La localidad berciana de Carracedo de Compludo celebrará este sábado 9 de mayo una jornada de voluntariado vecinal y convivencia con actividades dirigidas tanto a adultos como a niños y niñas.

La programación arrancará a las 10.00 horas con trabajos de desbroce preventivo contra incendios y otras tareas de acondicionamiento del entorno. Una hora después, a las 11.00 horas, tendrá lugar una actividad pedagógica de cerámica para los más pequeños.

La jornada continuará a las 14.00 horas con una comida popular gratuita para las personas voluntarias, tanto adultas como infantiles. Ya por la tarde, desde las 17.00 horas, habrá una sesión festiva con el combo ‘Al Tun Tun’ y otras actividades sorpresa organizadas por la asociación promotora. El programa concluirá a las 20.00 horas con una cena y bebidas a precio popular.

La organización recuerda que es importante reservar plaza previamente a través del teléfono 676 233 473. La actividad cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

La Junta otorga a una empresa la concesión directa de una explotación de arenas silíceas entre los municipios leoneses de Las Omañas y Llamas de la Ribera por un período de 30 años, según publica en su edición de este jueves el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

La resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno autonómico permite a Gravera Las Omañas acometer trabajos en la explotación 'El Gancedo'. La entidad mercantil ya había presentado en 2013 documentación para participar en el concurso de derechos mineros de León.

Fue en 2018 cuando el Servicio Territorial de Economía de León comenzó a tramitar la solicitud de la concesión directa de 'El Ganso', que acaba de ser autorizada a Gravera Las Omañas tras recibir pronunciamientos como el informe técnico favorable del Instituto Geológico y Minero de España y reducir en una cuadrícula de terreno el perímetro de intervención solicitado.

Finalmente, el proyecto establece cuatro zonas potencialmente explotables, con un volumen total estimado de 2.522.751 metros cúbicos. Con una producción media de 200.000 toneladas al año, la vida útil estimada de la explotación asciende a 25,2 años. Y la superficie afectada es de a 19,8 hectáreas, incluyendo zonas como los accesos.

Entre las condiciones impuestas por la Junta destaca la obligación de constituir una garantía financiera de 348.719 euros en un plazo de dos meses, destinada a asegurar el cumplimiento de las medidas correctoras y de restauración de los terrenos afectados por la actividad minera.

Asimismo, la concesión está supeditada a la obtención de todas las licencias y autorizaciones sectoriales necesarias, incluidas las municipales, y contempla la caducidad del derecho en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas.

Con esta decisión, la administración autonómica da luz verde a la continuidad y ampliación de la actividad extractiva en esta zona del norte de la provincia de León, donde los recursos de arenas silíceas tienen un importante valor industrial, especialmente en sectores como la fabricación de vidrio, la construcción o diversos procesos industriales.

Contra esta resolución de Energía y Minas, que no pone fin a la vía administrativa, podrá todavía interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Economía y Competitividad de la Junta en el plazo de un mes contado a partir de este viernes.

La Junta ya dio el pasado mes de abril su visto bueno a otro proyecto minero para la búsqueda de arenas silíceas y arcillas caoliníticas entre los municipios de Rioseco de Tapia y Carrocera, un permiso de investigación denominado 'Tapia'.

La mala situación de las depuradoras de aguas sucias en la Montaña Oriental leonesa vuelve a poner en evidencia una de las mayores contradicciones ambientales de Castilla y León: la persistencia durante décadas de vertidos de aguas residuales en pleno Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre (antes Parque Regional de Picos de Europa). Una cloaca que, ara muchos colectivos, dura décadas en un territorio que goza de la máxima figura de protección ambiental de la Junta de Castilla y León, la administración que es al mismo tiempo competente en la materia, gestora del espacio y responsable de esta lamentable situación.

La asociación Grupo de Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa (Gedemol) denuncia que “la mayor parte de las depuradoras del Parque Regional siguen sin funcionar”. Y advierte de que los vertidos al río Yuso “son cada vez más preocupantes”, especialmente ante la llegada del verano, cuando el caudal disminuye y aumenta la presión turística. Creciente año a año. Incluso recuerdan que la situación adquiere todavía dimensión más grave, bordeando lo sanitario, por el hecho de que parte del abastecimiento de agua potable de la localidad de Riaño procede del propio embalse, al que terminan llegando esas aguas putrefactas sin tratar.

Por su parte, la Junta niega la mayor y asegura que toda la red de depuradoras funciona 'como un reloj'. Y prueba de ello, añaden, es que no hay impuesta una sanción por vertidos por parte de la autoridad fluvial, la estatal Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Así lo ha replicado hoy el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, a raíz de las nuevas denuncias conservacionistas.

La gravedad de la denuncia de éstas no reside únicamente en el estado actual de las instalaciones. También en que el problema se arrastra desde hace casi dos décadas pese a que muchas de las infraestructuras ya estaban construidas o prácticamente finalizadas a mediados de los años 2000. El Parque en sí data del año 1994. La Ley de 18 de julio de ese año irónicamente destacaba que allí el agua es “un componente esencial del ecosistema y de la caracterización del paisaje de dicho espacio, por lo que preservar su calidad en los cauces, constituye un requerimiento ineludible en el objetivo general de proteger el espacio”.

Todo tipo de quejas

Aunque se fueron ejecutando con cuentagotas, tuvo que esperarse al año 2007 -13 años después- para que se firmara un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, el Consorcio Provincial de Residuos Gersul y varios ayuntamientos, entre ellos el de Boca de Huérgano. Los municipios ya estaban hartos entonces de soportar “deficiencias” constantes y un elevadísimo coste eléctrico para el funcionamiento de esas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Y entre otras muchas quejas al Procurador del Común de Castilla y León, las obras para intentar ponerlas en marcha fueron adjudicadas en julio de 2008.

Sin embargo, aquel mismo organismo del 'defensor del pueblo' autonómico ya reflejaba que en 2008 y 2009 las depuradoras seguían sin estar plenamente operativas y continuaban pendientes actuaciones imprescindibles para su funcionamiento efectivo. Casi veinte años después, el escenario apenas ha cambiado, denuncia Gedemol, como lo hacía antaño.

