aprobar presupuestos, y también este ejercicio se va a saltar la obligación legal de presentarlos. Es mérito del Gobierno por ser incapaz de hacer nada, de aprobar nada, de invertir en nada, y tener que desaparecer, cambiando de tema cada vez que alguien le pregunta por sus planes económicos.

Es mérito del Gobierno por estar ahí, chupando silla, atornillados a la butaca, sin la menor pretensión ni la menor esperanza de convertir en realidad su programa. Es mérito del Gobierno, y también de sus socios, por saber aguantar cuando se les calificó de gobierno Frankenstein. Porque resultó que efectivamente lo eran, pero no por los motivos que la derecha les imputaba: no se trataba de que se coaligaron nacionalistas de varios pelajes con socialistas y neocumunistas (o como se quieran llamar ahora), sino que estaban llevando al poder un experimento inédito en españa, el del ejecutivo de izquierdas , el legislativo de derechas y el judicial de extrema derecha. Ahí queda eso.

Y coño, parece que funciona, porque el ejecutivo de izquierdas mantiene la protestas en el cuarto de los ratones, el legislativo de derechas impide que se apruebe gasto social y el judicial cismontano mantiene abierto el circo de tres pistas que entretiene a los que antes iban al fútbol a los toros, mientras las comunidades autónomas andan caninas como perras y los ayuntamientos las pasan putas para ajustar sus cuentas.

No hacen falta recortes: basta que no haya presupuestos par contener el gasto. No se puede contratar, no se puede ampliar, no se pueden asignar nuevas partidas.

Y por eso va todo tan cojonudamente. Porque no hay Gobierno. Y el no estar, por supuesto, es mérito suyo.

Hay en TwiXter una cuenta parodia de Isabel Díaz Ayuso presidenta cuqui-fake que con mucha coña se ríe de los políticos. Puede que los que adoran a la presidenta de la Comunidad de Madrid lo consideren ofensivo, pero no deja de ser una de esas sátiras de lengua viperina que tanto han cultivado los españoles como dieron gran ejemplo de ello los autores de la Edad de Oro de las Letras Españolas en el siglo XVII. El problema no es que un ciudadano se mofe de un político, es que un político engañe vilmente a los ciudadanos y se ría de ellos.

Y esto es lo que ocurre con los presupuestos que el PP de Alfonso Fernández Mañueco presentó hace dos semanas para la Junta de Castilla y León en el año 2026, que son una burla a la inteligencia de todos los ciudadanos ya que lo más probable es que no se los aprueben en las Cortes; y, de hacerlo, tampoco haya ninguna garantía de que se vayan a ejecutar todas esas inversiones. Es decir, la millonada que corresponde a las provincias leonesas en inversiones reales no tiene ningún viso de llevarse a cabo. Ahora mismo son números irreales que sólo sirven para efectuar una burda propaganda y, cuando sea necesario, una especie de chantaje emocional con el “yo quise pero no me dejaron, miren qué malos son los demás: vótenme”.

Es algo complejo de explicar, porque los políticos están acostumbrados a mentir descaradamente a sus ciudadanos, jugando con las expectativas de lo que van a hacer y luego se olvidan. El 'prometer hasta meter y una vez metido (el voto en la urna) la promesa ha desaparecido', dijéramos. En primer lugar, ahora mismo da igual lo que digan los de Mañueco de que han destinado esa millonada a ningún lugar... porque no es más que una propuesta que no se ha aprobado. Es decir, nada hay en la presentación de unos presupuestos más que propaganda. Más cuando en marzo hay elecciones autonómicas. Pones una buena cantidad de dinero y luego, si no lo aprueban las Cortes te haces la víctima y lloras ante los electores a ver si arrancas un votín.

Téngase en cuenta que hace dos años que Castilla y León no tiene presupuesto aprobado, con lo que tiene prorrogado el de 2024 –que arrancó con el presupuesto de 2022 por un error en la votación final de la Ley de Medidas que obligó a reiniciar todo el proceso– y el PP de Alfonso Fernández Mañueco no llegó a presentar los de 2025 para que los votaran las Cortes el año pasado.

Aún así, con dos años de plazo, las obras presupuestadas para las provincias de la Región Leonesa no han llegado a hacerse todas. Es lo que se llama el grado de ejecución, que, casualmente, es siempre muy inferior a lo prometido en inversiones reales para León, Zamora y Salamanca. Dos años ha tenido y la Junta no ha sido capaz de llevar adelante todas las obras. Imagínense en año de elecciones: que si hay que cambiar de consejeros, que si se tienen que amoldar al sillón, que si estamos muy cansados, y otras excusas varias para centrarse mejor en trabajar lo prometido con celo y rigor ya a partir de 2027. Y eso si Gobierna de nuevo a partir de marzo de 2026, claro; aunque si eso no ocurriera, sí que sería un sorpresón... y el fin definitivo de estos compromisos inversores.

