La Junta de Castilla y León, arropada por el Ayuntamiento de León, insisten en las bondades ambientales que supondrá la polémica construcción en el sur de la capital de la llamada Red de Calor, es decir, macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno verde y un 'mar' de placas solares junto al cementerio leonés. Hace apenas una semana que la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Somacyl, licitó en dos contratos por un valor total de 62 millones de euros de la primera fase de construcción, que incluye la planta de combustión vegetal y casi 30 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará. También es reciente la concesión de la licencia final por parte del Consistorio.

Sin embargo, hay un contrato poco conocido de hace sólo medio año que ha permitido ir adelantando a buen ritmo todos los trabajos preparatorios en la zona, toda la urbanización del emplazamiento elegido. Son labores que suponen el desbroce y movimiento de tierras, así como talas, de un total de 23,8 hectáreas en el gran triángulo que albergará todo el complejo energético, situado entre el cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío. Ese contrato Somacyl lo adjudicó en noviembre, por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) y recayó en una unión temporal de empresas formada por tres compañías: Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras. El nombre de la UTE no esconde el proyecto para el que trabajan: Se llama 'Red de Calor León'.

El avance de la urbanización en la zona es tal que ha saltado el primer gran escándalo, visible ya en ambas márgenes del río Torío: la tala masiva de árboles. Se trata del lugar exacto donde se ha diseñado una pasarela para salvar el obstáculo de ese cauce fluvial. El nuevo 'puente', publicado ya hace años por ILEÓN, será una estructura metálica de casi 82 metros de larga con un ancho de 5,90 y se aprovechará dos de esos metros para que también sea de paso peatonal.

La pasarela arrancará exactamente tras las gradas del campo de fútbol del área deportiva de Puente Castro y se dirigirá en el otro lado de la ribera hacia el Paseo del Parque, en La Lastra, por donde ya discurrirán las grandes tuberías subterráneas justo entre el Coto Escolar y el centro de Autismo León.

Hace días que las empresas vienen realizando esa tala, señalando los ejemplares a desaparecer y amontonando los troncos ya cortados. Se aprecia un gran corte de la línea de bosque de ribera en ese tramo final del Torío, y es que la extensión de la tala es enorme. La cifra de la superficie afectada es oficial y aparece en el informe favorable de impacto ambiental que Medio Ambiente se concedió ' a sí mismo' -porque también promueve el proyecto, hace exactamente un año, en junio de 2025.

Interés comunitario: sauces, álamos y olmos

Según el informe, se están talando en total sólo en este punto casi 1.000 metros cuadrados de arbolado (984 concretamente). Entre los ejemplares, la mayoría son además de tres especies muy sensibles, como son los llamados Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, es decir, catalogados como valiosos bosques de galería. Se trata de ejemplares de Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo blanco) y en menor medida Ulmus minor (olmo común).

El informe favorable resalta que este punto en el que se corta toda la vegetación para construir la pasarela no está dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), aunque sí vincula de 'Riberas del río Esla y afluentes'. También se tilda de “permanente” el impacto de las talas pero finalmente la Junta lo cataloga como una especie de mal menor: “Irreversible pero recuperable”. Esa recuperación a la que Medio Ambiente se aferra se refiere a una futura medida de compensación que refleja que en este mismo punto se reforestará con el doble de superficie cuando la obra acabe: 2.000 metros cuadrados de vegetación de ribera.

También remarca que ya se sabía que esta actuación sería la mayor afección, aunque no la única en la amplia zona de trabajo: en total, el proyecto contempla el desbroce de las 23,8 hectáreas de terreno, de las cuales 31.050 metros cuadrados corresponden a arbolado y otros 191.480 afectan a zonas de herbazal-matorral con arbolado disperso.

Voces críticas vecinales

Todo esto son datos y son oficiales. Pero el escándalo es simplemente visual, basta con pasear por la zona y observar el paisaje ya talado. Por eso, ya se han elevado las primeras voces poniendo el grito en el cielo. La Asociación Vecinal Barrio de La Lastra, que junto con la de Puente Castro encabezan las protestas contra el macroproyecto autonómico, cargan también contra el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la que acusan de aplicar un “doble rasero” en función de quién promueva las actuaciones en el entorno fluvial.

Denuncian que mientras el organismo “machaca” a pueblos y agricultores por intervenciones o usos del agua, en este caso “mira para otro lado” ante una infraestructura vinculada, sostienen, a intereses “poderosos”, en referencia al “señor Quiñones -consejero de Medio Ambiente y máximo responsable de Somacyl- y su amigo, nuestro alcalde, José Antonio Diez”. Y cuestionan especialmente que se permita la implantación de lo que consideran una “industria contaminante” junto a los ríos Bernesga y Torío, la extracción de “millones de litros de agua”, el vertido de residuos al cauce y la tala de árboles de ribera. Por todo ello, ambos barrios han convocado una nueva manifestación el próximo 10 de junio que volverá a confluir en el centro de la ciudad, ante el Ayuntamiento, para volver a protestar por el avance de esta infraestructura.

ILEÓN ha solicitado a la Confederación información oficial sobre la solicitud de permisos, sus condiciones y los solicitantes para esta amplia actuación fluvial, no sólo de talas sino incluso de taponado del cauce del río para el paso de maquinaria pesada, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dejado a León fuera del reparto provisional de ayudas destinadas a redes urbanas de calor y frío renovables. Se trata de un amplio listado en el que se asignan a nivel nacional 50 millones de euros para fomentar un total de 37 proyectos de redes de calor y frío, con inyección económica proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y del que el único proyecto planteado en la provincia leonesa ha sido denegado.

La propuesta de resolución provisional suma diez proyectos aprobados en la Comunidad, para una potencia energética conjunta de 98,4 megavatios, con el 'riego de 10,6 millones de euros. Pero la provincia de León no obtiene ninguno. Es importante aclarar que no se trata de la llamada Red de Calor que impulsa la Junta de Castilla y León a través de Somacyl, con total apoyo del Ayuntamiento de la ciudad: se trata en realidad de una iniciativa privada, desconocida públicamente hasta ahora, cuyo nombre es exactamente “Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Leoniomasa de la Red de Calor de León'. Esta iniciativa ha resultado inadmitida por el Ministerio aduciendo un aparente tecnicismo, un defecto documental.

En cambio, el gran y controvertido proyecto público de la Junta, que la sociedad Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente acaba de impulsar con una licitación por un valor de 62 millones de euros para la primera fase de todo el complejo, sigue su propio curso en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal. En su caso la Junta sí detalla que dispondrá de fondos públicos estatales y europeos, a través de los fondos para la Transición Justa de las antiguas cuencas mineras, algo que también ha sido duramente criticado por no ser la ciudad ni por asomo una zona afectada por la traumática clausura de minas y centrales térmicas. En concreto, ILEÓN ya publicó que la inyección se cifra en 22 millones de euros, casi un tercio del coste inicial para arrancar, según la cuantía de las licitaciones.

Sin embargo, la nueva iniciativa privada ha recibido el 'no' de subvención del Ministerio con el argumento oficial de que la compañía solicitante “no aportó el certificado de resguardo de garantía exigido en la convocatoria”. De ahí que el expediente figure como inadmitido por un tecnicismo administrativo, lo que impide que pueda optar a los fondos europeos del programa Renored impulsado por el IDAE. En ningún momento se da a conocer la cuantía de ayuda económica que se había pedido para este caso privado.

El reparto de los que sí

El listado provisional difundido por el Ministerio recoge un total de doce proyectos presentados en Castilla y León. De ellos, diez han sido aprobados y dos inadmitidos. Además del caso leonés, también ha sido rechazado el proyecto Red de Calor con biomasa en Aspanias Burgos, en Alfoz de Quintanadueñas (Burgos), en su caso por no presentar la documentación de subsanación requerida.

