Muchos ojos han mirado hacia la Junta de Castilla y León en una semana protagonizada por numerosas 'riadas negras', torrenciales avenidas de barro y material vegetal quemado en los cauces de arroyos y ríos en varias comarcas de la provincia de León.

Estos ríos de lodo y árboles se han producido nueve meses después de los terribles incendios forestales que arrasaron esas zonas, asomando ahora a causa de fuertes tormentas, y los daños son inmensos porque no sólo han arrasado carreteras y otras infraestructuras, dejando incluso pueblos incomunicados, como en el Valle de Fornela (El Bierzo) sino causando daños ambientales graves en los propios cauces de la Cabrera, el Teleno o municipios como Oencia, entre otros.

A pesar de las escenas vividas en los dos últimos días, con ríos desbordados de inmensa fuerza que arranca todo a su paso y lo tiñe de negro y ceniza, la Junta de Castilla y León defiende que por su parte, como administración competente en montes, se han ejecutado tras los incendios del pasado verano todos los trabajos necesarios para impedir estos graves efectos meses después. Trabajos que el portavoz del Ejecutivo que ahora forman Partido Popular (PP) y Vox, Carlos Fernández Carriedo, ha tildado hoy de “eficaces”. Su demostración de esa eficacia, al ser preguntado por el grado de ejecución de esas labores postincendios y a la vista del desastre que las tormentas están causando, es que “los daños son mucho menores que los hubieran sido si no se hubieran hecho estas tareas”.

“Se han hecho trabajos desde el primer momento”, aseguró Carriedo, “fundamentalmente depositando algún tipo de material orgánico que sirva de retención para evitar daños de carácter ambiental, y de la misma forma se ha trabajado con maquinar a pesada, bulldozer, en toda la tarea para evitar que los daños ambientales fueran mayores”.

Por eso, insistió en que “están siendo eficaces estas tareas”, iniciadas, subrayó, desde que se apagaron los peores siniestros históricos sufridos en agosto y septiembre de 2025: “Se viene actuando desde el momento de refrescar el terreno, pero también cuando se han ido depositando algunas barreras naturales para hacer de contención de algún posible daño, o también cuando los bulldozer han actuado abriendo algunas vías de derivación del agua en las mejores condiciones posibles”.

Varias organizaciones ecologistas han exigido frenar el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica reversible de bombeo llamada Valdepiélago, en el Valle del Curueño, en la montaña de León. Se trata de una infraestructura que han calificado de “atentado medioambiental” porque destruiría un valle que es Reserva de la Biosfera, además de una zona de alto valor paisajístico, geológico y hogar de varias especies amenazadas.

La iniciativa, impulsada por los colectivos Defensa del Territorio, la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida) y ARBA León-Bierzo, ha surgido tras el anuncio del Gobierno sobre un proyecto que actualmente se encuentra en fase de evaluación técnica para su integración en las redes eléctricas europeas.

El proyecto estima el uso de 1.300 litros por segundo máximo de consumo, que equivaldría a casi una quinta parte del caudal medio del río Curueño. La sociedad peticionaria, Bubión Partners SL, está vinculada a un exdirectivo del gigante energético Abengoa que promueve otra similar en Garoña, Burgos. Es una más de las muchas que se tramitan actualmente en la provincia, varias de ellas vinculadas al agua de antiguas explotaciones mineras y, por lo tanto, con cuantiosos fondos públicos disponibles.

Este tipo de centrales de bombeo constan de dos embalses y funcionan como una gran batería en la que el agua se bombea al depósito superior utilizando el exceso de producción de energía eólica o fotovoltaica de la zona y se turbina de vuelta al inferior para generar electricidad en los momentos de mayor demanda, una operación que, según han apuntado las organizaciones, se realizaría a un precio que duplica el habitual.

El bombeo, han afirmado, puede parecer una tecnología “sensata” pero carece de sentido en esta ubicación debido al irreversible impacto ecológico que comportaría. Se trata, recuerdan, de un entorno que combina masas maduras de hayas, abedules y robledales con formaciones calizas, integrado en la Red Natura 2000 y que cuenta con varias Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 13 lugares de interés geológico.

Su construcción, han alertado, provocaría la desaparición de numerosas especies protegidas puesto que este valle alberga actualmente a dos especies animales en peligro de extinción y ocho vulnerables, además de tres incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.

Entre la fauna afectada se encuentran 17 de las 29 especies de murciélagos de la península ibérica, aves rapaces, el tritón alpino e ibérico, el lobo, la nutria, el gato montés, el rebeco, el águila real, el buitre leonado y el halcón.

Asimismo, el entorno es el hábitat de dos especies exclusivas de la Cordillera Cantábrica como son la perdiz pardilla y la liebre de piornal y una zona crítica para el oso pardo, al actuar como nexo de unión indispensable entre las poblaciones occidental y oriental de la cordillera.

El nuevo máximo responsable de los incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, nombrado urgentemente hoy a pocas horas de conformarse el nuevo Gobierno tras el pacto de PP y Vox en Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco, cuestiona abiertamente una de las máximas más repetidas en materia de gestión forestal y prevención de grandes fuegos: que los incendios se apagan en invierno.

El argumento que utiliza es la imposibilidad económica de asumir por parte de la Junta de Castilla y León el alto coste de dinero público que a su juicio supondrían las labores constantes de mantenimiento y limpieza, de desbroce preventivo y eliminación de combustible vegetal en los montes fuera de la época veraniega de alto peligro. Unas declaraciones que recuerdan a la polémica frase del hasta hoy consejero de Medio Ambiente, el polémico Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuando en una entrevista aseguró que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”. Se trata de unas declaraciones que se volvieron en su contra cuando en 2022 y nuevamente en 2025 se produjeron los peores daños por fuegos en la historia conocida de Castilla y León.

Sánchez fue designado ayer, por la vía del ascenso, nuevo responsable de una Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, de creación ex profeso para él, todo un golpe de efecto tras los dramas del pasado verano. Así, el veterano alto técnico autonómico se sitúa en la cúspide del operativo, relevando así a José Ángel Arranz, el mandatario de la Consejería de Medio Ambiente cuya 'cabeza' se pidió, junto a la de Quiñones, tras el pasado verano. Poco antes del nombramiento de Ángel Sánchez, también Quiñones dejó ayer su cartera de hace más de una década para coger la nueva que le entrega Mañueco, una superconsejería de Industrial Universidades, Empleo y Comercio.

Una ecuación de dinero

Durante una jornada informativa celebrada hace unas semanas en el Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) de León, Sánchez se refirió a la idea del trabajo preventivo invernal, tan avalada por expertos, como “uno de los mantras muy utilizados”. Y trató de desarmarlo al vincularlo con la imposibilidad económica de actuar sobre toda la superficie forestal de la Comunidad, la que más masa tiene de España.

“Uno de los mantras muy utilizados es los incendios se apagan en invierno. Ojalá lo pudiéramos hacer”, afirmó antes de recordar que el territorio forestal de Castilla y León supera los 5,1 millones de hectáreas. En una simple ecuación, el nuevo responsable autonómico que debe luchar contra los fuegos puso cifras al coste que, a su juicio, tendría intervenir esa superficie: “Si multiplicamos los 5.100.000 hectáreas por 1.000 u 800 euros de media cada una de esas hectáreas, pues habría que ver de dónde sacamos ese dinero para poderlo hacer”. Calculando estrictamente esta cuenta de la vieja, y tomando el mayor coste -1.000 euros de inversión por hectárea forestal- la cifra máxima que según Sánchez sería necesaria ascendería a 5.100 millones de euros.

En su intervención ante los periodistas de toda la Comunidad, Sánchez también destacó que del total, más de 3,1 millones de hectáreas forestales están bajo propiedad y gestión privada, gran parte de ellos en manos de ayuntamientos y pueblos, juntas vecinales. “En los montes privados ya la Ley de Montes establece que la limpieza de esos montes debería ser por parte de los propietarios”, remarcó, limando así aún más la responsabilidad de la administración pública autonómica.

Una “legislación” con doble vara de medir

Por eso, zanjó que la Junta no puede actuar directamente sobre esos terrenos sin autorización y defendió la actuación a través de distintas líneas de ayudas. Pero sostuvo que el actual marco normativo debería modificarse. “En definitiva, hay que cambiar la legislación”, afirmó, en total consonancia con lo que acababa de manifestar también el hasta ahora máximo responsable, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, Arranz.

