El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León ha denunciado este lunes que los centros educativos y administraciones dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León están superando los 30 grados en plena ola de calor, debido a que, según el sindicato, no están adaptados para combatir las altas temperaturas, que, aseguran: “superan con creces las permitidas por la ley”.

CCOO denuncia que en estos centros de trabajo, todo el personal docente, laboral y de administración están realizando su trabajo en condiciones de riesgo para su propia salud. Un riesgo que, para CCOO, es de especial gravedad la situación de las Escuelas Infantiles y las aulas de 0-3 años, debido a “la vulnerabilidad de los niños y niñas que permanecen en los centros y donde la posibilidad de que se produzcan situaciones que afecten a la salud se multiplica”.

Víctor Bejega García, Secretario General del sindicato provincial de Enseñanza, señala que “la Junta de Castilla y León debe garantizar unas temperaturas y condiciones medioambientales básicas en sus centros de trabajo y cumplir con la legislación en materia de prevención. Pero otro año más la falta de previsión y de inversión en medidas concretas hace imposible cualquier posibilidad de evitar las altas temperaturas en las aulas, exponiendo a trabajadores y alumnado a riesgos sobre su salud”.

Desde CCOO denuncian que, en lugar de dotar a las aulas de sistemas de climatización apropiados para regular la temperatura y optar por medidas que garanticen las condiciones óptimas frente a las cada vez más frecuentes olas de calor, la Junta de Castilla y León únicamente ha instalado algunos ventiladores en algunas aulas de 0-3 años y recomendaciones de ventilar los espacios cuando sea posible. Unas medidas que, para CCOO, “son totalmente ineficaces ante las altas temperaturas, tanto del exterior como del interior de los centros, haciendo imposible que se pueda reducir la temperatura de los espacios”.

CCOO insiste en que “las mediciones de temperatura realizadas en los centros educativos son preocupantes y superan con creces los límites marcados por la ley. Y tampoco se están aplicando ninguna de las medidas correctoras comprometidas por la Junta tras las reiteradas denuncias del sindicato, entre las que se incluían la instalación de toldos sobre las ventanas para reducir el efecto radiador de las persianas, la mejora de los sistemas de ventilación y la compra de equipos de aire acondicionado portátiles”. Especialmente esta última medida, la compra de equipos de aire acondicionado portátiles, es la exigencia de CCOO por el carácter de urgencia de la situación.

Por todo ello, Víctor Bejega exige “una inversión clara y urgente en los centros educativos públicos por parte de la Junta de Castilla y León para garantizar las condiciones de temperatura en los centros de trabajo y en las aulas, cumpliendo la legislación vigente y abandonando una irresponsabilidad manifiesta que pone en riesgo a las trabajadoras y trabajadores, pero también a los menores. Desde CCOO insistimos, otro año más, en advertir del grave riesgo a la salud y de la necesidad de solucionar esta situación antes de que haya que lamentar alguna desgracia”.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

El nuevo director general de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, ha tomado hoy posesión del nuevo cargo creado restando importancia a la acumulación de combustible vegetal tras un invierno y una primavera especialmente lluviosos. De hecho, ha asegurado que el riesgo de una gran campaña de fuegos depende de una combinación de factores mucho más amplia.

“Para mí casi es lo de menos el combustible generado este invierno”, ha llegado a contestar ante los medios de información, a pesar de reconocer que la abundancia de vegetación puede favorecer la propagación de los incendios, pero ha insistido en que el problema debe analizarse desde una perspectiva más global. Y Efe resalta también que no ha mencionado en concreto al factor humano.

El nuevo responsable autonómico de incendios forestales ha admitido que las precipitaciones registradas durante los últimos meses han favorecido el crecimiento de la vegetación y, por tanto, la existencia de más material combustible en los montes de la Comunidad. No obstante, ha insistido en que la evolución de la campaña dependerá sobre todo de las circunstancias meteorológicas que se registren durante el verano y de la capacidad de anticipación de los servicios de extinción.

Sánchez ha asegurado que la experiencia acumulada durante los últimos años ha permitido analizar en profundidad situaciones especialmente complejas y extraer lecciones para mejorar la respuesta ante futuros incendios. “Se ha aprendido bastante de los análisis de estos años y ahora hay que empezar a aplicar ese conocimiento para dar soluciones”, ha afirmado, el mismo día en que ha recibido ya las primeras críticas por recientes afirmaciones en las que despreciaba el valor de la prevención invernal para evitar grandes siniestros, aduciendo su alto coste económico, como desveló ILEÓN.

Las declaraciones del nuevo director general se han producido durante el acto de presentación de la nueva Dirección General de Incendios Forestales, una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en esta legislatura.

La también nueva consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha defendido la creación de este nuevo órgano para reforzar la prevención, planificación y respuesta frente a los incendios forestales en una comunidad donde la superficie forestal supera la mitad del territorio. Según ha explicado, el patrimonio natural de Castilla y León constituye una fuente de biodiversidad, empleo y oportunidades para el medio rural que requiere una protección permanente frente a un riesgo que evoluciona cada año con mayor complejidad.

Corral ha destacado además la trayectoria profesional de Sánchez, ingeniero de Montes y técnico forestal de carrera en la Junta, donde ha desempeñado distintas responsabilidades vinculadas a la gestión de incendios y ha ejercido funciones de jefe de jornada en numerosos operativos. En el acto estuvo presente su antecesor en la máxima responsabilidad, el también director general José Ángel Arranz.

La consejera también ha avanzado que el Ejecutivo autonómico ha reforzado los equipos vinculados a la lucha contra los incendios forestales y que en las próximas semanas ofrecerá más detalles sobre las novedades previstas para el operativo de este verano, a pesar de que ya fue presentado por el hasta ayer consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Finalmente, Sánchez ha evitado entrar en valoraciones sobre las críticas sindicales al dispositivo y ha señalado que todavía hay algunas cuadrillas incorporándose conforme a los compromisos adquiridos durante el pasado año, al tiempo que ha reclamado basar el debate en “datos” y no en opiniones.

Medio centenar de trabajadores del operativo de lucha contra incendios forestales de León se concentraron este miércoles ante la delegación territorial de la Junta en la capital para denunciar el “abandono absoluto” que, a su juicio, sufre el servicio a escasos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

La protesta, convocada por CCOO y CGT, forma parte de una movilización desarrollada en varias provincias de Castilla y León para reclamar mejoras en un operativo que los sindicatos consideran insuficiente para afrontar un verano que prevén especialmente complicado.

Durante la concentración, el coordinador de bomberos forestales de la Federación de Servicios Forestales de CCOO, Diego Fernández, aseguró que la situación actual apenas presenta avances respecto a los acuerdos alcanzados hace años y criticó que las mejoras anunciadas por la Junta son “muy pocas” y ya estaban comprometidas desde 2022.

Fernández describió un operativo “bajo mínimos”, con “puestos de vigilancia que se caen a pedazos” y bases de camiones que, según denunció, “no cumplen con la normativa mínima”. A ello sumó la escasez de tratamientos selvícolas preventivos realizados durante los últimos meses, que calificó de “ínfimos”.

