Las calles de León servirán este sábado, 24 de octubre, para poner el foco en los problemas de acceso a la vivienda con un recorrido guiado por distintos puntos de la ciudad. La iniciativa, impulsada por organizaciones sindicales, políticas y sociales leonesas, forma parte de las acciones previas a la huelga general convocada para el 11 de noviembre bajo el lema “Salarios. Vivienda. Precios”.

El paseo comenzará a las 12.00 horas en la confluencia de las calles Ordoño II y Gil y Carrasco y concluirá en la plaza de Botines, donde está prevista la lectura de un manifiesto relacionado con la situación de la vivienda. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media.

El recorrido estará guiado por Juan Carlos Ponga Mayo, divulgador y conocedor del patrimonio urbano leonés, que explicará los problemas actuales de la vivienda a partir de distintos enclaves de la capital. La convocatoria se enmarca también en una campaña de sensibilización sobre las dificultades de acceso a la vivienda en España.

Con esta actividad, las organizaciones promotoras buscan acercar este debate a la ciudadanía y vincularlo con las reivindicaciones de la huelga general del próximo 11 de noviembre, centradas en los salarios, la vivienda y el coste de la vida.

Los principales sindicatos creen que hay motivos más que se sobra para que la provincia de León secunde de manera mayoritaria, incluso más que el resto de España, la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre, el paro de 24 horas y la gran manifestación que se convocará como colofón de esa jornada. Todo ello bajo el gran eslogan de “Salarios. Vivienda. Precios”.

Los detalles han sido desgranados este miércoles por los líderes provincial de UGT, Comisiones Obreras y CGT, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, respectivamente. Por ejemplo, que las horas extraordinarias realizadas en León podrían haber permitido contratar a 1.113 personas a jornada completa. Así lo resaltó Blasco para denunciar las contradicciones del mercado laboral provincial, donde, según sus datos, se contabilizaron 6.609 horas extra durante el segundo trimestre de 2026 mientras más de 20.000 personas permanecían en el paro.

La situación laboral será uno de los argumentos centrales de la huelga general del 11 de noviembre. Blasco cuestionó que la mejora de algunos indicadores económicos se traduzca en un avance equivalente para las familias. A su juicio, el esfuerzo de acudir cada día al trabajo pierde parte de su sentido cuando los ingresos no bastan para cubrir necesidades esenciales. La responsable sindical advirtió de que hay hogares obligados a decidir entre pagar la vivienda, comprar alimentos o afrontar la factura de la calefacción.

Blasco vinculó esta situación con los salarios y las dificultades para acceder a una vivienda, pero también con el bloqueo de las negociaciones de los convenios sectoriales. Según los datos expuestos por CCOO, todavía existen 364 categorías profesionales recogidas en convenios provinciales con retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). La subida salarial media pactada, del 3,9%, tampoco habría compensado el incremento del 4,9% del IPC que la dirigente sindical atribuyó a la provincia.

La vivienda constituye el otro gran frente de la protesta. Blasco cifró en más de 40.000 las viviendas vacías de la provincia y situó el precio medio por encima de los 1.090 euros por metro cuadrado, con más de 1.500 euros en la capital leonesa y alrededor de 900 en Ponferrada. También señaló que cerca de 80.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza y que otras 50.000 afrontan graves dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.

Una crisis que también afecta a las expectativas de futuro

Por CGT, Jesús López planteó la huelga desde una perspectiva más amplia que la estrictamente laboral. El dirigente considera que la situación actual reúne tres crisis, «económica, institucional y emocional», y relacionó el malestar social con la sensación de que trabajar ya no garantiza una vida estable.

López defendió que la vivienda debe tratarse como un derecho y no como un negocio, y reclamó medidas para reducir los precios, regular los alquileres temporales y por habitaciones, frenar los desahucios y vincular las subidas salariales al coste real de la vida. También propuso que los salarios y las pensiones alcancen un mínimo de 1.500 euros.

El representante de CGT advirtió de que la distancia entre las expectativas creadas durante años y las posibilidades reales de las familias alimenta la frustración. «No estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sino que estamos sobreviviendo con las posibilidades que nos ofrece el sistema», sostuvo durante su intervención.

Por su parte, el secretario general de UGT en León, Enrique Reguero, puso el acento en la pérdida de empleo y en las dificultades de emancipación de los jóvenes. Según los datos que trasladó, la provincia perdió 1.200 afiliaciones a la Seguridad Social durante el último mes, un descenso que sumó a la preocupación por la falta de oportunidades laborales y de vivienda asequible.

Reguero destacó que las movilizaciones relacionadas con la crisis residencial están contribuyendo a despertar la implicación de la población joven. Para ilustrar ese cambio, recuperó una expresión del dirigente agrario Matías Llorente: «Antes no había tempero, pues ahora hay tempero», en referencia a unas condiciones que, a su juicio, empiezan a favorecer la movilización social.

El responsable de UGT reclamó una subida del 7% del salario mínimo interprofesional para 2027 y aumentos de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos. También pidió a la patronal que desbloquee las negociaciones y deje de exigir moderación salarial mientras, según denunció, aumentan los beneficios empresariales.