Eso sin hablar de cómo de los 15.715 millones de euros el 40% más o menos (7.000) se destina siempre a fondos no provincializados. Es decir, que revierten en Valladolid que pincha y corta como quiere y gasta a discrección donde le da la gana. Con lo que lo que vende Mañueco es una cantidad que, teniendo en cuenta como ejemplo que el peso demográfico y geográfico de la provincia de León sería el 20% en la comunidad, es un verdadero engaño ya que deja de recibir una enorme parte de los 1.400 millones que le correspondería por ese concepto. Vamos, que dividiendo por ese peso el montante total a León provincia le debería tocar del orden de tres mil millones. Con suerte llegarían a la mitad (para pagar las inversiones, los sueldos de los funcionarios y el mantenimiento y facturas de sus oficinas y hospitales, y material de trabajo y rodante o volante), lo que muestra la terrible infrafinanciación que sufre en los cuarenta años de esta nuestra Comunidad. Igual ocurre con Zamora y Salamanca, que estarán recibiendo menos de la mitad de lo que les correspondería en una autonomía propia.

Inversiones reales muy por debajo de lo requerido para la Región Leonesa

Pero es que en inversiones reales (las obras que la Junta destina en los presupuestos, que en general se gastan en un 90% en pagar a los funcionarios, el mantenimiento de sus oficinas y afrontar los intereses de la deuda), la cosa también tiene cierto cachondeíto en estos presupuestos virtuales para 2026.

En primer lugar, la Junta de Mañueco vende que León va a recibir el 21,2% de las inversiones del presupuesto. Algo que para el ciudadano suena bien. ¿Pero y si dijéramos que lo dedicado a inversiones reales de los 15.715 millones totales son unos mil millones? ¿Que viene a ser la quinta parte del 6,3% del total de las cuentas presentadas para el año que viene lo que se destina a esas obras? Entonces la realidad cambia bastante: 'La Junta va a destinar el 1,8% de todas las cuentas autonómicas para obras en León' no será jamás el titular, pese a ser la cruda realidad.

Pero es que además, la cosa tiene más sorna todavía. Veamos lo que la Junta de Mañueco–que ha prorrogado cinco presupuestos en los últimos seis años– dijo destinar en los últimos años a León: en los no aprobados de 2022 fueron 158 millones, en 2023 fueron 151 millones, en 2024 prometieron 209 millones, en los no votados de 2025 fueron 269 millones y en estos para 2026 más de 285. ¿Aparentemente una buena subida, no? Pues ahí se denota algo, que tiene toda la pinta de que se inflan con remanentes de proyectos que se prometieron hace ya más de cinco años y que no se han llevado a cabo. Por no decir que de los últimos 285 millones extrañamente se reparten entre la Consejería de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural y la empresa pública Somacyl que dependen de la primera (y todas ellas presididas por Quiñones) 156,4 millones de euros y para carreteras sólo van 14. Aquí se explican a fondo las peculiaridades de esta promesa presupuestaria todavía sin cumplir.

Infrafinanciación endémica

En realidad la infrafinanciación de la provincia leonesa es endémica ya que debería recibir al menos dos veces más: es la segunda provincia más poblada, con cien mil habitantes de diferencia con la tercera (Burgos), es la que más pueblos tiene con diferencia (1.440), su orografía es tremendamente compleja y cuenta con dos grandes ciudades como León y Ponferrada, esta última más grande que cinco de las capitales de provincia de la autonomía (Ávila, Palencia, Soria, y Segovia). Es decir, atendiendo a los criterios poblacionales y geográficos recibe muchísimo menos de lo que debería; eso sin contar con la crisis provocada por el cierre de la minería del carbón o el drama de la despoblación y el envejecimiento que requieren de políticas activas (y dinero) para intentar paliar la situación. Por contra, Valladolid maneja el 55% del presupuesto (más de 8.600 millones). No es de extrañar que Castilla vaya hacia arriba y el País Leonés caiga a plomo.

Vamos, que el engaño de Mañueco no sólo es doble, sino que es triple: uno, se jacta de unos presupuestos que no existen ya que no están aprobados y tienen visos de que, como llegan las elecciones en marzo, no se van a validar; dos, vende la moto de que León se lleva el 21,2% del presupuesto cuando en realidad es diez veces menos y le hurta 1.400 millones con los fondos no provincializados que parte y reparte Valladolid; y, tres, las características complejas territoriales y poblacionales leonesas no se tienen en cuenta, lo que resulta en una tremenda infrafinanciación.

Vamos, que toma el pelo a los leoneses con una presentación de presupuestos cuqui-fake para 2026. Pero claro, aunque sea una chufla marinera él tiene en cuenta que no le va a penalizar: porque los ciudadanos llevan sin enterarse de estos entresijos contables cuarenta años y la mayoría se cree a pies juntillas que las inversiones reales son todo el presupuesto autonómico y por tanto León es la provincia mejor financiada en toda la autonomía.