Los representantes sindicales advirtieron además de que la falta de personal afecta a buena parte de los servicios implicados en la extinción de incendios. Según explicaron, el dispositivo está integrado por personal de la Junta, trabajadores de empresas privadas y efectivos de Tragsa, una situación que, a su juicio, dificulta la coordinación.

“No somos un operativo, somos 27”, resumió Fernández, en referencia a las diferencias de funcionamiento existentes entre provincias y organismos. Según denunció, esta situación genera problemas de comunicación y dificulta una respuesta homogénea ante las emergencias.

Uno de los principales problemas señalados durante la protesta fue la falta de agentes medioambientales. El delegado de CCOO José Ramón Casado aseguró que en la provincia de León existe actualmente un 15% de vacantes sin cubrir en este colectivo, una situación que se agrava por las jubilaciones previstas de numerosos profesionales con experiencia.

Casado alertó de que esa pérdida de conocimiento acumulado está siendo sustituida por personal que en muchos casos carece de experiencia previa en incendios forestales.

En la misma línea se expresó el secretario general de personal laboral de CGT en León, Ángel Fernández, quien señaló que muchos de los agentes de nueva incorporación “nunca han estado en un incendio y desconocen las comarcas”. Por ello, reclamó una mayor formación para todos los integrantes del operativo y criterios de actuación unificados en todo el territorio.

Los sindicatos también denunciaron las condiciones laborales existentes en parte de las instalaciones utilizadas por el operativo. Según recordaron, estas circunstancias han sido objeto de actuaciones de la Inspección de Trabajo, que les habría dado la razón en algunas de sus reclamaciones.

CCOO ha llegado incluso a presentar una querella criminal contra la Junta por esta situación, al considerar que existen responsabilidades concretas en el mantenimiento de determinadas condiciones de trabajo.

Además de exigir más personal y mejores medios, los concentrados reclamaron la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales para todos los profesionales que participan en la lucha contra los incendios, incluidos agentes medioambientales, técnicos y celadores, y no únicamente peones, conductores o vigilantes.

Las movilizaciones se celebraron también en otras provincias de la Comunidad. En todas ellas los representantes sindicales coincidieron en advertir de que el operativo afronta el inicio de la campaña de verano con problemas muy similares a los denunciados tras los graves incendios registrados en los últimos años, entre ellos los que afectaron a amplias zonas de Zamora y los devastadores fuegos que el verano pasado arrasaron decenas de miles de hectáreas en Castilla y León.

Laciana volvió a movilizarse este miércoles en una de las protestas más amplias y unitarias de los últimos años. La comarca ha llevado a cabo un paro general de tres horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas, para denunciar lo que considera décadas de abandono institucional y reclamar medidas urgentes que permitan garantizar su futuro.

La movilización estuvo impulsada por el denominado Frente Común de Laciana, una plataforma que agrupa a los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Villablino, junto a los sindicatos UGT, CCOO y USO, y que en los últimos meses ha ido sumando el respaldo de colectivos sociales, empresarios, asociaciones y representantes del ámbito educativo.

La concentración arrancó a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Villablino y recorrió varias calles de la capital lacianiega antes de regresar al Consistorio, donde estudiantes de los centros de educación secundaria de la comarca leyeron un manifiesto en nombre de los participantes.

Los convocantes consideran que Laciana atraviesa un momento “decisivo” y sostienen que la situación actual es consecuencia de años de promesas incumplidas, planes de reactivación fallidos y falta de compromiso por parte de las administraciones públicas. En el manifiesto que se leyó al término de la marcha denunciaron que, tras el cierre de la minería, las alternativas prometidas nunca llegaron a generar el empleo ni la actividad económica necesarios para sustituir el peso que tuvo históricamente este sector.

La plataforma asegura que la comarca sufre una pérdida constante de población, servicios y oportunidades laborales, una situación que atribuye tanto al fracaso de los sucesivos planes de reactivación como a la falta de inversiones efectivas. “Laciana no puede seguir siendo una tierra olvidada”, sostienen los convocantes, que reclaman una respuesta coordinada de todas las administraciones.

Entre las principales reivindicaciones figuran la puesta en marcha de un plan específico para Laciana, la llegada de nuevos proyectos industriales compatibles con el entorno, mejores infraestructuras, comunicaciones modernas, incentivos para empresas y autónomos, vivienda, empleo y servicios públicos de calidad en ámbitos como la sanidad, la educación, la dependencia o la formación profesional.

Los impulsores de la movilización también reclaman medidas concretas contra la despoblación y el envejecimiento de la comarca, advirtiendo de que la falta de oportunidades continúa obligando a marcharse a buena parte de la población joven. “Sin oportunidades, los jóvenes nos vamos, y sin juventud no hay relevo generacional”, recoge el manifiesto.

El Frente Común considera que las administraciones mantienen una “deuda histórica” con Laciana y advierte de que la protesta de este miércoles será solo el inicio de nuevas acciones si no llegan respuestas. “No vamos a aceptar más engaños, más abandono, más silencios ni más excusas”, señalan.

La movilización pretende convertirse en un nuevo hito reivindicativo para una comarca marcada durante décadas por las luchas vinculadas a la minería y que ahora busca abrir una nueva etapa centrada en la reactivación económica y la fijación de población. “Laciana sigue viva”, zanjaron.

El martes, 9 de junio, a las 12 horas se celebrará un homenaje al fallecido sindicalista, político y figura universitaria Rodrigo González González, 'Rodri', en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE.

El acto pretende reconocer la figura de 'Rodri', fallecido hace justamente un año, y su compromiso social y político de lucha por las libertades, que le llevó a padecer cárcel por su compromiso antifranquista y la condena fruto del proceso que sufrió en 1970 en el Juzgado de Orden Público por “propagandas ilegales”.

Rodrigo González trabajó durante buena parte de su vida en la Universidad de León, desarrollando su actividad como conserje en centros como la Facultad de Veterinaria o la de Económicas (donde se jubiló), a la par que mantenía sucompromiso con la labor sindical en el Sindicato de Enseñanza de CCOO, o la política en El PCE y en Izquierda Unida.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó este miércoles en León una campaña de incendios “que no se corresponde con la realidad que viven los profesionales del operativo forestal de Castilla y León”. Sus declaraciones, a juicio del sindicato, “constituyen un nuevo ejercicio de propaganda institucional, destinado a ocultar las carencias que arrastra el sistema de prevención y extinción de incendios desde hace años”.

Así, CSIF considera “inadmisible” que la Junta siga intentando trasladar a la opinión pública un mensaje de normalidad, cuando “los problemas denunciados reiteradamente por los representantes de los trabajadores siguen sin resolverse”. En opinión del sindicato independiente, Castilla y León continúa afrontando cada campaña de alto riesgo con importantes déficits de personal y sin el refuerzo estructural que exige la magnitud de su masa forestal.