Las tres organizaciones sostienen que la respuesta a los problemas de León requiere, además de mejores sueldos, más vivienda disponible para alquiler y medidas que permitan distribuir mejor las oportunidades laborales. Reguero reclamó a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos una política de vivienda que llegue también a los municipios de la provincia, junto con una planificación de suelo disponible que facilite el acceso residencial.

Los sindicatos llaman a participar tanto en la huelga como en la manifestación prevista, cuyo horario se sitúa provisionalmente a las 19.00 horas, con salida desde San Marcos y llegada al corazón de la ciudad, la Plaza de San Marcelo. El recorrido y la organización definitiva de la protesta todavía estaban pendientes de concretarse.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (GASBI) medidas urgentes para solucionar los problemas de conservación y funcionamiento de parte de las camas del Hospital El Bierzo tras un accidente sufrido por un celador.

El sindicato ha defendido que presentó una solicitud el pasado mes de junio para evaluar el estado del parque de camas hospitalarias “ante las numerosas quejas de los celadores por problemas en las ruedas, sistemas de dirección o frenado que dificultan las maniobras, obligan a realizar esfuerzos físicos excesivos en los desplazamientos y pueden provocar lesiones”.

De hecho, CSIF denuncia un accidente laboral sufrido por un celador durante el traslado de un paciente con obesidad desde Urgencias hasta Radiología, utilizando una silla de ruedas convencional.

Entre sus demandas figuran un estudio técnico de los esfuerzos realizados durante los traslados, la identificación e inmovilización de las camas que no reúnan condiciones de seguridad y la adquisición al menos de una silla bariátrica o de alta capacidad de carga.

La organización también reclama un protocolo escrito que determine cuándo deben intervenir dos celadores en una movilización, un sistema para comunicar incidencias a Mantenimiento y el acceso de los delegados de prevención a los informes y planes de actuación. 

La respuesta de la Gerencia de El Bierzo

Después de este comunicado, la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha asegurado que “ya estaba trabajando en la revisión y reparación de estos equipos” antes de la denuncia del CSIF.

Sobre el estudio relativo al esfuerzo económico que reclama el sindicato, la Gerencia afirma que “este tipo de estudios corresponde al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales” y añade que desde “hace varios días” se ha convocado un Comité de Seguridad y Salud que se celebrará el viernes 23 de octubre. Se trata de una reunión habitual en la que se abordan cuestiones de prevención de riesgos laborales.

Los agentes medioambientales de León posponen su anunciado plante en las guardias de incendios forestales. Lo hace para dar un margen de tiempo al nuevo equipo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para negociar mejoras en las condiciones laborales del colectivo, que aplaza su medida de presión prevista hasta el próximo mes de enero.

Los trabajadores han tomado esta decisión tras mantener conversaciones con responsables de la Consejería de Medio Ambiente, que habrían solicitado un margen de tiempo para poder evaluar las reivindicaciones formuladas por los agentes, que reclaman un reconocimiento profesional acorde a sus funciones y mayor seguridad laboral, entre otras cuestiones.

“El acuerdo es un aplazamiento del plante de guardias de incendios hasta finales de enero, momento en el que valoraremos si hay avances y si son suficientes para desconvocar un plante que obedece al maltrato institucional continuo del gobierno de la Junta de Castilla y León hacia nuestro colectivo”, advierten los agentes medioambientales, que contrapesan su “hartazgo” al “afán de conseguir un marco de confianza mutua” con el departamento que dirige María González Corral.

Los trabajadores aseguran que la Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a convocar para esas negociaciones a los sindicatos, un encuentro que esperan que se produzca “lo antes posible”.

Y avisan: “Si tenemos que retomar el plante, tememos que se dificultará sobremanera la organización del operativo de incendios de la próxima campaña”.

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras organiza el jueves 15 de octubre, a las 17.00 horas, en el Museo de la Radio de Ponferrada el taller Hombres contra la violencia machista. Se trata, según explica el sindicato, de una iniciativa que pretende promover la reflexión y la implicación de los hombres en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en la construcción de una sociedad más igualitaria.

La actividad busca generar un espacio de encuentro y reflexión sobre las actitudes, comportamientos y modelos de masculinidad que contribuyen a perpetuar las desigualdades entre mujeres y hombres, señala Comisiones. El Ayuntamiento de Ponferrada colabora en la organización de esta actividad.

“Hay que dar visibilidad y la importancia que merece al hecho de que los hombres pongan en valor la igualdad”, dice el secretario comarcal de CCOO en El Bierzo, Roberto Echegaray, quien subraya la necesidad de que los hombres se impliquen activamente en la lucha contra la violencia machista y en la construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Además, CCOO considera fundamental que los hombres asuman un papel activo en la erradicación de la violencia machista hasta cuestionar los estereotipos de género, las relaciones de poder y aquellas conductas que normalizan o justifican las distintas formas de violencia contra las mujeres.

El sindicato recuerda que la igualdad y la lucha contra la violencia machista son responsabilidades colectivas, que requieren tanto el compromiso de las instituciones y las organizaciones sociales como la implicación del conjunto de la ciudadanía.