Ya ven que no. Ni de lejos.

Con una autonomía propia recibiría muchísimo más: a la Región Leonesa le corresponden siete mil y pico millones de esos 15.715 que se han presentado. Haciendo la cuenta de la vieja y dividan por tres: unos 2.500 millones por provincia. Aunque en realidad le correspondiera el 40% a León de ese presupuesto autonómico leonés –al que habría que sumar una línea urgente de ayudas al desarrollo al enterarse Bruselas de la crisis salvaje que sufre el País Leonés, la zona más pobre en toda la Unión Europea, ya que aparecería en las estadísticas de Eurostat al dejar de estar opacada por la Junta de Castilla y León–, el 25% a Zamora y el 35% a Salamanca por sus características territoriales y poblacionales.

Hagan la cuenta que hagan con ese tan real presupuesto de la Comunidad Autónoma del Reino de León como el que ha presentado Mañueco para 2026, es muchísimo más con una autonomía propia que junto a Castilla. Con el 'inri' además de que, por separado, las dos regiones recibirían más de lo que lo que se llevan juntas.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) llevará diversas cuestiones a la segunda sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León de este mes de octubre, entre ellas preguntará al presidente de la Junta de Castilla, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la voluntad que tiene de negociar los presupuestos autonómicos para 2026.

La formación leonesista ha recordado, a través de un comunicado, que ya valoró esta semana las cuentas como “propaganda preelectoral” y lamentó la forma “chapucera” en la que el Gobierno autonómico las presentó “sin aportar novedades”.

Por su parte, el procurador berciano de UPL, José Ramón García, cuestionará a la Junta por el motivo de no incluir en su proyecto de Presupuestos para 2026 ninguna partida para acometer la mejora de capacidad de la carretera Salamanca-Alba de Tormes (CL-510).

La mejora de esta vía fue un compromiso adquirido en 2018 por la propia Junta en sus presupuestos para mejorar la capacidad con una vía rápida '2+1' tras incumplir el compromiso de conversión de la carretera en autovía de 2008, incluido en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020 y presupuestado con 50 millones de euros.

Del mismo modo, UPL abogará por la creación de una comisión de investigación sobre 'Todos los hechos relacionados con los incendios forestales producidos en el verano de 2025 en Castilla y León', una iniciativa presentada por los leonesista junto a Soria ¡Ya! y los miembros del Grupo Parlamentario Mixto.

En esta iniciativa, los leonesistas volverán a incidir en las gravísimas consecuencias que ha tenido para el medio natural y los habitantes de las zonas afectadas los incendios del pasado verano, que a su juicio deben hacer reflexionar sobre la planificación, la suficiencia de medios y el funcionamiento del servicio de extinción de incendios.

Además, apuntan que teniendo en cuenta los graves antecedentes de incendios forestales en la Comunidad, como el de la Sierra de la Culebra en 2022, hace falta reflexionar sobre el funcionamiento del sistema de prevención de este tipo de incendios.

UPL ha destacado las graves consecuencias de los incendios, que registraron fallecidos, heridos y que afectaron a reservas de la biosfera, espacios naturales y parques nacionales afectados; un espacio patrimonio de la humanidad arrasado con más de 150 localidades, 38.000 vecinos evacuados y más de 150.000 hectáreas afectadas.

El proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2026 ha provocado una dura reacción política en León. Tanto el PSOE como Unión del Pueblo Leonés (UPL) han coincidido en descalificar el documento presentado por el Partido Popular en el Ejecutivo autonómico, que prevé 285 millones de euros de inversión provincializada para León, como una “chapuza” y un ejercicio de “propaganda preelectoral” más que un plan real de impulso económico y social.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, es contundente al calificar las cuentas como “un bochorno institucional, una chapuza política y una vergüenza jurídica”. En su opinión, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco “intentó registrar unos presupuestos sin techo de gasto, sin incluir la sección de las Cortes y sin el apoyo del propio Partido Popular”. “Lo de ayer -por la presentación del consejero Suárez-Quiñones- fue un ridículo sin precedentes: si eso es gobernar, Castilla y León está en serios problemas”, denunció.

Cendón recordó además que el propio PP “se desmarcó de la tramitación” cuando el secretario autonómico del partido, Paco Vázquez, se abstuvo en la votación que tumbó la sección correspondiente a las instituciones propias. “Ni siquiera ellos mismos creen en las cuentas de Mañueco”, añadió. Para el líder del PSOE leonés, el proyecto refleja el “agotamiento” del Ejecutivo de PP y Vox, al que acusa de haber convertido la Junta “en un espectáculo vergonzoso que erosiona la credibilidad de las instituciones”.