De entre lo poco que se ha avanzado destaca un acuerdo autonómico desde principios de la década pasada para pagar una parte del altísimo coste de mantenimiento y consumo eléctrico de las estaciones, por los que los ayuntamientos las dejaban inoperantes. El último se aprobó en 2020.

Boca de Huérgano, entre lo peor

La asociación pone especial acento en el más preocupante caso de Boca de Huérgano, donde “ninguna de las depuradoras se encuentra en funcionamiento”, por lo que “todas las aguas residuales -de la totalidad de sus pueblos- se vierten al río Yuso sin depuración de ningún tipo”. La asociación describe escenas especialmente alarmantes durante el pasado verano. “Decenas de metros por debajo de los puntos de vertido de Barniedo, Los Espejos de la Reina o Boca de Huérgano se podía apreciar el volumen del vertido y su impacto, con un río blanquecino y maloliente”, denuncia.

El colectivo recuerda además que la situación se produce en un entorno especialmente sensible desde el punto de vista ecológico y turístico. A ello se sumó el impacto añadido de “las cenizas de los incendios del pasado verano, los prolongados estíos y el aumento de turistas”, factores que provocan episodios críticos cuando el río presenta caudales mínimos y recibe vertidos fecales directos.

¿Qué hacen las autoridades?

La asociación sostiene que la situación incumple tanto la Ley de Aguas como la normativa del Dominio Público Hidráulico y alerta de sus consecuencias sobre “la salud pública, la sostenibilidad de los ecosistemas y los daños económicos ligados al turismo o la pesca”. “Somos una comarca que cada vez vive más del turismo y no podemos permitir que las zonas de baño, visitadas en verano por cientos de familias, sean verdaderas cloacas”, lamenta el colectivo.

Gedemol carga contra todos: empezando por el Consistorio de Boca de Huérgano, sobre todo señala a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), competente en la calidad y gestión de las aguas públicas, y la propia Junta de Castilla y León, a las que acusa de permitir durante años una situación que se ha vuelto crónica.

La asociación ha solicitado información ambiental al Ayuntamiento y asegura que únicamente ha recibido documentación relativa a dos nuevos convenios firmados en octubre de 2025 entre la empresa pública de la Consejería, Somacyl, y el Consistorio para construir depuradoras en Llánaves de la Reina y Portilla de la Reina. Que ni existían.

Con este panorama, reclama conocer “en qué se está gastando la tasa anual de depuración de aguas residuales de más de 50 euros por vecino”, un importe que asegura que se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Carriedo, sin embargo, dibuja un escenario perfecto y cristalino en el funcionamiento de las EDAR en la Montaña Oriental. Ante preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno de este jueves, afirmó tajante que “todas las depuradoras están en funcionamiento” e incluso “tienen un histórico completo desde 2014” hasta la actualidad. En ese historial de estadísticas, añadió, “se acredita consistentemente el cumplimiento de todos los parámetros exigibles por la normativa”. Prueba de ello, concluyó, es que en todo este tiempo “no se ha establecido ningún procedimiento sancionador” por parte de la Confederación. De modo que la visión oficial de la Junta es de absoluta normalidad, ahora y siempre, en la depuración de las aguas del espacio protegido.

Apuntando a los tribunales, y mucho más

Sin embargo, Gedemol anuncia nuevas actuaciones para demostrar que la razón está de su parte: Prepara inspecciones individualizadas de las depuradoras, con posible presencia notarial. También impulsará una campaña de toma de muestras aguas abajo de los vertidos y en zonas de baño. Y no descarta reabrir la denuncia ante la Unión Europea o acudir directamente a los tribunales.

El colectivo considera que parte del problema procede del diseño original del sistema de saneamiento realizado en los años noventa, que califica de “desastre”, con instalaciones “sobredimensionadas y de elevado coste de mantenimiento”. No obstante, insiste en que esa circunstancia “no es excusa para que no se depure” una de las joyas de la corona ambientales de la provincia. Finalmente, como alternativa, plantea la implantación progresiva de sistemas de “filtros verdes”, depuradoras ecológicas basadas en gravas, juncos y vegetación natural, ya utilizadas en otros espacios protegidos europeos y con menores costes de mantenimiento.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

El crecimiento industrial no solo se mide en toneladas o en cientos de miles de euros, también se mide en litros. En concreto, 666.000 litros de agua cada día. Ese es el volumen que una conocida industria agroalimentaria ubicada en la localidad leonesa de Riego de la Vega quiere garantizar para poder acometer el aumento de su producción de legumbre cocida. Una cifra que resume por sí sola la dimensión del proyecto y que ahora está pendiente del visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno central.

El procedimiento impulsado por la marca Legumbres Luengo ha entrado ya en fase pública tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 5 de mayo, con un plazo de un mes para revisar los detalles del proyecto y valorar si presentar o no alegaciones al mismo. Un mes en el que administraciones, colectivos y particulares podrán pronunciarse sobre una solicitud que eleva el consumo anual hasta los 200 millones de litros, cuando hasta ahora tienen una concesión en marcha de 150.000 millones por ejercicio, por lo que solicitan aumentar un 33% más.

El salto productivo pasa por intensificar el ritmo de producción: la empresa se plantea tener a pleno rendimiento sus instalaciones durante seis días a la semana y también quiere prepararse para aumentar más horas de actividad cada jornada. Y para ello solicita mucha más agua pero sin nuevas captaciones, manteniendo las cuatro que están operativas actualmente, según los documentos disponibles en el portal de CHD. Eso sí, de las mismas captaciones confía en poder contar, si la autorización sale adelante, con un caudal de hasta 20,8 litros por cada segundo.

En paralelo a este expediente, la misma compañía, Legumbres Luengo, mantiene en tramitación otra solicitud de gran calado hídrico para su planta del polígono industrial de Onzonilla, junto a León capital. Según publicó el BOE, la firma pide a la Confederación Hidrográfica del Duero triplicar prácticamente su capacidad de consumo, elevando el caudal máximo de 5,625 a 17,36 litros por segundo y el volumen anual desde cerca de 100.000 hasta 250.000 metros cúbicos (un 150% más) respecto a la concesión vigente desde 2010. Una ampliación que refuerza el mismo patrón: más producción y más demanda de agua en distintas instalaciones de la provincia, en este caso incluso con el llamativo detalle de que la autorización actual ya contemplaba un “uso recreativo” limitado al riego de una docena de árboles.

