La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León y CCOO León organizan este miércoles, 9 de de septiembre, un acto que servirá para conmemorar el 50.º aniversario de la que se considera como asamblea general fundacional del sindicato, celebrada todavía en la ilegalidad. Lo hará en la sede de la Fundación Sierra Pambley (calle Dámaso Merino de la capital leonesa) a las 19.00 horas con la proyección de un documental y un coloquio posterior, actos abiertos al público.

Fue en julio de 1976, menos de un año después de la muerte del dictador Francisco Franco, cuando se celebró en la ciudad condal la cita que supuso un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento surgido en defensa de los trabajadores al comenzar su transformación en un sindicato del cariz de los actuales.

El acto conmemorativo comenzará con la proyección del documental Valor decisivo. 50 años de la Asamblea General de Barcelona (1976-2026), seguido de un coloquio en el que intervendrán el director de la cinta, Miguel Ángel Sánchez, el primer secretario general de CCOO en Castilla y León, Javier Fernández, la primera secretaria de Mujer confederal de CCOO, Begoña Sanjosé, y el adjunto a la Secretaría General, Bruno Estrada, que ejercerá como moderador.

En el acto también se pondrá de manifiesto “la importancia de lo aportado al sindicalismo desde la provincia de León”, uno de los puntos de origen del movimiento de las Comisiones Obreras durante las huelgas mineras de los años sesenta.

El inicio del curso escolar vuelve a llegar acompañado de protestas por la organización de la escuela rural en la provincia de León. Como ya ocurrió otros septiembres, la configuración de las aulas y colegios en función del número de alumnos ha provocado quejas de familias y sindicatos por agrupaciones de diferentes cursos, recorte de recursos y, en el caso de Santalla del Bierzo, el cierre de la escuela. La Junta de Castilla y León ha dado marcha atrás en algunas de las decisiones inicialmente previstas, pero mantiene otras que la comunidad educativa cuestiona.

Uno de los conflictos abiertos estaba en Vega de Espinareda, donde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP Piñera había convocado para este miércoles una concentración a las puertas del colegio. Las familias rechazaban la unificación de los grupos de primero y segundo de Educación Infantil y reclamaban que se mantuvieran los recursos necesarios para que ambos continuaran separados. Sin embargo, apenas unas horas después de anunciar la protesta y a dos días del comienzo de las clases, el AMPA ha comunicado que Educación ha dado marcha atrás y finalmente mantendrá separados los dos cursos.

La rectificación ha llevado a las familias a desconvocar la concentración. La decisión llega después de que hubieran trasladado sus reclamaciones a la Administración educativa sin obtener, según denunciaba este mismo lunes la asociación, una respuesta ni una reunión antes del comienzo de las clases. “Acabamos de recibir la comunicación de que finalmente se mantienen los cursos separados, por lo que ya no es necesaria la movilización que habíamos convocado”, ha anunciado el AMPA, que ha agradecido el apoyo recibido.

La situación ya había provocado protestas la pasada semana. En el Piñera hay cinco niños matriculados en uno de los cursos afectados y siete en el otro y las familias advertían, además, de la presencia de un alumno con necesidades especiales. La Dirección Provincial de Educación justificó inicialmente la reorganización en que el número de escolares no alcanzaba el mínimo necesario para conservar tres unidades de Infantil y planteó dejar la etapa organizada en dos aulas. Finalmente, los dos cursos afectados continuarán separados.

Cierra la escuela de Santalla

A este conflicto se suma ahora el de Santalla del Bierzo, cuya escuela, integrada en el CRA de Carucedo, no ha abierto este curso después de la supresión de una de las unidades. UGT ha denunciado este lunes que la medida evidencia la pérdida de aulas que está sufriendo el medio rural y las consecuencias que tiene tanto para los alumnos como para las plantillas docentes.

El sindicato contrapone esta decisión con la adoptada en otros centros en los que Educación sí ha rectificado. Es el caso del CEIP Las Alamedas de Dehesas, donde finalmente se ha dado marcha atrás en la clausura de un aula. Algo similar ocurrió la pasada semana en Noceda del Bierzo: las familias habían denunciado que los diez alumnos de entre 3 y 10 años iban a quedar agrupados en una única clase, mezclando hasta seis cursos diferentes, pero la Dirección Provincial terminó garantizando dos aulas mediante la ampliación de horarios del profesorado o la incorporación de otro docente. A estos casos se suma ahora el de Vega de Espinareda, donde la rectificación ha llegado este lunes, a dos días del comienzo de las clases y después de que las familias hubieran llegado a convocar una concentración.

En el CRA de Carucedo, en cambio, la supresión se mantiene y ha supuesto el cierre de Santalla. Las familias reclaman ahora que al menos se conserve a jornada completa un profesor de apoyo. Alegan que actualmente existen cuatro alumnos que necesitan atención educativa específica y otros cuatro pendientes de valoración, a lo que añaden la propia complejidad de trabajar con aulas multinivel distribuidas entre diferentes localidades.

UGT considera que el problema va más allá de estos casos concretos y sostiene que las ratios utilizadas para decidir la continuidad de las unidades no reflejan suficientemente la realidad de la escuela rural. El sindicato advierte de que aumenta el número de alumnos con necesidades educativas especiales y la complejidad de algunos grupos sin que crezcan en la misma medida los recursos humanos.

Entre los centros en los que detecta problemas cita, además del Piñera y el CRA de Carucedo, el CRA de Corullón, el CEIP Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos y los colegios Peñalba y Jesús Maestro de Ponferrada. También cuestiona el aumento de las medias jornadas y de puestos docentes con varios perfiles, la situación de los profesores itinerantes y la carga de trabajo que soportan los equipos directivos.

La polémica se produce además sin que la Junta haya facilitado todavía un balance detallado para la provincia de León sobre los cambios de unidades, aulas y recursos con los que comienza el curso 2026/2027. ILEÓN ha solicitado esta información en dos ocasiones a la Administración autonómica sin obtener hasta el momento los datos provincializados.

La primera petición se trasladó al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al primer consejo de Gobierno autonómico de septiembre, pero evitó contestar aludiendo a que al día siguiente la consejera de Educación comparecería con motivo del inicio del curso. Celebrada esa comparecencia sin un desglose específico para León, este medio volvió a solicitar los datos de la provincia. La respuesta fue emplazar a la futura comparecencia que ofrecerá esta semana el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, cuando el curso escolar ya haya comenzado.

El parque multiaventura La Roca de Palencia acogerá el próximo jueves 24 de septiembre el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT en Castilla y León. La inscripción, libre y gratuita y con preferencia para afiliados, se puede formalizar hasta el lunes 14 en las sedes de la UJP en cada una de las provincias de la comunidad. La capital palentina toma el relevo de Valladolid, que organizó el pasado año la primera edición en el Pinar de Antequera.

La jornada comenzará entre las 9.00 y las 11.00 horas con la recepción de asistentes y desayuno, seguida de la recepción de autoridades y un acto institucional programado para las 11.15 horas. Una sucesión de actividades dará luego paso a una comida a base de olla ferroviaria (14.45 horas).

Por la tarde serán protagonistas las actuaciones: del Nuevo Mester de Juglaría (16.15 horas) y la música y el baile con Sara Bureba (17.45 horas). A las 19.00 horas llegará el momento de la clausura de este II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT.

