Diputación retrasa un año la prometida Oficina de Expropiaciones, que será privatizada, y bloquea urgentes carreteras
Hay al menos siete tramos de carreteras provinciales de León que permanecen 'ingresadas en la UCI', dado su estado lamentable y muy peligroso. Siete carreteras que esperan como agua de mayo el cumplimiento de uno de las principales promesas novedosas del actual mandato en la Diputación de León: la creación de lo que se dio en llamar Oficina de Expropiaciones.
Se trataba en origen de un departamento de nueva creación en la institución provincial para hacer lo que los pequeños ayuntamientos no pueden, por falta de recursos: expropiar con celeridad y solvencia los terrenos que resultan imprescindibles para poner ese suelo a disposición de la propia Diputación y acometer así cuanto antes las mejoras de los viales del mundo rural leonés.
Sin embargo, cumple ya un año la promesa de haber impulsado ese departamento expropiatorio, que el vicepresidente y diputado provincial de Infraestructuras, Roberto Aller, garantizó “para finales de año”. Del año 2025. Y esto conlleva un segundo incumplimiento a mayores: que la oficina no será tal sino que el servicio se privatizara desde su origen, se contratarán los servicios de una empresa para realizar esas expropiaciones y todos los trámites necesarios. Esa privatización fue desvelada por el equipo de Gobierno provincial de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) el pasado mes de mayo.
A pesar del tiempo transcurrido, el servicio todavía está lejos de ser una realidad. Y el propio Aller, en el último Pleno provincial, admitió la urgencia de su actuación porque están en espera “siete carreteras muy necesarias”. Detalló incluso que únicamente faltaba “un informe”, un formalismo, para sacar la licitación pública para seleccionar a la compañía que se encargue de estas labores de expropiación.
“Cuanto antes” fue el último vago compromiso del vicepresidente leonesista. Y no consta que ni siquiera se haya dado ese paso, al que deben seguir todavía los plazos de presentación de ofertas, la decisión de la mesa de contratación y la designación de la empresa finalmente elegida, con la que firmar el contrato para que se ponga por fin a trabajar en los gruesos expedientes de expropiación bloqueados, un proceso con sus propios plazos legales a mayores.
En este tiempo de mucho retraso han sido varias las voces, tanto de plataformas e instituciones locales que luchan por el arreglo de sus carreteras principales de la red de la Diputación, como de otros partidos políticos, urgiendo que el servicio de expropiaciones de terrenos se ponga a trabajar. Este es le caso de la Plataforma de Chozas de Abajo, que sigue alertando del trazado totalmente peligroso de la carretera LE-5523, que ya supera su tercer año de espera para la inversión de cerca de un millón de euros en una reforma integral.
La cuestión es que este retraso de la Oficina de Expropiaciones está causando una paradoja: la Diputación leonesa dispone de planes millonarios, con más fondos que nunca, para asumir estos proyectos de arreglos imprescindibles de carreteras de su red pero el dinero sigue sin poder ser usado, ni contratados los proyectos, ni mucho menos iniciar las obras, precisamente porque no se tienen a disposición los terrenos para, por ejemplo, acometer los ensanches de las calzadas. Una situación que ha hehco que también eleven su queja por el incumplimiento el Partido Popular (PP) en la oposición del Palacio de los Guzmanes.