Tres especies únicas de lagartijas en Castilla y León están al borde de desaparecer como consecuencia de los “megaincendios” que han arrasado sus hábitats en los últimos años. Un estudio de investigadores de las universidades de Salamanca y A Coruña advierte de que los grandes fuegos registrados entre 2021 y 2025 han destruido o dañado gravemente los espacios en los que viven, poniendo en riesgo su supervivencia.

Las especies afectadas son la lagartija leonesa (Iberolacerta galani), la lagartija batueca (Iberolacerta martinezricai) y la lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni), tres reptiles con una distribución muy limitada y adaptados a ecosistemas de alta montaña especialmente frágiles. Su hábitat se localiza en zonas como la Sierra de Francia, Gredos, la Sierra de Béjar o los Montes Galaico-Leoneses.

El impacto de los incendios ha sido especialmente intenso en los últimos años. Solo en el verano de 2025, los denominados megaincendios, de más de 1.000 hectáreas, arrasaron más de 55.000 hectáreas en áreas clave para la lagartija leonesa, afectando de forma simultánea a buena parte de sus poblaciones, como ya apuntamos en ILEÓN en un artículo publicado el pasado mes de febrero.

Pero más allá de la magnitud, el problema es la repetición. En algunos territorios se han registrado hasta diez incendios en poco más de dos décadas, una frecuencia que impide la recuperación natural de la vegetación y del suelo. Estas lagartijas dependen de microhábitats muy concretos, con roquedos, matorral y refugios que desaparecen tras el fuego y tardan años en regenerarse.

La situación es especialmente crítica para la lagartija batueca, que solo vive en la Sierra de Francia, donde un incendio en 2022 arrasó cerca de una cuarta parte de su hábitat óptimo. También para una población aislada de lagartija carpetana en Ávila, que perdió el 100% de su territorio en un único incendio en 2021.

El estudio subraya que la alta montaña mediterránea se recupera mucho más lentamente que otros ecosistemas, por lo que la repetición de incendios en periodos cortos hace prácticamente inviable la recuperación. Además, el fuego no solo provoca mortalidad directa, sino que transforma el paisaje, reduce la disponibilidad de alimento y favorece la expansión de especies más generalistas.

Paradójicamente, todas las zonas afectadas forman parte de la red Natura 2000 y están catalogadas como hábitats de interés comunitario. Por ello, el informe reclama una respuesta urgente de las administraciones, con planes de conservación específicos, una mejora de la prevención en alta montaña y la protección de las áreas no quemadas que puedan servir de base para la recuperación.

Los autores advierten de que, si no se cambia el modelo de gestión del fuego y no se refuerza la protección de estos ecosistemas, estas tres especies, y con ellas una parte única de la biodiversidad de Castilla y León, podrían desaparecer en pocas décadas.

Hay chapuzas que salen tan caras que casi cuesta tanto la solución como el proyecto original mal diseñado. Eso es algo que podría decirse de la muy retrasada implantación del quinto contenedor en la capital leonesa, el contenedor marrón destinado a biorresiduos, a pesar de que es por Ley obligatorio desde hace dos años y medio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León celebrada hoy anunció el impulso a un contrato para buscar a una empresa que suministre e instale cerraduras inteligentes destinadas a los contenedores de biorresiduos, la quinta fracción. Ese contrato tendrá un presupuesto base de licitación de 911.809,66 euros, no muy lejos del millón de euros, para un plazo de ejecución de cuatro años.

Llama mucho la atención que la cuantía no se aleja en exceso de la inversión que el mismo Ayuntamiento ya realizó en 2024 para la compra de los contenedores marrones en sí mismos, un total de 750, y cuyo coste exacto fue de 1.062.985 euros. Sin embargo, ese 'ejército' de contenedores no sirve para nada tal y como se adquirieron, precisamente porque carecen del sistema tecnológico que es obligatorio en estos nuevos depósitos de basura que se pueda pudrir y convertir en abono y compost. Por ese motivo, llevan muchos meses almacenados sin uso en instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha.

Para desbloquear esta situación es para lo que ahora, por segunda vez, el Consistorio tendrá que hacer frente no sólo a nuevos retrasos -que conllevan una multa económica por la no implantación del nuevo contenedor- sino a una nueva inversión casi millonaria. En una nota de prensa donde no se detalla esta situación, el equipo de Gobierno explica que el nuevo contrato correrá al 90% a cargo de fondos europeos Next Generation y el Consistorio afrontará de fondos propios el dinero restante.

Cuando una empresa privada se alce con el concurso alimentado con dinero público, tendrá que suministrar e instalar las nuevas cerraduras que han de permitir abrir el contenedor de forma sencilla mediante tarjetas de proximidad o bien a través de una aplicación móvil. Con este sistema se permitirá al usuario que así lo desee y también al Ayuntamiento tener un registro del uso que hace de este Servicio en un contenedor donde sólo podrán depositarse elementos como fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas.

El equipo de Gobierno explica que el contrato también incluye la obligación a la empresa adjudicataria de suministrar las tarjetas para los vecinos, grabadores y “un software avanzado que permitirá al Ayuntamiento de León monitorizar el uso del contenedor marrón y optimizar las rutas de recogida”. Hay que recordar que hasta ahora la totalidad del servicio municipal de limpieza es totalmente público y de gestión municipal, al contrario que otros muchos como obras, jardines o autobuses urbanos, que están externalizados.

Y otros 1,6 millones más a mayores a 'la Junta B'

Además, no es el único coste que tendrá la implantación obligatoria del contenedor marrón. A finales del año pasado el Ayuntamiento aprobar otros 1.634.449,51 euros para la construcción de una nueva instalación destinada al pretratamiento de la fracción de materia orgánica, encangándole este proyecto a la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la conocida y criticada como 'la Junta B', dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Nuevamente el coste se sufragará con Fondos Europeos Next Generation-EU, casi un millón de euros, pero los restantes 612.429 euros saldrán de las arcas públicas municpales, dinero proveniente sobrantes del presupuesto no ejecutado del año pasado.

Reposición de contenedores en el Crucero

Por otro lado, también hoy se dio a conocer en el comunicado, de manera más destacada que este jugoso contrato, el inicio de la instalación de los nuevos contenedores de fracción resto, envases y papel en el barrio del Crucero, sustituyendo a los que se encuentran actualmente en un mayor estado de deterioro. Parte de los que se colocarán son una parte de los recientemente adquiridos por el Consistorio con una inversión cercana al millón de euros, un contrato a mayores.

En esta primera remesa de sustitución de contenedores son 190 los que se instalarán para fracción resto, otros 70 para papel y otros tanto para envases. En total son 330 contenedores que se repartirán en las zonas del Paseo de Salamanca, plaza del Huevo, entorno de la iglesia de La Vega, Carlos Pinilla y calles adyacentes o San Ignacio de Loyola y bocacalles, entre otras.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

Reolum ha adquirido una nave industrial en el polígono El Crispín, en La Robla, que transformará en su nuevo centro de innovación y oficinas técnicas, en una operación valorada en 12 millones de euros y vinculada directamente al desarrollo de su macroproyecto energético en la zona.

La instalación, con una superficie total de 49.750 metros cuadrados, contará con cerca de 3.000 metros destinados a oficinas y albergará un laboratorio, un taller de ensayos, espacio de almacenamiento y áreas de premontaje. El objetivo de la compañía es centralizar en este enclave parte de su capacidad técnica y avanzar en el desarrollo de combustibles sintéticos verdes.

La nave jugará además un papel clave durante la fase de construcción de ‘La Robla Green’, el proyecto energético impulsado por la compañía en los terrenos de la antigua central térmica, al servir como base para el personal técnico encargado de supervisar las obras y como espacio logístico para el almacenamiento de equipos y el premontaje de instalaciones.