La organización calcula que alrededor de 450 personas participarán en esta cita. La provincia de León cuenta con 1.316 afiliados a la UJP.

Los empleados de Correos en Castilla y León se han sumado a la convocatoria de protesta nacional impulsada por CSIF, con concentraciones en las delegaciones provinciales, para exigir un aumento de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales e iniciar un plan de rejuvenecimiento.

La movilización, que continuará con una nueva protesta el próximo 17 de septiembre otra vez en todas las provincias, y culminará con una concentración en Madrid el día 30 de septiembre, reclama a la empresa pública que cumpla con el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Los trabajadores han pedido reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido; implantar las 35 horas semanales; transformar en tiempo completo las jornadas parciales; respetar los permisos de conciliación; y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento ante una plantilla cuya media de edad es de 52 años.

También demandan condiciones laborales dignas, y recuerdan que los contratos temporales cuentan con un sueldo medio de entre 800 y 900 euros; además de defender un servicio de correos público y de calidad.

El curso escolar 2026-2027 en las nueve provincias de Castilla y León estrena calendario. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, junto a los sindicatos del sector, hace meses que marcaron las fechas de inicio y final de las clases, así como los principales periodos vacacionales y días no lectivos de un curso que comenzará de forma escalonada en septiembre y que volverá a dejar varios puentes y descansos repartidos a lo largo del año, con un largo período vacacional en Navidad que hará que no se retomen las clases hasta el 11 de enero de 2026.

Los primeros en regresar a las aulas serán en septiembre los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, que comenzarán las clases el miércoles 9 de septiembre de 2026. Ese mismo día se incorporarán también los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizados en centros de Educación Primaria y el alumnado de segundo curso de ciclos formativos de grado superior.

La vuelta generalizada para los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial llegará unos días después, el martes 15 de septiembre.

El calendario mantiene además una incorporación progresiva para el resto de enseñanzas. El 22 de septiembre comenzarán las clases los alumnos de grado medio y de primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, así como el alumnado de enseñanzas en régimen a distancia y de las aulas de Educación de Personas Adultas.

La siguiente fecha marcada será el 1 de octubre, cuando se incorporarán los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas. El último inicio del calendario será el 5 de octubre, para el alumnado de enseñanzas de idiomas.

Casi tres semanas de vacaciones en Navidad

Uno de los periodos más largos de descanso del curso llegará con las vacaciones navideñas. Las clases terminarán antes de Navidad y el periodo vacacional se extenderá desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, ambos incluidos.

A este amplio parón se sumarán los días festivos y no lectivos del primer trimestre, entre ellos el 12 de octubre, que caerá en lunes, y el 2 de noviembre, ya que el día de Todos los Santos pasa de domingo a lunes), además del 30 de octubre, establecido como día no lectivo con motivo del Día del Docente, y que genera otro puente al ser viernes.

El calendario también permitirá un largo descanso en el puente de la Constitución y la Inmaculada. El 7 y el 8 de diciembre serán festivos, lo que, unido al fin de semana, dejará varios días consecutivos sin clases.

Además, los calendarios municipales podrán incorporar sus propios días festivos, que también afectarán a la actividad lectiva de los centros de cada localidad. En el caso de León capital, por ejemplo, el lunes 5 de octubre San Froilán y un adelanto inesperado del fin de curso, ya que el 24 de junio se celebra San Juan.

Carnaval y diez días sin clase en Semana Santa

El segundo gran descanso del curso llegará con Carnaval. El lunes 8 y el martes 9 de febrero de 2027 serán días no lectivos, por lo que el alumnado tendrá cuatro días consecutivos sin clase al unirse al fin de semana anterior.

La Semana Santa concentrará otro de los principales periodos vacacionales. Las vacaciones comenzarán el 20 de marzo y se prolongarán hasta el 30 de marzo, de manera que los estudiantes regresarán a las aulas el miércoles 31 de marzo. Jueves Santo será el día 25 y Viernes Santo el 26 de marzo.

Un final de curso escalonado hasta el 24 de junio

El final del curso también será diferente según las enseñanzas. Los primeros en terminar serán los alumnos de segundo de Bachillerato y algunos ciclos formativos de FP de grado superior, cuyas clases finalizarán el 21 de mayo de 2027.

El resto de finales se producirán de forma escalonada durante junio. El primer curso de Bachillerato y parte del alumnado de Formación Profesional concluirán antes, mientras que el grueso de los estudiantes de Castilla y León mantendrá las clases hasta el 24 de junio, fecha que marcará el inicio de las vacaciones de verano para Infantil, Primaria, ESO y buena parte del resto de enseñanzas.

El acuerdo de la Consejería de Educación, que se refleja en este enlace detallado con todas las fechas, contempla además que la Junta de Castilla y León vuelva a hacerse cargo de la atención del alumnado durante los periodos de reducción de la jornada lectiva en junio y septiembre. Las familias podrán contar, además, con la posibilidad de utilizar el servicio de comedor durante esas semanas.

A continuación dejamos el calendario oficial completo para descargar o consultar:

El nuevo curso comenzará con conflicto laboral en la Universidad de León (ULE). UGT, CCOO y CSIF han anunciado un paquete de movilizaciones y medidas de protesta a partir del lunes 14 de septiembre contra el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 aprobado en julio para intentar corregir el déficit de la institución académica. Los sindicatos rechazan que parte del ajuste recaiga sobre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y advierten: “El PTGAS no pagará los platos rotos del despilfarro”.

Las tres organizaciones llaman a estos trabajadores a cumplir desde esa fecha únicamente la jornada mínima los lunes, de 9.00 a 14.00 horas para el turno de mañana y de 14.00 a 19.00 horas para el de tarde. Según los sindicatos, estos horarios son compatibles con el reglamento de flexibilidad de jornadas de la propia Universidad. Advierten además de que la protesta podría extenderse a más días de la semana si el Rectorado no retira las medidas que consideran perjudiciales para el colectivo.

La protesta incluirá también el rechazo a realizar servicios extraordinarios y horas extra, a utilizar las bolsas de horas previstas en el reglamento de la ULE y a aceptar cambios de turno que no hayan sido programados y comunicados con al menos cinco días laborables de antelación. UGT, CCOO y CSIF llaman igualmente a los trabajadores a limitarse estrictamente a las funciones asignadas a sus puestos y a ejercer diariamente su derecho al descanso, incluso cuando ello implique cerrar temporalmente un servicio porque haya una sola persona trabajando.

A estas medidas se sumarán próximamente asambleas informativas y concentraciones de protesta, cuyos detalles todavía no han sido concretados. “Ni una hora de más gratis”, proclaman las organizaciones sindicales, que consideran que las necesidades extraordinarias de trabajo deben cubrirse mediante contratación y empleo público y no recurriendo a la plantilla existente.

El PTGAS, en el centro del conflicto

El principal motivo de la protesta es la decisión incluida en el plan de ajuste de suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del PTGAS. Los sindicatos consideran que este colectivo está soportando de manera “injusta y discriminatoria” una parte especialmente importante de las medidas de ahorro.