El responsable socialista reclamó asimismo la dimisión inmediata de Suárez-Quiñones, a quien atribuyó “el desastre medioambiental más grave de la historia de León, con más de 100.000 hectáreas arrasadas”. “No puede seguir degradando las instituciones ni ensuciando el nombre de Castilla y León desde su cargo”, sentenció Cendón, que también reprochó al consejero “confundir lo institucional con lo partidista”, al ofrecer ruedas de prensa como consejero en la sede del PP.

Desde el ámbito leonesista, UPL calificó también en una nota de prensa el borrador de presupuestos de “poco novedoso” y de “propaganda pre-electoral”, denunciando que la Junta “vuelve a prometer los mismos compromisos con la Región Leonesa que lleva años sin cumplir”. El partido advierte de que el documento “no aporta apenas novedades” y repite “una lista de promesas sin ejecutar que ahora nos piden que creamos que sí cumplirán”.

Entre las actuaciones pendientes, UPL enumera proyectos largamente anunciados como la Unidad de Radioterapia del Bierzo, la ampliación de la UCI de León, los centros de salud de Sahagún, Ponferrada I y Virgen de la Concha, el Instituto de Villaquilambre, la residencia de Benavente o el polideportivo del IES Eras de Renueva. También señalan carreteras con obras sin concluir, como la LE-213 entre Puente Villarente y Gradefes, o actuaciones culturales y patrimoniales en Moreruela, Toro o Llano Alto (Béjar), entre otras.

Los leonesistas denuncian además la “opacidad” de la empresa pública Somacyl, en manos de Quiñones, cuyo presupuesto “se dispara sin ofrecer detalle del grado de ejecución de las inversiones”, y cuestionan que muchos fondos se presenten “sin provincializar”, aunque estén destinados a obras en Valladolid. “La Junta vuelve a primar la propaganda sobre la gestión”, resume el comunicado de UPL, que también critica la existencia de partidas “para adoctrinar en la identidad de Castilla y León”, en referencia a los más de dos millones de euros destinados a la Fundación Castilla y León y a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.

El proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2026 sitúa a la provincia de León como una de las grandes beneficiadas, con 1.682 millones de euros provincializados, el 18,37 % del total autonómico. Y de esa cifra, 285 millones se destinarán a inversión real, lo que supone un incremento del 24,9% respecto al ejercicio anterior.

Son las grandes cifras que ha destacado este viernes el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, respecto a unas cuentas que, aunque muy difíciles de aprobar, por la minoría parlamentaria del PP, calificó como “las más altas de la historia” en términos de cuantías. Por eso, confió en su aprobación con el concurso favorable de otros partidos de la oposición.

Entre las medidas más destacadas resaltó que en 2026 la Junta pretende instalar en la provincia leonesa hasta cuatro nuevas bases de helicópteros. Dos de ellas serán para las cuadrillas helitransportadas contra incendios forestales de la Junta (Elif), que elevarán a seis las que ayudarán a la extinción de fuegos en los montes, y se instalarán en el oeste y centro de la geografía leonesa (entre El Cueto y Rabanal la primera, y Riello y Sahechores la segunda). También habrá un nuevo helicóptero de urgencias sanitarias, que irá en la comarca de El Bierzo, entorno de Ponferrada, y se sumará al ya existente en Astorga. Y finalmente, se ubicará en la provincia una nueva aeronave y base de rescate de montaña, ya que el único existente lleva años sólo en Valladolid. También se analiza ahora su destino final, que podría oscilar entre Sahechores y Riello, matizó el consejero.

Quiñones, acompañado por el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, y el portavoz en las Cortes, Ricardo Gavilanes, pero que hicieron este balance en la sede de su partido, el PP, aseguró que el presupuesto tiene un marcado carácter social, cifrando en más del 80 % lo destinado a áreas como Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Vivienda. Y entre un largo listado de novedades presupuestarias, mantener la educación gratuita de 0 a 3 años, el impulso a la Facultad de Medicina de León, programas de apoyo a la dependencia, la sustitución de bañeras por duchas para mayores y nuevos bonos infantiles.

Resaltó el consejero que las muchas rebajas fiscales, un total de 34, supondrán un ahorro estimado de 156 millones de euros para 300.000 leoneses, con medidas específicas para autónomos y pymes, frente a las subidas de impuestos del Gobierno central, dijo.

En materia de inversión productiva, sobresalen los 25 millones para el “despegue definitivo” de la planta de biomasa y red de calor de Puente Castro en León a través de la empresa Somacyl, que suma récord de inversión por encima de las propias consejerías, 8 millones para el nuevo instituto de Villaquilambre prometido hace muchos años, así como la reanudación de las obras del Conservatorio de León, la Unidad de Valoración de Familia con un millón de euros, y la promoción de los nuevos polígonos industriales de La Llanada (Ponferrada), Cistierna y Villablino.

“Orgullo territorial”

La Junta invertirá además en carreteras autonómicas, con especial atención a la vía de San Isidro y la de Puente Villarente; en el canal del Porma y El Bierzo, con 50 millones para agricultura; y en sanidad, con obras en la UCI del Hospital de León (3 millones), un nuevo centro de salud en Sahagún y reformas en el José Aguado.