Sin embargo, la provincia burgalesa concentra el mayor volumen de ayudas aprobadas en la Comunidad. La capital recibirá 1.445.360 euros para el proyecto ‘Burgos ampliación central’ y otros 2.366.703,73 euros para ‘Burgos ampliación red’. Además, Aranda de Duero contará con dos actuaciones subvencionadas: 1.128.274,60 euros para la ampliación de su red de calor y 601.037,11 euros para una ampliación de central de generación renovable con biomasa.

Palencia suma dos expedientes aprobados. El primero, para la ampliación de la red de distribución de calor de la capital palentina, que recibirá 299.797,99 euros; y el segundo, denominado ‘Red de calor y frío renovable-Palencia’, con una ayuda de 607.152,52 euros.

También ha sido aprobada una ampliación de red de distribución de calor en Ávila, con una subvención propuesta de 954.616,33 euros. En Salamanca, el proyecto ‘Hefesto Villares’, ubicado en Villares de la Reina, recibirá 431.188,85 euros.

La provincia de Soria incorpora dos actuaciones subvencionadas. Por un lado, la ampliación de la red de calor de Soria capital obtendrá 1.268.675,42 euros. Por otro, el proyecto ‘Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Ólvega’ contará con 1.558.508,05 euros.

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NOTA DE RECTIFICACIÓN. En la versión inicial de esta noticia, de fecha 27 de mayo, se dio por hecho, a causa de un error de interpretación, que el proyecto cuya subvención europea rechazaba el Ministerio era el de la Red de Calor de la Junta de Castilla y León. El consejero portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado el jueves 28 del mismo mes que se trata en realidad de dos proyectos distintos.

Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Congreso de los Diputados acoge la presentación oficial de la Lista Roja Nacional de España, una evaluación que recoge el riesgo extinción de más 1 500 especies.

El acto, organizado por AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) con la colaboración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) - con el Comité Español de UICN y el Centro de Cooperación del Mediterráneo (UICN Med) - ha reunido a más de 80 especialistas de organismos científicos, responsables políticos y gestores de fauna para debatir los desafíos de extinción y las estrategias de conservación en cautividad y en libertad.

Esta Lista Roja Nacional ha sido elaborada por el Grupo de Especialistas de Especies de España, constituido en febrero de 2024, y representa una de las primeras iniciativas de este tipo a nivel nacional dentro de la Comisión para la Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN.

El proceso ha recibido el apoyo técnico del Comité Español de la UICN y de UICN Med, así como el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la inauguración del evento ha participado Vivek Menon, presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, reflejando el compromiso tanto del Gobierno español como de la comunidad científica internacional con la protección de la biodiversidad en España.

Especies emblemáticas de la península ibérica como la tortuga mora, la ranita de San Antón, el desmán ibérico y el angelote son de las más amenazadas para su extinción

“La Lista Roja de la UICN es la herramienta más importante que guía la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Si bien a escala global las Listas Rojas siempre han servido para determinar si una especie está amenazada o no, las evaluaciones científicas rigurosas a escala nacional son fundamentales para fundamentar políticas públicas eficaces y movilizar recursos donde más se necesitan. La Lista Roja de España es un ejemplo de cómo la ciencia puede traducirse en acciones concretas para proteger el patrimonio natural”, ha destacado Menon.

El encuentro ha reunido a las principales sociedades científicas españolas de conservación –Asociación Herpetológica Española, Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, Sociedad Ibérica de Ictiología, Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, y especialistas en tiburones, rayas y quimeras–.

Además, se han presentado proyectos de conservación ex situ e in situ de instituciones zoológicas de referencia como el Zoo de Barcelona, el Acuario de Zaragoza, el Zoo Botánico de Jerez, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el BIOPARC Acuario de Gijón, el Acuario Poema del Mar, el Parque Selwo y Loro Parque Fundación.

Riesgo de extinción, reto de conservación

Especies emblemáticas como la tortuga mora (Testudo graeca), la ranita de San Antón (Hyla molleri), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y el angelote (Squatina squatina) han constituido el eje de las presentaciones de hoy. Cada una representa un reto específico: pérdida de hábitat, contaminación, captura accidental en artes de pesca, o colisión con infraestructuras eléctricas.

Junto a los diagnósticos científicos, se han presentado ejemplos de intervención exitosa: la cría en cautividad del topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), el programa de conservación del salmón atlántico (Salmo salar) y el proyecto de conservación in situ-ex situ del oso pardo.

“La conservación de la biodiversidad es uno de los grandes retos del siglo XXI y esta Lista Roja Nacional, que AIZA ha impulsado en colaboración con IUCN, va a ser clave para preservar las especies más amenazadas de España en el futuro”, ha declarado Javier Almunia, presidente de AIZA.

Lista Roja Nacional

La Lista Roja permite identificar el riesgo de extinción de las especies. Ello ayuda a definir cuáles son las prioridades de conservación y diseñar estrategias de intervención. La Lista Roja Nacional aplica las metodologías reconocidas internacionalmente, desarrolladas por la UICN, adaptadas a la realidad ecológica y territorial de cada país evaluando especies nativas terrestres, marinas y de agua dulce, clasificándolas según su nivel de amenaza.

En España se han identificado unas 85.000 especies de animales, hongos y plantas, cifra que representa el 54 % de las especies que habitan en Europa y aproximadamente el 5 % de las especies conocidas a escala mundial. Esta elevada riqueza de biodiversidad sitúa a España como uno de los países con mayor diversidad biológica del continente.

En esta primera fase de la Lista Roja Nacional se ha incluido la evaluación de 1.580 especies de estos grupos, de las cuales 428 están clasificadas como amenazadas según los criterios de Lista Roja de UICN.

Se han identificado unas 85.000 especies de animales, hongos y plantas, el 54 % de las especies que habitan en Europa y aproximadamente el 5 % de las especies a escala mundial

“La Lista Roja debe entenderse como una herramienta dinámica de conocimiento y gestión. Continuamente se incorporan nuevas evaluaciones y se actualiza la información disponible para mejorar nuestra comprensión sobre el estado de conservación de las especies y orientar mejor las prioridades de conservación”, comenta Luis Santiago Cano-Alonso, coordinador del Grupo de Especialistas de Especies de España.

La jornada de hoy ha buscado trascender el diagnóstico para abrir el diálogo sobre cómo hacer operativa la conservación: desde la investigación básica hasta la intervención directa en poblaciones silvestres, pasando por programas de cría en cautividad que generan aprendizaje científico y mantienen depósitos genéticos.

Los proyectos presentados demuestran que las instituciones españolas cuentan con la experiencia y la determinación necesarias para revertir tendencias de extinción, pero requieren un marco político y presupuestario que respalde esos esfuerzos.

Un estudio, con participación de la Universidad de León (ULE), ha identificado los patrones y causas que explican por qué los osos pardos visitan asentamientos humanos en la Cordillera Cantábrica, un fenómeno cada vez más frecuente y que plantea retos para la convivencia entre fauna salvaje y población rural. Sobre todo teniendo en cuenta la creciente oleada, entre mediática y social, para actuar como con especies como el lobo y demonizarlas con el objetivo último de desmontar la protección de la biodiversidad en España.

El trabajo consultado por Efe, que acaba de ser publicado en la revista' Scientific Reports' y está firmado, entre otros, por el investigador de la ULE Miguel de Gabriel Hernando, analiza 73 episodios documentados entre 2009 y 2021 en Asturias, Cantabria y Castilla y León, es decir, provincias como León y Palencia sobre todo, y aporta claves para mejorar la gestión de este tipo de interacciones.

El estudio recoge que las visitas de osos a núcleos habitados no son aleatorias, sino que responden a factores ecológicos, espaciales y de disponibilidad de alimento. Los investigadores han constatado que estos episodios se producen sobre todo en verano, durante la noche o el crepúsculo, y están protagonizados principalmente por ejemplares jóvenes o subadultos.

Lo principal: la comida fácil

Uno de los hallazgos principales es el papel determinante de los recursos alimenticios de origen humano, ya que en el 86% de los casos se detectaron fuentes de comida que atraían a los animales, siendo los frutales —como cerezos, manzanos o ciruelos— el principal reclamo, presente en más de la mitad de los episodios.