“Lo cierto es que no se ha hecho prevención en los montes a pesar de incrementar, según dicen, la inversión en 10 millones de euros. Tampoco se ha incrementado en ni una sola persona el dispositivo, y los trabajadores continúan enfrentándose a condiciones precarias y plantillas insuficientes”, señala CSIF.

El sindicato considera que un reflejo de esta situación es la provincia de León, que junto con Zamora son los territorios que más sufrieron la voracidad de los incendios en la Comunidad el pasado verano, “y donde a día de hoy, y a pesar de las altas temperaturas, no hay un solo bulldozer; solo 2 de los 4 helicópteros se encuentran operativos y más del 60% de las cuadrillas de tierra no están disponibles para acudir a incendios”.

En este sentido, CSIF denuncia falta de medios en el operativo porque “los puestos han estado sin cubrir durante el invierno en un alto porcentaje, iniciando el llamamiento para su cobertura hace menos de un mes, faltando a fecha de hoy y estando inoperativos el 30% de los camiones de incendios y el 40% de los puestos de vigilancia”.

CSIF sostiene que los grandes incendios sufridos en 2025 pusieron de manifiesto las debilidades del modelo actual. Sin embargo, “lejos de acometer una reforma profunda del operativo, la Consejería sigue instalándose en la autocomplacencia y en la presentación de cifras que no reflejan lo que se encuentran diariamente los profesionales sobre el terreno”. “La Junta”, abunda, “sigue sin desarrollar las leyes básicas de bomberos forestales y agentes medioambientales. Está repitiendo los mismos errores”.

Y es que el sindicato subraya que, actualmente, unos 3.000 trabajadores del operativo antincendios siguen sin tener reconocida la categoría de bombero forestal hasta incluso negársela a “los propios directores técnicos de extinción, conductores, celadores de Medio Ambiente y a todos y cada uno de los trabajadores de la parte privada del operativo”.

La Junta publicó este miércoles la orden de guardias de 2025, con más de un año de retraso, mientras todavía no lo ha hecho con la correspondiente a 2026, lo que el sindicato asegura que se traducirá en demoras en las retribuciones “además de acarrear problemas al presentar la declaración de la renta”.

“Los ciudadanos de Castilla y León merecen transparencia y no campañas publicitarias”, recalca CSIF, que exige a la Junta de Castilla y León que “abandone el triunfalismo, reconozca las deficiencias existentes y adopte de forma urgente medidas reales para reforzar el operativo forestal”. La organización sindical no entiende que, ante el anuncio de que habrá nuevo Gobierno de Castilla y León en breves fechas, todavía presente la campaña Suárez-Quiñones, “el consejero negligente y culpable de todo lo que pasó el año pasado, y que no ha hecho ni una sola actuación para solucionar estos problemas”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del Bierzo cierra este miércoles en Ponferrada la campaña de recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la implantación de la enfermería escolar en Castilla y León. El sindicato ha reclutado, hasta el momento, unas 2.000 firmas en la comarca (unas 50.000 ya en toda la comunidad de Castilla y León). El plazo para seguir recabando apoyos finalizará el 26 de junio.

Esta propuesta legislativa, promovida por el sindicato independiente y presentada en las Cortes en mayo de 2025, busca asegurar por ley la presencia de profesionales de enfermería en los centros educativos de la comunidad.

CSIF subraya que se trata de una atención que urgen docentes, familias, asociaciones de enfermos o el propio personal sanitario; y a la reivindicación se suma ahora la ciudadanía en general a través de estas firmas de apoyo.

Cuando se cierre el plazo de recogida, CSIF procederá a la validación de todo el volumen de apoyos recabados a nivel autonómico para formalizar la entrega de la Iniciativa Legislativa Popular en la sede de las Cortes de Castilla y León hasta emplazar a los grupos políticos a aprobar una normativa que sitúe a la comunidad a la vanguardia de la protección de la salud escolar.

El escritor Ignacio Fernández Herrero presentará este jueves, 4 de junio, su nuevo libro, 'Canciones de amor (levemente) desafinadas', en la Biblioteca Municipal de Ponferrada. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala Sonia Pacios y contará con la participación de Elena Blasco.

Publicado por la editorial Eolas, el volumen propone una mirada poco habitual sobre uno de los temas más universales de la cultura popular: las canciones de amor. A través de ocho relatos y un ensayo, la obra invita a reflexionar sobre los mensajes que transmiten esas canciones y sobre la influencia que han tenido en la forma de entender las relaciones afectivas de varias generaciones.

Según explica la editorial, el libro analiza cómo las canciones, igual que el cine o la literatura, han contribuido a consolidar determinados modelos emocionales que a menudo se asumen de forma inconsciente. Los relatos desarrollan esas ideas desde la ficción, mientras que el ensayo aborda el análisis de un cancionero generacional concreto para tratar de distinguir qué parte de esas historias amorosas pertenece a la experiencia real y cuál responde a construcciones culturales.

Fernández Herrero es conocido por su trayectoria sindical y cultural. Fue secretario general de CCOO León entre 2004 y 2017 y posteriormente ocupó responsabilidades en CCOO Castilla y León y en la Fundación Jesús Pereda. Además, ha desarrollado una amplia actividad vinculada al pensamiento crítico y a la creación literaria.

El autor publicó en 2006 el poemario 'Lógica borrosa' y posteriormente los ensayos 'Poscontemporáneos' y 'A la siniestra', ambos con la editorial Eolas. También formó parte del equipo editor de la revista de poesía 'Fake'.

Los trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios forestales están llamados a concentrarse el próximo miércoles, 10 de junio, ante las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León para denunciar la situación que, según CCOO, atraviesa el dispositivo autonómico a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

Las protestas se celebrarán en todas las provincias de la Comunidad excepto Valladolid, donde la movilización tendrá lugar el día 11, víspera del comienzo oficial de la campaña estival.

El sindicato sostiene que el operativo llega al verano con graves problemas de organización, falta de personal y recursos insuficientes para afrontar una temporada que se prevé complicada por la acumulación de vegetación en los montes y las elevadas temperaturas registradas ya en las últimas semanas.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en Valladolid, el coordinador del sector autonómico de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, aseguró que existe un “malestar general” entre los distintos colectivos que integran el operativo y denunció que numerosos trabajadores todavía desconocen sus calendarios de guardias pese a que estos deberían haberse aprobado el pasado 15 de mayo.

Según el sindicato, la situación afecta a agentes medioambientales, celadores, conductores, peones, vigilantes, ingenieros forestales y personal de los centros de mando.

CCOO considera que el dispositivo se encuentra sostenido sobre “pies de barro” por problemas estructurales que arrastra desde hace años y por la falta de desarrollo de aspectos normativos fundamentales para su funcionamiento.

Especialmente crítico se mostró el responsable de Medio Ambiente de FSC-CCOO Castilla y León, José Ramón González, quien calificó la situación de “caos absoluto” y aseguró que la organización actual de los recursos es incluso peor que la existente durante la pasada campaña.

