Los trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios forestales están llamados a concentrarse el próximo miércoles, 10 de junio, ante las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León para denunciar la situación que, según CCOO, atraviesa el dispositivo autonómico a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

Las protestas se celebrarán en todas las provincias de la Comunidad excepto Valladolid, donde la movilización tendrá lugar el día 11, víspera del comienzo oficial de la campaña estival.

El sindicato sostiene que el operativo llega al verano con graves problemas de organización, falta de personal y recursos insuficientes para afrontar una temporada que se prevé complicada por la acumulación de vegetación en los montes y las elevadas temperaturas registradas ya en las últimas semanas.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en Valladolid, el coordinador del sector autonómico de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, aseguró que existe un “malestar general” entre los distintos colectivos que integran el operativo y denunció que numerosos trabajadores todavía desconocen sus calendarios de guardias pese a que estos deberían haberse aprobado el pasado 15 de mayo.

Según el sindicato, la situación afecta a agentes medioambientales, celadores, conductores, peones, vigilantes, ingenieros forestales y personal de los centros de mando.

CCOO considera que el dispositivo se encuentra sostenido sobre “pies de barro” por problemas estructurales que arrastra desde hace años y por la falta de desarrollo de aspectos normativos fundamentales para su funcionamiento.

Especialmente crítico se mostró el responsable de Medio Ambiente de FSC-CCOO Castilla y León, José Ramón González, quien calificó la situación de “caos absoluto” y aseguró que la organización actual de los recursos es incluso peor que la existente durante la pasada campaña.

El sindicato sostiene que en algunas provincias la disponibilidad de medios ronda actualmente el 30% y acusa a la Consejería de Medio Ambiente de no haber adaptado adecuadamente el operativo a un escenario que ya apuntaba a un elevado riesgo de incendios.

Las críticas llegan además en un contexto especialmente sensible para Castilla y León tras los grandes incendios sufridos en los últimos años. González llegó a advertir de que la situación actual guarda similitudes con la existente en Zamora durante 2022, cuando se produjeron algunos de los peores incendios de la historia reciente de la Comunidad.

Entre las denuncias planteadas por CCOO figuran también la falta de adaptación a la Ley de Bomberos Forestales, la escasez de efectivos, diferencias laborales entre trabajadores públicos y personal de empresas contratadas por la Administración, jornadas que pueden prolongarse durante más de veinte horas y la incorporación de personal que, según el sindicato, no dispone de formación suficiente para tareas de extinción.

La organización sindical mantiene además una demanda judicial por presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y no descarta nuevas movilizaciones durante las próximas semanas.

A juicio de CCOO, el futuro responsable autonómico de Medio Ambiente heredará un operativo que requiere cambios urgentes, entre ellos la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales, el refuerzo de las plantillas y una reorganización profunda de un sistema que considera obsoleto.

UGT ha denunciado este viernes 29 de mayo la situación actual del operativo de incendios de Castilla y León y, concretamente, de la provincia leonesa. A las puertas del verano, los representantes sindicales alertan de que, no solo la situación meteorológica es peligrosamente similar a la del año 2025 (cuando ardieron en León 135.000 hectáreas tras una letal oleada de incendios forestales), sino que además, las condiciones del personal del operativo son mucho peores.

El vicesecretario de la sección autonómica de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, ha alertado de que con una primavera tan lluviosa como la que ha pasado la provincia de León, seguida del calor de los últimos días, todo apunta a que la dramática situación medioambiental del año pasado se podrá repetir. Si el año pasado se hablaba de incendios de sexta generación, el sindicato alerta de que este verano pueden llegar a ser de séptima. A todo ello se suma el hecho de que los agentes forestales no han sido formados todavía, por lo que ni siquiera se han podido llevar a cabo las limpiezas de los montes.

La situación, ya de por sí preocupante, empeora mucho más después del órdago conocido los últimos días por parte de las empresas privadas que integran el operativo de la Junta de Castilla y León, que anunciaron que no participarían en esta campaña. En concreto, para la provincia de León supone que la mitad de las 22 brigadas de tierra no estarán operativas, en caso de ser necesarias: “Las empresas dedicadas a esto han advertido que no se cumplía con la prevención de riesgos laborales y que no pueden asumir esos costes”, ha explicado Arenas, quien lamenta: “Si fueran empresas públicas el sistema estaría mucho mejor servido”.

A esta situación se suma la carencia de agentes medioambientales de la provincia de León, donde apenas hay movilizados 160 para 15.600 kilómetros cuadrados, según ha informado el agente forestal Alfonso Vallecillo. Además, esta temporada coincide con numerosas bajas del personal, lo que va a provocar que los que queden asuman una sobrecarga de guardias.

Tal y como sucedió la temporada pasada, varias torres de vigilancia se encuentran fuera de servicio. En concreto, Vallecillo ha informado de que son dos las que están cerradas por deficiencias estructurales (una es “inaccesible” y en otra se ha caído el tejado) y ya no hay tiempo para rehabilitarlos y que estén en funcionamiento durante el verano. También se mantienen los problemas de comunicación que lastraron gravemente el trabajo del operativo la temporada pasada: “Hemos tenido problemas de comunicación en el mismo incendio de un sector con otro, no podíamos hablar. ¿Por qué? Porque utilizamos tecnología del siglo XX”, denuncia Vallecillo.

Tomás Pérez Urueña, secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, ha recordado que los dos helicópteros de refuerzo anunciados por la Junta para la provincia de León tampoco estarán disponibles este verano, ya que los contratos han quedado desiertos.

“Denunciamos la apatía y el desinterés de un Gobierno autonómico que ni siquiera tenemos”, critica Pérez Urueña, en alusión al Gobierno autonómico que aún se encuentra en funciones. “Tendríamos que tener un interlocutor, pero para eso tendríamos que saber quién será el consejero de Medio Ambiente. Estamos a merced de un milagro. Seguimos esperando una respuesta”, alerta Pérez Urueña.

Castilla y León afronta el inicio del verano con un operativo de incendios forestales “sin refuerzos ni mejoras” y con importantes carencias de personal y medios, según ha denunciado este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta además de la falta de trabajos preventivos en los montes tras un año especialmente grave para los incendios en España.

El sindicato sostiene que la Comunidad llega a la campaña de alto riesgo prácticamente “en el mismo punto que el pasado verano”, sin actuaciones suficientes de prevención y con un “déficit de personal crónico” que afecta tanto a las brigadas forestales como a otros servicios vinculados a la vigilancia y extinción.

CSIF advierte además de que no se han realizado durante el invierno trabajos básicos como limpieza de montes, apertura de cortafuegos o acondicionamiento de caminos y puntos de agua, lo que, a su juicio, deja al territorio “completamente expuesto” ante posibles grandes incendios.

Entre los principales problemas detectados en Castilla y León, el sindicato señala que la parte pública del operativo no se ha reforzado y que las bolsas de empleo están caducadas, una situación que obligará a cubrir vacantes con demandantes de empleo sin experiencia específica ni formación suficiente.