UGT, CCOO y CSIF sostienen que los trabajadores no son responsables del incremento del gasto que ha llevado a la Universidad a su actual situación económica. “El exceso de gasto corriente y las cuestionables decisiones presupuestarias de los últimos años no han sido generados por los trabajadores y las trabajadoras del PTGAS”, argumentan antes de denunciar que ahora se pretenda que sean ellos quienes “paguen las consecuencias de una gestión en la que no hemos participado”.

Las organizaciones sindicales critican especialmente el aplazamiento de la carrera profesional y aseguran que convierte al PTGAS en “el único colectivo de toda la Universidad de León que no cobra su nómina íntegra”, mientras, según denuncian, “se siguen manteniendo y abonando con total normalidad otros complementos” y aumentando el número de cargos y puestos de libre designación.

El comunicado conjunto supone un paso más en la contestación sindical que ya despertó este verano el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional. CCOO había rechazado el documento poco después de su aprobación y reprochó entonces tanto las consecuencias laborales de las medidas como la gestión realizada en los últimos años y la falta de financiación suficiente por parte de la Junta de Castilla y León.

Un agujero millonario en las cuentas

El origen del conflicto está en la complicada situación económica de la Universidad de León. El Consejo de Gobierno aprobó el 17 de julio, con 21 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, un plan de ajuste hasta 2030 que persigue recuperar el equilibrio presupuestario y evitar que la institución continúe consumiendo sus reservas.

La ULE cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y calcula que sus gastos corrientes superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos ordinarios. El remanente de tesorería, que llegó a alcanzar los 58,48 millones de euros en 2021, se había reducido a 18,77 millones al término de 2025, de los que 6,67 millones correspondían al remanente genérico.

Para revertir esta situación, el plan contempla contener el gasto de personal, retrasar ofertas de empleo público y nuevas convocatorias salvo las consideradas imprescindibles, suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y limitar años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. También plantea medidas como cierres selectivos de instalaciones, ahorro energético y reducción de gastos en viajes, impresión y movilidad.

El ajuste va más allá del personal. La Universidad pretende revisar la viabilidad de grados con menos de 20 alumnos de nuevo ingreso y másteres con menos de cinco estudiantes, con la posibilidad de reorganizarlos, fusionarlos o eliminarlos, además de reorganizar servicios y buscar nuevas fuentes de ingresos.

La Universidad pide más financiación a la Junta

El Rectorado, por su parte, ha defendido que el documento no pretende “tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”. La rectora, Nuria González, aseguró tras las primeras críticas sindicales que muchas de las medidas están sujetas a negociación y situó como “eje central” del plan la reclamación de una mayor financiación a la Junta de Castilla y León.

La Universidad sostiene que necesita un nuevo modelo de financiación plurianual que permita asumir tanto su funcionamiento ordinario como nuevas obligaciones, entre ellas la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla o el coste derivado de diferentes medidas y sentencias judiciales.

El propio plan aprobado en julio ya contemplaba entre sus riesgos la posibilidad de que se produjera un conflicto sindical. Con el regreso de la actividad tras el verano, ese escenario comienza a materializarse: UGT, CCOO y CSIF han puesto fecha al inicio de las protestas y el 14 de septiembre el plan de ajuste saltará de las cuentas de la Universidad a la organización diaria de sus servicios.

El cineasta berciano Chema Sarmiento será el protagonista de la reanudación del ciclo café-diálogo organizado por la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León. Será este jueves, 3 de septiembre, a las 17.00 horas en El Cafetín, establecimiento ubicado en la calle La Sal de la capital leonesa. Sarmiento dialogará con el expresidente de la entidad organizadora Ignacio Fernández.

Sarmiento, director de películas como Los Montes y El filandón, fue precisamente Premio Diálogo de la Fundación Jesús Pereda en el año 2012, año en el que estrenó la cinta Viene una chica, rodada en León capital sobre la base de varios cuentos del escritor lacianiego Luis Mateo Díez.

Berciano de Albares de la Ribera (Torre del Bierzo), Chema Sarmiento reside en París, donde fue profesor en la Escuela Nacional de Cinematografía en Francia. Es autor de documentales como una serie sobre Mahoma y Wolfram, la montaña negra, este último en torno a la explotación del wolframio en la Peña del Seo en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX.

Por este ciclo de conversaciones vespertinas ya han pasado hasta la fecha Manuel Sierra, Aitana Castaño, José Luis Gutiérrez, Pilar Sancho y Celia Uve.

UGT ha condenado “con la máxima firmeza” la agresión verbal y física sufrida en plena vía pública de León por S. C., trabajadora y sindicalista de UGT León. La Confederación ha trasladado su respaldo a la víctima y a la organización provincial, al tiempo que ha exigido la detención inmediata de la presunta agresora y ha reclamado a la Fiscalía que impulse el procedimiento penal y solicite medidas cautelares para garantizar la protección de la afectada.

Según la versión ofrecida por el sindicato, la mujer profirió insultos como “rojos”, “putas” y “zorras”, además de acusaciones de ser “violadores de niños”, antes de agredir físicamente a la trabajadora. UGT califica lo ocurrido como un “ataque de odio” dirigido tanto contra la víctima por su condición de sindicalista como contra las propias siglas de la organización.

El sindicato sostiene que la presunta autora es reincidente y ya había protagonizado otros episodios violentos. Entre ellos cita una agresión anterior a la concejala socialista del Ayuntamiento de León Vera López, por la que, según UGT, tenía vigente una orden de alejamiento respecto a la edil. La organización considera que este antecedente agrava los hechos y evidencia un patrón de conducta que exige una respuesta inmediata de las autoridades.

UGT León enmarca el suceso en una escalada de hostilidad contra sus instalaciones y trabajadores durante los últimos meses. La organización recuerda que otra empleada fue agredida el pasado 1 de mayo y que, ese mismo día, su sede amaneció con una esvástica nazi pintada en la fachada. A estos episodios añade las llamadas telefónicas con insultos que, según denuncia, reciben a diario miembros de su plantilla por pertenecer al sindicato.

La Confederación ha ofrecido a UGT León todo su apoyo jurídico, institucional y organizativo y coordina con la estructura provincial las acciones legales y de protección derivadas de los hechos. El sindicato reivindica que la libertad sindical es un derecho fundamental y advierte de que agredir a una persona por ejercerla no constituye únicamente un ataque individual, sino también contra los derechos laborales y sociales del conjunto de las personas trabajadoras.

El sindicato UGT León ha convocado una concentración en repulsa por esta agresión durante el viernes, 28 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la sede del sindicato, situada en el número 31 de la Gran Vía de San Marcos.

El sindicato UGT León ha convocado una concentración en repulsa por la agresión física y verbal sufrida por una trabajadora del sindicato y contra cualquier manifestación de odio, discriminación o violencia.

La movilización tendrá lugar este viernes, 28 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la sede del sindicato, situada en el número 31 de la Gran Vía de San Marcos.

Según ha informado UGT, la trabajadora fue agredida el martes 25 de agosto en las inmediaciones de la sede sindical. Los hechos incluyeron, según la organización, insultos y una agresión física que habría terminado con la empleada en el suelo. UGT ha anunciado que presentará una denuncia ante los tribunales por un posible delito de odio.