“Los osos no entran en los pueblos por casualidad, sino atraídos por recursos fáciles y previsibles”, recoge el estudio, que subraya que la disponibilidad de alimento condiciona tanto el momento como la frecuencia de estas incursiones.

Además, las visitas se concentran en áreas de alta calidad de hábitat para la especie, cercanas a los núcleos reproductores y con elevada presencia de osos, lo que incrementa la probabilidad de interacción con asentamientos humanos. También se producen con mayor frecuencia en pueblos situados junto a masas forestales y en entornos montañosos y abruptos, que proporcionan cobertura y seguridad a los animales.

El análisis a escala local revela igualmente que los pueblos con mayor superficie o perímetro presentan más probabilidades de registrar visitas, al ofrecer más puntos de acceso y una mayor disponibilidad de recursos como huertos, cultivos o residuos.

Episodios puntuales pero también aprendizaje

El estudio pone de relieve que muchos de estos episodios son puntuales y responden a condiciones concretas, aunque también identifica posibles procesos de aprendizaje en algunos ejemplares, que asocian la presencia humana con la obtención de alimento.

En cuanto a la gestión, los autores advierten de que las medidas habituales para ahuyentar a los osos, como ruidos o fuegos artificiales, tienen efectos limitados y temporales si no se actúa sobre la causa principal: el acceso a comida.

Por ello, recomiendan priorizar estrategias preventivas, como la recogida de fruta, la instalación de cercas eléctricas o la protección de colmenas y ganado, antes de recurrir a medidas disuasorias. Algunas de estas medidas, como también cuidar la presencia de basura comestible, han sido implementadas por la Junta de Castilla y León, así como medidas de seguridad y pautas de actuación básicas. Entre ellas, con ayuda europea, la instalación de pastores eléctricos o contenedores antiosos. También colectivos como la Fundación Oso Pardo (FOP) lanzan mensajes tranquilizadores, ante el escaso riesgo para las personas por la presencia de los plantígrados.

“La eliminación o protección de los recursos que atraen a los osos es clave para evitar que repitan estos comportamientos”, concluye un trabajo en el que también han participado expertos de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Un vendadero conteo oficial de avistamientos urbanos

Otra de las aportaciones relevantes del estudio es la necesidad de mejorar la recopilación y estandarización de datos sobre estos incidentes, ya que no existe un sistema homogéneo entre administraciones, lo que dificulta el análisis y la aplicación de medidas eficaces.

En este sentido, abogan por coordinar protocolos, mejorar el intercambio de información y adaptar la gestión de forma continua a la evolución del comportamiento de la especie, en un contexto de recuperación de la población de oso pardo en la Cordillera Cantábrica.

Los autores consideran que comprender mejor estos patrones permitirá anticipar conflictos y favorecer una convivencia más equilibrada entre humanos y grandes carnívoros, en un escenario donde ambos comparten cada vez más el territorio.

El proyecto berciano Souto Vivo, desarrollado por la Asociación de Desarrollo Rural Bierzo-Cabrera, ha sido elegido por el Gobierno de España para formar parte de la nueva campaña institucional sobre la Agenda 2030, una iniciativa estatal que busca poner rostro a experiencias reales de transformación social y ambiental desde el territorio.

La propuesta, centrada en la recuperación de los tradicionales soutos de castaños como herramienta de desarrollo rural sostenible, aparece integrada en la campaña “Horizonte 2030: Un país que se construye desde el bien común”, difundida en televisión, prensa y redes sociales a nivel nacional. Incorpora también una dimensión social vinculada al empleo femenino y la economía circular, dos de los aspectos que el Ministerio ha querido destacar dentro de la campaña institucional.

La selección sitúa al Bierzo y la Cabrera como referencia dentro de las políticas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), después de que Souto Vivo fuese escogido entre centenares de iniciativas presentadas desde distintos puntos del país.

El proyecto combina recuperación ambiental, conservación del paisaje y dinamización económica, utilizando los soutos tradicionales no solo como patrimonio natural, sino también como recurso capaz de generar empleo, fijar población y crear nuevas oportunidades en el medio rural.

Desde la ADR Bierzo-Cabrera consideran que este reconocimiento nacional supone un respaldo al trabajo desarrollado en ambas comarcas y al modelo impulsado desde el territorio. La entidad defiende, en nota de prensa, que la experiencia puede servir además como proyecto piloto exportable a otras zonas afectadas por la despoblación o el abandono rural.

La imagen promocional elegida muestra precisamente a varias trabajadoras del proyecto realizando labores en el entorno natural, una fotografía con la que se pretende simbolizar el papel del medio rural en la construcción de un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible.

La iniciativa está financiada por la Dirección General de Agenda 2030 y se ha consolidado en los últimos años como uno de los programas más relevantes impulsados por la ADR Bierzo-Cabrera en materia de biodiversidad, conservación ambiental y revitalización económica del territorio.

La importancia de los días del calendario depende del significado que damos a los acontecimientos. Siguiendo tal premisa, llegamos a la conclusión de que una fecha es relevante –o deja de serlo– según veamos la vida en un momento o período determinado.

Y es que todo cambia, también los significados –¡Y cuánto!–. En consecuencia, lo que ayer representaba un acontecimiento extraordinario, mañana puede llegar a convertirse en olvido.

Ramón de Campoamor dejó escrito estos versos en su poema Las dos linternas:

‘Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / ‘todo es según el color / del cristal con que se mira’.

Así, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de nuestro universo de valores, suele ser la importancia que damos a los días del calendario: tornadiza, como la vida misma. 

No obstante, insisto en considerar que no es casual que esta o aquella data nos resulte intersante, lo cual me da pie para detenerme a reflexionar sobre la fecha de hoy.

Atendiendo a la relevancia personal del veinte de mayo, en él convergen dos significativas pérdidas, la de un familiar allegado y la de una amiga entrañable (esta última, por extraña coincidencia, celebraba, también, su cumpleaños este día). Luego, continuando a hurgar en la lista de mis conmemoraciones personales, por baladí que parezca, un veinte de mayo nació nuestra gata de casa, hecho insustancial para la generalidad de los seres humanos, lo sé, pero así somos de impertinentes los dueños de mascotas… 

Independencia de Cuba

Después, si hablamos de Historia, el veinte de mayo de mil novescientos dos, tras cuatro siglos de colonialismo español, tres décadas de guerra y tres años de ocupación militar norteamericana, fue instaurada la República en Cuba, asumiendo el gobierno el primer presidente, don Tomás Estrada Palma. Vale decir que, a pesar de la connotación histórica del acontecimiento, esta fecha fue declarada ‘ignominiosa’ cuando los barbudos de Fidel Castro irrumpieron en la palestra nacional empuñando el cetro de ‘paladines de la libertad’ y ‘profetas de una nueva era’. Así, en la isla caribeña, a inicios de la década de los sesenta, las conmemoraciones nacionales e internacionales –¡También ellas!– comenzaron a sufrir un proceso de depuración, razón por la que el veinte de mayo, otrora fecha gloriosa, pasó a convertirse en vergüenza y símbolo de todos los males traídos por el neocolonialismo yanqui y la ‘rancia burguesía de antaño’.

Y ahora me subo a lomos del recuerdo, caballo veloz en la pradera del tiempo que no se detiene a pastar ni siquiera un instante. Confieso que me encanta estirar ese ‘chicle mental’ que es la memoria, para regresar, cuantas veces quiera, a mi tierra de origen (Cuba) y a mi ciudad natal (Matanzas), donde (al menos en los años en los que allí viví, desde mi nacimiento hasta mis dieciocho primaveras) había una calle llamada ‘Veinte de Mayo’. Dada la poca simpatía que ‘los adalides de la nueva era’ sentían por la –por ellos mismos– desacreditada efemérides, es posible que tal nominativo, a día de hoy, haya sido sustituido por otro, si bien se cuenta que la calle matancera a la que hago referencia no había recibido tal nombre en consideración al Día de la República, sino en honor a un tal Ricardo Linares, quien era propietario de un famoso almacén de porcelana ubicado en calle Independencia. Se refiere que el famoso comerciante, en abril de mil novescientos treinta y cinco, había sido designado Cónsul de Santo Domingo en Matanzas (para más detalles, véase Ricardo Linares y la tienda el Veinte de Mayo), razón suficiente para que la calle Independencia cambiara su nombre por el del negocio del diplomático.