“Hay que tener en cuenta que cada uno tenemos que asumir nuestras competencias y nuestras responsabilidades”, manifestó. Además, aseguró que los incendios forestales están adquiriendo una dimensión cada vez más amplia: “Cada vez más estamos detectando que los incendios acaban siendo un problema social y nos limitan muchos recursos para hacer esa protección del territorio”.

Resulta curioso cómo la administración sí se ampara en esto en la Ley de Montes pero, sin embargo, la Junta sí se ha saltado a la torera su propia norma para autorizar la caza y el pastoreo en zonas arrasadas por los incendios apenas siete meses después de producirse, cuando esa legislación fija cinco años de barbecho, como publicó ILEÓN en primicia. Y eso sin dar a conocer, todavía hoy, los presuntos informes técnicos sobre la fauna en las zonas quemadas que según la Junta justificaban esta polémica medida.

El antecedente de Quiñones sobre 2025: “No parece un año catastrófico”

La 'Jornada formativa en incendios forestales para periodistas' donde el nuevo 'jefe' de incendios autonómico ha abierto una nueva polémica ya causó otra el pasado año, previa a la peor campaña de Castilla y León, celebrada en Valladolid. En ella, el consejero Suárez-Quiñones llegó a decir ante los periodistas en junio que los incendios más dañinos jamás sufridos se producen “no se sabe por qué, la naturaleza, dios si existe o lo que sea”. Justo antes de realizar un vaticinio (“no parece año de eventos catastróficos”) que la realidad se encargó en agosto y septiembre de negar. Trágicamente, incluso con fallecidos y decenas de pueblos evacuados y barrios enteros quemados, amén de un desastre ecológico sin precedentes.

Tras meses de negarse a asumir responsabilidades, ni Arranz ni Suárez-Quiñones, con el apoyo personal firme del presidente Mañueco, incluso reprobados por el Parlamento, ha sido en las primeras horas del nuevo Gobierno cuando ambos han sido simplemente relegados de los incendios con el nombramiento de Ángel Sánchez.

La planta de fabricación de metanol de La Robla incrementa su capacidad productiva (de 100.000 a 140.000 toneladas al año), al tiempo que duplica la potencia de la caldera de biomasa que suministra calor al proceso (de 15 a 30 megavatios). Son los dos principales cambios de la modificación sustancial de la instalación solicitada por el proyecto La Robla Green y autorizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, según publica en su edición de este lunes el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

La Robla Nueva Energía es la planta de producción de metanol verde (e-metanol), que complementa a Roblum, de generación de energía eléctrica renovable a partir de biomasa, dentro del proyecto La Robla Green. Los promotores solicitaron en mayo de 2025 una serie de modificaciones. Y el Gobierno autonómico da ahora su conformidad.

Además de los incrementos de la capacidad productiva y de la potencia de la caldera de biomasa, el proyecto incluye ahora la instalación de un nuevo oxidador térmico para la combustión de los gases residuales del proceso, que funcionará en continuo, mientras se mantiene la antorcha sólo para casos de emergencia.

La modificación sustancial ahora aprobada también implica la adopción de cambios en la disposición de las instalaciones y equipos en planta, así como aumentos de la capacidad de diversos tanques con el consecuente incremento de la producción y en el consumo de recursos y materias primas y en la producción de residuos, como el fusel oil.

El caso es que el visto bueno a la modificación sustancial redobla la relevancia de la planta de metanol verde, anunciada ya en su día como la más grande de Europa. A su vez, el proyecto La Robla Green está llamado a la reactivación económica de una zona afectada por el cierre de su central térmica, derivado del final de la minería del carbón.

La Minibiblioteca del Soto de Villar de los Barrios (Ponferrada), ubicada en el bosque galardonado como Bosque del Año 2024, pone a disposición de todos los niños de entre 6 y 10 años una cuidada selección de publicaciones infantiles relacionadas con los árboles, los bosques y la naturaleza, donadas por la ONG Bosques sin Fronteras.

Bajo la colección Cuentos desde el Bosque, estas lecturas se complementan con actividades didácticas y participativas que ayudan a los más pequeños a afianzar conocimientos, desarrollar su sensibilidad hacia el medio natural y profundizar en los valores transmitidos a través de las historias.

Se trata de un proyecto editorial promovido por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, concebido como una herramienta para ayudar a familias y educadores a transmitir a las nuevas generaciones la importancia de conservar y valorar nuestro patrimonio natural.

A partir de este mismo lunes, 8 de junio, y hasta agotar existencias, las familias podrán acercarse al Soto de Villar, disfrutar de este privilegiado entorno de castaños centenarios y recoger gratuitamente uno de estos libros para leerlo en plena naturaleza y posteriormente llevárselo a casa.

La única condición para participar es sencilla: traer otro libro, de cualquier temática, y depositarlo en la minibiblioteca como intercambio, contribuyendo así a mantener vivo este espacio de lectura compartida.

La Minibiblioteca ha sido creada por la asociación Bierzo Vivo y construida por el artesano y carpintero Antoine Barrios, con la colaboración de la asociación A Plena Cultura y el apoyo de la Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada.

Desde la organización animan a las familias bercianas a aprovechar esta oportunidad para pasar una jornada en el Soto de Villar, disfrutando no solo de la lectura al aire libre, sino también del área recreativa, los senderos y los numerosos rincones que convierten este bosque en uno de los espacios naturales más singulares y valiosos de la comarca.

Han tenido que pasar diez meses desde que se desatara el infierno en los montes de la provincia de León, con la oleada histórica de incendios forestales en agosto del año 2025, para que la Junta de Castilla y León por fin desvele su cómputo oficial de superficie que resultó arrasada. Una cifra que por primera vez ha sido dada a conocer por el consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, precisamente durante la presentación de la campaña de 2026, a escasos días del inicio del verano, y que llama la atención por ser muy inferior a la única que se había desvelado hasta ahora.

Según los cálculos finales de Medio Ambiente, la superficie que resultó quemada en el peor año que se recuerda jamás se elevó finalmente a 112.471,32 hectáreas, incluyendo no sólo los 14 denominados “grandes incendios” concentrados en el verano anterior, los más demoledores, sino en la totalidad de siniestros del año pasado. El número total de incendios fue de 125.

Esta superficie queda incluso todavía más reducida si se tiene en cuenta que la Consejería resalta sobre todo la superficie forestal, reduciéndola a 104.567 hectáreas, porque estima en casi 8.000 más (7904 hectáreas) la superficie que denomina “no forestal”, sobre todo agrícola.

Desgranando los datos enviados al Ministerio

El desglose por tipos de vegetación y con datos finales de las nueve provincias de la Comunidad han sido por fin colgadas en la web oficial de Medio Ambiente, pinchando aquí, y buscando en el apartado de “Datos históricos provisionales”. Allí se especifica además que se trata de la superficie definitiva que la Junta ha trasladado, como es obligatorio, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aunque advierte que las cifras “aún tienen carácter provisional porque se encuentra en proceso de corrección de errores y validación definitiva” estatal.

Las cuantas totales en Castilla y León en 2025 resaltan una superficie afectada por incendios de muy cerca de 172.000 hectáreas en total, lo que supondría que un 65% de ellas habrían sido en León, o lo que es lo mismo, un tercio de la supeficie total. Le seguiría Zamora con 31.762 hectáreas y en Salamanca 11.845.

La cifra de 112.471,32 hectáreas, definitiva para la Junta en la provincia leonesa, no se había facilitado públicamente nunca hasta ahora, diez meses después, ni siquiera en las comparecencias forzadas por la oposición en las Cortes de Castilla y León, la última de Suárez-Quiñones todavía en enero de este año. Sin embargo, si hay dos cuantías previas con las que compararlas, y en ella se produce un recorte sustancial.

Hay que remontarse a mediados de febrero, cuando la Consejería de Medio Ambiente sacó de tapadillo una permisividad excepcional para autorizar la caza y también los aprovechamientos ganaderos en las zonas que habían resultado arrasadas en los grandes siniestros forestales de 2025. Actividades que la Junta permitiría desde el mes de abril, sólo siete meses después de apagarse las últimas llamas, cuando su propia Ley de Montes obliga a cinco años 'de barbecho', y por lo tanto sin caza ni aprovechamiento por parte del ganado.

