Pesan sobre él seis presuntos delitos relacionados con corrupción pero Marcos Martínez Barazón, ex presidente de la Diputación leonesa, sucesor de Isabel Carrasco tras su asesinato y ex alcalde de Cuadros, es el primero en abandonar la cárcel en la que fue confinado de manera fulminante de los ocho encarcelados de peso tras la Operación Púnica ordenada por la Audiencia Nacional a finales del pasado mes de octubre.
Eso significa que aún permanecen entre rejas el resto de los considerados cabecillas o más implicados en la trama corrupta nacional que investiga el juez Eloy Velasco. Se trata de Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid; el empresario David Marjaliza, considerado uno de los dos 'conseguidores' de los políticos con contratos públicos a cambio de jugosas comisiones; Pedro García, el director comercial de la empresa Cofely, empresa también involucrada en contratos presuntamente 'untados'; Ana María Ramírez, empleada de David Marjaliza; José Carlos Boza, ex alcalde del PP en Valdemoro; y Antonio Sánchez, ex regidor independiente de Serranillos del Monte, que aunque también tiene decretada fianza de 60.000 euros no los ha depositado para salir.
Los mayores pagos de toda España
Pero también a la sombra permanece Alejandro de Pedro, el fundador y presidente de Eico, que fue por cuya relación 'cayó' Martínez Barazón, dado que la Diputación pagó 105.038 euros, la mayor cantidad de toda España, a cambio de limpiar su imagen y la de su antecesora Carrasco en Internet con blogs, redes sociales y publicaciones en su amplia red de diarios 'zombis'. Un escándalo destapado y demostrado por iLeon.com con abundantes documentos.
Por todo ello, a pesar de que regrese a León e incluso trate de mantener la normalidad de asistir como diputado no adscrito al Palacio de los Guzmanes y como concejal no adscrito en Cuadros, sobre Marcos Martínez pesan aún los mismos delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.
El juez estimó que los contratos a la empresa de De Pedro fueron “a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León” e incluso del PP leonés, algo que estuvo a punto de ocurrir en la misma semana de su detención. Esos contratos que siguen bajo sospecha se refieren a la explotación de los bares y cafeterías El Rebeco, Salencias y Pico Agujas de la estación de esquí de San Isidro y el de la contratación por parte del Patronato Provincial de Turismo del stand de la feria Internacional de Turismo de Interior (Intur).
La misma cantidad que el interventor imputado
A juicio de Velasco, el presidente -con la presunta colaboración del interventor de la Diputación, Jesús López 'Suso', también imputado con fianza de otros 30.000 euros- habría pedido una comisión que algunos sitúan en porcentajes de entre el 3 y el 10% para su propio bolsillo.
Pero la verdadera sorpresa de la decisión de excarcelación bajo fianza para el primer 'pez gordo' de la trama Púnica está en que el juez Eloy Velasco lo ha permitido a petición de la Fiscalía, es decir, de la representación pública en el caso, y no de la defensa de Marcos Martínez, al cual ya se lo había rechazado. Un giro que hace que se cuestione bien la posible dureza de la decisión fulminante inicial de enviarle a la cárcel o bien el extraño ambiente que en ámbitos judiciales se viene sucediendo en casos como la trama Gürtel y que pueden estar generando temor a cierto tipo de represalias.