La antigua estación de tren de León será el miércoles 14 de octubre escenario de una protesta convocada por varios sindicatos para oponerse al cierre del Centro de Formación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en la capital leonesa. La movilización consistirá en una concentración entre las 10.00 y las 11.00 horas respaldada por Comisiones Obreras, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario, la Confederación de Cuadros y Profesionales y el Sindicato de Circulación Ferroviario.

Fueron también representantes sindicales los que denunciaron a finales del pasado mes de septiembre la determinación de Adif de cerrar el Centro de Formación de León para no afrontar su mantenimiento (arrastra múltiples desperfectos y deficiencias en la instalación eléctrica) y trasladar las clases a Valladolid.

Ahora los sindicatos salen a la calle para mostrar su rechazo a los planes de Adif, que alega que habrá que esperar a la reforma de la Estación Vieja (anunciada el pasado mes de junio con la intención de estar rematada en un plazo de cinco años) para volver a traer el centro a la provincia.

‘Formación hoy, ferrocarril y futuro mañana’ es el lema de la concentración de protesta de los sindicatos, que ya han advertido de que este cierre supone “un nuevo agravio” para el Centro de Formación de Adif en León.

Los principales sindicatos de la provincia de León, Unión General de los Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), han convocado este viernes 9 de octubre en los centros de trabajo de la capital leonesa un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida tras ser desahuciada de su casa de Madrid.

Los sindicatos han denunciado la muerte el pasado 7 de octubre en el hospital Gregorio Marañón de esta anciana, María del Carmen Abascal Martín, que fue desahuciada el pasado mes de septiembre de la casa en la que llevaba viviendo toda su vida y que era propiedad de la empresa Urbagestión. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros; una cifra muy por encima de su pensión.

“Maricarmen no debería haber sido desahuciada. No debería haber pasado sus últimos días alejada de su casa. No debería haber tenido que enfrentarse, a los 87 años, a la angustia de perder su hogar frente a quienes habían convertido su vivienda en un negocio”, ha lamen dato UGT de León este viernes.

Gran parte de la sociedad española se volcó con la causa de esta anciana, convertida en un símbolo de la crisis de la vivienda en España que afecta a los jóvenes y los sectores vulnerables como los pensionistas.

La dramática historia de Maricarmen ha provocado el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Además, los principales sindicatos han convocado una huelga general el próximo 11 de noviembre.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la persistencia de un brote de sarna en la residencia de mayores Virgen de Celada, en La Robla, gestionada por la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios. Según relata el sindicato en un comunicado de prensa, los contagios de escabiosis o sarna humana se suceden desde hace más de un año y afectan tanto a residentes como a trabajadoras, en una situación marcada por las reinfecciones y la falta de soluciones definitivas.

CCOO alerta de que el problema mantiene en una situación de preocupación al personal asistencial del centro, donde trabajan alrededor de 34 profesionales de atención directa, expuestas al riesgo de contagio por las tareas de cuidado. La organización asegura que no es posible determinar una cifra exacta de afectadas, ya que algunas trabajadoras vuelven a presentar síntomas semanas después de haber superado aparentemente la enfermedad o de no haber mostrado manifestaciones visibles.

Por su parte, fuentes municipales consultadas aseguran que la empresa ha conseguido frenar en las últimas dos semanas los contagios, sin que en ese tiempo se haya dado un caso nuevo. Se realizó una nebulización de las estancias, junto con un protocolo farmacológico, que según el Consistorio podría haber dado ya sus frutos definitivos.

La empresa ni confirma ni desmiente

La empresa, por su parte, en su única respuesta a este medio no aclara ni fechas ni siquiera el hecho sanitario en sí, limitándose asegurar que “de la atención de nuestros residentes y la gestión de nuestras tareas e incidencias que en su caso pudieran ocurrir, mantenemos puntualmente informados a las autoridades competentes, cumpliendo los protocolos legalmente aplicables”. Y sobre el brote de sarna, “esta empresa no ha sido objeto de ningún expediente sancionador en relación al asunto”.

Por su parte, el sindicato considera que esta sucesión de contagios evidencia un problema que va más allá de casos aislados y reclama medidas eficaces para erradicar el brote. También cuestiona la actuación de la empresa gestora, al sostener que las labores de desinfección y control de plagas se llevaron a cabo cuando ya se habían producido contagios entre la plantilla. Aralia es una sociedad vinculada a la familia del empresario leonés José Luis Ulibarri y se encarga de la gestión privatizada de esta residencia pública desde que, tras muchos años de retraso en su ejecución, se inauguró en 2021.

Bajas laborales por ansiedad

Las consecuencias de esta situación sanitaria, según CCOO, también se extienden a la salud psicológica de las trabajadoras. La organización sindical afirma que varias empleadas se encuentran de baja laboral, en algunos casos por cuadros de ansiedad y ansiedad reactiva relacionados con el temor continuado al contagio y la incertidumbre sobre los posibles efectos en su entorno familiar.