En el ámbito cultural y energético, se prevén actuaciones en la restauración de las vidrieras históricas, el impulso de las redes de calor también en Bembibre o Villablino, la rehabilitación del Pozo María también en la comarca de Laciana, o la carretera de acceso al puerto de Pinos, con 500.000 euros , vieja reclamación para paliar la distorsión de que se acceda mejor desde Mieres (Asturias) en este enquistado problema territorial, o el acceso también al Principado por Valdeprado, en el Alto Sil, con otros 300.000 euros, o el arreglo de la LE-331 a San Isidro, entre las principales inversiones en carreteras.

En resumen, el PP pintó un presupuesto diseñado, dijo Quiñones, para garantizar también en León un “orgullo territorial de nuestra Comunidad” y situar a la provincia como una de las más avanzadas del país, con León como eje estratégico tanto en la protección medioambiental tras los incendios como en apartados como la atención social o la educación.

“Asumo el nivel de presión”. El consejero de Medio Ambiente la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha respondido este viernes a las protestas, concentraciones y pintadas que le persiguen en su agenda pública y que vienen exigiendo su dimisión tras los graves incendios forestales registrados este verano en la provincia de León, de los que se le considera el máximo responsable político por encabezar el operativo.

Sin ir más lejos, esta semana comenzaba por una protesta de bomberos forestales en un acto sobre despoblación en el que Quiñones estaba anunciado, pero en el que finalmente no participó, y terminaba hoy mismo con nuevas pintadas en la sede del Partido Popular (PP) de Ponferrada, aprovechando que el consejero daba una rueda de prensa sobre las bondades para la provincia y El Bierzo del borrador de presupuestos de la Junta para el próximo año. El consejero aseguró que afronta las críticas con serenidad, asegurando que “en política hay que asumir lo que la ciudadanía opina, y no solo asumirla, sino trabajar y obrar en consecuencia para dar la mejor respuesta”.

El político popular quiso aclarar que a veces las protestas obedecen a otros intereses, “a veces las presiones derivan de intereses corporativos coyunturales, plataformistas, intereses sindicales, que es lógico que aprovechen una situación para reclamar y exigir, pero eso hay que asumirlo con profesionalidad y tranquilidad, y no despreciarlo. Y es lo que estamos haciendo”.

Suárez-Quiñones defendió la actuación de la Junta durante los incendios, la suya propia, y aseguró que el operativo, reforzado tras los graves incendios de 2022, “ha funcionado muy bien en 2023, en 2024 y también en 2025, salvo las tres semanas excepcionales de agosto, que no fueron normales”. “No pudo hacer más de lo que hizo”, ante unas “circunstancias inéditas y extraordinarias”, resumió preguntado en Ponferrada. Según explicó, en ese periodo “intervinieron medios del Gobierno de España, del Ejército, de la Junta y de otras comunidades, y no pudimos conseguir un mejor resultado”. No obstante, reconoció que los incendios “obligan a todos a mejorar, y eso es lo que estamos haciendo”.

“Acción, reacción”

Suárez-Quiñones destacó que la Junta ha triplicado la inversión en prevención y que está desarrollando un nuevo modelo operativo. “Estamos caminando hacia un cambio muy sustancial, con más medios aéreos, más infraestructuras de apoyo a la extinción y más implicación de los ayuntamientos en la prevención”, explicó. También avanzó que se trabaja en una reforma normativa para reforzar la coordinación y la seguridad en las zonas rurales.

“Por tanto: acción, reacción. Las protestas, las presiones, las pintadas, las personas de CGT que me esperan en los actos, en León… no pasa nada. Estamos en un país democrático, la libertad de expresión está recogida en la Constitución y no es solo eso, sino que el político, el gestor, no puede desoír, tiene que escuchar, tiene que tenerlo en cuenta a los efectos de mejorar”.

Respecto a su futuro político, y a la decisión o no de que repita por tercera vez como cabeza de lista del PP por León en las próximas elecciones autonómicas de marzo de 2026, Suárez-Quiñones evitó pronunciarse con claridad. “Las listas las determina el partido. Aquí nadie se apega a nada, todos somos servidores públicos y estaremos donde el partido considere que somos más útiles”, señaló, sin responder a cuál sería su apetencia personal. “Todos podemos ser necesarios pero nadie somos imprescindibles”, quiso zanjar.

Al frente de un PP “engrasado” en tiempo electoral

Quiñones está interinamente al frente del PP provincial de León, ahora regido por una gestora, desde la dimisión de su antecesora, la diputada nacional Ester Muñoz, tras ser nombrada portavoz popular en el Congreso y mano de derecha de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara. Y aseguró que esta gestora y él mismo mantendrán “engrasada” la máquina electoral hasta que después de los comicios se celebre un congreso provincial que elija a su nuevo líder.

