Victorino Alonso empieza a saldar sus deudas con la Justicia. El magnate conocido el 'rey del carbón' lleva una semana en la cárcel, cumpliendo su condena a 5 años y diez meses de prisión por los destrozos que causó al medio ambiente en dos minas ilegales a cielo abierto en las comarcas leonesas de Laciana y Babia, mientras que su deuda de más de 50 millones de euros por destrozar el medio ambiente va incrementándose por los intereses acumulados. La condición de 'insolvente' del que fuera el mayor empresario minero de este país le va a acarrear que su estancia entre rejas se alargue por impago y dificulta la concesión de un posible indulto.
La defensa del magnate de la minería de carbón agotó todas las posibilidades para evitar la entrada en la cárcel de Victorino Alonso y trabaja para que su salida sea lo más pronta posible. La Justicia rechazó las alegaciones por edad, enfermedad y situación familiar del 'rey del carbón', que ingresó de manera voluntaria en la prisión madrileña de Soto del Real hace poco más de una semana, conocida por haber dado cobijo a otros 'ilustres' presos como Luis Bárcenas, Ángel María Villar, Ignacio González o Mario Conde. Pero, según ha podido conocer este medio por fuentes jurídicas, está en trámite de solicitud el indulto y el recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que admite poco más del 1% de las peticiones.
Las condenas leonesas, por delito medioambiental, a un año y diez meses de cárcel por El Feixolín, en Villablino, y cuatro por Nueva Julia, en Cabrillanes, se tendrán que cumplir entre rejas, pero además van aparejadas a una responsabilidad civil millonaria que se traducirá en días de privación de libertad a mayores si Victorino Alonso no paga.
El 'rey del carbón' debe por El Feixolín 135.631,1 euros al denunciante Antonio Arias Tronco, una multa de 10 meses con una cuota diaria de 15 euros y la restauración del destrozo, valorada en medio millón de euros, en solidaridad con sus empresas en liquidación Minero Siderúrgica de Ponferrada S.A. (MSP) y Coto Minero Cantábrico S.A.(CMC). A eso hay que sumarle los 24,3 millones de euros de la restauración de Nueva Julia, que también puede pagar a medias con las concursales MSP y CMC y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros.
Victorino Alonso arrastra también una condena de 2016 por destruir la cueva de Chaves, un yacimiento neolítico que estaba dentro de un coto de caza propiedad de la sociedad Fimbas S.A. vinculada al empresario, en la localidad de Bastarás, en el municipio de Casba (Aragón), para colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, sin ningún tipo de autorización.
A efectos legales, se considera que cumplió la pena de dos años de cárcel sin pasar ni uno solo por prisión, gracias a la decisión de la Audiencia Provincial de Huesca de suspender su entrada en la cárcel si no delinquía en un periodo de tres años, punto que cumplió porque las condenas firmes del Supremo por las causas que tenía abiertas en León tardaron más tiempo en llegar. Lo que todavía no ha pagado son los 25,5 millones de euros de multa que se le pusieron y que deberá subsanar en principio de solidaridad con la empresa Fimbas. La justicia llegó a emitir un auto de embargo de la finca y los bienes de la empresa pero lo acabó desestimando porque consideró que no valían lo suficiente, por lo que la deuda sigue pendiente y sin que nadie la haya pagado.
El 'insolvente' empresario, como se reconoció en los tribunales aragoneses en este proceso, está jubilado de la minería desde el año 2009 y va descontando sus deudas con la justicia a razón del embargo máximo que permite la ley en su caso, menos de 500 euros al mes.
Antes de entrar a la cárcel, el 'rey del carbón', que recibió cientos de millones de euros en ayudas públicas a la extracción del mineral, dio sus primeros pasos como promotor de energías renovables en el suelo de sus antiguas minas que dejó sin restaurar y que se están arreglando con dinero de Europa.
Es el caso de una planta solar de 26,5 hectáreas en la Gran Corta de Fabero, a la que la Junta de Castilla y León eximió primero de tener que someterse al examen de evaluación de impacto ambiental para después darle su visto bueno de forma acelerada en pleno mes de agosto.
Las placas fotovoltaicas, de una sociedad vinculada al empresario, se instalarán en una parte del cielo abierto berciano, en disputa entre su antigua empresa Unión Minera del Norte, S.A. (Uminsa) y los pueblos de Otero de Naraguantes y Lillo del Bierzo, que se ha quedado fuera del plan de restauración de 70 millones de euros provenientes de Europa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un dinero público destinado a restaurar la antigua mina de Alonso ya que las fianzas de la explotación resultaron insuficientes para devolver a su estado el cielo abierto. Empresas vinculadas al magnate minero han sido contratadas, además, para realizar los trabajos en esta mina pagados con dinero público que él no abonó.