A eso suma la situación de la parte privada del dispositivo, donde CSIF denuncia que sigue sin reconocerse la categoría profesional de bombero forestal y que muchos procesos de selección se están desarrollando apenas dos semanas antes del inicio del periodo de máximo riesgo.

Según el sindicato, esto dificulta que los nuevos trabajadores conozcan adecuadamente el territorio y el funcionamiento de los operativos de extinción.

La organización también alerta del envejecimiento de las plantillas, de la falta de cobertura de jubilaciones y de la escasez de equipos de protección individual y de personal destinado a tareas preventivas.

Más de 16.000 hectáreas quemadas antes del verano en todo el país

CSIF considera especialmente preocupante la situación teniendo en cuenta que, según los datos que maneja el sindicato, en los cuatro primeros meses de 2026 ya se han registrado más de 2.600 incendios forestales en España que han arrasado más de 16.300 hectáreas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

La organización teme que pueda repetirse un escenario similar al del pasado año, el peor de la última década en superficie quemada, con casi 8.200 incendios forestales y más de 354.000 hectáreas arrasadas en todo el país.

Por ello, reclama a las comunidades autónomas que refuercen de manera inmediata sus dispositivos de prevención y extinción para evitar “otro verano desastroso” marcado por los grandes incendios forestales.

La totalidad de los sindicatos con representación en la educación denuncian el “bloqueo de información” por parte del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Educación de la Junta sobre las inversiones y obras previstas en colegios públicos, al tiempo que censuran que la capital leonesa sí cuenta con un acuerdo bilateral específico con la Junta, aunque se anunciaba en forma de protocolo preelectoral, mientras el resto de municipios de la provincia no dispone de compromisos similares de financiación educativa.

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León, el órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, asegura haber solicitado reuniones tanto al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), como al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León (PP), sin haber obtenido respuesta. También pidió un encuentro con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien sí mantuvo una reunión el pasado 8 de mayo para conocer las actuaciones previstas este verano en los centros educativos del tercer municipio de la provincia.

La reclamación de la Junta de Personal se produce meses después del anuncio realizado en diciembre de 2025 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, que firmaron un protocolo de colaboración -aún no materializado en otro acuerdo firme- para invertir dos millones de euros anuales, aportados al 50% entre ambas administraciones, en la mejora y mantenimiento de colegios públicos de la capital leonesa durante cuatro años prorrogables. El acuerdo se presentó entonces como “el inicio de una colaboración permanente” para beneficiar a unos 4.500 alumnos de Infantil y Primaria.

“Ninguna información”

Sin embargo, los representantes del profesorado sostienen que, medio año después, “no ha trascendido ninguna información” sobre el plan de actuación ni sobre el listado de obras previstas en León. La Junta de Personal subraya además que ese convenio singular sitúa a la capital en una posición diferenciada respecto al resto de la provincia, donde no existen acuerdos equivalentes ni inversiones garantizadas para los centros educativos públicos.

“Mientras León tiene comprometidos sobre el papel dos millones anuales cuya distribución sigue sin aclararse, el resto de municipios y colegios de la provincia continúan sin ninguna garantía concreta de financiación extraordinaria”, vienen a advertir desde el órgano sindical, que reclama conocer tanto el calendario de actuaciones como los criterios de reparto de las inversiones.

La intención de la Junta de Personal, explican, es “recabar información sobre el plan de ejecución de obras, tal y como han demandado los equipos directivos de los colegios públicos leoneses y las asociaciones de madres y padres”. El colectivo contrapone además la falta de respuesta del Ayuntamiento de León y de la Consejería con la actitud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

San Andrés sí se reunió

Según detallan, en la reunión mantenida con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras de San Andrés recibieron explicaciones sobre las limitaciones económicas del municipio, derivadas del plan de ajuste y de problemas administrativos y de personal, incluida la falta de interventor. Pese a ello, el equipo de gobierno manifestó su intención de destinar parte de los remanentes municipales a mejoras en los tres colegios públicos del municipio y se comprometió a informar de las actuaciones previstas.

La Junta de Personal recuerda además que el verano pasado el Ayuntamiento de San Andrés destinó 43.800 euros al CEIP Teodoro Martínez Gadañón y otros 46.188 euros al CEIP Trepalio. Entre las actuaciones realizadas figuran la reforma integral de aseos, la reparación de humedades y la retirada de un alero que suponía “un riesgo para la seguridad”.

Duras críticas por lo “perturbador” de la falta de respuesta

El colectivo considera que esta disposición “contrasta con la cerrazón y falta de transparencia” que atribuyen tanto al director general de Centros como al alcalde de León. “Resulta muy perturbador que oculten esta información respecto a la planificación de la inversión de un dinero público que ya se anunció que iría destinado a la mejora de nuestros centros”, sostienen.

La Junta de Personal también vincula esta falta de respuesta al conflicto abierto con la Consejería por el recorte de presupuestos en centros públicos leoneses durante los últimos años. “Nos parece inaceptable que el alcalde de León no tenga la dignidad de explicar a los representantes del profesorado en qué va a gastar esos dos millones anunciados a bombo y platillo”, añaden, llegando a cuestionar si el acuerdo “se trataba únicamente de una promesa electoral”.

El comunicado concluye reiterando la petición de reunión tanto al Ayuntamiento de León como a la Dirección General de Centros e Infraestructuras para conocer el destino concreto de las inversiones comprometidas y reclamar un modelo de financiación que no deje al margen al resto de centros educativos de la provincia. La Junta de Personal está formada por los sindicatos AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

La inconfundible voz de José María García sonó al otro lado del teléfono. León se preparaba el 16 de mayo de 1991 para vivir una histórica jornada de huelga provincial, que se concatenaba con el segundo día seguido de paros en la minería del carbón, sector a su vez amenazado por el que a finales de ese año sería el cierre de Hulleras de Sabero. La Vuelta Ciclista a España salía aquel mismo día de la capital leonesa con destino a Valladolid, entre amenazas de mineros de cortar la carrera. “¿Qué va a ocurrir?”, le preguntó el célebre periodista radiofónico al entonces gobernador civil en León, Antonio Sandoval, que contestó así: “Los ciclistas son tan trabajadores como los demás. Y se los va a proteger”. Al margen de una escaramuza en la zona de salida en la avenida Sáenz de Miera, las hostilidades se desataron a la altura de Mansilla de las Mulas, donde un intento frustrado de corte por parte de operarios de Hulleras se saldó con 14 detenidos y una veintena de heridos justo hace 35 años.

La voz de José María García ya era la de la propia retransmisión radiofónica cuando uno de aquellos mineros de Hulleras de Sabero, Carlos García Kubala, se enteró por esta vía de la movilización y acudió con un compañero a Mansilla. Cuando llegaron ya se había levantado la barricada de neumáticos. Y había comenzado una persecución por fincas aledañas entre fuerzas antidisturbios y los trabajadores. “Hacíamos esas cosas para salir en los medios”, cuenta Kubala para retrotraerse al escenario de aquellas movilizaciones en las que confluían la reconversión general del sector del carbón tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea con las acechantes sombras que se cernían sobre el futuro concreto de Hulleras, para la que a esas alturas del año se situaba su cierre en 1993. Los cortes de carretera eran habituales, señala el minero, que todavía recuerda a García refiriéndose a los protagonistas de aquel altercado en Mansilla como “un grupo de incontrolados”.