Una vez en funcionamiento, el complejo dará soporte tanto a la planta de La Robla como al proyecto previsto en Villadangos, actuando como centro administrativo, taller técnico, laboratorio de pruebas y almacén de repuestos.

La adquisición se enmarca en la hoja de ruta industrial de la empresa, que busca reforzar su capacidad de innovación en un momento clave para el desarrollo de sus proyectos. El consejero delegado y cofundador de Reolum, Yann Dumont, señala que estas instalaciones permitirán “desarrollar, testar y optimizar soluciones en el ámbito de los combustibles sintéticos verdes”, además de integrar talento local y mejorar la eficiencia y coordinación de las plantas.

El movimiento supone un nuevo avance en el despliegue de ‘La Robla Green’, una de las mayores inversiones privadas previstas en la provincia de León, con un presupuesto de 850 millones de euros. El proyecto contempla una planta de biomasa de 50 megavatios eléctricos, sistemas de captura de CO₂, producción de hidrógeno verde y una instalación de e-metanol con capacidad de hasta 140.000 toneladas anuales.

La Junta de Castilla y León ha declarado de utilidad pública la planta fotovoltaica ‘Soleyada I’, proyectada en el municipio leonés de Villamañán y promovida por la empresa asturiana Soleyada Energía Solar SL, lo que abre la puerta a la expropiación de terrenos necesarios para su ejecución en los casos en los que no se han alcanzado acuerdos.

Según la resolución publicada este miércoles 15 de abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el promotor ha logrado cerrar acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, tanto en número como en superficie, un requisito clave para avanzar en la tramitación. Sin embargo, el resto de titulares de parcelas, que no firmaron o lo hicieron de forma parcial, podrá verse ahora afectado por procedimientos de expropiación.

El expediente administrativo señala que durante el periodo de información pública, desarrollado entre finales de 2025 y comienzos de 2026, no se presentaron alegaciones por parte de los afectados.

La declaración de utilidad pública, firmada el pasado 7 de abril por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, implica la necesidad de ocupación de los bienes y derechos incluidos en un anexo con varias parcelas del término municipal, que suman varios miles de metros cuadrados.

El proyecto cuenta con autorización administrativa previa y de construcción desde junio de 2022, tras haber iniciado su tramitación en 2021 como uno de los varios parques solares planteados en la zona sur de la provincia de León.

Desde el punto de vista técnico, ‘Soleyada I’ contempla la instalación de 14.616 módulos fotovoltaicos sobre una superficie de entre 14 y 17 hectáreas, con una potencia prevista de 6 megavatios y una inversión estimada de 3,5 millones de euros. La iniciativa incluye también su infraestructura de evacuación, en parte soterrada.

Además, ya había obtenido en mayo de 2022 una declaración de impacto ambiental favorable, en la que la administración autonómica concluía que no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, dentro de un conjunto de tres plantas solares previstas entre Villamañán y La Bañeza que suman más de 63 hectáreas.

Con esta resolución, el proyecto encara la fase final antes de su ejecución material, al quedar habilitada legalmente la ocupación de terrenos en caso de no existir acuerdo con todos los propietarios. No obstante, la decisión no pone fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación ante el Director General de Energía y Minas, en la sede de la Junta en la avenida Reyes Leoneses, 11, en León.

Le llamaron contenedor marrón, para la gestión de la llamada quinta fracción, es decir, para acoger toda la basura orgánica de viviendas y empresas y convertir todos los residuos que se pueden pudrir en abono y compost, y está haciendo honor a su denominación: es un auténtico 'marrón' en manos de las administraciones locales de la provincia de León.

Desde el 1 de enero de 2024 se acabó en España el último plazo legal para cumplir con el pleno funcionamiento de este nuevo sistema, con la implantación en las calles y la gestión completa del quinto contenedor, más sofisticado que el resto. Es decir, hace ya más de dos años que los ayuntamientos y diputaciones se enfrentan a sanciones cuantiosas, de hasta casi 100 euros por tonelada de basura normal generada que acaba acumulada sin separar ni reciclar.

Las calles de cualquier rincón de la provincia son todavía muy ajenos a esta importante novedad con la llegada de un contenedor, mucho más moderno, que debe tener un acceso individual a través de un sistema de tarjetas. Dentro tan sólo se admiten restos de productos 'pudribles', es decir, fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas, las cuales hay que recordar que no van al contenedor azul. España calcula que como media cada ciudadano genera al año una media de 417 kilos de este tipo de residuos domésticos urbanos.

Son muchos los años oyendo hablar de la obligación que se avecinaba con la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de 2022, y muy pocos los esfuerzos municipales por cumplir con una imposición que proviene de Europa y que, de hecho, la Comisión Europea, ha financiado, pagando contenedores y campañas de sensibilización. Con estos fondos y los estatales, los principales ayuntamientos en el mejor de los casos han adquirido los contenedores y poco más.

Así ocurre en León capital: los 750 primeros contenedores marrones, cuyo coste ascendió a 815.000 euros, se encuentran almacenados desde hace más de tres meses en la finca del servicio municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha. El retraso es tal, incluso con amenazas de sanción ya del extinto consorcio provincial de residuos Gersul pilotado por la Diputación, que el Consistorio espera ahora que sea la Junta la que saque las castañas del fuego.

Una vez más, la 'Junta B' al rescate

A finales de año se anunció que a través de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que preside el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se invertirían 1,6 millones  -de fondos Next Generatios europeos nuevamente- para construir en la capital una nueva instalación para hacer acopio seguro de todas las basuras orgánicas que se habrán de recoger cuando, aún sin fecha, los contenedores de la quinta fracción sean una realidad que los vecinos puedan utilizar.

Al lado de León, Villaquilambre parece haber avanzado algo más, muy despacio. El Consistorio compromete que antes del verano se colocarán los nuevos 150 contenedores marrones con cerradura electrónica, instalados en las rutas de cogida bilateral, fundamentalmente en los pueblos de Navatejera y Villobispo. La tarjeta electrónica implantada por seguridad y salubridad para el acceso vecinal ya se puede solicitar a través de la web municipal y algunos espacios informativos instalados. La inversión global, incluyendo buzoneo de miles de folletos y acciones escolares de concienciación, supone un desembolso de 750.000 euros, 186.000 de ellos con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

San Andrés, siempre a la cola

San Andrés del Rabanedo aún está en mantillas. Recientes todavía los muchos problemas para realizar con una mínima normalidad la basura básica y habitual, el tercer municipio de la provincia no ha dado a conocer ningún avance en la implantación del obligatorio contenedor de la basura orgánica.

Por su parte, el segundo más populoso, el municipio de Ponferrada, al menos le gana algo por la mano a León capital. En febrero el equipo de Gobierno anunciaba al menos una campaña formativa e informativa para los vecinos sobre la implantación del sistema de recogida separada de biorresiduos, instalando algunos pocos contenedores puntuales que no alcanzan ni mucho menos a todo el municipio.

En concreto, La implantación se ha centrado de momento sólo en centros escolares e institutos, el Campus de Ponferrada de la Universidad de León, varios centros cívicos (Flores del Sil, La Placa, Campo, Columbrianos, Cuatrovientos y Fuentesnuevas), el Casco Antiguo, el Museo de la Radio y la vía pública tanto en la zona centro como en el entorno del Centro Comercial El Rosal, además de incluir visitas a grandes productores como establecimientos de hostelería y comercios.

También se anunció una vía de inscripción online en este enlace para recibir el kit necesario. Todo ello fue criticado un mes después, por insuficiente, por la oposición del PSOE, que censuró la “improvisación” y el hecho de que ni siquiera un acuerdo cerrado con la empresa concesionaria FCC para la recogida específica de estos productos del quinto contenedor.