Dos acuíferos de Órbigo y Maragatería

Volviendo a Riego de la Vega, ahí se sitúa uno de los puntos clave del nuevo trámite. El agua que solicitan aprovechar procede de dos masas subterráneas importantes en el centro geográfico de la provincia de León: el acuífero Aluvial del Órbigo y el de La Maragatería, donde algunos sondeos alcanzan profundidades de hasta 225 metros. Reservas de acuíferos bajo presión en un contexto de creciente demanda y episodios de sequía que podrían ser cada vez más frecuentes, como la propia CHD remarca en cada renovación del Plan Hidrológico de la cuenca.

En la documentación técnica, la empresa sostiene que no existe una “afección destacable” sobre el entorno ni sobre el estado de los acuíferos. Subraya además que no se realizarán nuevas captaciones ni modificaciones estructurales en las actuales, que seguirán operando bajo las mismas condiciones. Una de ellas, de hecho, la número 3, permanecería catalogada como captación de emergencia, destinada a utilizarse solo cuando las otras tres no puedan suministrar todo el caudal necesario.

Un grupo en crecimiento

Pero el foco no está solo en cómo se extrae el agua, sino en cuánto. El incremento de 50 millones de litros anuales llega en un momento en el que la gestión hídrica en la cuenca del Duero se mueve en un equilibrio cada vez más ajustado entre usos agrícolas, industriales y disponibilidad real del recurso. Una decisión que queda en manos de la Confederación y que habrá de adoptarse, o rechazarse, exclusivamente por criterios técnicos y medioambientales, dejando en un segundo plano que ampliación de Legumbres Luengo permitiría a la factoría consolidar su posición en el mercado nacional e internacional de legumbres, uno de los sectores más dinámicos del campo leonés.

Esa pujanza hizo que Luengo adquiriera en el año 2017 la compañía Alimentos Naturales SA, ubicada en Onzonilla y centrada en la actividad de procesado y envasado de legumbres. La empresa provenía de los resquicios del antiguo y poderoso grupo leonés Elosúa pero entró en concurso de acreedores desde 2015. La operación, valorada entonces en 7,5 millones de euros, permitió a Luengo mantener la producción, preservar los empleos y reforzar su implantación en la provincia de León, con el puntal de la sede central de Riego de la Vega, situada entre La Bañeza y Astorga, que ahora también busca recrecer. Si finalmente consigue la ingente cantidad de agua que necesita.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

El pasado 18 de abril reuní, al fin, el ánimo necesario para regresar a las cumbres de los Aquilianos. No había vuelto desde el pavoroso incendio del último verano e intuía, con pesadumbre, lo que iba a encontrar. Inicié el ascenso en los Portillinos con el objetivo de alcanzar el Pico Tuerto, siguiendo el cordal que enlaza las cimas de Cabeza de la Yegua y el Alto de las Berdaínas.

Una pista cortafuegos de dieciséis metros de ancho recorre, de forma agresiva, toda la cresta de la alineación montañosa. Desde esa cicatriz, la vista es desoladora: las laderas que caen hacia la Cabrera están totalmente calcinadas. La superficie quemada se extiende también por las vertientes que descienden hacia la hoya berciana, en los valles del Aro y del Silencio, cerca de Peñalba de Santiago.

A ambos lados del cortafuegos se ven piornos serranos y brezos reducidos al arranque de sus ramas, cepas con las puntas ennegrecidas que parecen dramáticos muñones. Si se destruyen las yemas, el piorno no puede rebrotar al año siguiente: la recuperación dependerá de las semillas, un proceso mucho más lento. En los Aquilianos, las gruesas raíces de esta vegetación cumplen una función vital: son el entramado que cohesiona el suelo y sujeta la montaña.

Caminar por esta descarnada autopista de cumbre, entre restos mutilados y nieve manchada de hollín, convierte el senderismo en una actividad casi fúnebre.

Cerca de la antigua estación de esquí del Morredero, la pista atraviesa una pequeña población de narcisos trompeta o campanones, una nota amable en la severidad del paisaje. En un flagrante desafío a la legislación de montes, tres motocicletas todoterreno descienden desde el Pico Tuerto por el cortafuegos e irrumpen con estruendo en el paraje, atropellando este frágil testimonio de la vida que aún queda. Vienen de La Aquiana, un punto negro para la conservación debido a la falta de control en el acceso desde el Campo de las Danzas. No es un hecho aislado: es la evidencia palpable del abandono institucional y de la alarmante falta de vigilancia en una zona que forma parte de la Red Natura 2000.

En medio de este silencio mineral, donde la fauna parece haber claudicado, observo, conmovido, entre los piornos ennegrecidos, un ruiseñor pechiazul. Esta especie es fuertemente filopátrica: obedece al mandato genético de regresar con precisión al lugar donde nació o donde crió con éxito el año anterior. En los Montes de León y el Bierzo habita en el límite del bosque, justo donde empiezan los piornales. Que sigan allí, aferrados a las ramas calcinadas, revela una lealtad sobrecogedora. Han vuelto, tras cruzar media África, al hogar de cada primavera, aunque su casa sea hoy solo un esqueleto de carbón. Aún así, se niegan a abandonarla, obstinados en habitar su propia pérdida.

Negro rotundo de lo carbonizado y, de repente, un destello azul y rojizo

Ha de imaginarse la escena: el negro rotundo del piorno carbonizado y, de pronto, el destello azul eléctrico del pecho y esa mancha rojiza en la cola. Es como si la montaña intentara decirte que, a pesar de todo, la vida se resiste a ser borrada.

