UPL denuncia la “amenaza ruin” de privatización del Coto Escolar por parte del alcalde de León y exige condiciones dignas
El conflicto laboral que se vive en el Coto Escolar de León suma un nuevo frente político. Unión del Pueblo Leonés (UPL), a pesar de ser habitual socio preferente del PSOE que gobierna en el Ayuntamiento de León, ha salido en defensa de los monitores municipales y ha cargado contra el alcalde, el socialista José Antonio Diez. Afea en un comunicado de prensa sus declaraciones sobre las responsabilidades de los trabajadores y le acusa de haber planteado la posibilidad de recurrir a una gestión privada o indirecta del servicio hasta ahora netamente público si no existe flexibilidad para resolver el desacuerdo laboral.
La concejala leonesista Seila Fernández ha mostrado el respaldo de su grupo a las reivindicaciones de la plantilla y ha calificado de “amenaza ruin” la posibilidad de privatizar un servicio público que funciona desde 1984, a plena satisfacción de las familias leonesas. UPL reclama al equipo de Gobierno que reconozca las funciones que realmente desempeñan los educadores, mejore sus condiciones profesionales y cumpla los compromisos alcanzados con ellos hace meses en esos sentidos.
El origen del conflicto está en la diferencia entre la categoría profesional reconocida a los monitores, encuadrados en el Grupo IV, y las tareas que vienen desarrollando, que UPL admite que se sitúan en el nivel superior del Grupo III/C1. Entre ellas se encuentra el diseño y la impartición del proyecto pedagógico del Coto Escolar, una labor que, según la formación leonesista, llevan años asumiendo sin que se haya regularizado adecuadamente su situación laboral.
Junto a las críticas del PP
La formación, que se suma así a las críticas ya vertidas por el Grupo Popular, recuerda que el pasado 19 de junio de 2026 la Mesa de Negociación acordó por unanimidad mantener el abono de las diferencias salariales mientras los trabajadores continuaran desempeñando esas funciones de superior categoría. Sin embargo, denuncia que el Ayuntamiento no ha cumplido ese compromiso y ha dejado de efectuar los pagos correspondientes.
Como respuesta, desde el 13 de octubre los monitores han optado por ceñirse exclusivamente a las funciones que corresponden a su categoría profesional reconocida. Una decisión que ya tiene consecuencias en el funcionamiento del centro, con la anulación de visitas de colegios y la incertidumbre sobre la continuidad de los campamentos de Navidad y las ludotecas.
La situación afecta a un servicio educativo, medioambiental y deportivo que lleva más de cuatro décadas recibiendo a escolares y familias de León y que atraviesa uno de sus momentos más delicados. La controversia laboral se suma a otros desencuentros recientes, entre ellos la aplicación de un nuevo reglamento y distintas resoluciones judiciales relacionadas con las condiciones de trabajo de la plantilla, la mayoría de ellas favorables a los empleados.
La versión del equipo de Gobierno
En este contexto, UPL rechaza también las declaraciones del alcalde sobre la responsabilidad de los escolares. Diez, como también argumentó el teniente de alcalde y concejal de Personal, Vicente Canuria, había señalado que la tutela y el cuidado de los menores corresponden a los profesores que acompañan a los menores usuarios. Para los leonesistas, esa afirmación supone trasladar una imagen equivocada del funcionamiento del Coto Escolar, al considerar que los centros educativos no acuden simplemente a utilizar unas instalaciones, sino a participar en un programa de actividades educativas guiadas por los propios monitores municipales.
La formación cuestiona igualmente el argumento económico esgrimido por el regidor, quien habría advertido de que modificar la categoría profesional de estos trabajadores podría obligar a revisar la de otros servicios municipales, con el consiguiente incremento del gasto. UPL sostiene que esa adecuación no supondría el grave perjuicio económico que plantea el alcalde y considera injustificado utilizar ese argumento para no reconocer las funciones que desempeña la plantilla. Por todo ello, Seila Fernández exige al equipo de Gobierno que retire la posibilidad de privatizar el servicio, deje de buscar excusas económicas y cumpla los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación.