El sindicato Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de León resalta la gran oportunidad que puede suponer para los campesinos leoneses que hayan optado por el cultivo del maíz en esta temporada, teniendo en cuenta los estragos de forraje que comienza a causar la sequía en todo el norte de España en la ganadería extensiva.

En una nota de prensa emitida hoy por Asaja en la provincia leonesa se recuerda que la sequía histórica está asolando comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco, una situación que deteriora todos los pastos “y sobre todo la producción de maíz para ensilado”. Y resalta esto como “una oportunidad para la provincia de León, la gran productora de maíz de España”.

Las cifras que maneja la organización profesional agraria hablan de que el cultivo del maíz en León ocupa este año 75.000 hectáreas, de las cuales inicialmente se destinan a maíz forraje unas 3.800, frente a 71.200 de maíz grano. Sin embargo, pero debido a estas circunstancias de sequía generalizada en el norte y noroeste peninsular la superficie destinada a forraje podría aumentar de manera significativa.

“La campaña de maíz en la provincia de León evoluciona favorablemente -salvo el que no se haya podido regar convenientemente-, con un adelanto agronómico de unas dos semanas, por lo que ya hay muchas fincas que están en condiciones óptimas para poderse recolectar con destino a ensilado, y esta oferta se puede mantener al menos hasta principios del mes de octubre”, remarcan en el comunicado. Y observan que “dado que el coste del transporte es un factor limitante a la hora de aprovisionarse de este producto destinado a la alimentación animal, debido a su volumen, la provincia de León es la mejor posicionada para destinos en Galicia y Asturias, y puede competir con otras limítrofes para destinos en Cantabria”.

El sindicato Coag ha alertado también de la grave situación de que en pleno agosto que deja la “feroz sequía”, incluyendo otras provincias como Navarra. Y por eso, desde ya reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas afectadas en toda la cornisa cantábrica la aprobación “urgente de medidas de apoyo ante la grave crisis forrajera que atraviesan las explotaciones de vacuno de carne y leche”. Y es que ya hay ganaderos que han adelantado la venta de reses ante la imposibilidad de asumir el aumento de costes de la suplementación alimentaria, que sitúan por encima del 30% en apenas dos meses.

Ante esta situación, Asaja de León observa que la venta de maíz para forraje, “es decir, para ensilados que suelen tener como destino las ganaderías de leche”, es “una buena opción para los agricultores leoneses”. Y es que abre un nuevo mercado saturando menos la oferta de grano, “y agronómicamente tiene la ventaja de que quedan antes las fincas libres de cosecha y se pueden preparar para la siguiente”, concluyen. El ensilado se puede hacer en destino, que es lo habitual, o en origen bajo el formato de bolas de microsilos.

León volverá a salir a la calle en manifestación para exigir una mejor gestión política del territorio para evitar la proliferación de incendios forestales. Será el viernes 21 de agosto a las 20.00 horas con una marcha reivindicativa que partirá de la plaza de Guzmán y llegará hasta la de San Marcelo a través de Ordoño II. Zamora, Salamanca, Burgos y Valladolid acogerán ese mismo día y a esa misma hora movilizaciones en la misma línea.

Colectivos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos convocan la manifestación, bajo el lema Nuestra tierra vuelve a arder. ¡Prevención y medios ya! Defendamos nuestros montes y las vidas de quienes los habitamos.

Son ya 16 las organizaciones firmantes del manifiesto que guía la protesta en León: Anticapitalistas León; Colectivo DesmánTelado; Plataforma por el futuro de la montaña central leonesa; Podemos León; Conceyu País Llionés; Ecologistas en Acción; Teleno Libre; CGT Sindicato de Oficios Varios de León; Alantre País Leonés; Plataforma Gestión Residuos; Asociación Alta Valduerna; Arcó (Asociación Rural Cepeda Órbigo), Asociación para la protección del Valle del Jamuz; Llión col puebru palestín (León con Palestina); Federación de Asociaciones Vecinales de León; y Stele (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza en León).

“La prevención no empieza cuando llegan las llamas. Exigimos una gestión del territorio con criterios sociales, científicos y ecológicos adaptada a cada ecosistema”, exponen los convocantes, que reclaman una “gestión del territorio con criterios sociales, científicos y ecológicos adaptada a cada ecosistema”, así como el “fin a la temporalidad y a la privatización del servicio” de bomberos forestales, la asunción de la “emergencia climática” y una apuesta por la “conservación y restauración de la biodiversidad”.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo nuestro entorno y nuestras vidas se convierten en cenizas por la inacción”, señalan los colectivos.

La línea de alta tensión para evacuación de energía de numerosos parques de energía renovable, tanto eólicos como solares, entre las provincias de León y Palencia, el llamado Nudo Luengos, avanza inexorable en su tramitación, iniciada hace casi cuatro años. Y ahora toca el turno a blindar las expropiaciones de terrenos necesarias, que de manera mucho más amplia afectarán al municipio leonés de Sahagún.

La Junta de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa al proyecto de infraestructura eléctrica asociado al Nudo Luengos. Un anuncio que ha replicado también el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), actualizando el expediente de autorización administrativa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de un conjunto de líneas de alta tensión destinadas a evacuar y centralizar la producción energética de varios macroparques.

El expediente se enmarca en la tramitación iniciada en 2023, cuando se sometió a información pública el proyecto. La nueva publicación no altera el alcance general de la actuación ni los municipios incluidos en el trazado (en León son los de Santas Martas, Villamoratiel de Las Matas, El Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún), pero sí corrige de forma relevante la relación de bienes y derechos afectados en la provincia leonesa.

El coste total de ejecución de toda la infraestructura que recoge el proyecto se eleva a 24,4 millones de euros, correspondiendo casi la mitad (12,7) a la línea principal entre Carrión (Palencia) y Luengos (Santas Martas, León). Está impulsado por el Grupo Lamelas, vinculado al conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria, en concreto a través de la sociedad Comunes Luengos SL pero que inicialmente impulsó Erbienergía Inversiones SL.

Asaja: del 'no' al 'sí' y ahora a la “aberración”

En su momento, el proyecto contó con una frontal oposición inicial en 2021 del sindicato agrario Asaja, por el hecho de que el diseño de la nueva línea eléctrica, que sumaría 36 kilómetros en total en la provincia leonesa, afectara de manera directa y perjudicial nuevos regadíos modernizados en la zona leonesa de Payuelos, compensación de la construcción en su día del pantano de Riaño. Un rechazo que pronto se reconvirtió en apoyo, dos años después, cuando, según zanjó la Evaluación de Impacto Ambiental favorable de la Junta, los promotores cambiaron el tendido de aéreo a subterráneo, al menos en la parte que afectaba a la provincia de León y en todos los regadíos mencionados, evitándose así la colocación en la zona de 115 grandes torres metálicas, según se aseguró entonces. Sin embargo, ahora el sindicato ha vuelto a rechazar frontalmente el proyecto, calificándolo de “aberrante”.