CCOO denuncia, además, dificultades para que se reconozca el posible origen profesional de estas bajas. Según explica, varias trabajadoras acudieron a la mutua aseguradora para solicitar seguimiento, pero sus procesos no fueron reconocidos como contingencias profesionales, al no admitir la empresa en ese momento la presencia de la enfermedad en las instalaciones. Por ello, el sindicato reclama que se revise individualmente cada expediente para determinar si las bajas están relacionadas con la actividad laboral.

Denuncia ante las inspecciones de Trabajo y Sanidad

La representación sindical también reprocha a la dirección de la residencia que no haya facilitado al Comité de Empresa ni a la Delegada de Prevención la información solicitada formalmente sobre la evaluación del riesgo biológico, una documentación que considera necesaria para valorar la exposición de la plantilla y las medidas preventivas aplicadas.

Ante la falta de avances en las conversaciones con la empresa, CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que compruebe si se están cumpliendo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, el sindicato ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Sanidad, después de contactar con los servicios de Epidemiología. Su objetivo es que se verifique el cumplimiento de los protocolos sanitarios y se determinen las medidas correctoras necesarias para acabar con los contagios recurrentes en la residencia Virgen de Celada. De este modo, por ambas vías, el análisis de la situación está ahora en manos de la Junta de Castilla y León.

Varios colectivos de izquierdas convocan una concentración bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada este jueves, 8 de octubre, a las 19.30 horas.

Las estructuras bercianas de Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras, así como Podemos Ponferrada, Alianza Bierzo Cabrera y El Bierzo Antifascista figuran en el cartel como convocantes de la protesta.

“El problema de la vivienda nos afecta a todas y todos, nuestras casas tienen que ser para vivir, no para especular”, señalan a través de las redes sociales las organizaciones convocantes, que enfocan el problema tanto desde el ámbito comarcal como desde el nacional.

Y es que la movilización social levantada por las dificultades de acceso a la vivienda ya ha desencadenado una convocatoria de huelga general (11 de noviembre) y de elecciones anticipadas (29 de noviembre) en España.

Unos 700 sanitarios de los 210 puntos de Atención Continuada y 23 servicios de emergencia de la sanidad de Castilla y León reciben la manutención en sus guardias diarias en la comunidad, unos menús cuya concesión lleva una empresa, de mala calidad y cantidad, y que los usuarios piden que se cambie hacia un modelo de tiques en restaurantes locales o con las cocinas sanitarias con menos uso.

Así se desprende de la encuesta que ha realizado el sindicato a 555 profesionales, con un 97% de descontento, y de un análisis efectuado en 157 centros de toda Castilla y León, que constatan un descontento generalizado con la calidad, conservación y gestión de los alimentos suministrados.

En declaraciones a la Agencia EFE, la coordinadora de la Federación de Sanidad de CCOO en León, Dulcinea Álvarez, ha explicado que el contrato es para 1.200 menús al día para no más de 700 profesionales, aunque ni la mitad recurren a esos menús ya que se llevan las comidas de sus casas por lo que también se preguntan a dónde va a parar ese dinero.

Ese servicio lo llevan las firmas Eurest y Vitarest, y debe renovarse a final de noviembre o principios de diciembre, por lo que CCOO aboga por un cambio de modelo volviendo al antiguo de tiques o acuerdos con restaurantes cercanos, lo que además dinamiza el medio rural, o mediante las cocinas hospitalarias que tengan menos uso, para fomentar el sistema público, o también mediante el pago vía nomina, ha detallado Álvarez.

El análisis realizado por los delegados y delegadas del sindicato en 157 centros ha detectado ensaladas y otros alimentos deteriorados, productos con fechas de caducidad muy próximas, problemas de conservación de la cadena de frío, errores de etiquetado, productos diferentes de los solicitados, falta de agua suficiente y un elevado uso de envases de plástico.

Además, se trata de alimentos mayoritariamente ultraprocesados y con escasa presencia de producto fresco, una situación que considera especialmente contradictoria en un sistema sanitario que promueve hábitos de alimentación saludable entre la población.

El sector de conservas vegetales afronta este viernes su primera jornada de huelga estatal, una movilización que tiene especial incidencia en León, una de las principales zonas de actividad de esta industria en España. El paro ha sido convocado ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo estatal y afecta a empresas de distintos puntos de la provincia, entre ellas las situadas en la Vega del Esla, Vidanes, la zona del Órbigo y La Bañeza.

La huelga reclama un convenio que permita mejorar las condiciones laborales del sector. Entre las reivindicaciones figuran un incremento salarial, una nueva clasificación profesional con salarios adecuados, un complemento económico durante las situaciones de incapacidad temporal, la reducción de jornada, el aumento y creación de pluses y mejoras en los permisos.

Los trabajadores reclaman también medidas que garanticen empleo estable y de calidad, así como el desarrollo efectivo de medidas sociales y de igualdad.

En León, la primera jornada está transcurriendo inicialmente con presencia de piquetes informativos y seguimiento desigual, aunque desde UGT señalan que los trabajadores “se están animando a secundar la huelga” conforme avanza la jornada. El sindicato destaca la presencia de empresas afectadas en diferentes áreas de la provincia, lo que convierte a León en uno de los territorios relevantes para el seguimiento del paro.