La organización ha “condenado enérgicamente” lo ocurrido y considera que “el ataque no solo se dirige contra una trabajadora, sino también contra la libertad sindical, la democracia y los derechos de la clase trabajadora”. UGT León sostiene que el episodio se enmarca en un contexto de hostigamiento continuado, con llamadas telefónicas e insultos a empleados del sindicato.

El sindicato denuncia una escalada de hostilidad

UGT León también relaciona estos hechos con otros episodios anteriores. Entre ellos, cita la vandalización de su sede el pasado 1 de mayo con una pintada de simbología nazi y la agresión sufrida ese mismo día por otra trabajadora durante los actos del Primero de Mayo.

Además, según la información publicada por medios locales, la mujer señalada por el sindicato habría regresado este miércoles a las inmediaciones de la sede y habría continuado con los insultos y las amenazas, tanto en persona como por teléfono.

Ante esta situación, la organización sindical considera que los incidentes no son hechos aislados y alerta de una posible “escalada de odio”. Por ello, reclama una respuesta social y jurídica y asegura que adoptará “todas las medidas oportunas” para impedir que este tipo de comportamientos se repitan.

UGT León ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la concentración de forma “unida, pacífica y respetuosa”, con el objetivo de mostrar solidaridad con la trabajadora y defender la dignidad, la convivencia democrática y el rechazo a cualquier forma de intimidación.

El sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha advertido de una situación “potencialmente peligrosa” en el la prisión provincial de la provincia León, el centro de Villahierro, en Mansilla de las Mulas. Afirman que la población reclusa ha aumentado un 35,7% en menos de dos años hasta alcanzar los 1.200 internos, por lo que ha reclamado a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, una reducción inmediata de la ocupación para garantizar la seguridad.

Esta realidad es fruto de un contexto marcado por la falta de personal, el cierre de dos módulos por obras y el incremento de la conflictividad, ha alertado el sindicato este miércoles en un comunicado.

La organización sindical, mayoritaria en el ámbito penitenciario, ha trasladado esta petición al director general de Ejecución Penal y Reinserción Social a través de un escrito firmado por el delegado de Acaip en la prisión leonesa, Félix Alonso Franco.

Según ha indicado el sindicato, la prisión de Villahierro de Mansilla de las Mulas permanece desde hace aproximadamente año y medio inmerso en una reforma integral para la renovación los sistemas de interfonía y protección contra incendios, unos trabajos que obligan a mantener cerrados dos módulos para facilitar la ejecución de las obras en condiciones de seguridad.

Acaip ha considerado que esta circunstancia reduce considerablemente la capacidad operativa del establecimiento y dificulta la adecuada distribución de la población reclusa, especialmente en un momento en el que el número de internos no ha dejado de crecer.

De 900 internos a 1.200

De acuerdo con los datos aportados por la organización, la prisión de León ha pasado de albergar 878 internos en octubre de 2024 a unos 1.200 en la actualidad, lo que supone un incremento de 312 reclusos en menos de dos años.

El sindicato ha denunciado además que este aumento coincide con una importante falta de personal. En este sentido, asegura que la relación de puestos de trabajo del centro presenta en la actualidad 127 vacantes y que de los 30 funcionarios en prácticas destinados inicialmente a León únicamente permanecen diez. A esta situación se suma, según Acaip, la presencia de un número significativo de internos que requieren una vigilancia específica.

El sindicato ha cifrado en alrededor de 200 los reclusos de especial seguimiento, entre ellos internos incluidos en los ficheros FIES, miembros de bandas latinas, perfiles de radicalización islamista o internos relacionados con actividades ilícitas y conductas contra la seguridad del centro.

La organización sindical ha sostenido que, mientras en otros centros penitenciarios donde se ejecutan obras se reduce la población reclusa para facilitar la gestión, en el caso de León se ha producido la situación contraria, con una llegada constante de nuevos internos.

Según ha señalado en el escrito, la falta de módulos disponibles para una clasificación adecuada de los presos está obligando a gestionar los alojamientos en función de los espacios libres existentes, una circunstancia que, a su juicio, incrementa la tensión y el riesgo de conflictos.

Acaip ha asegurado que la combinación de sobreocupación, carencia de personal y perfiles cada vez más complejos está provocando una elevada presión sobre los trabajadores del centro y favoreciendo la aparición de incidentes.

Dieciséis trabajadores agredidos en 2026

En este sentido, ha recordado que durante 2026 un total de 16 empleados han resultado agredidos al intervenir en altercados ocurridos dentro de la prisión y denuncia también la existencia de amenazas y agresiones verbales que, según sostiene, no siempre quedan reflejadas en los registros oficiales.

La organización ha advertido asimismo de la existencia de módulos ordinarios con más de 120 internos y de una carga de trabajo que considera superior a la que puede asumir la plantilla actual.

UGT León ha denunciado este martes la agresión sufrida por una trabajadora del sindicato este martes ante la sede sindical de la ciudad leonesa y ha anunciado que emprenderá acciones judiciales por un presunto delito de odio. La organización sindical leonesa considera que el ataque se dirige tanto contra la empleada como contra las propias siglas del sindicato y lo enmarca en lo que califica como una “escalada de odio” sufrida durante los últimos meses.

El sindicato ha expresado su condena “enérgica” ante lo ocurrido y sostiene que no se trata de un episodio aislado. UGT recuerda que otra de sus trabajadoras fue agredida hace unos meses durante la celebración del Primero de Mayo y asegura que el personal de su sede leonesa recibe actualmente llamadas telefónicas diarias con insultos por trabajar para la organización sindical.

La presunta agresora es conocida por el sindicato por otras actuaciones similares y anuncia que adoptará “todas las medidas oportunas, vía judicial incluida” para tratar de impedir que vuelvan a producirse. La organización sostiene que no dará “ningún paso atrás frente a los que con sus discursos de odio deshumanizan a las personas y pretenden terminar con la democracia”.

A estos episodios se suma el ataque sufrido por la propia sede de UGT León el pasado 1 de mayo, cuando apareció en sus instalaciones una pintada con una esvástica nazi. El secretario general del sindicato denunció entonces lo sucedido como “un acto de odio manifestado en forma de simbología totalitaria”.

El líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha reclamado un pacto de Estado para que todos los bomberos forestales tengan el mismo sueldo en todo este país. El dirigente sindical ha realizado esta petición después de visitar esta mañana la BRIF de Tabuyo del Monte (León), donde el sindicato ha analizado la situación de los trabajadores que participan en la prevención y extinción de incendios.

Álvarez ha advertido de que no se puede seguir considerando el fuego como un fenómeno excepcional y ha defendido que los dispositivos deben contar con efectivos suficientes para garantizar la seguridad y los descansos de los trabajadores.

A su juicio, las condiciones de los profesionales no pueden depender de cada comunidad autónoma y es necesario establecer unas normas comunes para todo el territorio.

El secretario general ugetista ha alertado además de situaciones laborales “de cierto esclavismo” entre trabajadores de empresas privadas contratadas por las administraciones y ha señalado que las condiciones de las BRIF son mejores que las de algunos de estos empleados y ha criticado también la “huida de la responsabilidad” de las comunidades autónomas y consideró que la UME se ha convertido en un recurso estatal al que se recurre de forma habitual ante los grandes incendios.