Por último, la Diputación de León -responsable subsidiaria de todos los demás ayuntamientos de la provincia, por debajo de 20.000 habitantes- también afronta esta obligación ambiental con los plazos muy rebasados. Y en su caso es especialmente grave, dado que es esta institución la responsable del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) Provincial ubicado en San Román de la Vega, donde, procedentes de toda la provincia, deben llegar y gestionarse todos los residuos orgánicos leoneses y bercianos, sin excepción.

Todavía está en ejecución el proyecto de una amplia y nueva zona de recepción, tratamiento y conversión de todos los residuos orgánicos en compost y fertilizante, un proyecto cifrado en 4,2 millones de euros, encargado a la  la UTE Legio VII que gestiona por contrato las instalaciones, la cual todavía a finales del año pasado pedía más plazo, que la institución le tuvo que denegar.

Las instalaciones provinciales, al detalle

La nueva zona 'marrón' de la planta provincial de basuras debe incorporar una nueva línea de selección y clasificación de la llamada técnicamente  fracción orgánica recogida separadamente (FORS), con sistema de abre-bolsas y separadores magnéticos e inductivos; una nave específica para trituración y mezcla con fracción vegetal; y mejoras en el área de recepción de estas basuras.

Además, el proceso incluirá doce túneles dedicados exclusivamente al compostaje de la materia orgánica -seis para fermentación y seis para maduración, previa fabricación del compost fertilizante-, mientras que los otros ocho túneles actuales seguirán destinándose a material bioestabilizado procedente de la fracción resto. Los trabajos se suponen en ejecución y llegan también muy tarde con la Ley en la mano, aunque lo cierto es que el panorama en los principales ayuntamientos es tan pobre que el CTR recibirá de momento poco material de este tipo.

Prevenir los incendios identificando sus causas, conocer los medios que utilizan los profesionales de la extinción para combatirlos y saber reconocer los efectos que, una vez apagados, son visibles en suelos y ecosistemas. Estos son los ejes de los tres talleres de la campaña #plantémonos que, desde este lunes y hasta mañana martes, se desarrollan en el Campus de Ponferrada con la asistencia de más de 130 escolares de la comarca de El Bierzo.

La iniciativa de sensibilización educativa puesta en marcha en 2017 y coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos celebra su novena edición con el logro de haber llegado ya a más de 1.500 escolares de primaria, 5.000 en total si se suma a los de secundaria. Y en esta ocasión, tras los virulentos incendios del pasado verano, el interés de los centros educativos y de los propios estudiantes se ha incrementado. “Hemos tenido más demanda que nunca”, ha señalado Taboada.

El objetivo, no obstante, no varía: concienciar sobre una problemática local a través del conocimiento. “La idea es que los estudiantes conozcan por qué es importante prevenir los incendios, cómo la gestión forestal nos puede ayudar y que vean también de primera mano cuáles son los efectos de los incendios y el efecto que causan sobre el suelo”, ha explicado la investigadora.

Durante dos jornadas, estudiantes de primaria de los colegios Espíritu Santo, CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) Valentín García Yebra, CEIP Campo de los Judíos y CEIP Santa Bárbara participan en actividades prácticas impartidas por la EPRIF (Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales) y el Aula del Fuego, la UME (Unidad Militar de Emergencias) y docentes e investigadores de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del Campus de Ponferrada.

“A los niños les sorprende que no sean los pirómanos los que causan los incendios”, ha señalado el coordinador de la Brigada de Tabuyo del Monte, Roberto López, quien añadió: “Los incendios son provocados por accidentes o de forma intencionada por la gente que vive en esos entornos”.

De manera lúdica y mediante juegos, los alumnos han aprendido las diferencias entre un monte con una gestión sostenible y un monte sin gestionar, han identificado los diferentes tipos de trabajos forestales y han descubierto cómo se extingue un incendio y qué efectos deja a su paso.

El mensaje que deben trasladar los talleres, según explica Álvarez Taboada, está claro: “No todos los incendios son evitables, pero debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlos”.

En una jornada técnica celebrada este sábado en Tolouse, la directora regional de Medio Ambiente, Planificación y Vivienda de Occitania, Laurence Pujo, presentó la continuidad del protocolo técnico de colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León para la recuperación del urogallo en la cordillera Cantábrica. El protocolo prevé actuaciones clave como la cesión de huevos y ejemplares de urogallo para el programa de cría en cautividad en Valsemana (León), el desarrollo de técnicas de reproducción asistida para mejorar la diversidad genética y la evaluación conjunta de los resultados obtenidos.

La reunión ha contado con la participación de la Oficina Nacional de Bosques de Francia, la Oficina Francesa de la Biodiversidad y las federaciones de caza de Haute-Garonne y Hautes-Pyrénées. Esta nueva fase (2026-2028) da continuidad al acuerdo firmado en 2023 dentro del marco de colaboración transfronteriza en biodiversidad entre España y Francia, que se remonta a la Declaración de Intenciones de 2006.

En estas jornadas ha quedado de manifiesto el gran valor de los equipos técnicos de las tres administraciones implicadas, motores de los resultados que se están consiguiendo en el programa de conservación del urogallo.

Con esta prórroga, las administraciones implicadas dicen reforzar su compromiso con la conservación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la cordillera Cantábrica al consolidar la cooperación técnica y científica entre ambos países.

Además, en este periodo 2026-2028 se impulsarán acciones de divulgación científica y comunicación pública en ambos países para difundir los avances del programa.

El acuerdo que han firmado las tres administraciones públicas asegura que la creación de un centro de conservación ex situ de urogallos cantábricos, situado en Valsemana, es “una de las actuaciones más importantes del programa de conservación”. En este centro, gestionado por la Junta, se trabaja en el cruce de ejemplares procedentes del Pirineo francés con ejemplares de la cordillera Cantábrica, con el fin de conseguir una variabilidad genética que facilite el éxito su reintroducción y evite su extinción, teniendo en cuenta los últimos estudios científicos confirman que las dos poblaciones forman parte de “una misma unidad evolutiva”.

En los últimos tres años, en el centro de cría en cautividad de Valsemana se han recibido 22 huevos procedentes de Francia. De ellos, 20 han eclosionado (el 90%), y muestran una supervivencia del 60%, (12 ejemplares). Todos ellos forman parte del grupo de urogallos reproductivos del centro de cría de Valsemana.

La temporada de cría de 2025 ha sido la primera en la que se han obtenido huevos procedentes de cruces pirenaicos y cantábricos. Se obtuvieron 30 huevos de los que eclosionaron 28 (93,33%). De estos, 10 individuos fueron liberados a campo y 8 permanecen en el centro como animales reproductores (siete hembras y un macho).

Desde 2022, gracias a la creación de un grupo de trabajo entre las tres administraciones públicas, los intercambios de experiencias, conocimientos y visitas técnicas de equipos españoles y franceses a las áreas de actuación del urogallo en Francia y en España, han consensuado las prioridades y las técnicas de conservación en ambos países.

Previamente a la renovación de este protocolo de colaboración, técnicos franceses visitaron el centro de cría en Valsemana para comprobar el trabajo que desarrollan los técnicos de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. Esta visita ha sido fundamental para renovar este protocolo entre ambos países.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan de Calidad del Aire por ozono troposférico de Castilla y León, por falta de concreción, por lo que ahora la Junta tiene un plazo de seis meses para elaborar un nuevo plan.

La organización Ecologistas en Acción, que recurrió esta normativa autonómica, ha criticado lo que considera una “negligencia” de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por lo que ha reclamado a sus dirigentes que “cumplan de una vez con su obligación legal y moral de proteger la salud”.

La sentencia, fecha de 10 de abril, desestima el recurso de casación que presentó la Junta de Castilla y León contra la sentencia de junio de 2023, en la que ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón a la organización ecologista, lo que ahora ha confirmado el Supremo.