La convocatoria establece tres jornadas de huelga de 24 horas en caso de que la mediación no permita alcanzar un acuerdo: 25 de septiembre, 7 y 8 de octubre. Los paros comienzan a las 00.00 horas y terminan a las 24.00 horas, con una adaptación para los centros que trabajan a turnos: en estos casos, el turno de noche inicia la huelga a la hora habitual de comienzo de su jornada.

La movilización se desarrolla bajo el lema 'Ni un paso atrás, todos y todas unidos por un convenio digno', mientras sindicatos y trabajadores mantienen la presión para desbloquear la negociación y alcanzar un acuerdo para el conjunto del sector.

El sindicato USO Sanidad Castilla y León ha solicitado a la Gerencia de Atención Primaria de León que los centros de salud de las localidades de Valencia de Don Juan y Sahagún cuenten durante todo el año con dos Unidades de Atención Continuada completas, formadas cada una por un médico y una enfermera.

Según expone el sindicato, la dotación habitual durante las guardias está formada actualmente por dos médicos y una enfermera. En Valencia de Don Juan, durante determinados periodos de verano, puentes y fechas festivas se incorpora una segunda profesional de Enfermería, una ampliación que, según precisa USO, ni siquiera se produce en Sahagún.

La organización sindical sostiene que el principal problema aparece cuando uno de los equipos tiene que desplazarse para realizar una atención domiciliaria. En esas circunstancias, denuncia que el segundo médico puede permanecer en el centro de salud sin una enfermera que complete su unidad, una situación que considera especialmente problemática si se produce una urgencia que requiera la intervención simultánea de ambos profesionales.

La coordinación Medicina-Enfermería

Por ello, USO reclama consolidar durante los doce meses una plantilla de dos médicos y dos enfermeras en las guardias, de modo que una unidad pueda desplazarse a un domicilio mientras la segunda permanece completa en el centro sanitario. El sindicato defiende además que este modelo encajaría con el funcionamiento habitual de las unidades asistenciales, basado en el trabajo coordinado entre Medicina y Enfermería.

La organización también llama la atención sobre la carga de trabajo que, a su juicio, supone que una sola enfermera asuma guardias de 17 o 24 horas, teniendo que responder tanto a la actividad desarrollada en el centro como a las posibles salidas domiciliarias. La incorporación de una segunda enfermera permitiría, según argumenta, distribuir la actividad y evitar que toda la cobertura recaiga sobre una única profesional.

La petición remitida a Atención Primaria plantea así mantener permanentemente dos unidades completas en Valencia de Don Juan y Sahagún, garantizar durante las guardias una dotación de dos médicos y dos enfermeras y evitar que una asistencia domiciliaria deje el centro sin un equipo médico-enfermero completo. USO considera que este refuerzo debe plantearse como una medida estable para mejorar la capacidad de respuesta asistencial tanto dentro de los centros de salud como en los domicilios.

CCOO de León y Asturias volverán a llevar a la carretera su rechazo al peaje de la AP-66, la autopista del Huerna, con una concentración este jueves, 24 de septiembre, a la entrada del peaje de La Magdalena. Los dos sindicatos mantienen desde hace meses una campaña conjunta para reclamar el fin del pago por utilizar esta vía, que consideran una barrera económica y territorial entre León y Asturias.

La protesta se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas y contará con la participación de delegados y delegadas de ambas organizaciones. Está prevista una pequeña asamblea en la que intervendrán la secretaria general de CCOO de León, Elena Blasco, y el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. Los sindicatos también repartirán octavillas y material informativo entre los usuarios de la autopista.

CCOO sostiene que el peaje afecta especialmente a quienes utilizan la autopista de forma habitual para trabajar, estudiar o desplazarse entre León y Asturias, además de a transportistas y familias. El sindicato reclama que deje de cobrarse por una infraestructura que, según denuncia, mantiene actualmente restricciones y obras mientras se continúa pagando la tarifa íntegra. La concesionaria Aucalsa mantiene el peaje de la AP-66 hasta 2050 según la información del Ministerio de Transportes.

El coste del viaje, además, se ha incrementado este año. Desde enero de 2026, el trayecto completo para vehículos ligeros cuesta 16,20 euros, aunque se mantienen determinadas bonificaciones para usuarios frecuentes y vehículos pesados.

La situación de la autopista ha generado también actuaciones administrativas. El Gobierno del Principado mantiene abierto un expediente a Aucalsa por el cobro íntegro del peaje pese a las obras y las restricciones que afectan a la circulación. Entre las cuestiones analizadas figuran la reducción de carriles, las limitaciones de velocidad, la congestión y la información disponible para los usuarios.

La protesta de CCOO se produce además después de que las Cortes de Castilla y León hayan aprobado recientemente una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno central el fin del peaje de la AP-66, así como bonificaciones de al menos el 60% para los usuarios recurrentes de las autopistas de la Comunidad. La propuesta no incluyó, pese a una enmienda de UPL, la eliminación del peaje de la AP-71 León-Astorga, que continúa siendo también de pago.