Cuantías que no cuadran

En esa criticada decisión, que la Junta justificó en arreglo a unos informes técnicos que argumentarían que las especies animales y vegetales no sufrirían con esta extraordinaria medida, pero que ha mantenido ocultos por todas las vías posibles hasta hoy, se producía en el Boletín Oficial un argumento que desvelaba por primera vez la cifra quemada en León. Y no se parecía en nada a la de ahora: 135.481 hectáreas. Es decir, un 10% más de antes de aplicar ahora un tijeretazo.

Esa casi 135.500 hectáreas de febrero se correspondía además sólo a la suma de los 14 grades incendios (Fasgar, Orallo, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Molezuelas de la Carballeda (una parte inicial en Zamora), Barniedo de la Reina, La Uña, Canalejas, Porto-La Baña (también parte en Sanabria), Gestoso, Igüeña y Garaño. En dos de ellos (Molezuelas y Porto), aunque el Boletín no lo especificaba, se había computado superficie quemada en las provincias de Zamora. El problema es que no se sabía cuánta.

Por otro lado, citando fuentes 'oficiosas' pero procedentes de la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia ICAL había desvelado antes de final del año pasado una cifra de afección de los incendios forestales aún más baja que ahora, dejándolo sólo en 87.068 hectáreas el terreno leonés calcinado. Esa noticia y ese número, increíblemente bajo, fueron replicados por numerosos medios de comunicación. Un baile que solo ahora parece aclararse, diez meses después, y que ya sólo queda pendiente de que el Ministerio considere definitivamente acertado o que trate de enmendar.

La Casa de León en Madrid acoge este miércoles, 3 de junio, a las 19.00 horas, la presentación pública de la convocatoria denominada Xuntanza pol bien común La Leonera, una iniciativa abierta a colectivos medioambientales y ciudadanía comprometida con la defensa del patrimonio natural leonés y que servirá para dar a conocer los objetivos de esta iniciativa y animar a la participación ciudadana.

Serán sus promotores, Ignacio y Javier Morán, a la sazón miembros de la Junta Directiva de la Casa de León en Madrid, los encargados de realizar la presentación de esta novedosa iniciativa.

El sábado 13 de junio, desde las 11.00 horas, tendrá lugar en El Corral de Castrillo de Cepeda (municipio de Villamejil), el acto principal para dar a conocer una propuesta que nace con el objetivo de reunir fuerzas, compartir luchas y establecer alianzas frente a lo que considera como amenazas que afectan al territorio y al medio ambiente de la provincia de León a través de “un proceso creciente de expolio y desertificación”. Habrá ese día actividades sociales, culturales y participativas.

Impulsada por vecinas y vecinos sensibilizados con la protección del entorno natural, y con el apoyo de la Coordinadora de León, esta Xuntanza pretende ser un espacio de encuentro para poner en común problemáticas y estrategias relacionadas con la expansión de proyectos de biomasa y biogás, macroparques solares y eólicos, así como la explotación de recursos hídricos y otros procesos de degradación ambiental.

El naturalista y ecologista Luis Miguel Domínguez, presidente de la asociación 'Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y por el Mundo Rural', cree que el lobo salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) por una “triquiñuela” y advierte de que, pese a ello, la jurisprudencia derivada de cuatro años de protección dificulta su caza.

Domínguez asegura, en una entrevista con EFE, que algunas comunidades autónomas, como Cantabria, Asturias o La Rioja, “van a tener un problema muy serio a la hora de justificar cada lobo que maten”, porque la jurisprudencia muestra “un rastro bestial de sentencias a favor del lobo y en contra de su caza”.

“Que sepan con claridad las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox que, si se van a dedicar al control de población del lobo, se pueden encontrar incurriendo en un problema muy serio, en un delito que es prevaricación”, advierte. A su juicio, ante esta situación, las comunidades autónomas “han frenado”.

Domínguez sostiene que “la estrategia de bulos, mentiras y desinformación lleva acosando al lobo toda la vida”, y cuestiona que el debate sobre la protección de este animal derive siempre en una reflexión sobre la ganadería.

“Es el primer error que hay que rectificar”, subraya. “El tema de la ganadería debe salir inmediatamente de la mesa del lobo”. En su opinión, proteger a una especie implica “cuestiones y consideraciones de carácter moral, de carácter ético y de carácter científico y nada tienen que ver con los intereses de un determinado sector, como es el sector ganadero”.

Para evitar la extinción del lobo ibérico “no podemos matar ni un solo lobo”, porque “cada lobo muerto es una oportunidad perdida para que la especie se salve”, asegura el autor de 'Lobo. Historia, ciencia y conciencia' (Erasmus).

Según Domínguez, el lobo entró en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) “con el apoyo de millones de españoles”, y salió de él mediante “una triquiñuela”.

“Nos colaron una Ley de Desperdicio Animal y sacaron al lobo del Lesrpe. Así, en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja se ha abierto la posibilidad de eliminar ejemplares de la especie por ataques al ganado”, explica.

A su juicio, los partidos de la derecha se están dando cuenta ahora de que han cometido “un error terrible”, ya que “no estimaron la cantidad de jurisprudencia que se dio en todo este proceso, durante los cuatro años de protección del lobo, donde la caza estaba prohibida”.

“Ahora es (esa jurisprudencia) la que les prohíbe matar lobos”, recalca.

Domínguez recuerda que se acerca el fin del plazo para presentar alegaciones al informe sexenal sobre el lobo y la protección de la especie que el Gobierno debe remitir a la Unión Europa (UE).

El censo español actual del lobo contabiliza 333 manadas (de entre dos y seis ejemplares, aunque pueden ser más), una cifra que está lejos de las 500 que los científicos establecen para mantener la especie. 

La Junta de Castilla y León, arropada por el Ayuntamiento de León, insisten en las bondades ambientales que supondrá la polémica construcción en el sur de la capital de la llamada Red de Calor, es decir, macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno verde y un 'mar' de placas solares junto al cementerio leonés. Hace apenas una semana que la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Somacyl, licitó en dos contratos por un valor total de 62 millones de euros de la primera fase de construcción, que incluye la planta de combustión vegetal y casi 30 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará. También es reciente la concesión de la licencia final por parte del Consistorio.

Sin embargo, hay un contrato poco conocido de hace sólo medio año que ha permitido ir adelantando a buen ritmo todos los trabajos preparatorios en la zona, toda la urbanización del emplazamiento elegido. Son labores que suponen el desbroce y movimiento de tierras, así como talas, de un total de 23,8 hectáreas en el gran triángulo que albergará todo el complejo energético, situado entre el cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío. Ese contrato Somacyl lo adjudicó en noviembre, por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) y recayó en una unión temporal de empresas formada por tres compañías: Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras. El nombre de la UTE no esconde el proyecto para el que trabajan: Se llama 'Red de Calor León'.

El avance de la urbanización en la zona es tal que ha saltado el primer gran escándalo, visible ya en ambas márgenes del río Torío: la tala masiva de árboles. Se trata del lugar exacto donde se ha diseñado una pasarela para salvar el obstáculo de ese cauce fluvial. El nuevo 'puente', publicado ya hace años por ILEÓN, será una estructura metálica de casi 82 metros de larga con un ancho de 5,90 y se aprovechará dos de esos metros para que también sea de paso peatonal.

La pasarela arrancará exactamente tras las gradas del campo de fútbol del área deportiva de Puente Castro y se dirigirá en el otro lado de la ribera hacia el Paseo del Parque, en La Lastra, por donde ya discurrirán las grandes tuberías subterráneas justo entre el Coto Escolar y el centro de Autismo León.

Hace días que las empresas vienen realizando esa tala, señalando los ejemplares a desaparecer y amontonando los troncos ya cortados. Se aprecia un gran corte de la línea de bosque de ribera en ese tramo final del Torío, y es que la extensión de la tala es enorme. La cifra de la superficie afectada es oficial y aparece en el informe favorable de impacto ambiental que Medio Ambiente se concedió ' a sí mismo' -porque también promueve el proyecto, hace exactamente un año, en junio de 2025.