Y también... día de las abejas

Lo que nunca podía haber imaginado es que el veinte de mayo estaría destinado a celebrar el Día Mundial de las Abejas. Bajo el lema ‘Inspiradas por la naturaleza para nutrirnos a todos’, la ONU estableció tal celebración en homenaje a Anton Janša, pionero esloveno de la apicultura moderna, nacido un veinte de mayo de mil setecientos treinta y cuatro. ¿Qué decir, pues, de esas arquitectas naturales, fabricantes de cera y miel, elegidas por Deméter para adornar su trono y por los sacerdotes de Tutankamón para embalsamar, con sus propóleos, el cuerpo del faraón? Podríamos transitar por los panteones de las grandes mitologías y allí encontrarlas cual criaturas sagradas, mensajeras entre el mundo de los vivos y de los muertos (la simbología en torno a las abejas es muy amplia).

En resumen, el veinte de mayo es una fecha a la que tantos significados damos, hemos dado y podemos seguir dando. Sucedería igual si escogiéramos otro día cualquiera: saltaría ante nosotros un montón de razones para encerrarlo entre paréntesis y declararlo glorioso.

¿Será que necesitamos conmemorar fechas para estar en paz con la historia de la humanidad y con nosotros mismos?

Bonita pregunta esta.

Ajena a protestas vecinales, al margen de denuncias ambientales y a recursos judiciales en marcha, la Junta de Castilla y León ha dado el paso definitivo para la ejecución del complejo de plantas energéticas de incineración y solares en el sur de la ciudad de León, bajo el nombre de Red de Calor.

Lo ha hecho sacando a licitación pública los dos primeros y más cuantiosos contratos, por un valor inicial conjunto de casi 62 millones de euros, y con plazos de ejecución de dos años, 24 meses, cada uno de ellos, a contar desde que se hayan elegido las empresas que se contratarán por parte de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que depende de la Consejería de Medio Ambiente. La ingente cantidad de dinero de lo que será de largo la mayor inversión de la Junta en la ciudad y la provincia provendrá en gran medida de fondos europeos destinados al plan de Transición Justa, es decir, fondos mineros en principio para la compensación por el cierre de la minería del carbón en la provincia.

El primero de los contratos, el mayor, será el del corazón mismo del proyecto, la macroplanta de incineración de biomasa de origen vegetal, un complejo de dos inmensas calderas que tendrán capacidad para convertir en energía calorífica hasta 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. La Consejería destaca su beneficio con una cifra: que permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ al año.

Su coste de salida dado hoy a conocer es de 41.722.860 euros. Se ha elegido la parcela cedida por el Ayuntamiento de León, no sin polémica aún, y en total ocupará un complejo de 24 hectáreas junto al río Bernesga, lindando con el cementerio de León y la Ronda Sur LE-30, en el barrio de Puente Castro. En esta primera fase, explica hoy la Junta en un comunicado, se instalarán dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, es decir, sumando una potencia total de 44 Mw, si bien se ha diseñado una segunda fase posterior que duplicará esto hasta alcanzar los 88 Mw.

“La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa”, remarcan en una suerte de beneficio circular. Un beneficio que culminan con cifras como que ese corazón de calor suministrará calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas de la ciudad y 150 edificios públicos y privados de la ciudad, y que si las comunidades previstas se 'enganchan', insiste Medio Ambiente, supondrá el fin de más de 1.200 calderas y chimeneas que hoy son de gas o gasóleo.

Los tuberías por los barrios, las calles concretas

Ahí entra el segundo contrato millonario: la primera fase de la red de tuberías subterráneas que han de llevar ese calor por buena parte de la ciudad, casi hasta las puertas del centro mismo pero de momento sin entrar en él. Ese segundo contrato suma otros 20.204.119 euros de licitación, igualmente dos años de obras para prácticamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y de retorno del calor. La red anunciada en su día sumaba unos 65 kilómetros en total, pero serán fruto de fases posteriores de extensión por la capital. De momento se centrarán sólo en barrios como La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana, Polígono 10, El Ejido, La Granja y La Lastra que junto al propio Puente Castro son los que abanderan la protesta social creciente contra este proyecto.

En detalle, tras sortear el río Torío con la construcción de una nueva pasarela que lleve las condiciones, la red provincial de tuberías irá por zonas como el Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo (El Corte Inglés), Santa Ana, Pendón de Baeza o la Avenida Real.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Mucho retraso y posición en contra

Todo este impulso llega ya con muchísimo retraso y además con una amplia contestación, que ha crecido en las últimas fechas. Respecto a lo primero, hay que recordar que esta Red de Calor fue anunciada tras el verano de 2022 por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, firme defensor del proyecto, comprometiendo su funcionamiento para 2025. es decir, hace un año ya. En el mejor escenario actual posible sólo podrá comenzar a cumplirse con al menos tres años de retraso.

Respecto a las posiciones en contra, continúan creciendo las convocatorias vecinales de protesta, muy especialmente de los barrios de La Lastra y Puente Castro, que insisten en la posible contaminación atmosférica del sistema, ruidos o tránsitos brutales de camiones, entre otros muchos problemas. Idénticos a los que esgrimieron vecinos de varios intentos en el norte de la ciudad hace años, como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, cuyas protestas por proyectos mucho más pequeños que el actual consiguieron tumbar sendas plantas de incineración.

Además, está la ofensiva de Ecologistas en Acción, con varios frentes judiciales abiertos, desde la autoconcesión de Proyecto Regional de la propia Junta a las dudas de legalidad de la cesión de los terrenos protegidos sobre los que irá el complejo que, recuerda, también incluirá una planta de nitrógeno verde y multitud de hectáreas de una planta de placas solares. También han denunciado ante el Seprona actuales trabajos preparatorios en el Soto de Santa Olaja.

El pasado verano sufrimos en el Bierzo una catástrofe medioambiental, humana y económica. Los terribles incendios que asolaron nuestra comarca durante cinco semanas nos hicieron vivir momentos de angustia extrema, de peligro real para personas y bienes que en varios casos acabó en tragedia: pérdida de vidas humanas, viviendas quemadas y nuestros montes calcinados. Los incendios de cuarta generación (generados por condiciones de sequía de larga duración, altísimas temperaturas y combustible continuo en los bosques) son una realidad ya en El Bierzo, como se venía avisando por especialistas desde hace varios años. 

Hay algunas dudas pero también hay muchas certezas, quizás la más importante es que se ha de gestionar el paisaje, creando una especie de mosaico que genere espacios de control para esos fuegos. Y eso exige una ingente labor de prevención en nuestros bosques y de cambios en nuestros hábitos de vida. Hace un año se comprometieron todos los esfuerzos personales y económicos para hacer frente a esta lacra. Casi un año más tarde no estamos mucho mejor.

Hoy, 18 de mayo de 2026, no están trabajando las cinco brigadas forestales que en el Bierzo han de realizar tratamientos selvícolas de prevención además de hacer frente a los incendios cuando se producen. Este dato, que es absolutamente cierto, es la prueba irrefutable de que no hemos estado a la altura. Las brigadas deberían llevar ya varios meses en nuestros bosques centradas en tratamientos de prevención. Para que eso ocurra, se debería haber avanzado en la previa redacción de los proyectos de esos trabajos y en la contratación de las brigadas.

La apuesta por la condición pública del operativo, que es la idónea, aplicada en una sola temporada está generando problemas evidentes, principalmente en la contratación del personal necesario por parte de TRAGSA. A ello se suma que no hay un relevo generacional en puestos claves del operativo de prevención y extinción como los conductores-operadores que manejan los bulldozer. ¿Quién va a manejar la maquinaria que adquiera la Diputación si no hay especialistas disponibles para ello?. En ese sentido, me ha llamado la atención el convenio firmado por la Diputación Provincial de Zamora con Somacyl, que podría hacerse también con TRAGSA, para el desbroce de la interfaz urbano-forestal.