El pechiazul anida en el suelo, oculto en la base de los piornos o entre el brezo espeso. Con el matorral quemado y el terreno expuesto, el ave queda sin ninguna protección frente a los depredadores. Además, para alimentar a sus crías necesita una cantidad ingente de orugas y pequeños invertebrados que viven en las hojas del piorno. En un piornal calcinado, la biomasa de insectos cae drásticamente. Por otro lado, bastaría con que las motos pasaran cerca de donde estos pechiazules intentan anidar –porque lo hacen a ras de suelo, protegidos por lo que queda del matorral– para destruir los nidos sin siquiera darse cuenta.

Para una especie migradora, el territorio de cría no es un simple destino: es un mapa minucioso de supervivencia. En biología de la conservación, este fenómeno se denomina trampa ecológica: el ave regresa fielmente sin saber que el hábitat ha dejado de ser el refugio esperado. Si en alguna vaguada cercana han quedado pequeñas islas de vegetación o zonas de matorral que el fuego saltó, intentarán criar allí. Es esta una historia de resiliencia heroica y, al mismo tiempo, de tragedia biológica.

Caminar por la naturaleza en estas condiciones resulta muy duro: uno no solo transita, sino que levanta acta. Vas siendo consciente, a cada paso, de todo lo que se ha perdido. No dar la espalda a esta realidad, sacar a los pechiazules del anonimato contando su historia, es una forma de honrar lo que aún resiste en la montaña.

Pronto, si no mediamos para evitarlo, algunos de los espacios naturales más valiosos de León resultarán irreconocibles. Será el epílogo de una política de progresivo desmantelamiento de la tutela pública en materia ambiental. Será también el precio pagado por esa servidumbre voluntaria de la que hablaba La Boétie: porque quienes ostentan la responsabilidad de gestionar este patrimonio natural tienen el poder que nosotros les concedemos.

El regreso al hogar solo es posible si el hogar todavía existe tal y como lo guardamos en la memoria. Si, por deterioro o destrucción, el territorio deja de reconocerse, pierde su carácter de refugio. Sencillamente, ya no podemos leernos en él. En esa pérdida, la tragedia es nuestra.

José Andrés Martínez García es un biólogo leonés y escribe de Historia Natural en el blog Entre Enabios y otro tipo de reflexiones en Ejercicio del criterio

La Asociación de Amigos y Amigas de Santiagomillas organiza este sábado 2 de mayo un taller para acercar la botánica a todos los públicos de una forma sencilla, práctica y participativa. La actividad, titulada ‘Nociones de botánica sobre plantas silvestres en flor del entorno’, se celebrará a partir de las 17.00 horas en el Casino, situado en el Barrio de Abajo de la localidad maragata.

El taller propone una forma original de aprender a identificar plantas a través de un álbum con 190 cromos elaborados a partir de fotografías tomadas en el propio entorno de Santiago Millas.

La actividad comenzará con una introducción básica a la botánica, pensada para facilitar el reconocimiento de las plantas más comunes. A partir de ahí, las personas participantes podrán completar su propio álbum pegando los cromos y descubriendo información sobre cada especie.

Las imágenes recogen plantas que crecen en caminos, paredes, praderas, baldíos y montes de la zona, poniendo en valor una flora cercana que muchas veces pasa desapercibida.

Además de aprender a identificarlas, durante el taller se compartirán nombres populares, usos tradicionales y curiosidades, en un formato abierto en el que también se anima a los asistentes a aportar sus propios conocimientos.

El taller se celebra coincidiendo con el periodo de la Floralia, las fiestas romanas dedicadas a la diosa Flora, vinculada a las flores, la primavera y los jardines.

Desde la asociación destacan que la iniciativa busca no solo divulgar conocimientos, sino también fomentar el respeto por el entorno natural, recordando la importancia de observar la flora sin dañarla.

La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por la Asociación de Amigos y Amigas de Santiagomillas, centradas en la conservación y difusión del patrimonio local. Un patrimonio que, subrayan, no se limita a la arquitectura tradicional, sino que incluye también la riqueza natural, agraria y forestal de la comarca maragata.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) denuncia una nueva tala de árboles en la ciudad de León, en esta ocasión en el parque de La Granja, donde, según asegura la formación, se han cortado varios cerezos. El partido sostiene que estos ejemplares estaban en buen estado y critica que no se hayan dado explicaciones públicas sobre los motivos de la actuación.

UPL sitúa esta intervención dentro de una serie de talas que se han venido realizando los últimos años en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas, las del colegio de Las Anejas, en el parque fluvial de Puente Castro o la retirada del laurel regalado por la ciudad de Roma.

Según la formación, estas actuaciones se han llevado a cabo durante el actual mandato municipal sin una justificación suficiente.

Ante esta situación, el grupo vuelve a reclamar al Ayuntamiento la elaboración de un plan de arbolado. Recuerda que ya lo pidió el año pasado, con el objetivo de organizar la reposición de los árboles talados, garantizar el cuidado de los nuevos ejemplares y dar respuesta a las quejas vecinales por la falta de sombra en distintas zonas.

UPL defiende que León debe mantener sus zonas verdes, pero también aumentar la presencia de arbolado en la ciudad.

El portavoz del partido en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino, pide al equipo de gobierno que dé explicaciones sobre estas actuaciones y detalle los motivos técnicos de la tala, especialmente en el caso de árboles que, según sostiene la formación, estaban vivos y en buen estado.

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

El ganadero leonés Javier Pellón es el tercer afectado por positivos por tuberculosis que se han registrado en la Montaña Oriental Leonesa en los últimos meses y que obligan a sacrificar a todas las reses de la explotación afectada. Fueron en última instancia los tribunales los que paralizaron en junio de 2023 el intento de la Junta de Castilla y León (por entonces gobernada en coalición por PP y Vox) de relajar estos controles sanitarios para evitar medidas de este tipo.

El primer positivo de los últimos meses se registró en una explotación de Barniedo de la Reina con 175 vacas sacrificadas. El segundo, en Espejos de la Reina, obligó a enviar al matadero otros treinta animales, “el 95% de ellos, sanos”, lamenta.

Se da la circunstancia de que los titulares de ambas ganaderías son familiares de Javier, el tercer afectado, cuyas vacas elevan a más de trescientos los sacrificios en esas tres localidades, todas pertenecientes al municipio de Boca de Huérgano.

