Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado este lunes 3 de noviembre una petición en la Fiscalía de León para que solicite al Ministerio que no se cobre el peaje de la autopista León-Asturias (AP-66) mientras esté en obras y que, a los usuarios que ya lo han pagado, se les reintegre el importe abonado.
Se trata de una petición que realiza de forma paralela la Plataforma Ciudadana 'Peaje del Huerna ¡No!', que hará lo propio en la Fiscalía del Principado de Asturias, y que tiene como origen la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que declaraba como abusiva la práctica de cobrar el precio íntegro del peaje en autopistas en las que es servicio no se está prestando en condiciones óptimas, debido a las obras.
UPL señala que el Ministerio Fiscal promovió en este procedimiento una resolución que “obliga a las concesionarias a cesar en esta práctica abusiva y a reembolsar a los usuarios el importe del peaje cuando concurran las circunstancias descritas”, concretamente que “el servicio no se presta en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez o seguridad, y sin que los usuarios hayan sido informados previamente de las incidencias que afectan al tráfico y a los tiempos de recorrido”.
Los leonesistas critican que la autopista León-Asturias, concesionada a Aucalsa, se encuentra afectada por diversas obras de adecuación en sus túneles y por la existencia de un argayo o derrumbamiento que ha provocado cortes y ralentizaciones graves del tráfico, con incrementos sustanciales del tiempo de viaje y, en ocasiones, paradas prolongadas.
Denuncian que, a pesar de estas circunstancias y de la resolución del Tribunal Supremo, el peaje se sigue cobrando íntegramente como “si el servicio se prestase sin contratiempo alguno”.
Además, abundan los leonesistas, “al momento de realizar el pago del peaje (tanto en cabina como mediante telepeaje), los usuarios no reciben información suficiente y actualizada sobre las retenciones, desvíos u obras en curso que afectan al trayecto, impidiendo una decisión informada sobre la utilización o no de la vía de peaje, en clara analogía con los supuestos resueltos por el Alto Tribunal en la sentencia mencionada”.
Por todo ello, UPL solicita a Fiscalía que se requiera al Ministerio de Transportes “para que verifique el cumplimiento de la citada doctrina” y exija a Aucalsa el reintegro “total o parcial” del peaje cobrado a los usuarios que hayan sufrido “retrasos significativos o deficiencias del servicio sin haber sido informados previamente”. Del mismo modo, piden más información en tiempo real para que los conductores conozcan las incidencias existentes antes de decidir su acceso a la vía de peaje.