La Junta de Castilla y León trabaja en una nueva medida para animar a los propietarios de viviendas vacías a poner esos inmuebles en alquiler, por la que el Gobierno autonómico asegurará el cobro de la renta y la cobertura de desperfectos en la casa cuando venza el contrato para que, a cambio, el propietario ofrezca esa vivienda en alquiler “a un precio asequible”.
Así lo anunció este lunes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que desgranó tres nuevas líneas en las que trabaja el Gobierno autonómico para reforzar su política de vivienda con el objetivo de “ayudar a los jóvenes a emanciparse y a que las familias y personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas sin apuros”.
La primera de esas medidas incluye la garantía de la Junta para la gestión del alquiler de la vivienda con el “aseguramiento del cobro” así como con la cobertura de los desperfectos que se hayan producido en el inmueble cuando venza el contrato, con el compromiso a cambio de que el propietario ofrezca su vivienda vacía “a un precio asequible”.
De esta manera, según reveló Mañueco en declaraciones recogidas por Ical, se da “seguridad al propietario y al mercado del alquiler, por un lado”, y por otro, se fomenta “el incremento de la oferta” para que crezca “el alquiler asequible para las familias y las personas de Castilla y León”. El presidente de la Junta aseguró además que esta medida se pondrá en marcha “de forma coordinada con el sector privado”, en especial con el inmobiliario.
La segunda medida que anunció el presidente autonómico es la construcción de viviendas de alquiler para trabajadores ubicados en zonas del medio rural que tengan una especial “intensidad industrial” y, a la par, una “escasa oferta de alquiler”. Para ello, se construirán 200 viviendas en Aguilar de Campoo, Ólvega, Guijuelo y la zona de la Ribera del Duero, en un programa “abierto a otros municipios y zonas de la Comunidad”.
Por último, Mañueco afirmó que la Junta va a “duplicar las viviendas” que se iban a construir en beneficio de los jóvenes en el medio rural, pasando de 500 a 1.000 “con la colaboración de las diputaciones provinciales”, con las que se firmará este compromiso “próximamente”. Las viviendas irán dirigidas a jóvenes menores de 36 años a través de la reducción de su precio “en un 20%” por encontrarse en el medio rural.
3.000 para jóvenes
Estas medidas, apuntó Mañueco, “se suman a las que ya se conocen”, como las ayudas directas al alquiler, los beneficios fiscales para su adquisición, el programa Rehabitare que “en muchos pueblos sirve a los jóvenes para alquilar”, la rehabilitación de las casas de camineros y de otras titularidades o la construcción de 1.000 viviendas en régimen de ‘cohousing’ para jóvenes.
Entre todas las medidas, la Junta busca “poner a disposición de los jóvenes de Castilla y León un total de 3.000 viviendas en régimen de venta o alquiler, con bonificaciones y ayudas directas, muy especialmente en el medio rural”.
Y es que, como reflejó Mañueco en su comparecencia de inicio de curso ante los medios, la vivienda es “una preocupación para muchas personas de nuestra tierra”, tanto jóvenes como “mayores y familias”, que de esta manera podrán “seguir viviendo en sus casas sin apuros”.
En cuanto a la financiación de estas medidas, el presidente de la Junta aseguró que “no estará vinculada a la aprobación o no de los presupuestos” y que la cuantía que se dedique a cada una de ellas se irá “explicando con detalle” a medida que vayan avanzando, puesto que, por el momento, “algunas están esbozadas y en otras se está precisando” no solo el coste económico sino las viviendas asociadas a cada medida, que se tomarán, en algunos casos, “en colaboración con otras administraciones”.
Presentar los Presupuestos en plazo
Mañueco inicia este curso político con un “nuevo panorama” de Gobierno en solitario, sin su anterior socio de Vox, pero con el objetivo inmediato de presentar los Presupuestos Generales de la Comunidad en plazo y de abrir una ronda con los grupos para, desde el diálogo “con todos”, avanzar en el presente y futuro de la Comunidad.
“Mi intención es presentar los presupuestos en tiempo y forma y conseguir el acuerdo para la aprobación” de las cuentas de 2025, reiteró a preguntas de los periodistas durante la ya tradicional rueda de prensa de inicio del curso político que arranca el Ejecutivo del PP después de la salida de Vox el pasado mes de julio por diferencias en materia de inmigración.
Ante esa situación del Partido Popular en solitario y sin mayoría en las Cortes de Castilla y León, Fernández Mañueco anunció una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos “con todos”, cuya previsión es que se celebre después del primer pleno, fijado para los días 10 y 11 de septiembre.