El sindicato sostiene que en algunas provincias la disponibilidad de medios ronda actualmente el 30% y acusa a la Consejería de Medio Ambiente de no haber adaptado adecuadamente el operativo a un escenario que ya apuntaba a un elevado riesgo de incendios.

Las críticas llegan además en un contexto especialmente sensible para Castilla y León tras los grandes incendios sufridos en los últimos años. González llegó a advertir de que la situación actual guarda similitudes con la existente en Zamora durante 2022, cuando se produjeron algunos de los peores incendios de la historia reciente de la Comunidad.

Entre las denuncias planteadas por CCOO figuran también la falta de adaptación a la Ley de Bomberos Forestales, la escasez de efectivos, diferencias laborales entre trabajadores públicos y personal de empresas contratadas por la Administración, jornadas que pueden prolongarse durante más de veinte horas y la incorporación de personal que, según el sindicato, no dispone de formación suficiente para tareas de extinción.

La organización sindical mantiene además una demanda judicial por presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y no descarta nuevas movilizaciones durante las próximas semanas.

A juicio de CCOO, el futuro responsable autonómico de Medio Ambiente heredará un operativo que requiere cambios urgentes, entre ellos la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales, el refuerzo de las plantillas y una reorganización profunda de un sistema que considera obsoleto.

UGT ha denunciado este viernes 29 de mayo la situación actual del operativo de incendios de Castilla y León y, concretamente, de la provincia leonesa. A las puertas del verano, los representantes sindicales alertan de que, no solo la situación meteorológica es peligrosamente similar a la del año 2025 (cuando ardieron en León 135.000 hectáreas tras una letal oleada de incendios forestales), sino que además, las condiciones del personal del operativo son mucho peores.

El vicesecretario de la sección autonómica de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, ha alertado de que con una primavera tan lluviosa como la que ha pasado la provincia de León, seguida del calor de los últimos días, todo apunta a que la dramática situación medioambiental del año pasado se podrá repetir. Si el año pasado se hablaba de incendios de sexta generación, el sindicato alerta de que este verano pueden llegar a ser de séptima. A todo ello se suma el hecho de que los agentes forestales no han sido formados todavía, por lo que ni siquiera se han podido llevar a cabo las limpiezas de los montes.

La situación, ya de por sí preocupante, empeora mucho más después del órdago conocido los últimos días por parte de las empresas privadas que integran el operativo de la Junta de Castilla y León, que anunciaron que no participarían en esta campaña. En concreto, para la provincia de León supone que la mitad de las 22 brigadas de tierra no estarán operativas, en caso de ser necesarias: “Las empresas dedicadas a esto han advertido que no se cumplía con la prevención de riesgos laborales y que no pueden asumir esos costes”, ha explicado Arenas, quien lamenta: “Si fueran empresas públicas el sistema estaría mucho mejor servido”.

A esta situación se suma la carencia de agentes medioambientales de la provincia de León, donde apenas hay movilizados 160 para 15.600 kilómetros cuadrados, según ha informado el agente forestal Alfonso Vallecillo. Además, esta temporada coincide con numerosas bajas del personal, lo que va a provocar que los que queden asuman una sobrecarga de guardias.

Tal y como sucedió la temporada pasada, varias torres de vigilancia se encuentran fuera de servicio. En concreto, Vallecillo ha informado de que son dos las que están cerradas por deficiencias estructurales (una es “inaccesible” y en otra se ha caído el tejado) y ya no hay tiempo para rehabilitarlos y que estén en funcionamiento durante el verano. También se mantienen los problemas de comunicación que lastraron gravemente el trabajo del operativo la temporada pasada: “Hemos tenido problemas de comunicación en el mismo incendio de un sector con otro, no podíamos hablar. ¿Por qué? Porque utilizamos tecnología del siglo XX”, denuncia Vallecillo.

Tomás Pérez Urueña, secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, ha recordado que los dos helicópteros de refuerzo anunciados por la Junta para la provincia de León tampoco estarán disponibles este verano, ya que los contratos han quedado desiertos.

“Denunciamos la apatía y el desinterés de un Gobierno autonómico que ni siquiera tenemos”, critica Pérez Urueña, en alusión al Gobierno autonómico que aún se encuentra en funciones. “Tendríamos que tener un interlocutor, pero para eso tendríamos que saber quién será el consejero de Medio Ambiente. Estamos a merced de un milagro. Seguimos esperando una respuesta”, alerta Pérez Urueña.

Castilla y León afronta el inicio del verano con un operativo de incendios forestales “sin refuerzos ni mejoras” y con importantes carencias de personal y medios, según ha denunciado este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta además de la falta de trabajos preventivos en los montes tras un año especialmente grave para los incendios en España.

El sindicato sostiene que la Comunidad llega a la campaña de alto riesgo prácticamente “en el mismo punto que el pasado verano”, sin actuaciones suficientes de prevención y con un “déficit de personal crónico” que afecta tanto a las brigadas forestales como a otros servicios vinculados a la vigilancia y extinción.

CSIF advierte además de que no se han realizado durante el invierno trabajos básicos como limpieza de montes, apertura de cortafuegos o acondicionamiento de caminos y puntos de agua, lo que, a su juicio, deja al territorio “completamente expuesto” ante posibles grandes incendios.

Entre los principales problemas detectados en Castilla y León, el sindicato señala que la parte pública del operativo no se ha reforzado y que las bolsas de empleo están caducadas, una situación que obligará a cubrir vacantes con demandantes de empleo sin experiencia específica ni formación suficiente.

A eso suma la situación de la parte privada del dispositivo, donde CSIF denuncia que sigue sin reconocerse la categoría profesional de bombero forestal y que muchos procesos de selección se están desarrollando apenas dos semanas antes del inicio del periodo de máximo riesgo.

Según el sindicato, esto dificulta que los nuevos trabajadores conozcan adecuadamente el territorio y el funcionamiento de los operativos de extinción.

La organización también alerta del envejecimiento de las plantillas, de la falta de cobertura de jubilaciones y de la escasez de equipos de protección individual y de personal destinado a tareas preventivas.

Más de 16.000 hectáreas quemadas antes del verano en todo el país

CSIF considera especialmente preocupante la situación teniendo en cuenta que, según los datos que maneja el sindicato, en los cuatro primeros meses de 2026 ya se han registrado más de 2.600 incendios forestales en España que han arrasado más de 16.300 hectáreas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

La organización teme que pueda repetirse un escenario similar al del pasado año, el peor de la última década en superficie quemada, con casi 8.200 incendios forestales y más de 354.000 hectáreas arrasadas en todo el país.

Por ello, reclama a las comunidades autónomas que refuercen de manera inmediata sus dispositivos de prevención y extinción para evitar “otro verano desastroso” marcado por los grandes incendios forestales.

La totalidad de los sindicatos con representación en la educación denuncian el “bloqueo de información” por parte del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Educación de la Junta sobre las inversiones y obras previstas en colegios públicos, al tiempo que censuran que la capital leonesa sí cuenta con un acuerdo bilateral específico con la Junta, aunque se anunciaba en forma de protocolo preelectoral, mientras el resto de municipios de la provincia no dispone de compromisos similares de financiación educativa.

