Astorga y sus comarcas se movilizan contra la planta de biogás de Val de San Lorenzo, con apoyo unánime municipal
Ha resultado muy numerosa la protesta convocada este sábado en la ciudad de Astorga, precedida de una marcha a través de la comarca de Maragatería, promovida por los opositores al proyecto de instalación de una planta de producción de biometano a raíz de deshechos ganaderos en el municipio de Val de San Lorenzo, apenas a dos kilómetros de la ciudad.
La larga marcha ha cubierto a pie, en medio de un ambiente reivindicativo pero también festivo, el amplio recorrido hasta su destino, situado frente al Ayuntamiento de Astorga. Allí han coreado, como en el resto del recorrido, sus consignas y sus argumentos, especialmente medioambientales, que les posicionan abiertamente contra la iniciativa que ya tramita la Junta de Castilla y León.
El proyecto de la compañía Apiolae SL, filial del grupo ID Energy Group, anuncia una inversión de 9,45 millones de euros para construir una instalación destinada a transformar residuos y subproductos orgánicos de origen agroganadero en gas de biometano. Su dimensión es uno de los principales elementos de controversia en las comarcas de Astorga y se ha sumado al argumento de que todo el entorno de la zona ya suma excesivos proyectos de gestión de residuos, empezando por el propio Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, pero también ahora muy latente una planta de lodos en la localidad de Piedralba, en el municipio maragato de Santiago Millas. De ahí algunos mensajes lanzados hoy como que “nuestra comarca no es un basurero”.
Unanimidad en el Ayuntamiento
La protesta, que estuvo muy animada, coincide a pocos días de que todos los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Astorga, donde gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular (PP), acordaran presentar conjuntamente alegaciones al proyecto de biometano, al considerar que, pese a situarse fuera de su término municipal, su proximidad y dimensiones pueden provocar afecciones directas sobre Astorga y su comarca. La Corporación aclara que no rechaza el biometano como tecnología, sino que reclama un análisis especialmente riguroso de una instalación proyectada para tratar 233.500 toneladas de residuos al año y de sus posibles consecuencias sobre la población, el territorio, el medio ambiente y la economía local.
Entre las principales preocupaciones figura el origen de los residuos, ya que, según la documentación analizada por el Ayuntamiento, solo unas 48.000 toneladas procederían de un radio de 30 kilómetros y alrededor de 185.500 tendrían que llegar desde otros lugares. A ello se suma la previsión de unos 36 camiones diarios de gran tonelaje y la generación de aproximadamente 103.061 toneladas de digestato al año. Los grupos reclaman que se concreten la procedencia y las rutas de transporte de los residuos, la capacidad de las carreteras para asumir ese tráfico y las parcelas y superficies agrícolas en las que se utilizará el digestato, además de las medidas destinadas a evitar la contaminación de suelos y aguas.
Las alegaciones ponen también el foco en el riesgo de olores y reclaman que se estudie específicamente su posible llegada a Astorga en función de los vientos, la meteorología y las situaciones de funcionamiento anormal de la planta. Exigen además una evaluación específica de la afección al Camino de Santiago -el proyecto prevé impactos durante las obras sobre aproximadamente 1,5 kilómetros de su entorno-, así como comprobar la situación legal de los terrenos afectados por un incendio forestal en 2024. A ello añade la necesidad de valorar conjuntamente las consecuencias sobre el paisaje, el patrimonio, la agricultura, el turismo, la salud, el agua y el suelo, así como los efectos acumulativos con otras instalaciones existentes o previstas en la zona.
Como conclusión, los grupos municipales reclaman a la Junta que revise la suficiencia del Estudio de Impacto Ambiental y exija al promotor todos los estudios complementarios necesarios, además de garantías económicas y ambientales para responder ante accidentes, contaminación, averías, cierre o desmantelamiento.
El acuerdo solicita expresamente que no se conceda la autorización ambiental mientras no queden suficientemente acreditadas todas estas cuestiones, que se garantice la participación de las administraciones y poblaciones afectadas y que las alegaciones sean trasladadas al Ministerio para la Transición Ecológica para reclamar una revisión de la estrategia de implantación de este tipo de instalaciones en las zonas rurales.