Interés comunitario: sauces, álamos y olmos

Según el informe, se están talando en total sólo en este punto casi 1.000 metros cuadrados de arbolado (984 concretamente). Entre los ejemplares, la mayoría son además de tres especies muy sensibles, como son los llamados Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, es decir, catalogados como valiosos bosques de galería. Se trata de ejemplares de Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo blanco) y en menor medida Ulmus minor (olmo común).

El informe favorable resalta que este punto en el que se corta toda la vegetación para construir la pasarela no está dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), aunque sí vincula de 'Riberas del río Esla y afluentes'. También se tilda de “permanente” el impacto de las talas pero finalmente la Junta lo cataloga como una especie de mal menor: “Irreversible pero recuperable”. Esa recuperación a la que Medio Ambiente se aferra se refiere a una futura medida de compensación que refleja que en este mismo punto se reforestará con el doble de superficie cuando la obra acabe: 2.000 metros cuadrados de vegetación de ribera.

También remarca que ya se sabía que esta actuación sería la mayor afección, aunque no la única en la amplia zona de trabajo: en total, el proyecto contempla el desbroce de las 23,8 hectáreas de terreno, de las cuales 31.050 metros cuadrados corresponden a arbolado y otros 191.480 afectan a zonas de herbazal-matorral con arbolado disperso.

Voces críticas vecinales

Todo esto son datos y son oficiales. Pero el escándalo es simplemente visual, basta con pasear por la zona y observar el paisaje ya talado. Por eso, ya se han elevado las primeras voces poniendo el grito en el cielo. La Asociación Vecinal Barrio de La Lastra, que junto con la de Puente Castro encabezan las protestas contra el macroproyecto autonómico, cargan también contra el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la que acusan de aplicar un “doble rasero” en función de quién promueva las actuaciones en el entorno fluvial.

Denuncian que mientras el organismo “machaca” a pueblos y agricultores por intervenciones o usos del agua, en este caso “mira para otro lado” ante una infraestructura vinculada, sostienen, a intereses “poderosos”, en referencia al “señor Quiñones -consejero de Medio Ambiente y máximo responsable de Somacyl- y su amigo, nuestro alcalde, José Antonio Diez”. Y cuestionan especialmente que se permita la implantación de lo que consideran una “industria contaminante” junto a los ríos Bernesga y Torío, la extracción de “millones de litros de agua”, el vertido de residuos al cauce y la tala de árboles de ribera. Por todo ello, ambos barrios han convocado una nueva manifestación el próximo 10 de junio que volverá a confluir en el centro de la ciudad, ante el Ayuntamiento, para volver a protestar por el avance de esta infraestructura.

ILEÓN ha solicitado a la Confederación información oficial sobre la solicitud de permisos, sus condiciones y los solicitantes para esta amplia actuación fluvial, no sólo de talas sino incluso de taponado del cauce del río para el paso de maquinaria pesada, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dejado a León fuera del reparto provisional de ayudas destinadas a redes urbanas de calor y frío renovables. Se trata de un amplio listado en el que se asignan a nivel nacional 50 millones de euros para fomentar un total de 37 proyectos de redes de calor y frío, con inyección económica proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y del que el único proyecto planteado en la provincia leonesa ha sido denegado.

La propuesta de resolución provisional suma diez proyectos aprobados en la Comunidad, para una potencia energética conjunta de 98,4 megavatios, con el 'riego de 10,6 millones de euros. Pero la provincia de León no obtiene ninguno. Es importante aclarar que no se trata de la llamada Red de Calor que impulsa la Junta de Castilla y León a través de Somacyl, con total apoyo del Ayuntamiento de la ciudad: se trata en realidad de una iniciativa privada, desconocida públicamente hasta ahora, cuyo nombre es exactamente “Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Leoniomasa de la Red de Calor de León'. Esta iniciativa ha resultado inadmitida por el Ministerio aduciendo un aparente tecnicismo, un defecto documental.

En cambio, el gran y controvertido proyecto público de la Junta, que la sociedad Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente acaba de impulsar con una licitación por un valor de 62 millones de euros para la primera fase de todo el complejo, sigue su propio curso en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal. En su caso la Junta sí detalla que dispondrá de fondos públicos estatales y europeos, a través de los fondos para la Transición Justa de las antiguas cuencas mineras, algo que también ha sido duramente criticado por no ser la ciudad ni por asomo una zona afectada por la traumática clausura de minas y centrales térmicas. En concreto, ILEÓN ya publicó que la inyección se cifra en 22 millones de euros, casi un tercio del coste inicial para arrancar, según la cuantía de las licitaciones.

Sin embargo, la nueva iniciativa privada ha recibido el 'no' de subvención del Ministerio con el argumento oficial de que la compañía solicitante “no aportó el certificado de resguardo de garantía exigido en la convocatoria”. De ahí que el expediente figure como inadmitido por un tecnicismo administrativo, lo que impide que pueda optar a los fondos europeos del programa Renored impulsado por el IDAE. En ningún momento se da a conocer la cuantía de ayuda económica que se había pedido para este caso privado.

El reparto de los que sí

El listado provisional difundido por el Ministerio recoge un total de doce proyectos presentados en Castilla y León. De ellos, diez han sido aprobados y dos inadmitidos. Además del caso leonés, también ha sido rechazado el proyecto Red de Calor con biomasa en Aspanias Burgos, en Alfoz de Quintanadueñas (Burgos), en su caso por no presentar la documentación de subsanación requerida.

Sin embargo, la provincia burgalesa concentra el mayor volumen de ayudas aprobadas en la Comunidad. La capital recibirá 1.445.360 euros para el proyecto ‘Burgos ampliación central’ y otros 2.366.703,73 euros para ‘Burgos ampliación red’. Además, Aranda de Duero contará con dos actuaciones subvencionadas: 1.128.274,60 euros para la ampliación de su red de calor y 601.037,11 euros para una ampliación de central de generación renovable con biomasa.

Palencia suma dos expedientes aprobados. El primero, para la ampliación de la red de distribución de calor de la capital palentina, que recibirá 299.797,99 euros; y el segundo, denominado ‘Red de calor y frío renovable-Palencia’, con una ayuda de 607.152,52 euros.

También ha sido aprobada una ampliación de red de distribución de calor en Ávila, con una subvención propuesta de 954.616,33 euros. En Salamanca, el proyecto ‘Hefesto Villares’, ubicado en Villares de la Reina, recibirá 431.188,85 euros.

La provincia de Soria incorpora dos actuaciones subvencionadas. Por un lado, la ampliación de la red de calor de Soria capital obtendrá 1.268.675,42 euros. Por otro, el proyecto ‘Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Ólvega’ contará con 1.558.508,05 euros.

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NOTA DE RECTIFICACIÓN. En la versión inicial de esta noticia, de fecha 27 de mayo, se dio por hecho, a causa de un error de interpretación, que el proyecto cuya subvención europea rechazaba el Ministerio era el de la Red de Calor de la Junta de Castilla y León. El consejero portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado el jueves 28 del mismo mes que se trata en realidad de dos proyectos distintos.

Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Congreso de los Diputados acoge la presentación oficial de la Lista Roja Nacional de España, una evaluación que recoge el riesgo extinción de más 1 500 especies.

El acto, organizado por AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) con la colaboración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) - con el Comité Español de UICN y el Centro de Cooperación del Mediterráneo (UICN Med) - ha reunido a más de 80 especialistas de organismos científicos, responsables políticos y gestores de fauna para debatir los desafíos de extinción y las estrategias de conservación en cautividad y en libertad.

Esta Lista Roja Nacional ha sido elaborada por el Grupo de Especialistas de Especies de España, constituido en febrero de 2024, y representa una de las primeras iniciativas de este tipo a nivel nacional dentro de la Comisión para la Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN.

El proceso ha recibido el apoyo técnico del Comité Español de la UICN y de UICN Med, así como el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la inauguración del evento ha participado Vivek Menon, presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, reflejando el compromiso tanto del Gobierno español como de la comunidad científica internacional con la protección de la biodiversidad en España.

Especies emblemáticas de la península ibérica como la tortuga mora, la ranita de San Antón, el desmán ibérico y el angelote son de las más amenazadas para su extinción

“La Lista Roja de la UICN es la herramienta más importante que guía la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Si bien a escala global las Listas Rojas siempre han servido para determinar si una especie está amenazada o no, las evaluaciones científicas rigurosas a escala nacional son fundamentales para fundamentar políticas públicas eficaces y movilizar recursos donde más se necesitan. La Lista Roja de España es un ejemplo de cómo la ciencia puede traducirse en acciones concretas para proteger el patrimonio natural”, ha destacado Menon.