El Gobierno autonómico aprobó esta normativa en 2021, obligado por sendas resoluciones del TSJCyL y el Supremo, que consideraron que desde 2010 en Castilla y León no había habido una normativa necesaria para proteger la salud en ocho de las quince zonas en que se divide la Comunidad a efectos de evaluar y gestionar la calidad del aire.

Los jueces de estos tribunales entienden que la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con 4 aglomeraciones y 8 zonas, mientras que la zonificación para la protección de la vegetación se ha dividido el territorio en 3 zonas.

Las zonas con incumplimientos legales donde la Junta de Castilla y León está obligada por decisión judicial a elaborar los planes de calidad del aire por ozono son las aglomeraciones de Salamanca y Valladolid, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Soria y Demanda, para la protección de la salud, y la zona Sur y Este de Castilla y León, para la protección de la vegetación, con una superficie total de 75.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes, ha detallado Ecologistas en Acción en un comunicado.

A raíz de esta exigencia, la Junta aprobó en 2021 un plan único, sin especificar zona, ni los objetivos de reducción de niveles de contaminación, calendario de aplicación, ni estimación de mejora de la calidad del aire, que es lo que reclama la normativa que sirve de base para la reclamación ecologista.

El Tribunal Supremo comparte la argumentación del Tribunal de Castilla y León y concluye que la normativa aprobada por la Junta “omite establecer las medidas específicas para cada una de las distintas zonas delimitadas por la propia Administración autonómica, según los niveles de los contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire”.

Ecologistas en Acción ha criticado además que “ninguna de las 17 medidas previstas en el Plan anulado se ha ejecutado desde el año 2021, transcurridos 15 años desde la entrada en vigor de los objetivos de calidad del aire para el ozono, en 2010”.

Esta organización ha responsabilizado de esta situación al consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su director General de Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

Recuerda Ecologistas en Acción que esta sentencia puede condicionar los planes de calidad del aire por ozono recientemente aprobados o en elaboración en Andalucía Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra, mientras que gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y País Vasco todavía no han iniciado la redacción de sus planes de ozono.

El ozono troposférico es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar.

Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas como el asma y la EPOC, y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

Ecologistas en Acción ha argumentado que la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó en hasta 6.600 las muertes prematuras producidas en 2023 en España por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de Castilla y León, donde los fallecimientos fueron casi trescientos en el año citado, según la misma fuente.

El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos agrícolas.

Se ha podido leer recientemente, en algunas publicaciones apócrifas, que la Junta de Castilla y León ha empezado a difundir que comienza a percibirse un malestar creciente entre la ciudadanía por la proliferación de integrantes de la cabaña ursina, es decir, del número de osos que se ha alcanzado, un éxito tras los denodados esfuerzos por recuperar la población de osos en la codillera Cantábrica, su último reducto. Al parecer, comienzan a alzarse voces teóricamente preocupadas por el incremento del número de osos en lugares como los Ancares, montes del Teleno o las posibles incursiones por tierras de Sanabria.

Traducido al cristiano, quiere decir que hay una preocupación entre la ciudadanía por la recuperación y expansión de esta especie, que ha costado no pocos esfuerzos recuperarla y, felizmente, en expandirse. Incluso parece traslucirse la conveniencia de su control y, porque no decirlo, la reducción del número de integrantes. Conviene señalar que tanto la población de osos, como la de linces o urogallos se considera en grave riesgo de extinción. El censo de oso y del lince parece estar en franca progresión, de estos últimos se han hecho sueltas en lugares tan apartados de sus hábitats relictos como pueden ser Aragón o Cerrato de Palencia, pasando por Ciudad Real.

Una de las singularidades del territorio leonés es que, dada la relativa proximidad del nuevo hábitat del lince en Palencia, lo que fácilmente permitiría incluso su implantación en León, podríamos contar en esta provincia con la representación faunística más vulnerable y por lo tanto con los últimos reductos que albergan especies emblemáticas: oso, lince, urogallo, rebeco, etcétera. También tenemos especies domésticas que sólo son nuestras, como el mal llamado mastín español, el carea, ahora denominado perro pastor leonés –la cuestión es siempre difuminar todo lo que suene a leonés– o la mantequera leonesa.

Viene todo este largo exordio para llamar la atención sobre un tema que inevitablemente acabar siendo motivo de polémica en León, cuando lo sea en el resto de la comunidad en la que hemos tenido a desgracia de haber caído. Inevitablemente el Partido Popular, que rige los destinos de Castilla y León desde tiempos inmemoriales –no se aplica aquí la monserga que se le aplicó a Andalucía cuando se censuraba que hubiera estado gobernada por el PSOE desde hacía treinta y siete años– se verá abocado a pactar con Vox porque de lo contrario ejercería un gobierno como si se tratase de un funambulista ebrio y ello tiene serios inconvenientes.

Enemigos reales, e irreales, de Vox

Una de tales contrapartidas es que Vox, con su particular política de alertar continuamente contra enemigos, reales algunos, irreales los más (emigrantes, menas, musulmanes, izquierdosos y un amplio surtido) propondrá como apoyo a ganaderos y cazadores la eliminación del lobo hasta límites que se decidirán así que se pueda aplicar dicha medida sin la oposición del gobierno central o el gobierno de la Comunidad Europea. Los populares se han sentido atraídos por el recurso simplón y vistoso de congraciarse con el campo y sobre todo con los ganaderos combatiendo a esta especie maldita. Así es que ahora, con viento de cola a favor, la tentación difícilmente va a ser postergada.

Sin embargo, hay razones de peso para rechazar categóricamente esta medida y vamos a tratar de exponer aquí algunas de ellas. En los frescos del panteón de San Isidoro aparecen recogidas figuras de pastores con sus perros, posiblemente mastines, que se empleaban para defender los rebaños del ataque de los lobos. No se precisa poseer una mente privilegiada para saber que los lobos han podido causar daños, pero nunca diezmaron la cabaña ovina y caprina. Téngase en cuenta la demografía de los tiempos medievales y la superior densidad de monte que permitirían a esta especie campar a sus anchas. Súmese la trashumancia y tenemos el escenario completo de los actores de este drama que nunca fue decisivo. 

Los daños ocasionados por las enfermedades son muy superiores a los que causa el lobo, aunque son menos magnificados y desdeñados porque no se ve sangre. Muchas personas que viven en zonas loberas saben que, si el lobo puede alimentarse de otro modo que no sea atacando a un rebaño bien protegido, –en la costa de Lugo se está haciendo incluso con asnos– prefiere no arriesgarse a encuentros poco recomendables con perros y cazadores. 

En resumen, el sector ovino y caprino tiene problemas mucho más serios que Canis lupus, como pueden ser el abandono del sector por muchos pastores, poca profesionalización, escasa ayuda al pastoreo y a la comercialización de sus productos, problemas sanitarios o escasa atención a la España rural donde pervive este modelo de ganadería intensiva. En el Órbigo viven de forma permanente muchos pastores procedentes de las montañas de Luna que ya mueven poco sus rebaños hacia los pastos tradicionales. La trashumancia ya casi es una reliquia del pasado.

Mentiras sobre los lobos

Y para terminar un regalo a los detractores de esta emblemática especie en forma de pequeñas píldoras que no admiten controversia. Se dice que el último ataque de un lobo a un humano fue hace, como mínimo, aproximadamente treinta años. No se recuerda la muerte de ninguna persona en España por el ataque de un lobo. Pasteur estudió la rabia en personas de Rusia atacadas por lobos que padecían la enfermedad y aún así habían sobrevivido al ataque en las estepas de aquel país. Los lobos, por su apariencia feroz, que la tienen, han sido retratados como la encarnación del mal y han dado origen a las supersticiones más variopintas como la del lobishome o la licantropía, amén de cuentos para asustar a los niños, lo cual puede tener algún sentido en la infancia, pero no parece de recibo en personas adultas.