Las brigadas Montel hacen un trabajo muy bueno pero debería duplicarse su presupuesto para poder realizar las franjas perimetrales que se necesitan y no una pequeña parte. En el Bierzo, hay 286 pedanías. ¿De verdad creen que con 16 operarios y operarias trabajando ocho meses se va a poder hacer una franja de protección en la interfaz urbano-forestal de todos nuestro pueblos?

La adquisición de nuevos medios aéreos que se incorporen al operativo significan una mejora en el operativo de extinción y se ha de agradecer, pero llegamos tarde al operativo de prevención. Invertir en prevención siempre es un ahorro si se tienen en cuenta los costes que generan los megaincendios. Y no es cuestión de hacer de ésto un enfrentamiento entre administraciones. Siempre podemos hacer más de lo que hacemos. Quienes menos recursos tienen, que son la inmensa mayoría de nuestros ayuntamientos, han de sentir el apoyo decidido de las administraciones superiores. El mecanismo de las BRIF se debería replicar en todas las comunidades autónomas. Llevará unos años estar a la altura de la profesionalidad de esas brigadas estatales pero si no empezamos ese trabajo, no llegaremos nunca.

Llegamos tarde a la prevención; pero que no nos pase que lleguemos tarde también a la extinción. Según el INFOCAL, la fecha de inicio de la época de peligro alto de incendios es el 12 de junio. Sería completamente imperdonable que ese día no tuviéramos el operativo activo.

Pongámonos todos a trabajar, a trabajar más. ¡¡¡Vamos muy tarde!!!

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil de León la ejecución de obras vinculadas al proyecto de la macroplanta de incineración de biomasa y el resto de la llamada la Red de Calor de León al considerar que se están realizando “sin licitación ni adjudicación” previa.

La organización ecologista ha solicitado además al alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que dicte un decreto de paralización cautelar de los trabajos que está ejecutando la denominada “UTE Red de Calor” en la zona del barrio Puente Castro, junto al cementerio municipal, emplazamiento anunciado para esta macroinstalación energética.

La denuncia se dirige contra los responsables de la UTE, por unas actuaciones consistentes en movimientos de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga, en el Soto de Santa Olaja, así como desbroces en el cauce y la zona de policía del río Torío. 'Ecologistas' sostiene que, aunque la Junta de Gobierno Local concedió licencia de obras el pasado 8 de mayo, el proyecto “aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de Calor”. Algo que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, máximo responsable político de Somacyl, anunció que podría producirse este lunes 18 de mayo. Para la organización, estas declaraciones evidencian que los trabajos actualmente en marcha carecerían todavía de cobertura administrativa suficiente porque, ni habiéndose siquiera licitado el contrato, según los carteles, la UTE ya está formada por las empresas Comsa, Inmeva y Hergonza.

Los trabajos denunciados afectan a terrenos protegidos urbanísticamente por el Plan General de Ordenación Urbana de León, clasificados originalmente como suelo rústico con protección natural y especial. Ecologistas en Acción señala que dichos terrenos pasaron a ser urbanos consolidados tras la aprobación como Proyecto Regional del complejo industrial de la Red de Calor, una decisión publicada en el Bocyl el 18 de julio de 2025 y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León mediante un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de resolución.

La organización también cuestiona la existencia de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para los desbroces realizados en la ribera del Torio y los trabajos en las zonas de policía de los ríos Torio y Bernesga. Asimismo, asegura no tener constancia de que el organismo de cuenca haya autorizado el vallado instalado en el entorno, que limita el tránsito de peatones y vehículos por un camino frecuentado por vecinos de La Lastra y Puente Castro.

En su denuncia, Ecologistas considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, al afectar a terrenos previamente protegidos y a espacios vinculados al dominio público hidráulico.

¿Hay informe de viabilidad económico-financiera?

Paralelamente, la organización ha registrado un escrito dirigido al alcalde, y remitido cartas a todos los grupos municipales, para reclamar que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que, según sostienen, debía justificar la concesión de la licencia de obras para la central de biomasa y los primeros kilómetros de la red de tuberías.

Ecologistas en Acción afirma que dicho estudio es “vinculante y obligatorio” antes de proceder a la licitación de las obras, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Entre las cuestiones que consideran sin aclarar figuran las previsiones de demanda, las tarifas y costes de enganche para los usuarios, la financiación del proyecto, los costes de explotación o el origen de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera que podría consumir la planta funcionando a pleno rendimiento.

También aseguran desconocer el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de tuberías de la red, cuyo proyecto, indican, “no se ha sometido a información pública”. A ello suman la ausencia, según denuncian, de un análisis de riesgos sobre el impacto económico que podría tener la iniciativa en las cuentas municipales.

La organización ecologista concluye calificando el proyecto de “contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa” y anuncia su apoyo a la concentración convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro contra la red de calor.

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un folleto desplegable de la serie denominada ‘Paseos botánicos’, a modo de guía divulgativa inspirada en el Fascination of Plants Day que, en esta ocasión, invita a descubrir la flora del Campus de Vegazana. Su objetivo es visibilizar la importancia de las plantas y combatir la ‘ceguera vegetal’, nombre con el que se designa a esa tendencia tan extendida de ignorar la vegetación cercana. El precio es de 2 euros y se puede adquirir pinchando aquí.

El folleto ha sido elaborado por el Área de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE, y los autores son: Raquel Alonso-Redondo, Sara del Río González, Ángel Penas Merino, Norma Yolanda Ochoa-Ramos, Alejandro González-Pérez, Giovanni Breogán Ferreiro-Lera, Aitor Álvarez-Santacoloma y María Hernández-Gordón

Se incluye una ruta con 36 especies de flora vascular, cada una acompañada de ilustración y una breve ficha con características morfológicas, floración, usos y curiosidades. Con formato desplegable y práctico, convierte un paseo cotidiano en una experiencia de aprendizaje, acercando la botánica al público general de forma amena y accesible.

Es un momento para la historia de la biodiversidad en España: El lince ibérico ha vuelto a reproducirse en libertad en el norte de España. El Cerrato palentino ha registrado el nacimiento de cinco cachorros repartidos en dos camadas diferentes, un hito ambiental que llega apenas un año después del inicio del proyecto de reintroducción de la especie en Castilla y León y que supone la primera reproducción confirmada del felino en libertad en la mitad norte peninsular desde su desaparición. Y de eso hace muchas décadas.

Las protagonistas son Virgo y Valeriana, dos hembras liberadas durante 2025 dentro del programa de la Junta de Castilla y León. La primera ha tenido tres crías junto al macho Villano, mientras que la segunda ha dado a luz a dos cachorros tras emparejarse con Vendaval. El seguimiento mediante telemetría ha permitido confirmar que ambos partos se produjeron entre finales de marzo y comienzos de abril, por lo que las crías rondan ya el mes y medio de vida. Hay imágenes que lo atestiguan.

El nacimiento de estas camadas supone un gran espaldarazo para un proyecto que arrancó oficialmente en febrero de 2025 con la llegada de Virgo, el primer lince liberado en el Cerrato palentino. Procedente del centro de cría de El Acebuche, en Doñana, la hembra fue soltada el 17 de febrero del pasado año como punta de lanza de una iniciativa que pretendía recuperar una especie extinguida históricamente en este territorio.

Valeriana, por su parte, llegó desde el centro portugués de Silves y fue liberada el 29 de abril de 2025. Su reproducción con el macho Vendaval, a su vez trasladado desde Castilla-La Mancha, sirvió además para poner a prueba el protocolo nacional de traslocaciones diseñado para reforzar las nuevas áreas de asentamiento del lince ibérico.

El proyecto del Cerrato no ha estado exento de dificultades. Durante el pasado año fueron liberados nueve ejemplares, de los cuales cuatro murieron atropellados o ahogados, un balance que obligó a intensificar las medidas preventivas y a reforzar la vigilancia sobre infraestructuras y puntos de riesgo. Pese a ello, la Junta considera que los nacimientos demuestran la capacidad del territorio para albergar poblaciones reproductoras estables de la especie.