Entre medias, confió que el próximo mes de noviembre la sede nacional de Génova nombre un nuevo gerente del PP en León, tras la fulminante decisión de cesar al anterior, José Manuel Miano, que también lo era de Zamora. La decisión, remarcó, se adopta en el ámbito nacional y mientras no haya relevo la responsabilidad recae en la Gerencia autonómica, situada en Valladolid.

Viene siendo habitual en los últimos años pero el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León que el Gobierno en minoría del Partido Popular (PP) propone para el próximo año, electoral, deja esta vez un récord histórico de inversiones en manos del único consejero de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Y es que de la cifra total de 285,55 millones que el Ejecutivo propone como inversiones totales provincializadas en León -hay mucho más dinero que jamás se provincializa-, la Consejería de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural y la empresa pública Somacyl que dependen de la primera, y todas ellas presididas por Quiñones, suma esta vez la friolera de 156,4 millones de euros. O lo que es lo mismo, bastante más de la mitad del presupuesto total, casi el 55% en concreto.

Sólo la empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), criticada como la 'Junta B' y no pocas veces tildada de “chiringuito” autonómico, la cifra a invertir suma 148 millones de euros. El presupuesto en vigor, prorrogado, había consignado en 2024 la cuantía de menos de 73 millones, de modo que ahora aumenta mucho, un 44%.

Esta es una de las principales y más llamativas características del borrador presentado ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, hoy registrado formalmente en las Cortes para que comience su tramitación y difícil aprobación.

Hay que recordar que la oposición tiene mayoría de votos frente al Gobierno del PP. Un hecho que ya tumbó el anterior intento presupuestario de 2025 y que sumaba 269 millones para León, un 6,15% menos de inversión en la provincia. Así que respecto a las últimas cuentas en vigor, las de 2024, la inversión leonesa (228) propuesta ahora supondría un aumento de casi el 25%, según ha destacado la Junta este miércoles al facilitar el desglose provincializado de las inversiones.

En ellas, hay varias características llamativas. Por ejemplo, el elevado montante de dinero que del total de las inversiones procede de todo tipo de fondos y subvenciones europeas, incluyendo en el caso de León muchas del fondo de Transición Justa por el cierre de la minería del carbón y el declive de sus comarcas mineras.

Disección a las cuentas de Somacyl

Con cargo a ellos, motivo de una fuerte crítica, aparece la mayor inversión de la Junta para el año que viene en la provincia, en la cuenta de Somacyl: 25 millones de euros para la macroplanta de incineración de biomasa al sur de León capital y el inicio de la red de calor, proyectos bajo una fuerte polémica y oposición. El total para eficiencia energética asciende a 38,1 millones, sumando modernización mejoras en Ponferrada (4.354.782,00 euros), en edificios públicos de León (3.250.000), la primera ampliación de la Red de Calor de Ponferrada (3.000.000(, la nueva Red de Calor de Villablino (1.500.000) y la de Bembibre (1.000.000 euros).

Siguiendo con Somacyl, el siguiente bloque con más cuantía es de los polígonos industriales, con 22,7 millones de inversión en total, y de ellos 9,3 en la esperada ampliación del Parque Tecnológico de León, prometido en víspera de las anteriores elecciones autonómicas, y 8,4 millones en la urbanización del Polígono El Bayo de Cubillos.

En vivienda, se impulsan diversas iniciativas orientadas a la promoción de vivienda eficiente, tanto para alquiler como para venta, con una inversión conjunta de casi 15 millones, como las promociones para alquiler joven en León y Ponferrada, la construcción de pisos eficientes para venta en los barrios leoneses de La Granja, El Ejido, así como en Villadangos del Páramo o Santa Marina del Rey. Y en otras inversiones 'estrella' de Somacyl aparecen partidas como el nuevo pavimento para la Calle Ancha, Catedral y Botines, con 1,7 millones en contraprestación por la red de calor de la capital.

Educación se dispara, Sanidad apenas sube y Familia cae en picado

El cómputo por consejerías para el próximo año es muy desigual: llama mucho la atención que frente a aumentos porcentuales desmesurados, como el 634% de aumento de la inversión de Industria, Comercio y Turismo (porque hay 1,8 millones actuales frente a la ridícula cifra de 256.704 euros del presupuesto en vigor), o el 137% de la Fundación Patrimonio Natural (en manos de Quiñones pasa de 3,5 a 8,4 millones), las consejerías más sociales se ven frenadas o incluso bajan considerablemente.

En el caso de Educación, también hay una inmensa subida: de 5,3 millones a 22,6, un 323% de incremento en dos ejercicios. Este salto presupuestario viene marcado porque 2026, nuevamente electoral, debería estar marcado por una fuerte ejecución de fases constructivas clave de centros educativos. Destacan los 8,7 millones de euros para el nuevo instituto público en Villaquilambre, otra eterna promesa que parece ya más cerca, junto a 2,4 para tratar de culminar el nuevo Conservatorio de Música de León que acumula varios años de retraso, o un polideportivo en Eras de Renueva que casi suma 6 millones de euros, pero que carecerá del también prometido centro cívico para este barrio leonés.