A punto de cumplir sesenta años, Pellón debe ahora replantearse su futuro después de que un único positivo por tuberculosis en su ganadería le haya obligado a sacrificar la totalidad de sus vacas en base a una normativa que, además, no permite comprar más animales en los próximos cuatro meses.

Para cumplir con el protocolo sanitario establecido por la Junta de Castilla y León ante este tipo de contagios, Javier ha enviado al matadero un total de 102 vacas, todas sanas menos una, que dio positivo en la enfermedad en un control de saneamiento anual.

“Lo que no puede ser es que por un positivo te maten todas las vacas”, ha denunciado en una entrevista con la Agencia EFE este ganadero, que ha lamentado que hasta después del verano no podrá adquirir más animales.

Hace años, ha comparado, hacían análisis a todos los animales y sólo se sacrificaba el que estuviese enfermo, pero ahora la normativa con el ganado no estabulado es más estricta.

Consecuencia de los incendios

La medida busca evitar contagios por una enfermedad que este año está castigando especialmente a esta zona a consecuencia de los incendios del verano.

Según denuncia Javier, el contagio de su animal se ha debido a la proximidad de la fauna salvaje con su explotación, puesto que estos animales bajan en busca de alimento debido a que los montes en los que viven jabalíes, venados o tejones han quedado arrasados por los incendios del pasado agosto.

Aunque finalmente decida volver a comprar vacas para continuar con su ganadería extensiva, ya no serán animales “de confianza”, nacidos en su propia explotación como los que tenía hasta ahora, ha lamentado.

“Y si compro en septiembre o en octubre compraré menos, porque ya tengo casi sesenta años y los hijos no quieren ganadería”, ha lamentado.

El sacrificio obligatorio de animales en el marco de los programas de control o erradicación de la tuberculosis está compensado con una indemnización, pero Javier desconoce por el momento cuál es su cuantía.

La Junta de Castilla y León saca pecho de la gestión de la recuperación de animales salvajes. Y sin embargo, existe un desequilibrio territorial y biológico que, además, se topa con el incumplimiento de la administración autonómica respecto a la provincia de León.

Diez años exactos de promesa incumplida de la Junta de Castilla y León se celebran justo ahora. Porque fue en 2016 cuando el entonces y actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció públicamente que León contaría con un Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), apoyado en la infraestructura del Hospital Veterinario de la Universidad del que era figura destacada el entonces rector,  Juan Francisco García Marín. Una década después, la realidad es otra: la provincia sigue sin esta instalación clave y, en el mejor de los casos, si esta vez sí se cumplen los compromisos formales tantas veces ninguneados, no la tendrá hasta 2027.

El retraso es grave. Supondrá, en el mejor de los escenarios, once años desde aquel compromiso inicial. Mientras tanto, las consecuencias han sido constantes. León, una de las provincias con mayor riqueza faunística de Castilla y León, ha tenido que derivar durante años sus animales heridos o enfermos a otras provincias, principalmente a Valladolid, con el consiguiente impacto en la rapidez de la atención y en las posibilidades de recuperación.

Los datos más recientes evidencian hasta qué punto la situación resulta difícil de defender. La Consejería de Medio Ambiente dio a conocer hace una semana las últimas estadísticas de los CRAs, resaltando la gran labor de esta red. Entre ellas, que en el último año -2025- se contabilizaron en León 386 ingresos de animales silvestres, todos ellos trasladados al centro de referencia, que es Valladolid, y que centraliza además los casos procedentes de Zamora, Salamanca, Ávila y la propia provincia vallisoletana.

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con cifras muy recientes: en 2020 se registraban 209 ingresos. En apenas un lustro, por tanto, se ha producido un 85% de incremento en la cifra de fauna necesitada de ayuda en León. Y eso significa que la presión sobre los propios animales y sobre los servicios de recuperación prácticamente se ha duplicado, sin que León haya incorporado ni una sola infraestructura propia para absorber ese incremento. A pesar de las constantes promesas.

Además, destaca el hecho de que la mayoría de los ejemplares ingresados el año pasado procedentes de León llegaron con vida, lo que subraya la necesidad de una atención rápida y cercana. Los casos vinculados a control poblacional o a muestras científicas fueron testimoniales (1,6% y 0,3%), lo que confirma que se trata fundamentalmente de intervenciones asistenciales urgentes, no de actuaciones accesorias.

De aves comunes a especies clave como el lobo

Entre las especies atendidas predominan las aves. Especies como el vencejo común, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar y el busardo ratonero, con en torno a 35 ejemplares cada una. Sin embargo, el listado también incluye especies de alto valor ecológico y mayor complejidad de manejo, como el lobo ibérico, con 18 ingresos. Una especie en constante litigio y de la que la Junta continúa ocultando datos básicos de ejemplares y de daños reales causados, a pesar de la petición constante de ILEON desde hace casi año y medio, que la Consejería desoye.

También son especialmente endémicos de León casos como las especies en peligro de extinción del oso pardo o, sobre todo, del urogallo cantábrico, cuyos últimos ejemplares en cautividad prácticamente sólo están ya en León. Estas cifras de casos y de diversidad y relevancia de especies hacen muy especial, en términos de biodiversidad, al territorio leonés y también de más difícil justificación que la provincia siga sin contar con un centro propio capaz de dar respuesta inmediata a los casos más graves que se produzcan.

Una red desequilibrada que deja a León fuera

Los datos autonómicos refuerzan esa imagen de desequilibrio. Según las últimas estadísticas oficiales, en 2025, la red de CRAS de Castilla y León registró 8.335 ingresos, con una concentración muy acusada en Valladolid (39%) y Burgos (32%). El resto se reparte entre Salamanca, Segovia y Zamora. León, directamente, no figura porque no dispone del prometido centro, que se ha proyectado en la finca autonómica de Valsemana.

El modelo actual obliga a canalizar buena parte de los animales del oeste de la comunidad hacia un único punto, lo que tensiona las instalaciones existentes y aleja la atención de los territorios donde se producen los ingresos.