Más de dos millones de inversión

La administración autonómica destaca que detrás de estos resultados hay un amplio trabajo técnico desarrollado durante los últimos meses, desde la selección del área de reintroducción hasta actuaciones de mejora del hábitat y la instalación de infraestructuras específicas para la cuarentena y adaptación de los animales liberados. La inversión acumulada supera los dos millones de euros.

En paralelo, el programa continuará ampliándose. La Junta ha confirmado además la reciente liberación de dos nuevos linces ibéricos en el Cerrato palentino, en febrero de este mismo año, dentro de una estrategia que busca consolidar una población reproductora viable en la comarca. A ello se sumará un programa de educación ambiental que comenzará el próximo curso escolar y recorrerá colegios del Cerrato y zonas vecinas.

La recuperación del lince ibérico en Castilla y León se ha convertido además en un proyecto coral en el que participan técnicos y veterinarios de la Junta, la Fundación Patrimonio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, agentes medioambientales y la Fundación CBD-Hábitat, junto con propietarios de fincas, cazadores, ayuntamientos y vecinos de la comarca. La administración autonómica ha querido agradecer expresamente la colaboración social y la observación “responsable” de los ejemplares por parte de fotógrafos y naturalistas. Y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer personalmente las primeras imágenes en su perfil de la red social X.

El sindicato UGT alerta de que las provincias de Castilla y León no están, como la Junta prometió, mejor preparadas de cara al verano, en el que podrían reproducirse condiciones trágicas como las sufridas el pasado año en provincias como León.

Este miércoles, el secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Ureña, ha augurado un verano “catastrófico” en materia de incendios, ante una Junta de Castilla y León que, tras la situación vivida el año pasado en materia forestal, “no hace nada”. En rueda de prensa, ha explicado la situación actual del dispositivo autonómico de extinción de incendios forestales, junto a Enrique Sánchez, bombero, delegado de UGT SP Ávila; Francisco Javier García, responsable Federal de los Bomberos Forestales UGT SP Castilla y León; y Beatriz Llorente, secretaria general UGT SP Ávila.

Todos ellos han coincidido en señalar que el dispositivo actual se mantiene en los mismos parámetros del verano pasado, al tiempo que han denunciado el hecho de que el Gobierno autonómico sea el único que está incumpliendo la normativa estatal para reconocer la categoría profesional de los bomberos forestales, a pesar de sus reiteradas promesas cuando aún ardían los peores siniestros.

“Todas las comunidades están haciendo los deberes, de mejor o peor manera”, ha señalado García, antes de lamentar que Castilla y León sea, en este sentido, “el paradigma del no cumplimiento” de la Ley Básica de Bomberos Forestales.

En este contexto, ha pedido que el nuevo Gobierno autonómico “se ponga las pilas”, teniendo en cuenta que este verano puede ser “terrible” en materia de incendios forestales, ya que a su juicio, la comunidad está “igual o peor que en 2025”.

Ayer mismo, en Zamora, el propio Arenas denunciaba que el 30% de los puestos de trabajo del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León está sin cubrir a día de hoy y hay menos personal que hace un año, el peor de la historia de todas las provincias de la Comunidad. Por no haber, denuncian que ni siquiera se han ampliado las plantillas en virtud del acuerdo alcanzado en 2022 a través de la Mesa del Diálogo Social para apostar por un operativo público.

“Estamos dependiendo de que la naturaleza no provoque un incendio, porque irán -a sofocarlo- los mismos -medios- que hace cuatro años”, ha sostenido Tomás Pérez, después de recordar que durante el pasado invierno se han contabilizado en el conjunto de la Comunidad medio millar de incendios.

El Gobierno central da un nuevo paso de autorizaciones que podría ser el espaldarazo definitivo al desarrollo de la primera macroplanta de biogás, en concreto de biometano, a partir del tratamiento de residuos agroganaderos, de los muchos que hay diseñados en el sur de la provincia de León, en concreto en San Millán de los Caballeros.

En concreto, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el visto bueno que blinda la conexión al gran gasoducto que va desde Burgos a Asturias para facilitar así la futura macroplanta de biogás de San Millán de los Caballeros. El enganche, valorado en un presupuesto de 717.698,76 euros, correrá a cargo de Enagás SA y la macroplanta diseñada de la mano de la empresa  Biorig Energy San Millán-León SL, en virtud de un acuerdo entre ambas partes.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos previstos en el sur de León y que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León desde 2025, una vez que fueron rechazadas todas las alegaciones en contra de colectivos ecologistas. La futura planta de Biorig, según publica la propia compañía, costaría unos 35 millones de euros, generaría según sus cálculos unos 100 empleos durante la fase de construcción y 35 puestos entre directos e indirectos cuando ya funcione.

Se prevé allí el tratamiento inicial de 163.500 toneladas al año de residuos, principalmente purín de porcino -75.000 toneladas-, estiércol vacuno -45.000- y paja de maíz -29.500-. La empresa, sin embargo, eleva posteriormente la capacidad máxima prevista hasta las 198.000 toneladas anuales de residuos agroganaderos. Se han diseñado en San Millán nueve digestores de 35 metros de diámetro y ocho de altura, con un volumen unitario de 6.400 metros cúbicos. La producción prevista asciende a 119 GWh anuales de biometano, equivalente al consumo de casi 21.000 hogares, estiman ellos mismos.

El definitivo paso adelante publicado consiste en la información favorable a la petición de Enagás de construir de un nuevo punto de conexión para inyección de biometano en el gasoducto Zamora-Benavente-León, integrado en la gran infraestructura gasista que enlaza Castilla y León con Asturias, una auténtica autopista’ de gas que lleva hasta Oviedo.

El terreno allanado

El informe de la CNMC, fechado el 22 de enero de 2026, y ahora el Ministerio, respalda la autorización administrativa, supone la aprobación del proyecto de ejecución de este enganche y la declaración de utilidad pública de las instalaciones proyectadas por Enagás en el término municipal de San Millán de los Caballeros, permitiendo así las expropiaciones necesarias, entre otras ventajas. En este caso, tan sólo afectaría a una pequeña finca de 625 metros cuadrados, actualmente de uso agrícola y de regadío.

La aprobación bendice así que la futura planta pueda inyectarse directamente en la red troncal de transporte de gas natural, en virtud del contrato firmado entre Biorig Energy San Millán-León y Enagás el 3 de diciembre de 2024. El organismo regulador considera que este tipo de conexiones permiten “descarbonizar el suministro de gas natural mediante su sustitución por gases renovables o hipocarbónicos”.

La nueva infraestructura proyectada incluye una nueva posición de conexión en la parcela 98 del polígono 619 de San Millán de los Caballeros, una estación de medida G-65 y distintos sistemas de control, odorización y análisis de calidad del gas. Y la planta a la que suministraría se ubicaría a entre cuatro y cinco kilómetros de localidades como el propio San Millán, Pobladura de Pelayo García, Laguna de Negrillos, Villamañán o Villademor de la Vega.

Una de las mayores plantas previstas en León

La conexión avalada ahora por el Gobierno está directamente vinculada a la macroplanta promovida por Biorig Energy San Millán, una instalación que prevé convertir residuos agroganaderos en biometano y que por las dimensiones dadas a conocer no sólo podría ser la primera de muchas en funcionar en la provincia leonesa sino también de las que más capacidad tendría para transformar residuos sobre todo ganaderos en biogás.

Biorig defiende que la instalación devolverá a la actividad agrícola de la comarca unas 211.000 toneladas anuales de fertilizante orgánico homologado por la normativa europea y asegura que contará con sistemas de impermeabilización, reutilización de agua y control de olores. Con tales cifras, hoy mismo el sindicato Asaja de León ha aplaudido públicamente no solo este proyecto concreto sino todas las plantas del mismo tipo que se prevén en la provincia.