Álvarez ha reclamado una planificación territorial del monte, con trabajos de reconocimiento, limpieza y prevención que permitan recuperar una gestión forestal adaptada a las condiciones actuales.

Y ha vinculado esta necesidad con el cambio climático, al tiempo que ha recordado que UGT ya planteó en 2017 un pacto de Estado para abordar sus efectos: “La situación no ha mejorado”, ha lamentado.

Durante su intervención también ha trasladado su solidaridad a las familias afectadas por las recientes riadas de Manzanedo de Valdueza, donde hace una semana murieron dos mujeres, y ha defendido que los fenómenos meteorológicos extremos deben abordarse desde la planificación y la prevención.

El sindicato Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de León resalta la gran oportunidad que puede suponer para los campesinos leoneses que hayan optado por el cultivo del maíz en esta temporada, teniendo en cuenta los estragos de forraje que comienza a causar la sequía en todo el norte de España en la ganadería extensiva.

En una nota de prensa emitida hoy por Asaja en la provincia leonesa se recuerda que la sequía histórica está asolando comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco, una situación que deteriora todos los pastos “y sobre todo la producción de maíz para ensilado”. Y resalta esto como “una oportunidad para la provincia de León, la gran productora de maíz de España”.

Las cifras que maneja la organización profesional agraria hablan de que el cultivo del maíz en León ocupa este año 75.000 hectáreas, de las cuales inicialmente se destinan a maíz forraje unas 3.800, frente a 71.200 de maíz grano. Sin embargo, pero debido a estas circunstancias de sequía generalizada en el norte y noroeste peninsular la superficie destinada a forraje podría aumentar de manera significativa.

“La campaña de maíz en la provincia de León evoluciona favorablemente -salvo el que no se haya podido regar convenientemente-, con un adelanto agronómico de unas dos semanas, por lo que ya hay muchas fincas que están en condiciones óptimas para poderse recolectar con destino a ensilado, y esta oferta se puede mantener al menos hasta principios del mes de octubre”, remarcan en el comunicado. Y observan que “dado que el coste del transporte es un factor limitante a la hora de aprovisionarse de este producto destinado a la alimentación animal, debido a su volumen, la provincia de León es la mejor posicionada para destinos en Galicia y Asturias, y puede competir con otras limítrofes para destinos en Cantabria”.

El sindicato Coag ha alertado también de la grave situación de que en pleno agosto que deja la “feroz sequía”, incluyendo otras provincias como Navarra. Y por eso, desde ya reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas afectadas en toda la cornisa cantábrica la aprobación “urgente de medidas de apoyo ante la grave crisis forrajera que atraviesan las explotaciones de vacuno de carne y leche”. Y es que ya hay ganaderos que han adelantado la venta de reses ante la imposibilidad de asumir el aumento de costes de la suplementación alimentaria, que sitúan por encima del 30% en apenas dos meses.

Ante esta situación, Asaja de León observa que la venta de maíz para forraje, “es decir, para ensilados que suelen tener como destino las ganaderías de leche”, es “una buena opción para los agricultores leoneses”. Y es que abre un nuevo mercado saturando menos la oferta de grano, “y agronómicamente tiene la ventaja de que quedan antes las fincas libres de cosecha y se pueden preparar para la siguiente”, concluyen. El ensilado se puede hacer en destino, que es lo habitual, o en origen bajo el formato de bolas de microsilos.

León volverá a salir a la calle en manifestación para exigir una mejor gestión política del territorio para evitar la proliferación de incendios forestales. Será el viernes 21 de agosto a las 20.00 horas con una marcha reivindicativa que partirá de la plaza de Guzmán y llegará hasta la de San Marcelo a través de Ordoño II. Zamora, Salamanca, Burgos y Valladolid acogerán ese mismo día y a esa misma hora movilizaciones en la misma línea.

Colectivos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos convocan la manifestación, bajo el lema Nuestra tierra vuelve a arder. ¡Prevención y medios ya! Defendamos nuestros montes y las vidas de quienes los habitamos.

Son ya 16 las organizaciones firmantes del manifiesto que guía la protesta en León: Anticapitalistas León; Colectivo DesmánTelado; Plataforma por el futuro de la montaña central leonesa; Podemos León; Conceyu País Llionés; Ecologistas en Acción; Teleno Libre; CGT Sindicato de Oficios Varios de León; Alantre País Leonés; Plataforma Gestión Residuos; Asociación Alta Valduerna; Arcó (Asociación Rural Cepeda Órbigo), Asociación para la protección del Valle del Jamuz; Llión col puebru palestín (León con Palestina); Federación de Asociaciones Vecinales de León; y Stele (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza en León).

“La prevención no empieza cuando llegan las llamas. Exigimos una gestión del territorio con criterios sociales, científicos y ecológicos adaptada a cada ecosistema”, exponen los convocantes, que reclaman una “gestión del territorio con criterios sociales, científicos y ecológicos adaptada a cada ecosistema”, así como el “fin a la temporalidad y a la privatización del servicio” de bomberos forestales, la asunción de la “emergencia climática” y una apuesta por la “conservación y restauración de la biodiversidad”.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo nuestro entorno y nuestras vidas se convierten en cenizas por la inacción”, señalan los colectivos.

La línea de alta tensión para evacuación de energía de numerosos parques de energía renovable, tanto eólicos como solares, entre las provincias de León y Palencia, el llamado Nudo Luengos, avanza inexorable en su tramitación, iniciada hace casi cuatro años. Y ahora toca el turno a blindar las expropiaciones de terrenos necesarias, que de manera mucho más amplia afectarán al municipio leonés de Sahagún.

La Junta de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa al proyecto de infraestructura eléctrica asociado al Nudo Luengos. Un anuncio que ha replicado también el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), actualizando el expediente de autorización administrativa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de un conjunto de líneas de alta tensión destinadas a evacuar y centralizar la producción energética de varios macroparques.

El expediente se enmarca en la tramitación iniciada en 2023, cuando se sometió a información pública el proyecto. La nueva publicación no altera el alcance general de la actuación ni los municipios incluidos en el trazado (en León son los de Santas Martas, Villamoratiel de Las Matas, El Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún), pero sí corrige de forma relevante la relación de bienes y derechos afectados en la provincia leonesa.

El coste total de ejecución de toda la infraestructura que recoge el proyecto se eleva a 24,4 millones de euros, correspondiendo casi la mitad (12,7) a la línea principal entre Carrión (Palencia) y Luengos (Santas Martas, León). Está impulsado por el Grupo Lamelas, vinculado al conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria, en concreto a través de la sociedad Comunes Luengos SL pero que inicialmente impulsó Erbienergía Inversiones SL.

Asaja: del 'no' al 'sí' y ahora a la “aberración”

En su momento, el proyecto contó con una frontal oposición inicial en 2021 del sindicato agrario Asaja, por el hecho de que el diseño de la nueva línea eléctrica, que sumaría 36 kilómetros en total en la provincia leonesa, afectara de manera directa y perjudicial nuevos regadíos modernizados en la zona leonesa de Payuelos, compensación de la construcción en su día del pantano de Riaño. Un rechazo que pronto se reconvirtió en apoyo, dos años después, cuando, según zanjó la Evaluación de Impacto Ambiental favorable de la Junta, los promotores cambiaron el tendido de aéreo a subterráneo, al menos en la parte que afectaba a la provincia de León y en todos los regadíos mencionados, evitándose así la colocación en la zona de 115 grandes torres metálicas, según se aseguró entonces. Sin embargo, ahora el sindicato ha vuelto a rechazar frontalmente el proyecto, calificándolo de “aberrante”.