El encuentro ha reunido a las principales sociedades científicas españolas de conservación –Asociación Herpetológica Española, Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, Sociedad Ibérica de Ictiología, Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, y especialistas en tiburones, rayas y quimeras–.

Además, se han presentado proyectos de conservación ex situ e in situ de instituciones zoológicas de referencia como el Zoo de Barcelona, el Acuario de Zaragoza, el Zoo Botánico de Jerez, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el BIOPARC Acuario de Gijón, el Acuario Poema del Mar, el Parque Selwo y Loro Parque Fundación.

Riesgo de extinción, reto de conservación

Especies emblemáticas como la tortuga mora (Testudo graeca), la ranita de San Antón (Hyla molleri), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y el angelote (Squatina squatina) han constituido el eje de las presentaciones de hoy. Cada una representa un reto específico: pérdida de hábitat, contaminación, captura accidental en artes de pesca, o colisión con infraestructuras eléctricas.

Junto a los diagnósticos científicos, se han presentado ejemplos de intervención exitosa: la cría en cautividad del topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), el programa de conservación del salmón atlántico (Salmo salar) y el proyecto de conservación in situ-ex situ del oso pardo.

“La conservación de la biodiversidad es uno de los grandes retos del siglo XXI y esta Lista Roja Nacional, que AIZA ha impulsado en colaboración con IUCN, va a ser clave para preservar las especies más amenazadas de España en el futuro”, ha declarado Javier Almunia, presidente de AIZA.

Lista Roja Nacional

La Lista Roja permite identificar el riesgo de extinción de las especies. Ello ayuda a definir cuáles son las prioridades de conservación y diseñar estrategias de intervención. La Lista Roja Nacional aplica las metodologías reconocidas internacionalmente, desarrolladas por la UICN, adaptadas a la realidad ecológica y territorial de cada país evaluando especies nativas terrestres, marinas y de agua dulce, clasificándolas según su nivel de amenaza.

En España se han identificado unas 85.000 especies de animales, hongos y plantas, cifra que representa el 54 % de las especies que habitan en Europa y aproximadamente el 5 % de las especies conocidas a escala mundial. Esta elevada riqueza de biodiversidad sitúa a España como uno de los países con mayor diversidad biológica del continente.

En esta primera fase de la Lista Roja Nacional se ha incluido la evaluación de 1.580 especies de estos grupos, de las cuales 428 están clasificadas como amenazadas según los criterios de Lista Roja de UICN.

Se han identificado unas 85.000 especies de animales, hongos y plantas, el 54 % de las especies que habitan en Europa y aproximadamente el 5 % de las especies a escala mundial

“La Lista Roja debe entenderse como una herramienta dinámica de conocimiento y gestión. Continuamente se incorporan nuevas evaluaciones y se actualiza la información disponible para mejorar nuestra comprensión sobre el estado de conservación de las especies y orientar mejor las prioridades de conservación”, comenta Luis Santiago Cano-Alonso, coordinador del Grupo de Especialistas de Especies de España.

La jornada de hoy ha buscado trascender el diagnóstico para abrir el diálogo sobre cómo hacer operativa la conservación: desde la investigación básica hasta la intervención directa en poblaciones silvestres, pasando por programas de cría en cautividad que generan aprendizaje científico y mantienen depósitos genéticos.

Los proyectos presentados demuestran que las instituciones españolas cuentan con la experiencia y la determinación necesarias para revertir tendencias de extinción, pero requieren un marco político y presupuestario que respalde esos esfuerzos.

Un estudio, con participación de la Universidad de León (ULE), ha identificado los patrones y causas que explican por qué los osos pardos visitan asentamientos humanos en la Cordillera Cantábrica, un fenómeno cada vez más frecuente y que plantea retos para la convivencia entre fauna salvaje y población rural. Sobre todo teniendo en cuenta la creciente oleada, entre mediática y social, para actuar como con especies como el lobo y demonizarlas con el objetivo último de desmontar la protección de la biodiversidad en España.

El trabajo consultado por Efe, que acaba de ser publicado en la revista' Scientific Reports' y está firmado, entre otros, por el investigador de la ULE Miguel de Gabriel Hernando, analiza 73 episodios documentados entre 2009 y 2021 en Asturias, Cantabria y Castilla y León, es decir, provincias como León y Palencia sobre todo, y aporta claves para mejorar la gestión de este tipo de interacciones.

El estudio recoge que las visitas de osos a núcleos habitados no son aleatorias, sino que responden a factores ecológicos, espaciales y de disponibilidad de alimento. Los investigadores han constatado que estos episodios se producen sobre todo en verano, durante la noche o el crepúsculo, y están protagonizados principalmente por ejemplares jóvenes o subadultos.

Lo principal: la comida fácil

Uno de los hallazgos principales es el papel determinante de los recursos alimenticios de origen humano, ya que en el 86% de los casos se detectaron fuentes de comida que atraían a los animales, siendo los frutales —como cerezos, manzanos o ciruelos— el principal reclamo, presente en más de la mitad de los episodios.

“Los osos no entran en los pueblos por casualidad, sino atraídos por recursos fáciles y previsibles”, recoge el estudio, que subraya que la disponibilidad de alimento condiciona tanto el momento como la frecuencia de estas incursiones.

Además, las visitas se concentran en áreas de alta calidad de hábitat para la especie, cercanas a los núcleos reproductores y con elevada presencia de osos, lo que incrementa la probabilidad de interacción con asentamientos humanos. También se producen con mayor frecuencia en pueblos situados junto a masas forestales y en entornos montañosos y abruptos, que proporcionan cobertura y seguridad a los animales.

El análisis a escala local revela igualmente que los pueblos con mayor superficie o perímetro presentan más probabilidades de registrar visitas, al ofrecer más puntos de acceso y una mayor disponibilidad de recursos como huertos, cultivos o residuos.

Episodios puntuales pero también aprendizaje

El estudio pone de relieve que muchos de estos episodios son puntuales y responden a condiciones concretas, aunque también identifica posibles procesos de aprendizaje en algunos ejemplares, que asocian la presencia humana con la obtención de alimento.

En cuanto a la gestión, los autores advierten de que las medidas habituales para ahuyentar a los osos, como ruidos o fuegos artificiales, tienen efectos limitados y temporales si no se actúa sobre la causa principal: el acceso a comida.

Por ello, recomiendan priorizar estrategias preventivas, como la recogida de fruta, la instalación de cercas eléctricas o la protección de colmenas y ganado, antes de recurrir a medidas disuasorias. Algunas de estas medidas, como también cuidar la presencia de basura comestible, han sido implementadas por la Junta de Castilla y León, así como medidas de seguridad y pautas de actuación básicas. Entre ellas, con ayuda europea, la instalación de pastores eléctricos o contenedores antiosos. También colectivos como la Fundación Oso Pardo (FOP) lanzan mensajes tranquilizadores, ante el escaso riesgo para las personas por la presencia de los plantígrados.

“La eliminación o protección de los recursos que atraen a los osos es clave para evitar que repitan estos comportamientos”, concluye un trabajo en el que también han participado expertos de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Un vendadero conteo oficial de avistamientos urbanos

Otra de las aportaciones relevantes del estudio es la necesidad de mejorar la recopilación y estandarización de datos sobre estos incidentes, ya que no existe un sistema homogéneo entre administraciones, lo que dificulta el análisis y la aplicación de medidas eficaces.

En este sentido, abogan por coordinar protocolos, mejorar el intercambio de información y adaptar la gestión de forma continua a la evolución del comportamiento de la especie, en un contexto de recuperación de la población de oso pardo en la Cordillera Cantábrica.

Los autores consideran que comprender mejor estos patrones permitirá anticipar conflictos y favorecer una convivencia más equilibrada entre humanos y grandes carnívoros, en un escenario donde ambos comparten cada vez más el territorio.

El proyecto berciano Souto Vivo, desarrollado por la Asociación de Desarrollo Rural Bierzo-Cabrera, ha sido elegido por el Gobierno de España para formar parte de la nueva campaña institucional sobre la Agenda 2030, una iniciativa estatal que busca poner rostro a experiencias reales de transformación social y ambiental desde el territorio.