El futuro CRAS de Valsemana vuelve a presentarse como la respuesta a esta carencia, con una inversión de más de 3 millones de euros y un diseño ambicioso que se ha promocionado públicamente en numerosas ocasiones. Sin embargo, su tramitación llega tras años de anuncios incumplidos del propio Suárez-Quiñones y con un calendario que sitúa su apertura, en el mejor de los casos, en 2027.

El caso del CRAS de León trasciende el retraso administrativo. Los datos evidencian una anomalía que ha sido sostenida en el tiempo: mientras aumentan los ingresos de fauna que necesita atención urgente, la provincia ha permanecido al margen de la red de recuperación durante una década. Y han sido sólo los fondos europeos, principalmente dirigidos por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, los que han situado por fin en el calendario los compromisos reiteradamente incumplidos.

El centro de cría en cautividad del urogallo cantábrico que la Junta de Castilla y León mantiene en Valsemana se ha consolidado como un referente internacional en la investigación y generación de conocimiento sobre esta especie amenazada, gracias a una intensa actividad científica que ya suma siete publicaciones en revistas de prestigio.

La última de ellas, publicada en el Journal of Zoo Biology, es fruto de la colaboración entre la Junta, el CSIC y la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida de Breslavia (Polonia), y supone un avance relevante en las técnicas reproductivas aplicadas a la conservación del urogallo.

El estudio demuestra que la inseminación artificial incrementa de forma significativa la fertilidad frente a las cópulas naturales no controladas, alcanzándose los mejores resultados cuando la inseminación se realiza de forma sincronizada con la ovulación de las hembras, en un momento cercano a la oviposición.

En paralelo, una investigación recientemente publicada en la revista Animal Reproduction Science revela la excelente salud reproductiva de los ejemplares de urogallo cantábrico y pirenaico mantenidos en el centro de Valsemana.

l trabajo concluye que sus características morfofuncionales y la integridad del ADN espermático superan a las observadas en algunas poblaciones de origen centroeuropeo, lo que refuerza el alto valor biológico de esta población para los programas de conservación de la especie.

Hitos cientíticos en crianza en cautividad

Entre los hitos científicos alcanzados, destaca que por primera vez en el contexto internacional se ha comprobado que la viabilidad espermática en hembras inseminadas artificialmente puede prolongarse hasta 21 días.

Asimismo, los investigadores han testado el uso del dimetilsulfóxido (DMSO) como diluyente crioprotector, demostrando que protege parcialmente a los espermatozoides durante la congelación y reduce el daño celular.

Estos avances refuerzan la doble línea de trabajo definida por la Junta de Castilla y León para el centro de cría de Valsemana: la reproducción artificial del urogallo y la generación de conocimiento científico aplicado.

En el ámbito de la internacionalización del programa, el centro mantiene además recientes colaboraciones con el prestigioso Instituto Roslin del Reino Unido, con el objetivo de optimizar las estrategias de conservación.

Más allá del ámbito científico, el personal técnico del centro participa desde el inicio del programa en actividades de divulgación dirigidas a la población local, así como en congresos y foros internacionales, dando a conocer la intensa labor desarrollada en torno a la cría en cautividad de esta especie emblemática de los bosques cantábricos.

En la actualidad, los ejemplares de Valsemana han iniciado ya el comportamiento reproductor, con los primeros cantos de los machos que indican la proximidad de la nueva temporada de cría.

Durante la pasada campaña, el centro incubó un total de 105 huevos, con un porcentaje de fertilidad del 97%. De ellos, eclosionaron 90 huevos, lo que supone una tasa de eclosión del 85,7%, y sobrevivieron 76 pollos, equivalente al 84,4% de los nacidos.

De cara a la presente temporada, la Junta seguirá trabajando en las mismas líneas de investigación y manejo reproductivo, con el objetivo de afianzar el proyecto y mejorar las tasas de supervivencia de los ejemplares que, en última instancia, puedan ser liberados en el medio natural para contribuir a la recuperación de la especie. 

Las expropiaciones del mayor entramado eléctrico proyectado en la provincia de León para dar un sustento imprescindible a casi una veintena de macroparques eólicos y solares de la comarca de El Bierzo dan un paso decisivo. El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este martes la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar el denominado ‘Nudo Montearenas Sur’, de 400 kilovoltios (kV).

El anuncio activa formalmente el procedimiento de expropiación forzosa sobre una cifra final de 186 fincas en total repartidas en tres municipios, pero con una abrumadora concentración en el de Torre del Bierzo, donde se localizan 180 parcelas afectadas. Las siete restantes se reparten entre Castropodame (tres) y Brazuelo (otras tres), según el listado oficial que acompaña a la resolución.

Los propietarios y titulares de derechos han sido citados para comparecer en los primeros días de junio en dependencias municipales. En concreto, el Ayuntamiento de Torre del Bierzo acogerá las comparecencias los días 1 y 2 de junio, mientras que en Brazuelo y Castropodame -este último en las Escuelas Viejas de Matachana- tendrán lugar el 3 de junio. En estas reuniones se procederá al levantamiento de actas previas, paso imprescindible antes de la ocupación efectiva de los terrenos.

El anexo del anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, firmado por Fernando Bandera, detalla de forma pormenorizada cada finca, incluyendo superficie afectada, servidumbres previstas, ubicación de apoyos eléctricos y el horario concreto de citación, lo que evidencia el grado de avance administrativo del proyecto, el cual ya había sido hace meses 'blindado' por la Junta al declararlo como “de utilidad pública”. Una figura que garantiza que la compañía promotora pueda expropiar los terrenos.

El ‘Nudo Montearenas Sur’ constituye una de las mayores 'autopistas eléctricas' diseñadas en la provincia para dar salida a la producción de energías renovables. Promovido por la sociedad Comunes Montearenas SL, vinculada al grupo empresarial del empresario leonés Lamelas Viloria, el proyecto articula una red de evacuación de alta tensión, principalmente a 400 kV, con ramales también a 220 kV, de la que dependen cerca de una veintena de futuras instalaciones energéticas en diferente grado actual de desarrollo.