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León, el órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, asegura haber solicitado reuniones tanto al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), como al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León (PP), sin haber obtenido respuesta. También pidió un encuentro con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien sí mantuvo una reunión el pasado 8 de mayo para conocer las actuaciones previstas este verano en los centros educativos del tercer municipio de la provincia.

La reclamación de la Junta de Personal se produce meses después del anuncio realizado en diciembre de 2025 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, que firmaron un protocolo de colaboración -aún no materializado en otro acuerdo firme- para invertir dos millones de euros anuales, aportados al 50% entre ambas administraciones, en la mejora y mantenimiento de colegios públicos de la capital leonesa durante cuatro años prorrogables. El acuerdo se presentó entonces como “el inicio de una colaboración permanente” para beneficiar a unos 4.500 alumnos de Infantil y Primaria.

“Ninguna información”

Sin embargo, los representantes del profesorado sostienen que, medio año después, “no ha trascendido ninguna información” sobre el plan de actuación ni sobre el listado de obras previstas en León. La Junta de Personal subraya además que ese convenio singular sitúa a la capital en una posición diferenciada respecto al resto de la provincia, donde no existen acuerdos equivalentes ni inversiones garantizadas para los centros educativos públicos.

“Mientras León tiene comprometidos sobre el papel dos millones anuales cuya distribución sigue sin aclararse, el resto de municipios y colegios de la provincia continúan sin ninguna garantía concreta de financiación extraordinaria”, vienen a advertir desde el órgano sindical, que reclama conocer tanto el calendario de actuaciones como los criterios de reparto de las inversiones.

La intención de la Junta de Personal, explican, es “recabar información sobre el plan de ejecución de obras, tal y como han demandado los equipos directivos de los colegios públicos leoneses y las asociaciones de madres y padres”. El colectivo contrapone además la falta de respuesta del Ayuntamiento de León y de la Consejería con la actitud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

San Andrés sí se reunió

Según detallan, en la reunión mantenida con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras de San Andrés recibieron explicaciones sobre las limitaciones económicas del municipio, derivadas del plan de ajuste y de problemas administrativos y de personal, incluida la falta de interventor. Pese a ello, el equipo de gobierno manifestó su intención de destinar parte de los remanentes municipales a mejoras en los tres colegios públicos del municipio y se comprometió a informar de las actuaciones previstas.

La Junta de Personal recuerda además que el verano pasado el Ayuntamiento de San Andrés destinó 43.800 euros al CEIP Teodoro Martínez Gadañón y otros 46.188 euros al CEIP Trepalio. Entre las actuaciones realizadas figuran la reforma integral de aseos, la reparación de humedades y la retirada de un alero que suponía “un riesgo para la seguridad”.

Duras críticas por lo “perturbador” de la falta de respuesta

El colectivo considera que esta disposición “contrasta con la cerrazón y falta de transparencia” que atribuyen tanto al director general de Centros como al alcalde de León. “Resulta muy perturbador que oculten esta información respecto a la planificación de la inversión de un dinero público que ya se anunció que iría destinado a la mejora de nuestros centros”, sostienen.

La Junta de Personal también vincula esta falta de respuesta al conflicto abierto con la Consejería por el recorte de presupuestos en centros públicos leoneses durante los últimos años. “Nos parece inaceptable que el alcalde de León no tenga la dignidad de explicar a los representantes del profesorado en qué va a gastar esos dos millones anunciados a bombo y platillo”, añaden, llegando a cuestionar si el acuerdo “se trataba únicamente de una promesa electoral”.

El comunicado concluye reiterando la petición de reunión tanto al Ayuntamiento de León como a la Dirección General de Centros e Infraestructuras para conocer el destino concreto de las inversiones comprometidas y reclamar un modelo de financiación que no deje al margen al resto de centros educativos de la provincia. La Junta de Personal está formada por los sindicatos AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

La inconfundible voz de José María García sonó al otro lado del teléfono. León se preparaba el 16 de mayo de 1991 para vivir una histórica jornada de huelga provincial, que se concatenaba con el segundo día seguido de paros en la minería del carbón, sector a su vez amenazado por el que a finales de ese año sería el cierre de Hulleras de Sabero. La Vuelta Ciclista a España salía aquel mismo día de la capital leonesa con destino a Valladolid, entre amenazas de mineros de cortar la carrera. “¿Qué va a ocurrir?”, le preguntó el célebre periodista radiofónico al entonces gobernador civil en León, Antonio Sandoval, que contestó así: “Los ciclistas son tan trabajadores como los demás. Y se los va a proteger”. Al margen de una escaramuza en la zona de salida en la avenida Sáenz de Miera, las hostilidades se desataron a la altura de Mansilla de las Mulas, donde un intento frustrado de corte por parte de operarios de Hulleras se saldó con 14 detenidos y una veintena de heridos justo hace 35 años.

La voz de José María García ya era la de la propia retransmisión radiofónica cuando uno de aquellos mineros de Hulleras de Sabero, Carlos García Kubala, se enteró por esta vía de la movilización y acudió con un compañero a Mansilla. Cuando llegaron ya se había levantado la barricada de neumáticos. Y había comenzado una persecución por fincas aledañas entre fuerzas antidisturbios y los trabajadores. “Hacíamos esas cosas para salir en los medios”, cuenta Kubala para retrotraerse al escenario de aquellas movilizaciones en las que confluían la reconversión general del sector del carbón tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea con las acechantes sombras que se cernían sobre el futuro concreto de Hulleras, para la que a esas alturas del año se situaba su cierre en 1993. Los cortes de carretera eran habituales, señala el minero, que todavía recuerda a García refiriéndose a los protagonistas de aquel altercado en Mansilla como “un grupo de incontrolados”.

El ciclista granadino Antonio Miguel Díaz no oyó en la mañana de aquel 16 de mayo de 1991 en los boletines informativos a José María García referir la previa de una etapa en cierto modo marcada por su salida en León, que sería ya por la tarde el escenario de una manifestación que reunió en torno a 20.000 personas, el punto álgido de una convocatoria de huelga por parte de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras contra lo que entendían como “marginación” y “subdesarrollo” de la provincia. Ajeno a esta circunstancia ante una etapa que había marcado en rojo en su calendario previendo viento de costado y posibles abanicos en la meseta camino de Valladolid, Díaz se escapó ya recién dada la salida y compartió aventura con el alemán Mario Kummer, al que se impuso en la meta ubicada en el entorno del paseo de Zorrilla de Valladolid. El corredor andaluz, que tiene grabados en su mente los detalles de aquella jornada en la que ganó su primera y única etapa en la Vuelta a España, no se enteró, sin embargo, de lo ocurrido en Mansilla hasta que al día siguiente leyó la noticia en los periódicos.