La concentración del jueves servirá también para que los responsables de CCOO expliquen las próximas actuaciones de la campaña contra el peaje del Huerna. Los secretarios generales de los sindicatos atenderán a los medios a las 11.30 horas, en el entorno del peaje de La Magdalena.

Los sindicatos CSIF, CCOO y ACAIP han denunciado dos nuevas agresiones este fin de semana en el centro penitenciario provincial de León, el de Villahierro, en Mansillas de las Mulas, en las que han resultado heridos cuatro funcionarios: tres el sábado y uno, el domingo.

Así lo han trasladado a través de comunicados y declaraciones a la Agencia Efe, en las que han coincidido en la situación de vulnerabilidad y de falta de apoyo a los trabajadores del esta cárcel, que suman una veintena funcionarios agredidos en lo que va de año. La primera tuvo lugar el sábado, cuando un interno aseguró sentirse mal y fue trasladado a la enfermería de la cárcel.

Según fuentes sindicales, cuando el personal de enfermería indicó que el preso fingía, éste se puso violento y propinó una fuerte patada al jefe de servicio que cayó al suelo. El agresor intentó darle más patadas, pero los funcionarios intervinieron de inmediato para controlar la situación y evitar que el incidente tuviera consecuencias aún más graves. Durante el traslado del preso al departamento de aislamiento, también dio un cabezazo a uno de los funcionarios; y ya aislado mantuvo su actitud agresiva.

Respecto a la agresión del domingo, fuentes sindicales han informado de que un interno agredió a un funcionario durante el traslado al módulo de aislamiento.

Félix Alonso, de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), ha advertido en declaraciones a Efe del incremento de los incidentes violentos en la cárcel leonesa y lo ha atribuido al “hacinamiento” en sus instalaciones, que acogen a más de 1.200 presos cuando su capacidad es de 840 internos. Una población reclusa heterogénea y con numerosas enfermedades de salud mental que hacen que, a su juicio, “la prisión de Mansilla esté a punto de colapsar”.

Por ello, ha reclamado el reconocimiento como agente de autoridad para los funcionarios de prisiones y ha pedido el respaldo de las direcciones de los centros y del Ministerio de Interior ante las agresiones. “Se está haciendo buenismo por parte de los directores y muchas veces (los funcionarios agredidos) se han ido a su casa cuando ocurren”, ha afirmado, antes de reconocer que en ocasiones son los propios sindicatos los que ponen la denuncia.

Vulnerabilidad

Por su parte, CCOO ha incidido en la “preocupante escalada de incidentes violentos contra los trabajadores penitenciarios” y ha cuestionado la efectividad del protocolo de actuación frente a las agresiones, por lo que reclaman la aprobación de uno nuevo y el refuerzo de la plantilla.

Asimismo, ha informado de que no participará en los actos oficiales de este año de la festividad de Nuestra Señora de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, al considerar incoherente celebrar esta fiesta mientras no se atienden las necesidades de los trabajadores

Por su parte, el sindicato CSIF ha advertido a través de un comunicado de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran estos funcionarios, que enfrentan una “creciente falta de respeto y desprecio por la autoridad” en su quehacer diario.

La central sindical ha insistido en la necesidad de que la administración adopte medidas eficaces para proteger la integridad física de los empleados penitenciarios y para que se les respete.

El Ayuntamiento de León concede a todos sus alcaldes de la presente etapa democrática la Gran Cruz Legio VII al Mérito de la Policía Local con motivo de la festividad de San Marcelo, patrón del cuerpo, que se celebrará el próximo 29 de octubre. Son distinciones recogidas en el Reglamento de Premios y Recompensas del Cuerpo de la Policía Local, propuestas por el regidor, José Antonio Diez, tras el inicio de un expediente por parte del Intendente Jefe, Miguel Ángel Llorente, del que este lunes se ha dado cuenta en la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, según informa el equipo de Gobierno municipal.

Así, la Gran Cruz Legio VII al Mérito de la Policía Local de León será concedida a Antonio Silván, Emilio Gutiérrez, Francisco Javier Fernández, Gregorio Pérez de Lera, José Luis Díaz Villarig, Luis Diego Polo, Mario Amilivia y Juan Morano. En todos los casos, la propuesta de concesión de estas distinciones destaca de cada alcalde su colaboración con el Cuerpo de la Policía Local de León y todos los servicios municipales.

La distinción reconoce cómo los regidores de la presente etapa democrática, iniciada con las elecciones municipales de 1979, han favorecido el desempeño de las funciones a la Policía Local, así como contribuido al fortalecimiento del cuerpo dentro de la estructura administrativa, su prestigio y su proyección ante la sociedad leonesa.

El anuncio se produce en medio de un enrarecido clima preelectoral en el PSOE, después de que la Ejecutiva Municipal anunciase la elección de José Antonio Diez como candidato a la reelección en mayo de 2027 y este mismo lunes el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, negara la mayor dando por hecho que habrá un proceso de primarias y atizando la confrontación que mantienen desde hace años. “El alcalde de León abandonó el PSOE hace mucho tiempo”, sentenció Cendón.