La propuesta, centrada en la recuperación de los tradicionales soutos de castaños como herramienta de desarrollo rural sostenible, aparece integrada en la campaña “Horizonte 2030: Un país que se construye desde el bien común”, difundida en televisión, prensa y redes sociales a nivel nacional. Incorpora también una dimensión social vinculada al empleo femenino y la economía circular, dos de los aspectos que el Ministerio ha querido destacar dentro de la campaña institucional.

La selección sitúa al Bierzo y la Cabrera como referencia dentro de las políticas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), después de que Souto Vivo fuese escogido entre centenares de iniciativas presentadas desde distintos puntos del país.

El proyecto combina recuperación ambiental, conservación del paisaje y dinamización económica, utilizando los soutos tradicionales no solo como patrimonio natural, sino también como recurso capaz de generar empleo, fijar población y crear nuevas oportunidades en el medio rural.

Desde la ADR Bierzo-Cabrera consideran que este reconocimiento nacional supone un respaldo al trabajo desarrollado en ambas comarcas y al modelo impulsado desde el territorio. La entidad defiende, en nota de prensa, que la experiencia puede servir además como proyecto piloto exportable a otras zonas afectadas por la despoblación o el abandono rural.

La imagen promocional elegida muestra precisamente a varias trabajadoras del proyecto realizando labores en el entorno natural, una fotografía con la que se pretende simbolizar el papel del medio rural en la construcción de un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible.

La iniciativa está financiada por la Dirección General de Agenda 2030 y se ha consolidado en los últimos años como uno de los programas más relevantes impulsados por la ADR Bierzo-Cabrera en materia de biodiversidad, conservación ambiental y revitalización económica del territorio.

La importancia de los días del calendario depende del significado que damos a los acontecimientos. Siguiendo tal premisa, llegamos a la conclusión de que una fecha es relevante –o deja de serlo– según veamos la vida en un momento o período determinado.

Y es que todo cambia, también los significados –¡Y cuánto!–. En consecuencia, lo que ayer representaba un acontecimiento extraordinario, mañana puede llegar a convertirse en olvido.

Ramón de Campoamor dejó escrito estos versos en su poema Las dos linternas:

‘Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / ‘todo es según el color / del cristal con que se mira’.

Así, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de nuestro universo de valores, suele ser la importancia que damos a los días del calendario: tornadiza, como la vida misma. 

No obstante, insisto en considerar que no es casual que esta o aquella data nos resulte intersante, lo cual me da pie para detenerme a reflexionar sobre la fecha de hoy.

Atendiendo a la relevancia personal del veinte de mayo, en él convergen dos significativas pérdidas, la de un familiar allegado y la de una amiga entrañable (esta última, por extraña coincidencia, celebraba, también, su cumpleaños este día). Luego, continuando a hurgar en la lista de mis conmemoraciones personales, por baladí que parezca, un veinte de mayo nació nuestra gata de casa, hecho insustancial para la generalidad de los seres humanos, lo sé, pero así somos de impertinentes los dueños de mascotas… 

Independencia de Cuba

Después, si hablamos de Historia, el veinte de mayo de mil novescientos dos, tras cuatro siglos de colonialismo español, tres décadas de guerra y tres años de ocupación militar norteamericana, fue instaurada la República en Cuba, asumiendo el gobierno el primer presidente, don Tomás Estrada Palma. Vale decir que, a pesar de la connotación histórica del acontecimiento, esta fecha fue declarada ‘ignominiosa’ cuando los barbudos de Fidel Castro irrumpieron en la palestra nacional empuñando el cetro de ‘paladines de la libertad’ y ‘profetas de una nueva era’. Así, en la isla caribeña, a inicios de la década de los sesenta, las conmemoraciones nacionales e internacionales –¡También ellas!– comenzaron a sufrir un proceso de depuración, razón por la que el veinte de mayo, otrora fecha gloriosa, pasó a convertirse en vergüenza y símbolo de todos los males traídos por el neocolonialismo yanqui y la ‘rancia burguesía de antaño’.

Y ahora me subo a lomos del recuerdo, caballo veloz en la pradera del tiempo que no se detiene a pastar ni siquiera un instante. Confieso que me encanta estirar ese ‘chicle mental’ que es la memoria, para regresar, cuantas veces quiera, a mi tierra de origen (Cuba) y a mi ciudad natal (Matanzas), donde (al menos en los años en los que allí viví, desde mi nacimiento hasta mis dieciocho primaveras) había una calle llamada ‘Veinte de Mayo’. Dada la poca simpatía que ‘los adalides de la nueva era’ sentían por la –por ellos mismos– desacreditada efemérides, es posible que tal nominativo, a día de hoy, haya sido sustituido por otro, si bien se cuenta que la calle matancera a la que hago referencia no había recibido tal nombre en consideración al Día de la República, sino en honor a un tal Ricardo Linares, quien era propietario de un famoso almacén de porcelana ubicado en calle Independencia. Se refiere que el famoso comerciante, en abril de mil novescientos treinta y cinco, había sido designado Cónsul de Santo Domingo en Matanzas (para más detalles, véase Ricardo Linares y la tienda el Veinte de Mayo), razón suficiente para que la calle Independencia cambiara su nombre por el del negocio del diplomático.

Y también... día de las abejas

Lo que nunca podía haber imaginado es que el veinte de mayo estaría destinado a celebrar el Día Mundial de las Abejas. Bajo el lema ‘Inspiradas por la naturaleza para nutrirnos a todos’, la ONU estableció tal celebración en homenaje a Anton Janša, pionero esloveno de la apicultura moderna, nacido un veinte de mayo de mil setecientos treinta y cuatro. ¿Qué decir, pues, de esas arquitectas naturales, fabricantes de cera y miel, elegidas por Deméter para adornar su trono y por los sacerdotes de Tutankamón para embalsamar, con sus propóleos, el cuerpo del faraón? Podríamos transitar por los panteones de las grandes mitologías y allí encontrarlas cual criaturas sagradas, mensajeras entre el mundo de los vivos y de los muertos (la simbología en torno a las abejas es muy amplia).

En resumen, el veinte de mayo es una fecha a la que tantos significados damos, hemos dado y podemos seguir dando. Sucedería igual si escogiéramos otro día cualquiera: saltaría ante nosotros un montón de razones para encerrarlo entre paréntesis y declararlo glorioso.

¿Será que necesitamos conmemorar fechas para estar en paz con la historia de la humanidad y con nosotros mismos?

Bonita pregunta esta.

Ajena a protestas vecinales, al margen de denuncias ambientales y a recursos judiciales en marcha, la Junta de Castilla y León ha dado el paso definitivo para la ejecución del complejo de plantas energéticas de incineración y solares en el sur de la ciudad de León, bajo el nombre de Red de Calor.

Lo ha hecho sacando a licitación pública los dos primeros y más cuantiosos contratos, por un valor inicial conjunto de casi 62 millones de euros, y con plazos de ejecución de dos años, 24 meses, cada uno de ellos, a contar desde que se hayan elegido las empresas que se contratarán por parte de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que depende de la Consejería de Medio Ambiente. La ingente cantidad de dinero de lo que será de largo la mayor inversión de la Junta en la ciudad y la provincia provendrá en gran medida de fondos europeos destinados al plan de Transición Justa, es decir, fondos mineros en principio para la compensación por el cierre de la minería del carbón en la provincia.

El primero de los contratos, el mayor, será el del corazón mismo del proyecto, la macroplanta de incineración de biomasa de origen vegetal, un complejo de dos inmensas calderas que tendrán capacidad para convertir en energía calorífica hasta 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. La Consejería destaca su beneficio con una cifra: que permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ al año.

Su coste de salida dado hoy a conocer es de 41.722.860 euros. Se ha elegido la parcela cedida por el Ayuntamiento de León, no sin polémica aún, y en total ocupará un complejo de 24 hectáreas junto al río Bernesga, lindando con el cementerio de León y la Ronda Sur LE-30, en el barrio de Puente Castro. En esta primera fase, explica hoy la Junta en un comunicado, se instalarán dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, es decir, sumando una potencia total de 44 Mw, si bien se ha diseñado una segunda fase posterior que duplicará esto hasta alcanzar los 88 Mw.