El ciclista granadino Antonio Miguel Díaz no oyó en la mañana de aquel 16 de mayo de 1991 en los boletines informativos a José María García referir la previa de una etapa en cierto modo marcada por su salida en León, que sería ya por la tarde el escenario de una manifestación que reunió en torno a 20.000 personas, el punto álgido de una convocatoria de huelga por parte de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras contra lo que entendían como “marginación” y “subdesarrollo” de la provincia. Ajeno a esta circunstancia ante una etapa que había marcado en rojo en su calendario previendo viento de costado y posibles abanicos en la meseta camino de Valladolid, Díaz se escapó ya recién dada la salida y compartió aventura con el alemán Mario Kummer, al que se impuso en la meta ubicada en el entorno del paseo de Zorrilla de Valladolid. El corredor andaluz, que tiene grabados en su mente los detalles de aquella jornada en la que ganó su primera y única etapa en la Vuelta a España, no se enteró, sin embargo, de lo ocurrido en Mansilla hasta que al día siguiente leyó la noticia en los periódicos.

“Los equipos de la Vuelta a España adelantan su salida de Asturias por temor a no llegar a Sáenz de Miera”, titulaba una noticia aquel mismo jueves 16 de mayo La Crónica de León aludiendo a la etapa anterior, que terminó en el Alto del Naranco con victoria del bejarano Laudelino Cubino. El rotativo leonés se hacía también eco de temores de Unipublic, empresa organizadora de la ronda nacional, a que se produjeran cortes en La Robla o a la salida de la autopista León-Asturias. “La Policía de León pide ayuda a otras provincias para controlar a los piquetes de la huelga general”, rezaba otra de las informaciones del periódico (y se llegó a cifrar en 50 los agentes extra llegados para unirse al dispositivo de seguridad de la carrera). “¡León, hazte oír!”, era el lema de la huelga elegido por los sindicatos convocantes, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Los problemas de la minería y la provincia representaban una especie de cara B de un país que se acicalaba para los fastos de 1992: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla o la capitalidad cultural europea de Madrid. Y el paso de la Vuelta a España suponía un indudable escaparate para las protestas: hace 35 años las de una empresa minera amenazada de cierre y una provincia que se rebelaba frente al olvido; y el pasado 2025 las derivadas de la masacre perpetrada por el Gobierno de Israel en la franja de Gaza.

Yo no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida

Antonio Miguel Díaz — Ciclista ganador de la etapa León-Valladolid de la Vuelta a España 1991

“La salida de la etapa en León no se verá afectada por la huelga general”, titulaba Diario de León la noticia de apertura de su sección de Deportes, en la que informaba de un acuerdo entre UGT y CCOO y la organización de la carrera para que un representante sindical leyera un comunicado en la zona de salida haciendo referencia a las motivaciones de la jornada de huelga provincial. “Se había hablado de eso”, tercia el gobernador civil de la época, Antonio Sandoval, al aludir a un tipo de pactos como los alcanzados en las llegadas de la Vuelta a Ponferrada en 1987 y 1989, donde los organizadores admitieron la presencia de las reivindicaciones mineras en zonas visibles del entorno de la meta. Así se cumplió hasta el punto de que el primer año dos mujeres en representación del sector entregaron el ramo de flores, puño en alto, al vencedor de la etapa, el francés Dominique Arnaud; y en la segunda ocasión mineros de Victoriano González acabaron irrumpiendo en el podio cuando imponían el maillot amarillo al también galo Roland Le Clerc.

Y llegó el esperado jueves 16 de mayo. La huelga tuvo un seguimiento desigual en la provincia. El paro se combinó de alguna manera con la celebración en Sáenz de Miera, por lo que de festivo no deja de tener un acontecimiento como la salida de una etapa de la Vuelta a España. Fue finalmente el entonces secretario provincial de UGT, Fermín Carnero, el encargado de leer el comunicado. “No sobran agricultores ni mineros, sobra el gobierno entero”, se podía leer en una pancarta. Y hubo por parte de algunos huelguistas un conato de cortar la salida de vehículos, intento rápidamente abortado por los policías. Sin dejar de sugerir que quizás algún miembro de su equipo, el mítico Kelme, le informara entonces de la huelga, Antonio Miguel Díaz tenía ya la vista puesta en la carretera. “Yo”, dice el ciclista 35 años después, “no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida”.

Los mineros de Hulleras de Sabero llevaban tiempo calentando la movilización. “Se había puesto sobre la mesa un plan de viabilidad de la empresa que incluía bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas”, expone Carlos García para poner el contexto de aquel mes mayo anterior a un verano en el que “cambió todo” y se precipitó el cierre. Otro compañero de la empresa que prefiere no hacer público su nombre incluso recuerda la distribución estratégica por el territorio de aquel 16 de mayo. “Había dos personas en el Alto del Portillo, otros en Puente Villarente y nosotros en Mansilla”, cita. Los antidisturbios intervinieron primero para levantar la barricada en Mansilla tiempo antes del paso de la caravana ciclista, que no sufrió ningún contratiempo. Mientras los corredores avanzaban camino de Valladolid, los mineros se desperdigaban por el entorno. “Nos perseguían los helicópteros por las huertas”, afirma Kubala. “Parecíamos conejos”, añade su compañero. Ninguno de los dos estuvo entre la veintena de heridos (nueve de ellos antidisturbios) ni entre los 14 detenidos (todos ellos trabajadores de Hulleras).

El altercado pasó totalmente desapercibido para la caravana de la ronda ciclista, como constata el célebre fotoperiodista de la Agencia EFE Desiderio Mondelo, precisamente hijo de minero y nacido en Caboalles de Abajo (Villablino) antes de trasladarse a Madrid y desarrollar una carrera profesional que incluyó la cobertura de varios Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo de Fútbol, así como de más de una veintena de ediciones de la Vuelta a España. “No me paraba ni a desayunar”, cuenta el relatar su día a día en la carrera: montado en una motocicleta siguiendo la carrera y dejando a un compañero carretes para ser revelados en un furgón habilitado como laboratorio. Mondelo hizo la Vuelta de 1991. Retrató en la salida en Mérida a Miguel Indurain con el manillar de triatleta para el prólogo y a Melchor Mauri haciendo de improvisado director de orquesta en la etapa entre Santo Domingo de la Calzada y Santander. Pero no conserva ni en el archivo ni en su memoria recuerdos de lo sucedido en León y en Mansilla de las Mulas.