Ahora, se detalla que la actuación en el Nudo Luengos comprende tres líneas de alta tensión -L1, L2 y L3-, que combina tramos subterráneos y aéreos, además de los correspondientes centros de seccionamiento. Su finalidad es transportar la electricidad procedente de instalaciones eólicas hasta el punto de conexión previsto, una infraestructura que requiere la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la expropiación forzosa u ocupación urgente de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no haya acuerdo previo. La expropiación vendrá permitida de manera automática precisamente cuando se declare “de utilidad pública” en el trámite actual.

La afección en Palencia

Además de los siete municipios afectados en León, ya mencionados, en Palencia el expediente incluye los términos de Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Villasarracino y Villaherreros.

La corrección de parcelas afectadas por esa previsible expropiación pendiente reduce de manera sustancial la afección territorial inicialmente prevista en la provincia de León. El número de parcelas pasa de 188 a 123, es decir, 65 menos. La superficie total afectada baja de 319.116,03 metros cuadrados a 182.371,55 metros cuadrados: una disminución de 136.744,48 metros cuadrados, equivalente al 42,8% de la ocupación inicialmente contemplada. Cerca de la mitad menos.

Sahagún concentra casi la mitad

El Ayuntamiento de Sahagún continúa siendo, con diferencia, el municipio leonés más condicionado por el proyecto. En la versión corregida concentra 120.749,94 metros cuadrados afectados, el 66,2% de toda la superficie incluida en la provincia de León. La cifra sitúa al municipio como el principal foco territorial de una infraestructura que atraviesa el sur y el este de la provincia antes de prolongarse hacia Palencia y proveniente de la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.

La información pública mantiene ahora abierto un plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan consultar el expediente (disponible pinchando aquí en este mes de agosto y algunos días de septiembre de 2026) y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El anuncio constituye, por tanto, un nuevo hito dentro de un procedimiento abierto desde 2023, ahora con una delimitación más reducida de los terrenos afectados, pero con Sahagún aún como punto central de la futura línea de alta tensión eólica.

Aquí dejamos la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León del trámite de autorizaciones y declaración de utilidad pública del Nudo Luengos, con detalle de las parcelas a a expropiar.

La Universidad pública es un derecho y una conquista de la clase trabajadora para democratizar y socializar el conocimiento, garantizando que toda la población pueda acceder a la Educación Superior, y no solo una élite económica y social como ocurría en la Edad Media.

Hoy, el gobierno de la Junta de Castilla y León, tanto el anterior como el actual, pone en riesgo esa conquista social al apostar por un modelo universitario que asfixie lo público y que nos devuelta a los tiempos de élites y desigualdad, de privatización del conocimiento y de sustituir el valor social por el económico. Todo ello con el conformismo cómplice del actual equipo de gobierno de la ULE.

Y es que, el Partido Popular y Mañueco, con la lección aprendida de lo ocurrido en otras autonomías, tiene marcada su hoja de ruta con dos puntos clave: asfixia económica por infrafinanciación para lo público, y alfombra roja para la implantación de empresas-universidades privadas. Una dupla simbiótica, entre la que se cuelan la creación de toda suerte de fundaciones y patronatos donde, bajo el ostentoso título de la colaboración público-privada, se abren las puertas a la mercantilización universitaria.

De hecho, el Partido Popular ha conseguido que el número de empresas-universidades privadas (5) ya sobrepase al número de universidades públicas (4) en Castilla y León (y allá donde gobierna). El crecimiento privado se basa en la enseñanza virtual y en los másteres, que ofrecen tasas de beneficios increíbles y que es donde está el negocio. Porque los inversores privados no se plantean la Educación Superior sino como un nicho de negocio del que obtener beneficio. Ninguno de estos accionistas tiene interés por mejorar la Educación Superior, aportar ciencia, conocimientos, investigación, educación… sino de 'hacer caja'.

Con el nuevo gobierno Vox-PP, la hoja de ruta avanza y han planeado la progresiva destrucción y desaparición de la Universidad Pública. ¿Cómo? Desfinanciando y estrangulando lo público. En este caso, la Universidad de León.

La actual Ley Universitaria (LOSU) obliga a financiar con al menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico a la educación universitaria pública. Pero el actual gobierno autonómico, declarado en rebeldía y en claro incumplimiento de la ley, y alejado del objetivo de ese 1%, ha recortado la financiación al 0,65%. Es decir, a casi la mitad. Para destinarlo, suponemos que a los toros y otras cuestiones similares y de idéntico calado, como tributo al apoyo de la extrema derecha para seguir “gobernando”.

Pero lo más sangrante es que el actual equipo rectoral de la Universidad de León se ha apresurado a llevar al Consejo de Gobierno, para su urgente aprobación, un Plan de Recortes, que rinde pleitesía al ataque a las Universidades Públicas de la autonomía. Es como aquellos esclavos de la casa de las plantaciones de algodón que defendían al amo, porque consideraban que estaban en mejores condiciones de esclavitud que los esclavos del campo. Parece que incluso se quieren anticipar a cumplir los deseos de sus señores, para que vean que se portan bien y que son fieles cumplidores de sus mandatos.

Este Plan de Recortes de la Universidad de León contempla recortes laborales, salariales y académicos. Es decir, congelaciones salariales, cambios en la plantilla, riesgo de cierre de grados y posibles fusiones o eliminaciones de titulaciones, especialmente aquellas que no son rentables desde un prisma exclusivamente economicista. ¿Para qué queremos las humanidades, la filosofía, la literatura, el arte, si ya no son rentables? Es la filosofía que nos vende este plan de recortes.

En vez de exigir al PP de Mañueco y Quiñones una estrategia de estabilización, modernización y mejora de la financiación de las Universidades Públicas con un plan plurianual que garantice la financiación basal, presentan, antes incluso de haberse reunido con ellos, un plan de recorte de personal y de la oferta académica. Eso sí, con un título eufemístico para incautos: Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional de la Universidad de León, vamos “un plan de recortes de los de toda la vida”.

El actual equipo rectoral de la ULE ha optado: en lugar de enfrentarse con los de arriba, prefiere aplicar recortes a sus compañeras y compañeros. Lejos de afrontar la infrafinanciación como verdadera causa de cualquier problema económico, eligen recortar y precarizar a trabajadores y alumnado. Medidas como congelar el pago de complementos salariales, demorar las contrataciones y empeorar condiciones laborales. Recortes que también afectarán a los jóvenes investigadores, al tiempo que la ULE se queja de los problemas del relevo generacional.

Siguiendo con el guion rocambolesco, se convierte a las víctimas en culpables, al interpretar que las sentencias judiciales favorables a los trabajadores por el incumplimiento de sus derechos son, en realidad, un problema económico causante del Plan de Recortes. Pero del chantaje de la Junta a la ULE a la hora de aportar los recursos necesarios para afrontar la ejecución de las sentencias, no nos cuentan nada.

El giro economicista para rentabilizar la enseñanza, se apuntala con la incorporación de “estudios propios autofinanciables”, es decir, que solo se impartirán si consiguen financiación, con lo que se mercantiliza la Educación Superior en la Universidad de León. Es la vía para competir en el capitalismo: buscar financiación privada o poner tasas de matrícula elitistas. Convertir la Universidad Pública en universidad para la élite. Ya lo dijo el banquero y vicepresidente de Aznar, el exministro Rodrigo Rato con su famosa frase: “es el mercado, amigo”.