“Los equipos de la Vuelta a España adelantan su salida de Asturias por temor a no llegar a Sáenz de Miera”, titulaba una noticia aquel mismo jueves 16 de mayo La Crónica de León aludiendo a la etapa anterior, que terminó en el Alto del Naranco con victoria del bejarano Laudelino Cubino. El rotativo leonés se hacía también eco de temores de Unipublic, empresa organizadora de la ronda nacional, a que se produjeran cortes en La Robla o a la salida de la autopista León-Asturias. “La Policía de León pide ayuda a otras provincias para controlar a los piquetes de la huelga general”, rezaba otra de las informaciones del periódico (y se llegó a cifrar en 50 los agentes extra llegados para unirse al dispositivo de seguridad de la carrera). “¡León, hazte oír!”, era el lema de la huelga elegido por los sindicatos convocantes, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Los problemas de la minería y la provincia representaban una especie de cara B de un país que se acicalaba para los fastos de 1992: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla o la capitalidad cultural europea de Madrid. Y el paso de la Vuelta a España suponía un indudable escaparate para las protestas: hace 35 años las de una empresa minera amenazada de cierre y una provincia que se rebelaba frente al olvido; y el pasado 2025 las derivadas de la masacre perpetrada por el Gobierno de Israel en la franja de Gaza.

Yo no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida

Antonio Miguel Díaz — Ciclista ganador de la etapa León-Valladolid de la Vuelta a España 1991

“La salida de la etapa en León no se verá afectada por la huelga general”, titulaba Diario de León la noticia de apertura de su sección de Deportes, en la que informaba de un acuerdo entre UGT y CCOO y la organización de la carrera para que un representante sindical leyera un comunicado en la zona de salida haciendo referencia a las motivaciones de la jornada de huelga provincial. “Se había hablado de eso”, tercia el gobernador civil de la época, Antonio Sandoval, al aludir a un tipo de pactos como los alcanzados en las llegadas de la Vuelta a Ponferrada en 1987 y 1989, donde los organizadores admitieron la presencia de las reivindicaciones mineras en zonas visibles del entorno de la meta. Así se cumplió hasta el punto de que el primer año dos mujeres en representación del sector entregaron el ramo de flores, puño en alto, al vencedor de la etapa, el francés Dominique Arnaud; y en la segunda ocasión mineros de Victoriano González acabaron irrumpiendo en el podio cuando imponían el maillot amarillo al también galo Roland Le Clerc.

Y llegó el esperado jueves 16 de mayo. La huelga tuvo un seguimiento desigual en la provincia. El paro se combinó de alguna manera con la celebración en Sáenz de Miera, por lo que de festivo no deja de tener un acontecimiento como la salida de una etapa de la Vuelta a España. Fue finalmente el entonces secretario provincial de UGT, Fermín Carnero, el encargado de leer el comunicado. “No sobran agricultores ni mineros, sobra el gobierno entero”, se podía leer en una pancarta. Y hubo por parte de algunos huelguistas un conato de cortar la salida de vehículos, intento rápidamente abortado por los policías. Sin dejar de sugerir que quizás algún miembro de su equipo, el mítico Kelme, le informara entonces de la huelga, Antonio Miguel Díaz tenía ya la vista puesta en la carretera. “Yo”, dice el ciclista 35 años después, “no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida”.

Los mineros de Hulleras de Sabero llevaban tiempo calentando la movilización. “Se había puesto sobre la mesa un plan de viabilidad de la empresa que incluía bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas”, expone Carlos García para poner el contexto de aquel mes mayo anterior a un verano en el que “cambió todo” y se precipitó el cierre. Otro compañero de la empresa que prefiere no hacer público su nombre incluso recuerda la distribución estratégica por el territorio de aquel 16 de mayo. “Había dos personas en el Alto del Portillo, otros en Puente Villarente y nosotros en Mansilla”, cita. Los antidisturbios intervinieron primero para levantar la barricada en Mansilla tiempo antes del paso de la caravana ciclista, que no sufrió ningún contratiempo. Mientras los corredores avanzaban camino de Valladolid, los mineros se desperdigaban por el entorno. “Nos perseguían los helicópteros por las huertas”, afirma Kubala. “Parecíamos conejos”, añade su compañero. Ninguno de los dos estuvo entre la veintena de heridos (nueve de ellos antidisturbios) ni entre los 14 detenidos (todos ellos trabajadores de Hulleras).

El altercado pasó totalmente desapercibido para la caravana de la ronda ciclista, como constata el célebre fotoperiodista de la Agencia EFE Desiderio Mondelo, precisamente hijo de minero y criado en Caboalles de Abajo (Villablino) antes de trasladarse a Madrid y desarrollar una carrera profesional que incluyó la cobertura de varios Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo de Fútbol, así como de más de una veintena de ediciones de la Vuelta a España. “No me paraba ni a desayunar”, cuenta el relatar su día a día en la carrera: montado en una motocicleta siguiendo la carrera y dejando a un compañero carretes para ser revelados en un furgón habilitado como laboratorio. Mondelo hizo la Vuelta de 1991. Retrató en la salida en Mérida a Miguel Indurain con el manillar de triatleta para el prólogo y a Melchor Mauri haciendo de improvisado director de orquesta en la etapa entre Santo Domingo de la Calzada y Santander. Pero no conserva ni en el archivo ni en su memoria recuerdos de lo sucedido en León y en Mansilla de las Mulas.

El entonces periodista de La Crónica de León Juan Daniel Rodríguez relata un episodio justamente anterior a ese día para hacer ver las características del conflicto. Había acudido junto a su compañero fotoperiodista Secundino Pérez a cubrir un corte de carretera en Puente Villarente cuando “un coche intentó saltarse la barricada”. La secuencia se trasladó al día siguiente a la portada del rotativo con tres fotos del consiguiente vuelco del vehículo. Con la provincia entera de huelga y una manifestación por la tarde en la capital, Rodríguez no acudió aquel jueves 16 a Mansilla de las Mulas. “No podíamos estar en todos los sitios”, dice al repasar la noticia puramente informativa que publicó al día siguiente y recordarse con apenas 24 años de edad ante aquel escenario del que sí conserva la sensación que se palpaba entre los vecinos de Sabero: “La preocupación de que el valle se iba a quedar desierto porque la del carbón era su única industria”.

No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro

Carlos García ‘Kubala’ — Minero de Hulleras de Sabero en 1991

Para entonces ya colaboraba con La Crónica de León como corresponsal el hoy director del Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, Roberto Fernández, quien aquel día intervino como miembro de la Asociación Juvenil El Hayedo. “Los ánimos estaban muy alterados. Por la tarde fuimos a León a manifestarnos ante el Gobierno Civil para exigir la liberación de los mineros detenidos”, repesca. “Volaban las papeleras”, rescata el trabajador que prefiere mantener el anonimato. La prensa del día siguiente recoge ya la puesta en libertad aquel mismo día de los operarios de Hulleras detenidos en el entorno de Mansilla de las Mulas. El sector cambiaría en cierto modo el paradigma de las movilizaciones al año siguiente, cuando en marzo de 1992 se produjo la primera Marcha Negra desde la cuenca de Laciana hasta Madrid.