Y ya sólo un apunte final. Los perros son los herederos de unos lobos que se fueron acercando hace miles de años a poblaciones nómadas de los antiguos humanos y se fueron adaptando a la convivencia atraídos por los restos de comida que recibían. El hombre domesticó al lobo y obtuvo infinidad de razas caninas que, como demostró Darwin, si pudieran cruzarse libremente y desapareciera toda selección, volvería a emerger la figura del lobo desde el mejor amigo del hombre, dicho sin eufemismo alguno. Muchos de quienes acabarán decretando la persecución del lobo tendrán perros en sus casas.

¿Firmarán la sentencia de muerte del ancestro de sus mascotas, sencillamente por haber conservado su condición primigenia? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

El hallazgo de un raro ejemplar de escarabajo en León, publicado recientemente en el Boletín de la Asociación Española de Entomología, es la primera cita confirmada de esta especie en la provincia y la tercera de España tras las registradas en Asturias en 1963 y en La Rioja en 1997.

El descubrimiento se produjo en octubre de 2025 en las inmediaciones de la localidad leonesa de Salientes, en un entorno de montaña a 1.200 metros de altitud.

El ejemplar fue localizado bajo la corteza de un gran tronco de chopo caído junto a restos de otro individuo y una larva, lo que aporta pruebas sólidas de la presencia estable de la especie en la Cordillera Cantábrica.

El trabajo, firmado por el investigador independiente Jorge Ángel Ramos Abuin, incluye además evidencias fotográficas y datos detallados sobre el hábitat y la biología del insecto.

'Cucujus cinnaberinus' es un escarabajo saproxílico, es decir, dependiente de la madera muerta, y está estrechamente ligado a bosques maduros con árboles veteranos en pie o derribados.

Su supervivencia depende de la existencia de troncos de gran tamaño en estados intermedios de descomposición, donde sus larvas se desarrollan durante varios años bajo la corteza.

Los autores subrayan que la presencia de esta especie no está necesariamente asociada a bosques vírgenes sino a paisajes en mosaico donde sobreviven grandes árboles aislados como lindes, praderas o riberas de ríos.

Madera muerta

En este sentido, el caso de León demuestra que incluso una cantidad moderada de madera muerta, si se conserva en condiciones adecuadas de humedad y exposición solar, puede ser suficiente para albergar poblaciones de esta especie emblemática.

El escarabajo, reconocible por su intenso color rojo y su cuerpo aplanado, está incluido en la Directiva Hábitats de la UE como especie vulnerable y figura en numerosas listas rojas nacionales del continente.

Sin embargo, en España no está aún presente en la Lista Roja de Invertebrados, algo que el estudio considera necesario revisar tras este nuevo hallazgo.

El trabajo consultado por EFE destaca además el valor de las poblaciones del sur de Europa como la leonesa, que podrían tener una importancia clave desde el punto de vista genético en un contexto de cambio climático.

Diversas investigaciones apuntan a que el calentamiento global podría forzar a la especie a desplazarse hacia el norte, lo que conferiría un papel estratégico a estos núcleos meridionales.

Durante los últimos años algunos países europeos han detectado expansiones locales de 'Cucujus cinnaberinus', relacionadas con la adaptación de la especie a choperas y bosques de ribera, lo que abre nuevas perspectivas para su localización y conservación en la península ibérica.

Los autores concluyen que la confirmación de la especie en León amplía su distribución conocida en España, refuerza la validez de citas visuales previas y pone de relieve la necesidad de proteger los grandes árboles viejos y la madera muerta, elementos clave para la biodiversidad forestal y cada vez más escasos en el paisaje europeo.

Referencia: Jorge Ángel Ramos-Abuin — 'Primera cita de la especie amenazada Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) en la provincia de León y tercera para España (Coleoptera, Cucujidae)'. Revista Boletín de la Asociación Española de Entomología (2026) | DOI: 10.70186/baeekrfp6665.

Cinco años de retraso y mientras, los incendios vuelven a copar la actualidad de la masa forestal de la provincia de León en cuanto ha llegado el calor. Esto es lo que denuncia la formación política de Izquierda Unida respecto a la prometida base de helicópteros de Oterico, en Riello, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022 sin que todavía hayan llegado a su fin, estando más o menos como el año pasado los trabajos.

Una paralización en una infraestructura que ya comenzó con retraso manifiesto, y que la Consejería de Medio Ambiente prometió que estaría lista en 2022 como una de las más necesarias para luchar contra el fuego; pero que al estar a medio terminar y fuera de plazo no sirvió ni para luchar contra los incendios del verano de 2025 ni para los que se han producido en la entrada de esta primavera de 2026.

Por todo ello Izquierda Unida ha denunciado este jueves que, más de cinco años después de los primeros anuncios de la Junta de Castilla y León, la Base de Helicópteros de lucha contra incendios forestales de Oterico continúa sin estar operativa y sin una fecha clara de entrada en funcionamiento.

La formación considera que se trata de una infraestructura clave que, sobre el papel, debía reforzar de forma decisiva la capacidad de respuesta ante incendios en la provincia, pero que sigue sin materializarse tras acumular retrasos, modificaciones y ampliaciones de plazo.

IU enmarca esta situación en un contexto “especialmente grave”, ya que León ha registrado más de 80 incendios en lo que va de año sin haber comenzado aún la campaña de alto riesgo de verano.

La provincia cuenta, además, con uno de los patrimonios naturales más destacados del país, al albergar siete Reservas de la Biosfera: Valles de Omaña y Luna, Babia, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Ancares Leoneses y Picos de Europa. Según la formación, esta concentración refuerza la necesidad de contar con medios eficaces para la prevención y extinción de incendios en un territorio que ya ha sufrido diversos episodios en los últimos años. El más reciente, extinguido hace pocas horas, ha afectado a la Reserva de Alto Bernesga en el que se quemaron más de 151 hectáreas, siendo el más grande de este año 2026.

En este sentido, IU subraya que la ubicación de la base de Oterico permitiría reducir de forma significativa los tiempos de intervención aérea, con vuelos de apenas minutos hasta zonas críticas, lo que resulta determinante para evitar la propagación del fuego en sus fases iniciales y su posible afección a núcleos de población.

El coordinador comarcal de IU León, Rubén Estévez, ha defendido que la lucha contra incendios “exige un operativo plenamente público, con medios materiales adecuados, formación suficiente y una coordinación eficaz entre recursos terrestres y aéreos”. A su juicio, la externalización y la precarización de los servicios “debilitan la capacidad de respuesta y ponen en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de las personas”.

Desde la formación critican que la gestión de la Junta refleja una “falta de planificación y de compromiso real” con el medio rural leonés. “Cada retraso en la puesta en marcha de esta base no es solo un incumplimiento administrativo, sino un riesgo añadido en un contexto en el que los incendios son cada vez más frecuentes”, advierten.

Izquierda Unida concluye que León “no puede permitirse seguir esperando” la entrada en funcionamiento de una infraestructura que consideran esencial mientras el riesgo de incendios continúa en aumento.

El Canal de Arriola, una de las principales infraestructuras de riego vinculadas al río Porma en la provincia de León, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras el hallazgo este miércoles 8 de abril de aproximadamente quince animales muertos en uno de sus puntos más conflictivos.

El descubrimiento, realizado nuevamente en el salto del canal a la altura de Paradilla de la Sobarriba, ha motivado que el Partido Animalista (Pacma) y la asociación Sacrificio Cero León hayan presentado denuncias formales ante el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la Junta de Castilla y León y el Seprona de la Guardia Civil.