¿Quién financiará investigación para resolver problemas de las zonas rurales o la España vaciada, si no es rentable?, ¿quién financiará docencia en grados de servicios para los más necesitados, si no son rentables? El problema de fondo es que así se está pervirtiendo el sentido y la finalidad para los que se crearon las Universidades Públicas. Reduciendo la Educación Superior a una lógica de rentabilidad, a la lógica del capital y debilitando su función social en León.

¿Qué hacer? No podemos mirar para otro lado, para evitar los conflictos. Los bárbaros ya no están a las puertas, como en la caída del Imperio Romano. Los bárbaros han entrado, se han sentado en los escaños institucionales y están saqueando todo lo público y los derechos, que tan duro nos ha costado conquistar a la clase trabajadora. El equipo rectoral de la Universidad de León tiene que optar. O está con la clase trabajadora, al servicio de la ciudadanía, de los derechos de todos y todas y del bien común, o está con quienes están saqueando la Universidad Pública. O planta cara y se convierten en parte de la solución, o son parte del problema y deberían dimitir.

El equipo rectoral tiene una oportunidad de oro para defender la Universidad Pública, buscando el apoyo de otras universidades y construyendo un frente común con los agentes sociales. Puede prescindir del Plan de Recortes y construir un Plan de Acciones que agoten las vías institucionales y jurídicas frente a la ilegal asfixia financiera de la Junta. Ahí, nos encontrará a su lado. Pero en el recorte, el ataque a los trabajadores y la mercantilización universitaria nos tendrá, inevitablemente, en frente.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León y miembro de la Ejecutiva Federal de la Federación de Comisiones Obreras. Victor Bejega es secretario General de CC OO Enseñanza en León y miembro del Consejo Social de la ULE.

El sindicato USO Sanidad ha denunciado este lunes la situación de “colapso absoluto” que, asegura, atraviesa el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), donde afirma que la elevada presión asistencial ha obligado incluso a habilitar parte del área de Traumatología para atender pacientes y a instalar enfermos en los pasillos.

Según el sindicato, “a las 16.30 horas ya no quedaba espacio disponible en las zonas de espera habilitadas para pacientes pendientes de atención o de ubicación”.

USO sostiene que, pese a los refuerzos incorporados, el personal sanitario “no da abasto” ante la continua llegada de ambulancias y el incremento de las colas para el triaje, lo que, a su juicio, provoca tiempos de espera incompatibles con una asistencia de calidad. El sindicato atribuye esta situación al deterioro de la Atención Primaria, al considerar que las dificultades para conseguir cita con el médico de familia, con demoras que asegura que superan en muchos casos los diez días, están desplazando una parte importante de la demanda asistencial hacia las Urgencias hospitalarias.

La organización sindical también alerta del bloqueo de camas hospitalarias al asegurar que existen pacientes pendientes de traslado al Hospital Monte San Isidro desde el mediodía y que continúan registrándose retrasos para los ingresos en planta y para los desplazamientos a centros concertados, domicilios o residencias, una situación que relaciona con la disponibilidad de únicamente tres ambulancias para estos servicios.

Ante este escenario, USO reclama a la gerencia autonómica de Salud y a las de Atención Primaria “la adopción de medidas estructurales para reforzar la atención en los centros de salud, mejorar el acceso de los ciudadanos a sus médicos de familia y evitar que los hospitales sigan absorbiendo una demanda impropia de las Urgencias”.

Asimismo, reclama campañas informativas sobre el uso adecuado de este servicio, aunque advierte de que no serán eficaces mientras persistan las demoras en Atención Primaria y la saturación de los dispositivos extrahospitalarios. El sindicato concluye que los profesionales están realizando un “esfuerzo extraordinario”, pero advierte de que la sobrecarga y la falta de planificación “han llevado al sistema a una situación límite”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación de “grave riesgo para la salud y la seguridad” que vienen soportando los trabajadores y trabajadoras del Museo Provincial de León, en el antiguo edificio Pallares, en pleno centro de León, gestionado por la Junta de Castilla y León.

Ese riesgo viene provocado a consecuencia de las elevadas temperaturas existentes en las instalaciones, por encima de los máximos que permite la normativa (27° centígrados para trabajos sedentarios y 25° para trabajos ligeros), y de la “falta de medidas eficaces para proteger a la plantilla frente al estrés térmico”, aseguran en un comunicado. Lo achacan al hecho de que “desde finales de junio, la avería del sistema de climatización y el calor extremo de este verano está convirtiendo el Museo en un centro de trabajo en un entorno insalubre, con temperaturas entre 30º C y 32º C, donde resulta muy difícil desarrollar la actividad”.

Las consecuencias son “evidentes”, explica CSIF. El sindicato afirma que una trabajadora sufrió un golpe de calor que motivó su baja laboral, y se han sucedido diversas situaciones de mareos, agotamiento y síntomas compatibles con el estrés térmico entre la plantilla, hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio Territorial de la Cultura, Turismo y Deporte de la Junta. Lamentan sin embargo que por el momento no se han “adoptado soluciones eficaces que eliminen el riesgo existente, más allá de ordenar una ventilación a primeras horas de la mañana a través de apertura de puertas y ventanas”.

“No nos encontramos ante una situación puntual, excepcional o imprevisible”, subraya CSIF. Desde hace más de cuatro años, los cuatro compresores y los dos enfriadores que integran el sistema de climatización y refrigeración del edificio vienen sufriendo averías de forma reiterada, lo que muestra la existencia de un problema estructural y perfectamente conocido por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Pese a ello, la Junta “ha hecho caso omiso de esta situación, limitándose a actuaciones meramente paliativas e insuficientes, sin adoptar las medidas necesarias para solucionar de manera definitiva las deficiencias existentes, y sin garantizar unas condiciones ambientales adecuadas para las personas trabajadoras”, lamentan.

Consideran además “especialmente preocupante que, pese a la reiteración de los incidentes y a las continuas advertencias realizadas por la dirección del Museo y de los representantes de los trabajadores, la Junta de Castilla y León haya permitido que la actividad continúe desarrollándose en unas condiciones que pueden comprometer gravemente la integridad física de la plantilla”, y también creen que de los visitantes al Museo.

Por eso, CSIF está valorando la formulación de la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, solicitando una actuación urgente para que se compruebe el incumplimiento de la normativa preventiva y se requiera a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes la adopción inmediata de medidas eficaces.

El sindicato independiente urge la “reparación definitiva” del sistema de climatización o la inversión en un nuevo sistema si fuera necesario, o en su defecto “el inmediato alquiler de un enfriador compatible con el sistema de climatización instalado”, que solucione de forma transitoria esta situación, así como la compra de ventiladores para las zonas de oficina y de descanso de los trabajadores. Otras medidas que se reclaman son pausas suficientes de recuperación en zonas climatizadas, el suministro permanente de agua fresca, la paralización de las actividades que puedan suponer un riesgo grave para la plantilla, o la modificación del horario de apertura y cierre del Museo, si fuera necesario.