Tampoco se ha escapado de la polémica el propio mecanismo de concesión de distinciones como esta Gran Cruz Legio VII al haber reclamado el sindicato UGT que la propuesta parta de una comisión de valoración y no sólo del criterio del Intendente Jefe, según publicó en su día Diario de León.

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León organiza este martes, 15 de septiembre, en el Museo de la Radio de Ponferrada la proyección del documental Siete días en mayo y la celebración de un coloquio posterior en torno a la matanza de abogados laboralistas de Atocha a manos de pistoleros de ultraderecha en enero de 1977, en plena Transición política hacia la democracia en España. Será a las 18.00 horas, con entrada libre y con la presencia del adjunto a la Secretaría General de CCOO Bruno Estrada.

Dirigida por Rosana Pastor, la película documental sitúa el atentado de Atocha dentro de una reflexión más amplia sobre los movimientos ultraderechistas europeos desde los años setenta hasta la actualidad.

“En el contexto actual es fundamental conocer cómo se consiguieron los derechos y libertades de los que hoy disfrutamos, el papel que desempeñaron las organizaciones obreras y democráticas y también la actuación de la extrema derecha”, señala el secretario comarcal de Comisiones en El Bierzo, Roberto Echegaray.

La dirección comarcal de CCOO anima a los bercianos a acudir a la proyección y participa en el coloquio en torno a un episodio clave en la historia de España del que próximamente se cumplirán 50 años y que afectó a una leonesa, la abogada Lola González, que sufrió lesiones muy graves y vio morir a su marido, Javier Sauquillo. El atentado ya fue en 1979 el argumento de la película dirigida por Juan Antonio Bardem Siete días de enero.

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León y CCOO León organizan este miércoles, 9 de de septiembre, un acto que servirá para conmemorar el 50.º aniversario de la que se considera como asamblea general fundacional del sindicato, celebrada todavía en la ilegalidad. Lo hará en la sede de la Fundación Sierra Pambley (calle Dámaso Merino de la capital leonesa) a las 19.00 horas con la proyección de un documental y un coloquio posterior, actos abiertos al público.

Fue en julio de 1976, menos de un año después de la muerte del dictador Francisco Franco, cuando se celebró en la ciudad condal la cita que supuso un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento surgido en defensa de los trabajadores al comenzar su transformación en un sindicato del cariz de los actuales.

El acto conmemorativo comenzará con la proyección del documental Valor decisivo. 50 años de la Asamblea General de Barcelona (1976-2026), seguido de un coloquio en el que intervendrán el director de la cinta, Miguel Ángel Sánchez, el primer secretario general de CCOO en Castilla y León, Javier Fernández, la primera secretaria de Mujer confederal de CCOO, Begoña Sanjosé, y el adjunto a la Secretaría General, Bruno Estrada, que ejercerá como moderador.

En el acto también se pondrá de manifiesto “la importancia de lo aportado al sindicalismo desde la provincia de León”, uno de los puntos de origen del movimiento de las Comisiones Obreras durante las huelgas mineras de los años sesenta.

El inicio del curso escolar vuelve a llegar acompañado de protestas por la organización de la escuela rural en la provincia de León. Como ya ocurrió otros septiembres, la configuración de las aulas y colegios en función del número de alumnos ha provocado quejas de familias y sindicatos por agrupaciones de diferentes cursos, recorte de recursos y, en el caso de Santalla del Bierzo, el cierre de la escuela. La Junta de Castilla y León ha dado marcha atrás en algunas de las decisiones inicialmente previstas, pero mantiene otras que la comunidad educativa cuestiona.

Uno de los conflictos abiertos estaba en Vega de Espinareda, donde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP Piñera había convocado para este miércoles una concentración a las puertas del colegio. Las familias rechazaban la unificación de los grupos de primero y segundo de Educación Infantil y reclamaban que se mantuvieran los recursos necesarios para que ambos continuaran separados. Sin embargo, apenas unas horas después de anunciar la protesta y a dos días del comienzo de las clases, el AMPA ha comunicado que Educación ha dado marcha atrás y finalmente mantendrá separados los dos cursos.

La rectificación ha llevado a las familias a desconvocar la concentración. La decisión llega después de que hubieran trasladado sus reclamaciones a la Administración educativa sin obtener, según denunciaba este mismo lunes la asociación, una respuesta ni una reunión antes del comienzo de las clases. “Acabamos de recibir la comunicación de que finalmente se mantienen los cursos separados, por lo que ya no es necesaria la movilización que habíamos convocado”, ha anunciado el AMPA, que ha agradecido el apoyo recibido.

La situación ya había provocado protestas la pasada semana. En el Piñera hay cinco niños matriculados en uno de los cursos afectados y siete en el otro y las familias advertían, además, de la presencia de un alumno con necesidades especiales. La Dirección Provincial de Educación justificó inicialmente la reorganización en que el número de escolares no alcanzaba el mínimo necesario para conservar tres unidades de Infantil y planteó dejar la etapa organizada en dos aulas. Finalmente, los dos cursos afectados continuarán separados.