Entre estos nuevos despojos se encuentran ejemplares de fauna silvestre como corzos y jabalíes, algunos de ellos recientemente fallecidos, junto a restos óseos que evidencian que no se trata de un episodio aislado y que viene de lejos. Las organizaciones denunciantes sostienen que este punto del canal se ha convertido en una “trampa mortal recurrente”, donde los animales caen al agua sin posibilidad de escape y mueren entre grandes sufrimientos, además de muchas veces por hipotermia. Y en un comunicado conjunto, critican una vez más la “absoluta incapacidad” de la CHD para implantar medidas eficaces, como rampas funcionales o vallados adecuados, que eviten la muerte de la fauna.

Salud pública

Más allá del grave impacto sobre la biodiversidad que se acumula durante años, los colectivos alertan también de un posible problema sanitario y medioambiental. Los cuerpos en descomposición permanecen en contacto directo con el agua que posteriormente se destina al riego agrícola. “No solo estamos ante una falta de ética hacia los animales, sino ante un problema medioambiental: este agua contaminada llega directamente a los cultivos de nuestros vecinos”, advierte Natividad Franco, coordinadora de Pacma en León y presidenta de Sacrificio Cero.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de incidentes similares en el mismo canal, año tras año, muy especialmente en primavera, pero no solo. La única solución aplicada por la Confederación en los últimos años, dos plataformas flotantes experimentales instaladas en el verano de 2024 con un coste aproximado de 18.000 euros, ha resultado claramente insuficiente como se demostró ante episodios del año pasado.

Estas estructuras consisten en bidones de plástico que sostienen una rampa recubierta de césped artificial para facilitar la salida de los animales. Sin embargo, ya antes del inicio de la campaña de riego de la pasada primavera, Pacma había advertido de su ineficacia. Nuevas pruebas gráficas y testimonios confirman ahora la persistencia de una elevada mortandad, con acumulaciones de cuerpos, principalmente corzos, en distintos puntos del canal.

Años de desidia y ocultación

El problema, además, no es nuevo. Durante años, tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Junta de Castilla y León han mantenido un cruce de responsabilidades sobre la gestión del canal y la adopción de medidas preventivas, sin que se haya ofrecido una solución definitiva. La falta de transparencia también ha sido objeto de críticas, ya que las administraciones han evitado publicar datos completos sobre la mortandad.

No fue hasta la intervención del Procurador del Común cuando se conocieron cifras oficiales: al menos 140 animales muertos en apenas dos años en este canal de 32 kilómetros, gran parte del cual carece de vallado. A pesar de ello, las actuaciones siguen siendo limitadas y, según denuncian los colectivos animalistas, claramente ineficaces.

En su momento, la CHD llegó a descartar inversiones más ambiciosas, valoradas en torno al millón de euros, para mejorar la seguridad del canal. En su lugar, optó por soluciones provisionales como los dispositivos flotantes y aplazó una intervención estructural a medio plazo. Esta pasaría por la modernización del regadío en la zona del Alto Porma, prevista como pronto para 2027, que permitiría soterrar parte de las canalizaciones y dejar en desuso 21 de los 32 kilómetros actuales. El vallado del resto tendría un coste estimado de unos 200.000 euros.

Mientras tanto, Pacma y Sacrificio Cero León reclaman actuaciones inmediatas: la retirada urgente de los despojos de los ejemplares, la instalación de rampas de escape eficaces y medidas de prevención que eviten que el Canal de Arriola siga funcionando como un “corredor de muerte” ante la inoperancia y responsabilidad de las principales administraciones públicas.

“Como consecuencia de los condicionantes de eliminación de aerogeneradores y de soterramiento de la línea de evacuación, impuestos por la declaración de impacto ambiental, considera que el proyecto ha devenido económicamente inviable”. Con esta categórica frase se resume el fin de otro proyecto para ejecutar un macroparque eólico en la comarca de El Bierzo, en este caso el denominado Trabadelo, que proyectaba e impulsaba la multinacional Enel Green Power España.

Ha sido la compañía la que ha presentado formalmente ante el Ministerio el desistimiento del proyecto, el cual ha sido admitido y firmado por el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, suponiendo de facto el fin de más de seis años de trámites e intentos desde que se pusiera en marcha en el año 2020.

La compañía concibió en primera instancia la macroplanta para un total de 18 aerogeneradores y una potencia de 110 megavatios, suficiente para que no fuera la Junta de Castilla y León sino el estado quien tuviera que tramitarlo. El parque afectaba entre su instalación y la infraestructura de evacuación a un total de once municipios bercianos: Trabadelo, Barjas, Corullón, Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo, Cacabelos, Arganza, Cabañas Raras, Sancedo, Camponaraya y Ponferrada. En parte por tan amplia afección, fue por lo que se situó como uno de los proyectos que despertó en la zona un movimiento de oposición vecinal canalizado en la creación de la Plataforma Rural Sostenible.

Sin embargo, en el trámite ambiental, el Ministerio dictó la exclusión de hasta nueve aerogeneradores, obligando, tal y como advirtió la Junta de Castilla y León en sus informes, a que toda la línea de evacuación quede “completamente soterrada”, salvo que excepcionalmente “existan impedimentos” como fuertes pendientes “que hagan técnicamente inviable” esa operación o que la empresa justificara que comparte instalación con otras líneas aéreas ya existentes y por lo tanto sin causar nuevos daños. “En todo caso”, matiza, “la implantación de esos tramos de línea en aéreo deberá contar con la autorización expresa del órgano competente en medio ambiente de la Junta de Castilla y León, con anterioridad a la autorización sustantiva del proyecto”.

Además de los propios condicionantes de la administración, el proyecto demostró ser muy polémico al recibir un total de 1.381 alegaciones de parte de juntas vecinales, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), entidades locales de diversa índole y particulares.

En primera instancia, todavía en aquel año 2023, la empresa recalculó el diseño y tamaño de la infraestructura a instalar, anulando los nueve aerogeneradores vetados y ciñendo los restantes a un nuevo modelo de aerogenerador muy similar a los anteriores, de Siemens Gamesa, pero ahora “con una potencia unitaria de 7 MW, manteniendo el diámetro del rotor de 170 metros, la altura de buje de 115 metros y el resto de características dimensionales originales del anteproyecto”. Eso significaba que la potencia total bajaba hasta los 77 megavatios finalmente, es decir, “once aerogeneradores de 7 MW de potencia cada uno de ellos”. Así se ha publicado este martes 7 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León.

Pero finalmente, las cuentas no le salieron a la compañía promotora, que en abril de 2023 presentó su renuncia. Casi en esa misma fecha, Red Eléctrica de España (REE) comunicaba que “para la instalación parque eólico Trabadelo titularidad de Enel Green Power España SL, en LOMBA 220, se ha sido desistido del permiso de acceso y conexión”. No ha sido hasta marzo de este año que el Ministerio ha atendido a la solicitud formal de desistimiento, declarándose la devolución de la garantía depositada en su día. Así, el carpetazo al controvertido macroparque es definitivo, con el “archivo del expediente SGIISE/PEol-437” y es “firme a todos os efectos”, ya que no se ha recurrido en el plazo habilitado.

La historia ambiental del noroeste es un rosario de despropósitos grandes y pequeños, muchos de ellos gestados desde la Administración. El último fue Altri, impulsado desde la trastienda de la Xunta de Galicia y, conviene recordarlo, contó con el beneplácito de PP, PSOE y BNG en el parlamento gallego y en la Diputación de Lugo. Rectificar es algo meritorio. Tenemos ahora delante una nueva cuenta en el rosario que rectificar, pero no sé si se llegará a tiempo. La catástrofe parece ya inevitable.