En carreteras e infraestructuras, el presupuesto total para León es de 14,5 millones, muy pocos de ellos para proyectos importantes de carreteras, más allá de simples labores de conservación. Resalta, de hecho, los casi 2 milones para intentar cumplir por fin la promesa de una nueva sede para el Centro de Supercomputación Scayle.

Por su parte, la Consejería de Sanidad apenas aumenta un 0,73% sus inversiones (se queda en 17,7 millones de euros) y la de Familia e Igualdad de Oportunidades cae un abultado 60% (de casi 7 millones se queda en apenas 2,7). En el primer caso, aparecen destacadas inversiones retrasadísimas como la esperada culminación del nuevo centro de salud de Sahagún (3,6 millones), que se espera hace 20 años, o la eterna promesa de otro en Villaquilambre, que para poco dará un año más con los apenas 41.503 euros consignados.

En Sanidad también destacan 850.000 euros para la Unidad de Radioterapia pública para El Bierzo, una promesa personal de Mañueco que debería haberse ejecutado hace once años.

La comarca de El Bierzo al detalle

En su conjunto, la comarca de El Bierzo en el presupuesto provincializado suma una inversión prevista de casi 50 millones y el PP en la Junta resalta que se trata de una gran subida del 111%, teniendo en cuenta que con las cuentas en vigor desde 2024 aparecían apenas 23,4 millones. A los regadíos del Canal Bajo de El Bierzo (5,3 millones) se suman 2 más para una partida que reza literalmente “Polígono/Parque Agroalimentarioo en El Bierzo”, la vieja promesa de 2017 del expresidente Juan Vicente Herrera, hace casi una década.

La reconstrucción de Las Médulas tras los incendios que arrasaron este puntal turístico Patrimonio de la Humanidad supera los 2 millones de euros de la Consejería de Cultura, pero el grueso de las cuentas bercianas se ve hinchado nuevamente por las inversiones de Somacyl, que deja en sus manos de esta empresa casi 33 de los 50 millones.

Aquí dejamos un resumen detallado con todas las partidas de inversión provincializada por consejerías y entidades públicas en el borrador de cuentas de 2026 presentado:

El Gobierno en minoría del Partido Popular en la Junta de Castilla y León ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, con 15.715 millones, casi un 8% más que los últimos aprobados en el 2024 pero poco más de un 5% que el fallido del último ejercicio. Unas cuentas que según ha sostenido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, son realistas y expansivas, las más altas de la historia autonómica y que buscan situar a esa Comunidad entre las tres primeras en políticas públicas, económicas y sociales.

Una de las novedades nás llamativas es que dentro del ámbito de Transportes, las cuentas consignan 10 millones de euros para bonificar los peajes de las autopistas en la Comunidad, es decir, la AP-6, AP-51, AP-61 y la en León la AP-71 (León-Astorga), siempre para conductores recurrentes y empadronados en Castilla y León. Incluso el Ejecutivo autonómico “estudiará” la posibilidad de aplicar esta medida en la AP-66, la León-Asturias, ya bonificada por el Gobierno, igualmente para beneficiar a los conductores y transportistas de la autonomía.

Este borrador se llevará a las Cortes este miércoles para su tramitación y “ver el compromiso real” de cada grupo y su voluntad de sacarlos adelante, ya que el Gobierno autonómico no cuenta con apoyo suficiente para sacarlas en solitario por parte del PP, por lo que ha mirado a los grupos parlamentarios para alcanzar un posible acuerdo. Algo que el año pasado no llegó a ocurrir.

En este sentido, ha retado a los grupos de la oposición a plasmar en acuerdos su “compromiso real” con los intereses generales de la Comunidad, que ve plasmados en estas cuentas, sometidas al parecer de las Cortes a pocos meses de las elecciones autonómicas, lo que condicionará los posibles acuerdos, recoge Efe.

Inversiones al alza y 778 millones en bonificaciones

Mañueco ha defendido que estas cuentas buscan priorizar la inversión en sectores productivos, con hasta 2.549 millones de euros de gastos de capital, con el 56% de estas cantidades enfocado a inversiones que buscan el crecimiento económico y la creación de empleo -1.725 millones y un incremento del 23,21%-.

En concreto, las inversiones reales ascenderían a 1.725 millones, con un aumento del 23,21% respecto al último presupuesto, de los cuales 1.195 millones de euros serían invertidos por la propia Administración autonómica, el 9,5% más, mientras que otros 530 millones serán realizadas por las empresas públicas vinculadas a las Consejerías, sobre todo la polémica Somacyl, con un incremento en este caso del 73,14%.