Ahora, se detalla que la actuación en el Nudo Luengos comprende tres líneas de alta tensión -L1, L2 y L3-, que combina tramos subterráneos y aéreos, además de los correspondientes centros de seccionamiento. Su finalidad es transportar la electricidad procedente de instalaciones eólicas hasta el punto de conexión previsto, una infraestructura que requiere la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la expropiación forzosa u ocupación urgente de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no haya acuerdo previo. La expropiación vendrá permitida de manera automática precisamente cuando se declare “de utilidad pública” en el trámite actual.

La afección en Palencia

Además de los siete municipios afectados en León, ya mencionados, en Palencia el expediente incluye los términos de Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Villasarracino y Villaherreros.

La corrección de parcelas afectadas por esa previsible expropiación pendiente reduce de manera sustancial la afección territorial inicialmente prevista en la provincia de León. El número de parcelas pasa de 188 a 123, es decir, 65 menos. La superficie total afectada baja de 319.116,03 metros cuadrados a 182.371,55 metros cuadrados: una disminución de 136.744,48 metros cuadrados, equivalente al 42,8% de la ocupación inicialmente contemplada. Cerca de la mitad menos.

Sahagún concentra casi la mitad

El Ayuntamiento de Sahagún continúa siendo, con diferencia, el municipio leonés más condicionado por el proyecto. En la versión corregida concentra 120.749,94 metros cuadrados afectados, el 66,2% de toda la superficie incluida en la provincia de León. La cifra sitúa al municipio como el principal foco territorial de una infraestructura que atraviesa el sur y el este de la provincia antes de prolongarse hacia Palencia y proveniente de la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.

La información pública mantiene ahora abierto un plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan consultar el expediente (disponible pinchando aquí en este mes de agosto y algunos días de septiembre de 2026) y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El anuncio constituye, por tanto, un nuevo hito dentro de un procedimiento abierto desde 2023, ahora con una delimitación más reducida de los terrenos afectados, pero con Sahagún aún como punto central de la futura línea de alta tensión eólica.

Aquí dejamos la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León del trámite de autorizaciones y declaración de utilidad pública del Nudo Luengos, con detalle de las parcelas a a expropiar.

La Universidad pública es un derecho y una conquista de la clase trabajadora para democratizar y socializar el conocimiento, garantizando que toda la población pueda acceder a la Educación Superior, y no solo una élite económica y social como ocurría en la Edad Media.

Hoy, el gobierno de la Junta de Castilla y León, tanto el anterior como el actual, pone en riesgo esa conquista social al apostar por un modelo universitario que asfixie lo público y que nos devuelta a los tiempos de élites y desigualdad, de privatización del conocimiento y de sustituir el valor social por el económico. Todo ello con el conformismo cómplice del actual equipo de gobierno de la ULE.

Y es que, el Partido Popular y Mañueco, con la lección aprendida de lo ocurrido en otras autonomías, tiene marcada su hoja de ruta con dos puntos clave: asfixia económica por infrafinanciación para lo público, y alfombra roja para la implantación de empresas-universidades privadas. Una dupla simbiótica, entre la que se cuelan la creación de toda suerte de fundaciones y patronatos donde, bajo el ostentoso título de la colaboración público-privada, se abren las puertas a la mercantilización universitaria.

De hecho, el Partido Popular ha conseguido que el número de empresas-universidades privadas (5) ya sobrepase al número de universidades públicas (4) en Castilla y León (y allá donde gobierna). El crecimiento privado se basa en la enseñanza virtual y en los másteres, que ofrecen tasas de beneficios increíbles y que es donde está el negocio. Porque los inversores privados no se plantean la Educación Superior sino como un nicho de negocio del que obtener beneficio. Ninguno de estos accionistas tiene interés por mejorar la Educación Superior, aportar ciencia, conocimientos, investigación, educación… sino de 'hacer caja'.

Con el nuevo gobierno Vox-PP, la hoja de ruta avanza y han planeado la progresiva destrucción y desaparición de la Universidad Pública. ¿Cómo? Desfinanciando y estrangulando lo público. En este caso, la Universidad de León.

La actual Ley Universitaria (LOSU) obliga a financiar con al menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico a la educación universitaria pública. Pero el actual gobierno autonómico, declarado en rebeldía y en claro incumplimiento de la ley, y alejado del objetivo de ese 1%, ha recortado la financiación al 0,65%. Es decir, a casi la mitad. Para destinarlo, suponemos que a los toros y otras cuestiones similares y de idéntico calado, como tributo al apoyo de la extrema derecha para seguir “gobernando”.

Pero lo más sangrante es que el actual equipo rectoral de la Universidad de León se ha apresurado a llevar al Consejo de Gobierno, para su urgente aprobación, un Plan de Recortes, que rinde pleitesía al ataque a las Universidades Públicas de la autonomía. Es como aquellos esclavos de la casa de las plantaciones de algodón que defendían al amo, porque consideraban que estaban en mejores condiciones de esclavitud que los esclavos del campo. Parece que incluso se quieren anticipar a cumplir los deseos de sus señores, para que vean que se portan bien y que son fieles cumplidores de sus mandatos.

Este Plan de Recortes de la Universidad de León contempla recortes laborales, salariales y académicos. Es decir, congelaciones salariales, cambios en la plantilla, riesgo de cierre de grados y posibles fusiones o eliminaciones de titulaciones, especialmente aquellas que no son rentables desde un prisma exclusivamente economicista. ¿Para qué queremos las humanidades, la filosofía, la literatura, el arte, si ya no son rentables? Es la filosofía que nos vende este plan de recortes.

En vez de exigir al PP de Mañueco y Quiñones una estrategia de estabilización, modernización y mejora de la financiación de las Universidades Públicas con un plan plurianual que garantice la financiación basal, presentan, antes incluso de haberse reunido con ellos, un plan de recorte de personal y de la oferta académica. Eso sí, con un título eufemístico para incautos: Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional de la Universidad de León, vamos “un plan de recortes de los de toda la vida”.

El actual equipo rectoral de la ULE ha optado: en lugar de enfrentarse con los de arriba, prefiere aplicar recortes a sus compañeras y compañeros. Lejos de afrontar la infrafinanciación como verdadera causa de cualquier problema económico, eligen recortar y precarizar a trabajadores y alumnado. Medidas como congelar el pago de complementos salariales, demorar las contrataciones y empeorar condiciones laborales. Recortes que también afectarán a los jóvenes investigadores, al tiempo que la ULE se queja de los problemas del relevo generacional.

Siguiendo con el guion rocambolesco, se convierte a las víctimas en culpables, al interpretar que las sentencias judiciales favorables a los trabajadores por el incumplimiento de sus derechos son, en realidad, un problema económico causante del Plan de Recortes. Pero del chantaje de la Junta a la ULE a la hora de aportar los recursos necesarios para afrontar la ejecución de las sentencias, no nos cuentan nada.

