El Gobierno anuncia que presentará este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caza de Castilla y León, en vigor desde el pasado año y dos después de varias sentencias en contra de la anterior normativa cinegética.
El motivo del recurso que ahora se interpondrá el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se debe a que su juicio la nueva normativa normativa afectan, como cuestión central, a la consideración del lobo como especie cinegética, es decir, susceptible de ser cazada, tal y como adelanta la Ser. Y es que desde septiembre del año pasado esta especie fue incluida dentro el Listado de Especies Protegidas (Lespre) estatal, con gran oposición y crítica tanto de Castilla y León como de otras comunidades autónomas.
A pesar de la decisión ministerial de acudia a la vía judicial en el Tribunal Constitucional, el Gobierno asegura que mantiene la puerta abierta a que la Junta y el Ministerio puedan llegar a un acuerdo dentro de las negociaciones iniciadas a finales del año pasado.
Las fuentes consultadas por la emisora admiten que en el Ministerio son conscientes de la preocupación que supone el lobo para los ganaderos y que la normativa vigente garantiza, a través de la colaboración con las autonomías, el pago rápido de los daños causados en sus rebaños, una gestión que es de competencia final autonómica.
Con este fin indemnizatorio el departamento que dirige la ministra Teresa Ribera tiene presupuestados 20 millones de euros para las denominadas estrategias de convivencia con grandes carnívoros, fundamentalmente el oso y el lobo.
186 lobos cazados en León en 8 años, 356 autorizados
A pesar de ello, la prohibición de incluir al lobo como especie cazable, como hasta ahora que lo era en todas las provincias al norte del Duero -como la de León- a pesar de no presentar unas muy elevadas cifras oficiales de daños según las estadísticas de la propia Junta, sigue provocando un produndo rechazo en el Gobierno de la Comunidad, aduciendo el negativo impacto que tiene sobre la ganadería extensiva y la despoblación, argumentos que comparten la mayoría de los sindicatos agrarios.
En concreto, con esas estadísticas autonómicas en la mano, en León en los últimos ocho años los cazadores han matado 186 lobos sólo en esta provincia, prácticamente uno de cada dos ejemplares que la Junta había autorizado, es decir, 356. La última estadística oficial de censo de la especie, aunque de 2013, sitúan en la provincia unos 433 ejemplares estimados.
De hecho, Castilla y León, Asturias, Galicia o Catabria, así como varias organizaciones agrarias, también mantienen judicializado este polémico asunto, en concreto presentando ante la Audiencia Nacional recursos contra la protección efectiva de esta especie por parte del Gobierno. Y demomento, aunque se les ha admitido a trámite, lo cierto es que de momento el Tribunal ha denegado la suspensión cautelar de su protección que todos ellos pedían.
El consejero Quiñones, tranquilo
El consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy que la Junta no tiene “ningún problema” en que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Caza de la Comunidad, porque el TC ya se ha pronunciado en que es “plenamente constitucional”.
Suárez-Quiñones recordó que esta normativa de hace tres años sufrió un recurso del Defensor del Pueblo ante al alto tribunal y una cuestión de inconstitucionalidad desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el TC dijo que era “plenamente constitucional”. Asimismo, recodó que el Tribunal Supremo afirmó que la normativa complementaria de caza era “correcta y cumplía los requisitos legales”.
Promesa de que el PP retomará la caza de la especie
Por otra parte, preguntado por la caza del lobo, recordó que no se podía cazar al sur del Duero, por la normativa europea del hábitat, y ahora tampoco al norte, por una decisión que tilda de “arbitraria” y sin criterios científicos del Gobierno de Pedro Sánchez, desde un “posicionamiento ideológico radical”. “El lobo no se puede cazar porque la vicepresidenta Teresa Ribera no ha querido”, dijo, para lamentar los “graves perjuicios” que ocasionará a la ganadería y a la población del medio rural.
En este contexto, garantizó que cuando gobierne el PP España, que será, dijo, en las próximas, elecciones, un de sus primeras normas será para derogar la norma que prohíbe la caza del lobo al norte del Duero.