Lo ocurrido el pasado 2025 en la Vuelta a España, con varios cortes que sí se hicieron efectivos hasta incluso tener que suspender la etapa final con meta en Madrid, ha hecho evocar aquel episodio de 1991 a varios de sus protagonistas. “El año pasado consiguieron cortar porque había más apoyo. Nosotros éramos cuatro gatos. Estábamos muy apartados. Y la gente no apoyaba tanto”, cuenta el minero de Hulleras. Su compañero Kubala precisa. “No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro”, sostiene sin dejar de citar las llegadas de la Vuelta en la pasada década al Alto de la Camperona: “Y la gente quedó encantada”. El ganador de aquella etapa León-Valladolid hace una lectura similar: “Todo el mundo tiene derecho a reivindicar. Pero yo creo que hay otros foros para hacerlo. Los ciclistas profesionales son ajenos a estas circunstancias. Y parece que siempre nos tocan a nosotros. La política no debería entrar en el deporte”.

El final de aquel día fue feliz para Antonio Miguel Díaz, triunfante en Valladolid en esa jornada con salida en León, dos ciudades de grato recuerdo para el hoy seleccionador andaluz sub-23 y júnior. “Y me gusta ir por la Catedral y por el Barrio Húmedo”, resalta. El final fue traumático para Hulleras de Sabero, que cerró finalmente su explotación de interior en diciembre de ese mismo 1991: los trabajadores aceptaron mayoritariamente el cierre a cambio de indemnizaciones económicas. El final de la Vuelta fue victorioso para Melchor Mauri y premonitorio para Miguel Indurain, segundo en Madrid apenas un par de meses antes de ganar el primero de sus cinco Tour de Francia consecutivos. Su mítica trayectoria fue captada al detalle por Mondelo, que incluso aprovechó el trigésimo aniversario del quinto para llevar una exposición alusiva a Laciana y que, escarbando en su memoria, repesca una etapa de la Vuelta de 1980 en la que en Porriño (Pontevedra) trabajadores de la empresa Censa sí llegaron a cortar la carrera. Aquel día, informó El País, un coche de prensa acabó con el parabrisas roto: fue el de la Cadena Ser al tratar de burlar el corte y viajando a bordo José María García.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el retraso del inicio de las obras de la futura oficina de empleo en Astorga, que se ubicará en el antiguo colegio Leopoldo Panero, y el “exilio forzoso” de usuarios y funcionarios a la oficina existente en La Bañeza.

El sindicato, en un comunicado, lamenta que la solución a las “graves deficiencias estructurales y de insalubridad” de las actuales dependencias de la calle Juego de Cañas, que llevan cerradas al público casi un mes, no se acompasen con la habilitación de la nueva sede prometida por la Junta de Castilla y León para albergar tanto la oficina de empleo autonómica del Ecyl como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El sindicato independiente exige que se ejecuten las obras la nueva oficina y que, mientras, se dé una solución provisional digna al servicio que evite el desplazamiento de la población y de los empleados públicos.

Hay que recordar que la Junta de Castilla y León anunció en enero de este año la ejecución de obras para la nueva sede de la Oficina de Empleo de Astorga con una inversión de 1.173.022 euros. El plazo de ejecución anunciado era de 10 meses, lo cual supondría, si se cumplen los plazos, que debería finalizar al término de este mismo año, pero la oficina antigua se ha cerrado hace ya un mes, certifica CSIF.

Esa nueva sede se ubicará en la antigua Residencia Juvenil Leopoldo Panero, situada en la plaza Arquitecto Gaudí, nº 3, en un inmueble afecto a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Según la informació facilitada entonces, la nueva estancia triplicaría el espacio actual, resolveríalos problemas de accesibilidad y ofrecerá unas instalaciones dignas tanto para los trabajadores como para los más de 3.400 usuarios que atiende cada año. Sin embargo, en todos los meses que faltan todos ellos deberán por ahora trasladarse a la ciudad de La Bañeza.

CSIF se toma esta siruación como un “abandono institucional que sufre Astorga en este asunto”, tras meses de promesas y una licitación millonaria que “no se ejecuta”. Recuerdan que el pasado 18 de noviembre de 2025 mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para exponer las insostenibles deficiencias de la actual oficina del SEPE y e Ecyl: falta de espacio, nula privacidad, problemas de accesibilidad (solo escaleras), humedades, baños inutilizados y un persistente olor a gasoil que, a día de hoy, ha obligado a su cierre.

Trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Castilla y León se han concentrado este miércoles ante la Delegación de León para reclamar mejoras laborales, más plantilla y el cumplimiento de acuerdos pendientes, en una jornada de movilizaciones convocada en toda España por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La protesta, que ha incluido un paro parcial de una hora entre las 11.00 y las 12.00 horas, se enmarca en un calendario de movilizaciones que podría culminar con una huelga general el próximo 8 de junio si no se producen avances en la negociación con el Gobierno.

Durante la concentración, con presencia de trabajadores y delegados de toda la comunidad, el responsable de la Agencia Tributaria de CSIF en Castilla y León, Serafín Herrera, ha denunciado que el conflicto laboral nace de “una situación prolongada de bloqueo, retraso e incumplimiento” por parte de la Administración.

“En noviembre de 2024 se firmó un acuerdo con compromisos claros, pero la Agencia Tributaria ha sido incapaz de transformarlos en hechos”, ha criticado Herrera, quien ha asegurado que “la situación se ha enquistado en tres problemas fundamentales”: la carrera profesional, el teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.

En este sentido, ha destacado que los trabajadores exigen la actualización de la carrera profesional y el reconocimiento de los años acumulados sin mejoras desde las últimas reclasificaciones, así como el desarrollo de un modelo de teletrabajo “flexible y adaptado” a las necesidades de la plantilla.

“Hoy mantenemos un sistema impuesto, rígido y poco flexible”, ha señalado Herrera, quien ha reclamado que se aplique a la AEAT un modelo similar al de la Administración General del Estado, con más días de trabajo a distancia y mayores facilidades de conciliación.

El tercer eje de las reivindicaciones se centra en el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyos trabajadores —ha subrayado— desempeñan funciones clave en la lucha contra el narcotráfico o el contrabando y afrontan situaciones de riesgo que, a juicio del sindicato, deben ser reconocidas legalmente.

“No se trata de una unidad administrativa cualquiera; hablamos de profesionales con funciones de seguridad que requieren más medios y el reconocimiento efectivo como profesión de riesgo”, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado también mejoras salariales, refuerzo de medios y medidas que faciliten la jubilación anticipada en estos casos.

Herrera ha advertido además de la falta estructural de plantilla en la Agencia Tributaria, con unos 1.200 trabajadores en Castilla y León —alrededor de 140 en la provincia de León—, y un déficit que, según ha dicho, se arrastra desde hace años.

“La oferta pública no está siendo capaz de compensar las jubilaciones ni el envejecimiento de la plantilla, mientras aumentan los objetivos y las cargas de trabajo”, ha señalado tras incidir en que esta situación está generando “una tensión que resulta insostenible”.