La autovía A-76, Ponferrada-Orense, fue aprobada en el parlamento español hace más de dos décadas al amparo de otro despropósito 'marco', el Plan Galicia, fruto de otra brutalidad, el Prestige, que ya apenas recuerda nadie. Lo advertimos entonces: tras la marea negra llegaría la marea gris. El caso es que, de nuevo, todos los grupos políticos gallegos con representación en Madrid aprobaron la barbaridad que se iniciará, aparentemente, en breve.

¿Por qué es una brutalidad y un despropósito?

El apoyo unánime de los grupos políticos a este proyecto revela hasta qué punto determinadas inercias políticas son compartidas entre fuerzas que dicen defender modelos diferentes de país. Frente a un modelo que prioriza a las grandes constructoras y a las subvencionadas industrias automovilísticas y petroleras, es necesario apostar por alternativas eficientes, sostenibles y justas, basadas en el transporte público, en la optimización de lo ya existente y en la inversión en el territorio. Es importante no tomar más el pelo a los vecinos.

La A-76 no es una solución: es un problema, una aberración, un atentado ecológico y territorial. No sé si estamos a tiempo de detenerla. Rectificar es, siempre, de sabios.

Este artículo se publicó originalmente en gallego en Nòs Diario

Apenas finalizada la Semana Santa, y con los pies en el suelo, sin raseo procesional, sin capillo por mi parte, y con el velo de la duda a medias por las elecciones pasadas, con el eco de los rataplanes procesionales veamos algo de León, con la mejor de las intenciones.

Es humano dudar. Tanto da que las inquietudes vengan en son de fe, para creer en lo que no vemos, o de la peripecia humana, que cada día nos acosa más en nuestro vivir civilizado en un mundo donde vamos agotando las existencias.

Ahora “lo que toca es meter el dedo en la llaga a los de poca fe” para comprobar si los políticos, los hombres y mujeres dedicados a esta disciplina, que nos impone un vivir, del que discrepan otros del mismo ramo pero de distinta mano, a ver si traen veracidad. O si las promesas... ¡Eran un calentón!

Disciplina dije, y no es que sean disciplinantes ellos y ellas, al estilo de los picaos por ejemplo. ¡No! Lejos están del sacrificio, lo suyo es asegurarse estabilidad en su oficio, que es su modus vivendi, puede que como mejor opción personal, incardinada en una ideología, intentando que lo asumamos, y hasta lo consiguen bien encajados ellas y ellos en lo que llaman partidismo.

Éste, para nosotros los gobernados, se asemeja a fe en lo que el más alto dignatario pretende, y ellos, los palmeros, no los del hosanna palma en mano, sino los que batiendo palmas corean al jefe, en el intento, nos llevan, cual flautistas, a asumir y votar. Votar a su partido claro. Que es adhesión y exigencia para los suyos y conlleva lealtad. Y eco de oferta, anuncio generalizado de '“buenas obras”: una música que no se ha de volver a tocar.

¿Cuál es el futuro de León según Antonio Turiel?

Todo lo anterior de verdadera condición sociopolítica, pero elucubración al fin y al cabo, eso sí, con sabor aún a lo penitencial, viene dado tras la lectura del artículo de Antonio Turiel, el físico leonés: 'Distintas formas de ver León', donde se pregunta: ¿Cuál es el futuro que le espera a nuestra provincia? Y casi responde a sus cuestionamientos, y a fe que va con certezas caminando por el rumbo que se nos marca a los leoneses, como colistas irredentos de un ente que nos esquilma cada vez con más descaro.

No va a ir aquí una lista de agravios que se nos han inferido en plan autonómico, que la hay, y bien engordada, sino apoyados en los 'condicionantes Turiel', digamos medioambientales, componiendo un cuadro para la ciudadanía leonesa, esa que vota por partidismo ideológico, cuando no por seguidismo insulso, y en verdadera mayoría, y esto es lo alarmante, no teniendo en cuenta el deseo mayoritario de viajar solos en autogobierno, como proclaman unos dentro del meollo, o bendecimos otros, desde la orilla.

Los cuestionamientos de Turiel, el físico, sobre esta tierra leonesa, son demoledores. Una tierra de extracción, y cita el carbón que NO dejó valor añadido, al igual que el agua embalsada y las centrales hidroeléctricas productoras de electricidad que se llevaron con grandes tendidos, a veces abriendo caminos destructores, hacia polos de desarrollo para que en otros sitios floreciera la industria… “la energía pasa de largo”… ¡IUnaudito!

Mañueco, lo debió de leer, dado que en sus promesas electorales iba: “La energía no puede pasar de largo en León, tiene que traer industria”. Le quedó bonito de palabra. Ahora a esperar… ¡Tomada nota!

Y todo ello nos ha venido siendo impuesto desde los gobiernos que en Madrid han sido. Asumiendo de paso, que en el ente autonómico donde nos empujaron a estar los nuestros, y todos nos tienen bloqueada la puerta de salida con total injusticia constitucional. Lejos de ayudarnos en las movilizaciones defensivas, han entrado también en fase de aprovechamiento, los de aquí nos han vendido, se manejan cual corifeos, y el pueblo abducido, acompaña con el voto.

“Las macroplantas de biogas, nunca han sido rentables” y añade más Turiel: “Ni jamás lo serán”. Y luego está la biomasa, para que nos quememos en salud: “Acabando con nuestros bosques. León un erial contaminado y tóxico”. Parece apocalíptico. Personalmente le creo, no tengo necesidad de meter el dedo en la llaga, tengo fe en su palabra, y nadie, con prestigio profesional ha salido demostrando lo contrario.

“León puede y debe dar de todo, desde alimentos a materiales, de energía a agua. Todo lo tenemos aquí. Solo nos falta tener fe en nosotros mismos. Y saber decir que no cuando conviene”.

Pero, a tenor de los resultados electorales, seguimos alentando a los maltratadores… “apasionadamente”.

El cambio climático ya está teniendo efectos directos en el oso pardo cantábrico. Un estudio científico impulsado por la Junta de Castilla y León y publicado en la revista ‘Biological Conservation’ concluye que el aumento de las temperaturas limita de forma significativa el movimiento de estos animales, alterando su comportamiento y su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más condicionado por la actividad humana.

La investigación, cuyos principales datos han sido difundidos por la Junta y cuyo contenido completo ha sido analizado por este medio, se basa en más de 70.000 posiciones GPS recogidas en 17 osos adultos. Gracias a sensores instalados en los collares, los científicos han podido medir por primera vez la temperatura real que experimentan los animales y su impacto directo en sus decisiones de movimiento.

El resultado es claro: cuanto más calor hace, menos se mueven los osos. Este efecto es especialmente acusado en los ejemplares de mayor tamaño, que tienen más dificultades para disipar el calor corporal. Como consecuencia, tienden a concentrar su actividad en las horas de menor temperatura, reforzando un comportamiento cada vez más nocturno.

Pero el estudio va más allá y apunta a un efecto especialmente relevante: el calor no solo reduce la actividad, sino que limita la capacidad del oso para adaptarse a otros factores de riesgo, como la presencia humana. En condiciones normales, los osos atraviesan más rápido las zonas humanizadas para minimizar el contacto, pero con altas temperaturas esa estrategia se debilita, lo que podría aumentar su vulnerabilidad en entornos fragmentados.

Además, la investigación revela posibles cambios en la dinámica entre individuos. Los osos más pequeños, hembras y machos subordinados, tienden a evitar la noche para reducir encuentros con grandes machos, pero el aumento del calor está empujando a estos últimos a ser aún más nocturnos, lo que puede alterar ese equilibrio natural.

El impacto no se limita al comportamiento. Los científicos advierten de que la reducción de actividad puede afectar al acceso a zonas de alimentación clave y, en consecuencia, a funciones ecológicas como la dispersión de semillas, con posibles efectos en el conjunto del ecosistema.