Por último, advierten que continuarán utilizando todos los mecanismos legales, administrativos y judiciales a su alcance para garantizar que se respeta el derecho de la plantilla a desempeñar su actividad en unas condiciones “dignas, seguras y saludables”.

La organización agraria Asaja León ha cargado con dureza contra el proyecto de la gran línea eléctrica de alta tensión que pretende transportar hasta la subestación de Luengos, en el municipio leonés de Santas Martas, la energía generada por tres parques eólicos situados en la provincia de Palencia. La organización califica de “aberrante” la infraestructura y anuncia que presentará alegaciones.

La crítica llega apenas una semana después de que se conociera el proyecto, que contempla la construcción de una línea de 61,66 kilómetros entre el centro de seccionamiento de Carrión, en Villaturde (Palencia), y la subestación transformadora de Promotores Luengos, desde donde la electricidad se inyectará en la red de transporte de Red Eléctrica. La actuación, promovida por Comunes Luengos S.L., sociedad vinculada al grupo berciano Erbienergía de los Lamelas Viloria, implica la declaración de utilidad pública de la infraestructura y, con ella, la posibilidad de expropiar terrenos y establecer servidumbres de paso en decenas de fincas de León y Palencia.

Asaja sostiene que “no tiene” ese supuesto interés público. A su juicio, la línea responde exclusivamente “al ánimo lucrativo de sus promotores” y a la búsqueda del punto más barato para evacuar la electricidad generada en Palencia, utilizando para ello la subestación de Luengos. La organización recuerda que León ya produce más energía de la que consume y considera que la provincia asume el impacto de una infraestructura que, asegura, “no genera riqueza ni empleo local”.

“La provincia recibe una infraestructura que no se quiere en otros territorios, que genera una energía que no necesitamos, que perjudica a los propietarios de fincas rústicas y a quienes las cultivan y que, además, tiene un fuerte impacto ambiental”, resume la organización agraria en su comunicado.

El foco, en las tierras de Payuelos

Uno de los principales argumentos de Asaja se centra en la afección sobre la zona regable de Payuelos, por donde discurrirá parte del trazado. La organización recuerda que ya durante la tramitación ambiental presentó alegaciones para evitar que la línea cruzara esta zona y consiguió, como “mal menor”, que el tramo afectado se ejecutara finalmente de forma subterránea.

Según la organización, la documentación sometida a información pública identifica 276 parcelas agrícolas de la provincia de León, la mayoría procedentes de procesos de concentración parcelaria y muchas de ellas de regadío modernizado, sobre las que recaerán servidumbres de paso, apoyos o ocupaciones temporales.

Además, critica que el expediente no concrete cuánto tiempo durarán esas ocupaciones temporales, qué indemnizaciones recibirán los propietarios ni qué compensaciones corresponderán a los agricultores que cultivan esas tierras en régimen de arrendamiento. Por ello, confirma que presentará alegaciones dentro del plazo de treinta días habilitado por la Junta.

Una línea de más de 60 kilómetros con expropiaciones

El proyecto prevé una línea de alta tensión de 132 kilovoltios y 61,66 kilómetros que atravesará seis municipios de la provincia de León: Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún, además de otros quince términos municipales de Palencia.

La infraestructura permitirá evacuar la producción de tres parques eólicos de 48 megavatios cada uno, con una potencia conjunta de 144 MW, mediante una red que combina tramos aéreos y soterrados antes de conectar con la subestación de Luengos.

Asaja enmarca esta oposición dentro de una reivindicación más amplia para que el nuevo Gobierno autonómico proteja el suelo agrícola más productivo frente a la proliferación de parques renovables y de sus infraestructuras de evacuación. La organización lamenta que, a su juicio, ni la Junta de Castilla y León ni el Estado hayan priorizado hasta ahora los intereses de los agricultores frente a este tipo de proyectos.

UGT Servicios Públicos León ha denunciado la situación del Museo de León, ubicado en el Edificio Pallarés de la capital leonesa y gestionado por la Junta de Castilla y León. UGT denuncia el colapso “total de su sistema de climatización y de la absoluta falta de respuesta de la Consejería de Cultura durante los últimos cuatro años”.

Según la información trasladada tanto por la Dirección del Museo como por el propio Servicio Territorial de Cultura, hace cuatro años se averió uno de los cuatro compresores y una de las dos enfriadoras que componen el sistema de climatización, asegura el sindicato. “Sin embargo, lejos de acometer la reparación necesaria, la Administración ha ido demorando la inversión hasta el punto de que, fruto de esa desidia, en la actualidad se encuentran averiados los cuatro compresores y las dos enfriadoras, dejando al edificio completamente sin capacidad de refrigeración”.

Las consecuencias son que, en una jornada de ola de calor como la de este miércoles 29 de julio, a las 10.30 horas ya se registraban temperaturas de 28,39 grados, que continúan aumentando a medida que avanza el día, con una humedad relativa en torno al 25%. “Esta situación no solo pone en grave riesgo la salud de los trabajadores, sino también la conservación de bienes culturales únicos e irreemplazables. Las colecciones museísticas requieren unas condiciones ambientales estables, con temperaturas que no deberían superar aproximadamente los 23 ºC y una humedad relativa situada entre el 40 % y el 50 % para garantizar su correcta conservación”.

Estas altas temperaturas afectan también al personal: “Los trabajadores llevan semanas desempeñando sus funciones en condiciones extremas y ya se han producido desmayos compatibles con golpes de calor, una circunstancia inadmisible en cualquier centro de trabajo y más aún en un edificio público dependiente de la Junta de Castilla y León”.

UGT considera especialmente grave que, incluso habiéndose planteado como medida provisional el alquiler de una enfriadora mientras se ejecuta la reparación definitiva del sistema de climatización, la Consejería haya rechazado esta solución temporal, prolongando una situación que pone en riesgo tanto la salud laboral como la integridad del patrimonio cultural.

UGT exige “la adopción inmediata de medidas de emergencia que permitan reducir la temperatura del edificio durante el periodo estival, así como la reparación urgente y definitiva del sistema de climatización. El personal no puede afrontar todo el mes de agosto trabajando en estas condiciones de emergencia climática”.

Asimismo, UGT reclama el mismo compromiso con el Museo de León que con otros centros museísticos, “un edificio de titularidad completamente pública, cuyo personal pertenece a la Junta de Castilla y León y que custodia una parte fundamental del patrimonio histórico de todos los castellanos y leoneses”.

“No puede haber museos de primera y de segunda. Tampoco trabajadores públicos de primera y de segunda. La protección del patrimonio comienza por cuidar las condiciones en las que se conserva y por garantizar la seguridad y la salud de quienes lo protegen cada día”, reclama el sindicato.

UGT Servicios Públicos León exige a la Junta de Castilla y León que abandone la inacción y actúe de forma inmediata “antes de que las consecuencias sean irreversibles, tanto para las personas como para un patrimonio cultural que pertenece a toda la ciudadanía”.

