La anomalía histórica de que el ayuntamiento asturiano de Mieres ejerza sus competencias y campe a sus anchas en el puerto de Pinos en la comarca leonesa de Babia, que compró hace más de un siglo, acaba de cosechar una nueva victoria judicial más, pero no una victoria judicial cualquiera sino la más dura hasta el momento.
Tanto que, según los denunciantes de la vertiente leonesa, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León abre por primera vez la puerta de manera directa a la necesidad de impulsar una expropiación de estos terrenos para que vuelvan a pertenecer al Ayuntamiento de San Emiliano, así como iniciar la vía penal contra Mieres, algo que se iniciará con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Superior de Castilla y León.
Todo eso ha sido destacado hoy por la Federación de Entidades Locales Menores de León, las cuatro juntas vecinales de Babia afectadas y con derechos sobre los pastos de Pinos, y la Asociación Montaña de Babia y Luna, que han desgranado en una rueda de prensa esa nueva sentencia del TSJ notificada el 11 de febrero. Según los representantes de los pueblos afectados, esta resolución es la más contundente hasta la fecha y confirma la ilegalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Mieres en los puertos de montaña de Babia.
La sentencia establece que el consistorio asturiano no puede aplicar regulaciones propias de Asturias dentro del territorio de Castilla y León y reconoce la legitimidad de las juntas vecinales de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano. Además, el alto Tribunal señala que la actuación de Mieres podría incurrir en responsabilidad penal, dado que ha mantenido durante años una gestión a sabiendas de su ilicitud, pese a las reiteradas sentencias en contra, más de una docena.
“Estamos ante una administración pública que lleva años actuando de una forma a sabiendas de la ilicitud, y lo sabe porque los tribunales se han pronunciado reiteradamente en ese sentido”, declaró Carlos González-Antón, abogado, secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna.
La vía de la expropiación
Entre las conclusiones más relevantes de la resolución judicial, destacan la necesidad de proceder a la expropiación de los terrenos como única vía para solucionar el conflicto. El auto refleja textualmente que “la situación que se describe deviene anacrónica, sin que sea admisible un comportamiento como el protagonizado por el Ayuntamiento de Mieres año tras año, con vulneración del principio de lealtad institucional, que de persistir supondrá sin duda la expropiación en beneficio del ayuntamiento de san Emiliano de los citados montes dada su naturaleza patrimonial”.
Esta medida ha sido demandada por la parte leonesa desde 2006 y fue objeto de promesas por parte de las administraciones autonómicas y provinciales, que hasta la fecha no se han materializado, poniéndose de perfil tanto la Diputación de León como la Junta de Castilla y León, a pesar de que ahora el TSJ hable de una “situación absolutamente anómala y persistente”.
Abrir la vía penal
Además, la Federación y la Asociación han anunciado que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Superior de Castilla y León para que se investiguen las responsabilidades penales derivadas de esta actuación. “Que se deje a alguien delinquir durante tanto tiempo también es algo que habría que analizar”, subrayó González Antón. Además, exigirán la firma de un convenio “urgente” entre la Junta y la Diputación para ejecutar el proyecto de expropiación y garantizar el desarrollo económico de la comarca de Babia.
En la rueda de prensa también se recordó que el conflicto se remonta al año 1926, cuando Mieres adquirió estos terrenos. Desde entonces, los ganaderos leoneses han visto limitada su actividad en favor de los intereses asturianos, una situación que consideran injusta y que ahora el TSJ ha calificado como ilegal. Asimismo, se anunció una próxima reunión en el Ayuntamiento de San Emiliano para abordar el problema y exigir la implicación de las administraciones.
Una valoración de “unos 5 millones” de euros
El alcalde pedáneo de Pinos, Leandro Hidalgo, recordó que existe una “nueva valoración”, recientemente realizada por parte de la Diputación de León a petición de San Emiliano, sobre lo que pueden costar estos pastos, fijando su valor en “unos 5 millones de euros” frente al “algo más de un millón” del año 2007. “La mayoría de ese dinero son los derechos de los pueblos, es en lo que están tasados nuestros derechos”, apuntó.
Hidalgo insistió en que en esta última sentencia “ya les dice el juez que vayan a la expropiación, que es la única solución” y recordó que se celebrará un Pleno para informar y tratar este asunto en exclusiva, al que se han convocado a todos los pedáneos afectados.
Por su parte, el alcalde pedáneo de Villargusán, Pedro Álvarez Barriada, explicó que “desde la Junta se está hablando continuamente del problema de la despoblación y casos como este son una buena forma de demostrar que trabajan al respecto”. “Se debe promover la expropiación y dar un futuro a los pueblos”, exigió, porque los pastos de Pinos se están “aprovechando por parte de los ganaderos de Mieres para su desarrollo” y esto “es un delito” que se remonta a hace “mucho tiempo”.
Cabe recurso al Supremo
Para González Antón “el mayor atentado al desarrollo de una provincia es permitir que en ella sean otros los que se estén llevando miles de euros”. “Eso supone un ilícito penal para quien hace, pero también para quien deja hacer y estas actuaciones tienen que ser judicializadas”, dijo.
Recordó sin embargo que también que contra esta última sentencia cabe recurso, en este caso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, y de hecho se mostró convencido de que “van a agotar todas las vías”, aunque señaló también que “no albergamos la más mínima duda de que se desestimaría”. “Este es un paso más. Es una sentencia importante y estamos muy satisfechos, aunque lamentamos que tenga que ir la justicia por delante de la política”, zanjó.