Entre ellas figuran parques eólicos proyectados en enclaves como Torre del Bierzo, Santa Colomba de Somoza o Villagatón, así como grandes plantas solares distribuidas por comarcas como La Valduerna, la Cepeda o el entorno de Benavides de Órbigo. En conjunto, se trata de millones de paneles solares y decenas de aerogeneradores cuya viabilidad depende de esta red de evacuación para verter la energía generada a las infraestructuras de Red Eléctrica de España (REE).

Una larga tramitación

El expediente administrativo arrastra una larga tramitación iniciada en 2020, con procedimientos inicialmente separados para las líneas de 400 y 220 kV que terminaron unificándose tras las declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas en 2023. La autorización administrativa previa y de construcción llegó en junio de 2024, paso previo a la solicitud de utilidad pública cursada meses después.

En ese proceso apenas se registraron alegaciones, de hecho, solo una, de la plataforma Bierzo Aire Limpio, que fue desestimada por la Administración autonómica al considerar que no se centraban en este trámite concreto sino en fases ya superadas, como la evaluación ambiental o la autorización del proyecto.

La Junta ha defendido reiteradamente la iniciativa en el marco de la transición energética, subrayando su papel para garantizar el suministro eléctrico, reducir la dependencia de combustibles fósiles y facilitar la integración de nuevas fuentes renovables. Además, el expediente recoge que el promotor ya habría alcanzado acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, lo que ha allanado parcialmente el camino hacia esta fase de expropiaciones.

En cuanto al protagonismo empresarial, la sociedad Comunes Montearenas SL que pilota ahora el Nudo Montearenas no deja de ser otro bandazo empresarial dentro del mismo Grupo Lamelas, ya que el megaproyecto nació de la mano de la empresa Erbienergía Inversiones SL pero ahora ha pasado a ser protagonizado por otras compañías del mismo conglomerado leonés, también Montearenas Este SL, la cual se denominaba previamente Parque Eólico Cabra SL.

El Instituto Leonés de Cultura (ILC), de la Diputación de León, acoge este miércoles 22 de abril la presentación del documental ‘Tierra de lobos, escuela de pastores’, una obra que pone el foco en el conocimiento tradicional de los pastores trashumantes de la montaña leonesa y su papel en la convivencia con el lobo. La proyección tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala Región Leonesa, en la calle Santa Nonia de la capital.

El acto se enmarca además en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado por Naciones Unidas para subrayar la importancia de esta actividad en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible del medio rural.

El documental ha sido dirigido científicamente por el investigador del CSIC Carlos Javier Durá y realizado por el documentalista Alberto Redondo. A través de entrevistas a pastores de la montaña leonesa, la pieza muestra una realidad poco conocida: la de uno de los pocos territorios del mundo donde la ganadería extensiva y el lobo aún conviven de forma directa.

Lejos de los tópicos, el trabajo aborda los problemas reales a los que se enfrentan los pastores trashumantes y reivindica su conocimiento milenario como una herramienta clave para entender esa coexistencia. Según sus impulsores, esta relación genera además un servicio ambiental que debería ser reconocido tanto social como económicamente.

Tras la proyección, el público podrá asistir a un debate en el que participarán el propio Carlos Javier Durá, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, Álvaro Álvarez Redondo, y pastores trashumantes de la montaña leonesa, que aportarán su propia experiencia.

El equipo científico del documental está formado también por investigadores de distintas universidades españolas, en un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación que busca aportar una mirada rigurosa y basada en la evidencia a uno de los debates más sensibles del medio rural: la relación entre ganadería y fauna salvaje.

Tres especies únicas de lagartijas en Castilla y León están al borde de desaparecer como consecuencia de los “megaincendios” que han arrasado sus hábitats en los últimos años. Un estudio de investigadores de las universidades de Salamanca y A Coruña advierte de que los grandes fuegos registrados entre 2021 y 2025 han destruido o dañado gravemente los espacios en los que viven, poniendo en riesgo su supervivencia.

Las especies afectadas son la lagartija leonesa (Iberolacerta galani), la lagartija batueca (Iberolacerta martinezricai) y la lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni), tres reptiles con una distribución muy limitada y adaptados a ecosistemas de alta montaña especialmente frágiles. Su hábitat se localiza en zonas como la Sierra de Francia, Gredos, la Sierra de Béjar o los Montes Galaico-Leoneses.

El impacto de los incendios ha sido especialmente intenso en los últimos años. Solo en el verano de 2025, los denominados megaincendios, de más de 1.000 hectáreas, arrasaron más de 55.000 hectáreas en áreas clave para la lagartija leonesa, afectando de forma simultánea a buena parte de sus poblaciones, como ya apuntamos en ILEÓN en un artículo publicado el pasado mes de febrero.

Pero más allá de la magnitud, el problema es la repetición. En algunos territorios se han registrado hasta diez incendios en poco más de dos décadas, una frecuencia que impide la recuperación natural de la vegetación y del suelo. Estas lagartijas dependen de microhábitats muy concretos, con roquedos, matorral y refugios que desaparecen tras el fuego y tardan años en regenerarse.

La situación es especialmente crítica para la lagartija batueca, que solo vive en la Sierra de Francia, donde un incendio en 2022 arrasó cerca de una cuarta parte de su hábitat óptimo. También para una población aislada de lagartija carpetana en Ávila, que perdió el 100% de su territorio en un único incendio en 2021.

El estudio subraya que la alta montaña mediterránea se recupera mucho más lentamente que otros ecosistemas, por lo que la repetición de incendios en periodos cortos hace prácticamente inviable la recuperación. Además, el fuego no solo provoca mortalidad directa, sino que transforma el paisaje, reduce la disponibilidad de alimento y favorece la expansión de especies más generalistas.

Paradójicamente, todas las zonas afectadas forman parte de la red Natura 2000 y están catalogadas como hábitats de interés comunitario. Por ello, el informe reclama una respuesta urgente de las administraciones, con planes de conservación específicos, una mejora de la prevención en alta montaña y la protección de las áreas no quemadas que puedan servir de base para la recuperación.

Los autores advierten de que, si no se cambia el modelo de gestión del fuego y no se refuerza la protección de estos ecosistemas, estas tres especies, y con ellas una parte única de la biodiversidad de Castilla y León, podrían desaparecer en pocas décadas.