La reclamación de más financiación al Gobierno autonómico es el “eje central” del plan de ajuste impulsado por la Universidad de León (ULE). Así se pronunció este lunes la rectora de la ULE, Nuria González, tras las críticas al documento formuladas ya por Comisiones Obreras, que sostiene que su aplicación supone recortes laborales y amenaza el futuro de varias titulaciones. González, que enfatizó que las medidas finalmente adoptadas estarán sujetas a negociación, señaló también que el objetivo es buscar “una eficiencia en el gasto”.

La Universidad de León aprobó en Consejo de Gobierno el viernes 17 de julio el denominado Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030. “Lo que pretende no es tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”, apuntó la rectora tras las primeras críticas esbozadas por el sindicato CCOO y antes de aclarar que la puesta en marcha de un plan de ajuste resulta obligado ante una situación de déficit presupuestario. La elaboración del documento, añadió González, es un paso previo a la solicitud de más dinero a la Junta de Castilla y León.

“Y ahora ya tenemos interlocutores”, dijo la rectora de la ULE al respecto de la reciente formación de un nuevo Gobierno autonómico derivado de las elecciones del pasado mes de marzo que supuso la creación de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a cuyo frente está el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. La reclamación de más fondos a la Junta es precisamente una de las exigencias de Comisiones, que también insta al equipo rectoral de la institución académica a solicitar la convocatoria del Consejo de Universidades de Castilla y León y de la Mesa Sectorial de Universidades.

Además de comprometer esa reclamación financiera a la Junta, Nuria González subrayó que el plan de sostenibilidad es “bastante dinámico” y “está sujeto a negociación”. “Hay bastantes medidas que tienen que ser negociadas”, dijo al detallar que la pretensión de reevaluar partidas económicas ante situaciones en las que “el gasto no está teniendo el impacto deseado”

Será la financiación autonómica la que marque el paso del plan de ajuste, que tendrá vigencia hasta el año 2030, según indicó la rectora de la ULE. “Es un plan para garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad de León pues hasta que finalice”, concluyó González.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la externalización de puestos de trabajo de servicio en diversos centros educativos de León, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que la Dirección Provincial de Educación está realizando “con la complicidad y beneplácito” del departamento del Gobierno autonómico, según denuncia el sindicato al hilo del último caso que ha detectado, en este caso en el IESO (Instituto de Educación Secundaria Obligatoria) Puente de Domingo Flórez.

Según relata CSIF, la plaza de personal laboral de servicio de este centro berciano ha sido trasladada a otro de Ponferrada (también privatizada previamente), sin que el trabajador afectado que la ocupa en Puente de Domingo Flórez fuera informado con antelación de la decisión. Al mismo tiempo, la administración educativa ha contratado a una empresa para realizar las mismas funciones y tareas. CSIF tacha la situación de “incomprensible e injustificable”. “Carece de toda lógica desplazar una plaza pública existente en la RPT para, posteriormente, recurrir a una empresa privada para cubrir exactamente las mismas necesidades”, señala.

El sindicato independiente avisa de que no se trata de un hecho aislado. Y es que asegura que la contratación de empresas privadas para atender las funciones propias del personal de servicio ya se ha implantado en otros centros educativos de la provincia, entre los que cita a los IES Virgen de la Encina y Gil y Carrasco, Escuela de Adultos Ramón Carnicer y Centro Integrado de Formación Profesional, todos en Ponferrada; el IES Álvaro Yáñez de Bembibre; o el Centro Tecnológico Ciudad de León, el Conservatorio Santos Ovejero o Escuela de Adultos Faustina Álvarez, estos tres últimos en la capital leonesa.

CSIF considera que esta sucesión de casos evidencia “una estrategia de externalización planificada” que “supone un perjuicio para el empleo público, favorece la precarización laboral y debilita la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León”. Además, recuerda que las plazas incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo “deben ser desempeñadas por personal laboral de la Administración y no sustituidas por contratos con empresas privadas”.

Así las cosas, CSIF exige a la Consejería de Educación la inmediata cobertura de la plaza de servicio del IESO de Puente Domingo de Flórez con personal laboral de la Junta, dejando sin efecto cualquier medida que implique su sustitución por una empresa privada. Asimismo, exige la recuperación de los otros puestos de esa categoría que se han externalizado con por empleados públicos. El sindicato reclama que se termine con la política de externalización de funciones propias del personal laboral, así como un compromiso firme de la Junta “con la defensa del empleo público, el respeto a sus plantillas y la garantía de un servicio público de calidad para toda la comunidad educativa”.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado las condiciones laborales en las que han desarrollado su trabajo los miembros de los tribunales de las oposiciones docentes celebradas este verano en Castilla y León.

El sindicato asegura haber recopilado testimonios de integrantes de distintos tribunales y especialidades que coinciden en señalar jornadas de hasta 12 horas, problemas de organización, falta de alojamiento garantizado y unas dietas que consideran insuficientes y desfasadas, entre otros muchos serios problemas.

Según CCOO, la presión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para acortar los plazos de publicación de las calificaciones ha obligado a los tribunales a afrontar jornadas maratonianas tanto en la corrección de los exámenes como en la tramitación administrativa. El sindicato sostiene además que muchas de las instrucciones fueron transmitidas de forma verbal y con escaso margen para su aplicación, ante la ausencia de documentación técnica que resolviera las dudas habituales del proceso. También denuncia que los grupos de mensajería entre presidentes y coordinadores permanecían activos hasta última hora del día con indicaciones que debían aplicarse a la mañana siguiente.

La organización sindical critica igualmente la gestión de los desplazamientos y el alojamiento de los miembros de los tribunales. Afirma que la Administración no ha explicado el criterio seguido para asignar a los docentes, lo que, según expone, obligó a algunos de ellos a realizar largos desplazamientos sin conexiones directas en transporte público. Asimismo, recuerda que la Consejería se comprometió en la Mesa Sectorial del pasado 3 de marzo a facilitar plazas en residencias dependientes de la Administración autonómica, un compromiso que, asegura, no se ha cumplido. A ello añade los cambios en los cronogramas, con hasta tres versiones distintas en menos de dos semanas, que habrían provocado la pérdida de reservas de alojamiento ya abonadas por algunos docentes.

CCOO también pone el foco en el coste económico que, según denuncia, han tenido que asumir los integrantes de los tribunales. Recuerda que las dietas de manutención y alojamiento permanecen sin actualizar desde hace cerca de dos décadas y que las indemnizaciones por razón de servicio, congeladas desde 2002, ascienden a 42,83 euros para los vocales y a 45,89 euros para presidentes y secretarios. El sindicato señala que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha aumentado un 71,3% desde entonces, por lo que considera que estas cuantías están muy por debajo del coste real de desplazamientos, alojamiento y manutención.