El giro economicista para rentabilizar la enseñanza, se apuntala con la incorporación de “estudios propios autofinanciables”, es decir, que solo se impartirán si consiguen financiación, con lo que se mercantiliza la Educación Superior en la Universidad de León. Es la vía para competir en el capitalismo: buscar financiación privada o poner tasas de matrícula elitistas. Convertir la Universidad Pública en universidad para la élite. Ya lo dijo el banquero y vicepresidente de Aznar, el exministro Rodrigo Rato con su famosa frase: “es el mercado, amigo”.

¿Quién financiará investigación para resolver problemas de las zonas rurales o la España vaciada, si no es rentable?, ¿quién financiará docencia en grados de servicios para los más necesitados, si no son rentables? El problema de fondo es que así se está pervirtiendo el sentido y la finalidad para los que se crearon las Universidades Públicas. Reduciendo la Educación Superior a una lógica de rentabilidad, a la lógica del capital y debilitando su función social en León.

¿Qué hacer? No podemos mirar para otro lado, para evitar los conflictos. Los bárbaros ya no están a las puertas, como en la caída del Imperio Romano. Los bárbaros han entrado, se han sentado en los escaños institucionales y están saqueando todo lo público y los derechos, que tan duro nos ha costado conquistar a la clase trabajadora. El equipo rectoral de la Universidad de León tiene que optar. O está con la clase trabajadora, al servicio de la ciudadanía, de los derechos de todos y todas y del bien común, o está con quienes están saqueando la Universidad Pública. O planta cara y se convierten en parte de la solución, o son parte del problema y deberían dimitir.

El equipo rectoral tiene una oportunidad de oro para defender la Universidad Pública, buscando el apoyo de otras universidades y construyendo un frente común con los agentes sociales. Puede prescindir del Plan de Recortes y construir un Plan de Acciones que agoten las vías institucionales y jurídicas frente a la ilegal asfixia financiera de la Junta. Ahí, nos encontrará a su lado. Pero en el recorte, el ataque a los trabajadores y la mercantilización universitaria nos tendrá, inevitablemente, en frente.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León y miembro de la Ejecutiva Federal de la Federación de Comisiones Obreras. Victor Bejega es secretario General de CC OO Enseñanza en León y miembro del Consejo Social de la ULE.

El sindicato USO Sanidad ha denunciado este lunes la situación de “colapso absoluto” que, asegura, atraviesa el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), donde afirma que la elevada presión asistencial ha obligado incluso a habilitar parte del área de Traumatología para atender pacientes y a instalar enfermos en los pasillos.

Según el sindicato, “a las 16.30 horas ya no quedaba espacio disponible en las zonas de espera habilitadas para pacientes pendientes de atención o de ubicación”.

USO sostiene que, pese a los refuerzos incorporados, el personal sanitario “no da abasto” ante la continua llegada de ambulancias y el incremento de las colas para el triaje, lo que, a su juicio, provoca tiempos de espera incompatibles con una asistencia de calidad. El sindicato atribuye esta situación al deterioro de la Atención Primaria, al considerar que las dificultades para conseguir cita con el médico de familia, con demoras que asegura que superan en muchos casos los diez días, están desplazando una parte importante de la demanda asistencial hacia las Urgencias hospitalarias.

La organización sindical también alerta del bloqueo de camas hospitalarias al asegurar que existen pacientes pendientes de traslado al Hospital Monte San Isidro desde el mediodía y que continúan registrándose retrasos para los ingresos en planta y para los desplazamientos a centros concertados, domicilios o residencias, una situación que relaciona con la disponibilidad de únicamente tres ambulancias para estos servicios.

Ante este escenario, USO reclama a la gerencia autonómica de Salud y a las de Atención Primaria “la adopción de medidas estructurales para reforzar la atención en los centros de salud, mejorar el acceso de los ciudadanos a sus médicos de familia y evitar que los hospitales sigan absorbiendo una demanda impropia de las Urgencias”.

Asimismo, reclama campañas informativas sobre el uso adecuado de este servicio, aunque advierte de que no serán eficaces mientras persistan las demoras en Atención Primaria y la saturación de los dispositivos extrahospitalarios. El sindicato concluye que los profesionales están realizando un “esfuerzo extraordinario”, pero advierte de que la sobrecarga y la falta de planificación “han llevado al sistema a una situación límite”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación de “grave riesgo para la salud y la seguridad” que vienen soportando los trabajadores y trabajadoras del Museo Provincial de León, en el antiguo edificio Pallares, en pleno centro de León, gestionado por la Junta de Castilla y León.

Ese riesgo viene provocado a consecuencia de las elevadas temperaturas existentes en las instalaciones, por encima de los máximos que permite la normativa (27° centígrados para trabajos sedentarios y 25° para trabajos ligeros), y de la “falta de medidas eficaces para proteger a la plantilla frente al estrés térmico”, aseguran en un comunicado. Lo achacan al hecho de que “desde finales de junio, la avería del sistema de climatización y el calor extremo de este verano está convirtiendo el Museo en un centro de trabajo en un entorno insalubre, con temperaturas entre 30º C y 32º C, donde resulta muy difícil desarrollar la actividad”.

Las consecuencias son “evidentes”, explica CSIF. El sindicato afirma que una trabajadora sufrió un golpe de calor que motivó su baja laboral, y se han sucedido diversas situaciones de mareos, agotamiento y síntomas compatibles con el estrés térmico entre la plantilla, hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio Territorial de la Cultura, Turismo y Deporte de la Junta. Lamentan sin embargo que por el momento no se han “adoptado soluciones eficaces que eliminen el riesgo existente, más allá de ordenar una ventilación a primeras horas de la mañana a través de apertura de puertas y ventanas”.

“No nos encontramos ante una situación puntual, excepcional o imprevisible”, subraya CSIF. Desde hace más de cuatro años, los cuatro compresores y los dos enfriadores que integran el sistema de climatización y refrigeración del edificio vienen sufriendo averías de forma reiterada, lo que muestra la existencia de un problema estructural y perfectamente conocido por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Pese a ello, la Junta “ha hecho caso omiso de esta situación, limitándose a actuaciones meramente paliativas e insuficientes, sin adoptar las medidas necesarias para solucionar de manera definitiva las deficiencias existentes, y sin garantizar unas condiciones ambientales adecuadas para las personas trabajadoras”, lamentan.

Consideran además “especialmente preocupante que, pese a la reiteración de los incidentes y a las continuas advertencias realizadas por la dirección del Museo y de los representantes de los trabajadores, la Junta de Castilla y León haya permitido que la actividad continúe desarrollándose en unas condiciones que pueden comprometer gravemente la integridad física de la plantilla”, y también creen que de los visitantes al Museo.

Por eso, CSIF está valorando la formulación de la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, solicitando una actuación urgente para que se compruebe el incumplimiento de la normativa preventiva y se requiera a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes la adopción inmediata de medidas eficaces.

El sindicato independiente urge la “reparación definitiva” del sistema de climatización o la inversión en un nuevo sistema si fuera necesario, o en su defecto “el inmediato alquiler de un enfriador compatible con el sistema de climatización instalado”, que solucione de forma transitoria esta situación, así como la compra de ventiladores para las zonas de oficina y de descanso de los trabajadores. Otras medidas que se reclaman son pausas suficientes de recuperación en zonas climatizadas, el suministro permanente de agua fresca, la paralización de las actividades que puedan suponer un riesgo grave para la plantilla, o la modificación del horario de apertura y cierre del Museo, si fuera necesario.