“La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa”, remarcan en una suerte de beneficio circular. Un beneficio que culminan con cifras como que ese corazón de calor suministrará calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas de la ciudad y 150 edificios públicos y privados de la ciudad, y que si las comunidades previstas se 'enganchan', insiste Medio Ambiente, supondrá el fin de más de 1.200 calderas y chimeneas que hoy son de gas o gasóleo.

Los tuberías por los barrios, las calles concretas

Ahí entra el segundo contrato millonario: la primera fase de la red de tuberías subterráneas que han de llevar ese calor por buena parte de la ciudad, casi hasta las puertas del centro mismo pero de momento sin entrar en él. Ese segundo contrato suma otros 20.204.119 euros de licitación, igualmente dos años de obras para prácticamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y de retorno del calor. La red anunciada en su día sumaba unos 65 kilómetros en total, pero serán fruto de fases posteriores de extensión por la capital. De momento se centrarán sólo en barrios como La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana, Polígono 10, El Ejido, La Granja y La Lastra que junto al propio Puente Castro son los que abanderan la protesta social creciente contra este proyecto.

En detalle, tras sortear el río Torío con la construcción de una nueva pasarela que lleve las condiciones, la red provincial de tuberías irá por zonas como el Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo (El Corte Inglés), Santa Ana, Pendón de Baeza o la Avenida Real.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Mucho retraso y posición en contra

Todo este impulso llega ya con muchísimo retraso y además con una amplia contestación, que ha crecido en las últimas fechas. Respecto a lo primero, hay que recordar que esta Red de Calor fue anunciada tras el verano de 2022 por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, firme defensor del proyecto, comprometiendo su funcionamiento para 2025. es decir, hace un año ya. En el mejor escenario actual posible sólo podrá comenzar a cumplirse con al menos tres años de retraso.

Respecto a las posiciones en contra, continúan creciendo las convocatorias vecinales de protesta, muy especialmente de los barrios de La Lastra y Puente Castro, que insisten en la posible contaminación atmosférica del sistema, ruidos o tránsitos brutales de camiones, entre otros muchos problemas. Idénticos a los que esgrimieron vecinos de varios intentos en el norte de la ciudad hace años, como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, cuyas protestas por proyectos mucho más pequeños que el actual consiguieron tumbar sendas plantas de incineración.

Además, está la ofensiva de Ecologistas en Acción, con varios frentes judiciales abiertos, desde la autoconcesión de Proyecto Regional de la propia Junta a las dudas de legalidad de la cesión de los terrenos protegidos sobre los que irá el complejo que, recuerda, también incluirá una planta de nitrógeno verde y multitud de hectáreas de una planta de placas solares. También han denunciado ante el Seprona actuales trabajos preparatorios en el Soto de Santa Olaja.

El pasado verano sufrimos en el Bierzo una catástrofe medioambiental, humana y económica. Los terribles incendios que asolaron nuestra comarca durante cinco semanas nos hicieron vivir momentos de angustia extrema, de peligro real para personas y bienes que en varios casos acabó en tragedia: pérdida de vidas humanas, viviendas quemadas y nuestros montes calcinados. Los incendios de cuarta generación (generados por condiciones de sequía de larga duración, altísimas temperaturas y combustible continuo en los bosques) son una realidad ya en El Bierzo, como se venía avisando por especialistas desde hace varios años. 

Hay algunas dudas pero también hay muchas certezas, quizás la más importante es que se ha de gestionar el paisaje, creando una especie de mosaico que genere espacios de control para esos fuegos. Y eso exige una ingente labor de prevención en nuestros bosques y de cambios en nuestros hábitos de vida. Hace un año se comprometieron todos los esfuerzos personales y económicos para hacer frente a esta lacra. Casi un año más tarde no estamos mucho mejor.

Hoy, 18 de mayo de 2026, no están trabajando las cinco brigadas forestales que en el Bierzo han de realizar tratamientos selvícolas de prevención además de hacer frente a los incendios cuando se producen. Este dato, que es absolutamente cierto, es la prueba irrefutable de que no hemos estado a la altura. Las brigadas deberían llevar ya varios meses en nuestros bosques centradas en tratamientos de prevención. Para que eso ocurra, se debería haber avanzado en la previa redacción de los proyectos de esos trabajos y en la contratación de las brigadas.

La apuesta por la condición pública del operativo, que es la idónea, aplicada en una sola temporada está generando problemas evidentes, principalmente en la contratación del personal necesario por parte de TRAGSA. A ello se suma que no hay un relevo generacional en puestos claves del operativo de prevención y extinción como los conductores-operadores que manejan los bulldozer. ¿Quién va a manejar la maquinaria que adquiera la Diputación si no hay especialistas disponibles para ello?. En ese sentido, me ha llamado la atención el convenio firmado por la Diputación Provincial de Zamora con Somacyl, que podría hacerse también con TRAGSA, para el desbroce de la interfaz urbano-forestal.

Las brigadas Montel hacen un trabajo muy bueno pero debería duplicarse su presupuesto para poder realizar las franjas perimetrales que se necesitan y no una pequeña parte. En el Bierzo, hay 286 pedanías. ¿De verdad creen que con 16 operarios y operarias trabajando ocho meses se va a poder hacer una franja de protección en la interfaz urbano-forestal de todos nuestro pueblos?

La adquisición de nuevos medios aéreos que se incorporen al operativo significan una mejora en el operativo de extinción y se ha de agradecer, pero llegamos tarde al operativo de prevención. Invertir en prevención siempre es un ahorro si se tienen en cuenta los costes que generan los megaincendios. Y no es cuestión de hacer de ésto un enfrentamiento entre administraciones. Siempre podemos hacer más de lo que hacemos. Quienes menos recursos tienen, que son la inmensa mayoría de nuestros ayuntamientos, han de sentir el apoyo decidido de las administraciones superiores. El mecanismo de las BRIF se debería replicar en todas las comunidades autónomas. Llevará unos años estar a la altura de la profesionalidad de esas brigadas estatales pero si no empezamos ese trabajo, no llegaremos nunca.

Llegamos tarde a la prevención; pero que no nos pase que lleguemos tarde también a la extinción. Según el INFOCAL, la fecha de inicio de la época de peligro alto de incendios es el 12 de junio. Sería completamente imperdonable que ese día no tuviéramos el operativo activo.

Pongámonos todos a trabajar, a trabajar más. ¡¡¡Vamos muy tarde!!!

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil de León la ejecución de obras vinculadas al proyecto de la macroplanta de incineración de biomasa y el resto de la llamada la Red de Calor de León al considerar que se están realizando “sin licitación ni adjudicación” previa.

La organización ecologista ha solicitado además al alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que dicte un decreto de paralización cautelar de los trabajos que está ejecutando la denominada “UTE Red de Calor” en la zona del barrio Puente Castro, junto al cementerio municipal, emplazamiento anunciado para esta macroinstalación energética.

La denuncia se dirige contra los responsables de la UTE, por unas actuaciones consistentes en movimientos de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga, en el Soto de Santa Olaja, así como desbroces en el cauce y la zona de policía del río Torío. 'Ecologistas' sostiene que, aunque la Junta de Gobierno Local concedió licencia de obras el pasado 8 de mayo, el proyecto “aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de Calor”. Algo que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, máximo responsable político de Somacyl, anunció que podría producirse este lunes 18 de mayo. Para la organización, estas declaraciones evidencian que los trabajos actualmente en marcha carecerían todavía de cobertura administrativa suficiente porque, ni habiéndose siquiera licitado el contrato, según los carteles, la UTE ya está formada por las empresas Comsa, Inmeva y Hergonza.

Los trabajos denunciados afectan a terrenos protegidos urbanísticamente por el Plan General de Ordenación Urbana de León, clasificados originalmente como suelo rústico con protección natural y especial. Ecologistas en Acción señala que dichos terrenos pasaron a ser urbanos consolidados tras la aprobación como Proyecto Regional del complejo industrial de la Red de Calor, una decisión publicada en el Bocyl el 18 de julio de 2025 y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León mediante un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de resolución.

