La sequía y las heladas registradas en los últimos días de abril provocarán este año más de mil millones de euros de pérdidas en el secano de Castilla y León, según advirtió hoy la Alianza UPA-COAG, una cifra que se traduce en “situaciones dramáticas” en comarcas como Tierra de Campos, Aliste en Zamora, el sur de Valladolid, el norte de Segovia y Ávila y una parte de Salamanca, donde no se recogerá este año el 40 por ciento de la cosecha de cereal y, en el resto, los daños oscilan entre el 15 y el 80 por ciento en los cultivos.
Por ello, el coordinador autonómico de Coag, Lorenzo Rivera, y el secretario autonómico de UPA, Aurelio González, presentaron un paquete de medidas necesario ante un escenario “excepcional”. En resumen, demandaron ayudas directas y un “rescate financiero” para “devolver al sector el favor realizado en los últimos años, en el que ha mantenido el PIB regional y las cuentas”, una cuestión que han destacado en numerosas ocasiones el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y las consejeras de Agricultura y Economía y Hacienda, Milagros Marcos y Pilar del Olmo.
En este sentido, Rivera justificó que “si hubo dinero para rescatar autopistas sin coches, aeropuertos o la fábrica de Campofrío, ¿cómo no lo va a haber para rescatar a 35.000 agricultores a título principal que viven de este sector?”, cuestionó, ante la respuesta de Junta y Ministerio de no otorgar ayudas a los profesionales que no hayan suscrito seguros agrarios, entre otras razones, añadió, porque “han recortado las subvenciones y no facilitan la contratación”. En la Comunidad, el 45 por ciento de la superficie cuenta con algún tipo de seguro.
En un año en el que “no hay mucha alegría ni mucho que celebrar en San Isidro”, festividad que se celebra hoy, significaron que, en lo que respecta únicamente al cereal de secano, el 40 por ciento de las dos millones de hectáreas sembradas “se quedarán sin recoger en las tierras”, mientras que el 60 por ciento restante cuentan con daños de hasta el 80 por ciento pues, además, las últimas lluvias “ya no solucionan nada al estar la planta ya espigada”.
Con este escenario, las parcelas que se cosechen tendrán unos rendimientos medios de entre 800 y 1.200 kilos por hectárea. Esto se traduce en una campaña de 1,5 millones de toneladas, frente a los 6,5 millones de media de los últimos diez años. Así, se pasa de unos ingresos de 1.040 millones de euros a 240, con una pérdida de 800 millones sólo en cereal. “Si a ello se suman las pérdidas en colza, guisantes o vezas, los agricultores dejarán de ingresar más de mil millones de euros”, alertó Rivera, quien hizo hincapié en la ausencia de pastos y forrajes, no contabilizados, “que supone un problema añadido” para el ovino, caprino y vacuno, que “necesitan alimento para los animales, a pesar de que el año pasado hicieron acopio para más de un año”. Calculan que lo peor para la ganadería llegará a partir de otoño.
Así, la producción de colza en secano caerá un 15 por ciento, mientras que los cereales de regadío lo harán un 30 por ciento. También se registran pérdidas, aún sin cifrar, en viñedos y frutales, principalmente en León y Valladolid, así como en la apicultura. Los regadíos de provincias como Palencia también sucumben a la sequía, pues muchos agricultores de los sistemas del Carrión y el Pisuerga han preferido no sembrar cultivos intensivos, como patata, remolacha o maíz, o se inclinan por el girasol ante la ausencia de agua en los embalses de cabecera.
Igualmente, dudó de la efectividad de los 31 millones en ayudas a fondo perdido a la industria agroalimentaria de la Comunidad en los Presupuestos Generales de la Comunidad, proyecto que presentará mañana la Junta a las organizaciones en el Consejo Regional Agrario. “Elaboran y transforman lo que nosotros producimos. Si no hay producción casi este año...”, justificó Rivera, quien recordó que la Comisión Europea señaló recientemente que en este tipo de situaciones “excepcionales” se habiliten mecanismos “especiales”. Tuvo críticas para el Real Decreto de Sequía que confía en que se apruebe antes de fin de mes, del que dijo que “perjudica” a los regantes porque “condiciona las autorizaciones”, sobre todo en aguas subterráneas.
Pérdidas que se suman a pérdidas
Por su parte, Aurelio González recordó que en 2016 se perdieron otros 800 millones de euros por “la especulación de los precios, y todo ello a pesar de la elevación de un 17 por ciento de la renta agraria”. Este año, explicó, la renta bajará un ocho por ciento en relación a 2011. “Sin ingresos este año en muchas explotaciones que ni cosechan y que no garantizan los costes de producción, muchos agricultores contarán únicamente con el 35 por ciento de su renta, la que aporta la PAC”, lamentó el secretario general de UPA Castilla y León.
Al respecto, esperó “un cambio de idea” de la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, y la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, quienes no apuestan por esta medida “ni por poner en valor la importancia del campo”. “Sin una respuesta positiva de Junta y Gobierno habrá movilizaciones”, advirtió González, quien señaló que ya se han mantenido conversaciones con otras organizaciones “ante un problema común” y avanzó que se profundizará a partir de mañana, cuando se celebre el Consejo Agrario.
Cuatro bloques
La propuesta que UPA-COAG presentarán mañana a la consejera se divide en cuatro bloques: medidas legislativas, fiscales, créditos y financiación y ayudas directas. En el marco del primero de ellos, González destacó la necesidad de “flexibilizar” las normas que imponen determinados requisitos productivos para adecuarlas a la actual coyuntural de sequía, en compromisos del pago verde, medidas agroambientales o planes vinculados a incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones. También solicitó el laboreo y aprovechamiento “a diente” o mediante siega del 40 por ciento de la superficie afectada, sin ningún tipo de penalización.
En materia fiscal, reclamó la exención del pago de las cuotas a la Seguridad Social durante una campaña, pero manteniendo el año cotizado; reducciones en la tributación fiscal a través del IRPF, y la condonación del pago de tarifas y cánones de riego ante la imposibilidad de regar y las tasas de servicio de los ganaderos.
El cuatro de medidas en su parte de financiación debería incluir, según UPA-COAG, créditos “blandos” para refinanciar las explotaciones y el capital circulante, con siete años para devolverlos y dos años de carencia. Y un tipo de interés, subvencionado, del cero por ciento, con el aval de la Administración autonómica. Igualmente, González reclamó la implicación de las diputaciones provinciales con ayudas a fondo perdido para afrontar los gastos de la próxima sementera.
Por último, en lo que respecta al último bloque, pidieron ayudas directas a las explotaciones, vinculadas a las superficies y cabezas de ganado, así como colmenas, “ya sean de minimis o de otra tipología”. También solicitó el adelanto de los pagos de la PAC al mes de octubre, así como de otras medidas asociadas.