El presidente también ha defendido la apuesta por el mantenimiento de las bonificaciones fiscales, con hasta 778 millones de euros para unos 621.000 contribuyentes previstos: “La fiscalidad más baja de la historia”, ha reiterado Mañueco, quien ha remarcado que en el caso el IRPF los tramos autonómicos servirán para beneficiar a 1,4 millones de contribuyentes. Sobre la fiscalidad, Mañueco ha defendido que desde que es presiente la cuantía de los beneficios fiscales se ha duplicado.

Los gastos de personal suponen el 33,3% de los gastos totales, 5.237 millones, de los que casi el 87,37% se destina a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, 4.575 millones. El resto, 662 millones, corresponden a gastos de personal para el resto de consejerías, que suponen el 12,6%.

Medio Ambiente asume el mayor incremento

El proyecto de Ley de Presupuestos prevé que las diez consejerías gestionarán 12.931 millones, con un aumento del 9,44%, con la Consejería de Sanidad como la más financiada con el 40,45% del total y la Consejería de Presidencia, la que menos, con el 1,58%.

En cuanto a la variación respecto al anterior presupuesto, la Consejería que más crece es Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con un 21,53% de incremento respecto a las del 2024, las últimas aprobadas, en ese caso en el gobierno PP-Vox.

En las cuentas del actual Ejecutivo, con el PP en solitario, también crecen por encima de ese 9,44% las cuentas de Movilidad y Transformación Digital, con un 17,92% de aumento; las de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con 11,55% de mejora; las de Educación, que crecen el 11,48%, y las de Familia e Igualdad de Oportunidades, con un 11,4% de incremento. Las cuentas de Economía y Hacienda mejoran un 1,11%, las de Sanidad el 7,19%; las de Industria, Comercio y Empleo el 5,10 y las de Cultura y Turismo el 3,35%.

Otro dato es el peso que cada departamento tiene en el conjunto de ese gasto autonómico, con ese 40,45% que supone la Sanidad, seguida del 11,79 de Familia e Igualdad de Oportunidades; el 5,2 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; el 5,13 Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; con un 4,11 Economía y Hacienda. Presidencia supone el 1,58% del total; Movilidad y Transformación Digital el 2,73%; con un 3,70 Industria, Comercio y Empleo, el 1,72 Cultura, Turismo y Deporte y el 1,58% la Consejería de la Presidencia.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este martes que todos los trabajadores el operativo de incendios serán empleados públicos, a través de un proceso progresivo que culminará dentro de tres años y que arrancaría en 2026 con la conversión de un tercio de los actualmente contratados por empresas privadas, que pasarían a depender de la empresa pública estatal Tragsa. Precisamente este martes bomberos forestales se han movilizado en León capital para hacer visibles sus reivindicaciones laborales y denunciar la gestión del operativo de incendios por parte de la Junta.

Mañueco ha hecho este anuncio durante la primera exposición del contenido del proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2026, en el que ha detallado que el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aumentaría, en caso de aprobar estas cuentas, el 21,53% respecto al presupuesto actualmente vigente, prorrogado desde 2024, hasta llegar a los 663,2 millones de euros.

Preguntados por la comparación con el gasto que ha tenido ese mismo departamento para afrontar la difícil campaña de incendios en verano de 2025, más allá de la cantidad que se proyectó inicialmente, el presidente ha pedido esperar a la liquidación del ejercicio, sin ponerla en relación con estas partidas que ahora se proponen para el próximo año.

Sobre la conversión de estos contratos, Mañueco ha detallado que el proceso irá avanzado a medida que vayan concluyendo los contratos vigentes con empresas privadas, tras lo que la Junta pasará a financiar “lógicamente” la contratación por parte de Tragsa de estos trabajadores, en palabras del presidente al ser preguntado por esa aportación autonómica.

El dato aportado únicamente por Mañueco y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, es el de 560 millones de euros para inversiones medioambientales, con un 30% de incremento en las partidas de mejora el medio natural, que es donde se insertan las cantidades para el operativo de prevención y extinción de incendios.

Sí ha detallado el presidente que el operativo de 2026, de aprobarse estas cuentas, incluiría cuatro helicópteros y sus respectivas unidades helitransportadas, más drones, más del doble de buldóceres, nuevos vehículos nodriza y puestos de mando avanzado y la incorporación de 90 ingenieros técnicos forestales, aunque se ha remitido a las explicaciones que irá dando la Junta en los próximos días.

Mañueco ha añadido que la organización de las labores de prevención y extinción será de ámbito comarcal, aunque no ha dado detalles al respecto, y ha reiterado que cumplirán con la normativa estatal que prevé el reconocimiento de la categoría de bombero forestal.

De este mismo modo, ha anunciado que se convertirán en fijos todo el año los trabajadores que actualmente son fijos discontinuos y destinarán en este 2025 hasta 11 millones de euros para que las diputaciones provinciales para adquirir maquinaria y crear los anillos de seguridad en los municipios.