Cierra la escuela de Santalla

A este conflicto se suma ahora el de Santalla del Bierzo, cuya escuela, integrada en el CRA de Carucedo, no ha abierto este curso después de la supresión de una de las unidades. UGT ha denunciado este lunes que la medida evidencia la pérdida de aulas que está sufriendo el medio rural y las consecuencias que tiene tanto para los alumnos como para las plantillas docentes.

El sindicato contrapone esta decisión con la adoptada en otros centros en los que Educación sí ha rectificado. Es el caso del CEIP Las Alamedas de Dehesas, donde finalmente se ha dado marcha atrás en la clausura de un aula. Algo similar ocurrió la pasada semana en Noceda del Bierzo: las familias habían denunciado que los diez alumnos de entre 3 y 10 años iban a quedar agrupados en una única clase, mezclando hasta seis cursos diferentes, pero la Dirección Provincial terminó garantizando dos aulas mediante la ampliación de horarios del profesorado o la incorporación de otro docente. A estos casos se suma ahora el de Vega de Espinareda, donde la rectificación ha llegado este lunes, a dos días del comienzo de las clases y después de que las familias hubieran llegado a convocar una concentración.

En el CRA de Carucedo, en cambio, la supresión se mantiene y ha supuesto el cierre de Santalla. Las familias reclaman ahora que al menos se conserve a jornada completa un profesor de apoyo. Alegan que actualmente existen cuatro alumnos que necesitan atención educativa específica y otros cuatro pendientes de valoración, a lo que añaden la propia complejidad de trabajar con aulas multinivel distribuidas entre diferentes localidades.

UGT considera que el problema va más allá de estos casos concretos y sostiene que las ratios utilizadas para decidir la continuidad de las unidades no reflejan suficientemente la realidad de la escuela rural. El sindicato advierte de que aumenta el número de alumnos con necesidades educativas especiales y la complejidad de algunos grupos sin que crezcan en la misma medida los recursos humanos.

Entre los centros en los que detecta problemas cita, además del Piñera y el CRA de Carucedo, el CRA de Corullón, el CEIP Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos y los colegios Peñalba y Jesús Maestro de Ponferrada. También cuestiona el aumento de las medias jornadas y de puestos docentes con varios perfiles, la situación de los profesores itinerantes y la carga de trabajo que soportan los equipos directivos.

La polémica se produce además sin que la Junta haya facilitado todavía un balance detallado para la provincia de León sobre los cambios de unidades, aulas y recursos con los que comienza el curso 2026/2027. ILEÓN ha solicitado esta información en dos ocasiones a la Administración autonómica sin obtener hasta el momento los datos provincializados.

La primera petición se trasladó al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al primer consejo de Gobierno autonómico de septiembre, pero evitó contestar aludiendo a que al día siguiente la consejera de Educación comparecería con motivo del inicio del curso. Celebrada esa comparecencia sin un desglose específico para León, este medio volvió a solicitar los datos de la provincia. La respuesta fue emplazar a la futura comparecencia que ofrecerá esta semana el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, cuando el curso escolar ya haya comenzado.

El parque multiaventura La Roca de Palencia acogerá el próximo jueves 24 de septiembre el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT en Castilla y León. La inscripción, libre y gratuita y con preferencia para afiliados, se puede formalizar hasta el lunes 14 en las sedes de la UJP en cada una de las provincias de la comunidad. La capital palentina toma el relevo de Valladolid, que organizó el pasado año la primera edición en el Pinar de Antequera.

La jornada comenzará entre las 9.00 y las 11.00 horas con la recepción de asistentes y desayuno, seguida de la recepción de autoridades y un acto institucional programado para las 11.15 horas. Una sucesión de actividades dará luego paso a una comida a base de olla ferroviaria (14.45 horas).

Por la tarde serán protagonistas las actuaciones: del Nuevo Mester de Juglaría (16.15 horas) y la música y el baile con Sara Bureba (17.45 horas). A las 19.00 horas llegará el momento de la clausura de este II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT.

La organización calcula que alrededor de 450 personas participarán en esta cita. La provincia de León cuenta con 1.316 afiliados a la UJP.

Los empleados de Correos en Castilla y León se han sumado a la convocatoria de protesta nacional impulsada por CSIF, con concentraciones en las delegaciones provinciales, para exigir un aumento de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales e iniciar un plan de rejuvenecimiento.

La movilización, que continuará con una nueva protesta el próximo 17 de septiembre otra vez en todas las provincias, y culminará con una concentración en Madrid el día 30 de septiembre, reclama a la empresa pública que cumpla con el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Los trabajadores han pedido reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido; implantar las 35 horas semanales; transformar en tiempo completo las jornadas parciales; respetar los permisos de conciliación; y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento ante una plantilla cuya media de edad es de 52 años.

También demandan condiciones laborales dignas, y recuerdan que los contratos temporales cuentan con un sueldo medio de entre 800 y 900 euros; además de defender un servicio de correos público y de calidad.