Mañueco propone subir un 6,5% las inversiones en el Presupuesto 2025 de la Junta y dice que no adelantará elecciones

El anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2025, presentado este martes por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prevé un montante total de 15.084 millones de euros, un 3,58% más que en este ejercicio, “los más altos de la historia de Castilla y León”.

En la parte más importante, las inversiones previstas, la cifra se elevaría a 1.365 euros, respecto a los 1.281 que se consignaron en el Presupuesto vigente de este año 2024, lo que de aprobarse supondría un aumento del 6,5%.

Fernández Mañueco argumentó en rueda de prensa que estas cuentas, que ahora tienen que ser negociadas con los demás grupos en las Cortes autonómicas, tienen a las personas como centro de los servicios sociales, con un montante de 9.897 millones, para la sanidad, educación, familia o conciliación, además de 2.410 millones en inversiones y 2.546 millones en políticas de reto demográfico, y con la fiscalidad más baja, con 709 millones a bonificaciones fiscales.

“Son unas buenas cuentas y esperamos obtener el apoyo en las Cortes”, aseguró, para explicar que mañana el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, registrará en las Cortes el techo de gasto, cuya aprobación determinará la tramitación de las cuentas y sus posibilidades reales de aprobación. Sin embargo, salgan o no adelante, Mañueco quiso desvincularlo de un presunto adelanto electoral al año que viene, en vez de a 2026 cuando se agotaría el mandato de manera natural. “Mi intención es agotar la legislatura y que se aprueben los Presupuestos. En cualquier caso, no va a estar condicionado al fin de la legislatura”, afirmó a preguntas de la prensa.

Gastos

Las diez consejerías de la Junta de Castilla y León prevén un gasto de 12.257 millones para 2025, un 3,73% más que este año, con Sanidad que supera por primera vez los 5.000 millones y un peso del 40,84%, aunque es Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la que más crece, un 9,37%, hasta los 659 millones a los que suma los 924 millones de la PAC, según recoge el anteproyecto de ley de Presupuestos conocido hoy en Consejo de Gobierno extraordinario.

Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades absorben, en caso de aprobarse los Presupuestos, un montante de 9.295 millones, por lo que ocho de cada diez euros del gasto asignado a las consejerías corresponde a estos tres departamentos. Por el contrario, Economía y Hacienda es la única que decrece debido a un descenso de los fondos europeos por su ejecución. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con los 659 millones más los 924 de la PAC, hasta los 1.584 millones.

En este área social, se recogen 20 millones de euros al Bono Nacimiento, que beneficiará a más de 8.500 familias; 57 millones para la educación gratuita de 0 a 3 años, que beneficiará a 22.000 escolares; 26 millones para comedores escolares, con más de 31.000 beneficiados; 5 millones para los programas ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’, con más de 13.700 usuarios; 11 millones al Bono Concilia, para ayudar a más de 13.500 familias; 9 millones al programa Crecemos, para 4.400 niños; y se han dispuesto 25 millones para promoción y servicios a la juventud.

Inversiones y subvenciones mezcladas

En los capítulos inversores, las operaciones de capital, cuyo montante se dirige a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, el borrador del PP consigna 2.410 millones, un 6% más, pero mezclando los 1.163 millones que realmente corresponden a inversiones (6,56% más) con otros 1.247 millones que realmente son subvenciones (5,45%).

Las cuentas prevén movilizar 244 millones de euros para impulsar el acceso a la vivienda en Castilla y León el año que viene, lo que supone que se dispara esta partida un 44% respecto a la contemplada este ejercicio.

Por otro lado, los gastos de personal (nóminas de empleados públicos) ascienden a 4.987 millones (2,58% más); los gastos corrientes en bienes y servicios a 2.114 millones (2,91%); las transferencias corrientes a 3.588 millones. El gasto de la deuda pública se eleva a 1.864 millones (4,44% más), de los que 378 millones corresponden a intereses (10,13%) y 1.486 millones (3,08%) a amortización.

Los beneficios fiscales contemplados en el anteproyecto de ley de presupuestos para 2025 alcanzarán los 709 millones de euros y llegarán a 560.000 contribuyentes. En concreto, se recoge la bajada del tipo mínimo del IRPF del nueve al 8,5%, que beneficiará a la totalidad de los contribuyentes, 1.370.000.

En el apartado fiscal, se establecerán un tipo super reducido del Impuesto de transmisiones Patrimoniales, para los jóvenes que adquieran una vivienda, del tres% en las ciudades, y del 0,01% en el medio rural.

Ingresos

En el capítulo de ingresos, el mayor aumento corresponderá, de cumplirse las expectativas, en los impuestos directos, con 3.636,9 millones de euros y un avance del seis%. Asimismo, los ingresos por tributos indirectos supondrán 3.989,3 millones y subirán un 1,49%. Las tasas, precios públicos y otros ingresos aportarán a las arcas de la Comunidad, 235,94 millones, un 0,85% más que este año. Las transferencias corrientes sumarán 4.387,35 millones, con un incremento del 5,45%, y los ingresos patrimoniales, 43,82, un 4,3% más.

Los Presupuestos se asientan en un límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que sí se aprobó este martes en un Consejo de Gobierno extraordinario y se remite a las Cortes, de 13.490 millones, un 3,82% más que en 2024.

El escenario macroeconómico parte de una estimación de crecimiento del 2% del PIB, con una tasa de paro del 9,4% y un déficit público de referencia del 0,1%. Asimismo, en este contexto, el peso de la deuda de Castilla y León se ha reducido al 18,8% al final del primer semestre de este año, 3,1 puntos porcentuales inferior a la media autonómica, que asciende al 21,9%, según el Banco de España.

Es la primera vez que se presenta el borrador sin su aprobación por el Consejo de Gobierno y su remisión a las Cortes, cuya fecha no está determinada aun y depende de que los grupos den luz verde al límite de gasto no financiero que sustenta las cuentas.