El entonces periodista de La Crónica de León Juan Daniel Rodríguez relata un episodio justamente anterior a ese día para hacer ver las características del conflicto. Había acudido junto a su compañero fotoperiodista Secundino Pérez a cubrir un corte de carretera en Puente Villarente cuando “un coche intentó saltarse la barricada”. La secuencia se trasladó al día siguiente a la portada del rotativo con tres fotos del consiguiente vuelco del vehículo. Con la provincia entera de huelga y una manifestación por la tarde en la capital, Rodríguez no acudió aquel jueves 16 a Mansilla de las Mulas. “No podíamos estar en todos los sitios”, dice al repasar la noticia puramente informativa que publicó al día siguiente y recordarse con apenas 24 años de edad ante aquel escenario del que sí conserva la sensación que se palpaba entre los vecinos de Sabero: “La preocupación de que el valle se iba a quedar desierto porque la del carbón era su única industria”.

No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro

Carlos García ‘Kubala’ — Minero de Hulleras de Sabero en 1991

Para entonces ya colaboraba con La Crónica de León como corresponsal el hoy director del Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, Roberto Fernández, quien aquel día intervino como miembro de la Asociación Juvenil El Hayedo. “Los ánimos estaban muy alterados. Por la tarde fuimos a León a manifestarnos ante el Gobierno Civil para exigir la liberación de los mineros detenidos”, repesca. “Volaban las papeleras”, rescata el trabajador que prefiere mantener el anonimato. La prensa del día siguiente recoge ya la puesta en libertad aquel mismo día de los operarios de Hulleras detenidos en el entorno de Mansilla de las Mulas. El sector cambiaría en cierto modo el paradigma de las movilizaciones al año siguiente, cuando en marzo de 1992 se produjo la primera Marcha Negra desde la cuenca de Laciana hasta Madrid.

Lo ocurrido el pasado 2025 en la Vuelta a España, con varios cortes que sí se hicieron efectivos hasta incluso tener que suspender la etapa final con meta en Madrid, ha hecho evocar aquel episodio de 1991 a varios de sus protagonistas. “El año pasado consiguieron cortar porque había más apoyo. Nosotros éramos cuatro gatos. Estábamos muy apartados. Y la gente no apoyaba tanto”, cuenta el minero de Hulleras. Su compañero Kubala precisa. “No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro”, sostiene sin dejar de citar las llegadas de la Vuelta en la pasada década al Alto de la Camperona: “Y la gente quedó encantada”. El ganador de aquella etapa León-Valladolid hace una lectura similar: “Todo el mundo tiene derecho a reivindicar. Pero yo creo que hay otros foros para hacerlo. Los ciclistas profesionales son ajenos a estas circunstancias. Y parece que siempre nos tocan a nosotros. La política no debería entrar en el deporte”.

El final de aquel día fue feliz para Antonio Miguel Díaz, triunfante en Valladolid en esa jornada con salida en León, dos ciudades de grato recuerdo para el hoy seleccionador andaluz sub-23 y júnior. “Y me gusta ir por la Catedral y por el Barrio Húmedo”, resalta. El final fue traumático para Hulleras de Sabero, que cerró finalmente su explotación de interior en diciembre de ese mismo 1991: los trabajadores aceptaron mayoritariamente el cierre a cambio de indemnizaciones económicas. El final de la Vuelta fue victorioso para Melchor Mauri y premonitorio para Miguel Indurain, segundo en Madrid apenas un par de meses antes de ganar el primero de sus cinco Tour de Francia consecutivos. Su mítica trayectoria fue captada al detalle por Mondelo, que incluso aprovechó el trigésimo aniversario del quinto para llevar una exposición alusiva a Laciana y que, escarbando en su memoria, repesca una etapa de la Vuelta de 1980 en la que en Porriño (Pontevedra) trabajadores de la empresa Censa sí llegaron a cortar la carrera. Aquel día, informó El País, un coche de prensa acabó con el parabrisas roto: fue el de la Cadena Ser al tratar de burlar el corte y viajando a bordo José María García.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el retraso del inicio de las obras de la futura oficina de empleo en Astorga, que se ubicará en el antiguo colegio Leopoldo Panero, y el “exilio forzoso” de usuarios y funcionarios a la oficina existente en La Bañeza.

El sindicato, en un comunicado, lamenta que la solución a las “graves deficiencias estructurales y de insalubridad” de las actuales dependencias de la calle Juego de Cañas, que llevan cerradas al público casi un mes, no se acompasen con la habilitación de la nueva sede prometida por la Junta de Castilla y León para albergar tanto la oficina de empleo autonómica del Ecyl como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El sindicato independiente exige que se ejecuten las obras la nueva oficina y que, mientras, se dé una solución provisional digna al servicio que evite el desplazamiento de la población y de los empleados públicos.

Hay que recordar que la Junta de Castilla y León anunció en enero de este año la ejecución de obras para la nueva sede de la Oficina de Empleo de Astorga con una inversión de 1.173.022 euros. El plazo de ejecución anunciado era de 10 meses, lo cual supondría, si se cumplen los plazos, que debería finalizar al término de este mismo año, pero la oficina antigua se ha cerrado hace ya un mes, certifica CSIF.

Esa nueva sede se ubicará en la antigua Residencia Juvenil Leopoldo Panero, situada en la plaza Arquitecto Gaudí, nº 3, en un inmueble afecto a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Según la informació facilitada entonces, la nueva estancia triplicaría el espacio actual, resolveríalos problemas de accesibilidad y ofrecerá unas instalaciones dignas tanto para los trabajadores como para los más de 3.400 usuarios que atiende cada año. Sin embargo, en todos los meses que faltan todos ellos deberán por ahora trasladarse a la ciudad de La Bañeza.

CSIF se toma esta siruación como un “abandono institucional que sufre Astorga en este asunto”, tras meses de promesas y una licitación millonaria que “no se ejecuta”. Recuerdan que el pasado 18 de noviembre de 2025 mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para exponer las insostenibles deficiencias de la actual oficina del SEPE y e Ecyl: falta de espacio, nula privacidad, problemas de accesibilidad (solo escaleras), humedades, baños inutilizados y un persistente olor a gasoil que, a día de hoy, ha obligado a su cierre.

Trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Castilla y León se han concentrado este miércoles ante la Delegación de León para reclamar mejoras laborales, más plantilla y el cumplimiento de acuerdos pendientes, en una jornada de movilizaciones convocada en toda España por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La protesta, que ha incluido un paro parcial de una hora entre las 11.00 y las 12.00 horas, se enmarca en un calendario de movilizaciones que podría culminar con una huelga general el próximo 8 de junio si no se producen avances en la negociación con el Gobierno.

Durante la concentración, con presencia de trabajadores y delegados de toda la comunidad, el responsable de la Agencia Tributaria de CSIF en Castilla y León, Serafín Herrera, ha denunciado que el conflicto laboral nace de “una situación prolongada de bloqueo, retraso e incumplimiento” por parte de la Administración.

“En noviembre de 2024 se firmó un acuerdo con compromisos claros, pero la Agencia Tributaria ha sido incapaz de transformarlos en hechos”, ha criticado Herrera, quien ha asegurado que “la situación se ha enquistado en tres problemas fundamentales”: la carrera profesional, el teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.