La organización añade que, aunque la normativa contempla anticipos de hasta el 80% de las cantidades previstas, estos no se estarían abonando, lo que obliga a los docentes a adelantar los gastos y esperar varios meses para recuperar el dinero. Asimismo, denuncia la existencia de aulas sin climatización en las que, asegura, se superaron los límites de temperatura establecidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, además de reuniones convocadas en días laborables que obligaban a los docentes a desplazarse y reincorporarse a sus centros al día siguiente sin tiempo suficiente de descanso.

CCOO recuerda que desde hace años reclama una reforma del sistema de acceso a la función pública docente para reducir el número de aspirantes asignados a cada tribunal y evitar la sobrecarga de trabajo. En este sentido, advierte de que las condiciones denunciadas están provocando un creciente rechazo entre el profesorado a asumir estas funciones.

Por todo ello, el sindicato exige a la Consejería de Educación que elimine las presiones para acelerar los plazos, establezca un cronograma único y estable, garantice el alojamiento comprometido para los docentes desplazados, explique el criterio seguido en la designación de los tribunales y abone las dietas antes del inicio del próximo curso. También reclama la actualización urgente de las indemnizaciones conforme al coste de la vida, la concesión efectiva de anticipos para evitar que el profesorado tenga que adelantar los gastos y la adopción de medidas que impidan que estas situaciones vuelvan a repetirse en futuras convocatorias.

El Consejo Comarcal del Bierzo, CCOO, UGT y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) han firmado este lunes el primer acuerdo del Diálogo Social de la institución berciana, un documento con el que las cuatro partes se comprometen a reforzar las políticas de empleo, formación y atención a la ciudadanía mediante una estrategia conjunta que se desarrollará hasta 2029.

El acuerdo contempla una aportación mínima anual de 650.000 euros por parte del Consejo Comarcal para mantener y potenciar los servicios vinculados al empleo y la inclusión laboral. Entre ellos figuran la Agencia de Colocación, el Programa Alba, el servicio de homologación de títulos y distintos programas sociales.

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, destacó que el documento es fruto de meses de trabajo entre las administraciones, los sindicatos y la patronal y aseguró que nace con la vocación de “favorecer a los bercianos y generar empleo”.

Por su parte, la consejera comarcal de Formación y Empleo, Laura Fernández, explicó que el objetivo pasa por “mantener y reforzar servicios” y mejorar la coordinación entre las distintas entidades para facilitar el acceso de los ciudadanos a todos los recursos disponibles.

Desde CCOO, su secretario general en el Bierzo, Roberto Echegaray, definió el acuerdo como “una especie de gestión circular” que permitirá compartir recursos para mejorar la formación y favorecer la inserción laboral de los bercianos.

En la misma línea, el responsable de UGT en la comarca, Omar Rodríguez, defendió el papel de sindicatos y empresarios para detectar las necesidades del mercado laboral y sostuvo que el diálogo social contribuirá a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del Bierzo. “Todos estamos preocupados porque esta comarca crezca y se desarrolle. Somos los que mejor sabemos lo que hace falta”, afirmó.

El presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, aseguró por su parte que “la comarca debe avanzar” y confió en que este acuerdo contribuya a impulsar ese objetivo.

Las partes volverán a reunirse el próximo mes de octubre para analizar las necesidades del mercado laboral berciano y definir nuevas actuaciones en el marco del Diálogo Social.

Comisiones Obreras ha mostrado este jueves su rechazo frontal al Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional presentado por la Universidad de León, una herramienta que, según denuncia el sindicato, “incluye empeoramiento de condiciones laborales y salariales, además del riesgo de cierre y fusión de grados”.

CCOO sostiene que este documento no propiciará una estrategia de modernización de la ULE sino que se convertirá en “un plan de recortes encubierto” derivado “fundamentalmente” de “la asfixia económica y la infrafinanciación crónica de la Junta de Castilla y León a la universidad pública”.

Así las cosas, el sindicato considera “de especial gravedad” medidas incluidas en el plan y que suponen, según denuncia, “un empeoramiento de las condiciones laborales, incluyendo la congelación del pago de algunos complementos salariales” a determinado tipo de personal. “Se llega incluso a considerar”, añade, “un problema económico la ejecución de sentencias judiciales por incumplimiento de derechos laborales”. Y apunta que se sugiera una modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) hasta apurar “al máximo” los plazos de contratación, con “amortización de plazas” y con “categorías profesionales cada vez más flexibles y multitarea sometidas a movilidad interna”.

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza en León y su Sección Sindical en la ULE también denuncian que el plan asume la posibilidad de eliminación y fusión de títulos de grado“, algo que atribuyen a ”criterios economicistas“ al ampararse en el volumen de matriculación, y advierten de que se abra la puerta a ”estudios propios autofinanciables·“ de participación privada o con tasas de matrícula ”elitistas“.

“No vamos a avalar ningún recorte laboral, ninguna pérdida de derechos, ningún empeoramiento de las condiciones laborales ni ninguna eliminación de grados”, señala CCOO, que acusa a la rectora, Nuria González, de estar “actuando como paragolpes de la Junta” hasta descargar “el problema económico sobre los trabajadores y las trabajadoras”. Y es que considera que se trata de “una complicidad que se recoge en el propio Plan, donde no existe ninguna estrategia ni medidas concretas para exigir a la Junta el cumplimiento de sus obligaciones, limitándose únicamente a ”solicitar, pedir o abrir cauces de diálogo“ con absoluta tibieza”, lo que “contrasta con la dureza y contundencia de algunas de las medidas impuestas” al personal.

En este escenario, el sindicato emplaza a la rectora a convocar de urgencia el Consejo de Universidades de Castilla y León y liderar la exigencia a la Junta del “cumplimiento de sus obligaciones financieras” sin descartar la vía judicial. Pero “el equipo rectoral prefiere recortar los derechos de sus trabajadores y su propia calidad académica antes que generar fricciones con el Gobierno autonómico”, entiende Comisiones al citar singularmente la creación de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, encabezada por el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y recibida con buenas palabras por Nuria González.

El sindicato UGT ha anunciado que ha alcanzado, junto a CCOO, un principio de acuerdo con la patronal para renovar el convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de León. El sindicato considera que, aunque varias de sus reivindicaciones han quedado fuera del texto, el preacuerdo supone una “mejora notable” para los trabajadores del sector y queda ahora pendiente de ser ratificado en asamblea.

Entre las principales novedades figura la creación de varios pluses que hasta ahora no existían en el convenio. Se incorpora un plus de turnicidad y otro de nocturnidad, ambos equivalentes al 7% del salario base; un plus de carga y descarga de 80 euros mensuales para el personal de logística y almacenes; y un plus de conductor de 100 euros mensuales para todas las categorías de conductores. Además, el plus por trabajar domingos y festivos aumenta hasta los 30 euros por jornada.

El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, entre 2026 y 2028, con una subida salarial del 4% anual en todos los conceptos. UGT destaca que el incremento del salario base, el plus de convenio y las pagas extraordinarias tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, mientras que los nuevos pluses comenzarán a abonarse a partir del próximo 1 de julio. También se incrementará en un 10% la retribución de las horas extraordinarias y se mejorará la protección en los supuestos de incapacidad temporal más grave.