Frente a este escenario, el estudio señala el papel clave del bosque como refugio térmico. En zonas arboladas, los osos logran mantener mayor actividad incluso con altas temperaturas, lo que refuerza la importancia de conservar y conectar estos espacios en un contexto de calentamiento global.

Los autores también apuntan que, a largo plazo, el oso pardo podría adaptarse a condiciones más cálidas e incluso expandirse hacia nuevas áreas, siempre que disponga de refugios adecuados como zonas de sombra, agua o vegetación densa.

Este trabajo supone un nuevo paso en la comprensión del impacto del cambio climático sobre la fauna salvaje en la cordillera cantábrica y confirma que sus efectos ya no son una previsión futura, sino una realidad que está modificando el comportamiento de una de sus especies más emblemáticas.

El texto se ha elaborado con datos recogidos entre septiembre de 2021 y noviembre de 2024, antes de los terribles incendios forestales del verano de 2025.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha anunciado este jueves la muerte por electrocución de una hembra de quebrantahuesos, especie en peligro de extinción, localizado en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre Caín y Posada de Valdeón.

El tramo donde ha aparecido electrocutado ya fue objeto de corrección en 2019 (mediante su aislamiento e instalación de dispositivos anticolisión) tras la muerte de otro quebrantahuesos conocido como Sidney.

A pesar de ello, se ha producido esta nueva electrocución, por lo que desde la Junta de Castilla y León se instará nuevamente al titular de la línea a que adopte las medidas complementarias precisas para evitar que suceda de nuevo.

Desde la Fundación se ha lamentado la pérdida de un nuevo ejemplar procedente del proyecto LIFE Pro Quebrantahuesos, que impulsa acciones científicas de conservación, reintroducción y seguimiento de la especie en sus áreas históricas de distribución, con el objetivo de consolidar la población emergente de la Cordillera Cantábrica.

Según la Fundación, la muerte de este ejemplar vuelve a poner de manifiesto el riesgo que representan los tendidos eléctricos sin medidas correctoras eficientes que garanticen la ausencia de accidentes en áreas críticas para la especie.

Se trata de una de las principales causas de mortalidad no natural para grandes aves planeadoras en España y un factor que compromete los avances logrados durante décadas de trabajo científico, técnico y social en favor de la recuperación del quebrantahuesos.

El ejemplar era una hembra nacida el 28 de febrero de 2025, cedida por el Gobierno de Aragón a la FCQ, y liberada en el Parque Nacional de los Picos de Europa el 15 de julio del mismo año.

La quebrantahuesos se instaló desde mediados de septiembre en la zona alpina del río Cares, entre Bulnes y el entorno de Cordiñanes de Valdeón, donde realizaba vuelos regulares.

El 6 de febrero de 2026, tras detectarse movimientos anómalos en su emisor satelital, técnicos de la FCQ se desplazaron hasta el lugar y, tras dar aviso a la autoridad ambientales de la Junta de Castilla y León, se localizó su cadáver a escasos metros de dicho tendido, procediéndose al levantamiento del ejemplar por agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Posteriormente, tras la necropsia realizada por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos se confirmó que la causa de la muerte fue por electrocución.

Un problema que afecta a otras especies

El quebrantahuesos es una de las especies más monitorizadas de la Península Ibérica gracias a emisores satelitales y equipos de campo especializados.

Y por ello, su mortalidad en tendidos eléctricos es visible y cuantificable.

La FCQ ha advertido de que este mismo problema está afectando de forma silenciosa a muchas otras especies de aves rapaces y planeadoras —algunas también amenazadas— que no cuentan con un seguimiento tan exhaustivo y cuyas muertes pasan desapercibidas en amplias zonas del territorio.

Dado el problema que supone la mortalidad no natural de avifauna por tendidos eléctricos, desde la Junta se dictan las actuaciones administrativas necesarias para que los titulares de las mismas procedan a su adecuación como responsables de su corrección, en el marco del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León.

Entre las medidas, el impulso de un plan de inspecciones con carácter preventivo y un protocolo de actuación ante casos constatados de electrocución y colisión.

Desde el punto de vista técnico, también se han elaborado diversos manuales con el fin de zonificar la Comunidad en función de la probabilidad de electrocución, establecer la tipología de los apoyos peligrosos, categorizar su peligrosidad, establecer las correcciones tipo a realizar y cuantificar desde el punto de vista económico la cuantía de dichas correcciones. 

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este miércoles su defensa de la legalidad de permitir cazar y los aprovechamientos ganaderos en zonas arrasadas por los incendios forestales del pasado verano en León, aunque ha evitado mostrar los informes técnicos que avalan esta medida y que son preceptivos para activar la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual con carácter general marca cinco años de plazo en vez de siete meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado de nuevo por esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente que preside en funciones el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que entra en vigor este primer día de abril, Carriedo ha aludido a que es en las propias órdenes de la Consejería donde figuran las explicaciones que justifican esta medida.

En palabras de Carriedo, la orden de la Consejería publicada hace unas semanas “no solamente establece la normativa a aplicar sino las causas por las que se aplican estas normativas”, sin que la Junta haya aportado hasta hora los informes técnicos que permiten eludir la prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, recoge Efe.

Desde hace semanas, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, desde el pasado 12 de febrero, lo que ha sido reiterado hoy por los periodistas, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son los que han dado lugar a esta decisión, pero sin entregarlos o referirse expresamente a su contenido.

La orden

Fue aquel 12 de febrero hace unas semanas cuando la Junta de Castilla y León aprobó una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de cinco años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos y también ganaderos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

135.000 hectáreas quemadas

En la resolución publicada por la Junta, esta estableció por primera vez que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Los ecologistas denuncian electoralismo

Por su parte, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica anunciaron recursos judiciales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que calificaron como “electoralista”, entonces en plena precampaña.

En un comunicado, advirtieron al Ejecutivo autonómico de que, si rechazan los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta que autorizan la actividad ganadera y cinegética en estos terrenos, no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la penal por posible prevaricación ambiental.

El proyecto minero para la búsqueda de arenas silíceas y arcillas caoliníticas entre los municipios leoneses de Rioseco de Tapia y Carrocera da un paso adelante. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este 1 de abril el otorgamiento del permiso de investigación denominado ‘Tapia’, un trámite que confirma la continuidad administrativa de la iniciativa ya conocida el pasado año.

La resolución concede a la empresa Recursos Naturales del Suelo S.L. el derecho minero sobre 12 cuadrículas en ambos términos municipales, para la investigación de recursos, concretamente arenas silíceas y arcillas caoliníticas. El ámbito se sitúa en una amplia zona próxima a la autopista León-Asturias (AP-66) y al embalse de Selga de Ordás, tal y como ya recogía la documentación inicial del proyecto.

Se trata exactamente de los mismos materiales, ubicación y promotora que figuraban en la solicitud sometida a información pública en abril de 2025. Este paso no implica todavía la explotación directa, pero sí habilita a la empresa a estudiar el potencial real de los recursos en la zona.

El ámbito autorizado queda delimitado por un perímetro de coordenadas geográficas que configuran la superficie de las cuadrículas mineras otorgadas, situadas en el entorno de Tapia de la Ribera y próximas a enclaves como Benllera, en una zona donde ya existen antecedentes de actividad extractiva.

El proyecto contempla una posible explotación en una superficie de hasta 365 hectáreas durante tres años, con una inversión inicial cercana a los 100.000 euros. Aunque el anuncio actual no detalla esas magnitudes, sí confirma que la iniciativa sigue su curso administrativo, consolidando su viabilidad desde el punto de vista minero.

El otorgamiento se hace público conforme a la Ley de Minas y su reglamento, cerrando así el perímetro de actuación autorizado y marcando un nuevo avance en un proyecto que podría tener impacto en el entorno de la montaña central leonesa si finalmente llega a fase de explotación.