Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes de Castilla y León y Foro en el Parlamento de Asturias han anunciado esta semana idénticas ofensivas parlamentarias con idéntico fin: intentar que la presión de ambas cámaras autonómicas y el posicionamiento de los partidos políticos ejerzan presión sobre el Gobierno central para que rescate el peaje de la autopista León-Asturias AP-66.
Ambas formaciones regionalistas consideran llegado el momento de una nueva ofensiva, aprovechando el hecho reciente de que la Comisión Europea ha iniciado el proceso para imponer sanciones a España debido a cambios realizados en los contratos de concesión de la autopista del Huerna León-Campomanes sin recurrir a un concurso público, sino prorrogando bajo el Gobierno del PP de José María Aznar la concesión hasta el año 2025 cuando debería haber expirado en 2021. El proceso sancionador procede de una denuncia elevada a Europa por Podemos en Asturias, de la mano de Daniel Ripa.
En este nuevo contexto, por un lado el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, registró una PNL para que la Junta General del Principado inste al Consejo de Gobierno a requerir al Gobierno de España para que, en coherencia con el procedimiento abierto por la Comisión Europea, inicie los trámites para la anulación de la prórroga de 29 años otorgada a la concesionaria de la AP-66, suprimiendo así el peaje del Huerna.
Además, Foro solicita que el Principado sea parte activa en este proceso, encargando un estudio para explorar las vías jurídicas para esa anulación de la prórroga concedida irregularmente y evaluar los costes económicos que implicaría para el Estado asumir la gestión directa de la AP-66, es decir, por fin libre de peaje.
Este domingo también ha trascendido que UPL hará lo propio con otra PNL para su debate en las Cortes de Castilla y León, como explican en un comunicado. El portavoz y líder general de la formación, Luis Mariano Santos, será el encargado de defender una propuesta que buscará el apoyo del resto de formaciones para que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de España a suprimir este peaje por fin.
“Consideramos que las Cortes deben solicitar al Ejecutivo central que opte por esta solución como la más conveniente para las tierras leonesas teniendo en cuenta la difícil situación socioeconómica que atraviesa la Región Leonesa”, concluye UPL.
Sin embargo, no es la primera vez que algo así se aprueba en el Parlamento de Castilla y León, como por ejemplo ocurrió en septiembre de 2021 sin ir más lejos, aprobándose incluso el fin del peaje de la otra autopista de la provincia, la León-Astorga AP-71. Sin que esa aprobación de todos los grupos haya servido para nada, como es habitual al no ser las proposiciones no de ley más que meras declaraciones institucionales sin carácter ejecutivo.