En este sentido, ha destacado que los trabajadores exigen la actualización de la carrera profesional y el reconocimiento de los años acumulados sin mejoras desde las últimas reclasificaciones, así como el desarrollo de un modelo de teletrabajo “flexible y adaptado” a las necesidades de la plantilla.

“Hoy mantenemos un sistema impuesto, rígido y poco flexible”, ha señalado Herrera, quien ha reclamado que se aplique a la AEAT un modelo similar al de la Administración General del Estado, con más días de trabajo a distancia y mayores facilidades de conciliación.

El tercer eje de las reivindicaciones se centra en el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyos trabajadores —ha subrayado— desempeñan funciones clave en la lucha contra el narcotráfico o el contrabando y afrontan situaciones de riesgo que, a juicio del sindicato, deben ser reconocidas legalmente.

“No se trata de una unidad administrativa cualquiera; hablamos de profesionales con funciones de seguridad que requieren más medios y el reconocimiento efectivo como profesión de riesgo”, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado también mejoras salariales, refuerzo de medios y medidas que faciliten la jubilación anticipada en estos casos.

Herrera ha advertido además de la falta estructural de plantilla en la Agencia Tributaria, con unos 1.200 trabajadores en Castilla y León —alrededor de 140 en la provincia de León—, y un déficit que, según ha dicho, se arrastra desde hace años.

“La oferta pública no está siendo capaz de compensar las jubilaciones ni el envejecimiento de la plantilla, mientras aumentan los objetivos y las cargas de trabajo”, ha señalado tras incidir en que esta situación está generando “una tensión que resulta insostenible”.

El representante sindical ha vinculado estas carencias con el incremento de la actividad de la AEAT, que registra cifras récord de recaudación, y ha defendido la necesidad de reforzar los efectivos para garantizar un servicio adecuado a los contribuyentes.

CSIF ha hecho un llamamiento a la unidad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales para respaldar las movilizaciones, al considerar que “la fragmentación solo beneficia a quien bloquea” la negociación.

Tras las protestas de este miércoles, el calendario continuará el 29 de mayo con nuevas concentraciones y paros parciales, antes de una huelga general prevista para el 8 de junio en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria si no se alcanzan soluciones.

“Estamos en marcha y no cesaremos hasta que tengamos las respuestas que reclamamos”, ha concluido Herrera.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha llevado a cabo este sábado en Casares de Arbas la entrega a sus familiares de los restos exhumados por el colectivo en el paraje Peña del campo comunal de Poladura de la Tercia, perteneciente al municipio de Villamanín, correspondientes a los represaliados Aurelio Rodríguez Martínez y Daniel Rodríguez Martínez.

Los restos, exhumados en 2025 gracias a las indicaciones de un vecino de Poladura de Tercia, Servando González, fueron inhumados en el cementerio vecinal junto a otros vecinos de Casares de Arbas, también víctimas de la dictadura franquista. La ARMH buscaba los cuerpos de dos personas y sólo encontró algunos restos en un estado deteriorado por el que no ha sido posible que un laboratorio genético les extraiga una secuencia de ADN.

Los cuerpos de las víctimas fueron buscados por voluntarios de la ARMH en julio de 2025, en un proceso condicionado por varias complicaciones. “Llegar a la fosa común fue extremadamente complicado debido a que se encontraba en medio del monte, a más de 1300 metros de altitud, y con un acceso muy difícil”, señala el colectivo.

Aurelio Rodríguez Martínez, jornalero y afiliado a la UGT, se incorporó voluntario al Ejército Popular de la República en febrero de 1937 para defender la legalidad republicana de los militares golpistas. Tenía 30 años cuando fue detenido en Casares de Arbas y asesinado el 3 de marzo de 1938 en el Monte de Poladura de la Tercia. Su compañera, María Cañón Morán, fue condenada a una pena de 20 años de reclusión menor y su cuñado Laurentino Cañón Morán fue asesinado en 1937 y exhumado por la ARMH en 2024 en Sena de Luna.

También jornalero y en este caso afiliado a la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y miembro del sindicato de Campesinos de Casares de Arbas, Daniel Rodríguez Martínez tenia 38 años, estaba casado y era padre de seis hijos. Fue asesinado en el Monte de Poladura de la Tercia. Su mujer, Cesárea Rodríguez Martínez, sufrió una terrible persecución política hasta ser condenada a 20 años de reclusión menor y su cuñado Lorenzo Rodríguez Martínez fue exhumado en 2024 por la ARMH en Sena de Luna.

Las familias de ambos han estado presentes en el acto y han portado los restos que pudieron encontrarse dentro de una urna funeraria que ha sido inhumada en un panteón en el que ya se encontraban enterradas otras víctimas de la represión franquista.

La ARMH lleva a cabo estas actuaciones con sus propios recursos económicos, proporcionados por sus socios, sin ningún tipo de subvención. El colectivo no solicita ayudas porque desde hace años reclama que “España deje de ser el único país del mundo que pretende buscar a los desaparecidos por la represión franquista convocando subvenciones y no considerándolo un derecho de todas las víctimas”.

La Casona de San Feliz de Torío acoge este jueves 7 de mayo la presentación del libro ‘Canciones de amor (levemente) desafinadas’, la nueva obra del escritor y sindicalista leonés Ignacio Fernández Herrero.

El acto comenzará a las 18.30 horas y contará con la participación de Bruno Estrada y Elena Blasco, que acompañarán al autor en una conversación abierta sobre el libro, la música y las relaciones sentimentales que retratan las canciones de varias generaciones.

Fernández Herrero (León, 1958) es conocido por su trayectoria sindical al frente de CCOO León entre 2004 y 2017 y posteriormente en CCOO Castilla y León, aunque también mantiene desde hace años una intensa actividad vinculada a la literatura, el pensamiento crítico y la cultura.

El autor ya había publicado anteriormente el poemario ‘Lógica borrosa’ y los ensayos ‘Poscontemporáneos’ y ‘A la siniestra’, ambos con Eolas Ediciones.

En ‘Canciones de amor (levemente) desafinadas’, Ignacio Fernández Herrero reflexiona sobre cómo las canciones han influido en la manera de entender el amor y las relaciones personales.

El libro combina relatos y ensayo para analizar los modelos sentimentales transmitidos a través de la música popular, especialmente la de su generación. Una idea que resume con una cita de Christina Rosenvinge incluida en la obra: “los que escribimos canciones tenemos mucho cuento”.

La presentación forma parte de las actividades culturales impulsadas en La Casona de San Feliz de Torío y contará con entrada libre hasta completar aforo.

El sindicato UGT se planta. Ha anunciado la ruptura de las negociaciones del convenio del sector del transporte por carretera en la provincia de León tras acusar a la patronal de mantener una postura de “bloqueo deliberado” y de plantear condiciones que, aseguran, “empobrecen a los trabajadores”.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha elevado el tono contra la patronal del sector, a la que acusa de “dinamitar la negociación colectiva” tras la cuarta reunión mantenida. El sindicato sostiene que las propuestas planteadas no constituyen una base real de acuerdo, sino “un ataque directo a las condiciones laborales y al poder adquisitivo” de las plantillas.

