Diferentes asociaciones y colectivos han decidido constituir la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Publica en Castilla y León ante el deterioro del sistema sanitario de la Comunidad y para luchar contra la gestión privada al ser “absolutamente ruinosa”. El nuevo órgano apoyará la campaña para la recuperación del carácter universal de la sanidad y estará presente en todas las actividades y movilizaciones que se lleven a cabo en la región, según informó la recién creada Plataforma mediante nota de prensa.
Las organizaciones representadas en una reunión el pasado 14 de noviembre en el Colegio de Médicos de Valladolid fueron Sanidad Pública Sí (Burgos); Plataforma por la Sanidad Pública (León); Plataforma por una Sanidad Pública de Todos y para Todos (Palencia); Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (Salamanca); Marea Blanca (Segovia) y Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública (Valladolid).
El encuentro sirvió para reflexionar sobre el deterioro de la sanidad en Castilla y León desde la puesta en marcha del Real Decreto de abril de 2012, que abrió la puerta al conjunto de recortes que sufre la ciudadanía. Los representantes debatieron sobre el incremento “insoportable” de las listas de espera, en buena medida derivado de los recortes de plantillas tanto en Atención Primaria como Especializada. También hubo referencias al impulso a los procesos de privatización por diversas vías.
La plataforma puso de manifiesto la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria por un número significativo de personas en la Comunidad, cuestión que afecta especialmente a algunas provincias como León y Valladolid.
Se trasladó la información por cada una de las provincias asistentes a la reunión de la situación concreta en cada una de ellas. En Salamanca, se hizo hincapié en la tardanza “absolutamente injustificada” en la terminación de las obras del Hospital Universitario. Desde Palencia, sus representantes mencionaron la incertidumbre sobre el proyecto del nuevo hospital y desde Burgos se informó del rechazo generalizado de la población a la forma de gestión del Hospital de Burgos (HUBU), con un “auténtico derroche” de recursos públicos, así como una transferencia “absolutamente injustificada” al sector privado.
Se informó de que el presupuesto inicial del complejo burgalés era de 242 millones y que el coste final superó los 420 millones, aunque algunas fuentes señalan que aumentó hasta los 588 millones de euros. Además, denunciaron que los gastos de equipamiento en principio previstos de 40 millones de euros subieron finalmente a 103 millones de euros sin justificación racional alguna. También se habló de que la concesionaria ha conseguido una cláusula en el contrato con la Consejería de Sanidad por la cual 'la sociedad' tiene garantizada un 7 por ciento de beneficio anual.