La Fiscalía de León ha recibido directamente del Tribunal Supremo (TS) un encargo que puede hacer historia a ambos lados de la Cordillera Cantábrica: determinar si el cobro del peaje íntegro de la autopista León-Asturias AP-66 es legal o no en las condiciones actuales, en las que una serie de obras y desperfectos causan un claro perjuicio a las condiciones de tiempo y seguridad de los conductores usuarios.
Así se desprende de la reciente comunicación de la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo en respuesta a la documentación presentada por la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No! para que determine si, como esta Plataforma o el partido Unión del Pueblo Leonés (UPL) denuncian, el cobro íntegro del peaje en las actuales condiciones vulnera los derechos de los usuarios. El movimiento abre la puerta a una investigación que podría regresar de nuevo al Alto Tribunal una vez que se haya pronunciado la fiscal jefe de León, cargo que ostenta María Isabel Morán González desde 2017.
El expediente judicial se impulsa tras el escrito presentado el pasado 2 de noviembre por Daniel Ripa, representante de la Plataforma y exdiputado de Podemos en Asturias, que denunció que Aucalsa sigue cobrando el peaje íntegro a pesar de las “obras continuadas” que afectan a la autopista desde finales de 2024. Se trata de una serie de trabajos con un coste millonario que provocan incrementos del tiempo de viaje de hasta 30 minutos, con tramos limitados a 50-60 km/h debido a intervenciones en la zona del argayo y en los túneles.
En el primero caso, continúa un carril cortado desde el enorme desprendimiento de justo hace un año, que se reabrió en condiciones incompletas a las pocas semanas pero en todo momento se ha seguido sigue cobrando de manera idéntica. Las obras en los túneles, por su parte, se ejecutan reformas en los siete túneles de la autopista con una financiación de subvención europea global de 68,14 millones de euros, y cortes de carriles constantes que provocan también constantes atascos.
Ripa sostiene en nombre de la Plataforma que esta práctica de cobrar sin contar con la pérdida de calidad de servicio por parte de Aucalsa, la empresa concesionaria hasta el año 2050, constituye una irregularidad “idéntica” a la que la Justicia ya declaró ilegal en Galicia en el caso de la AP-9. En base a este argumento, ahora la Fiscalía General del Estado activa su procedimiento interno.
En una carta firmada por la fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, con fecha 14 de noviembre, se confirma la recepción del escrito de la Plataforma y comunica que ha sido trasladado a la Fiscal Jefa de la Sección Civil del Tribunal Supremo “a los efectos de valorar tanto los datos aportados como las posibles actuaciones a realizar”.
Dos casos idénticos, uno con sentencia, y de la misma empresa
Posteriormente, y según la documentación remitida por la propia Fiscalía del Supremo, este órgano ha decidido oficiar al Fiscal Jefe de León para que estudie la posible vulneración de los derechos de los consumidores, abriendo el Expediente Gubernativo 5/2025 de consumidores y usuarios.
La decisión se fundamenta en aplicación de la Sentencia 1441/2025 del Tribunal Supremo, relativa a la AP-9 gallega, que declara ilegal cobrar un peaje íntegro cuando las obras en la vía “incrementan sustancialmente el tiempo de viaje” o cuando el servicio no se presta en “condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez o seguridad”. La sentencia obligó a la concesionaria gallega a reembolsar los importes cobrados indebidamente.
Ripa interpreta la decisión de la Fiscalía como un paso decisivo e insiste en que la situación de la AP-66 es análoga a la de la AP-9, porque además ambas concesionarias -Aucalsa y Audalsa- pertenecen al mismo grupo, Itínere Infraestructuras SA. Y resalta que “la misma empresa que en Galicia ha sido condenada por cobrar el peaje íntegro cuando hay obras sigue haciendo esta práctica en Asturias”.
“Tremendos sinvergüenzas”
Por eso, no duda en atacar con dureza esta situación, asegurando que actúan como “tremendos sinvergüenzas” al cobrar 15,6 euros en el peaje asturleonés. Y extiende sus críticas al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, porque “sabe que el peaje es ilegal y que están cobrando por unas obras que impulsa el propio Ministerio, pero no ha puesto ningún mecanismo para evitar que la ciudadanía pague”. “Es absolutamente inadmisible”, afirma.
Ante las maniobras judiciales, el portavoz cree que “estamos más cerca de que se empiece a devolver el dinero” a los conductores que hayan usado la autopista en todo este tiempo, por lo que insiste en recomendar guardar tickets y justificantes “para recuperar hasta el último euro”.
Ahora, si la Fiscalía de León considera que existen indicios suficientes, podrá promover acciones legales en defensa de los usuarios, lo que podría derivar en reclamaciones masivas para devolver los importes cobrados indebidamente desde noviembre de 2024. Para ello, el expediente podría volver a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que fue la que inicialmente recibió el caso y que mantiene competencia en materia de protección de consumidores.