No obstante, el sindicato lamenta que la negociación no haya permitido sacar adelante una de sus principales reivindicaciones: obligar a las empresas a reflejar mensualmente el cómputo de horas trabajadas en las nóminas y reconocer como jornada efectiva todo el tiempo que el trabajador permanece a disposición de la empresa. UGT atribuye este punto a la negativa de la patronal y a la falta de apoyo de CCOO.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado este lunes que el operativo de lucha contra incendios forestales en Castilla y León continúa sin estar plenamente desplegado y que todavía faltan efectivos en distintos dispositivos de extinción, pese a la primera gran oleada de incendios del verano, que durante la última semana ha puesto al límite el sistema con una veintena de fuegos prácticamente simultáneos en la provincia de León, especialmente en la comarca de El Bierzo.

El sindicato ha iniciado una campaña en redes sociales para denunciar esta situación y sostiene que, aunque la Comunidad ya ha atravesado jornadas de calor extremo y ha tenido que hacer frente a numerosos incendios, “muchos operativos aún no están plenamente activados”. En este sentido, considera que la crisis vivida estos últimos días evidencia la necesidad de reforzar el dispositivo de prevención y extinción.

En un comunicado, el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Tomás Pérez, ha afirmado que “los incendios no entienden de cambios en la ejecutiva autonómica ni de cien días de tregua en la actual legislatura”, en referencia al reciente relevo al frente de la Consejería de Medio Ambiente, y ha recordado que, a su juicio, quienes gestionan el operativo siguen siendo los mismos responsables de la etapa anterior.

UGT sostiene además que continúan sin resolverse algunas de las principales reivindicaciones del colectivo. Entre ellas, cita la regulación de las jornadas laborales, el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales o la aprobación de un reglamento específico de prevención de riesgos laborales para los bomberos forestales.

El sindicato advierte de que los incendios forestales son “cada vez más complejos” y considera que los recursos actuales siguen siendo insuficientes porque la prevención “no puede hacerse solo en verano”. Por ello, reclama consolidar un operativo público y estable durante los 365 días del año, además de actualizar las condiciones salariales de los profesionales que participan en las labores de extinción.

La denuncia llega después de una semana especialmente complicada en la provincia de León, donde una tormenta seca registrada durante la noche de San Juan provocó una oleada de incendios por el impacto de cerca de 400 rayos. Aunque la situación ha mejorado durante las últimas jornadas, todavía permanecen activos los incendios de Pradela y Congosto, ambos en Índice de Gravedad Potencial 1, mientras continúan las labores de vigilancia y remate sobre el terreno con un amplio despliegue de medios autonómicos y estatales.

El Consejo Comarcal del Bierzo asegura que sí que reconocen la condición de bombero forestal a sus brigadas, aunque afirma necesitar de mayor financiación de la Junta de Castilla y León para hacer efectivas estas mejoras en las condiciones laborales. Todo ello tras las críticas formuladas por el sindicato CSIF, que denunciaban que esta institución omitía este reconocimiento en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

“Estamos elaborando una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se recoge esa condición de bombero forestal. Efectivamente, realizan labores de prevención, de extinción y de vigilancia y que mejoran notablemente sus condiciones”, ha defendido el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón.

A pesar de que la RPT ya reconoce la condición de bombero forestal de los trabajadores que se encargan de labores de prevención, de extinción y de vigilancia, Ramón especifica que el Consejo Comarcal no tiene “recursos propios” y que “necesitamos esa financiación adicional de la Junta de Castilla y León para poder cumplir esos compromisos que, por otra parte, estamos obligados legalmente a hacerlo”.

Con todo, en su comunicado el presidente del Consejo Comarcal defiende con rotundidad que “medidas de seguridad, de seguridad laboral, los medios” son idóneos y, para dar muestra de ello, argumenta que recientemente se ha hecho una inversión para mejorar los baños y han adquirido equipos para que “los EPIs lleven el tratamiento en el centro de trabajo, que no se lo tengan que llevar los trabajadores a domicilio”.

“Desde el Consejo Comarcal del Bierzo queremos dejar constancia de que, frente a las críticas del CSIF, este equipo de gobierno actúa con rigor, transparencia y voluntad de diálogo, tal como demuestra la permanente información facilitada a los trabajadores y a los sindicatos con representación en el Comité de Empresa. Reiteramos nuestro compromiso con la mejora de las condiciones laborales de las brigadas forestales y con la seguridad en el desempeño de sus funciones, al tiempo que instamos a la Junta de Castilla y León a asumir la financiación adicional necesaria para hacer efectivas estas mejoras”, zanja Ramón en su comunicado.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León ha denunciado este lunes que los centros educativos y administraciones dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León están superando los 30 grados en plena ola de calor, debido a que, según el sindicato, no están adaptados para combatir las altas temperaturas, que, aseguran: “superan con creces las permitidas por la ley”.

CCOO denuncia que en estos centros de trabajo, todo el personal docente, laboral y de administración están realizando su trabajo en condiciones de riesgo para su propia salud. Un riesgo que, para CCOO, es de especial gravedad la situación de las Escuelas Infantiles y las aulas de 0-3 años, debido a “la vulnerabilidad de los niños y niñas que permanecen en los centros y donde la posibilidad de que se produzcan situaciones que afecten a la salud se multiplica”.

Víctor Bejega García, Secretario General del sindicato provincial de Enseñanza, señala que “la Junta de Castilla y León debe garantizar unas temperaturas y condiciones medioambientales básicas en sus centros de trabajo y cumplir con la legislación en materia de prevención. Pero otro año más la falta de previsión y de inversión en medidas concretas hace imposible cualquier posibilidad de evitar las altas temperaturas en las aulas, exponiendo a trabajadores y alumnado a riesgos sobre su salud”.

Desde CCOO denuncian que, en lugar de dotar a las aulas de sistemas de climatización apropiados para regular la temperatura y optar por medidas que garanticen las condiciones óptimas frente a las cada vez más frecuentes olas de calor, la Junta de Castilla y León únicamente ha instalado algunos ventiladores en algunas aulas de 0-3 años y recomendaciones de ventilar los espacios cuando sea posible. Unas medidas que, para CCOO, “son totalmente ineficaces ante las altas temperaturas, tanto del exterior como del interior de los centros, haciendo imposible que se pueda reducir la temperatura de los espacios”.

CCOO insiste en que “las mediciones de temperatura realizadas en los centros educativos son preocupantes y superan con creces los límites marcados por la ley. Y tampoco se están aplicando ninguna de las medidas correctoras comprometidas por la Junta tras las reiteradas denuncias del sindicato, entre las que se incluían la instalación de toldos sobre las ventanas para reducir el efecto radiador de las persianas, la mejora de los sistemas de ventilación y la compra de equipos de aire acondicionado portátiles”. Especialmente esta última medida, la compra de equipos de aire acondicionado portátiles, es la exigencia de CCOO por el carácter de urgencia de la situación.

