El Procurador del Común insta al alcalde de La Bañeza a desbloquear vecinos en el Facebook del Ayuntamiento
El Procurador del Común de Castilla y León da un tirón de orejas al Ayuntamiento de La Bañeza y pide a su alcalde, el 'popular' Javier Carrera, que regule el uso de los perfiles institucionales en redes sociales y desbloquee a los vecinos a los que se les ha impedido el acceso, tras constatar que estas restricciones se han aplicado sin normativa previa ni procedimiento administrativo.
La resolución, emitida tras una queja ciudadana, analiza el bloqueo de usuarios en la cuenta oficial de Facebook del Consistorio, utilizada como canal de información pública sobre actividades municipales. El Procurador concluye que no existe constancia de qué órgano ordenó esos bloqueos ni de que se haya seguido un procedimiento formal, lo que supone una actuación sin respaldo administrativo.
Además, el órgano autonómico cuestiona la falta de normas que regulen el uso de este canal institucional, pese a que se trata de un espacio que la propia administración reconoce como herramienta al servicio del interés general. En este sentido, considera necesario que el Ayuntamiento apruebe una reglamentación clara que establezca tanto las condiciones de uso como las consecuencias en caso de incumplimiento, garantizando los derechos de los usuarios.
El Procurador también pone el acento en la necesidad de respetar principios básicos como la proporcionalidad, la motivación de las decisiones y el derecho de los ciudadanos a conocer las causas de cualquier restricción. De hecho, subraya que los usuarios bloqueados desconocían los motivos de esa medida y que no se les dio la oportunidad de corregir su comportamiento antes de aplicar el veto.
A raíz de esta resolución, Unión del Pueblo Leonés (UPL) en La Bañeza ha reclamado el desbloqueo inmediato de los vecinos afectados y la aprobación urgente de una normativa que regule las redes sociales municipales. La formación leonesista asegura que ya había denunciado en 2025 un uso “partidista y arbitrario” de estos perfiles y considera que el pronunciamiento del Procurador confirma sus críticas.
El concejal de UPL, Roberto Carracedo, ha acusado al equipo de gobierno, formado por PP y Vox, de “censura” y de actuar de forma “autoritaria” y de utilizar las redes institucionales para silenciar críticas vecinales, y ha anunciado que llevará este asunto al próximo pleno municipal para exigir medidas concretas.
La resolución da ahora al Ayuntamiento un plazo para responder si acepta o no las recomendaciones, que pasan por establecer un marco regulador y revisar los bloqueos aplicados hasta el momento. Mientras tanto, el caso vuelve a poner el foco en el uso de las redes sociales por parte de las administraciones públicas y en los límites entre la moderación de contenidos y el derecho a la participación ciudadana.