El representante sindical ha vinculado estas carencias con el incremento de la actividad de la AEAT, que registra cifras récord de recaudación, y ha defendido la necesidad de reforzar los efectivos para garantizar un servicio adecuado a los contribuyentes.

CSIF ha hecho un llamamiento a la unidad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales para respaldar las movilizaciones, al considerar que “la fragmentación solo beneficia a quien bloquea” la negociación.

Tras las protestas de este miércoles, el calendario continuará el 29 de mayo con nuevas concentraciones y paros parciales, antes de una huelga general prevista para el 8 de junio en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria si no se alcanzan soluciones.

“Estamos en marcha y no cesaremos hasta que tengamos las respuestas que reclamamos”, ha concluido Herrera.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha llevado a cabo este sábado en Casares de Arbas la entrega a sus familiares de los restos exhumados por el colectivo en el paraje Peña del campo comunal de Poladura de la Tercia, perteneciente al municipio de Villamanín, correspondientes a los represaliados Aurelio Rodríguez Martínez y Daniel Rodríguez Martínez.

Los restos, exhumados en 2025 gracias a las indicaciones de un vecino de Poladura de Tercia, Servando González, fueron inhumados en el cementerio vecinal junto a otros vecinos de Casares de Arbas, también víctimas de la dictadura franquista. La ARMH buscaba los cuerpos de dos personas y sólo encontró algunos restos en un estado deteriorado por el que no ha sido posible que un laboratorio genético les extraiga una secuencia de ADN.

Los cuerpos de las víctimas fueron buscados por voluntarios de la ARMH en julio de 2025, en un proceso condicionado por varias complicaciones. “Llegar a la fosa común fue extremadamente complicado debido a que se encontraba en medio del monte, a más de 1300 metros de altitud, y con un acceso muy difícil”, señala el colectivo.

Aurelio Rodríguez Martínez, jornalero y afiliado a la UGT, se incorporó voluntario al Ejército Popular de la República en febrero de 1937 para defender la legalidad republicana de los militares golpistas. Tenía 30 años cuando fue detenido en Casares de Arbas y asesinado el 3 de marzo de 1938 en el Monte de Poladura de la Tercia. Su compañera, María Cañón Morán, fue condenada a una pena de 20 años de reclusión menor y su cuñado Laurentino Cañón Morán fue asesinado en 1937 y exhumado por la ARMH en 2024 en Sena de Luna.

También jornalero y en este caso afiliado a la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y miembro del sindicato de Campesinos de Casares de Arbas, Daniel Rodríguez Martínez tenia 38 años, estaba casado y era padre de seis hijos. Fue asesinado en el Monte de Poladura de la Tercia. Su mujer, Cesárea Rodríguez Martínez, sufrió una terrible persecución política hasta ser condenada a 20 años de reclusión menor y su cuñado Lorenzo Rodríguez Martínez fue exhumado en 2024 por la ARMH en Sena de Luna.

Las familias de ambos han estado presentes en el acto y han portado los restos que pudieron encontrarse dentro de una urna funeraria que ha sido inhumada en un panteón en el que ya se encontraban enterradas otras víctimas de la represión franquista.

La ARMH lleva a cabo estas actuaciones con sus propios recursos económicos, proporcionados por sus socios, sin ningún tipo de subvención. El colectivo no solicita ayudas porque desde hace años reclama que “España deje de ser el único país del mundo que pretende buscar a los desaparecidos por la represión franquista convocando subvenciones y no considerándolo un derecho de todas las víctimas”.

La Casona de San Feliz de Torío acoge este jueves 7 de mayo la presentación del libro ‘Canciones de amor (levemente) desafinadas’, la nueva obra del escritor y sindicalista leonés Ignacio Fernández Herrero.

El acto comenzará a las 18.30 horas y contará con la participación de Bruno Estrada y Elena Blasco, que acompañarán al autor en una conversación abierta sobre el libro, la música y las relaciones sentimentales que retratan las canciones de varias generaciones.

Fernández Herrero (León, 1958) es conocido por su trayectoria sindical al frente de CCOO León entre 2004 y 2017 y posteriormente en CCOO Castilla y León, aunque también mantiene desde hace años una intensa actividad vinculada a la literatura, el pensamiento crítico y la cultura.

El autor ya había publicado anteriormente el poemario ‘Lógica borrosa’ y los ensayos ‘Poscontemporáneos’ y ‘A la siniestra’, ambos con Eolas Ediciones.

En ‘Canciones de amor (levemente) desafinadas’, Ignacio Fernández Herrero reflexiona sobre cómo las canciones han influido en la manera de entender el amor y las relaciones personales.

El libro combina relatos y ensayo para analizar los modelos sentimentales transmitidos a través de la música popular, especialmente la de su generación. Una idea que resume con una cita de Christina Rosenvinge incluida en la obra: “los que escribimos canciones tenemos mucho cuento”.

La presentación forma parte de las actividades culturales impulsadas en La Casona de San Feliz de Torío y contará con entrada libre hasta completar aforo.

El sindicato UGT se planta. Ha anunciado la ruptura de las negociaciones del convenio del sector del transporte por carretera en la provincia de León tras acusar a la patronal de mantener una postura de “bloqueo deliberado” y de plantear condiciones que, aseguran, “empobrecen a los trabajadores”.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha elevado el tono contra la patronal del sector, a la que acusa de “dinamitar la negociación colectiva” tras la cuarta reunión mantenida. El sindicato sostiene que las propuestas planteadas no constituyen una base real de acuerdo, sino “un ataque directo a las condiciones laborales y al poder adquisitivo” de las plantillas.

Según UGT, la oferta empresarial contempla subidas salariales insuficientes frente al incremento del coste de la vida. En concreto, denuncian que para 2026 se plantea un aumento del 2%, por debajo del IPC del 2,9% registrado en 2025, mientras que para los años 2027, 2028 y 2029 se propone únicamente un 1% anual. Una situación que, a su juicio, supondría consolidar la pérdida de poder adquisitivo durante los próximos años.

El sindicato advierte además de que las propuestas no se limitan al ámbito salarial, sino que incluyen medidas que, aseguran, vulneran derechos laborales e incluso la normativa vigente, como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este contexto, acusan a la patronal “de priorizar beneficios empresariales a costa de la dignidad de los trabajadores”.

Ante esta situación, UGT ha decidido no acudir a nuevas reuniones en la Fele “mientras no se produzca una rectificación por parte de la patronal y se presente una propuesta digna”. Paralelamente, el sindicato ha convocado asambleas informativas para los trabajadores del sector el día 7 de mayo en Ponferrada, a las 10.30 y 19.30 horas, y el 11 de mayo en León en los mismos horarios.

La Unión General de Trabajadores también critica la contradicción de las empresas del sector, que denuncian la falta de conductores mientras, según el sindicato, no adoptan medidas que hagan más atractiva la profesión ni mejoren sus condiciones laborales.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.