Según UGT, la oferta empresarial contempla subidas salariales insuficientes frente al incremento del coste de la vida. En concreto, denuncian que para 2026 se plantea un aumento del 2%, por debajo del IPC del 2,9% registrado en 2025, mientras que para los años 2027, 2028 y 2029 se propone únicamente un 1% anual. Una situación que, a su juicio, supondría consolidar la pérdida de poder adquisitivo durante los próximos años.

El sindicato advierte además de que las propuestas no se limitan al ámbito salarial, sino que incluyen medidas que, aseguran, vulneran derechos laborales e incluso la normativa vigente, como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este contexto, acusan a la patronal “de priorizar beneficios empresariales a costa de la dignidad de los trabajadores”.

Ante esta situación, UGT ha decidido no acudir a nuevas reuniones en la Fele “mientras no se produzca una rectificación por parte de la patronal y se presente una propuesta digna”. Paralelamente, el sindicato ha convocado asambleas informativas para los trabajadores del sector el día 7 de mayo en Ponferrada, a las 10.30 y 19.30 horas, y el 11 de mayo en León en los mismos horarios.

La Unión General de Trabajadores también critica la contradicción de las empresas del sector, que denuncian la falta de conductores mientras, según el sindicato, no adoptan medidas que hagan más atractiva la profesión ni mejoren sus condiciones laborales.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

El sindicato UGT de León ha sido objeto de un ataque fascista en su sede de León con la pintada de una esvástica en la puerta de su sede principal en la ciudad, desde donde partió precisamente la manifestación del Primero de Mayo celebrada este viernes 1.

UGT ha denunciado el ataque vandálico señalando “El odio se ha manifestado en forma de simbología totalitaria”, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, muy próxima a la sede sindical.

“No es solo una agresión contra nuestras siglas sino una embestida con los valores democráticas con los derechos de la clase trabajadora, hoy Primero de Mayo”, señalaba la pasada noche el secretario general leonés del sindicato, Enrique Reguero.

El sindicato ha pedido que “la ley actúe frente a quienes pretenden que el miedo sea el paisaje de nuestra convivencia”.

Cientos de personas han salido este jueves a las calles de León con motivo del Primero de Mayo en una manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que ha recorrido el centro de la ciudad en defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos bajo el eslogan “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

La movilización, encabezada por los líderes sindicales provinciales Enrique Reguero (UGT) y Elena Blasco (CCOO), ha reunido a trabajadores, colectivos sociales, políticos y ciudadanos en una jornada marcada por el tono reivindicativo. Bajo el lema centrado en la defensa de la democracia y los derechos sociales, los participantes han coreado consignas en favor de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos. También han realizado una defensa del proceso de regularización de inmigrantes establecido por el Gobierno y han recordado el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas por realizar una acción sindical en Asturias.

Blasco ha lamentado “el rearme de la extrema derecha que se está dando en el ámbito europeo, en el ámbito nacional, en el ámbito de esta comunidad autónoma, y por consiguiente, también en esta provincia, en el que es un gobierno de retrocesos, de abandono de todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora y que limitan y mucho de una manera catastrófica el poder desarrollar políticas sociales y políticas públicas”.

Reguero ha recordado que “estamos viendo que estamos siendo como León seguimos siendo de las peores provincias de España en casi todos los indicadores socioeconómicos”. Por ello ha exigido a la Junta de Castilla y León que convoque la reuniónd de un mesa para León prometida hace un año “para empezar a desbloquear un convenio de inversiones y de futuro para nuestra tierra”. “Están más pendientes de quién van a ocupar los sillones en ahora mismo en las Cortes de Castilla y León”, reprochó para “animar a la ciudadanía leonesa a luchar a salir a las calles y a reivindicar un futuro para nuestra tierra que yo creo que tiene que tiene que ir en esa línea”.

La celebración del Día del Trabajo en la capital leonesa ha congregado a un buen número de políticos como el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; la número 2 del PSOE autonómico, Nuria Rubio; el alcalde de León, José Antonio Diez o la lideresa de UPL, Alicia Gallego, entre otros.

El contexto económico y político ha centrado buena parte de los discursos de la jornada, en los que se ha apelado a la movilización social como vía para frenar desigualdades y consolidar avances, más ante el previsible pacto de gobierno de Castilla y León entre PP y Vox que se espera para después de las elecciones andaluzar. CCOO y UGT han reivindicado, una vez más, el papel del movimiento sindical en la defensa del Estado del bienestar y han llamado a mantener la presión social.

Todavía no toca. A pesar de que el propio Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León decidiera prometer, hace exactamente un año, un calendario de escasos meses para reactivar una especie de 'Mesa por León 2.0' en busca de soluciones al complicado futuro de la provincia de León, ahora el Ejecutivo asegura que no se daban las circunstancias para cumplir esos compromisos. Y que será tarea del nuevo Gobierno, que todo el mundo da por seguro que conformarán una legislatura más PP y Vox si consiguen cerrar un pacto como los alcanzados ya en Extremadura y en Aragón.

El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que además en persona protagonizó la reunión impulsora de hace un año de una nueva hoja de ruta por el futuro de León, junto al leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó hoy públicamente que los plazos no eran adecuados para avanzar a lo largo del año pasado y lo que llevamos del ejercicio actual.

En concreto, admitió que tras una última reunión con representantes empresariales de la provincia en julio de 2025, y a pesar de los compromisos adquiridos de que en torno a esa fecha ya dispusieran de un documento muy completo sobre el diagnóstico y las propuestas para implementar en León, que la dinámica del calendario político les recomendó paralizar todo el proceso. Hasta hoy.

Carriedo lo defendió recordando que “se convocaron elecciones” autonómicas -aunque eso no ocurrió hasta enero de este año- y el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco consideró que, una vez en funciones, ya no debían dar pasos adelante en los resultados y acciones de esa nueva 'Mesa por León', por “no crear un debate que se convirtiera en un programa electoral”. A posteriori, razonó que “no es propio de un Gobierno en funciones comprometer retos o programas”, explicó hoy preguntado por todo el retraso acumulado y el incumplimiento de unos plazos públicos a los que en abril de 2025 nadie les empujó a adquirir.

El portavoz del Ejecutivo autonómico concluyó comprometiendo ahora, nuevamente, que la labor de cumplir con todo el plan será del nuevo Gobierno que salga del pacto que se adquiera a partir de ahora con la negociación que PP y Vox mantienen para reeditar su cogobierno de 2023. “Será una de las tareas de ese nuevo Gobierno”, sentenció, aunque de momento sin plazo, ya que no se conocen avances ni reparto de responsabilidades en el hipotético nuevo ejecutivo de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León.

El mes de abril del año pasado la Delegación Territorial de la Junta en León acogió la primera reunión de lo que fue un grupo de trabajo que tenía como objetivo diseñar un estudio para paliar la crisis socioeconómica que persiste en la provincia de León, contando con la propia Junta, los sindicatos y representantes empresariales de la provincia. A pesar de que se había anunciado una segunda reunión para el mes de junio, esta nunca se llegó a realizar. Con ello, aquella especie de 'Mesa por León 2.0' comienza a apuntar al mismo resultado que su inspiración original.