Los Papeles de Pandora (Pandora Papers), una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) consiguieron identificar al magnate minero en varias sociedades opacas en refugios fiscales mientras que se sigue considerando 'insolvente' para la justicia.
La primera vez que aparecía el nombre del 'rey del carbón' en los Pandora Papers fue en septiembre del año 1996, cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018.
También en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en el año 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, remarcaba la investigación. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que formaba parte del amplio Grupo Alonso.
Tampoco fue la única. Hubo otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan. De acuerdo con el formulario de registro, solo en esta compañía el patrimonio total ascendía a una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.
Victorino Alonso nació en 1952 en el seno de una familia de empresarios mineros, continuando el negocio familiar. Estudió Ingeniería de minas en la Escuela de Minas de Oviedo y llegó a convertirse en el mayor empresario minero de España a base de comprar empresas quebradas. En 1994 se hizo con la empresa privada de explotaciones carboníferas más grande del país, la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), que derivaría en otras como Uminsa o Coto Minero Cantábrico (CMC), y en una inabarcable lista de empresas más pequeñas que se daban servicios unas a otras y que formaban un complejísimo conglomerado difícil de controlar. Cuando compró la mayor minera del país Victorino Alonso ya era oficialmente 'insolvente', situación derivada de un juicio por el pago de pensiones alimenticias a sus hijos.
En un momento histórico en el que los cimientos de la economía de la provincia de León se sustentaban en el sector energético del carbón, daba empleo a tantos miles de trabajadores, de manera directa e indirecta porque todo giraba alrededor de la minería, que su nombre llegó tener más influencia que políticos de cualquier signo. Pero le persigue una leyenda tan negra como la del carbón que extraía de sus minas.
En 1997, siendo Secretario de Estado de Industria Nemesio Fernández (PP), expuso ante el Congreso de los Diputados sus sospechas por las actividades económicas de Alonso, a quien acusó de no clarificar contablemente su grupo de empresas, además de valorar como incomprensible que “el grupo de empresas compuesto por catorce sociedades presentara el pasado año (1996) unas pérdidas de 246 millones de pesetas con unas ventas globales de 49.399 millones y unos recursos propios de 10.000 millones y que se mantenga en fase expansiva de negocio”.
Hasta el momento Victorino Alonso tenía condenas por fraude de suministro de carbón o asuntos con Hacienda. En la última Marcha Negra del 2012 instigó a los mineros para que marcharan desde las cuencas mineras hasta Madrid como medida de presión para que se liberaran fondos para subvencionar sus empresas extractivas. Durante los momentos más duros de la pandemia de coronavirus COVID19, se le incautaron en una nave de su propiedad en Ponferrada unas 600.000 mascarillas que el Gobierno había reclamado para evitar contagios.
Después de la primera condena en firme del Supremo, a cuatro años de cárcel y el pago de 24,3 millones de euros por Nueva Julia, en mayo de este año, la Fiscalía solicitó su inmediata entrada en prisión o la retirada del pasaporte para evitar que se fugase. Tras la segunda sentencia del Supremo a principios de junio, la del Feixolín que sumaba un año y 10 meses de cárcel, se volvió a reiterar la necesidad de su entrada en prisión para cumplir sus condenas. La Audiencia Provincial de León nunca resolvió las peticiones fiscales y tardó otros dos meses en rechazar los últimos recursos del 'rey del carbón', a finales de julio.
Los jueces rechazaron los recursos del empresario pero se 'olvidaron' de dar el plazo habitual de 10 días para el ingreso en prisión. Así Victorino Alonso disfrutó del mes de agosto de 'vacaciones' en libertad, con el pasaporte en su poder porque nunca se le retiró. No fue hasta finales de agosto, cuando la Audiencia de León que lleva el caso lo citó para que recogiese el auto de entrada voluntaria en prisión y abrió para él a las ocho menos cinco de la mañana para que pudiese hacerlo sin ser visto ni que lo captasen las cámaras, cuando la apertura al público de la oficina judicial no es hasta las nueve.
El abogado de Victorino Alonso ha declinado atender a este medio para dar su versión de la situación judiciales de su representado y sus multas. Instituciones Penitenciarias y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se niegan a ofrecer datos de su situación por protección de datos o sin la autorización del propio condenado, aunque fuentes consultadas señalan que está “bien” cumpliendo su condena.
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