Entre los asuntos, estarían la sanidad, los presupuestos o acordar un calendario de infraestructuras de autovías o ferroviarias de Castilla y León, aunque precisó que no existe una agenda cerrada, si bien lo más inmediato son las próximas cuentas ya que para cumplir con su intención de presentarlas en “tiempo y forma”, deberán estar en las Cortes el próximo 15 de octubre.
“Contamos con todos para avanzar en esta línea”, aseguró el presidente de la Junta, que señaló el diálogo político con los grupos, económico, social con la sociedad civil para avanzar en propuestas de conciliación y de las personas más vulnerables, institucional con los entes locales y con el Gobierno, donde se refirió a reuniones pendientes con algunos ministerios, entre ellos el de Óscar Puente.
Fernández Mañueco expresó su confianza en que los grupos acudan a las reuniones “pensando en Castilla y León” y alertó de que en ese momento se verá “quien cree en el diálogo y en ser útiles” para la Comunidad o “quien” se atiene a “las órdenes” de sus partidos en Madrid. “Espero que les dejen un margen suficiente para trabajar por Castilla y León”, anotó.
“Tengo las manos libres para gobernar con todos, otros tienen que cumplir órdenes de Madrid”, aseveró, en cuyo ofrecimiento de diálogo pone como objetivo “las personas de Castilla y León”. Además, reconoció que se inicia un periodo en el que está “donde quería” después de las elecciones de febrero de 2022, con un Gobierno en solitario del PP y acuerdos puntuales.
En cuanto a la relación con Vox y las materias pendientes tras su salida de la Junta, como las leyes de concordia o violencia intrafamiliar, manifestó que firmaron un pacto de entendimiento que no era “una imposición de uno o de otro”, pero precisó que “la prioridad” es cumplir con los compromisos del debate de política general en materias como la vivienda.
“Castilla y León funciona”
Respecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo ejercicio, explicó que, a diferencia del año pasado, el Ministerio de Hacienda ya ha facilitado los datos macroeconómicos y avanzó que en la ley de acompañamiento irá una reducción del IRPF en línea con la ya existente.
Precisamente, la orden de elaboración de las próximas cuentas y las propuestas presentadas por las consejerías se inició con Vox aun en la Junta de Castilla y León, casi al poco de aprobarse los Presupuestos de este año, que salieron de las Cortes a finales del pasado mes de abril.
Como resumen mensaje de su comparecencia, aseguró que “Castilla y León funciona” y el Gobierno que preside también. “Es un Gobierno sólido”, defendió, para añadir que se dirige a generar oportunidades a los jóvenes, empresarios, familias, apoyar a agricultores y ganaderos, avanzar en igualdad, derechos sociales, vivienda -materia en la que van a incidir- y en la creación de empleo estable y de calidad.
Finalmente, reiteró su intención de agotar la legislatura más allá de que “haya o no presupuestos” desde el diálogo “con todos” y en todos los ámbitos.
“Dar la batalla” contra un “privilegio económico”
El presidente aseguró que la Comunidad va a “dar la batalla” contra “cualquier privilegio económico” para Cataluña, “se llame quita de la deuda, financiación singular, cupo, trato preferente o concierto”, tras el acuerdo alcanzado entre ERC y PSC para que Salvador Illa se convierta en presidente de la Generalitat.
“Vamos a estar en contra desde el Gobierno de Castilla y León y acudiremos al Tribunal Constitucional o a los tribunales de justicia, sea el Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, explicó Mañueco, dado que, a su juicio, “lo que quiere hacer el Gobierno de Sánchez es robar a Castilla y León”.
De esta manera, el presidente avanza un recurso que iría contra el Tribunal Constitucional si se aprueba mediante ley en el Congreso de los Diputados, pero también si se formula como decreto-ley en un Consejo de Ministros, como orden ministerial o por acuerdo del Parlamento catalán o de la Generalitat.
“Vamos a dar la batalla porque no se trata de poner encima un modelo de financiación, sino de decir que no estamos de acuerdo con lo que hace Sánchez porque rompe la igualdad de todos los españoles, la justicia social y la solidaridad entre territorios”, continuó esgrimiendo Mañueco, evitando exponer así un modelo de financiación autonómica porque “quien tiene que ponerlo encima de la mesa es el Gobierno y ha renunciado a ello”.
Sí aseguró, por el contrario, que las comunidades del PP llevarán una posición común para afirmar que están “en contra de cualquier privilegio económico” para una comunidad autónoma en concreto.
De hecho, apuntó que, en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Popular llevará una Proposición No de Ley (PNL) para que cada partido fije posición “en la lucha contra la financiación singular”. “Ahí veremos cuál es la voluntad y la actitud respecto a Castilla y León de las formaciones políticas que tienen que cumplir los acuerdos y las órdenes que les dan en Madrid”.