Fue el 14 de abril de 2025 cuando los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones anunciaron junto a los representantes sindicales de UGT, USO, CGT y CCOO en León la creación de este grupo de trabajo como respuesta a la manifestación que había tenido lugar un mes antes en la capital leonesa y en la que los ciudadanos de León reclamaron soluciones ante la crisis que experimenta desde hace décadas la provincia.

Nacía sin calendario y sin acciones concretas, salvo la reunión que se suponía que tenía que llevarse a cabo el mes de junio y es precisamente esta fecha (la única medianamente acotada) la que no ha llegado a realizarse.

Según las explicaciones del consejero Suárez-Quiñones, presente en la reunión, el grupo trabajaría sobre un documento elaborado con anterioridad, llamado 'León-Horizonte 2030'. Se trata del único 'resultado' real y tangible que derivó de la original Mesa por León encargado por la Diputación de León por 161.722,94 euros a la empresa pública Tragsa.

El documento, después de dos años de retraso, se hizo público sin anuncio en la web, cuando ya no existía la Mesa por León, que se dio por disuelta en el año 2021 (un año después de su creación).

En cualquier caso, aquel documento constaba de un conjunto de conclusiones obvias sobre las fortalezas, debilidades y necesidades de la provincia, sin aportar soluciones factibles.

Aunque el clima general de la reunión, según palabras de Suárez-Quiñones aquel 14 de abril, había sido positivo, el escaso resultado de este grupo de trabajo ha comenzado a agriar las esperanzas de sindicatos, que han recordado este miércoles 29 de abril los retrasos de las reuniones prometidas y la inexistencia de un estudio sobre el estado de la provincia y las soluciones prácticas a su crisis.

“En junio íbamos a tener la reunión, hace casi un año que no nos convocan”, ha criticado el secretario general de UGT de León, Enrique Reguero, quien añade, aludiendo a la polémica gestión del consejero Suárez-Quiñones durante la gran oleada de incendios forestales del pasado verano: “Han pasado cosas por el medio, todos sabemos que un consejero no ha pasado por sus mejores momentos y ha decidido no convocar estas reuniones”.

Antes del inicio de la oleada de incendios, y cuando ya había pasado el plazo para convocar la segunda reunión con sindicatos, la Junta se reunió con representantes empresariales de la provincia durante el mes de julio. Fue entonces cuando la administración autonómica aseguró que se encontraban “ultimando” el documento derivado de estas dos primeras y únicas reuniones (una con sindicatos y otra con empresarios) en el que analizar el cumplimiento de los compromisos del plan ‘León Horizonte 2030’ pero también incluir nuevas actuaciones. Por ahora, no se conoce la existencia ni el contenido de este documento.

CCOO y UGT ya han alertado de que las multitudinarias manifestaciones por el futuro de la provincia de León, que en 2020 derivaron en la original Mesa por León y en 2025 en el citado grupo de trabajo, podrían repetirse un año más: “A día de hoy no tenemos Gobierno formado, en el momento en el que esté formado volveremos a exigir esa reunión y ese estudio que ya tienen que tener encima de la mesa y que a nosotros no se nos ha aportado”, reclama la secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco.

Se cumple así un año, el mismo periodo de tiempo que sobrevivió la genuina 'Mesa por León' y su sucesora, a falta de nuevas reuniones de diálogo o un documento derivado, podría sufrir el mismo destino.

León ha acogido este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una nueva movilización de los sindicatos UGT y CCOO para denunciar las cifras de siniestralidad laboral y reclamar cambios normativos y refuerzos en la prevención. La concentración principal en la capital leonesa se ha celebrado frente a la sede de la Patronal, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), en el marco de una convocatoria simultánea en todas las provincias de Castilla y León y también con acto en la comarca de El Bierzo.

El foco de la protesta ha estado en los datos registrados en 2025, que reflejan una elevada incidencia de accidentes laborales. En el conjunto de la provincia de León se contabilizaron 10.238 siniestros, de los cuales seis tuvieron resultado mortal. Estas cifras se enmarcan en un contexto autonómico igualmente preocupante, con 62.651 accidentes de trabajo y 53 fallecidos en Castilla y León durante el pasado año.

De forma más detallada, en la comarca de El Bierzo se registraron 1.065 accidentes laborales en 2025, con cuatro víctimas mortales, lo que subraya el peso de la siniestralidad sobre todo en esta comarca.

Durante las concentraciones, ambos sindicatos han recordado a las personas que perdieron la vida o la salud como consecuencia del trabajo y han insistido en la necesidad de actuar “de forma eficaz e inmediata”. Entre sus principales reivindicaciones figura el cumplimiento estricto de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, así como su actualización para adaptarla a los cambios del mercado laboral.

En este sentido, han puesto el acento en los nuevos riesgos derivados de la digitalización, el impacto del cambio climático, el envejecimiento de la población trabajadora o la creciente incorporación de mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados. También han advertido sobre el impacto en la salud mental, señalando problemas como la falta de desconexión digital o la monitorización constante en el entorno laboral.

Coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, declarado además como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT y CCOO han reclamado la actualización del cuadro de enfermedades profesionales para incluir, entre otras, las patologías mentales vinculadas al trabajo y dotarlo de perspectiva de género.

Asimismo, han exigido un refuerzo de los recursos de la Inspección de Trabajo y de los organismos autonómicos de prevención, junto con la creación de juzgados especializados en materia de seguridad y salud laboral. Los sindicatos han defendido que el diálogo social debe seguir siendo una herramienta clave para avanzar en políticas públicas que reduzcan la siniestralidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este mediodía, durante una concentración ante la Consejería de Sanidad en Valladolid, el cumplimiento “íntegro e inmediato” de los acuerdos relativos al abono de los sábados trabajados para todo el personal del Sacyl, así como una regulación equitativa del tiempo de solape entre profesionales en los cambios de turno.

La movilización, enmarcada en la campaña ‘Todo x tod@s es más sanidad pública’, ha servido para exigir el respeto a los derechos laborales y poner fin a los agravios retributivos dentro del sistema sanitario público.

El presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, ha sido contundente al denunciar la situación. “No vamos a permitir más retrasos ni incumplimientos de los acuerdos firmados. El pago de los sábados no es una concesión, es un derecho reconocido que debe hacerse efectivo ya”, ha afirmado.

Según el sindicato, el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial el 10 de octubre de 2025 contemplaba el abono de los sábados trabajados para todas las categorías profesionales con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y fijaba como fecha límite el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, CSIF denuncia la falta de concreción y garantías en su aplicación.

Además, la organización insiste en que este complemento debe equipararse progresivamente al que se percibe por trabajar en domingos y festivos, como ya ocurre en otros ámbitos de la Junta de Castilla y León, con el fin de evitar desigualdades entre empleados públicos.