La organización también cuestiona la existencia de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para los desbroces realizados en la ribera del Torio y los trabajos en las zonas de policía de los ríos Torio y Bernesga. Asimismo, asegura no tener constancia de que el organismo de cuenca haya autorizado el vallado instalado en el entorno, que limita el tránsito de peatones y vehículos por un camino frecuentado por vecinos de La Lastra y Puente Castro.

En su denuncia, Ecologistas considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, al afectar a terrenos previamente protegidos y a espacios vinculados al dominio público hidráulico.

¿Hay informe de viabilidad económico-financiera?

Paralelamente, la organización ha registrado un escrito dirigido al alcalde, y remitido cartas a todos los grupos municipales, para reclamar que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que, según sostienen, debía justificar la concesión de la licencia de obras para la central de biomasa y los primeros kilómetros de la red de tuberías.

Ecologistas en Acción afirma que dicho estudio es “vinculante y obligatorio” antes de proceder a la licitación de las obras, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Entre las cuestiones que consideran sin aclarar figuran las previsiones de demanda, las tarifas y costes de enganche para los usuarios, la financiación del proyecto, los costes de explotación o el origen de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera que podría consumir la planta funcionando a pleno rendimiento.

También aseguran desconocer el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de tuberías de la red, cuyo proyecto, indican, “no se ha sometido a información pública”. A ello suman la ausencia, según denuncian, de un análisis de riesgos sobre el impacto económico que podría tener la iniciativa en las cuentas municipales.

La organización ecologista concluye calificando el proyecto de “contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa” y anuncia su apoyo a la concentración convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro contra la red de calor.

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un folleto desplegable de la serie denominada ‘Paseos botánicos’, a modo de guía divulgativa inspirada en el Fascination of Plants Day que, en esta ocasión, invita a descubrir la flora del Campus de Vegazana. Su objetivo es visibilizar la importancia de las plantas y combatir la ‘ceguera vegetal’, nombre con el que se designa a esa tendencia tan extendida de ignorar la vegetación cercana. El precio es de 2 euros y se puede adquirir pinchando aquí.

El folleto ha sido elaborado por el Área de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE, y los autores son: Raquel Alonso-Redondo, Sara del Río González, Ángel Penas Merino, Norma Yolanda Ochoa-Ramos, Alejandro González-Pérez, Giovanni Breogán Ferreiro-Lera, Aitor Álvarez-Santacoloma y María Hernández-Gordón

Se incluye una ruta con 36 especies de flora vascular, cada una acompañada de ilustración y una breve ficha con características morfológicas, floración, usos y curiosidades. Con formato desplegable y práctico, convierte un paseo cotidiano en una experiencia de aprendizaje, acercando la botánica al público general de forma amena y accesible.

Es un momento para la historia de la biodiversidad en España: El lince ibérico ha vuelto a reproducirse en libertad en el norte de España. El Cerrato palentino ha registrado el nacimiento de cinco cachorros repartidos en dos camadas diferentes, un hito ambiental que llega apenas un año después del inicio del proyecto de reintroducción de la especie en Castilla y León y que supone la primera reproducción confirmada del felino en libertad en la mitad norte peninsular desde su desaparición. Y de eso hace muchas décadas.

Las protagonistas son Virgo y Valeriana, dos hembras liberadas durante 2025 dentro del programa de la Junta de Castilla y León. La primera ha tenido tres crías junto al macho Villano, mientras que la segunda ha dado a luz a dos cachorros tras emparejarse con Vendaval. El seguimiento mediante telemetría ha permitido confirmar que ambos partos se produjeron entre finales de marzo y comienzos de abril, por lo que las crías rondan ya el mes y medio de vida. Hay imágenes que lo atestiguan.

El nacimiento de estas camadas supone un gran espaldarazo para un proyecto que arrancó oficialmente en febrero de 2025 con la llegada de Virgo, el primer lince liberado en el Cerrato palentino. Procedente del centro de cría de El Acebuche, en Doñana, la hembra fue soltada el 17 de febrero del pasado año como punta de lanza de una iniciativa que pretendía recuperar una especie extinguida históricamente en este territorio.

Valeriana, por su parte, llegó desde el centro portugués de Silves y fue liberada el 29 de abril de 2025. Su reproducción con el macho Vendaval, a su vez trasladado desde Castilla-La Mancha, sirvió además para poner a prueba el protocolo nacional de traslocaciones diseñado para reforzar las nuevas áreas de asentamiento del lince ibérico.

El proyecto del Cerrato no ha estado exento de dificultades. Durante el pasado año fueron liberados nueve ejemplares, de los cuales cuatro murieron atropellados o ahogados, un balance que obligó a intensificar las medidas preventivas y a reforzar la vigilancia sobre infraestructuras y puntos de riesgo. Pese a ello, la Junta considera que los nacimientos demuestran la capacidad del territorio para albergar poblaciones reproductoras estables de la especie.

Más de dos millones de inversión

La administración autonómica destaca que detrás de estos resultados hay un amplio trabajo técnico desarrollado durante los últimos meses, desde la selección del área de reintroducción hasta actuaciones de mejora del hábitat y la instalación de infraestructuras específicas para la cuarentena y adaptación de los animales liberados. La inversión acumulada supera los dos millones de euros.

En paralelo, el programa continuará ampliándose. La Junta ha confirmado además la reciente liberación de dos nuevos linces ibéricos en el Cerrato palentino, en febrero de este mismo año, dentro de una estrategia que busca consolidar una población reproductora viable en la comarca. A ello se sumará un programa de educación ambiental que comenzará el próximo curso escolar y recorrerá colegios del Cerrato y zonas vecinas.

La recuperación del lince ibérico en Castilla y León se ha convertido además en un proyecto coral en el que participan técnicos y veterinarios de la Junta, la Fundación Patrimonio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, agentes medioambientales y la Fundación CBD-Hábitat, junto con propietarios de fincas, cazadores, ayuntamientos y vecinos de la comarca. La administración autonómica ha querido agradecer expresamente la colaboración social y la observación “responsable” de los ejemplares por parte de fotógrafos y naturalistas. Y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer personalmente las primeras imágenes en su perfil de la red social X.

El sindicato UGT alerta de que las provincias de Castilla y León no están, como la Junta prometió, mejor preparadas de cara al verano, en el que podrían reproducirse condiciones trágicas como las sufridas el pasado año en provincias como León.

Este miércoles, el secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Ureña, ha augurado un verano “catastrófico” en materia de incendios, ante una Junta de Castilla y León que, tras la situación vivida el año pasado en materia forestal, “no hace nada”. En rueda de prensa, ha explicado la situación actual del dispositivo autonómico de extinción de incendios forestales, junto a Enrique Sánchez, bombero, delegado de UGT SP Ávila; Francisco Javier García, responsable Federal de los Bomberos Forestales UGT SP Castilla y León; y Beatriz Llorente, secretaria general UGT SP Ávila.

Todos ellos han coincidido en señalar que el dispositivo actual se mantiene en los mismos parámetros del verano pasado, al tiempo que han denunciado el hecho de que el Gobierno autonómico sea el único que está incumpliendo la normativa estatal para reconocer la categoría profesional de los bomberos forestales, a pesar de sus reiteradas promesas cuando aún ardían los peores siniestros.

“Todas las comunidades están haciendo los deberes, de mejor o peor manera”, ha señalado García, antes de lamentar que Castilla y León sea, en este sentido, “el paradigma del no cumplimiento” de la Ley Básica de Bomberos Forestales.

En este contexto, ha pedido que el nuevo Gobierno autonómico “se ponga las pilas”, teniendo en cuenta que este verano puede ser “terrible” en materia de incendios forestales, ya que a su juicio, la comunidad está “igual o peor que en 2025”.

Ayer mismo, en Zamora, el propio Arenas denunciaba que el 30% de los puestos de trabajo del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León está sin cubrir a día de hoy y hay menos personal que hace un año, el peor de la historia de todas las provincias de la Comunidad. Por no haber, denuncian que ni siquiera se han ampliado las plantillas en virtud del acuerdo alcanzado en 2022 a través de la Mesa del Diálogo Social para apostar por un operativo público.

“Estamos dependiendo de que la naturaleza no provoque un incendio, porque irán -a sofocarlo- los mismos -medios- que hace cuatro años”, ha sostenido Tomás Pérez, después de recordar que durante el pasado invierno se han contabilizado en el conjunto de la Comunidad medio millar de incendios.