Por último, advierten que continuarán utilizando todos los mecanismos legales, administrativos y judiciales a su alcance para garantizar que se respeta el derecho de la plantilla a desempeñar su actividad en unas condiciones “dignas, seguras y saludables”.

La organización agraria Asaja León ha cargado con dureza contra el proyecto de la gran línea eléctrica de alta tensión que pretende transportar hasta la subestación de Luengos, en el municipio leonés de Santas Martas, la energía generada por tres parques eólicos situados en la provincia de Palencia. La organización califica de “aberrante” la infraestructura y anuncia que presentará alegaciones.

La crítica llega apenas una semana después de que se conociera el proyecto, que contempla la construcción de una línea de 61,66 kilómetros entre el centro de seccionamiento de Carrión, en Villaturde (Palencia), y la subestación transformadora de Promotores Luengos, desde donde la electricidad se inyectará en la red de transporte de Red Eléctrica. La actuación, promovida por Comunes Luengos S.L., sociedad vinculada al grupo berciano Erbienergía de los Lamelas Viloria, implica la declaración de utilidad pública de la infraestructura y, con ella, la posibilidad de expropiar terrenos y establecer servidumbres de paso en decenas de fincas de León y Palencia.

Asaja sostiene que “no tiene” ese supuesto interés público. A su juicio, la línea responde exclusivamente “al ánimo lucrativo de sus promotores” y a la búsqueda del punto más barato para evacuar la electricidad generada en Palencia, utilizando para ello la subestación de Luengos. La organización recuerda que León ya produce más energía de la que consume y considera que la provincia asume el impacto de una infraestructura que, asegura, “no genera riqueza ni empleo local”.

“La provincia recibe una infraestructura que no se quiere en otros territorios, que genera una energía que no necesitamos, que perjudica a los propietarios de fincas rústicas y a quienes las cultivan y que, además, tiene un fuerte impacto ambiental”, resume la organización agraria en su comunicado.

El foco, en las tierras de Payuelos

Uno de los principales argumentos de Asaja se centra en la afección sobre la zona regable de Payuelos, por donde discurrirá parte del trazado. La organización recuerda que ya durante la tramitación ambiental presentó alegaciones para evitar que la línea cruzara esta zona y consiguió, como “mal menor”, que el tramo afectado se ejecutara finalmente de forma subterránea.

Según la organización, la documentación sometida a información pública identifica 276 parcelas agrícolas de la provincia de León, la mayoría procedentes de procesos de concentración parcelaria y muchas de ellas de regadío modernizado, sobre las que recaerán servidumbres de paso, apoyos o ocupaciones temporales.

Además, critica que el expediente no concrete cuánto tiempo durarán esas ocupaciones temporales, qué indemnizaciones recibirán los propietarios ni qué compensaciones corresponderán a los agricultores que cultivan esas tierras en régimen de arrendamiento. Por ello, confirma que presentará alegaciones dentro del plazo de treinta días habilitado por la Junta.

Una línea de más de 60 kilómetros con expropiaciones

El proyecto prevé una línea de alta tensión de 132 kilovoltios y 61,66 kilómetros que atravesará seis municipios de la provincia de León: Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún, además de otros quince términos municipales de Palencia.

La infraestructura permitirá evacuar la producción de tres parques eólicos de 48 megavatios cada uno, con una potencia conjunta de 144 MW, mediante una red que combina tramos aéreos y soterrados antes de conectar con la subestación de Luengos.

Asaja enmarca esta oposición dentro de una reivindicación más amplia para que el nuevo Gobierno autonómico proteja el suelo agrícola más productivo frente a la proliferación de parques renovables y de sus infraestructuras de evacuación. La organización lamenta que, a su juicio, ni la Junta de Castilla y León ni el Estado hayan priorizado hasta ahora los intereses de los agricultores frente a este tipo de proyectos.

UGT Servicios Públicos León ha denunciado la situación del Museo de León, ubicado en el Edificio Pallarés de la capital leonesa y gestionado por la Junta de Castilla y León. UGT denuncia el colapso “total de su sistema de climatización y de la absoluta falta de respuesta de la Consejería de Cultura durante los últimos cuatro años”.

Según la información trasladada tanto por la Dirección del Museo como por el propio Servicio Territorial de Cultura, hace cuatro años se averió uno de los cuatro compresores y una de las dos enfriadoras que componen el sistema de climatización, asegura el sindicato. “Sin embargo, lejos de acometer la reparación necesaria, la Administración ha ido demorando la inversión hasta el punto de que, fruto de esa desidia, en la actualidad se encuentran averiados los cuatro compresores y las dos enfriadoras, dejando al edificio completamente sin capacidad de refrigeración”.

Las consecuencias son que, en una jornada de ola de calor como la de este miércoles 29 de julio, a las 10.30 horas ya se registraban temperaturas de 28,39 grados, que continúan aumentando a medida que avanza el día, con una humedad relativa en torno al 25%. “Esta situación no solo pone en grave riesgo la salud de los trabajadores, sino también la conservación de bienes culturales únicos e irreemplazables. Las colecciones museísticas requieren unas condiciones ambientales estables, con temperaturas que no deberían superar aproximadamente los 23 ºC y una humedad relativa situada entre el 40 % y el 50 % para garantizar su correcta conservación”.

Estas altas temperaturas afectan también al personal: “Los trabajadores llevan semanas desempeñando sus funciones en condiciones extremas y ya se han producido desmayos compatibles con golpes de calor, una circunstancia inadmisible en cualquier centro de trabajo y más aún en un edificio público dependiente de la Junta de Castilla y León”.

UGT considera especialmente grave que, incluso habiéndose planteado como medida provisional el alquiler de una enfriadora mientras se ejecuta la reparación definitiva del sistema de climatización, la Consejería haya rechazado esta solución temporal, prolongando una situación que pone en riesgo tanto la salud laboral como la integridad del patrimonio cultural.

UGT exige “la adopción inmediata de medidas de emergencia que permitan reducir la temperatura del edificio durante el periodo estival, así como la reparación urgente y definitiva del sistema de climatización. El personal no puede afrontar todo el mes de agosto trabajando en estas condiciones de emergencia climática”.

Asimismo, UGT reclama el mismo compromiso con el Museo de León que con otros centros museísticos, “un edificio de titularidad completamente pública, cuyo personal pertenece a la Junta de Castilla y León y que custodia una parte fundamental del patrimonio histórico de todos los castellanos y leoneses”.

“No puede haber museos de primera y de segunda. Tampoco trabajadores públicos de primera y de segunda. La protección del patrimonio comienza por cuidar las condiciones en las que se conserva y por garantizar la seguridad y la salud de quienes lo protegen cada día”, reclama el sindicato.

UGT Servicios Públicos León exige a la Junta de Castilla y León que abandone la inacción y actúe de forma inmediata “antes de que las consecuencias sean irreversibles, tanto para las personas como para un patrimonio cultural que pertenece a toda la ciudadanía”.