Hay chapuzas que salen tan caras que casi cuesta tanto la solución como el proyecto original mal diseñado. Eso es algo que podría decirse de la muy retrasada implantación del quinto contenedor en la capital leonesa, el contenedor marrón destinado a biorresiduos, a pesar de que es por Ley obligatorio desde hace dos años y medio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León celebrada hoy anunció el impulso a un contrato para buscar a una empresa que suministre e instale cerraduras inteligentes destinadas a los contenedores de biorresiduos, la quinta fracción. Ese contrato tendrá un presupuesto base de licitación de 911.809,66 euros, no muy lejos del millón de euros, para un plazo de ejecución de cuatro años.

Llama mucho la atención que la cuantía no se aleja en exceso de la inversión que el mismo Ayuntamiento ya realizó en 2024 para la compra de los contenedores marrones en sí mismos, un total de 750, y cuyo coste exacto fue de 1.062.985 euros. Sin embargo, ese 'ejército' de contenedores no sirve para nada tal y como se adquirieron, precisamente porque carecen del sistema tecnológico que es obligatorio en estos nuevos depósitos de basura que se pueda pudrir y convertir en abono y compost. Por ese motivo, llevan muchos meses almacenados sin uso en instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha.

Para desbloquear esta situación es para lo que ahora, por segunda vez, el Consistorio tendrá que hacer frente no sólo a nuevos retrasos -que conllevan una multa económica por la no implantación del nuevo contenedor- sino a una nueva inversión casi millonaria. En una nota de prensa donde no se detalla esta situación, el equipo de Gobierno explica que el nuevo contrato correrá al 90% a cargo de fondos europeos Next Generation y el Consistorio afrontará de fondos propios el dinero restante.

Cuando una empresa privada se alce con el concurso alimentado con dinero público, tendrá que suministrar e instalar las nuevas cerraduras que han de permitir abrir el contenedor de forma sencilla mediante tarjetas de proximidad o bien a través de una aplicación móvil. Con este sistema se permitirá al usuario que así lo desee y también al Ayuntamiento tener un registro del uso que hace de este Servicio en un contenedor donde sólo podrán depositarse elementos como fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas.

El equipo de Gobierno explica que el contrato también incluye la obligación a la empresa adjudicataria de suministrar las tarjetas para los vecinos, grabadores y “un software avanzado que permitirá al Ayuntamiento de León monitorizar el uso del contenedor marrón y optimizar las rutas de recogida”. Hay que recordar que hasta ahora la totalidad del servicio municipal de limpieza es totalmente público y de gestión municipal, al contrario que otros muchos como obras, jardines o autobuses urbanos, que están externalizados.

Y otros 1,6 millones más a mayores a 'la Junta B'

Además, no es el único coste que tendrá la implantación obligatoria del contenedor marrón. A finales del año pasado el Ayuntamiento aprobar otros 1.634.449,51 euros para la construcción de una nueva instalación destinada al pretratamiento de la fracción de materia orgánica, encangándole este proyecto a la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la conocida y criticada como 'la Junta B', dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Nuevamente el coste se sufragará con Fondos Europeos Next Generation-EU, casi un millón de euros, pero los restantes 612.429 euros saldrán de las arcas públicas municpales, dinero proveniente sobrantes del presupuesto no ejecutado del año pasado.

Reposición de contenedores en el Crucero

Por otro lado, también hoy se dio a conocer en el comunicado, de manera más destacada que este jugoso contrato, el inicio de la instalación de los nuevos contenedores de fracción resto, envases y papel en el barrio del Crucero, sustituyendo a los que se encuentran actualmente en un mayor estado de deterioro. Parte de los que se colocarán son una parte de los recientemente adquiridos por el Consistorio con una inversión cercana al millón de euros, un contrato a mayores.

En esta primera remesa de sustitución de contenedores son 190 los que se instalarán para fracción resto, otros 70 para papel y otros tanto para envases. En total son 330 contenedores que se repartirán en las zonas del Paseo de Salamanca, plaza del Huevo, entorno de la iglesia de La Vega, Carlos Pinilla y calles adyacentes o San Ignacio de Loyola y bocacalles, entre otras.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

Reolum ha adquirido una nave industrial en el polígono El Crispín, en La Robla, que transformará en su nuevo centro de innovación y oficinas técnicas, en una operación valorada en 12 millones de euros y vinculada directamente al desarrollo de su macroproyecto energético en la zona.

La instalación, con una superficie total de 49.750 metros cuadrados, contará con cerca de 3.000 metros destinados a oficinas y albergará un laboratorio, un taller de ensayos, espacio de almacenamiento y áreas de premontaje. El objetivo de la compañía es centralizar en este enclave parte de su capacidad técnica y avanzar en el desarrollo de combustibles sintéticos verdes.

La nave jugará además un papel clave durante la fase de construcción de ‘La Robla Green’, el proyecto energético impulsado por la compañía en los terrenos de la antigua central térmica, al servir como base para el personal técnico encargado de supervisar las obras y como espacio logístico para el almacenamiento de equipos y el premontaje de instalaciones.

Una vez en funcionamiento, el complejo dará soporte tanto a la planta de La Robla como al proyecto previsto en Villadangos, actuando como centro administrativo, taller técnico, laboratorio de pruebas y almacén de repuestos.

La adquisición se enmarca en la hoja de ruta industrial de la empresa, que busca reforzar su capacidad de innovación en un momento clave para el desarrollo de sus proyectos. El consejero delegado y cofundador de Reolum, Yann Dumont, señala que estas instalaciones permitirán “desarrollar, testar y optimizar soluciones en el ámbito de los combustibles sintéticos verdes”, además de integrar talento local y mejorar la eficiencia y coordinación de las plantas.

El movimiento supone un nuevo avance en el despliegue de ‘La Robla Green’, una de las mayores inversiones privadas previstas en la provincia de León, con un presupuesto de 850 millones de euros. El proyecto contempla una planta de biomasa de 50 megavatios eléctricos, sistemas de captura de CO₂, producción de hidrógeno verde y una instalación de e-metanol con capacidad de hasta 140.000 toneladas anuales.