Por todo ello, Víctor Bejega exige “una inversión clara y urgente en los centros educativos públicos por parte de la Junta de Castilla y León para garantizar las condiciones de temperatura en los centros de trabajo y en las aulas, cumpliendo la legislación vigente y abandonando una irresponsabilidad manifiesta que pone en riesgo a las trabajadoras y trabajadores, pero también a los menores. Desde CCOO insistimos, otro año más, en advertir del grave riesgo a la salud y de la necesidad de solucionar esta situación antes de que haya que lamentar alguna desgracia”.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

El nuevo director general de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, ha tomado hoy posesión del nuevo cargo creado restando importancia a la acumulación de combustible vegetal tras un invierno y una primavera especialmente lluviosos. De hecho, ha asegurado que el riesgo de una gran campaña de fuegos depende de una combinación de factores mucho más amplia.

“Para mí casi es lo de menos el combustible generado este invierno”, ha llegado a contestar ante los medios de información, a pesar de reconocer que la abundancia de vegetación puede favorecer la propagación de los incendios, pero ha insistido en que el problema debe analizarse desde una perspectiva más global. Y Efe resalta también que no ha mencionado en concreto al factor humano.

El nuevo responsable autonómico de incendios forestales ha admitido que las precipitaciones registradas durante los últimos meses han favorecido el crecimiento de la vegetación y, por tanto, la existencia de más material combustible en los montes de la Comunidad. No obstante, ha insistido en que la evolución de la campaña dependerá sobre todo de las circunstancias meteorológicas que se registren durante el verano y de la capacidad de anticipación de los servicios de extinción.

Sánchez ha asegurado que la experiencia acumulada durante los últimos años ha permitido analizar en profundidad situaciones especialmente complejas y extraer lecciones para mejorar la respuesta ante futuros incendios. “Se ha aprendido bastante de los análisis de estos años y ahora hay que empezar a aplicar ese conocimiento para dar soluciones”, ha afirmado, el mismo día en que ha recibido ya las primeras críticas por recientes afirmaciones en las que despreciaba el valor de la prevención invernal para evitar grandes siniestros, aduciendo su alto coste económico, como desveló ILEÓN.

Las declaraciones del nuevo director general se han producido durante el acto de presentación de la nueva Dirección General de Incendios Forestales, una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en esta legislatura.

La también nueva consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha defendido la creación de este nuevo órgano para reforzar la prevención, planificación y respuesta frente a los incendios forestales en una comunidad donde la superficie forestal supera la mitad del territorio. Según ha explicado, el patrimonio natural de Castilla y León constituye una fuente de biodiversidad, empleo y oportunidades para el medio rural que requiere una protección permanente frente a un riesgo que evoluciona cada año con mayor complejidad.

Corral ha destacado además la trayectoria profesional de Sánchez, ingeniero de Montes y técnico forestal de carrera en la Junta, donde ha desempeñado distintas responsabilidades vinculadas a la gestión de incendios y ha ejercido funciones de jefe de jornada en numerosos operativos. En el acto estuvo presente su antecesor en la máxima responsabilidad, el también director general José Ángel Arranz.

La consejera también ha avanzado que el Ejecutivo autonómico ha reforzado los equipos vinculados a la lucha contra los incendios forestales y que en las próximas semanas ofrecerá más detalles sobre las novedades previstas para el operativo de este verano, a pesar de que ya fue presentado por el hasta ayer consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Finalmente, Sánchez ha evitado entrar en valoraciones sobre las críticas sindicales al dispositivo y ha señalado que todavía hay algunas cuadrillas incorporándose conforme a los compromisos adquiridos durante el pasado año, al tiempo que ha reclamado basar el debate en “datos” y no en opiniones.

Medio centenar de trabajadores del operativo de lucha contra incendios forestales de León se concentraron este miércoles ante la delegación territorial de la Junta en la capital para denunciar el “abandono absoluto” que, a su juicio, sufre el servicio a escasos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

La protesta, convocada por CCOO y CGT, forma parte de una movilización desarrollada en varias provincias de Castilla y León para reclamar mejoras en un operativo que los sindicatos consideran insuficiente para afrontar un verano que prevén especialmente complicado.

Durante la concentración, el coordinador de bomberos forestales de la Federación de Servicios Forestales de CCOO, Diego Fernández, aseguró que la situación actual apenas presenta avances respecto a los acuerdos alcanzados hace años y criticó que las mejoras anunciadas por la Junta son “muy pocas” y ya estaban comprometidas desde 2022.

Fernández describió un operativo “bajo mínimos”, con “puestos de vigilancia que se caen a pedazos” y bases de camiones que, según denunció, “no cumplen con la normativa mínima”. A ello sumó la escasez de tratamientos selvícolas preventivos realizados durante los últimos meses, que calificó de “ínfimos”.

Los representantes sindicales advirtieron además de que la falta de personal afecta a buena parte de los servicios implicados en la extinción de incendios. Según explicaron, el dispositivo está integrado por personal de la Junta, trabajadores de empresas privadas y efectivos de Tragsa, una situación que, a su juicio, dificulta la coordinación.

“No somos un operativo, somos 27”, resumió Fernández, en referencia a las diferencias de funcionamiento existentes entre provincias y organismos. Según denunció, esta situación genera problemas de comunicación y dificulta una respuesta homogénea ante las emergencias.

Uno de los principales problemas señalados durante la protesta fue la falta de agentes medioambientales. El delegado de CCOO José Ramón Casado aseguró que en la provincia de León existe actualmente un 15% de vacantes sin cubrir en este colectivo, una situación que se agrava por las jubilaciones previstas de numerosos profesionales con experiencia.

Casado alertó de que esa pérdida de conocimiento acumulado está siendo sustituida por personal que en muchos casos carece de experiencia previa en incendios forestales.

En la misma línea se expresó el secretario general de personal laboral de CGT en León, Ángel Fernández, quien señaló que muchos de los agentes de nueva incorporación “nunca han estado en un incendio y desconocen las comarcas”. Por ello, reclamó una mayor formación para todos los integrantes del operativo y criterios de actuación unificados en todo el territorio.

Los sindicatos también denunciaron las condiciones laborales existentes en parte de las instalaciones utilizadas por el operativo. Según recordaron, estas circunstancias han sido objeto de actuaciones de la Inspección de Trabajo, que les habría dado la razón en algunas de sus reclamaciones.

CCOO ha llegado incluso a presentar una querella criminal contra la Junta por esta situación, al considerar que existen responsabilidades concretas en el mantenimiento de determinadas condiciones de trabajo.

Además de exigir más personal y mejores medios, los concentrados reclamaron la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales para todos los profesionales que participan en la lucha contra los incendios, incluidos agentes medioambientales, técnicos y celadores, y no únicamente peones, conductores o vigilantes.

Las movilizaciones se celebraron también en otras provincias de la Comunidad. En todas ellas los representantes sindicales coincidieron en advertir de que el operativo afronta el inicio de la campaña de verano con problemas muy similares a los denunciados tras los graves incendios registrados en los últimos años, entre ellos los que afectaron a amplias zonas de Zamora y los devastadores fuegos que el verano pasado arrasaron decenas de miles de hectáreas en Castilla y León.