El solape, clave en la atención sanitaria

Otro de los puntos centrales de la protesta ha sido la regulación del denominado 'solape', el tiempo destinado a la transmisión de información entre turnos. CSIF considera que este periodo debe reconocerse como trabajo efectivo, al ser esencial para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

En la actualidad, existen diferencias significativas entre categorías profesionales. Mientras el personal de enfermería tiene reconocidas 49 horas anuales, los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) apenas cuentan con 7 horas, una cifra que el sindicato considera insuficiente.

Vega ha subrayado que “la transmisión de información clínica no es un trámite accesorio, sino un pilar fundamental de la atención sanitaria”, y ha advertido de que su falta de regulación adecuada puede suponer riesgos innecesarios para los pacientes.

CSIF también critica que los acuerdos parciales y las decisiones fuera de los órganos de negociación están generando más desigualdad y malestar entre las plantillas.

Por ello, el sindicato reclama el pago retroactivo de los sábados, la fijación de un calendario claro para su abono, la regulación homogénea del solape para todas las categorías y la revisión de las horas reconocidas bajo criterios de equidad.

“Sin condiciones laborales dignas no puede haber una sanidad pública de calidad. Los profesionales no pueden seguir siendo los paganos de la mala planificación”, ha concluido Vega. CSIF advierte de que mantendrá las movilizaciones si no se atienden sus reivindicaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado que el personal docente e investigador temporal de las cuatro universidades públicas de la comunidad cobre los mismos complementos retributivos que ingresa el personal fijo.

La demanda de conflicto colectivo que planteó la Federación de Enseñanza de CCOO-Castilla y León ha tenido esta respuesta del TSJCyL, que establece que estos derechos deberán ser compensados con carácter retroactivo, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda.

De este modo, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas, ha subrayado el sindicato, que ha recordado que son ya siete las sentencias favorables sobre conflictos que afectan a derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas.

El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo del cobro de los complementos, al rechazar el argumento dado por las universidades sobre la limitación presupuestaria.

CCOO ha recordado que buscó un acuerdo interno con las universidades, a través de las comisiones paritarias del convenio colectivo y también a través del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León), pero las instituciones académicas mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.

La sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.

Por este motivo, el sindicato ha instado a las universidades a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y Léon ha informado este lunes que el ala izquierda de la segunda planta del Hospital Monte San Isidro, perteneciente al Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), afectada por chinches, como denunció el sindicato UGT, fue reabierta el domingo tras la limpieza exhaustiva de toda la zona afectada.

Sacyl ha detallado que el pasado miércoles, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital avisó de tres casos de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) del Hospital Monte San Isidro afectadas por picaduras compatibles con chinches.

Posteriormente, desde la Supervisión de Enfermería de ese hospital, se comunicaron otros dos posibles casos en otras dos TCAE, prestando servicio todos los trabajadores afectados en el ala izquierda de la planta segunda del centro sanitario. Además, en el comunicado se desmiente la información sindical de que se viera afectado algún paciente de los atendidos en esta zona del hospital.

La sospecha es que los chinches proceden de un sillón trasladado por las trabajadoras desde otro punto del hospital a la sala de personal de esa segunda planta, según declaraciones de los propios trabajadores en las indagaciones realizadas.

Asimismo, desde el Sacyl se ha recalcado que el mismo miércoles se estableció la desinfección de las zonas comunes de la unidad donde se registran los casos y, tras 24 horas, la limpieza exhaustiva de toda la zona finalizó, trasladando a los nueve pacientes que se encontraban en el ala a otras zonas. “El ala está abierta desde este domingo y hubiera sido posible abrirla el viernes por la tarde, pero al ser la ocupación muy baja se aplazó a ese día y desde entonces se trabaja con normalidad y no ha habido nuevos casos”, se ha apuntado desde el Sacyl.

Hay que recordar que estos hechos provocó la denuncia del sindicato UGT al considerar que se trataba de una situación “extremadamente grave y difícil de justificar” en un centro sanitario, donde las condiciones higiénico-sanitarias deben estar garantizadas en todo momento.

Asimismo, la organización recalcó que había sido evidente que los protocolos de control de plagas no habían funcionado correctamente o no se han aplicado con el rigor necesario.

Críticas de UPL

El asunto dio hoy también el salto al ámbito político al criticar Unión del Pueblo Leonés (UPL), a través de su secretaria de Sanidad, Rosa M. Quintanilla, estas “situaciones que se están produciendo en la sanidad pública” de manos de la Junta, entendiendo que este tipo “episodios no pueden producirse en centros sanitarios públicos, donde deben de garantizarse en todo momento unas condiciones adecuadas tanto para los pacientes como para los profesionales”.

A su juicio, además de “inaceptable” que se den circunstancias que obliguen al cierre de unidades hospitalarias, se “evidencian posibles deficiencias en la gestión, mantenimiento e inspección de las instalaciones sanitarias”, motivo por el que la formación exige a la Consejería que “se depuren responsabilidades y se actúe con la máxima celeridad para evitar que situaciones similares se vuelvan a repetir”, porque les preocupa, dicen, que este tipo de situaciones “generan alarma social y deterioran la confianza en el sistema público de salud”.

Lo enmarcan, además, en una serie de deficiencias concretas del Hospital Monte San Isidro “sobre la que se ha advertido a través de distintas iniciativas de UPL en las Cortes”, como por ejemplo cuando “se denunció el calor excesivo que tenía durante el verano, sobre todo en pacientes con patologías graves y para los propios trabajadores”.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han solicitado a las industrias lácteas que operan en Castilla y León que prorroguen al menos quince días, hasta mediados de abril, la negociación de los contratos que vencen este martes 31 de marzo, con el fin de garantizar la recogida de leche mientras se alcanza una solución.

Según han denunciado este lunes en un comunicado, la negociación se está desarrollando de forma “muy precipitada”, ya que las empresas han esperado a los últimos días para realizar sus ofertas, en muchos casos de forma verbal y no por escrito, con propuestas que suponen bajadas de precio de en torno al 14% sobre un valor de referencia actual de 52 céntimos por litro.

Las organizaciones agrarias han considerado que, al tratarse de un producto perecedero, las industrias “juegan con ventaja” en la negociación y pueden imponer sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada.

En este sentido, han advertido de que dejar de recoger leche a partir del 1 de abril a quienes no tengan suscritos los contratos se entendería como un “chantaje” y convertiría la ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial.

Por ello, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han reclamado prolongar el periodo de negociación, que las ofertas se realicen por escrito, que se recoja toda la leche mientras se negocia y que el precio acordado tenga carácter retroactivo desde el 1 de abril.

Ante la “magnitud del problema”, con caídas de precios de hasta el 14%, las organizaciones han exigido a las administraciones públicas, Estado y Junta de Castilla y León, que se ofrezcan a mediar entre las partes, vigilen el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria, y eviten pactos de precios entre los principales operadores.

Por todo ello, han indicado que esperan que las industrias lácteas y la gran distribución actúen con “amplitud de miras” y antepongan la viabilidad del sector a medio y largo plazo frente a medidas “cortoplacistas”, como la bajada de precios en un contexto de excedentes puntuales en varios países productores de la Unión Europea.