León estrena un congreso nacional para abordar las controversias legales en la contratación cultural
La contratación cultural puede ser un dolor de cabeza para representantes de la administración pública, sometidos en ocasiones a procesos judiciales por el controvertido uso de contratos menores. Y también puede ocasionar trastornos a promotores y representantes de artistas, que a veces incluso renuncian a actuaciones si les exigen el pago previo de fianzas. El marco jurídico general, los derechos de autor y el análisis de fórmulas de financiación como los patrocinios y el mecenazgo estarán, entre otras cuestiones, bajo la lupa de un congreso que nace en la capital leonesa con una primera edición que se celebrará el lunes 5 y el martes 6 de octubre en el Auditorio Ciudad de León.
¿La programación de unas fiestas patronales debe someterse a un único contrato o puede parcelarse en varios? “La ley tiene ahí un hilo muy fino”, señaló este lunes en la presentación de esta cita la presidenta de Cosital (Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local), Pilar Ortega. “Y si abusas, puedes acabar en un juzgado”, añade la responsable de la entidad que organiza, junto a la Agencia Nacional de Cultura Sostenible, este primer Congreso Nacional de Contratación Cultural.
La utilización sucesiva de contratos menores está detrás de casos como el de una denuncia cursada en agosto en la capital de la isla de Lanzarote, mientras que el exalcalde de Valverde, capital de El Hierro, Daniel Morales fue condenado a 13 años de inhabilitación por no someter al procedimiento reglado y levantar reparos de Intervención y Secretaría en expedientes de contrataciones entre 2015 y 2019 para la celebración de actos de la Bajada de la Virgen de los Reyes de 2017 y los Carnavales. Cuando el volumen excede la posibilidad de usar contratos menores, la segunda fórmula de contratación directa es la del negociado sin publicidad, otra fuente recurrente de controversias legales.
El sector de la promoción y representación artística también se enfrenta a problemas derivados de la contratación cultural. “Nos encontramos con problemáticas y distintos criterios y distintas aplicaciones de norma en distintos ayuntamientos, lo cual a veces nos dificulta mucho la contratación”, expuso el promotor y secretario de Arte (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), Jesús Marcos, para quien debería haber “otro tipo de sensibilidad” con la cultura para no extrapolar premisas típicas en contrataciones de obras públicas o de suministros.
“Muchas veces nos piden cosas imposibles”, señaló Marcos al poner el ejemplo de contrataciones culturales que exigen el pago previo de una fianza en concepto de garantía previa de la celebración de una actuación. “Y hay muchos artistas que se niegan a ello”, añadió antes de darle la vuelta al caso y preguntarse en voz alta por qué empresas de construcción pueden cobrar un adelanto por la ejecución de una plaza y las artísticas no facturen hasta que termina el evento tras haber movilizado personal, vehículos y equipamientos.
El Congreso Nacional de Contratación Cultural nace en León con la vocación de convertirse en un “punto de encuentro”. “Lo último que puede pasar es perder la fiesta del pueblo”, apuntó el director del Observatorio de Contratación Pública de Cosital, José Manuel Martínez, secretario de ayuntamiento y promotor de la cita también como presidente de la Asociación León Propone. Martínez también advirtió de que este ámbito está en “constante evolución” para remarcar la importancia de una cita en la que, asimismo, el coordinador de Comunicación Pública y Red Territorial de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), Javier Ribó, dará respuestas a “las preguntas más frecuentes sobre los derechos de autor en las corporaciones locales”.
Además, el congreso abordará el papel de herramientas de financiación cultural como patrocinios y mecenazgos y se aportarán modelos de contratos reutilizables, una fórmula que podría resultar de mucho interés para compensas las carencias de personal y de recursos de las juntas vecinales.