“Días rojos”. No hace falta pensar mucho para saber a lo que la Junta de Castilla y León se refiere con este nuevo y llamativo término acuñado tras el desastre de los incendios forestales el pasado año 2025. Un auténtico infierno que en la provincia de León arrasó 135.500 hectáreas -según un dato ocultado oficialmente de la propia Junta-, casi un 10% de toda la superficie forestal de la provincia, y que destruyó barrios enteros de numerosos pueblos de comarcas como Valdería, Jamuz o El Bierzo, entre otros. “Días rojos” es como se han pasado ahora a denominar de manera formal pero muy gráfica las jornadas que serán declaradas por la autoridad autonómica como de “riesgo extremo” de incendio a partir de ahora.

Es así como se puede apreciar en los boletines oficiales que se nombran ahora esos días en los que queda prohibido casi todo, ante el peligro inminente de nuevos 'días negros' de llamas incontroladas, como las que se vivieron desde el pasado 8 de agosto. Es una expresión que aparece en un lento goteo con el que se están aprobado en un listado de municipios en riesgo real desde hace meses las nuevas y obligatorias “ordenanzas reguladoras de limpieza de parcelas y vallados de solares para la prevención de incendios” en lo que se denomina administrativamente “la interfaz urbano-forestal” de los pueblos más expuestos al desastre del fuego.

Tras la nefasta experiencia del pasado año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las nueve diputaciones provinciales, se apresuraron en septiembre a prometer que se impulsarían en los pueblos en riesgo esos necesarios “anillos de seguridad”. Obviaron recordar que se trataba en realidad de una necesidad que había sido considerada urgente doce años atrás a nivel estatal, pero que prácticamente nadie cumplía. Porque fue en 2013 cuando un Real Decreto aprobó una 'Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales' que contemplaba la necesidad de tener adecentadas estas zonas externas de protección de los pueblos rodeados de vegetación combustible.

Trabajar en la “zona defendible”

A partir de ese momento, la Junta dejó la patata caliente en manos de las diputaciones y a continuación de los propios ayuntamientos, los que todavía ahora aprueban la necesaria ordenanza. Un texto destinado a prevenir incendios en los aledaños de las localidades rurales, que obliga a propietarios y usuarios de parcelas urbanas y rústicas próximas a núcleos habitados a mantenerlas limpias y desbrozadas antes del 1 de junio de cada año.

En esa ordenanza llama la atención la literatura de la Junta para seguir ocultando la dimensión numérica real de las oleadas de incendios de 2025, cuando se limitan sólo a decir que fue “excepcional en número e intensidad de incendios forestales, con afectación directa a varios núcleos urbanos en el entorno de la provincia de León”. Sin un ápice de autocrítica respecto a la lenta reacción autonómica, a las muertes humanas o la falta de medios y descoordinación inicial, el boletín oficial atribuye esta situación sólo a “unas condiciones climatológicas un tanto inusuales, con muchas precipitaciones en primavera y un calor excesivo en verano”. “Unido al despoblamiento rural y cambio de necesidades en los aprovechamientos forestales por parte de los habitantes de los pueblos, han favorecido la proliferación de incendios más voraces e incontrolables”, concluye.

La norma fija franjas de seguridad alrededor de viviendas -en lo que en un lenguaje casi bélico se denomina “zona defendible-, prohíbe hogueras y quemas ordinarias de restos vegetales, limita el uso de maquinaria que pueda provocar chispas en días de riesgo extremo y contempla inspecciones municipales, ejecución subsidiaria de los trabajos y multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan de manera grave.

Lenta Diputación

Sin embargo, a muy diferente ritmo han ido avanzando en mejoras concretas. En el caso de León, la Diputación acumuló medio año de retraso para cuando puso en marcha su compromiso estrella: un total de 400.000 euros, que eran la novedad del presupuesto de este año. Un dinero a repartir entre 114 municipios obligados a afrontar el riesgo máximo lo mejor preparados posibles, teniendo en cuenta el Plan Infocal de la Junta. El impulso inicial a ese reparto tuvo que esperar hasta marzo de este año.

Igualmente, no fue hasta mediados de abril cuando la institución provincial activó por fin el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin sólo en León, y así en el resto de provincias en peligro. Con estos plazos, habrá numerosos casos en los que llegará este próximo el verano sin que todo esté preparado para la defensa efectiva de los pueblos, si nuevamente fuera necesario.

Del hecho de que la ordenanza para que no haya combustible forestal peligroso a las puertas de los pueblos era necesaria da buena cuenta que sólo en el pasado verano el Procurador del Común -defensor del pueblo autonómico- tuvo que emitir una veintena de resoluciones, casi todas desde la oleada de incendios sin precedentes en los registros oficiales leoneses, para señalar las obligaciones en la prevención de incendios forestales, primero en mano del dueño de los terrenos y, si este no actúa, subsidiariamente de los municipios.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este martes el “interés general” de la Red de Calor de León pese a la oposición de los vecinos al proyecto, por suponer “un gran ahorro” y tratarse de una energía sostenible como es la biomasa, la quema industrial de pellets.

El consejero ha respondido así pocas horas después de conocerse la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de León de admitir a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro en contra de ese proyecto, entre duras críticas. Una decisión judicial en concreto planteada contra la falta de información del Ayuntamiento leonés por la concesión de la licencia de obra a la empresa pública autonómica Somacyl. Los vecinos ponen en duda la legalidad de los permisos municipales concedidos para construir la macroplanta de incineración de biomasa, la primera de las fábricas energéticas, así como la primera fase del sistema de tuberías subterráneas de la Red de Calor bajo unas 30 calles de la capital leonesa.

Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, ha apuntado que cuando se acometen grandes proyectos innovadores “siempre hay contradicciones desde el desconocimiento”, según atribuye. Sin embargo, añadió que por el contrario hay que destacar del proyecto “la modernidad y el ahorro a los vecinos” de la capital, añadiendo que se trata de un sistema que “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”.

Ha insistido en que el combustible que se obtiene es mucho más barato que el tradicional y ha detallado que su puesta en marcha supondrá la eliminación de entre 400 a 500 chimeneas en la ciudad, con una tecnología que se utiliza en el norte de Europa desde hace más de cien años.

Suárez-Quiñones ha trasladado la determinación del Gobierno autonómico de seguir trabajando para sacar adelante el proyecto, tal y como se hizo en Ponferrada, donde el consejero ha asegurado que también se han presentado varios contenciosos-administrativos, que se han ganado. Sin embargo, la realidad es que han sido varias las veces que los juzgados ordenan la paralización del funcionamiento de la Red de Calor ponferradina, cuestionando incluso su legalidad misma., y en caso muy parecido a León hasta cuestionando las licencias municipales otorgadas.

Por su parte, desde las asociaciones vecinales que han presentado el contencioso-administrativo contra el proyecto se ha destacado que este plan sigue el mismo camino que “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, que ha estado paralizada durante años por recursos judiciales.

Desde las asociaciones también se ha considerado que el proyecto es “obsoleto” e infringe la normativa ambiental y urbanística y llaman a toda la ciudadanía leonesa a seguir rechazando el mismo.

Apenas han pasado cuatro días desde que el Ayuntamiento de León aprobó la licencia para el proyecto de la denominada Red de Calor de León promovida por la Junta de Castilla y León a través de Somacyl y la decisión ya está judicializada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de La Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro contra esta polémica decisión que permitiría comenzar los trabajos iniciales de esa Red de Calor, es decir, la macroplanta de incineración de biomasa y el entramado de 30 kilómetros de tuberías subterráneas bajo calles de León para trasladar el calor generado en las instalaciones.

Según han informado ambos colectivos a través de un comunicado, que denuncian la opacidad municipal con este polémico asunto, el Juzgado ya ha dictado un decreto requiriendo al Consistorio leonés el expediente administrativo completo, otorgándole un plazo “improrrogable” de veinte días hábiles para remitir toda la documentación relacionada con la autorización de las obras.

