La Junta abre expediente por destrozar la calzada romana a dos ayuntamientos de León en espera de la actuación de un juez
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León abre el expediente sancionador a los ayuntamientos de Castrocalbón y San Esteban de Nogales por el destrozo de la calzada romana ocasionado por una obra con maquinaria pesada autorizada por la Mancomunidad La Cabrera- Valdería, a la que pertenecen ambos consistorios.
Dado que existe una denuncia presentada en la Guardia Civil por un vecino, registrada hace días, a la que se suma la intención de denuncia por la vía penal del experto en ingeniería romana Isaac Moreno Gallo, próximamente las diligencias se trasladarán al Juzgado de León cuando terminen las investigaciones y, si el juez estima la posible comisión de un delito, daría comienzo el proceso penal que paralizaría el trámite sancionador de la Junta.
La Junta asegura que durante la jornada del martes un arqueólogo del servicio territorial de Cultura ha realizado una inspección preliminar, tras trasladarse a la zona, en la que confirma el daño producido a 1,2 kilómetros de esta antigua vía romana. El informe elaborado por este experto concreta que los desperfectos se han producido al agrandar la anchura del camino que discurría en paralelo a la calzada romana.
Las conclusiones de este informe indican una “supuesta infracción contemplada en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León”, por lo que la Junta abre expediente administrativo a los dos ayuntamientos implicados: Castrocalbón con Luis Antonio Pérez Cenador (PSOE) al frente del equipo de Gobierno municipal y San Esteban de Nogales, con Consuelo Prieto (PP) como regidora.
Los daños de esta calzada de 2.000 años de antigüedad, una de las mejores conservadas de España, afectan a un tramo importante de una calzada romana que en tiempos unió Asturica Augusta (Astorga, provincia de León) con Bracara Augusta (Braga, en Portugal) y que se encontraba señalizada como tal. Precisamente hoy la Asociación Hispania Nostra denuncia como un “atentado patrimonial” los hechos, exigiendo que se tomen “las medidas oportunas” y pide que lo ocurrido sirva para “concienciar a toda la sociedad del inmenso acervo patrimonial que atesora el país”.