La demanda se dirige contra el permiso urbanístico aprobado recientemente por la Junta de Gobierno Local para permitir el inicio de las obras de las instalaciones energéticas previstas en el sur de la ciudad, junto al cementerio de León y en el entorno del barrio de Puente Castro. El proyecto impulsado por la sociedad pública Somacyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, contemplaba inicialmente una inversión superior a los 85 millones de euros.

La iniciativa completa, ya anunciada desde 2022, incluye la construcción de una planta de biomasa, otra vinculada al hidrógeno verde, una instalación fotovoltaica y una extensa red de canalizaciones subterráneas para distribuir calor a distintos puntos de la capital leonesa. Los colectivos recuerdan que esta fase de arranque sumaría unos 30 kilómetros las tuberías que se prevé instalar bajo las calles de León.

Críticas vecinales al proyecto

Las asociaciones vecinales aseguran que el alcalde de León “continúa ocultando la tramitación de este proyecto a todos los afectados” y mantienen su rechazo frontal a la infraestructura energética. Los colectivos consideran que el proyecto es “obsoleto” y sostienen que vulnera normativa ambiental y urbanística. Además, llaman a la ciudadanía leonesa a “seguir rechazando” la iniciativa y a “no rendirse a la política de hechos consumados de la Junta y el Ayuntamiento y su dilapidación de dinero público”.

Como ejemplo de los riesgos del modelo planteado, los vecinos citan “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, una infraestructura que —recuerdan— ha acumulado varias sentencias judiciales en contra y permaneció paralizada durante años.

Las asociaciones también han solicitado información sobre los impuestos y tasas municipales que deberá abonar Somacyl, conocida como 'la Junta B' y no pocas veces tildada de “chiringuito”, por la ejecución de las obras. “Nos tememos que la opacidad en el acceso a la información es porque se pretende que esta empresa no pague ni tasas ni impuestos por esta obra ni este proyecto”, señalan los colectivos en su comunicado. Hay que recordar que, por ejemplo, como compensación a las instalaciones de la Red de Calor, Somacyl y no el Ayuntamiento está acometiendo con su presupuesto de 2,7 millones de euros la reforma de todo el pavimento del centro peatonal de León, la calle Ancha, la plaza de Botines y gran parte de la de Regla, la del Ayuntamiento.

La admisión a trámite de la demanda abre ahora una vía judicial -y son varias las impulsadas- sobre una de las iniciativas energéticas más controvertidas impulsadas en León en los últimos años y que ha generado una fuerte oposición vecinal, especialmente en los barrios del sur de la capital, después de que hasta tres veces similares protestas en el norte de León consiguieran tumbar una planta de biomasa mucho más pequeña que la actual.

Reservas de la biosfera de la provincia de León se sumarán un año más a la celebración del Biomaratón de Flora Española (BioFE), una iniciativa de ciencia ciudadana que en su sexta edición movilizará a miles de participantes en todo el país para documentar y poner en valor la biodiversidad vegetal. Se trata de Alto Bernesga y Valles de Omaña y Luna.

En el marco de esta convocatoria nacional, coordinada por la Sociedad Botánica Española (SEBOT) y la Sociedad Española de Biología de la Conservación de las Plantas (SEBiCoP), dos espacios protegidos leoneses han organizado rutas botánicas abiertas a la participación ciudadana los días 16 y 17 de mayo.

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga participará el próximo 16 de mayo con la actividad 'Entre pétalos y montañas', una excursión guiada por el entorno de la ruta de La Gril, en Geras de Gordón, que combinará divulgación ambiental y ciencia ciudadana.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir al mapeo de la flora de la península ibérica mediante la recopilación de observaciones de especies silvestres.

Para ello, las personas participantes emplearán la plataforma iNaturalist, una aplicación de referencia internacional que permite registrar, identificar y compartir datos sobre biodiversidad a través de dispositivos móviles.

Un día después, el 17 de mayo, tomará el relevo la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, que ha programado una ruta botánica en el entorno del sabinar de Mirantes de Luna, un enclave de gran interés ecológico.

La actividad comenzará a las 10.00 horas con punto de encuentro frente al Club Náutico de Mirantes de Luna y permitirá a las personas asistentes recorrer un hábitat singular donde se prevé la observación de diversas especies de flora, incluidas orquídeas, mientras se participa activamente en el biomaratón.

Durante el recorrido, personal técnico de la reserva acompañará al grupo para facilitar la identificación de las especies encontradas y apoyar el registro de datos, en línea con los objetivos del proyecto.

El Biomaratón de Flora Española se ha consolidado como uno de los principales eventos de participación ciudadana en el ámbito de la botánica en España.

Su objetivo es visibilizar la relevancia de la flora, fomentar la conexión con el medio natural y combatir la denominada “ceguera vegetal”, un concepto que alude a la falta de atención que tradicionalmente se presta a las plantas frente a otros elementos de la biodiversidad.

Las actividades impulsadas en León forman parte de una red de iniciativas que se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos del país, con la finalidad de generar datos útiles para la investigación científica y reforzar la conservación de los ecosistemas.

La localidad berciana de Carracedo de Compludo celebrará este sábado 9 de mayo una jornada de voluntariado vecinal y convivencia con actividades dirigidas tanto a adultos como a niños y niñas.

La programación arrancará a las 10.00 horas con trabajos de desbroce preventivo contra incendios y otras tareas de acondicionamiento del entorno. Una hora después, a las 11.00 horas, tendrá lugar una actividad pedagógica de cerámica para los más pequeños.

La jornada continuará a las 14.00 horas con una comida popular gratuita para las personas voluntarias, tanto adultas como infantiles. Ya por la tarde, desde las 17.00 horas, habrá una sesión festiva con el combo ‘Al Tun Tun’ y otras actividades sorpresa organizadas por la asociación promotora. El programa concluirá a las 20.00 horas con una cena y bebidas a precio popular.

La organización recuerda que es importante reservar plaza previamente a través del teléfono 676 233 473. La actividad cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

La Junta otorga a una empresa la concesión directa de una explotación de arenas silíceas entre los municipios leoneses de Las Omañas y Llamas de la Ribera por un período de 30 años, según publica en su edición de este jueves el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

La resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno autonómico permite a Gravera Las Omañas acometer trabajos en la explotación 'El Gancedo'. La entidad mercantil ya había presentado en 2013 documentación para participar en el concurso de derechos mineros de León.

Fue en 2018 cuando el Servicio Territorial de Economía de León comenzó a tramitar la solicitud de la concesión directa de 'El Ganso', que acaba de ser autorizada a Gravera Las Omañas tras recibir pronunciamientos como el informe técnico favorable del Instituto Geológico y Minero de España y reducir en una cuadrícula de terreno el perímetro de intervención solicitado.

Finalmente, el proyecto establece cuatro zonas potencialmente explotables, con un volumen total estimado de 2.522.751 metros cúbicos. Con una producción media de 200.000 toneladas al año, la vida útil estimada de la explotación asciende a 25,2 años. Y la superficie afectada es de a 19,8 hectáreas, incluyendo zonas como los accesos.

Entre las condiciones impuestas por la Junta destaca la obligación de constituir una garantía financiera de 348.719 euros en un plazo de dos meses, destinada a asegurar el cumplimiento de las medidas correctoras y de restauración de los terrenos afectados por la actividad minera.

Asimismo, la concesión está supeditada a la obtención de todas las licencias y autorizaciones sectoriales necesarias, incluidas las municipales, y contempla la caducidad del derecho en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas.

Con esta decisión, la administración autonómica da luz verde a la continuidad y ampliación de la actividad extractiva en esta zona del norte de la provincia de León, donde los recursos de arenas silíceas tienen un importante valor industrial, especialmente en sectores como la fabricación de vidrio, la construcción o diversos procesos industriales.

Contra esta resolución de Energía y Minas, que no pone fin a la vía administrativa, podrá todavía interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Economía y Competitividad de la Junta en el plazo de un mes contado a partir de este viernes.

La Junta ya dio el pasado mes de abril su visto bueno a otro proyecto minero para la búsqueda de arenas silíceas y arcillas caoliníticas entre los municipios de Rioseco de Tapia y Carrocera, un permiso de investigación denominado 'Tapia'.